19 años después, los 15 de Torilejos (como son conocidos en Posadas, Córdoba) han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba. Los 15 de Torilejos formaban parte de un grupo ecologista que en el año 2007 protestaba cada semana ante la cancela instalada por la familia Sánchez Ramade en un camino público. Torilejos es hoy una vía abierta al público. Pero el 14 de septiembre del año 2007 un importante dispositivo de la Guardia Civil acudió a la cancela a custodiarla. Cuando la protesta llegó a su fin y mucha gente se había marchado, ya casi al anochecer, se produjo un encontronazo entre el dispositivo policial y los manifestantes.

Desde hace 19 años, estos 15 ecologistas (en su mayoría vecinos de Posadas) han permanecido en situación procesal de investigados o acusados. En todos estos años, la instrucción se ha ido alargando. Uno de los principales agentes de la Guardia Civil que los acusaba ha fallecido. Muchos de los agentes que prestaron testimonio en el juicio habían olvidado gran parte de lo sucedido o fueron muy imprecisos en sus interrogatorios.

En una extensa sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza sostiene la inocencia de los acusados en la vaguedad de las pruebas aportadas y en la contrariedad de los testimonios de los agentes de la Guardia Civil. También descarta que los manifestantes acudiesen a la cancela con la intención de agredir a los guardias civiles, como se afirmaba, o incluso que ya portasen mochilas cargadas de piedras o adoquines. E incluso llega a sostener que a diferencia de las jornadas de protesta que se venían desarrollando en la zona en aquella jornada el dispositivo policial fue especialmente importante.

La familia Sánchez Ramade, unos empresarios cordobeses muy importantes entonces pero cuya fortuna se vino abajo con la crisis inmobiliaria del año siguiente, había ordenado la instalación de la valla para evitar el tránsito junto a su finca privada. Desde hacía meses, pugnaba en los tribunales con estos grupos de ecologistas que reclamaban que la valla era ilegal y que debía retirarse.

Cada viernes, entre 50 y 80 personas acudía a protestar para que se abriese el camino. Entre los manifestantes había personas mayores e incluso niños. Cada viernes, sostiene la sentencia, la Guardia Civil se presentaba en la zona y grababa la protesta. Los agentes se llegaban a despedir de los manifestantes cuando concluían hasta el viernes siguiente. Pero aquel viernes, la defensa de los ecologistas ha sostenido en el juicio que los guardias no les estaban grabando —no se ha aportado ninguna imagen en el juicio— sino esperando.

Una concentración que se repetía cada viernes

En las protestas anteriores, además, los manifestantes reclamaban el acceso al camino y, al menos de manera simbólica, terminaban entrando en él. La sentencia señala que esas concentraciones se venían desarrollando desde hacía aproximadamente dos meses y que las anteriores habían sido grabadas por los agentes, aunque esas imágenes no fueron incorporadas a la causa. Para la magistrada, disponer de ellas habría resultado especialmente útil para comprobar cómo se desarrollaban aquellas protestas.

La diferencia de aquella tarde estuvo, entre otras cuestiones, en el número de agentes desplegados. La resolución considera probado que se comisionó un dispositivo más numeroso que en las jornadas anteriores, con guardias civiles situados tanto fuera como dentro de la finca y varios vehículos policiales en su interior.

Sobre las 20:30, cuando ya estaba anocheciendo, permanecían en el lugar los acusados y aproximadamente otras cincuenta personas que no fueron identificadas. Algunos de los concentrados hablaron con el sargento que estaba al mando del dispositivo para reclamar que el camino era público y cuestionar que se impidiera el acceso. La sentencia recoge que estaban molestos, pero no da por acreditado qué ocurrió exactamente después, según consta en los hechos probados descritos por la jueza.

Lo que sí considera probado es que se produjo un altercado entre agentes y concentrados y que durante el mismo se lanzaron piedras de manera indiscriminada contra los guardias civiles. Algunos agentes resultaron lesionados y dos vehículos oficiales sufrieron desperfectos. Los agentes utilizaron material antidisturbios y terminaron refugiándose en el interior de la finca.

La magistrada concluye que no se ha acreditado que el altercado hubiera sido previamente concertado ni que respondiera a un plan preconcebido en el que participaran, en mayor o menor medida, los acusados. Tampoco considera probada la participación concreta de ninguno de ellos en el altercado.

La existencia de un enfrentamiento no implica, jurídicamente, que pueda atribuirse automáticamente su responsabilidad penal a todas las personas que estaban presentes. Y eso es precisamente lo que, después de analizar durante decenas de páginas las declaraciones de los agentes, las de los acusados y la documentación incorporada a la causa, concluye la magistrada.

Una de las hipótesis que manejaban las acusaciones era que los manifestantes habían acudido a la concentración preparados para atacar a los agentes. La supuesta prueba de esa planificación previa eran las piedras, ladrillos o adoquines que algunos agentes aseguraron haber visto en las mochilas de los concentrados. La sentencia no da por probado ese extremo.

La magistrada explica que una agente afirmó en el juicio que los manifestantes habían lanzado “adoquines”, pero que ese dato no había aparecido con esa precisión en su declaración durante la instrucción. Otros agentes aseguraron que no habían visto ni recordaban ladrillos. Y en la inspección ocular realizada al día siguiente las piedras aparecían ya amontonadas, cuando habían transcurrido horas tanto desde el incidente de la cancela como desde el episodio posterior ocurrido aquella madrugada en el bar Campo de Tiro. Por ello, la persona que realizó aquella inspección no podía determinar que esas piedras hubieran sido llevadas en las mochilas de los acusados.

La jueza también concede relevancia a que dos agentes afirmasen en el juicio haber visto recoger piedras, pero no hubieran trasladado ese dato en el atestado inicial. A su juicio, esa contradicción afecta directamente a la hipótesis de que hubiera una preparación previa.

Tampoco encaja, según la resolución, la supuesta planificación con el desarrollo habitual de las concentraciones. Los propios testimonios apuntaban a que las protestas anteriores tenían un carácter similar y que en ocasiones los asistentes habían podido acceder al camino por el lateral de una finca colindante. Incluso un agente de la Brigada de Información declaró que no esperaba lo que finalmente sucedió.

Las identificaciones, el otro gran problema de la acusación

La segunda gran dificultad que encuentra la sentencia está en identificar quién hizo qué. Los agentes sí situaron a los acusados en el lugar. Eso no se discute. La cuestión era determinar si alguno de ellos había participado en las agresiones, en el lanzamiento de piedras o en los daños por los que se pedía su condena. Y ahí, según la jueza, la prueba no alcanza el nivel necesario para dictar una sentencia condenatoria.

La resolución analiza de forma individualizada diferentes testimonios y encuentra contradicciones. Una de las agentes, por ejemplo, atribuyó a un acusado papeles diferentes en distintos momentos de la investigación: en una ocasión lo situó lanzando piedras y posteriormente afirmó que la había agredido. La magistrada también destaca que otros testigos lo situaban en la cabecera de la concentración, reclamando el acceso al camino.

La situación se complica todavía más porque uno de los principales agentes que aparecía como perjudicado había fallecido antes de la celebración del juicio y su declaración no fue incorporada al plenario por la vía procesal correspondiente. Además, la jueza considera acreditado que las lesiones que inicialmente se le atribuían como consecuencia del incidente de Torilejos correspondían en realidad a otro episodio ocurrido horas después, en el bar Campo de Tiro.

La sentencia recuerda que aquel segundo episodio ya había sido juzgado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba en 2017. Por aquellos hechos fueron condenados dos de los acusados. Las lesiones y determinados daños que se reclamaban ahora en el procedimiento de Torilejos habían quedado vinculados por la sentencia a aquel episodio posterior. La jueza aprecia, por ello, cosa juzgada respecto de esas lesiones y daños.

La resolución llega después de que, en la última sesión del juicio celebrada en diciembre de 2025, la propia Fiscalía mantuviera la acusación sobre los delitos pero reconociera una de las principales dificultades del caso: que los testigos hablaban del lanzamiento de piedras, pero no podían identificar quién las había lanzado ni quién había causado con ellas las lesiones.

La Fiscalía mantuvo entonces que los hechos podían ser constitutivos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y daños, pero admitió que no había quedado acreditada la participación concreta de los acusados. También retiró la acusación por las lesiones de uno de los agentes al concluir que se habían producido en el episodio posterior del bar Campo de Tiro y no durante la protesta de la cancela.

La acusación particular de los agentes defendió una interpretación muy distinta. Sus abogados sostuvieron que los hechos habían quedado probados y que la actuación de los acusados había estado organizada. Uno de los letrados llegó a describir la protesta como una estrategia preparada y comparó el episodio con una batalla. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución al considerar que no existía una identificación rigurosa de los autores y que no había prueba de cargo suficiente.

La sentencia acaba decantándose por esta última cuestión estrictamente jurídica: no por considerar que no hubiera ocurrido ningún altercado, sino porque no se ha probado que los acusados fueran quienes participaron en los actos delictivos que se les atribuían.

La jueza: los agentes pueden ser prueba, pero aquí existen contradicciones

La magistrada dedica una parte importante de la resolución a explicar el valor de las declaraciones de los agentes de la autoridad. La sentencia recuerda que las declaraciones de policías y guardias civiles pueden constituir prueba de cargo suficiente cuando los agentes son testigos de hechos que conocen directamente en el ejercicio de sus funciones. Pero introduce una precisión relevante para este caso: cuando los propios agentes son quienes han resultado involucrados en los hechos que están siendo juzgados, sus declaraciones deben valorarse como cualquier otra prueba testifical y no disfrutan automáticamente de un valor probatorio privilegiado.

A partir de ahí, la magistrada examina las diferentes versiones y concluye que las identificaciones no resultan suficientemente sólidas. En algunos casos, los propios agentes manifestaron no recordar haber realizado determinados reconocimientos fotográficos. En otros, las identificaciones se realizaron sobre personas que simplemente estaban presentes en el lugar. La sentencia destaca además que la visibilidad era reducida porque el altercado se produjo cuando estaba anocheciendo y que en la zona permanecían más de cincuenta personas. La conclusión de la jueza es tajante: “la prueba practicada ha resultado insuficiente para considerar acreditada la participación en los hechos de los acusados”.

La magistrada recuerda que la presunción de inocencia exige que exista una prueba de cargo suficiente para poder condenar. No basta con que exista una sospecha, una posibilidad o que una persona estuviera presente cuando se produjeron los hechos. La sentencia cita la doctrina constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la presunción de inocencia solo puede quedar desvirtuada mediante una actividad probatoria suficiente, practicada con las garantías procesales y de la que pueda deducirse racionalmente la culpabilidad del acusado.

Casi dos décadas de procedimiento

La sentencia llega después de una tramitación excepcionalmente larga. Las diligencias previas se incoaron en septiembre de 2007. El procedimiento abreviado no quedó encauzado hasta 2016 y la apertura del juicio oral se acordó en 2019. Después llegaron nuevos aplazamientos y suspensiones. La propia sentencia enumera varios de ellos: problemas técnicos para grabar el audio, cambios en los señalamientos, una recusación, una urgencia médica de uno de los abogados de la acusación particular, problemas relacionados con las defensas, recursos y nuevas designaciones de letrados.

Cuando finalmente se fijó el juicio, se necesitaron varias jornadas para practicar toda la prueba. La primera sesión incluso tuvo que suspenderse por la falta de citación de uno de los acusados. Finalmente, la vista se desarrolló en cinco sesiones antes de quedar vista para sentencia. La propia resolución reconoce expresamente que en la tramitación no se han respetado los plazos ordinarios, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, la complejidad de la causa, el número de acusados y la duración de las fases de instrucción y enjuiciamiento.

El paso del tiempo ha tenido además una consecuencia directa sobre la prueba: uno de los agentes que figuraba entre los perjudicados falleció antes del juicio y otros testigos tuvieron dificultades para recordar con precisión lo ocurrido aquella tarde de septiembre de 2007.

Un camino que ya está abierto

Mientras el procedimiento penal se prolongaba durante casi dos décadas, la disputa sobre el camino de Torilejos siguió su propio recorrido. La vía que motivó las protestas es un antiguo camino pecuario que une Posadas y Almodóvar del Río a través de Sierra Morena. La cancela ya no existe. El camino está abierto y continúa siendo utilizado, tanto por ganaderos como por senderistas y ciclistas. La apertura se produjo después de que la Junta de Andalucía obtuviera respaldo judicial a su carácter público.

El contraste temporal resulta especialmente llamativo: aquello que en 2007 movilizó durante semanas a vecinos, ganaderos y colectivos ecologistas y que acabó desembocando en un procedimiento penal de casi veinte años forma hoy parte de una vía pública abierta al tránsito.

El Ayuntamiento de Posadas deberá indemnizar al extécnico de Cultura que sufre una incapacidad absoluta después de haber sufrido acoso laboral en el Consistorio. Los hechos se remontan a junio de 2015, una década durante la cual se han producido diferentes resoluciones judiciales sobre la responsabilidad o no que el Ayuntamiento ha tenido en este caso. En una sentencia a la que ha accedido este periódico, la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado al Consistorio al pago de 241.102 euros tras quedar acreditado el grave acoso laboral y el incumplimiento reiterado de las normas de prevención de riesgos que derivaron en la incapacidad permanente absoluta del trabajador.

Según los hechos probados de la sentencia, la pesadilla del trabajador se remonta a junio de 2015. Fue a partir de esa fecha cuando el Ayuntamiento le aplicó una modificación sustancial de sus condiciones laborales, lo que le llevó a darse de baja en abril de 2016 por un trastorno de adaptación con humor deprimido derivado de accidente de trabajo. A pesar de que en julio de 2017 un acuerdo judicial -ratificado por el Pleno del Ayuntamiento- obligaba a restituirle en sus condiciones laborales, salarios y funciones tras reconocerse esta modificación sustancial ilegal, la realidad tras su reincorporación en octubre de 2017 fue de total aislamiento.

De este modo, ha quedado acreditado que, a su regreso, el Consistorio no le proporcionó los medios de trabajo adecuados, negándole el acceso al equipo informático y dejándole sin mesa propia, teniendo que trabajar en la de reuniones. Su puesto carecía de rótulo de técnico en su puerta, sus compañeros le negaban la palabra y los superiores le remitían las instrucciones laborales mediante mensajes de WhatsApp. Según la sentencia, el Ayuntamiento ignoró de forma sistemática los requerimientos de la Inspección de Trabajo para subsanar las deficiencias de seguridad e higiene y tardó meses en realizarle un reconocimiento médico, pese a sus reiteradas protestas.

En mayo de 2018, la insostenible situación obligó al trabajador a solicitar nuevamente la baja. Las secuelas psicológicas sufridas -un cuadro severo de depresión mayor crónica, ansiedad generalizada, fobia específica y agorafobia que le impide salir de su domicilio y mantener interacción social- llevaron a la Justicia a declararle en incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Previamente, tanto el INSS como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya habían ratificado un recargo de prestaciones del 50% a cargo de las arcas municipales por falta de medidas de seguridad.

Con esta sentencia, el magistrado ha rechazado la excepción de prescripción planteada por la defensa del Consistorio y ha aplicado el baremo de accidentes para calcular la compensación económica total. De la cifra global, la aseguradora del Ayuntamiento ya ha consignado y abonado al demandante la suma de 90.000 euros. La cantidad restante deberá ser asumida por la corporación municipal, junto con los intereses legales devengados.

Córdoba vuelve a vestirse de gala para recibir al mejor ciclismo internacional. Este domingo, 6 de septiembre, la provincia será el epicentro de la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Tras el paréntesis de la última edición, la gran ronda nacional regresa con un recorrido sinuoso, diseñado para romper la carrera en las faldas de Sierra Morena antes de desembocar en el corazón de la capital. Por ello, desde Cordópolis recopilamos toda la información esencial para disfrutar del paso del pelotón y de la caravana ciclista sin perder ningún detalle.

La cita llega además en un momento clave del calendario. La decimoquinta etapa cierra el segundo bloque de competición y da paso al día de descanso del lunes, que la carrera pasará también en la provincia, de manera que Córdoba será el centro del ciclismo mundial durante todo el fin de semana. A diferencia de la última visita, en 2024, cuando el pelotón llegó desde la malagueña Archidona, esta vez el trazado discurre de principio a fin por suelo cordobés, con Palma del Río como ciudad de salida y una travesía por la Sierra que ocupará la mayor parte de la jornada.

Horarios

Por vigésimo tercera vez en su historia, la capital será meta de una etapa de la competición, y en este caso servirá de preámbulo antes del arreón definitivo de la ronda. La decimocuarta etapa, previa a la cordobesa, dejará a los corredores en la Sierra de la Pandera, en Jaén, y el arranque del trazado se hará ya desde Palma del Río, cuya Plaza Mayor de Andalucía acogerá la salida. Posadas, Espiel, Villaviciosa y Trassierra verán los esfuerzos del pelotón antes de que entre en la capital por el norte.

La avanzadilla se pondrá en marcha mucho antes que los ciclistas. Según el itinerario oficial, la caravana tomará la salida lanzada por la A-431 en torno a las 11:16 y alcanzará Posadas a las 11:40, antes de coronar el Puerto de la Forestal a las 12:24. Después pasará por Villaviciosa (13:08) y Espiel (13:44), coronará el Alto de Villaviciosa a las 14:38 y el Puerto de Artafi a las 15:41, con el esprint intermedio a las 15:47 y el paso por Las Ermitas a las 15:54. La entrada en Córdoba está prevista a las 16:14 y la llegada a la meta de Vallellano, a las 16:30.

Los corredores, eso sí, pasarán bastante más tarde. La salida neutralizada será a las 12:35 y la lanzada, ya en carrera, a las 12:46, con una llegada estimada que la organización sitúa entre las 17:16 y las 17:45 en función de la media que mantenga el pelotón. En la hipótesis más rápida, la de 42 kilómetros por hora, la carrera pasará por Posadas a las 13:09, coronará la Forestal a las 13:37, atravesará Espiel a las 14:52 y subirá el Alto de Villaviciosa a las 15:44. Artafi se coronará a las 16:30, el esprint intermedio se disputará a las 16:35 y la entrada en la ciudad por la avenida del Brillante llegará a las 17:01. Si la media baja a 38 kilómetros por hora, todos esos pasos se retrasan en torno a media hora.

Recorrido

Los 189,7 kilómetros de la etapa transcurren íntegramente por la provincia y acumulan más de 3.000 metros de desnivel. El inicio es engañoso, con la llaneada por la Vega del Guadalquivir hasta Posadas, pero la carrera cambia de escenario en el kilómetro 27,8, cuando arranca el Puerto de la Forestal, de tercera categoría, con 6,7 kilómetros al 4,1% hasta los 497 metros de altitud. A partir de ahí el pelotón se interna en Sierra Morena para no salir hasta el final, con un continuo sube y baja entre Villaviciosa y Espiel que debería servir para seleccionar la fuga.

El segundo juez será el Alto de Villaviciosa de Córdoba, también de tercera, con 5,76 kilómetros al 4,8% y cima en el kilómetro 121,5, el punto más alto de la etapa con 735 metros. Y el definitivo es el Puerto de Artafi, el más exigente de los tres pese a su categoría: 5,9 kilómetros al 5,6% que se coronan en el kilómetro 153,1, a 36,6 de meta. Desde ahí, los corredores pasarán por Santa María de Trassierra, donde está situado el único esprint intermedio, y afrontarán el descenso hacia Las Ermitas. La entrada en Córdoba capital se producirá por la avenida del Brillante, con 13,5 kilómetros por delante, y el itinerario seguirá por Piconeros, Igualdad, Carlos III, Libia, Compositor Rafael Castro, Campo de la Verdad y avenida de Cádiz antes de cruzar el Puente de San Rafael y encarar la meta de Vallellano.

Cortes y desvíos

El dispositivo municipal empezará a notarse desde el sábado. La avenida Conde de Vallellano quedará cerrada al tráfico a las 20:00 para el montaje de las estructuras de meta, y a lo largo de la tarde se retirarán los vehículos estacionados en República Argentina, Paseo de la Victoria y Tomás de Aquino. El domingo, a las 6:00, se cerrará por completo República Argentina y comenzará la retirada con grúa de los coches aparcados en el itinerario. A las 15:00 quedará clausurado el circuito urbano completo y se constituirá el Cecop. La reapertura al tráfico está prevista en torno a las 21:30.

La Policía Local desplegará 61 puntos de corte y desvío, 50 auxiliares de tráfico, 85 vallas y el control de 66 pasos peatonales y semáforos, con el apoyo de 178 voluntarios deportivos y medio centenar de efectivos de Protección Civil. Algunos cruces se mantendrán operativos bajo control policial hasta el paso de la bandera roja, momento a partir del cual quedará prohibido cruzar el recorrido a cualquier vehículo o peatón. El plan garantiza además los accesos hospitalarios: al Reina Sofía y al Quirónsalud desde la autovía y la Ronda de Poniente, al San Juan de Dios desde Lope de Vega hasta el paso de la bandera roja y al de la Cruz Roja desde el Paseo de la Ribera. A ello se suman los más de 150 agentes de la Policía Nacional, con más de 70 de la Unidad de Intervención Policial, guías caninos, Tedax y vigilancia aérea con drones y sistemas antidrones.

Los mejores sitios para verla

El gran escenario del día está en el Puerto de Artafi, la última subida puntuable, que se corona a las 16:30 a falta de 36,6 kilómetros y donde la etapa tiene más papeletas de romperse. Justo después llega el tramo entre Santa María de Trassierra (16:34) y la rotonda de Las Ermitas (16:42), con el único esprint intermedio de la jornada por medio, a las 16:35, y con el atractivo añadido de ser terreno conocido para cualquier aficionado cordobés. Quien prefiera un plan más tranquilo y madrugar menos tiene el paso por Posadas, a las 13:09, y por Espiel, a las 14:52.

En la ciudad, la carrera entrará por la avenida del Brillante en torno a las 17:01, con el pelotón ya lanzado y trece kilómetros por delante, así que sirve prácticamente cualquier punto del eje de avenidas que atraviesa Córdoba de norte a sur. La recta de meta de Vallellano, eso sí, es el único sitio donde se verá el desenlace: la organización sitúa la llegada de los primeros corredores entre las 17:16 y las 17:45. Allí estará también el Parque Vuelta, con un estand de la Policía Nacional que podrá visitarse de 16:30 a 20:30.

Todos esos horarios corresponden a la hipótesis más rápida, así que conviene llegar con margen. Y una recomendación básica: la carrera se puede ver desde cualquier punto del recorrido, pero siempre respetando el vallado y las indicaciones de los agentes, sin invadir la calzada y sin perder de vista que, una vez pasada la bandera roja, no se puede cruzar el trazado bajo ningún concepto.

Favoritos

El principal reclamo de la jornada se cayó del cartel el pasado 29 de agosto, cuando Tadej Pogačar abandonó la carrera tras una aparatosa caída en la octava etapa. Desde entonces el maillot rojo lo defiende Enric Mas, que este miércoles lo salvó en la llegada de Lorca y que llega a la cita cordobesa con el Movistar Team como equipo de referencia. Antes de Córdoba, eso sí, quedan tres jornadas decisivas, con Calar Alto, Loja y la Sierra de la Pandera, así que la clasificación del domingo poco tendrá que ver con la actual.

Por perfil, la etapa apunta a un corredor todoterreno, capaz de aguantar los repechos de la Sierra y de rematar con velocidad en Vallellano. Es exactamente lo que ocurrió en 2024, cuando Wout van Aert se impuso al esprint desde una fuga selecta, y el belga vuelve a aparecer entre los principales candidatos junto a nombres como Mattias Skjelmose o Pello Bilbao. Fuera de la ecuación queda Mads Pedersen, que ya este miércoles no tomó la salida por enfermedad. El director técnico de la carrera, Fernando Escartín, ya avanzó que se trata de una etapa con perfil de clásica en la que un grupo reducido podría jugarse la victoria.

El Ayuntamiento de Posadas volverá a celebrar este verano una de sus citas más esperadas con una propuesta que aúna ocio y solidaridad. Las instalaciones de la piscina municipal acogerán una nueva edición de su apertura nocturna especial, permitiendo a los vecinos disfrutar de un baño bajo las estrellas en plena temporada estival.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 15 de agosto, con un horario prolongado que se extenderá desde las 22:00 hasta la 1:30. Más allá del atractivo de nadar en horario nocturno, el evento tiene un carácter benéfico, ya que todo lo recaudado irá destinado directamente al Banco de Alimentos de Posadas para ayudar a las familias más vulnerables del municipio.

Para poder acceder al recinto durante esta jornada especial, los asistentes deberán entregar una entrada solidaria consistente en productos de primera necesidad. En el caso de los adultos, la aportación será de dos artículos, mientras que para el público infantil, la cuota se reduce a un producto.

Desde el Ayuntamiento han querido recordar que, aunque cualquier bien básico es bienvenido, se agradece de forma especial la donación de artículos de higiene personal y de limpieza del hogar, tales como lavavajillas, friegasuelos, lejía o amoníaco, que registran una alta demanda. El acceso estará permitido hasta completar el aforo del recinto y los bonos de temporada no serán válidos para esta actividad.

Quien pasee en pleno verano por cualquier localidad costera de Málaga sabrá que no es difícil cruzarse con una camiseta del Córdoba CF. En estos últimos tiempos, también ha sido recurrente la aparición de zamarras malagueñas en tierras cordobesas. Dos ciudades, dos equipos, que han seguido caminos deportivos similares, con un ascenso a la par que acabó sellando un hermanamiento muy cercano. De ese caldo de cultivo surgió un puñado de 'tuiteros' de ambas aficiones que decidió llevar al césped la complicidad que ya cultivaban en redes sociales y, mezclado con una pérdida que les tocó muy de cerca, dio forma a 'La Pachanga del Sur', un amistoso benéfico que ya prepara su segunda edición con la mirada puesta en el 26 de junio y con la lucha contra el cáncer como verdadero rival a batir.

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Víctor Méndez de Posadas a partir de las 19:30 horas y enfrentará a un combinado de aficionados de ambos clubes, en una iniciativa organizada por tuiteros de ambos equipos, bajo la cuenta @PachangaDelSur, que destinará la totalidad de la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Como su propio nombre indica, es una simple 'pachanga' entre amigos, sin más exigencia que pasar un buen rato, pero con el objetivo declarado de superar con creces los cerca de cuatrocientos euros que se reunieron en la primera edición, una cifra modesta pero que sirvió para poner en marcha un proyecto que ahora aspira a mucho más.

El grupo de tuiteros que organiza La Pachanga del Sur ya venía dando vueltas a la idea, a modo de broma, de juntarse para jugar un partido en El Arcángel. “Esto nació porque queríamos jugar en el estadio, en nuestro estadio”, explicaba Chema Aguilar, organizador del proyecto, en una entrevista en COPE Córdoba. La iniciativa acabó por solidifcarse y terminó echando a andar en otra dirección, vinculada al recuerdo de Josete, el joven cordobesista que falleció a causa del cáncer en noviembre de 2024.

El estreno se disputó en Villanueva de Algaidas, en la comarca malagueña de Antequera, donde el ayuntamiento cedió el campo y donde 'Twitter Córdoba', el equipo blanquiverde, se impuso al combinado malagueño por 4-3. Una jornada en la que el resultado era lo de menos, y que reforzó el vínculo entre dos grupos de aficionados muy jóvenes, con la mayoría en torno a los 18 y 20 años y con el propio Aguilar, de 27, como veterano del vestuario.

Para esta segunda edición, la organización ha multiplicado los esfuerzos y ha situado el listón muy por encima del estreno, con la intención de que la causa tenga más alcance. “Queremos superarnos, queremos superarnos. No tenemos límite”, afirmaba el organizador. Además de las donaciones online, en estas últimas semanas se han llevado a cabo varias iniciativas anexas, como la venta de papeletas para el sorteo de una camiseta del combinado cordobés-malagueño como reclamo en la Puerta 0 del estadio y en el Bar Lorena en la previa de los partidos.

Quien quiera colaborar puede hacerlo a través del enlace habilitado en la plataforma de la Asociación Española Contra el Cáncer, donde figura toda la información sobre la campaña y el estado actual de la recaudación, o el propio día del partido en el Víctor Méndez. El encuentro contará también con retransmisión en directo a través de Vídeo Sur TV, lo que permitirá seguir el amistoso a quienes no puedan desplazarse hasta la localidad cordobesa.

Yolanda López y Jesús Alguacil se impusieron este domingo en la VI San Isidro Running de Posadas, prueba incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de Córdoba. La cita, disputada sobre un recorrido de ocho kilómetros, volvió a reunir a numerosos corredores en la localidad malena.

En la clasificación femenina, Yolanda López subió a lo más alto del cajón firmando un tiempo de 32:40. La atleta del Trotasierra Hornachuelos marcó diferencias desde el inicio y cruzó la meta por delante de Inmaculada Rivera, segunda con 35:35. La tercera plaza se la adjudicó María del Pilar Zurita, del Indea, con 36:08.

La prueba masculina también tuvo un marcado protagonismo del Trotasierra, que copó los tres primeros puestos. Jesús Alguacil se llevó el triunfo con un registro de 26:54, seguido por su compañero Antonio Montero, que paró el cronómetro en 27:10. El podio lo completó Juan Muñoz, con 27:32.

Tras su paso por Posadas, el circuito provincial continuará el próximo viernes 22 de mayo con la XI Carrera Popular Villa de Pedro Abad.

El Gobierno de España ha explicado, en una respuesta parlamentaria del pasado lunes 20 de abril, que no tiene constancia de que se haya presentado alguna solicitud para realizar actuaciones mineras en el término municipal de Almodóvar del Río ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ante la posibilidad de la mina 'El Calamón'. Esta ha sido una cuestión planteada en el pasado por Enrique Santiago, diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados.

En dicho documento, el Ejecutivo ha aclarado que la competencia sobre la mina es exclusiva de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el traspaso de funciones en dicha materia. No obstante, el Gobierno ha puntualizado que, si llegase a producirse una solicitud que afectase al dominio público hidráulico, esta tendría que ser analizada rigurosamente por el organismo de cuenca.

Y es que este proyecto de mina ha tenido mucha polémica en un futuro cercano. El proyecto 'El Calamón', impulsado por la empresa Minorbis SL (Grupo Magtel) se encuentra en fase de solicitud de permiso de investigación para extraer plata, plomo y zinc en una superficie de unos 15 kilómetros cuadrados situados entre Almodóvar del Río y Posadas.

Alegaciones y movilización ciudadana

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha presentado alegaciones ante la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas en Córdoba. Su alcalde, Ramón Hernández, alertó sobre el “terrible impacto” que este “megaproyecto a cielo abierto” tendría sobre el medio ambiente, la salud pública y el patrimonio natural, sobre todo por su proximidad al embalse de La Breña II y al Parque Natural de Hornachuelos.

De hecho, ahí es donde ha querido incidir el Gobierno de España. La cercanía con uno de los pantanos más grandes de la provincia de Córdoba ha hecho que el Ejecutivo entienda que, para actuar en esta mina, sea necesario pedir un permiso ante la CHG, cosa que, en la actualidad, no se ha producido.

Por otro lado, la incertidumbre sobre el proyecto ha provocado el nacimiento de la Plataforma No a la Minería de Almodóvar y Posadas. Este colectivo vecinal denunció que, aunque se presente como una fase de investigación, los sondeos ya implican afecciones reales a los acuíferos y la biodiversidad. Entre las principales preocupaciones de la plataforma y el Consistorio destacan la contaminación del agua, el impacto acústico y atmosférico; y el daño al turismo.

Mientras el Gobierno central afirma no tener registros de solicitudes de intervención hídrica, el Ayuntamiento ya ha canalizado 62 alegaciones de particulares y entidades locales que exigen la aplicación del principio de precaución para evitar daños irreversibles en lo que consideran el “pulmón verde” de la comarca. La plataforma vecinal, por su parte, ya prepara su registro como asociación para emprender acciones legales contra el proyecto 'El Calamón' y otros posibles proyectos mineros detectados en la zona.

La compañía andaluza Magtel, a través de su filial La Barca Energía, ha sido propuesta por el Gobierno de España como adjudicataria del nudo de conexión de Narcea, para construir en Tineo “la mayor central hidroeléctrica de Asturias, con una inversión estimada de 323 millones de euros y 320 MW de potencia”.

Según ha difundido Magtel en su página web, consultada por Europa Press, la futura central hidroeléctrica reversible de La Barca, “concebida como un gran sistema de almacenamiento mediante bombeo, permitirá integrar más renovables en la red, mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y avanzar en la descarbonización del mix energético”.

El proyecto, que prevé “una importante creación de empleo, incorpora a antiguos trabajadores de la central térmica de Soto de la Barca y se enmarca en la iniciativa 'Blue Storage', reconocida recientemente como finalista en los Premios RenMad Almacenamiento 2026 por su carácter innovador en soluciones de almacenamiento energético a gran escala”.

Precisamente, Magtel presentó en RenMad 2026 su visión para el desarrollo del almacenamiento energético a gran escala. La compañía apuesta por las centrales hidroeléctricas reversibles (CHR), pues estas instalaciones “aportan estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico” y “su papel es clave ante el aumento de la generación renovable”.

Magtel expuso en RedMad 2026 las claves técnicas y funcionales de este tipo de infraestructuras, así como el papel activo que la compañía está desempeñando en su impulso a nivel nacional, al considerar la importancia del almacenamiento reversible, pues “esta tecnología refuerza la seguridad de suministro y facilita la integración de renovables”, en el marco de “una transición real hacia un modelo energético más sólido, con el que también se compromete la compañía andaluza.

Los dos proyectos estratégicos presentados más representativos en materia de almacenamiento hidroeléctrico que desarrolla Magtel son, el ya mencionado de Tineo, y la también CHR de Grandas de Salime, una infraestructura ubicada en esta otra localidad asturiana y que “se proyecta como una pieza clave para aportar una elevada capacidad de almacenamiento con largos periodos de descarga, permitiendo cubrir picos de demanda y gestionar excedentes renovables”.

De esta forma, Magtel interviene como “agente activo en la transición energética, apostando por tecnologías de almacenamiento que permiten una mayor resiliencia del sistema y una gestión avanzada de la energía”, señalando que “las CHR se han consolidado como una de las herramientas más eficaces para responder a los retos derivados del avance de la generación renovable, y Magtel continúa reforzando su posición como referente en su diseño, desarrollo e implementación”.

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido este lunes después de herir con un arma de fuego a otro varón en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 en el municipio cordobés de Posadas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que han detallado que el detenido ha pasado en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Desde el Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han precisado que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El hombre afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno, con heridas que no revestían gravedad, según las fuentes.

Un hombre ha resultado herido este lunes por arma de fuego en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 en el municipio cordobés de Posadas, en circunstancias todavía por determinar y que ya investiga la Guardia Civil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y también del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, precisando que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El herido, cuya gravedad no ha sido precisada, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno.

Accidente trágico en la carretera A-431 entre las localidades de Posadas y Palma del Río. Una joven de 20 años ha muerto y cuatro han resultado heridas de distinta consideración, algunas de ellas de gravedad, después de que el turismo en el que viajaban todos se saliera de la vía y volcara.

Según informan fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido sobre las 14:45 en la carretera A-431, en el término municipal de Posadas. Los testigos han alertado de que un turismo se había salido de la vía y estaba volcado contra el suelo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, Guardia Civil y Bomberos de Palma del Río. Dada la gravedad, se ha movilizado un helicóptero medicalizado para trasladar a las heridas al Hospital Universitario Reina Sofía, donde una de ellas ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La Guardia Civil, por su parte, ha confirmado que, al menos, hay una persona fallecida a consecuencia del accidente, y que las otras cuatro han sido evacuadas al Hospital Universitario Reina Sofía.

La persona fallecida tenía 20 años y era una trabajadora del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel en el que juega el Córdoba CF. El club ha mandado este domingo un mensaje de apoyo a la familia.

Vecinos y colectivos de Almodóvar del Río y Posadas han creado la Plataforma No a la Minería, que representa a ambos municipios para mostrar su oposición a los proyectos mineros que están previstos se desarrollen en sus términos municipales. Este miércoles por la tarde se ha celebrado el acto fundacional de la plataforma, con la firma del acta que oficializa su creación y la presencia de sus integrantes, en el Ayuntamiento de Almodóvar.

Esta plataforma nace de la iniciativa vecinal que desde hace unos seis meses se está movilizando ante las informaciones de proyectos mineros en la zona y contra las consecuencias para sus vecinos que puede tener, en particular contra el permiso de investigación aprobado para reabrir la mina de 'Calamón', ubicada entre los términos municipales de Almodóvar y Posadas, junto al embalse de La Breña y en plena Sierra Morena. El proyecto está impulsado por la empresa Minorbis SL, del Grupo Magtel y los trabajos se realizarían en un espacio de unos 15 kilómetros cuadrados junto a La Breña II, donde se quiere indagar en una veta para obtener plata, plomo y zinc.

Así, ahora, la plataforma que se muestra en contra nace como “un espacio organizado vecinalmente para la defensa del territorio, la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud pública ante el proyecto de minería a cielo abierto que afecta a nuestros municipios”.

“Esta plataforma surge con la intención de aunar el esfuerzo de todos los que decimos sí a la diversidad, a la vida, el respeto del entorno, a valorar el patrimonio natural”, explica a este periódico el portavoz, Rafael Vicent. Así, constituidos como plataforma, también podrán emprender “con peso legal” las acciones y trámites que decidan sobre estos proyectos mineros.

“El objetivo es defender nuestro territorio, apostar por la diversidad, por la salud pública, por un agua no contaminada. Y en base a eso, nos posicionamos en un no a la minería a cielo abierto”, sintetiza.

Consecuencias de la actividad minera para el entorno

La oposición al proyecto minero se basa en las consecuencias que podría tener para el entorno y la población de Almodóvar del Río y Posadas. “A nivel ecosistémico, lo principal podría ser la contaminación del agua. Y eso es contaminar la vida. Este proyecto está colindando, a unos cien o doscientos metros del pantano de La Breña”, señala Vicent sobre la posibilidad de que “los metales pesados acabaran afectando al entorno del paraje natural y el parque de Hornachuelos, pero también río abajo a las comunidades de regantes que usan agua de La Breña”.

Junto a ella, rechazan la minería a cielo abierto que se propone por las “grandes explosiones con dinamita y maquinaria, que acústicamente amenazarían” a la población y, a la vez, “elevarían gran cantidad de polvo en suspensión a kilómetros a la redonda, donde ya habitan personas”, en referencia a la calidad del aire que respirarían.

De igual manera, “de forma indirecta, se verían afectadas las actividades que se desarrollan en este entorno como ciclismo, senderismo o turismo sostenible, navegar en el pantano... Todo eso, en ese contexto, estaría en peligro”, advierte.

Con todo ello, el pistoletazo de salida de la creación de la plataforma es el primer paso, al que seguirá el registro como asociación y de sus estatutos ya elaborados, para poder actuar a nivel legal como entidad y presentar las alegaciones que consideren en las diferentes fases de la tramitación de los permisos para el proyecto minero de Calamón y “otros seis o siete” que, alrededor de ese principal, se proyectan en los términos municipales de Almodóvar del Río y Posadas, según han constatado los integrantes de la plataforma. Asimismo, seguirán recogiendo firmas y adhesiones para aunar a la población de estos municipios contra los proyectos mineros en la zona.

El municipio de Posadas ha inaugurado un nuevo espacio cultural centrado en el flamenco y dedicado al cantaor Luis de Córdoba. Con esta iniciativa, el ayuntamiento pretende reforzar la difusión del arte jondo y rendir homenaje a una de las figuras más destacadas del flamenco vinculadas a la localidad.

La Junta de Andalucía se ha referido a la situación vivida este miércoles en el centro de salud de Posadas, al que le corresponden cinco médicos de familia y un pediatra y que, por la mañana, solo estaba cubierto con dos facultativos que, además, tuvieron que dejar de atender sus consultas para acudir a unas urgencias, según denunció UGT.

Sobre ello, la administración autonómica ha explicado a este medio que actualmente el centro de salud tiene dos cupos de médico de familia descubiertos. De los tres restantes, uno de ellos pasaba consulta por la tarde del miércoles. Y precisa que, hasta febrero, sólo había un cupo descubierto, pero un interino ha pedido cambio de Unidad de Gestión Clínica y se ha movido a Villaviciosa.

Sobre la plaza de pediatría, que está descubierta también en el centro de salud de Posadas, la junta asegura que “en los próximos días se incorporará de nuevo el pediatra que cubría la plaza y se reanudará la actividad con normalidad”. Mientras, “la asistencia está cubierta gracias a las continuidades asistenciales que están haciendo la pediatra de Almodóvar y de la Unidad de Gestión Clínica La Carlota”.

Además, apunta la administración, se ha publicado recientemente una convocatoria extraordinaria para dar interinidades en varias unidades de gestión clínica del distrito sanitario Guadalquivir, entre ellas Posadas. Se está a la espera de que se resuelva esta convocatoria y ver si se puede cubrir con ella alguna plaza en el centro de salud de Posadas.

Delegadas de la sección sindical de Sanidad de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba han denunciado la situación “dantesca” vivida este miércoles por la falta de personal en el centro de salud de Posadas, al que se habían trasladado dentro de las habituales visitas que realizan a los centros de trabajo para comprobar que todo transcurre con normalidad.

Desde la federación ugetista, su secretaria general de Sanidad, Mari Carmen Heredia “recordó que Posadas, al se una población de más de 5.000 habitantes, por ley, debe disponer en su centro de salud de una dotación de cinco cupos de médicos de familia y de, al menos, un pediatra”. Sin embargo, y según denuncian las delegadas ugetistas, a su llegada al centro se encontraron con que sólo había dos médicos de familia pasando consulta y no había ninguna persona en pediatría.

La circunstancia, “ya de por sí alarmante ante la falta de más de la mitad del personal médico de familia y de la persona responsable de pediatría”, se complicó en esos momentos ya que, señalan las ugetistas, “sobrevino una urgencia de prioridad 1 que obligó a uno de los médicos a personarse en un domicilio, y dejando el centro de salud con un único médico”.

“La circunstancia hubiese sido sólo alarmante si no hubiese sido porque un paciente que acudía a ser atendido, y que se encontraba en el vestíbulo, sufrió un colapso que obligó al único médico de familia que estaba atendiendo pacientes a salir de su consulta para socorrer a esta persona de emergencia”, continúan las delegadas ugetistas.

Aseguran que “la situación que vivimos fue dantesca, con profesionales con una sobrecarga de trabajo insoportable, un estrés elevado, y unos pacientes desprotegidos y asustados”. Según señalaron, finalmente tuvieron que abandonar el centro de salud y concluir la visita sin haber podido establecer una comunicación adecuada con los profesionales del mismo debido a las circunstancias de las que fueron testigos.

Mari Carmen Heredia ha denunciado que “situaciones de desprotección de profesionales y usuarios como esta se suceden de forma continuada y constante en el tiempo porque la Consejería de Salud incumple las normas establecidas de ratio de mínimos de personal por habitante, perjudicando a profesionales y a las personas usuarias y poniendo en peligro la atención sanitaria y de calidad de la misma”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un espaldarazo al Ayuntamiento de Posadas al anular íntegramente una sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al Consistorio maleno por vertidos contaminantes, argumentando que el municipio es víctima de un incumplimiento histórico de la Junta de Andalucía. Precisamente, el pasado mes de septiembre finalizó el plazo de alegaciones contra el proyecto para poner en marcha la depuradora.

En julio de 2024, la CHG impuso al Ayuntamiento de Posadas y a la sociedad cooperativa Covidesa, de forma solidaria, una multa de 7.918,40 euros. A esta cifra se sumaba la obligación de indemnizar al dominio público hidráulico con 2.146,18 euros por los daños causados.

Los hechos que motivaron la sanción fueron la detección de vertidos de aguas residuales procedentes de la red de alcantarillado municipal hacia el río Guadalquivir. Los análisis confirmaron la presencia de líquidos residuales de origen oleícola que carecían de la preceptiva autorización, suponiendo una infracción leve de la Ley de Aguas.

Frente a esta sanción, el Ayuntamiento de Posadas interpuso un recurso en el que aseguró que el municipio defiende que se halla en un “círculo vicioso” del que le resulta imposible salir. El Consistorio argumentó que no puede obtener la autorización de vertido porque no cuenta con el grado adecuado de depuración, una infraestructura que no tiene competencia ni capacidad económica para construir por su cuenta.

La sentencia del TSJA subraya que la ejecución de estas obras hidráulicas (EDAR y colectores) figura en el anexo del Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se declararon de interés de la Comunidad Autónoma. Al no haberse ejecutado estas infraestructuras en más de una década, el tribunal ha considerado que el incumplimiento de la Junta “conduce, irremediablemente, a que el Ayuntamiento no pueda desarrollar sus competencias de depuración”.

Ante esta situación, el TSJA ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo sobre el “estado de necesidad” como causa de exclusión de la responsabilidad. Es decir, ante la falta de depuradoras, el Ayuntamiento solo tiene dos alternativas al vertido. La primera, retener las aguas residuales en los hogares, lo que pondría en “grave riesgo la salud de las personas”. Y la segunda, paralizar por completo la actividad industrial de la localidad, con el consiguiente daño económico.

Para el TSJA, el peligro para la salud pública y la economía local es “más real e inminente” que el daño medioambiental que se pretende evitar con la multa. Por ello, ha dictaminado que la conducta del Ayuntamiento no es sancionable al concurrir una causa de justificación.

Por otro lado, la sentencia aclara que la impunidad del Ayuntamiento no significa que el daño al río deba quedar sin respuesta, ya que la Ley de Aguas permite que el procedimiento sancionador se dirija contra la Junta de Andalucía al ser “la responsable última del incumplimiento por no realizar las obras de infraestructura que le corresponden”.

Con este fallo, el TSJA anula no solo la multa, sino también la obligación de indemnizar los daños, al entender que la responsabilidad civil en este caso de “estado de necesidad” se extiende a la población protegida y no debe recaer de forma punitiva sobre el consistorio.

El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha dado a conocer el calendario de los circuitos provinciales de duatlón y triatlón Diputación de Córdoba 2026, iniciativas que, según ha precisado, contarán con un total de diez pruebas repartidas “por toda nuestra geografía”.

De este modo lo ha señalado Martín en una nota, quien ha detallado que “en lo que respecta al IV Circuito de Duatlón y Triatlón de Menores, comenzará el 1 de marzo con el I Duatlón de Menores Gran Capitán Ciudad de Montilla, para continuar ya en verano, el 30 de agosto, con el V Triatlón Alfa- Kids”. “Esta iniciativa tendrá continuidad el 6 septiembre, de nuevo en Montilla, con su IV Triatlón Cross Ciudad de Montilla, y el 4 de octubre con el V Duatlón Cross Ars Olea Castro del Río”, ha matizado Martín.

En cuanto al Circuito de Duatlón y Triatlón de Adultos, este contará con seis pruebas, siendo la primera el XXI Duatlón de La Victoria (21 de marzo), para seguir con el II Duatlón Ciudad de Baena (19 de abril) y el XI Triatlón comarca del Guadiato (31 de mayo).

Asimismo, el delegado de Deportes de la Diputación ha indicado que se sumarán a estas pruebas el XIV Sierra Calima Posadas, con una nueva distancia TRI77 y su XXXVII Triatlón Califas de Hierra (14 de junio) y el IV Duatlón Cross Villa de Carcabuey (11 de octubre).

En definitiva, ha concluido Martín, “estos circuitos son una de nuestras apuestas más importantes, por lo que supone, no solo a nivel deportivo, sino también turístico y económico. Cada una de las pruebas que lo componen son una oportunidad para disfrutar el paisaje natural y urbano de la provincia”.

Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Triatlón, Pedro Serrano, ha resaltado que “hay que seguir dando las gracias a los clubes y organizadores que con estas pruebas están dando visibilidad al deporte base, que es un pilar fundamental del deporte en general”.

En lo que respecta a las pruebas de adultos, Serrano ha remarcado que “hay pruebas cómo La Victoria y Posadas que son míticas por sus más de 20 y 30 ediciones ya cumplidas que hacen que nuestra provincia tenga gran calidad organizativa”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena al Ayuntamiento de Posadas para que abone 42.000 euros a un extrabajador municipal que terminó en situación de incapacidad permanente absoluta tras desarrollar una patología psicológica vinculada a un conflicto laboral.

La sentencia, a la que ha accedido este medio, ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento y ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, que ya había reconocido el derecho del trabajador a percibir dicha cantidad como mejora voluntaria de la Seguridad Social.

Según recoge la resolución judicial, el exempleado prestaba servicios como personal laboral del Ayuntamiento de Posadas con la categoría profesional de dinamizador cultural. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció inicialmente, en abril de 2020, una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por trastorno adaptativo mixto con síntomas depresivos y fobia.

Posteriormente, mediante sentencia judicial dictada en octubre de 2021, ese grado fue elevado a incapacidad permanente absoluta. En dicha resolución ya se señalaba que existió un “conflicto laboral que provocó la inicial baja médica del trabajador”, precisando que la incapacidad reconocida no se limitaba a un puesto concreto, sino que afectaba a la profesión en sentido amplio.

Tras el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, el trabajador solicitó al Ayuntamiento el abono de la indemnización prevista en el Acuerdo Marco suscrito entre la corporación municipal y sus empleados. El Ayuntamiento desestimó inicialmente la solicitud, pero el Juzgado de lo Social estimó la demanda del trabajador y condenó al Consistorio al pago de la cantidad reclamada, decisión que ahora ha sido confirmada por el TSJA.

En su sentencia, el Alto Tribunal andaluz ha rechazado todos los motivos del recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento, incluidos los relativos a la supuesta necesidad de demandar también a la aseguradora y la petición de compensar la indemnización con un pago previo realizado al trabajador en 2017. La Sala ha considerado que la obligación derivada del convenio colectivo recae directamente sobre el empleador y que no se ha acreditado que los pagos alegados correspondan a conceptos homogéneos.

El TSJA ha concluido confirmando íntegramente la sentencia de instancia y condena al Ayuntamiento de Posadas al pago de las costas del recurso, incluidos los honorarios del letrado de la parte trabajadora, fijados en 600 euros más IVA, así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Ecologistas en Acción ha denunciado a través de una nota de prensa el hormigonado de un camino en uno de los últimos parajes intáctos de Sierra Morena. Según la información disponible, los trabajos en el camino se desarrollan entre los términos municipales de Posadas y Hornachuelos, al pie de la Sierra Morena cordobesa, donde “existe un rincón donde aún existe una conexión viable entre la campiña y la sierra sin urbanizaciones fuera de cualquier planificación urbanística previa, ni instalaciones de plantas solares”. Es el camino público conocido secularmente como Paterna, reconocido y señalizado por la Diputación de Córdoba dentro del Programa Paisajes con Historia.

Según Ecologistas, es un itinerario diseñado para poner en valor lugares de alto interés natural, histórico y paisajístico de la provincia de Córdoba. El hormigonado de este camino, del que aún no se han hecho públicas las razones ni la documentación ambiental, “rompe el frágil equilibrio que ha permitido que este paisaje llegue prácticamente inalterado al siglo XXI”.

“Este mismo camino, hoy incluido en el catálogo oficial de la Diputación de Córdoba, está siendo hormigonado en uno de los espacios más intactos de transición/conexión entre el valle del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena, un entorno donde todavía se conserva la esencia del paisaje cordobés en esta parte del escalón de Sierra Morena. Una franja de riqueza natural entre dos territorios que se completementa y retroalimentan de forma simbiótica”, denuncian.

El pavimento impermeabiliza y facilita el acceso de vehículos motorizados a un entorno que hasta ahora solo recorrían senderistas, ciclistas y algunos agricultores o ganaderos locales. La intervención “desvirtúa el sentido del Programa Paisajes con Historia, que debería servir para proteger los caminos tradicionales, no para transformarlos en vías encementadas”, aseguran.

El camino público de Paterna discurre entre el Camino Bajo de Hornachuelos y el Pilar de Paterna, atravesando un paisaje de enorme singularidad: la frontera natural entre los cultivos de secano de la campiña y el monte mediterráneo. “Es precisamente en este tipo de zonas de contacto donde se concentra una biodiversidad excepcional, con comunidades que aprovechan tanto los ambientes esteparios de la Campiña como los refugios forestales de la Sierra”, exponen.

En sus inmediaciones se han identificado territorios de águila perdicera, águila real, águila culebrera, águila calzada y búho real, especies que anidan dentro del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos y utilizan esta zona de transición/ecotonal para cazar. A ellas se suman aves esteparias como el aguilucho pálido y cenizo, la calandria, el alcaraván, el chorlito dorado o el elanio azul, además de mamíferos como zorros, ginetas, tejones y una rica comunidad de reptiles.

Además, la zona alberga también huellas históricas de gran valor, como el propio Pilar de Paterna, considerado una de las fuentes más valiosas de la provincia desde el punto de vista patrimonial y etnográfico. Por todo ello, la Diputación de Córdoba incluyó este recorrido dentro del programa Paisajes con Historia, concebido precisamente para conservar los entornos rurales más singulares de la provincia.

Para Ecologistas en Acción “no se entiende que existan caminos de titularidad pública en peor estado y con un uso social o agrícola mucho mayor en las cercanías de Posadas, y se elija precisamente, en plena zona de alto valor ecológico, para intervenir. Algo no encaja; carece de toda lógica”.

“A todo lo señalado, habría que añadir que en el inventario municipal de caminos públicos del Ayuntamiento de Posadas, el camino de Paterna consta con una anchura de 6 metros, y los trabajos de hormigón armado que se están realizando encima de su trazado son de 3,75 metros, produciéndose un estrechamiento y pérdida de dominio público, contradiciendo la propia legalidad vigente”, reiteran.

En consecuencia, la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba exige la paralización inmediata de cualquier actuación y la reposición a su estado original de lo ya actuado, además de la exposición pública de todos los informes técnicos y ambientales vinculados al hormigonado de susodicho camino público.

El teniente de la Guardia Civil al frente del operativo montado el 14 de septiembre de 2007 en el camino de Los Torilejos, en Posadas, ha ratificado este miércoles su actuación ante la magistrada del Penal número 4, que juzga la causa contra un grupo de ecologistas. Durante su declaración, ha manifestado como, según él, ocurrieron los hechos y, aunque al principio ha apuntado que el operativo “fue similar” al de otros viernes, después ha reconocido que hasta se triplicó el número de agentes desplegados por orden del entonces teniente coronel de la Guardia Civil de Córdoba.

Su testimonio se ha extendido durante más de una hora y media. En él, ha asegurado que este teniente coronel, durante la mañana de aquel viernes, le había ordenado “disponer de un operativo para evitar incidentes”. Tanto la jueza como varios letrados le han preguntado el motivo de este incremento de efectivos cuando en las concentraciones anteriores nunca había ocurrido nada. El teniente se ha limitado a afirmar que aquella fue una orden de su superior y que no la cuestionó, y ha señalado que, por aquel entonces, él desconocía “que el camino era público”. “Las órdenes eran que no se podía pasar a la finca”, ha puntualizado.

Anteriormente al día de los hechos, a las concentraciones que se hacían los viernes en este mismo punto solo acudían entre seis y siete agentes. Sin embargo, ese día se convocó un mayor número de efectivos: 17 agentes, de los cuales seis fueron enviados a custodiar la otra cancela de entrada de forma preventiva. Pormenorizadamente, el operativo incluyó 12 efectivos de la Sección de Intervención Rápida (SIR), más una patrulla del Seprona de Hornachuelos, además del teniente, su conductor, la mujer de este y dos agentes de información. Según su testimonio, otra orden dada por el teniente coronel de Córdoba era que “no se hiciera alarde de fuerza para no exaltar los ánimos” de las personas que allí se fueran a congregar.

Así ocurrieron los hechos, según el teniente

Los agentes llegaron a pie de la cancela alrededor de las 18:30. A partir de las 19:00, la gente comenzó a concentrarse. El teniente ha declarado que en el lugar había “unas 60 o 70 personas”. Los seis agentes de la SIR cubrieron la parte exterior de la cancela y el resto permaneció dentro de la finca con los vehículos.

El punto de inflexión, según ha manifestado, se produjo con la llegada de tres de los acusados, quienes “se pusieron al frente de los concentrados” e iniciaron la protesta reivindicando la situación de la cancela. El teniente salió de la cancela y se dispuso a hablar con dos de ellos, quienes, a su vez, le trasladaron que era “ilegal o irregular que la Guardia Civil defendiera una propiedad privada” cuando por ahí discurría un camino público.

Seguidamente, otro de los acusados habría tomado la palabra, “exaltando los ánimos”. El teniente ha testificado que esta persona, incluso, dijo que, “si era necesario, se asaltaría a la valla”. Tras ello, este hombre, supuestamente, “gritó ¡al asalto!” y comenzó una agresión “con palos y algún paraguas”.

Ante la imposibilidad de acceder por la cancela, este hombre y otras personas, con unos alicates, “cortaron la alambrada de la finca colindante y se escondieron entre la maleza”. Tras esto, comenzó “una lluvia de piedras que duró unos diez minutos”. El teniente ha declarado que también se tiraron ladrillos y ha planteado la posibilidad de que los manifestantes trajeran esas piedras en las mochilas porque “no se encuentran en la zona”. En un momento dado, ordenó a los que estaban a su alrededor que se metieran en los coches, lanzando dos botes de humo hacia el lugar de donde provenían las piedras. Este hombre, que ahora es comandante, ha estimado que en esta trifulca participaron unas 20 personas.

Sobre si puede identificar a los agresores, ha asegurado que “no porque estaba oscuro”, aunque sí ha reconocido quién cortó la alambrada. El operativo se quedó en la finca hasta pasadas las 22:30 horas, y algunos guardias gravemente heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

En respuesta a las preguntas de algunos letrados, ha dicho que de aquel día no hay vídeos de la intervención como sí los hay del resto de las concentraciones que se hacían los viernes. Preguntado por el motivo de la ausencia de estas pruebas documentales, ha asegurado que de él no dependía, “sino del servicio de información”. Por último, ha apuntado que los agentes no llevaban armas oficiales, sino solo un fusil con una bocacha en cinco vehículos, y no se tiraron pelotas de goma.