Alrededor de un millar de personas migrantes han solicitado ya en la provincia de Córdoba su regularización, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ofrecido esta cifra al hacer un balance de cómo está desarrollándose este proceso en la provincia de Córdoba, donde la estimación inicial es que puedan adherirse a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

López ha explicado que la solicitud de regularización se está realizando tanto por vía telemática como presencialmente y ha apuntado que no se están cubriendo todas las citas cada día. Asimismo, ha explicado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno han alcanzado un acuerdo para colaborar en el proceso de documentación que realizan los ayuntamientos para expedir el certificado de vulnerabilidad que necesitan en determinados casos las personas migrantes para solicitar su regularización.

En ese sentido, López ha apostado por “agilizar” el trabajo que desarrollan las administraciones en este proceso extraordinario y ha señalado que, si bien, “los primeros días fue más lento”, ya se viene desarrollando con normalidad y sin problemas.

“En su mayoría se trata de gente que llevan años aquí, están totalmente integrados, con trabajo y ganas de seguir trabajando y con ilusión”, ha dicho la subdelegada sobre muchas de las familias que en estos días han solicitado ya su regularización en nuestra provincia.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido este martes de “un poco de complicación” en la tramitación de la regularización de inmigrantes con unas 420 solicitudes en un par de días, cuando en todo el año 2025 se registraron 340, después de que “el Ministerio ha hecho un decreto ley y es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde va al final a recaer este trabajo”.

En rueda de prensa para informar sobre el Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, la concejal ha asegurado que “el problema es que esta ley ha venido a traer más incertidumbre, tanto a los propios usuarios, que están en muchos casos muy nerviosos, porque se les ha dado dos meses solamente para hacer esta regularización y no saben muy bien dónde acudir, si a los ayuntamientos o a las entidades sociales”.

Mientras que “dentro del propio Ayuntamiento, se está dando una media de 300 citas diarias, un número importante de atenciones, que es además rápido”, y aunque “se forman colas”, las citas son “atendidas rápidamente y no hay ningún problema”, ha aseverado.

Según ha detallado, “en los Servicios Sociales se hacen las peticiones para saber cómo tienen que solicitar el informe de vulnerabilidad”, si bien “el problema es que en los últimos días ha habido un cambio en el propio reglamento que han mandado”, dado que “primeramente se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se habla de un certificado de personas vulnerables, que parece que es lo mismo, pero no, porque cambia quiénes firman ese certificado”.

“Para el informe de personas vulnerables, que es lo que habitualmente se da en los Servicios Sociales cuando cualquier usuario de Servicios Sociales viene a solicitarlo, hay una historia social de esa persona, la trabajadora social evalúa y da ese informe”, ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que “en este momento hay dos situaciones”, de manera que “una es que llegan personas de las que no hay constancia en los Servicios Sociales, con lo cual ya la trabajadora social tiene que hacer un informe sobre una situación que no conoce, y además, al ser un certificado, no es que lo tiene que firmar la trabajadora social, sino un secretario del Ayuntamiento”.

Por tanto, ha remarcado que “ahora mismo hay mucho descontrol, no solamente a nivel nacional”, al tiempo que ha comentado que este lunes en las jornadas de Servicios Sociales que se realizaron en Córdoba a nivel de toda Andalucía era “un clamor de todos los trabajadores sociales de pueblos pequeños, de ciudades más grandes, de diputaciones”, que “no saben muy bien cómo actuar ante una situación de una persona que viene a pedir un certificado y que no conoces”.

En su opinión, “por lo pronto el Ministerio ha sacado un proyecto muy bonito en sus papeles, pero está trayendo mucha incertidumbre tanto a los ayuntamientos y las diputaciones, como, sobre todo, a los usuarios”, de manera que cree que “trae mucha desazón, porque son personas que están en una situaci que se les está dando unas perspectivas que luego no sabes cómo tienes que realizar”.

Al respecto, ha abundado en que son personas que “no hay ninguna empadronada”, sino que “están de forma irregular”, al tiempo que ha augurado que las peticiones “se van a seguir multiplicando”, y teniendo en cuenta que “no se sabe si son personas que están ya arraigadas en Córdoba o que están llegando de otros sitios”.

Además, la edil ha indicado que se van a reunir con las entidades sociales para “ceder, si necesitan incluso espacios, para trabajar”, pero “es una ley muy improvisada”, ha remarcado, subrayando que “hablamos de personas, muchas de ellas en situaciones muy extremas”.

Así, ha defendido “hacerlo bien y pensar en las personas, pero también en los ayuntamientos, que es donde va a recaer esta carga de trabajo para también, como se hace con otro tipo de proyectos y programas, reforzar los ayuntamientos o las entidades con las que se va a trabajar”, advirtiendo de “la avalancha” que ha llegado “de pronto”.

Y ha recordado que “cuando se ponen en marcha otro tipo de trabajos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía o a veces incluso con el Ministerio, lo normal es que si se prevé que va a haber un exceso de trabajo o un incremento, se amplíe o refuerce la plantilla con personal especializado en ese ámbito y con dotación económica para esa contratación”. A su juicio, “es también una estrategia política”.

A las nueve de la mañana, antes incluso de que el ritmo habitual de la ciudad despierte del todo, Rubén ya está esperando en la puerta de la oficina de Correos. Ha llegado el primero. Paraguayo, con dos años en España, sostiene junto a su mujer una carpeta gruesa, cargada de documentos que resumen toda una vida atravesada por fronteras.

Él nació en Asunción; ella, en San Lorenzo. Sus dos hijos, sin embargo, vinieron al mundo en Argentina, durante una primera migración que ahora complica su situación administrativa. Son cuatro expedientes en uno, cuatro historias que deben encajar en un sistema que, esta mañana, tampoco parece funcionar con fluidez.

Rubén trabajaba como consultor en Paraguay. Hoy es albañil. Ha pasado por Málaga y Sevilla, pero asegura que no cambiaría Córdoba por nada: “Es tranquila, aquí estamos felices”. La regularización, si llega, será mucho más que un trámite. “Sería un cambio muy importante”, dice. Poder acceder a mejores trabajos, dejar atrás la incertidumbre, echar raíces.

Dentro de la oficina, la escena es un pelín tensa y cotidiana a la vez. Para quien está tras el mostrador y para quien está delante. La mujer de Rubén se muerde las uñas; él la abraza con cariño, tanto a ella como a los niños, que intentan entretenerse como pueden durante una espera que se alarga (y eso que, a primera hora, lo de no ir al colegio parecía un gran plan para ellos).

Todo va con bastante fluidez hasta que, a las 10:40, un fallo en uno de los escáneres de la oficina detiene todo el proceso. Tras una llamada telefónica y algunos intentos, toca volver a empezar de nuevo desde el principio a subir los documentos de los cuatro. En medio del parón, ella sale con los pequeños. Rubén se queda solo, paciente. Media hora después regresan con un mate que él bebe con calma, como si ese gesto mínimo pudiera ordenar el tiempo.

La concentración es máxima. Lo demuestra incluso la directora de la oficina, que ignora una llamada entrante en su teléfono: “No lo voy a coger”. “Es por si quieres ver quién es”, le dice su compañera. “No me interesa”, responde. El volumen de documentación y la presión del primer día no dejan mucho margen para distracciones, sobre todo cuando un pequeño fallo puede demorar los trámites.

Cuatro horas de espera

Andreína es finalmente la primera persona que logra completar el envío ese día en la avenida de Libia. Venezolana, lleva un año en España y ha tenido que pedir entrar más tarde a su trabajo, cerca de la Mezquita. Su proceso -según confiaba ella al principio- es más sencillo debido a que no tiene hijos. Cuenta que recopilar la documentación tampoco ha sido demasiado tedioso. Pero la espera la desgasta.

Pasan las horas. Cuatro en total. En un momento dado tienen que acercarle una silla. Cuando sale finalmente de la oficina de Correos, con el trámite terminado, no quiere fotos. Solo quiere llegar a tiempo a su jornada laboral y se marcha andando con rapidez camino de la avenida de Barcelona.

También de Venezuela son Carlos y su esposa. Llevan cerca de dos años en España. Sin papeles, la vida se reduce a sobrevivir y a aceptar trabajos aquí y allá, que les permitan seguir tirando. “Nos ha sostenido nuestro hijo”, explica él. Fue el primero en llegar, quien logró regularizar su situación y hacerse cargo de la familia. Mientras tanto, ellos han ido encadenando empleos informales: jardinería, pintura, lo que salga.

Carlos era maestro de albañilería en su país. Aquí espera poder volver a ejercer con normalidad. Han preparado la documentación con tiempo; lo más lento fue conseguir y apostillar los antecedentes penales. Un mes de espera desde Venezuela. Ahora, frente a la ventanilla, todo se resume en una oportunidad: “Formalizar nuestra situación es una oportunidad muy grande para poder trabajar con garantías, claro”.

Hablan de Córdoba con cariño. “Nos encanta este ciudad, la verdad. Es tranquila y vivimos muy bien”, repiten, como si esa palabra -tranquilidad- resumiera todo a lo que se puede aspirar en la vida.

Cambiar la seguridad por la incertidumbre

Fuera de la oficina, Jonathan espera con su hija, mientras su otro pequeño y su mujer esperan dentro de la oficina. Su historia rompe algunos tópicos. Jonathan trabajó durante veinte años en un banco en Colombia. Tenía estabilidad, seguro médico privado, una vida construida. Pero también miedo.

“Nos llevó dos años tomar la decisión”, cuenta sobre el viaje transoceánico que hicieron él y su mujer, ambos con estudios en económicas, y sus hijos, ambos en colegios privados. No es la imagen que tienen en la cabeza quienes habitualmente criminalizan a los migrantes. En su caso, su tránsito no respondió a una cuestión laboral. Fue la violencia, la sensación constante de inseguridad. “Mis hijos están aquí más seguros”, afirma rotundo.

Hoy trabaja en un bar como camarero. Su esposa, con formación en administración financiera y especialización en proyectos, cuida personas. Sus títulos, de momento, no tienen validez práctica en España, aunque esperan que los tengan a partir de la presentación de los papeles para la regularización y así puedan seguir creciendo en este país donde, según cuenta, la vida les trata bien.

Jonathan no evita la comparación cuando habla con clientes o conocidos. “Yo escucho muchas cosas en el bar, personas quejándose de la seguridad o de la educación, y a veces pienso que no sería mala idea que algunos españoles pudieran vivir unos meses —o un año— en mi país, para ver si podrían hacer lo mismo que hacen aquí con esa tranquilidad”, dice. “Allí no es así. Allí una situación así, hablar mal de un colectivo por ejemplo en un bar, puede terminar muy mal”.

Y sabe de lo que habla. Hace menos de un año asesinaron a su cuñado en Colombia. Desde entonces, sus hijos no quieren volver allí. Él tampoco y eso que la irregularidad pesa. Limita movimientos, genera incertidumbre. En el pueblo de Palma del Río vive con cierta tranquilidad, pero salir a ciudades más grandes le incomoda. Aun así, a veces cede: “Mis hijos se aburren, me dicen de ir al cine… y al final vamos. Porque pienso: Si la poli me pide los papeles, pues ya veré lo que hago”.

Jonathan no oculta la contradicción: dejó atrás una vida estable, con una pensión casi asegurada -le faltaban cinco años para poder acceder a ella-, por empezar de cero en otro estado, a miles de kilómetros y no precisamente siendo un jovencito. Se vinieron siguiendo a su suegra, que se había asentado en esta localidad de la Vega del Guadalquivir unos años antes que ellos. “Mucha gente me dice: ¿por qué prefirió venir acá?”. Él lo tiene claro cuando mira a sus hijos. Habla de la educación. De cómo se han adaptado. De cómo los colegios públicos han estado pendientes de evitar el acoso, de integrarlos. “En Colombia pagaba un colegio privado, y fue dinero botado”, dice sin rodeos.

Aquí todo es más duro en lo laboral de lo que era en Colombia. Pero hay algo que pesa más: la seguridad, la tranquilidad, la posibilidad de un futuro distinto.

Un sistema a prueba

El primer día del proceso ha sido bastante movido, aunque no caótico. Fallos técnicos, esperas más largas de lo deseado y oficinas con más vida de lo habitual, en las que solo se podía ir a hacer el proceso con cita previa. Pero detrás de cada número, de cada expediente, hay historias como estas cuatro. Carpetas gruesas que no solo contienen papeles, sino decisiones difíciles, renuncias, duelos y expectativas.

Quince días. Ese es el plazo que le han dado a Rubén, Andreína, Carlos y Jonathan para recibir una respuesta. Quince días que pueden cambiarlo todo. Para ellos y para miles de personas que, en silencio, hacen y harán cola los próximos días con la esperanza de que, esta vez, su vida encaje en un sistema y se abran todas las oportunidades que habitan en sus cabezas. Que, a la vista está, no son tan distintas a las de quienes tuvieron la fortuna geográfica de nacer en este país.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba calcula que hasta 5.000 personas podrían beneficiarse en la provincia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo central, una cifra aún provisional que dependerá del desarrollo del procedimiento abierto hasta el próximo 30 de junio.

Así lo ha señalado este lunes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, durante una visita a la oficina de la Seguridad Social habilitada para tramitar presencialmente las solicitudes, donde ha destacado la “normalidad” con la que se ha desarrollado la primera jornada de atención presencial, sin incidencias y con citas aún disponibles.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto la pasada semana, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde este lunes incorpora también la atención presencial en la oficina habilitada en Córdoba capital, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, desde la apertura del trámite online se han registrado ya 113 solicitudes telemáticas en la provincia. En la jornada presencial de este lunes estaban previstas 36 citas en la oficina de la Seguridad Social, aunque finalmente acudieron 24 personas.

López Losilla subrayó que la menor afluencia inicial responde, en buena medida, a que muchos potenciales solicitantes aún no disponen de toda la documentación exigida. Entre ella figuran certificados de antecedentes penales del país de origen, de España y de otros países en los que hayan residido en los últimos cinco años, además de otros justificantes según cada caso.

Colas para obtener certificados

La subdelegada reconoció que durante la jornada se habían producido colas en el Ayuntamiento de Córdoba para solicitar certificados necesarios, especialmente los relacionados con situaciones de vulnerabilidad, aunque insistió en que el arranque del proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. “Las oficinas están perfectamente atendidas, no está habiendo avalancha de gente y no se está produciendo ningún tipo de incidente destacable”, afirmó.

En este sentido, quiso rebajar las advertencias sobre una posible saturación administrativa y defendió que tanto la Administración General del Estado como las oficinas habilitadas están haciendo “todo lo que está en su mano” para facilitar el procedimiento dentro de sus competencias.

Tres vías para acceder a la regularización

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado, aclaró que no todas las personas solicitantes necesitarán acreditar vulnerabilidad social, ya que el decreto contempla tres vías diferentes de acceso a la regularización.

La primera está vinculada a contar con empleo, haber trabajado o disponer de previsión de contratación. La segunda se refiere a vínculos familiares o hijos en España. Solo quienes queden fuera de estas dos situaciones deberán aportar el certificado de vulnerabilidad.

Casado pidió a los medios de comunicación que trasladen esta información para evitar desplazamientos innecesarios y nuevas colas administrativas, ya que muchas personas podrían tramitar su solicitud mediante contrato laboral o acreditando arraigo familiar.

Un millar de expedientes de arraigo pendientes

Además del procedimiento extraordinario, la responsable de Trabajo e Inmigración explicó que la Oficina de Extranjería tramitará por una vía simplificada todas las solicitudes de arraigo presentadas hasta el pasado 15 de abril, dentro de un plan de choque estatal destinado a reducir retrasos.

En el caso de Córdoba, esta medida podría afectar a unas 1.000 personas adicionales, cuyos expedientes deberán resolverse antes del 15 de junio para que, en caso de denegación, aún tengan margen de acogerse al nuevo proceso extraordinario.

Sumadas ambas bolsas de posibles beneficiarios —las 4.000 personas inicialmente estimadas y ese millar de expedientes pendientes de arraigo— la cifra global podría alcanzar las 5.000 personas, aunque la Subdelegación insistió en que no habrá datos definitivos hasta el cierre del plazo.

Solicitantes “ilusionados”

Durante su visita, López Losilla aseguró haber conversado con varias personas que aguardaban turno para presentar la documentación y destacó el ambiente de esperanza entre los asistentes.

“He visto a gente muy contenta, ilusionada, feliz, algunos nerviosos porque por fin se arregla su situación después de años”, señaló.

La subdelegada defendió además el impacto positivo de la medida tanto desde el punto de vista social como económico, al considerar que permitirá aflorar empleo ya existente y facilitará mano de obra a sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, que han trasladado su respaldo a la iniciativa.

La periodista y escritora María Piña, presidenta de la asociación Mujer y Poder, se ha incorporado a Latino-Andaluces Radio como la voz desde Córdoba. De origen dominicano y afincada en Córdoba, su llegada refuerza una trayectoria marcada por la comunicación con propósito, la integración social y la visibilización del talento migrante.

Emitido en Canal Sur Radio, (Radio Andalucía Información) Latino-Andaluz Radio se ha consolidado como un espacio de referencia dentro del panorama mediático andaluz. Más que un programa, es una plataforma de representación que pone en valor a una comunidad diversa y activa, integrada por más de 650.000 personas de origen latinoamericano, que forman parte esencial del desarrollo social, cultural y económico de Andalucía.

Bajo la dirección de la periodista Yaddy González, el espacio reúne a un equipo de profesionales que, desde distintas provincias, aportan una mirada cercana, plural y comprometida con la realidad social. A esta red se suma María Piña desde Córdoba, contribuyendo con una perspectiva centrada en el empoderamiento, la igualdad de oportunidades y la construcción de referentes positivos desde la diversidad.

“Formar parte de Latino-Andaluz Radio es asumir un compromiso con nuestra gente, con nuestras historias y con todo lo que representamos como comunidad. Es comunicar desde la verdad, con respeto y con la fuerza de nuestras raíces”, expresa María Piña.

El programa cuenta con una sólida red territorial integrada por voces referentes del ámbito latinoamericano en Andalucía, que conectan con las realidades locales de cada provincia y contribuyen a una narrativa honesta, necesaria y transformadora. A ello se suman secciones especializadas que abordan ámbitos clave como el bienestar emocional, la economía familiar y la cultura, de la mano de profesionales que aportan conocimiento, cercanía y responsabilidad social.

La incorporación de María Piña fortalece esta estructura coral, sumando su experiencia en medios, su capacidad comunicativa y su reconocida labor en el ámbito social. Su trayectoria se ha caracterizado por la creación de espacios de diálogo, visibilidad y conciencia en torno a la migración, la igualdad y la justicia social.

Trayectoria e impacto social

En este recorrido destaca la organización del Primer Encuentro Andaluz Mujer Migrante y Economía, celebrado el pasado mes de septiembre en la Diputación de Córdoba. Una iniciativa impulsada por María Piña a través de la asociación Mujer y Poder, que reunió a expertas, instituciones y mujeres protagonistas para reflexionar sobre el papel de la mujer migrante en el desarrollo económico de Andalucía.

En el marco de este encuentro nace el estudio Impacto de las Mujeres Migrantes Trabajadoras en la Economía Andaluza, promovido por la asociación Mujer y Poder en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y Fundecor, y desarrollado por las investigadoras Rocío Muñoz y Virginia Navajas. La investigación analiza las condiciones laborales, el emprendimiento y la contribución real de las mujeres migrantes al tejido económico andaluz, aportando datos clave para el diseño de políticas y estrategias más justas e inclusivas.

Con esta incorporación, María Piña amplía su presencia en el ámbito mediático andaluz y reafirma su compromiso con una comunicación ética, consciente y transformadora, que conecta realidades, genera referentes y construye comunidad desde la diversidad.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, advierte del “riesgo de colapso” en los servicios públicos en Córdoba encargados del proceso extraordinario de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central. En este sentido, la central sindical alerta de que este proceso, que podría suponer la tramitación de cientos de miles de solicitudes a nivel nacional, tendrá un impacto directo en organismos claves en Córdoba, como son la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyos empleados ya soportan de por sí una elevada carga de trabajo.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, denuncia que las plantillas actuales de estos servicios en la provincia no están suficientemente dimensionadas para afrontar este incremento extraordinario de expedientes, lo que podría traducirse en retrasos, saturación de los servicios y un serio deterioro de la atención a la ciudadanía. Según la información disponible, el proceso se está desarrollando desde el 1 de abril y concluirá el 30 de junio, con una primera fase de recogida de solicitudes y una segunda destinada a la tramitación. El representante sindical indica que en Córdoba gran parte de la carga administrativa recaerá en la atención presencial, así como en la gestión documental inicial.

CSIF lamenta la falta de concreción por parte del Gobierno sobre el refuerzo de personal en la provincia para este fin, lo que genera una gran preocupación en la central sindical por la posible externalización de estos servicios, cuando hay que recordar que se trata de gestión de datos especialmente sensibles que deben contar con una supervisión directa de personal funcionario. Muñoz también pone de manifiesto la incertidumbre existente entre los trabajadores de las oficinas de Extranjería en Córdoba, ya que podrían quedar al margen de la recepción inicial de las solicitudes, pese a que, posteriormente, serán los responsables de la renovación de los permisos derivados de este proceso.

Ante esta situación, CSIF reclama el refuerzo inmediato de las plantillas de todos los organismos afectados por este proceso de regularización, la no externalización de los servicios públicos vinculados a este procedimiento extraordinario, la adoptación de medidas organizativas urgentes para evitar el colapso administrativo previsto y la compensación económica del esfuerzo adicional que deberán asumir estos empleados públicos.

El máximo responsable del Sector de AGE a nivel provincial concluye que “insistimos en la necesidad de anticiparse a los efectos de esta regularización extraordinaria, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar tanto el correcto funcionamiento de la Administración, como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa”.

Los datos en la provincia de Córdoba desmienten el marco alarmista que PP y Vox intentan imponer sobre la inmigración, ha asegurado hoy el diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso, Alberto Mayoral, en un encuentro celebrado en la agrupación socialista del Distrito Sur de la que es secretario general: “Mientras la derecha habla de descontrol y amenaza, las cifras muestran una presencia migrante reducida, regularizada y plenamente integrada en la vida de la provincial, por lo que el contraste entre la realidad y el relato de la derecha es evidente: la convivencia existe; el miedo, lo fabrican ellos”. 

En Córdoba residen 41.801 personas extranjeras, apenas el 5,4% de la población, y la inmensa mayoría con documentación en regla: 27.644 bajo régimen comunitario y 13.469 con permiso de residencia y trabajo. Son datos que desmienten por completo la idea de “oleadas” o “invasiones” que PP y Vox intentan instalar. Todo ello, en un país que registra la criminalidad más baja de su serie histórica, lo que desmonta la asociación entre inmigración y delincuencia con la que la derecha intenta generar alarma. 

Tras reunirse con la asociación CODJAM conformada por migrantes afrodescendientes, Mayoral ha señalado que PP y Vox han decidido convertir la inmigración en un instrumento de confrontación política: “No buscan soluciones ni integración. Buscan sembrar miedo. Pero los datos en Córdoba son claros: no hay descontrol, no hay inseguridad, no hay nada parecido a lo que ellos cuentan”. 

Mayoral ha insistido en que la derecha está actuando de manera irresponsable al distorsionar la realidad de la provincia: “Estamos hablando de cifras moderadas, de personas regularizadas y de barrios donde la convivencia es cotidiana. Lo que crea tensión no es la inmigración: es el uso político que PP y Vox hacen de ella para no hablar de sus propias carencias”. 

En el encuentro ha intervenido Tebe Diallo, presidente de CODJAM, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la conciencia social y política entre la juventud migrante: “Nuestro compromiso es inspirar a la juventud para impulsar en ellos una cultura social y política basada en los valores de la democracia”. 

También ha participado Sergio Gracia, investigador independiente especializado en radicalización digital y narrativas de extrema derecha, quien ha colaborado recientemente con instituciones internacionales y en la elaboración de informes y manuales sobre algoritmos, islamofobia y discurso de odio. Gracia ha advertido de que “los ataques de la extrema derecha no son sólo ideológicos: son un intento de deshumanizar a quienes representan la diversidad real de nuestra sociedad. Es fundamental dotar a la juventud de conocimientos y estrategias que desmonten esas narrativas antes de que calen”. 

Mayoral ha cerrado su mensaje recordando que la sociedad cordobesa es perfectamente capaz de distinguir entre hechos y manipulaciones: “PP y Vox necesitan fabricar un enemigo. Pero los datos en Córdoba no les dan la razón. Nuestra responsabilidad es seguir defendiendo políticas que protejan derechos, garanticen integración y mantengan la cohesión social frente al ruido de la derecha”.

Córdoba mantuvo en 2024 su dependencia de la inmigración extranjera para sostener su población, pero lo hizo con menor fuerza que el año anterior. Así lo reflejan los datos oficiales de 2023 y 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que dibujan una tendencia clara: la provincia solo gana habitantes gracias a quienes llegan desde otros países, mientras continúa perdiendo población en sus intercambios con el resto de España.

En 2024, Córdoba registró un saldo migratorio total de +1.718 personas, un balance positivo aunque inferior al marcado un año antes (los +1.843 de 2023). La explicación está en la ligera caída del motor principal del crecimiento provincial: la llegada de extranjeros. El saldo exterior pasó de +3.092 en 2023 a +3.030 en 2024, una leve reducción que, sin embargo, no altera el patrón de fondo: sigue siendo la única vía por la que Córdoba incorpora habitantes.

El dato contrasta con el comportamiento del saldo interior, que empeora. Si en 2023 Córdoba perdía 1.249 residentes por sus movimientos con el resto del país, en 2024 esa cifra desciende aún más hasta los 1.312 habitantes. En otras palabras: cada vez llegan menos personas desde otras provincias y se marchan más.

El análisis confirma la dualidad demográfica. En ambos años la provincia pierde población española y gana población extranjera, pero en 2024 el contraste se acentúa. En 2023, la población española registró un saldo total de –1.019 habitantes, mientras que en 2024 la pérdida fue incluso superior: –1.037. En cambio, entre la población extranjera el saldo fue positivo en ambos ejercicios: +2.862 en 2023 y +2.755 en 2024.

Esta ligera reducción del saldo extranjero en 2024 explica por qué el crecimiento provincial ha sido menor pese a que el patrón migratorio continúa siendo similar: Córdoba se sigue vaciando por dentro pero compensando esa pérdida con la llegada de población foránea.

En términos de género, tanto hombres como mujeres muestran el mismo comportamiento en ambos años: saldos interiores negativos y exteriores positivos. Pero destaca que en los dos ejercicios las mujeres aportan más crecimiento al saldo total que los hombres: En 2023 sumaron +1.209, frente a los +634 hombres, mientras que, en 2024, +1.057, frente a +661.

En cuanto a las nacionalidades de los recién llegados, la mayoría procedieron de América (2.550 personas) y África (1.247), con Colombia como principal país de origen (893 migrantes), seguido de Venezuela (637), Marruecos (624) y Rumanía (375). El informe también recoge llegadas puntuales desde países menos habituales de los países nórdicos, como Finlandia (3), Lituania (4) y Noruega (5).

Dónde llegan los extranjeros: radiografía municipal 2024

El comportamiento demográfico de la provincia no puede entenderse sin descender al detalle municipal. En 2024, hubo un total de 6.530 personas llegadas a Córdoba desde el extranjero, con una distribución territorial que deja una provincia partida en dos. Los municipios que más inmigrantes reciben son:

Estas localidades concentran la mayor actividad económica, industrial o de servicios, lo que explica su capacidad de atracción. Solo la capital acapara cerca del 40% de todas las llegadas, confirmando su función como polo demográfico indiscutible.

La llegada se nota menos en municipios intermedios con flujo moderado, pero estable. Son poblaciones como Montalbán (31), Villa del Río (30), Almedinilla (29), Villafranca (23) o Villanueva de Córdoba (38), que muestran una llegada significativa en relación con su tamaño.

En el lado opuesto, numerosas localidades rurales siguen registrando cifras muy bajas o incluso testimoniales. Se trata principalmente de municipios en retroceso demográfico histórico, con oportunidades laborales limitadas y un envejecimiento acusado. Son pueblos como:

Comparativa 2023–2024: cambia la intensidad, no el modelo

El conjunto de los datos permite afirmar que el modelo migratorio cordobés no cambia de un año para otro, pero sí su intensidad. Así, mientras el crecimiento total baja ligeramente y la inmigración exterior pierde algo de fuerza, aunque sigue siendo decisiva, el saldo interior empeora, aumentando la fuga hacia otras provincias. Es decir, la pérdida de población cordobesa (o nacida en Córdoba) continúa siendo estructural y son los extranjeros los que sostienen prácticamente en solitario el avance demográfico.

En términos municipales, el mapa de atracción migratoria también se estanca: los municipios grandes y cabeceras comarcales siguen captando la mayoría de inmigrantes, mientras que las áreas rurales más pequeñas no logran revertir su declive. Globalmente, la provincia de Córdoba, con una tasa de nacimientos que sigue en caída libre, se ha convertido en un territorio demográficamente dependiente de la llegada de población extranjera.

El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado este jueves, en las XXXIII Jornadas de Extranjería en Córdoba, que los temas de migración y asilo se aborden desde “un enfoque solidario y humano, basado en la corresponsabilidad entre los Estados miembros y en la primacía de los derechos fundamentales”.

Así lo ha expresado la secretaria general de la Abogacía, Encarna Orduna, en la inauguración de estas jornadas, organizadas por la Abogacía, que durante dos días reúnen a más de 500 abogados y abogadas especializados para debatir cómo mejorar la protección y defensa de los migrantes.

“Defender a una persona extranjera es defender la justicia universal, la igualdad ante la ley y el principio de humanidad”, ha asegurado Orduna, quien ha reiterado el compromiso de la Abogacía: “Seguirá trabajando, con independencia y compromiso, para que nadie quede sin defensa, para que cada persona tenga acceso efectivo a la justicia y para que la integración sea una realidad posible y tangible, no un ideal dudoso o lejano”.

En la inauguración han participado también el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias López; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, Blas Jesús Imbroda.

“La migración y la protección internacional es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”, de modo que “hace falta una abogacía preparada para garantizar el derecho de defensa”, ha afirmado el decano de Córdoba, quien también ha criticado “la imposibilidad de acceder al sistema de citas para pedir protección internacional”, algo que “supone una vulneración del derecho a solicitar asilo”, por lo que ha instado a las autoridades a “ofrecer soluciones”. “Un sistema colapsado se ha convertido en un muro digital”, ha advertido.

El consejero de Justicia, por su parte, ha destacado que “la voz de la abogacía es muy importante porque ayuda a que la sociedad entienda cuáles son los derechos que no se pueden manipular ni usar como herramienta política”, a lo que ha agregado que “no se puede jugar con vidas humanas, tiene que haber seguridad jurídica en el acogimiento e integración”.

Por la tolerancia y la paz

En España hay actualmente 27.000 abogados y abogados de extranjería, como ha explicado el presidente de la subcomisión de Extranjería, Blas Imbroda, quien ha elogiado su labor: “Hacéis un trabajo inmenso en la defensa de los derechos de los migrantes”, al tiempo que ha resaltado que “los grandes avances normativos en favor de los migrantes en este país son obra vuestra, porque habéis conseguido derechos que no existían”.

El lema de esta edición, 'Migración y derechos humanos: por la tolerancia y la paz', cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y vulneraciones de derechos humanos.

Durante dos días se abordan las políticas migratorias de la Unión Europea, o las consecuencias las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, “la saturación de las oficinas de extranjería, la falta de uniformidad de criterios o la complejidad técnica de algunos procedimientos”, ha señalado Orduna.

Mientras, la subdirectora general de Régimen Jurídico de la Secretaría de Estado de Migraciones, Ainara Dorremochea Fernández, ha explicado las principales novedades que ha introducido este nuevo Reglamento, como las modificaciones en los visados de estudiantes, la concesión del NIE con los visados de más de 90 días, o la vigencia de los visados y autorizaciones. “La tendencia es dar autorizaciones con mayor vigencia”, ha asegurado.

Además, se analizará el arraigo, la situación de los familiares de españoles o de los menores, buscando mejorar tanto la labor de la abogacía como la de las instituciones implicadas en la garantía del derecho de defensa.

Córdoba es la provincia de España con un mayor peso de la población residente que ha nacido en el extranjero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes. Mientras que en Alicante, uno de cada cuatro residentes en la provincia ha nacido fuera de España, en el caso de Córdoba, el peso de la población extranjera no llega ni al 4%, según los datos.

España está aumentando mes a mes su población gracias a la llegada de población extranjera. De los 49,4 millones de personas que viven actualmente en España, según los últimos datos del censo, 7,1 millones han nacido fuera del país. Esto supone que el peso de la población extranjera es del 14%. La diferencia con Córdoba es de 10 puntos.

De hecho, Córdoba no deja de perder población desde hace años. Desde verano han sido unas 1.000 personas menos. Entre julio y octubre, Córdoba incluso redujo su número de habitantes nacidos en el extranjero. Según los datos del INE, en julio había 30.457 extranjeros residentes en la provincia. En octubre son 30.199.

En los últimos meses, Córdoba se ha perdido en la última provincia en población extranjera, siendo superada por Jaén, Badajoz, Cáceres o Cádiz, con un dinamismo económico inferior.

Esta falta de atractivo para la población extranjera ha provocado que la provincia de Córdoba haya perdido definitivamente el puesto con Almería en número de habitantes. El sorpasso almeriense se consolida gracias a los 184.500 vecinos que tiene que han nacido fuera de España, frente a los apenas 30.000 de Córdoba.

Gran parte de la población extranjera de Almería, que supone un 24% sobre el total, ha llegado para trabajar en su dinámico sector agrícola, que necesita una inmensa cantidad de mano de obra. De hecho, Almería es la vigésima provincia en población total en España, pero la octava en números absolutos de población extranjera.

Al igual que en Murcia y en el resto del territorio nacional, el partido de derecha radical Vox también ha tratado de vincular en la provincia de Córdoba dos cuestiones que no son causa-efecto: migración y criminalidad. Es la estrategia con la que el partido de Santiago Abascal se siente más fuerte en estos momentos en España, apoyados en la laxitud del Código Penal y en el silencio cómplice de grandes sectores del PP.

Estas políticas racistas, como las llama el periodista Antonio Maestre, también Vox las ha querido llevar a cabo en Córdoba casi desde que comenzaron a hacerse fuertes, tras su entrada en el Parlamento Andaluz en el año 2018. Porque en 2019, la formación centró parte de su campaña de crecimiento en apuntar hacia un proyecto que planteaba la construcción de un centro de menores tutelados en la localidad de Lucena, la segunda ciudad en importancia de Córdoba.

Al principio, un poco tímidamente, desvinculándose de las primeras manifestaciones que hubo y que se convocaron de “forma anónima” a través de redes y plataformas de mensajería. Sin embargo, cuando Vox triunfó electoralmente, su entonces líder provincial, Alejandro Hernández, que hoy aún es parlamentario andaluz, llegó a sacar pecho, diciendo: “Hace poco tuvimos un acto en Lucena donde pusimos sobre la mesa el problema del centro de Menas (Sic), nos criticaron porque había poca gente, bueno, pues las urnas han hablado”, dijo entonces.

En retrospectiva, lo cierto es que el Centro de Menores Tutelados de Los Ángeles abrió poco después de aquel golpe de pecho. Y que, en estos cinco años, no solo ha acogido a menores (extranjeros y españoles), sino a los temporeros que han acudido a la localidad y a la comarca a trabajar en el campo. Tampoco debe sacar mucho pecho hoy el partido de Abascal, ya que, tras lograr efectivamente dos concejales en 2019, en las últimas municipales, no pudo aumentar ni en ediles ni en votos, y en las generales de ese mismo año, su porcentaje de voto pasó del 31 al 18% en comparación con los comicios de 2019 en los que fueron la fuerza más votada, como remarcaba entonces su portavoz.

El caso de Puente Genil

No obstante, más de cinco años después de aquellas primeras campañas que buscaban generar un enemigo en las personas más débiles de la sociedad (los menores), este mismo año, Vox a vuelto a poner la diana del odio en otro centro para niños tutelados. Ha sido en Puente Genil, donde, el pasado mes de marzo, Vox apoyó una concentración contra la reconversión del antiguo edificio de las Madres Filipenses en centro de acogida para menores migrantes.

“No vamos a permitir que impongan un centro que ponga en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”, declaró la concejala Toñi Gallardo, que, sin aportar dato alguno, dijo lo siguiente: “Sabemos que este tipo de centros trae consigo un aumento de robos e inseguridad”.

Sin embargo, los casi seis años de diferencia entre el caso de Lucena y el de Puente Genil, sí han cambiado la forma en la que los gobiernos reaccionan ante este tipo de movimientos. La prueba está en que el alcalde de la localidad, Sergio Velasco (PP), acabó interviniendo y zanjando el asunto al rechazar que en dicho espacio se pudiera instalar un centro de menores.

Campaña contra los migrantes en Palma del Río

Más o menos por esa época, Vox ya había llevado su última campaña de criminalización de las personas migrantes a varios pueblos de la provincia. En la localidad de Palma del Río, una de las más importantes de Córdoba y con grandes explotaciones de naranja que recogen personas migrantes, comenzó a empapelar algunos barrios con carteles que alertaban: “Extreme la precaución en esta zona”, acompañados de frases como “zona con alta presencia de inmigrantes ilegales”.

Al igual que ha ocurrido en Torre Pacheco, Vox difundió entonces un vídeo de un episodio protagonizado por una persona migrante armado con un cuchillo por las calles del municipio y que, según explicaron desde el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, estaba totalmente descontextualizado para azuzar el odio.

En la localidad de la Vega del Guadalquivir, no obstante, llegó a haber una concentración a raíz de la campaña. La reacción fue convocar una reunión conjunta entre la Subdelegación del Gobierno, del PSOE, y el Ayuntamiento de Palma del Río, del PP, para escenificar un frente común y lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

La denuncia archivada en la Fiscalía

Aquella misma campaña, aquellos mismos carteles, también decoraban por entonces las paredes de la capital cordobesa. Vox los había pegado en varios puntos de la ciudad, especialmente en barrios humildes como Ciudad Jardín, donde vive una porción importante de la población migrante.

La reacción, en este caso, fue de toda la oposición municipal, liderada por el PSOE y la coalición Hacemos Córdoba, que denunció la campaña ante la Fiscalía al considerarla un delito de odio. No obstante, en abril la Fiscalía decidió archivar el caso, considerando que el mensaje, aunque polémico, no superaba el umbral penal.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su parte, criticó públicamente la campaña, aunque no entró en la denuncia penal. “A mí la campaña no me gusta nada. Desde luego no nos gusta ni la respaldamos”, afirmó el alcalde, que se negó a darle más difusión hablando de ella.

Pese a la intensidad de estas campañas, no se ha registrado ninguna sanción judicial contra Vox en Córdoba por estos discursos. Ni en Lucena ni en Puente Genil se han presentado denuncias formales, y la única acción elevada a Fiscalía —la de los carteles en Córdoba capital— fue archivada. En Vox lo saben, y por eso insisten en ello.

Esa insistencia, sin embargo, también sitúa a la sociedad cordobesa en frente. La prueba es que la última campaña del partido de Abascal fue la chispa que prendió la creación en Córdoba de la primera Asamblea Antirracista, que marchó por las calles de la capital gritando que, frente a los discursos que buscan dividir y criminalizar a las personas migrantes, era el momento de defender la solidaridad, el respeto y los derechos humanos“.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Nacional francesa, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración ilegal entre España y Francia.

El entramado operaba en estaciones de tren de Barcelona, Almería y Alicante donde localizaba y recogía a migrantes irregulares, en su mayoría procedentes del Magreb, África subsahariana y Oriente Medio, y los trasladaba por vía terrestre a Francia a cambio de cantidades de dinero que variaban según el punto de partida. Hay un total de 19 detenidos, 15 en Francia y cuatro en España en las provincias de Barcelona (2), Girona (1) y Córdoba (1). Todos los arrestados han ingresado en prisión provisional.

A través del Oficial de Enlace de la Policía Nacional de España en Francia -uno de los canales de cooperación policial y judicial existentes entre ambos países- los agentes españoles tuvieron conocimiento de una investigación que había iniciado la Policía Nacional francesa contra una organización criminal formada por ciudadanos de diferentes nacionalidades que se dedicaba a la captación de personas irregulares residentes en nuestro país para trasladarlos a Francia.

Modus operandi

Las pesquisas desarrolladas por los agentes españoles a partir de ese momento sacaron a la luz la existencia de una rama del entramado criminal asentada en nuestro país que contaba con miembros de diferentes nacionalidades y con una clara distribución de tareas. Por un lado estaban los captadores, que se dedicaban a la búsqueda en estaciones de tren de Barcelona, Alicante o Almería, de migrantes en situación irregular con intención de viajar a Francia.

Una vez realizada la captación, la organización contaba con conductores que se encargaban del traslado de los migrantes  hasta la localidad francesa de Perpignan, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 150 y 200 euros si viajaban desde Barcelona y de cantidades mayores si el punto de partida era más lejano.

Los miembros de la red encargados de los traslados contaban a su vez con la colaboración de otros integrantes que hacían las funciones de “lanzadera”, informado de posibles controles policiales durante el trayecto y de las carreteras secundarías más seguras para viajar. Una vez en Francia, y para aprovechar el viaje de vuelta a España, el entramado ampliaba sus beneficios captando a migrantes que querían abandonar el país galo y recalar en nuestro país. 

En el operativo policial final, desarrollado de manera coordinada en los dos países, se realizaron 19 registros domiciliarios, 14 en Francia y cinco en las ciudades de Barcelona y La Junquera, en los que se ha intervenido una embarcación a motor, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y numerosa documentación.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha convocado una manifestación para el próximo domingo 16 marzo que pretende alzar la voz “frente a los discursos de odio” contra la población migrante. “La migración es un derecho. Fuera el odio de nuestros barrios”, han difundido en sus redes sociales como mensajes de la convocatoria.

La manifestación partirá el domingo a las 11:30 desde la plaza de toros y se encaminará hacia la calle Antonio Maura para salir al Paseo de la Victoria, seguir por Gondomar y acabar el recorrido en la plaza de Las Tendillas.

“Frente al racismo y los discursos de odio, defendemos un mundo donde todas las personas tengamos cabida. Los derechos humanos no tienen fronteras y la dignidad no es negociable. Es momento de alzar la voz por una sociedad más justa e inclusiva”, señalan en la convocatoria.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha preparado esta manifestación después de que Vox difundiera en distintos barrios de la ciudad como Ciudad Jardín y en pueblos de la provincia como Palma del Río una campaña que señalaba a las personas migrantes y vinculaba a ellas una supuesta falta de seguridad. “Es hora de organizarnos frente a los recientes mensajes de odio lanzados y promovidos por Vox contra las personas migrantes”, señalan desde la asamblea.

“Nos enfrentamos a discursos que buscan dividirnos y criminalizar a las personas migrantes. Es el momento de alzar nuestras voces, de defender nuestros valores de solidaridad, respeto y derechos humanos”, indicaban en la preparación de esta convocatoria, que ha llevado a representantes de los colectivos que forman parte de la Asamblea Antirracista a reunirse la pasada semana en el Centro Social Rey Heredia.

La Delegación Diocesana de Migraciones y el Secretariado Diocesano para la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Córdoba han subrayado este martes que “no es legítimo ni humano ni cristiano criminalizar a las personas migrantes sin papeles, que, en la gran mayoría de los casos, vienen buscando trabajo a fin de construir un futuro mejor para sus familias y poder regularizar su situación”.

Además, según han señalado en una nota, se trata de “trabajo que, en muchas ocasiones y ante las condiciones en que se oferta, no quieren los trabajadores locales” y, por eso, tal y como indicó el Papa Francisco en su carta a los obispos norteamericanos del pasado 10 de febrero de 2025, “la conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad”.

Precisamente, desde la referida Delegación Diocesana de Migraciones han aclarado que han reaccionado así “ante la situación de sufrimiento, miedo y ansiedad que muchas hermanas y hermanos nuestros inmigrantes, especialmente sin documentación regularizada, están sufriendo por las actuales leyes de extranjería y por los estados de opinión que se están difundiendo contra ellos y que están calando en muchos sectores de nuestra sociedad”.

“Estos estados de opinión --han proseguido-- que se difunden contra la población inmigrante en situación irregular, en muchas ocasiones bajo bulos o medias verdades, crean un rechazo indiscriminado, promoviendo el odio y el terror, llevando al no reconocimiento de su sagrada dignidad y no acogiéndolas y sintiéndolas como hermanas, hijas de un mismo Dios”, hecho éste que “devalúa también la dignidad de las personas que las rechazan y las criminalizan”, cuando, según indicó el Papa en la mencionada carta, “los cristianos sabemos muy bien que solo afirmando la dignidad infinita de todos nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez”.

En este sentido, desde la Diócesis han defendido que “toda persona tiene una dignidad infinita y trascendente” y, por tanto, “es inviolable, esté o no en situación regular”, de modo que “nuestro país, como todos, tiene el deber y la obligación de regular de manera ordenada y legal los flujos migratorios, pero no lo puede hacer con políticas restrictivas de cierre de fronteras, que seleccionan a las personas y discriminan a las familias más vulnerables y empobrecidas, condenándolas a no emigrar o a hacerlo en situación irregular”.

Por ello, desde la Diócesis cordobesa han querido expresar su “apoyo y solidaridad con todas las personas migrantes, tengan o no papeles”, pues “la Iglesia ha de ser comunidad que acoge, protege, promociona e integra a toda persona, especialmente a las más débiles y vulnerables; también, comunidad que denuncia proféticamente toda iniciativa que no reconoce la sagrada dignidad que le confiere a la persona ser hija de Dios”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP) ha criticado duramente la campaña de Vox centrada en criminalizar la población migrante y que el PSOE, Hacemos Córdoba y las organizaciones El Mundo y África Trabajan y Córdoba Solidaria, han llevado a la Fiscalía.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha mostrado públicamente su rechazo a la campaña del partido de derecha radical, que comenzó a activar en diversos pueblos de Córdoba como Palma del Río y Puente Genil, y que ya se puede ver en la capital, donde se han pegado carteles y repartido octavillas. “A mí la campaña no me gusta nada. Desde luego no nos gusta ni la respaldamos”, ha afirmado el alcalde de Córdoba, que ha aclarado que la campaña de Vox “no tiene nada que ver ni con nuestro pensamiento, ni con la acción que estamos llevando a cabo, que es todo lo contrario, que es tratar de que esas personas se integren en nuestra sociedad”.

Sobre la campaña, ha añadido que la conocía antes de que PSOE y Hacemos la llevaran a la Fiscalía. “La habíamos visto porque vivimos en Córdoba y se pueden ver las cosas. Y ya nos llamó mucho la atención, pero también te digo que no le vamos a dar más cuartos al pregonero. Cada uno que defienda sus postulados, que son legítimos, pero que yo no comparto. Aunque tampoco voy a ser yo de vocero de esas campañas. Precisamente porque no me gustan, tampoco quiero que tengan más repercusión pública”, ha sentenciado.

Lo que sí ha hecho es aprovechar las preguntas para contar que este mismo jueves ha visitado un espacio municipal donde viven chicos extutelados por la Administración, algunos de ellos migrantes, y a los que se les ofrece desde el Ayuntamiento formación, integración en el mercado laboral. “Tengo que decirles que estos chavales y las chavalas son gente estupenda, maravillosa. No son ni mucho menos delincuentes, ni violentos; todo lo contrario. Son unos chavales estupendos, sanos, que se están buscando la vida, que están estudiando a la vez que conviven, que tienen la casa cuidada como cada uno de nosotros podemos cuidar nuestra casa”, ha manifestado Bellido.

En este ámbito, ha reflexionado que la postura de su gobierno municipal es trabajar para esas personas se integren en la sociedad, ya que entiende que esta población aportan mucho, en trabajo, en rejuvenecer la sociedad. “Y eso sí, es evidente que pensamos en que hay que integrarse, en eso sí estamos todos de acuerdo. Y ese es el esfuerzo que hacemos, para que se integren en nuestra sociedad, se integren con nuestros valores y con nuestra forma de ver la vida”, ha concluido.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la campaña lanzada por Vox en Córdoba que criminaliza a la población migrante y busca promover el rechazo social a las políticas de protección de estos y a los menores extranjeros no acompañados.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, y el concejal Ángel Ortiz han anunciado que llevarán ante la Fiscalía la campaña que relaciona a las personas migrantes con la inseguridad ciudadana. Asimismo, ambos han exigido al gobierno municipal del PP que condene esta acción sectaria y reafirme el compromiso de la ciudad con la convivencia, los valores democráticos y la solidaridad.

Los carteles firmados por Vox y expuestos en Ciudad Jardín hacen un señalamiento a las personas migradas a las que tilda de ilegales con la expresión ‘¡Extreme la precaución en esta zona’. “El objetivo de esta campaña es primero crear miedo al vecindario de la barriada de Poniente para luego crear odio y criminalizar a los menores y personas migrantes que están siendo protegidos por el Estado conforme al Derecho Internacional de Protección a la Infancia”, han dicho.

Los ediles solicitan que, en aplicación de la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Fiscalía valore si esta actuación de Vox constituye una infracción muy grave sobre la igualdad de trato y no discriminación y, en caso afirmativo, se aplique el régimen sancionar establecido en la Ley. Asimismo, los concejales socialistas también piden al Fiscal que se valore si puede ser constitutiva de delito de odio y discriminación a lo establecido en el Código Penal. Hurtado considera que “se ha traspasado una línea roja al estigmatizar las personas migrantes por no disponer del permiso de residencia”.

De igual manera, el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento afirma que “Vox pretende importar a nuestro país el discurso trumpista, sembrando la división y el miedo con el objetivo de fracturar nuestra sociedad”. Hurtado señala que “no hay ningún dato estadístico que avale la vinculación entre delincuencia y migración”, puesto que “la tasa de criminalidad está disminuyéndose en un entorno en el que la población migrante está aumentando”.

Por su parte, Ángel Ortiz ha señalado que “la migración es una realidad que no debe utilizarse como arma política. Todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, independientemente de nuestro origen. No podemos tolerar discursos que criminalizan a quienes vienen a nuestra ciudad en busca de oportunidades y un futuro mejor”. En este contexto, ambos concejales se han reunido con la asociación El Mundo y África Trabajan, que trabaja en la integración de las personas migrantes africanas en Córdoba.

Durante el encuentro, se han abordado los principales retos y dificultades que enfrenta esta comunidad, así como la importancia de reforzar las políticas de inclusión social y laboral. Desde el PSOE, exigen al equipo de Gobierno municipal que retiren esta campaña de odio y reafirme su compromiso con una Córdoba abierta, integradora y solidaria.

“No podemos permitir que el nombre de nuestra ciudad se vea manchado por el racismo y la intolerancia. Es hora de alzar la voz y defender la dignidad y los derechos de todas las personas”, ha concluido Hurtado. El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ya ha manifestado su firme compromiso con la defensa de la democracia y el refuerzo de las políticas de inclusión ante el avance de discursos totalitarios en el mundo. “Es momento de unirnos frente a quienes intentan dividirnos”, ha insistido Ortiz.

La Subdelegación del Gobierno, del PSOE, y el Ayuntamiento de Palma del Río, del PP, han escenificado un frente común para lanzar un mensaje de tranquilidad en esta última localidad cordobesa tras la difusión de mensajes de carácter xenófobo que vinculan episodios violentos con la población migrante. 

Entre otras cuestiones, se ha criticado especialmente la difusión de imágenes descontextualizadas, entre ellas un episodio protagonizado por una persona migrante en la localidad cordobesa. Se trata de un vídeo en el que se ve a una persona con un cuchillo por las calles del municipio y que el partido de derecha radical Vox ha difundido en varios posts como ejemplo de la presunta “grave situación de inseguridad, atracos, robos y okupación” causada supuestamente por “inmigrante ilegales”.

En este ámbito, fuentes municipales han señalado que este incidente está bajo investigación, al igual que, en los últimos días, se ha detenido a una persona que está en prisión preventiva por otros hechos que también se han difundido para lanza la idea de que Palma del Río vive una situación de inseguridad.

Vox, por su parte, lleva más de una semana denunciando con ruedas de prensa, vídeos y folletos una presunta oleada de crímenes que han desmentido tanto desde la Subdelegación del Gobierno (PSOE), como desde el Ayuntamiento de Palma del Río (PP). Como muestra ante la escalada de tensión, este martes se celebró en la localidad una Junta Local de Seguridad en la que ambas administraciones analizaron los datos de criminalidad tanto de la Guardia Civil, como de la Policía Local.

Así, al término de la misma, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, manifestó que “Palma del Río es una ciudad segura”, constatando que no ha habido un incremento de los índices de criminalidad respecto a otros períodos de tiempo. La regidora reconoció que se habían dado “un par de incidentes llamativos en un corto espacio de tiempo”, y que esto había dado como resultado el aumento de “la sensación de inseguridad entre la ciudadanía, motivada también por la difusión en redes sociales de mensajes y material audiovisual, si bien los datos demuestran que los datos de criminalidad son iguales a los registrados habitualmente”.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Ana López, corroboró este aspecto e indicó que Palma del Río está en una situación similar al resto de la provincia, en donde se ha constatado un descenso de los delitos del 1,8%. Por ello, tanto la alcaldesa como la subdelegada han pedido responsabilidad colectiva a la hora de lanzar mensajes xenófobos y de realizar actuaciones que puedan ser constitutivas de delito de odio.

Asimismo, López adelantó que, desde la semana que viene, se realizarán inspecciones de trabajo en las fincas de recolección de cítricos para comprobar en qué condiciones de legalidad trabajan los jornaleros y asegurarse de que no se dan casos de explotación laboral.

Vox extiende la campaña a Puente Genil

Mientras tanto, Vox mantiene su campaña de vincular sin datos la delincuencia convencional con la presunta llegada de personas migrantes. Al igual que hizo hace unos días en Palma del Río, este miércoles, el diputado nacional de Vox, José Ramírez del Río, ha visitado Puente Genil para difundir el mismo mensaje.

Ramírez del Río ha afirmado que los “robos con violencia en domicilios” han aumentado un 32,4% en Puente Genil durante el último trimestre de 2024 y que este incremento “está estrechamente relacionado con la llegada de inmigrantes ilegales a la localidad cordobesa”, fenómeno que, “es consecuencia del acuerdo entre Feijóo y Sánchez sobre el reparto de inmigrantes ilegales”.

Lo cierto es que el último Balance de Criminalidad, publicado hace escasos días y con datos de todo 2024, refleja que el número total de robos con fuerza en domicilios registrados en Puente Genil en todo el año fue de 69. Son 20 más que los 49 del año 2023, aunque la estadística no menciona, en ningún caso, la procedencia de los malhechores.

Para esta última vinculación hay que irse a la última estadística de condenados, correspondiente al año 2023, y mostraba que el 89% de los procesos penales en la provincia de Córdoba encausaban a delicuentes de nacionalidad española, frente a un 11% de malhechores extranjeros.

La provincia de Córdoba acaba de alcanzar un récord en el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social según la información del propio gobierno. En concreto, el año concluyó con un total de 15.905 trabajadores cordobeses nacidos en el extranjero dados de alta en la Seguridad Social.

El dato es el doble del que se registró en el año 2014, el más bajo de la serie y en plena crisis económica, cuando la provincia de Córdoba apenas atraía a trabajadores, más bien al contrario. El crecimiento es además notable con respecto al año pasado, que cerró con 13.263 afiliados.

Eso sí, los extranjeros tienen trabajos más precarios. Por ejemplo, la mayoría están dados de alta en el sistema agrario. En la provincia, 6.723 extranjeros trabajan en el campo, según los datos del propio Ministerio. También hay 969 afiliadas en el sistema especial del hogar, según los datos.

Aparte, constan en la provincia 1.747 extranjeros afiliados en el régimen especial de autónomos. Y el resto, un total de 6.466, están en el régimen general.

La Seguridad Social registró 2.927.598 afiliados extranjeros en diciembre, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, tras sumar 16.536 ocupados. El empleo foráneo cierra 2024 en cifras históricas, una tendencia que se ha mantenido a lo largo de todo el año, prácticamente.

Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 765.199 ‬trabajadores procedentes de otros países, es decir, un 35,6% más. En el contexto de la afiliación general, los trabajadores extranjeros suponen el 13,7% del total de ocupados, seis décimas más que hace un año.

Afiliación media

En términos medios y sin desestacionalizar, es decir, en la serie original, la Seguridad Social contabilizó 2.280.818 afiliados procedentes de otros países, lo que supone un aumento de 212.042 en el último año. 

Se registra el número más alto del total de personas extranjeras que cotizan a la Seguridad Social tanto en la serie original como desestacionalizada de un mes de noviembre.

El 31,1% son trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. Del conjunto de nacionalidades, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido por Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

Del total de personas afiliadas procedentes de otros países, son hombres 1,6 millones y el número de mujeres extranjeras se aproxima a los 1,3 millones, tras crecer un 35,2% desde antes de la pandemia. La cifra de mujeres afiliadas supera el 43% del total de trabajadores foráneos. 

Más de 70.000 afiliados ucranianos

Entre otras nacionalidades, hay 72.376 afiliados procedentes de Ucrania, 25.117 más que en enero de 2022, cuando aún no había empezado la guerra, lo que representa un crecimiento del 53,1%.

La mayoría de los trabajadores procedentes de Ucrania, cerca del 83,2%, están en el Régimen General (son asalariados) y el 16,8% son trabajadores autónomos.

En conjunto, un 83,6% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.408.646 trabajadores. La proporción es similar al conjunto de afiliados, alrededor de un 84% está encuadrado también en este Régimen.

En los últimos 12 meses, cinco sectores de actividad crecen por encima del 10%: Transporte y Almacenamiento (16%), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (11%), Suministro de Agua (10,8), Actividades Sanitarias (10,3%), Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (10,1%). 

La distribución por sectores muestra una diversificación en las áreas de empleo con mayor ocupación de trabajadores de origen extranjero.

Actividades de alto valor añadido

Por otra parte, este aumento interanual es también muy destacable en actividades de alto valor añadido donde se observa un crecimiento notable dentro de este Régimen General en sectores como Actividades Financieras (9,5%), Información y Comunicaciones, que aumenta más de un 7,1% y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un incremento en el último año del 6,6%. 

Por actividades, los trabajadores foráneos suponen más del 20% del total de los afiliados en: Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28%), Hostelería (27,8%), Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (24,6%) y Construcción (21,5%). En el Sistema Especial de Empleados de Hogar, cerca del 44% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, casi el 35%.

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos contabilizó 467.616 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,8% del total de autónomos. En el último año, los afiliados extranjeros en este régimen han aumentado un 8,3%. 

Conchi Díaz tiene 75 años y vive sola en Córdoba. Paula Isabel Hernández tiene 48 años y llegó a esta ciudad desde Perú hace algo más de dos. Ambas coincidieron realizando labores de voluntariado en Cruz Roja en la capital cordobesa y su tarea en esta organización les dio pie a conocerse y saber la situación la una de la otra. Ahora, desde hace unos meses ya, viven juntas: Paula ofrece su compañía a Conchi y esta una vivienda a aquella. El vínculo del voluntariado fue lo que las unió y las ha llevado también a ayudarse entre ellas.

Cuenta Conchi que ella, jubilada, lleva siendo voluntaria de Cruz Roja desde el año 2013 y ha realizado tareas de distinto tipo allí. En la sede de esta organización fue donde conoció a Paula, que llegó a Córdoba y, al poco tiempo, consiguió un trabajo como interna en una casa donde hacía las labores del hogar para un matrimonio y cuidaba a la mujer, que sufría Alzheimer. Pero, los dos días libres que tenía a la semana, no tenía dónde ir. Contactó con Cruz Roja, llegó a sus instalaciones y se hizo voluntaria. Empleaba su tiempo libre haciendo voluntariado, con labores administrativas. “Venir aquí era una forma de despejarme, de no extrañar tanto mi país, de sentirme útil también. Yo me iba contenta”, explica Paula.

“Pero llegaba el verano y, por las tardes, cerraba la sede de Cruz Roja”, recuerda Conchi. “Y ella no tenía a dónde ir, con ese calor”, dice sabiendo bien lo que son las tardes del verano cordobés, imposibles para estar en la calle. En esas tardes, Paula cogía un bus y hacía recorridos completos por la ciudad, resguardándose así del calor, o bien pasaba tiempo en centros comerciales.

Compañeras de piso

Y a Conchi se le ocurrió hacerle un ofrecimiento. “Todo el mundo me hablaba muy bien de ella. Además, ya habíamos coincidido en alguna actividad como senderismo y habíamos compartido ese tiempo. Y yo un día le dije: Paula, ¿por qué no te vienes a casa por las tardes? Aquí vas a estar más fresquita y si quieres llegar a comer, un plato de comida siempre va a haber”.

Paula rememora cómo se “iba las tardes para allá”, a casa de Conchi y “poco a poco, nos fuimos compenetrando”. El salto definitivo llegó cuando no pudo continuar su trabajo como interna. Conchi recuerda que, por entonces, veía a Paula “quemada del trabajo de interna, que es muy esclavo, y yo ya le había ofrecido que, si algún día si decidía salirse de ese trabajo, yo tenía una habitación vacía”. Y, desde septiembre de este año, ambas viven juntas. “Somos compañeras de piso”.

“Me encuentro muy acompañada. Yo tengo mis hijos, pero ellos tienen su casa”, dice Conchi sobre la experiencia. “Yo vivo sola y Paula me hace muchísima compañía. Además, es superfácil vivir con ella”, destaca, mientras cuenta que la siente “como a una hija”. “Es una persona muy hogareña y muy familiar”.

Ahora, ambas comparten las tareas de la casa, también gastos y compras. “La experiencia hasta ahora va bien. Cada una tiene sus costumbres; yo preparo algunas comidas de mi país y ella me enseña cosas de aquí”, dice Paula.

A la vez, está buscando un nuevo empleo mientras le sale algún “trabajo suelto” y se forma con distintos cursos. A su formación como administrativa ha unido la de Ofimática y Manipulación de Alimentos; y ahora realiza un curso de Atención al Cliente, para ampliar sus posibilidades de encontrar trabajo.

Y mientras tanto, Conchi y Paula comparten techo, compañía y vida, además de proseguir su labor como voluntarias.

Grupos de temporeros inmigrantes llegados a la provincia de Córdoba con el inicio de las campañas de recogida de la aceituna y la naranja están durmiendo en la calle ante la falta de un techo. Este hecho se repite en distintos municipios, como en Baena, Rute o Lucena, hasta donde los trabajadores -en su mayoría magrebíes y subsaharianos-, han llegado para las campañas agrícolas.

La situación de estos grupos de temporeros la constatan en cada localidad, entre otros, los equipos de Cruz Roja, que atienden a estas personas durante el día para ofrecerles comida, aseo y atención social. Fuentes de Cruz Roja explican a este periódico cómo sus equipos están atendiendo en sus centros de día a temporeros que duermen en la calle, sobre todo, en Baena y Rute, aunque también en otros puntos de la provincia donde los trabajadores han hecho sus asentamientos asociados a la temporada agrícola.

En Baena, desde el 1 de octubre se ha intervenido con 146 temporeros en esta situación por parte de Cruz Roja, aunque el mayor movimiento ha comenzado en noviembre. “Diariamente, se atienden entre 20 y 30 personas”, confirman las fuentes, que indican que, en este caso, la mayoría son subsaharianos que proceden de países como Mali y Senegal, muchos de ellos solicitantes de asilo.

“Los que tienen permiso de trabajo encuentran trabajo rápidamente; los que están en situación irregular tienen más problemas”, dicen desde Cruz Roja, que también hacen de “mediadores con los empleadores”.

Durmiendo en parques, la estación o una gasolinera abandonada

Tras el trabajo o la búsqueda de este para la campaña agrícola, las noches las pasan al raso. En Baena se encuentran en distintos puntos para dormir, como la estación de autobuses del municipio, parques o hasta una gasolinera abandonada, constatan desde Cruz Roja que, indican cómo estos grupos suelen estar pocos días y se marchan.

Durante el día, los temporeros acuden al centro de Cruz Roja, donde se les proporciona desayuno, almuerzo, merienda, ducha, lavandería y atención psicosocial, además de esa mediación con los empleadores o la orientación necesaria para la búsqueda de trabajo.

En Rute, asimismo, hay menos movimiento por ahora, donde los temporeros “están empezando a llegar”, pero se prevé que aumente su número de cara a diciembre. Ahora mismo, el equipo del centro de día de Cruz Roja atiende a una decena de personas al día. Se trata de un grupo que también duerme en la calle, en este caso magrebíes, fundamentalmente.

En la calle también se encuentra un grupo de temporeros llegados a Lucena. Como el año pasado, pasan la noche al raso a las puertas de un edificio municipal, en las casetas de servicios básicos del recinto ferial de la localidad. En este caso, desde el Ayuntamiento de Lucena confirman a este medio esta situación y que el Consistorio trabaja para ofrecer un techo a los trabajadores.

En busca de una solución en Lucena

Desde el área de Servicios Sociales indican que “se está trabajando para buscar una ubicación definitiva y se barajan varias opciones” -dicen-, si bien apuntan a que esa solución no llegará hasta diciembre. Mientras, pasan las noches en los soportales de dichas casetas municipales, donde la semana pasada sufrieron un incendio de sus enseres, según avanzó Lucena Hoy.

De hecho, desde Cruz Roja, los equipos que trabajan en la atención a los inmigrantes también lo hacen en localidades como Lucena, además de Priego de Córdoba, Puente Genil y Palma del Río, donde intervienen directamente en los asentamientos que crean los temporeros en distintos espacios en la calle.

Ahí, se les proporciona alimentación, agua y otras ayudas de emergencia, para hacer frente a la situación que viven estas personas que vienen a trabajar en las campañas agrícolas en la provincia cordobesa.