Córdoba se situó, en 2025, entre las provincias andaluzas con menor presencia de población extranjera, pero con un papel importantísimo en el mercado laboral cordobés, especialmente en el campo, donde se concentraron buena parte de los contratos registrados: hasta el 74%.

Estas son dos de las interesantes conclusiones que sobresalen del informe Las Personas Extranjeras en el Mercado de Trabajo Andaluz. 2025 publicado recientemente por el Observatorio Argos. Aunque Córdoba no es una de las provincias que destaca por recibir grandes volúmenes de inmigración en términos absolutos, sí se consolida como un territorio de una fortísima especialización laboral y con una capacidad de absorción que reduce el desempleo extranjero a cifras residuales.

Con 30.226 ciudadanos extranjeros empadronados, Córdoba representa apenas el 3,36% del total regional y un 3,91% de su población total. Estas cifras demuestran que, en volumen de empadronamiento, Córdoba se sitúa a la cola de la comunidad, superando únicamente a la provincia de Jaén, que registra 25.569 extranjeros. La distancia es abismal respecto a los grandes polos de atracción de la región como Málaga, que lidera con 341.229 empadronados extranjeros.

Sin embargo, la realidad de los extranjeros que cuentan con residencia legal (con tarjeta o certificado en vigor) muestra un rasgo sumamente positivo para el mercado de trabajo: de los 42.156 residentes legales de la provincia (el 3,74% de Andalucía), un total de 36.306 personas tienen entre 16 y 64 años. Esto significa que más del 84% de este colectivo se encuentra en edad potencialmente activa. El informe Argos destaca precisamente a Córdoba, junto a Huelva y Sevilla, como una de las tres únicas provincias andaluzas que logran superar esta altísima tasa de potencialidad laboral. Dentro de este colectivo residente, la comunidad rumana destaca como la principal nacionalidad en suelo cordobés.

El campo: el motor indiscutible de la contratación

Esta juventud de la población extranjera responde directamente al dinamismo de la contratación agrícola cordobesa. Durante 2025 se firmaron en Córdoba 50.950 contratos a personas extranjeras (el 7,92% del total andaluz). Este dato representa un crecimiento interanual del 25,35%, un ritmo que duplica ampliamente la media de crecimiento de Andalucía, situada en el 10,24%.

El gran responsable de este incremento es el sector primario. De los 50.950 contratos formalizados, la imponente cifra de 37.708 se concentró en la agricultura, lo que significa que aproximadamente tres de cada cuatro contratos (el 74%) firmados por extranjeros en Córdoba tuvieron como destino el campo. El resto de sectores económicos tuvo un papel secundario en comparación: servicios acumuló 9.825 firmas, construcción sumó 1.791 e industria registró 1.626.

Si descendemos al nivel de las ocupaciones, la figura del peón agrícola (exceptuando huertas, invernaderos, viveros y jardines) es el pilar absoluto del mercado laboral extranjero, con 31.469 contratos. Esta única ocupación representa por sí sola casi dos tercios del total de la contratación de la provincia.

Este perfil agrario diferencia drásticamente a Córdoba del conjunto de la comunidad andaluza, donde el sector servicios es, por regla general, el mayor empleador extranjero (el 66,14% de los contratos a nivel autonómico son en servicios y solo el 18,84% en agricultura). Córdoba se alinea más con el modelo de Huelva, que también experimenta una altísima especialización agrícola al registrar 93.128 contratos en el campo, mientras se distancia de provincias costeras como Málaga (90.118 contratos en servicios) o Cádiz (19.403 en servicios), volcadas en el sector terciario.

Bajo desempleo y un peso moderado en la afiliación

La enorme actividad de las campañas agrícolas estacionales explica que los contratos firmados superen significativamente el número medio de personas empleadas en un momento concreto. Córdoba cuenta con una afiliación media de 13.372 extranjeros a la Seguridad Social, lo que representa un 3,61% del total andaluz y el 4,32% de la afiliación provincial. Del total de cotizantes extranjeros, 3.760 se encuadran en el Sistema Especial Agrario (que creció un 22% durante el año), mientras que 6.926 pertenecen al Régimen General, 919 al de Empleados de Hogar y 1.766 cotizan como autónomos. Junto con Jaén (3,28% del total regional), Córdoba es la provincia andaluza con menor peso absoluto de afiliados extranjeros.

No obstante, esta moderada presencia de trabajadores estables contrasta con unos excelentes datos de ocupación, ya que el paro registrado entre la población extranjera es prácticamente marginal. Al cierre de diciembre de 2025, la provincia cordobesa registró tan solo 2.185 extranjeros parados. Esta cifra representa un mínimo histórico en la región, situando a Córdoba como la segunda provincia con menos desempleo extranjero de Andalucía, solo por detrás de Jaén (1.386 parados) y prácticamente igualada con Huelva (2.150 parados).

Esta situación es radicalmente distinta a la de otras provincias con mercados laborales más saturados, como Málaga, que encabeza el paro extranjero con 14.861 desempleados, Almería con 8.251, o Sevilla con 7.083. Además, estos 2.185 parados extranjeros representan apenas el 4,45% del paro registrado en toda la provincia de Córdoba, lo que evidencia que el desempleo de este colectivo apenas ejerce presión sobre el mercado laboral cordobés.

En definitiva, la población extranjera en Córdoba, que viene a la provincia eminentemente para trabajar, se ha convertido en un motor estratégico e indispensable para garantizar el sostenimiento de las campañas agrícolas de la provincia.

La dirección del PSOE de Córdoba ha denunciado este domingo el “bulo” extendido en redes sociales que pretende hacer creer que los socialistas cordobeses respaldan las manifestaciones “partidistas” convocadas para el próxiimo miércoles en la capital en relación con la situación de Ceuta y ha reclamado “responsabilidad, serenidad y sentido de Estado” ante una situación que exige precisamente lo contrario de la confrontación política.

“Sí a Ceuta, sí a España”, ha subrayado la dirección provincial socialista, que defiende una España “líder, un país de acogida y una España de respeto y diversidad” frente a los partidos de derecha en España, PP y Vox, a los que ha acusado de “utilizar Ceuta como combustible para la crispación”.

“Ceuta es España y el PSOE de Córdoba estará siempre con Ceuta, con sus ciudadanos y con quienes trabajan para recuperar cuanto antes la normalidad. Lo que no vamos a hacer es participar en el juego de quienes pretenden convertir una situación delicada en una batalla partidista o en un pretexto para extender discursos de odio”, ha señalado la dirección provincial. “En estos momentos necesitamos instituciones responsables, fuerzas políticas que estén a la altura y mensajes que contribuyan a tranquilizar a la ciudadanía, no a incendiar las calles. La política no puede consistir en echar gasolina a una situación de emergencia”, han añadido.

La dirección del PSOE de Córdoba ha pedido a su militancia y a la ciudadanía que no den crédito ni contribuyan a difundir mensajes falsos sobre la posición del Partido Socialista: “Que nadie confunda la defensa de Ceuta con el respaldo a una determinada convocatoria partidista. Defender Ceuta es defender a sus ciudadanos, la convivencia, la seguridad, la unidad de España y los valores democráticos. Eso sí lo vamos a hacer siempre”, han recalcado.

Asimismo, la dirección socialista cordobesa ha cargado contra las “decisiones unilaterales” decretadas por los presidentes de la FEMP y de la FAMP, María José García Pelayo y José María Bellido, respectivamente, a quienes ha acusado de instrumentalizar la voluntad de dichos organismos con el argumentario del PP: “Han impuesto decisiones y anunciado acciones de forma unilateral sin haberlas sometido a los órganos de gobierno de dichas instituciones, por lo que queda claro que el PP está usando una crisis humanitaria para generar tensión y extraer rédito electoral”.

Los socialistas cordobeses han realizado un llamamiento firme a la calma y a la no violencia, recordando que las manifestaciones están amparadas por la Constitución, pero que ningún derecho puede utilizarse como cobertura para brotes de xenofobia, violencia o ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servidores públicos.

Para la dirección del PSOE de Córdoba, “lo ocurrido no representa a la sociedad ceutí”, una ciudadanía acostumbrada a la convivencia, al respeto y a vivir en paz. “Ceuta es precisamente lo contrario de la xenofobia, la exclusión y el señalamiento del diferente. Frente a los discursos de odio y crispación, la solidaridad, la sensibilidad y la colaboración de los ceutíes representan los mejores valores de nuestro país”, han defendido.

En este sentido, el PSOE de Córdoba considera que la prioridad absoluta debe ser recuperar la normalidad y garantizar la seguridad ciudadana, no alimentar una espiral de enfrentamiento, por lo que ha reclamado al Partido Popular que condene sin ambigüedades cualquier episodio de violencia: “Cuando está en juego la convivencia y la seguridad de los ciudadanos no caben cálculos partidistas”.

El PSOE de Córdoba ha puesto además en valor que el Gobierno de España viene trabajando “sin descanso desde el primer minuto” y que ha mantenido una presencia constante en Ceuta, junto con una comunicación permanente con las administraciones implicadas, con el objetivo de garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad.

En este sentido, la dirección socialista cordobesa recuerda que la entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en España y que, por ello, el Gobierno seguirá aplicando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en nuestro país, al mismo tiempo que garantizará el derecho a la protección internacional de aquellas personas que la soliciten y acrediten los requisitos establecidos legalmente.

“España debe ser un país firme en la defensa de sus fronteras y, al mismo tiempo, un país que cumple sus leyes, sus obligaciones internacionales y protege los derechos de quienes tienen derecho a solicitar protección. Una cosa no está reñida con la otra”, ha defendido la dirección socialista.

El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00, al acto simultáneo que tendrá lugar en toda España convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y a los ceutíes. El acto, organizado casi un mes después de la llegada masiva de migrantes, tendrá lugar frente a la sede del Ayuntamiento, en la calle Capitulares.

La iniciativa pretende convertir las puertas del consistorio en un punto de encuentro para expresar el apoyo público y la solidaridad institucional hacia Ceuta y sus ciudadanos tras la profunda crisis migratoria desencadenada en la última semana de julio. De igual forma, este llamamiento colectivo se alza como una reivindicación de la unidad de todos los municipios españoles con las problemáticas que, pese a concentrarse en un punto concreto de la geografía nacional, afectan al conjunto del país.

El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a la participación de representantes institucionales, de la sociedad civil y de los colectivos y entidades sociales, al tiempo que recuerda que se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. El alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha confirmado que asistirá a la convocatoria.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta que ha contado con la colaboración de EUROPOL y la participación de Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia, han logrado desarticular una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo presuntamente dedicada al tráfico marítimo de seres humanos.

El entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladaban migrantes hasta las costas de nuestro país. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. El entramado actuaba con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades para proteger las embarcaciones y sus cargamentos. En la fase final de la operación, en la que han participado más de 180 agentes, se ha procedido a la detención de un total de 78 personas en España (77) y Argelia (1).

La investigación policial, iniciada en el año 2023, ha permitido identificar una organización criminal trasnacional plenamente consolidada desde hace años en el Mediterráneo, especializada principalmente en el favorecimiento de la inmigración irregular en la costa mediterránea. Es considerada la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, caracterizada por una extraordinaria capacidad operativa, una estructura altamente profesionalizada y una extensa red de ramificaciones nacionales e internacionales.

El entramado criminal operaba mediante subestructuras perfectamente organizadas y jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

La estructura estaba dirigida por un líder absoluto encargado de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de toda la actividad criminal. Este máximo responsable aportaba importantes recursos económicos, suministraba armamento y sustancias estupefacientes y dirigía la distribución de dichas mercancías ilícitas hacia diversos países del norte de África donde el consumo de estupefacientes de origen sintético como el MDMA tiene alta demanda social.

La organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles funcionales diferenciados. Un primer nivel asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones; un segundo nivel estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos; mientras que un tercer nivel integraba colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.

Infraestructura y capacidad operativa

La organización disponía de una infraestructura criminal compleja, altamente especializada y dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados destacan embarcaciones de alta velocidad de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas, llegando incluso a aleccionar a sus pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización había diversificado sus actividades ilícitas mediante un sistema de doble flujo. Por un lado, realizaban el traslado de sustancias de síntesis como el MDMA hacia Argelia. Posteriormente, aprovechaban el retorno de las embarcaciones para transportar migración irregular hacia las costas de Almería, Cartagena, Murcia, Alicante e Ibiza.

Esta operativa les permitía obtener importantes beneficios económicos, llegando a cobrar 12.000 euros por cada persona trasladada en operaciones que en algunos casos implicaban hasta 50 inmigrantes por trayecto. A ello se sumaban los beneficios adicionales derivados de la introducción de drogas en distintos países africanos, así como el negocio del “petaqueo” o abastecimiento de combustible de estas embarcaciones rápidas.

Tráfico de personas

Las travesías marítimas en embarcaciones rápidas eran extremadamente peligrosas para los migrantes que iban a bordo. Viajaban hacinados, a gran velocidad, con fuerte oleaje, sin iluminación, con sistemas de navegación tecnológicamente avanzados y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas. En ocasiones, los ocupantes eran incluso atados para evitar que cayesen al agua durante la travesía.

Este tipo de trayectos no solo implicaba el cruce marítimo, sino también un recorrido previo muy largo a través de diferentes países del continente africano hasta alcanzar la costa de salida en Argelia. Una vez llegaban a la zona costera de embarque, muchos de estos migrantes eran alojados en infraviviendas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, que funcionaban como puntos de espera antes de iniciar las travesías marítimas.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes han detectado un extraordinario nivel de violencia ejercido por la organización contra sus propios integrantes y contra los migrantes sometidos a su control, así como contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización mantenía un férreo sistema interno de control basado en la intimidación, amenazas, coacciones y violencia física extrema. Este sistema disciplinario afectaba tanto a miembros de la organización como a los migrantes transportados, existiendo constantes referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, llegando a mantener contactos con la “mocro maffia” o la “milieu marsellés” desde dónde se impartían directrices de control.

Durante el desarrollo de la operación se han llevado a cabo 17 registros en inmuebles de Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que se ha intervenido 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gr de cocaína, 40 gr metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales, dispositivos de geolocalización y material altamente especializado. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de bienes vinculados a la organización, incluyendo cuentas corrientes, viviendas y vehículos pertenecientes a varios de sus principales dirigentes.

La investigación ha concluido con la detención de 78 personas en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), A Coruña (1), Sevilla (1), Lugo (1) y Argelia (1). Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas conexas.

La investigación Impacto de la Mujer Trabajadora Migrante en la Economía Andaluza, impulsada por la Asociación Mujer y Poder en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), continúa sumando apoyos con el objetivo de analizar y visibilizar el papel de las mujeres migrantes en el desarrollo económico y social del territorio.

Este estudio nace con un propósito claro: poner datos sobre una realidad estructural que sostiene sectores clave de la economía y que, sin embargo, sigue insuficientemente reflejada en los indicadores oficiales y en el relato público, explican sus responsables, que añaden que, en este proceso, la investigación ha ido sumando el respaldo de empresas, instituciones y organizaciones que no solo creen en la iniciativa, sino que además cuentan en sus plantillas con mujeres migrantes que forman parte activa de su actividad económica diaria.

En el ámbito logístico, destaca la incorporación de Amazon, que se ha sumado al estudio a través de su red de centros en Andalucía, con presencia en Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz, aportando una dimensión territorial clave para entender el alcance real del mercado laboral. A ello se suma el sector industrial, representado por SP Group, cuya participación incorpora la mirada de la industria y la producción, ámbitos donde también la mano de obra femenina migrante desempeña un papel cada vez más relevante y necesario.

Por su parte, sectores como la hostelería y el turismo, donde la presencia de mujeres migrantes es especialmente significativa, están representados a través de entidades como Hostecor (patronal de la hostelería en Córdoba) y la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), cuya implicación permite visibilizar la realidad de miles de trabajadoras que sostienen una parte esencial de la economía andaluza.

Asimismo, en un ámbito tan estratégico como el de los cuidados, el estudio cuenta con la participación de Monsecor S.L., con sede en Montilla, reflejando el peso determinante que tienen las mujeres migrantes en este sector, fundamental para el sostenimiento social y familiar.

A este ecosistema se suman también entidades del ámbito social y del desarrollo territorial como Fundación EMET, Córdoba Acoge y el Centro de Desarrollo Territorial de Lucena de la Universidad de Córdoba, así como consulados y asociaciones de mujeres de distintos puntos de Andalucía, que están contribuyendo activamente a la difusión y fortalecimiento del estudio.

La implicación de todos estos actores permite abordar la investigación desde una mirada transversal, conectando los ámbitos económico, social e institucional, y reforzando su capacidad de generar conocimiento útil para la toma de decisiones. El estudio está dirigido por las doctoras Rocío Muñoz Benito, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, y Virginia Navajas Romero, profesora doctora y vicedecana de Proyección de la Facultad de Ciencias del Trabajo, lo que garantiza el rigor académico del proyecto.

Actualmente, la investigación se encuentra en fase de recogida de datos, con la participación de más de 350 mujeres migrantes trabajadoras en Andalucía, y continúa creciendo con el objetivo de alcanzar una muestra representativa que permita ofrecer resultados sólidos y con capacidad de incidencia.

Desde la Asociación Mujer y Poder subrayan que esta iniciativa no se limita a generar datos, sino que busca transformar la manera en que se entiende y se reconoce la aportación de las mujeres migrantes en la economía. “Solo demostrando nuestra aportación con datos podremos incidir de manera real en las políticas públicas dentro de nuestra comunidad autónoma. Este estudio es un paso necesario para que esa realidad deje de ser invisible y pase a formar parte del debate y de la toma de decisiones”, afirma María Piña, presidenta de la Asociación Mujer y Poder e impulsora del proyecto.

En este contexto, la organización hace un llamamiento a seguir ampliando la red de colaboración e invita a empresas y entidades que cuenten en sus plantillas con mujeres migrantes a sumarse a esta iniciativa, contribuyendo a visibilizar una realidad clave para el desarrollo económico y social de Andalucía.

Para más información o para colaborar con la iniciativa: www.mujerypoder.es

La provincia de Córdoba tiene por delante uno de los retos demográficos más duros de España en los próximos 15 años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos de proyección de población en España entre 2026-2041, y situan a la provincia como la segunda de Andalucía, después de Jaén, que más va a sufrir los efectos de la despoblación si se mantiene el ritmo actual.

Mientras que las proyecciones estadísticas apuntan a que España ganará más de cuatro millones de habitantes hasta 2041, la provincia de Córdoba se encamina hacia un escenario demográfico diametralmente opuesto. La consolidación de la llamada “España a dos velocidades” situará a la provincia andaluza en el epicentro del declive poblacional del sur peninsular, con una sangría continuada de habitantes que ni siquiera el repunte de la inmigración logrará revertir.

Los datos a 15 años vistos dibujan una curva descendente e ininterrumpida para Córdoba. La previsión estima que la provincia pasará de los 773.022 empadronados proyectados para 2026 a 739.794 en el año 2041. Esta pérdida neta de más de 33.000 residentes se traduce en una contracción del 4,26% de su tejido demográfico.

Este retroceso general oculta, además, una profunda transformación en la estructura social de la provincia, marcada por el envejecimiento y la falta de relevo generacional. El segmento de la población nacida en España sufrirá un desplome severo, pasando de 727.682 a 670.067 personas en apenas tres lustros. Esto supone la pérdida directa de más de 57.600 habitantes autóctonos.

La población extranjera, un amortiguador insuficiente

En contraste con la caída local, la demografía cordobesa encontrará su único motor de crecimiento en los ciudadanos nacidos en el extranjero. Este grupo experimentará un salto exponencial superior al 53%, al evolucionar de las 45.340 personas en 2026 hasta rozar los 70.000 habitantes (69.727) al término del periodo analizado.

La incorporación de más de 24.000 nuevos residentes de origen foráneo actuará como un factor de contención fundamental, pero resultará matemáticamente insuficiente para compensar la pronunciada curva descendente de la población de origen nacional.

La fractura territorial: el interior frente a la costa y las metrópolis

El análisis geográfico de estas proyecciones confirma que el declive de Córdoba no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una fractura territorial sistémica a nivel regional y estatal. Dentro de Andalucía, Córdoba se consolida como la segunda provincia más castigada por la despoblación, solo superada por el crítico -7,10% de su vecina Jaén. Ambas provincias de interior configuran una zona de sombra que contrasta con el crecimiento moderado de Sevilla (+1,41%) o Huelva (+3,49%), el alza de Granada (+5,03%) y el fuerte dinamismo de las áreas litorales como Málaga o Almería.

A nivel nacional, la radiografía es idéntica. Córdoba comparte el patrón de vaciamiento con gran parte de la franja occidental peninsular, alineándose con las caídas de territorios como Badajoz (-4,50%), Cáceres (-3,67%) o Zamora (-7,71%). Este bloque en recesión subraya la creciente polarización del país frente a los grandes polos de atracción demográfica, fuertemente centralizados en el explosivo crecimiento de la Comunidad de Madrid (+18,64%) y en el arco mediterráneo, liderado por provincias como Alicante (+16,90%) o Valencia (+14,87%).

Honduras y Venezuela son los países de procedencia de los mayores grupos de personas migrantes que obtuvieron la nacionalidad española durante el año pasado en la provincia de Córdoba. Con 172 personas de Honduras y otras 172 personas de Venezuela, ambos países de procedencia fueron los que más migrantes sumaron a la obtención de la nacionalidad en Córdoba, mientras que en tercer lugar se sitúa Marruecos, con 147.

Así lo ponen de manifiesto los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes, publicados recientemente y consultados por Cordópolis, donde se señala que, a lo largo de 2025, fueron un total de 1.219 las personas migrantes que obtuvieron el pasaporte español. La gran mayoría de ellas lo consiguieron por su residencia en la provincia de Córdoba -1.033-, mientras que por otros motivos no detallados fueron 186.

La estadística muestra las zonas del mundo y los países de la primera nacionalidad de estos migrantes que ya son también españoles. Por zonas, 481 procedían de Sudamérica, otros 377 de Centroamérica y el Caribe, y 184 venían desde África, mientras que 57 lo hicieron desde Asia. Se contabilizan 52 migrantes nacionalizados de países de los 27 de la Unión Europea (UE), mientras que hay otros 39 de países de Europa no pertenecientes a la UE.

Mayoría de mediana edad y menores

Entre los países que más migrantes sumaron a la adquisición de la nacionalidad española por su residencia en Córdoba, tras los citados Honduras, Venezuela y Marruecos, siguen 61 migrantes de Paraguay, otras 95 personas de Nicaragua, 49 más de Cuba, 32 de Rumanía, 24 de México y una cifra similar de Perú, además de 17 personas de Ucrania, entre los grupos mayoritarios. La estadística recoge también que se nacionalizó a un apátrida al que no constaba nacionalidad anterior.

Por edad, del total de 1.219 migrantes nacionalizados españoles el año pasado, superan el centenar los grupos de mediana edad, con 151 de entre 30 y 34 años, 130 de 40 a 44 años y otros tantos de 45 a 49 años, y se quedan en 93 los que tenían entre 25 y 29 años. Asimismo, también son numerosos los grupos de edad de los menores, con 91 de 10 a 14 años, 86 niños de 5 a 9 años y una cifra similar de entre 0 y 4 años, mientras que se nacionalizaron 82 de entre 15 a 19 años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, tomados de la última década, señalan que en esos diez años entre 2016 y 2025 en la provincia de Córdoba han adquirido la nacionalidad española un total de 6.357 migrantes residentes.

Un total de 2.343 personas migrantes han solicitado por vía telemática la solicitud de regularización en la provincia de Córdoba en el primer mes desde que se abrió el plazo el pasado 16 de abril, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto del Gobierno, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde el día 20 de ese mes también con atención presencial, en las oficinas habilitadas, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

En la provincia de Córdoba, la Subdelegación estimaba inicialmente que, ya sea por vía telemática o en atención presencial, se podrían adherir a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

En plena campaña electoral de los comicios a la Junta de Andalucía del próximo 17 de mayo, y ante el aumento de discursos racistas que cuestionan la acogida de personas migrantes, Cruz Roja Córdoba ha alzado la voz para recordar los valores fundamentales que rigen su labor desde hace casi dos siglos.

El director provincial de la organización en la provincia, Germán Ayala, junto al respaldo de la presidenta -Cándida Delia Ruiz-, ha subrayado este miércoles que, aunque la institución mantiene su firme compromiso de no intervenir en cuestiones políticas, existe un límite ético innegociable: “El principio de humanidad está por encima de todo”. Los discursos racistas encuentran su máximo altavoz en Vox, aunque se han acrecentado después del término de prioridad nacional que acuñaron la formación de Santiago Abascal y el PP en los pactos de gobierno de Extremadura y Aragón; un término que está enarbolando únicamente Vox en la presenta campaña andaluza.

Estas declaraciones se han producido durante la presentación de la memoria de actividades de Cruz Roja en Córdoba, donde, durante 2025, la entidad ha atendido a más de 2.400 personas migrantes y solicitantes de asilo. Sobre el calado de los mensajes racistas en la sociedad, Ayala ha sido tajante al definir la identidad de quienes reciben ayuda de la organización. Según el director, en Cruz Roja existen personas “sin apellido” a las que se asiste sin que importen “su edad, nacionalidad, sexo, religión o país de nacimiento”, centrando el foco en la protección de la vida y la dignidad.

Si bien la organización “actúa como auxiliar de los poderes públicos”, tal y como ha apuntado Cándida, la presidenta de la entidad ha insistido en que su mensaje termina donde comienza la política partidista. No obstante, la defensa y promoción de los derechos humanos, tarea que la institución desempeña desde hace casi 200 años, obliga a posicionar la protección y la humanidad como ejes centrales, independientemente del clima electoral.

Yerling Valencia, uno de los migrantes ayudados por Cruz Roja Córdoba

Tras la presentación de la memoria de actividades del pasado año, la entidad ha proyectado un vídeo sobre Yerling Valencia, un joven migrante que, tras llegar a Córdoba, acudió a Cruz Roja en busca de ayuda por un futuro mejor. Su camino comenzó el 7 de agosto de 2024, cuando llegó a la ciudad, motivado por el hecho de que su pareja ya residía en la capital cordobesa.

Yerling conoció la labor de Cruz Roja a través de sus familiares, quienes le informaron sobre la existencia de una entidad que ayudaba a las personas a formarse y capacitarse para acceder a mejores empleos. Tras acercarse a la organización, inició su proceso con un curso de ayuda a domicilio, lo que le abrió las puertas a nuevas oportunidades formativas. Finalmente, se especializó a través de un curso de viveros de olivos, una formación que ha sido determinante para su presente profesional.

Gracias a este itinerario, Yerling ha logrado la estabilidad que buscaba y actualmente trabaja en un vivero de olivos, dejando atrás su situación de desempleo.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que el Ayuntamiento mantiene sin atender “más de 2.000 solicitudes” vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes en Córdoba, señalando directamente a la Delegación de Servicios Sociales por “no estar haciendo absolutamente nada” para dar respuesta a esta situación.

Desde la coalición de izquierdas se ha alertado de que estas solicitudes, registradas a través del sistema de cita previa, siguen “sin respuesta, sin derivación y sin atención”, lo que consideran “un abandono flagrante” de un colectivo especialmente vulnerable. En este sentido, han criticado que el equipo de gobierno del Partido Popular “vuelve a dejar fuera a quienes más necesitan de la administración pública”, actuando bajo criterios políticos en lugar de técnicos.

Hacemos Córdoba ha advertido de que esta situación supone “un atentado a la función pública”, al entender que se está produciendo una “discriminación” en la atención desde los Servicios Sociales hacia las personas migrantes que necesitan resolver su situación administrativa en el marco del proceso impulsado por el Gobierno central.

Asimismo, han recordado que “ya se había avisado de la carga de trabajo que implicaría este proceso extraordinario de regularización” y han reprochado al Ayuntamiento “no haber articulado mecanismos para dar respuesta a esta demanda”. En este sentido, han exigido a Bellido y a la delegación de Servicios Sociales que pongan en marcha medidas urgentes que permitan atender a estas personas y tramitar, entre otras cuestiones, los certificados de vulnerabilidad necesarios.

La coalición también ha querido reconocer el trabajo de las entidades sociales de la ciudad, destacando su “implicación desde el primer momento para acompañar a las personas afectadas y facilitar su acceso a derechos, en contraste con la actitud del equipo de gobierno del PP”.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha insistido en que esta situación es “temporal, limitada a los meses que dura el proceso de regularización, por lo que consideran aún más injustificable la falta de respuesta municipal”. Por ello, han reiterado la necesidad de activar recursos y garantizar una atención “digna” a todas las personas, “sin discriminación y poniendo a la ciudadanía en el centro de la política pública”.

Alrededor de un millar de personas migrantes han solicitado ya en la provincia de Córdoba su regularización, dentro del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de España hasta el 30 de junio.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha ofrecido esta cifra al hacer un balance de cómo está desarrollándose este proceso en la provincia de Córdoba, donde la estimación inicial es que puedan adherirse a esta regularización entre 4.500 y 5.000 personas migrantes.

López ha explicado que la solicitud de regularización se está realizando tanto por vía telemática como presencialmente y ha apuntado que no se están cubriendo todas las citas cada día. Asimismo, ha explicado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno han alcanzado un acuerdo para colaborar en el proceso de documentación que realizan los ayuntamientos para expedir el certificado de vulnerabilidad que necesitan en determinados casos las personas migrantes para solicitar su regularización.

En ese sentido, López ha apostado por “agilizar” el trabajo que desarrollan las administraciones en este proceso extraordinario y ha señalado que, si bien, “los primeros días fue más lento”, ya se viene desarrollando con normalidad y sin problemas.

“En su mayoría se trata de gente que llevan años aquí, están totalmente integrados, con trabajo y ganas de seguir trabajando y con ilusión”, ha dicho la subdelegada sobre muchas de las familias que en estos días han solicitado ya su regularización en nuestra provincia.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido este martes de “un poco de complicación” en la tramitación de la regularización de inmigrantes con unas 420 solicitudes en un par de días, cuando en todo el año 2025 se registraron 340, después de que “el Ministerio ha hecho un decreto ley y es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde va al final a recaer este trabajo”.

En rueda de prensa para informar sobre el Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, la concejal ha asegurado que “el problema es que esta ley ha venido a traer más incertidumbre, tanto a los propios usuarios, que están en muchos casos muy nerviosos, porque se les ha dado dos meses solamente para hacer esta regularización y no saben muy bien dónde acudir, si a los ayuntamientos o a las entidades sociales”.

Mientras que “dentro del propio Ayuntamiento, se está dando una media de 300 citas diarias, un número importante de atenciones, que es además rápido”, y aunque “se forman colas”, las citas son “atendidas rápidamente y no hay ningún problema”, ha aseverado.

Según ha detallado, “en los Servicios Sociales se hacen las peticiones para saber cómo tienen que solicitar el informe de vulnerabilidad”, si bien “el problema es que en los últimos días ha habido un cambio en el propio reglamento que han mandado”, dado que “primeramente se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se habla de un certificado de personas vulnerables, que parece que es lo mismo, pero no, porque cambia quiénes firman ese certificado”.

“Para el informe de personas vulnerables, que es lo que habitualmente se da en los Servicios Sociales cuando cualquier usuario de Servicios Sociales viene a solicitarlo, hay una historia social de esa persona, la trabajadora social evalúa y da ese informe”, ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que “en este momento hay dos situaciones”, de manera que “una es que llegan personas de las que no hay constancia en los Servicios Sociales, con lo cual ya la trabajadora social tiene que hacer un informe sobre una situación que no conoce, y además, al ser un certificado, no es que lo tiene que firmar la trabajadora social, sino un secretario del Ayuntamiento”.

Por tanto, ha remarcado que “ahora mismo hay mucho descontrol, no solamente a nivel nacional”, al tiempo que ha comentado que este lunes en las jornadas de Servicios Sociales que se realizaron en Córdoba a nivel de toda Andalucía era “un clamor de todos los trabajadores sociales de pueblos pequeños, de ciudades más grandes, de diputaciones”, que “no saben muy bien cómo actuar ante una situación de una persona que viene a pedir un certificado y que no conoces”.

En su opinión, “por lo pronto el Ministerio ha sacado un proyecto muy bonito en sus papeles, pero está trayendo mucha incertidumbre tanto a los ayuntamientos y las diputaciones, como, sobre todo, a los usuarios”, de manera que cree que “trae mucha desazón, porque son personas que están en una situaci que se les está dando unas perspectivas que luego no sabes cómo tienes que realizar”.

Al respecto, ha abundado en que son personas que “no hay ninguna empadronada”, sino que “están de forma irregular”, al tiempo que ha augurado que las peticiones “se van a seguir multiplicando”, y teniendo en cuenta que “no se sabe si son personas que están ya arraigadas en Córdoba o que están llegando de otros sitios”.

Además, la edil ha indicado que se van a reunir con las entidades sociales para “ceder, si necesitan incluso espacios, para trabajar”, pero “es una ley muy improvisada”, ha remarcado, subrayando que “hablamos de personas, muchas de ellas en situaciones muy extremas”.

Así, ha defendido “hacerlo bien y pensar en las personas, pero también en los ayuntamientos, que es donde va a recaer esta carga de trabajo para también, como se hace con otro tipo de proyectos y programas, reforzar los ayuntamientos o las entidades con las que se va a trabajar”, advirtiendo de “la avalancha” que ha llegado “de pronto”.

Y ha recordado que “cuando se ponen en marcha otro tipo de trabajos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía o a veces incluso con el Ministerio, lo normal es que si se prevé que va a haber un exceso de trabajo o un incremento, se amplíe o refuerce la plantilla con personal especializado en ese ámbito y con dotación económica para esa contratación”. A su juicio, “es también una estrategia política”.

A las nueve de la mañana, antes incluso de que el ritmo habitual de la ciudad despierte del todo, Rubén ya está esperando en la puerta de la oficina de Correos. Ha llegado el primero. Paraguayo, con dos años en España, sostiene junto a su mujer una carpeta gruesa, cargada de documentos que resumen toda una vida atravesada por fronteras.

Él nació en Asunción; ella, en San Lorenzo. Sus dos hijos, sin embargo, vinieron al mundo en Argentina, durante una primera migración que ahora complica su situación administrativa. Son cuatro expedientes en uno, cuatro historias que deben encajar en un sistema que, esta mañana, tampoco parece funcionar con fluidez.

Rubén trabajaba como consultor en Paraguay. Hoy es albañil. Ha pasado por Málaga y Sevilla, pero asegura que no cambiaría Córdoba por nada: “Es tranquila, aquí estamos felices”. La regularización, si llega, será mucho más que un trámite. “Sería un cambio muy importante”, dice. Poder acceder a mejores trabajos, dejar atrás la incertidumbre, echar raíces.

Dentro de la oficina, la escena es un pelín tensa y cotidiana a la vez. Para quien está tras el mostrador y para quien está delante. La mujer de Rubén se muerde las uñas; él la abraza con cariño, tanto a ella como a los niños, que intentan entretenerse como pueden durante una espera que se alarga (y eso que, a primera hora, lo de no ir al colegio parecía un gran plan para ellos).

Todo va con bastante fluidez hasta que, a las 10:40, un fallo en uno de los escáneres de la oficina detiene todo el proceso. Tras una llamada telefónica y algunos intentos, toca volver a empezar de nuevo desde el principio a subir los documentos de los cuatro. En medio del parón, ella sale con los pequeños. Rubén se queda solo, paciente. Media hora después regresan con un mate que él bebe con calma, como si ese gesto mínimo pudiera ordenar el tiempo.

La concentración es máxima. Lo demuestra incluso la directora de la oficina, que ignora una llamada entrante en su teléfono: “No lo voy a coger”. “Es por si quieres ver quién es”, le dice su compañera. “No me interesa”, responde. El volumen de documentación y la presión del primer día no dejan mucho margen para distracciones, sobre todo cuando un pequeño fallo puede demorar los trámites.

Cuatro horas de espera

Andreína es finalmente la primera persona que logra completar el envío ese día en la avenida de Libia. Venezolana, lleva un año en España y ha tenido que pedir entrar más tarde a su trabajo, cerca de la Mezquita. Su proceso -según confiaba ella al principio- es más sencillo debido a que no tiene hijos. Cuenta que recopilar la documentación tampoco ha sido demasiado tedioso. Pero la espera la desgasta.

Pasan las horas. Cuatro en total. En un momento dado tienen que acercarle una silla. Cuando sale finalmente de la oficina de Correos, con el trámite terminado, no quiere fotos. Solo quiere llegar a tiempo a su jornada laboral y se marcha andando con rapidez camino de la avenida de Barcelona.

También de Venezuela son Carlos y su esposa. Llevan cerca de dos años en España. Sin papeles, la vida se reduce a sobrevivir y a aceptar trabajos aquí y allá, que les permitan seguir tirando. “Nos ha sostenido nuestro hijo”, explica él. Fue el primero en llegar, quien logró regularizar su situación y hacerse cargo de la familia. Mientras tanto, ellos han ido encadenando empleos informales: jardinería, pintura, lo que salga.

Carlos era maestro de albañilería en su país. Aquí espera poder volver a ejercer con normalidad. Han preparado la documentación con tiempo; lo más lento fue conseguir y apostillar los antecedentes penales. Un mes de espera desde Venezuela. Ahora, frente a la ventanilla, todo se resume en una oportunidad: “Formalizar nuestra situación es una oportunidad muy grande para poder trabajar con garantías, claro”.

Hablan de Córdoba con cariño. “Nos encanta este ciudad, la verdad. Es tranquila y vivimos muy bien”, repiten, como si esa palabra -tranquilidad- resumiera todo a lo que se puede aspirar en la vida.

Cambiar la seguridad por la incertidumbre

Fuera de la oficina, Jonathan espera con su hija, mientras su otro pequeño y su mujer esperan dentro de la oficina. Su historia rompe algunos tópicos. Jonathan trabajó durante veinte años en un banco en Colombia. Tenía estabilidad, seguro médico privado, una vida construida. Pero también miedo.

“Nos llevó dos años tomar la decisión”, cuenta sobre el viaje transoceánico que hicieron él y su mujer, ambos con estudios en económicas, y sus hijos, ambos en colegios privados. No es la imagen que tienen en la cabeza quienes habitualmente criminalizan a los migrantes. En su caso, su tránsito no respondió a una cuestión laboral. Fue la violencia, la sensación constante de inseguridad. “Mis hijos están aquí más seguros”, afirma rotundo.

Hoy trabaja en un bar como camarero. Su esposa, con formación en administración financiera y especialización en proyectos, cuida personas. Sus títulos, de momento, no tienen validez práctica en España, aunque esperan que los tengan a partir de la presentación de los papeles para la regularización y así puedan seguir creciendo en este país donde, según cuenta, la vida les trata bien.

Jonathan no evita la comparación cuando habla con clientes o conocidos. “Yo escucho muchas cosas en el bar, personas quejándose de la seguridad o de la educación, y a veces pienso que no sería mala idea que algunos españoles pudieran vivir unos meses —o un año— en mi país, para ver si podrían hacer lo mismo que hacen aquí con esa tranquilidad”, dice. “Allí no es así. Allí una situación así, hablar mal de un colectivo por ejemplo en un bar, puede terminar muy mal”.

Y sabe de lo que habla. Hace menos de un año asesinaron a su cuñado en Colombia. Desde entonces, sus hijos no quieren volver allí. Él tampoco y eso que la irregularidad pesa. Limita movimientos, genera incertidumbre. En el pueblo de Palma del Río vive con cierta tranquilidad, pero salir a ciudades más grandes le incomoda. Aun así, a veces cede: “Mis hijos se aburren, me dicen de ir al cine… y al final vamos. Porque pienso: Si la poli me pide los papeles, pues ya veré lo que hago”.

Jonathan no oculta la contradicción: dejó atrás una vida estable, con una pensión casi asegurada -le faltaban cinco años para poder acceder a ella-, por empezar de cero en otro estado, a miles de kilómetros y no precisamente siendo un jovencito. Se vinieron siguiendo a su suegra, que se había asentado en esta localidad de la Vega del Guadalquivir unos años antes que ellos. “Mucha gente me dice: ¿por qué prefirió venir acá?”. Él lo tiene claro cuando mira a sus hijos. Habla de la educación. De cómo se han adaptado. De cómo los colegios públicos han estado pendientes de evitar el acoso, de integrarlos. “En Colombia pagaba un colegio privado, y fue dinero botado”, dice sin rodeos.

Aquí todo es más duro en lo laboral de lo que era en Colombia. Pero hay algo que pesa más: la seguridad, la tranquilidad, la posibilidad de un futuro distinto.

Un sistema a prueba

El primer día del proceso ha sido bastante movido, aunque no caótico. Fallos técnicos, esperas más largas de lo deseado y oficinas con más vida de lo habitual, en las que solo se podía ir a hacer el proceso con cita previa. Pero detrás de cada número, de cada expediente, hay historias como estas cuatro. Carpetas gruesas que no solo contienen papeles, sino decisiones difíciles, renuncias, duelos y expectativas.

Quince días. Ese es el plazo que le han dado a Rubén, Andreína, Carlos y Jonathan para recibir una respuesta. Quince días que pueden cambiarlo todo. Para ellos y para miles de personas que, en silencio, hacen y harán cola los próximos días con la esperanza de que, esta vez, su vida encaje en un sistema y se abran todas las oportunidades que habitan en sus cabezas. Que, a la vista está, no son tan distintas a las de quienes tuvieron la fortuna geográfica de nacer en este país.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba calcula que hasta 5.000 personas podrían beneficiarse en la provincia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo central, una cifra aún provisional que dependerá del desarrollo del procedimiento abierto hasta el próximo 30 de junio.

Así lo ha señalado este lunes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, durante una visita a la oficina de la Seguridad Social habilitada para tramitar presencialmente las solicitudes, donde ha destacado la “normalidad” con la que se ha desarrollado la primera jornada de atención presencial, sin incidencias y con citas aún disponibles.

El proceso, aprobado mediante Real Decreto la pasada semana, quedó abierto por vía telemática el día 16 de abril y desde este lunes incorpora también la atención presencial en la oficina habilitada en Córdoba capital, además de varias oficinas de Correos autorizadas para recoger documentación.

Según los datos facilitados por la Subdelegación, desde la apertura del trámite online se han registrado ya 113 solicitudes telemáticas en la provincia. En la jornada presencial de este lunes estaban previstas 36 citas en la oficina de la Seguridad Social, aunque finalmente acudieron 24 personas.

López Losilla subrayó que la menor afluencia inicial responde, en buena medida, a que muchos potenciales solicitantes aún no disponen de toda la documentación exigida. Entre ella figuran certificados de antecedentes penales del país de origen, de España y de otros países en los que hayan residido en los últimos cinco años, además de otros justificantes según cada caso.

Colas para obtener certificados

La subdelegada reconoció que durante la jornada se habían producido colas en el Ayuntamiento de Córdoba para solicitar certificados necesarios, especialmente los relacionados con situaciones de vulnerabilidad, aunque insistió en que el arranque del proceso se está desarrollando con absoluta normalidad. “Las oficinas están perfectamente atendidas, no está habiendo avalancha de gente y no se está produciendo ningún tipo de incidente destacable”, afirmó.

En este sentido, quiso rebajar las advertencias sobre una posible saturación administrativa y defendió que tanto la Administración General del Estado como las oficinas habilitadas están haciendo “todo lo que está en su mano” para facilitar el procedimiento dentro de sus competencias.

Tres vías para acceder a la regularización

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado, aclaró que no todas las personas solicitantes necesitarán acreditar vulnerabilidad social, ya que el decreto contempla tres vías diferentes de acceso a la regularización.

La primera está vinculada a contar con empleo, haber trabajado o disponer de previsión de contratación. La segunda se refiere a vínculos familiares o hijos en España. Solo quienes queden fuera de estas dos situaciones deberán aportar el certificado de vulnerabilidad.

Casado pidió a los medios de comunicación que trasladen esta información para evitar desplazamientos innecesarios y nuevas colas administrativas, ya que muchas personas podrían tramitar su solicitud mediante contrato laboral o acreditando arraigo familiar.

Un millar de expedientes de arraigo pendientes

Además del procedimiento extraordinario, la responsable de Trabajo e Inmigración explicó que la Oficina de Extranjería tramitará por una vía simplificada todas las solicitudes de arraigo presentadas hasta el pasado 15 de abril, dentro de un plan de choque estatal destinado a reducir retrasos.

En el caso de Córdoba, esta medida podría afectar a unas 1.000 personas adicionales, cuyos expedientes deberán resolverse antes del 15 de junio para que, en caso de denegación, aún tengan margen de acogerse al nuevo proceso extraordinario.

Sumadas ambas bolsas de posibles beneficiarios —las 4.000 personas inicialmente estimadas y ese millar de expedientes pendientes de arraigo— la cifra global podría alcanzar las 5.000 personas, aunque la Subdelegación insistió en que no habrá datos definitivos hasta el cierre del plazo.

Solicitantes “ilusionados”

Durante su visita, López Losilla aseguró haber conversado con varias personas que aguardaban turno para presentar la documentación y destacó el ambiente de esperanza entre los asistentes.

“He visto a gente muy contenta, ilusionada, feliz, algunos nerviosos porque por fin se arregla su situación después de años”, señaló.

La subdelegada defendió además el impacto positivo de la medida tanto desde el punto de vista social como económico, al considerar que permitirá aflorar empleo ya existente y facilitará mano de obra a sectores como la agricultura, la construcción o el transporte, que han trasladado su respaldo a la iniciativa.

La periodista y escritora María Piña, presidenta de la asociación Mujer y Poder, se ha incorporado a Latino-Andaluces Radio como la voz desde Córdoba. De origen dominicano y afincada en Córdoba, su llegada refuerza una trayectoria marcada por la comunicación con propósito, la integración social y la visibilización del talento migrante.

Emitido en Canal Sur Radio, (Radio Andalucía Información) Latino-Andaluz Radio se ha consolidado como un espacio de referencia dentro del panorama mediático andaluz. Más que un programa, es una plataforma de representación que pone en valor a una comunidad diversa y activa, integrada por más de 650.000 personas de origen latinoamericano, que forman parte esencial del desarrollo social, cultural y económico de Andalucía.

Bajo la dirección de la periodista Yaddy González, el espacio reúne a un equipo de profesionales que, desde distintas provincias, aportan una mirada cercana, plural y comprometida con la realidad social. A esta red se suma María Piña desde Córdoba, contribuyendo con una perspectiva centrada en el empoderamiento, la igualdad de oportunidades y la construcción de referentes positivos desde la diversidad.

“Formar parte de Latino-Andaluz Radio es asumir un compromiso con nuestra gente, con nuestras historias y con todo lo que representamos como comunidad. Es comunicar desde la verdad, con respeto y con la fuerza de nuestras raíces”, expresa María Piña.

El programa cuenta con una sólida red territorial integrada por voces referentes del ámbito latinoamericano en Andalucía, que conectan con las realidades locales de cada provincia y contribuyen a una narrativa honesta, necesaria y transformadora. A ello se suman secciones especializadas que abordan ámbitos clave como el bienestar emocional, la economía familiar y la cultura, de la mano de profesionales que aportan conocimiento, cercanía y responsabilidad social.

La incorporación de María Piña fortalece esta estructura coral, sumando su experiencia en medios, su capacidad comunicativa y su reconocida labor en el ámbito social. Su trayectoria se ha caracterizado por la creación de espacios de diálogo, visibilidad y conciencia en torno a la migración, la igualdad y la justicia social.

Trayectoria e impacto social

En este recorrido destaca la organización del Primer Encuentro Andaluz Mujer Migrante y Economía, celebrado el pasado mes de septiembre en la Diputación de Córdoba. Una iniciativa impulsada por María Piña a través de la asociación Mujer y Poder, que reunió a expertas, instituciones y mujeres protagonistas para reflexionar sobre el papel de la mujer migrante en el desarrollo económico de Andalucía.

En el marco de este encuentro nace el estudio Impacto de las Mujeres Migrantes Trabajadoras en la Economía Andaluza, promovido por la asociación Mujer y Poder en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y Fundecor, y desarrollado por las investigadoras Rocío Muñoz y Virginia Navajas. La investigación analiza las condiciones laborales, el emprendimiento y la contribución real de las mujeres migrantes al tejido económico andaluz, aportando datos clave para el diseño de políticas y estrategias más justas e inclusivas.

Con esta incorporación, María Piña amplía su presencia en el ámbito mediático andaluz y reafirma su compromiso con una comunicación ética, consciente y transformadora, que conecta realidades, genera referentes y construye comunidad desde la diversidad.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, advierte del “riesgo de colapso” en los servicios públicos en Córdoba encargados del proceso extraordinario de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central. En este sentido, la central sindical alerta de que este proceso, que podría suponer la tramitación de cientos de miles de solicitudes a nivel nacional, tendrá un impacto directo en organismos claves en Córdoba, como son la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyos empleados ya soportan de por sí una elevada carga de trabajo.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, denuncia que las plantillas actuales de estos servicios en la provincia no están suficientemente dimensionadas para afrontar este incremento extraordinario de expedientes, lo que podría traducirse en retrasos, saturación de los servicios y un serio deterioro de la atención a la ciudadanía. Según la información disponible, el proceso se está desarrollando desde el 1 de abril y concluirá el 30 de junio, con una primera fase de recogida de solicitudes y una segunda destinada a la tramitación. El representante sindical indica que en Córdoba gran parte de la carga administrativa recaerá en la atención presencial, así como en la gestión documental inicial.

CSIF lamenta la falta de concreción por parte del Gobierno sobre el refuerzo de personal en la provincia para este fin, lo que genera una gran preocupación en la central sindical por la posible externalización de estos servicios, cuando hay que recordar que se trata de gestión de datos especialmente sensibles que deben contar con una supervisión directa de personal funcionario. Muñoz también pone de manifiesto la incertidumbre existente entre los trabajadores de las oficinas de Extranjería en Córdoba, ya que podrían quedar al margen de la recepción inicial de las solicitudes, pese a que, posteriormente, serán los responsables de la renovación de los permisos derivados de este proceso.

Ante esta situación, CSIF reclama el refuerzo inmediato de las plantillas de todos los organismos afectados por este proceso de regularización, la no externalización de los servicios públicos vinculados a este procedimiento extraordinario, la adoptación de medidas organizativas urgentes para evitar el colapso administrativo previsto y la compensación económica del esfuerzo adicional que deberán asumir estos empleados públicos.

El máximo responsable del Sector de AGE a nivel provincial concluye que “insistimos en la necesidad de anticiparse a los efectos de esta regularización extraordinaria, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar tanto el correcto funcionamiento de la Administración, como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa”.

Los datos en la provincia de Córdoba desmienten el marco alarmista que PP y Vox intentan imponer sobre la inmigración, ha asegurado hoy el diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso, Alberto Mayoral, en un encuentro celebrado en la agrupación socialista del Distrito Sur de la que es secretario general: “Mientras la derecha habla de descontrol y amenaza, las cifras muestran una presencia migrante reducida, regularizada y plenamente integrada en la vida de la provincial, por lo que el contraste entre la realidad y el relato de la derecha es evidente: la convivencia existe; el miedo, lo fabrican ellos”. 

En Córdoba residen 41.801 personas extranjeras, apenas el 5,4% de la población, y la inmensa mayoría con documentación en regla: 27.644 bajo régimen comunitario y 13.469 con permiso de residencia y trabajo. Son datos que desmienten por completo la idea de “oleadas” o “invasiones” que PP y Vox intentan instalar. Todo ello, en un país que registra la criminalidad más baja de su serie histórica, lo que desmonta la asociación entre inmigración y delincuencia con la que la derecha intenta generar alarma. 

Tras reunirse con la asociación CODJAM conformada por migrantes afrodescendientes, Mayoral ha señalado que PP y Vox han decidido convertir la inmigración en un instrumento de confrontación política: “No buscan soluciones ni integración. Buscan sembrar miedo. Pero los datos en Córdoba son claros: no hay descontrol, no hay inseguridad, no hay nada parecido a lo que ellos cuentan”. 

Mayoral ha insistido en que la derecha está actuando de manera irresponsable al distorsionar la realidad de la provincia: “Estamos hablando de cifras moderadas, de personas regularizadas y de barrios donde la convivencia es cotidiana. Lo que crea tensión no es la inmigración: es el uso político que PP y Vox hacen de ella para no hablar de sus propias carencias”. 

En el encuentro ha intervenido Tebe Diallo, presidente de CODJAM, quien ha subrayado la importancia de fortalecer la conciencia social y política entre la juventud migrante: “Nuestro compromiso es inspirar a la juventud para impulsar en ellos una cultura social y política basada en los valores de la democracia”. 

También ha participado Sergio Gracia, investigador independiente especializado en radicalización digital y narrativas de extrema derecha, quien ha colaborado recientemente con instituciones internacionales y en la elaboración de informes y manuales sobre algoritmos, islamofobia y discurso de odio. Gracia ha advertido de que “los ataques de la extrema derecha no son sólo ideológicos: son un intento de deshumanizar a quienes representan la diversidad real de nuestra sociedad. Es fundamental dotar a la juventud de conocimientos y estrategias que desmonten esas narrativas antes de que calen”. 

Mayoral ha cerrado su mensaje recordando que la sociedad cordobesa es perfectamente capaz de distinguir entre hechos y manipulaciones: “PP y Vox necesitan fabricar un enemigo. Pero los datos en Córdoba no les dan la razón. Nuestra responsabilidad es seguir defendiendo políticas que protejan derechos, garanticen integración y mantengan la cohesión social frente al ruido de la derecha”.

Córdoba mantuvo en 2024 su dependencia de la inmigración extranjera para sostener su población, pero lo hizo con menor fuerza que el año anterior. Así lo reflejan los datos oficiales de 2023 y 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que dibujan una tendencia clara: la provincia solo gana habitantes gracias a quienes llegan desde otros países, mientras continúa perdiendo población en sus intercambios con el resto de España.

En 2024, Córdoba registró un saldo migratorio total de +1.718 personas, un balance positivo aunque inferior al marcado un año antes (los +1.843 de 2023). La explicación está en la ligera caída del motor principal del crecimiento provincial: la llegada de extranjeros. El saldo exterior pasó de +3.092 en 2023 a +3.030 en 2024, una leve reducción que, sin embargo, no altera el patrón de fondo: sigue siendo la única vía por la que Córdoba incorpora habitantes.

El dato contrasta con el comportamiento del saldo interior, que empeora. Si en 2023 Córdoba perdía 1.249 residentes por sus movimientos con el resto del país, en 2024 esa cifra desciende aún más hasta los 1.312 habitantes. En otras palabras: cada vez llegan menos personas desde otras provincias y se marchan más.

El análisis confirma la dualidad demográfica. En ambos años la provincia pierde población española y gana población extranjera, pero en 2024 el contraste se acentúa. En 2023, la población española registró un saldo total de –1.019 habitantes, mientras que en 2024 la pérdida fue incluso superior: –1.037. En cambio, entre la población extranjera el saldo fue positivo en ambos ejercicios: +2.862 en 2023 y +2.755 en 2024.

Esta ligera reducción del saldo extranjero en 2024 explica por qué el crecimiento provincial ha sido menor pese a que el patrón migratorio continúa siendo similar: Córdoba se sigue vaciando por dentro pero compensando esa pérdida con la llegada de población foránea.

En términos de género, tanto hombres como mujeres muestran el mismo comportamiento en ambos años: saldos interiores negativos y exteriores positivos. Pero destaca que en los dos ejercicios las mujeres aportan más crecimiento al saldo total que los hombres: En 2023 sumaron +1.209, frente a los +634 hombres, mientras que, en 2024, +1.057, frente a +661.

En cuanto a las nacionalidades de los recién llegados, la mayoría procedieron de América (2.550 personas) y África (1.247), con Colombia como principal país de origen (893 migrantes), seguido de Venezuela (637), Marruecos (624) y Rumanía (375). El informe también recoge llegadas puntuales desde países menos habituales de los países nórdicos, como Finlandia (3), Lituania (4) y Noruega (5).

Dónde llegan los extranjeros: radiografía municipal 2024

El comportamiento demográfico de la provincia no puede entenderse sin descender al detalle municipal. En 2024, hubo un total de 6.530 personas llegadas a Córdoba desde el extranjero, con una distribución territorial que deja una provincia partida en dos. Los municipios que más inmigrantes reciben son:

Estas localidades concentran la mayor actividad económica, industrial o de servicios, lo que explica su capacidad de atracción. Solo la capital acapara cerca del 40% de todas las llegadas, confirmando su función como polo demográfico indiscutible.

La llegada se nota menos en municipios intermedios con flujo moderado, pero estable. Son poblaciones como Montalbán (31), Villa del Río (30), Almedinilla (29), Villafranca (23) o Villanueva de Córdoba (38), que muestran una llegada significativa en relación con su tamaño.

En el lado opuesto, numerosas localidades rurales siguen registrando cifras muy bajas o incluso testimoniales. Se trata principalmente de municipios en retroceso demográfico histórico, con oportunidades laborales limitadas y un envejecimiento acusado. Son pueblos como:

Comparativa 2023–2024: cambia la intensidad, no el modelo

El conjunto de los datos permite afirmar que el modelo migratorio cordobés no cambia de un año para otro, pero sí su intensidad. Así, mientras el crecimiento total baja ligeramente y la inmigración exterior pierde algo de fuerza, aunque sigue siendo decisiva, el saldo interior empeora, aumentando la fuga hacia otras provincias. Es decir, la pérdida de población cordobesa (o nacida en Córdoba) continúa siendo estructural y son los extranjeros los que sostienen prácticamente en solitario el avance demográfico.

En términos municipales, el mapa de atracción migratoria también se estanca: los municipios grandes y cabeceras comarcales siguen captando la mayoría de inmigrantes, mientras que las áreas rurales más pequeñas no logran revertir su declive. Globalmente, la provincia de Córdoba, con una tasa de nacimientos que sigue en caída libre, se ha convertido en un territorio demográficamente dependiente de la llegada de población extranjera.

El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado este jueves, en las XXXIII Jornadas de Extranjería en Córdoba, que los temas de migración y asilo se aborden desde “un enfoque solidario y humano, basado en la corresponsabilidad entre los Estados miembros y en la primacía de los derechos fundamentales”.

Así lo ha expresado la secretaria general de la Abogacía, Encarna Orduna, en la inauguración de estas jornadas, organizadas por la Abogacía, que durante dos días reúnen a más de 500 abogados y abogadas especializados para debatir cómo mejorar la protección y defensa de los migrantes.

“Defender a una persona extranjera es defender la justicia universal, la igualdad ante la ley y el principio de humanidad”, ha asegurado Orduna, quien ha reiterado el compromiso de la Abogacía: “Seguirá trabajando, con independencia y compromiso, para que nadie quede sin defensa, para que cada persona tenga acceso efectivo a la justicia y para que la integración sea una realidad posible y tangible, no un ideal dudoso o lejano”.

En la inauguración han participado también el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias López; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, Blas Jesús Imbroda.

“La migración y la protección internacional es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”, de modo que “hace falta una abogacía preparada para garantizar el derecho de defensa”, ha afirmado el decano de Córdoba, quien también ha criticado “la imposibilidad de acceder al sistema de citas para pedir protección internacional”, algo que “supone una vulneración del derecho a solicitar asilo”, por lo que ha instado a las autoridades a “ofrecer soluciones”. “Un sistema colapsado se ha convertido en un muro digital”, ha advertido.

El consejero de Justicia, por su parte, ha destacado que “la voz de la abogacía es muy importante porque ayuda a que la sociedad entienda cuáles son los derechos que no se pueden manipular ni usar como herramienta política”, a lo que ha agregado que “no se puede jugar con vidas humanas, tiene que haber seguridad jurídica en el acogimiento e integración”.

Por la tolerancia y la paz

En España hay actualmente 27.000 abogados y abogados de extranjería, como ha explicado el presidente de la subcomisión de Extranjería, Blas Imbroda, quien ha elogiado su labor: “Hacéis un trabajo inmenso en la defensa de los derechos de los migrantes”, al tiempo que ha resaltado que “los grandes avances normativos en favor de los migrantes en este país son obra vuestra, porque habéis conseguido derechos que no existían”.

El lema de esta edición, 'Migración y derechos humanos: por la tolerancia y la paz', cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y vulneraciones de derechos humanos.

Durante dos días se abordan las políticas migratorias de la Unión Europea, o las consecuencias las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, “la saturación de las oficinas de extranjería, la falta de uniformidad de criterios o la complejidad técnica de algunos procedimientos”, ha señalado Orduna.

Mientras, la subdirectora general de Régimen Jurídico de la Secretaría de Estado de Migraciones, Ainara Dorremochea Fernández, ha explicado las principales novedades que ha introducido este nuevo Reglamento, como las modificaciones en los visados de estudiantes, la concesión del NIE con los visados de más de 90 días, o la vigencia de los visados y autorizaciones. “La tendencia es dar autorizaciones con mayor vigencia”, ha asegurado.

Además, se analizará el arraigo, la situación de los familiares de españoles o de los menores, buscando mejorar tanto la labor de la abogacía como la de las instituciones implicadas en la garantía del derecho de defensa.

Córdoba es la provincia de España con un mayor peso de la población residente que ha nacido en el extranjero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes. Mientras que en Alicante, uno de cada cuatro residentes en la provincia ha nacido fuera de España, en el caso de Córdoba, el peso de la población extranjera no llega ni al 4%, según los datos.

España está aumentando mes a mes su población gracias a la llegada de población extranjera. De los 49,4 millones de personas que viven actualmente en España, según los últimos datos del censo, 7,1 millones han nacido fuera del país. Esto supone que el peso de la población extranjera es del 14%. La diferencia con Córdoba es de 10 puntos.

De hecho, Córdoba no deja de perder población desde hace años. Desde verano han sido unas 1.000 personas menos. Entre julio y octubre, Córdoba incluso redujo su número de habitantes nacidos en el extranjero. Según los datos del INE, en julio había 30.457 extranjeros residentes en la provincia. En octubre son 30.199.

En los últimos meses, Córdoba se ha perdido en la última provincia en población extranjera, siendo superada por Jaén, Badajoz, Cáceres o Cádiz, con un dinamismo económico inferior.

Esta falta de atractivo para la población extranjera ha provocado que la provincia de Córdoba haya perdido definitivamente el puesto con Almería en número de habitantes. El sorpasso almeriense se consolida gracias a los 184.500 vecinos que tiene que han nacido fuera de España, frente a los apenas 30.000 de Córdoba.

Gran parte de la población extranjera de Almería, que supone un 24% sobre el total, ha llegado para trabajar en su dinámico sector agrícola, que necesita una inmensa cantidad de mano de obra. De hecho, Almería es la vigésima provincia en población total en España, pero la octava en números absolutos de población extranjera.