El grupo ambientalista Groden-Ecologistas en Acción en Baena, junto a un equipo de voluntariado, ha iniciado un año más la campaña Las tres mosquiteras, un proyecto de conservación y educación ambiental que pretende dar a conocer a la población en general los beneficios que ofrece la presencia de golondrinas, aviones y vencejos en el entorno urbano de este municipio.

Con el proyecto 'Las tres mosquiteras' -según han difundido desde la organización-, en los últimos años se han recuperado muchas de estas aves que se encontraban desamparadas y en malas condiciones, además de colocar cajas nidos en varios edificios municipales para su anidamiento y reproducción.

En este sentido, los ecologistas recuerdan a la población en esta época de primavera la obligación de conservar los nidos de aviones, golondrinas y vencejos, “unas aves migratorias que durante el invierno viven en el continente africano y vuelven a nuestros pueblos y ciudades para criar durante el periodo estival, entre marzo y agosto”. Se alimentan de pequeños insectos voladores, fundamentalmente dípteros (moscas y mosquitos) que capturan en vuelo -ejerciendo ese papel de 'mosquitera' que da título al proyecto-, para reducir la población de insectos.

“En Baena existen varias colonias y nidos de estas aves que deben ser respetadas por los ciudadanos, especialmente durante la época de reproducción, entre otras, en las colonias de Amador de los Ríos, murallas del castillo o el silo de cereales, apuntan.

Especies protegidas por ley

Y recuerdan que se trata de especies protegidas por las leyes europeas, nacionales y convenios internacionales. La propia Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía en su Artº 7.2. Régimen Especial de Protección, prohíbe:

a) Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el periodo de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso.

b) Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y zonas de desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos.

Por todo ello, señalan que “es importante respetar la época de nidificación de estas aves, y entendemos que es necesario las rehabilitaciones y mantenimiento de los edificios o viviendas, pero hoy día existen soluciones más que suficientes para hacer compatible las labores de mantenimiento con la reproducción de las aves, y en la medida de nuestras posibilidades si alguien nos lo solicita estaremos encantados de ayudar, algo que echamos de menos de la Junta de Andalucía que ha dado la espalda a estas aves”, concluyen.

Vecinos a título particular y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción han presentado un nuevo escrito de alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por el expediente de transmutación de derechos para el cambio en la concesión de aguas que autorizaría la extracción de pozos en la urbanización de Las Siete Fincas. Reclaman la suspensión del la autorización para la transformación del derecho de aguas privadas en concesión de aguas públicas, conocer su compatibilidad con la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano y ver el detalle del estudio hidrogeológico de la zona hecho por la Confederación.

Hay que recordar que la extracción y suministro de agua de acuíferos por parte de la empresa Adaros de Córdoba S.A. para el abastecimiento de las parcelaciones de Las Siete Fincas, en plena Sierra en Córdoba, ha encadenado denuncias, multas, expedientes sancionadores y, finalmente, el intento de regularizar esa actividad para que sea autorizada. A final de 2024 hacían frente a una multa de 101.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que pagaron a la Agencia Tributaria encargada de ejecutar un embargo preventivo; pero la extracción no autorizada proseguía y en febrero de 2025 la CHG le volvió a abrir otro expediente de sanción.

Entre medias, se inició la tramitación de la petición de Adaros para un cambio en la concesión de aguas, de manera que sea autorizado por la administración y, legalice así el abastecimiento de agua que viene haciendo desde años sin autorización. Y, contra ese permiso de la Confederación, ahora Ecologistas y la vecina de la zona Cristina Román han presentado un nuevo escrito de alegaciones.

En sendos escritos -a los que ha tenido acceso Cordópolis-, se apunta a que “resulta incongruente que se tramite un expediente de transmutación de derechos a favor de la comunidad de usuarios Adaros de Córdoba cuando previamente existe un expediente sancionador referido a captaciones no autorizadas sin justificación o motivación adicional alguna”. E, igualmente, “que se refiera al abastecimiento de una urbanización de 1.775 habitantes cuando las edificaciones y construcciones existentes son ilegales según consta en el informe desfavorable del propio Ayuntamiento sin perjuicio de la afirmación/conclusión en el sentido de que se trataría de una urbanización reconducible. Entendemos que conceder el expediente de transmutación sin que la reconducción se haya producido significa, por un lado, favorecer este tipo de asentamientos y por otro empezar 'la casa por la ventana'”, afirman .

Vertidos y extracción de agua no autorizada

Junto a ello y respecto al reconocimiento sobre el terreno, “si bien se hace constar que el vertido actual se hace de forma individual contando para tal cuestión con 'depósito estanco con retirada de empresa autorizada', no deja de ser una manifestación unilateral por parte del representante de la solicitante de la transmutación de derechos sin que haya sido objeto de acreditación alguna por lo que se les ha de requerir, al menos, la suscripción del correspondiente contrato con la empresa autorizada para la retirada de dichos vertidos so pena de constituir un 'brindis al sol' cuya consecuencias negativas más pronto que tarde soportaremos todos los administrados”.

Además, en el escrito de alegaciones se hace referencia a los “estudios hidrogeológicos e informes técnicos que soporten la decisión que se adopte” sobre la extracción de agua en la zona. “No estamos hablando de meras hipótesis o consideraciones genéricas sino a la constatada realidad de un expediente sancionador provocado por la existencia de un incumplimiento de las condiciones de la autorización de captación de aguas privadas en el mismo lugar y con el mismo promotor que ahora se pretende transmutar con el expediente que se está tramitando”.

En ese sentido, recuerdan que en el año 2020, agentes medioambientales pudieron corroborar el incumplimiento de las condiciones y características establecidas en el expediente de Catálogo de Aguas privadas n. 2796/1988 relativo al abastecimiento y al volumen anual autorizado, que resultó ampliamente superado, pues tras la colocación de contadores y las inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y octubre de 2020 -primera y segunda lectura- se comprobó que el consumo total ascendió a 111.709 metros cúbicos en dicho periodo cuando el volumen autorizado para cuatro años ascendía a 4.900 metros cúbicos“.

“Captaciones más que cuestionables”

“Estos antecedentes ponen en tela de juicio el expediente pues no sólo existe un informe desfavorable del Ayuntamiento sino que las captaciones que vía transmutación de derechos se pretenden legalizar son más que cuestionables cuando el propio organismo de cuenca tramitó un expediente sancionador por incumplimiento de condiciones y características en un expediente de catálogo de aguas privadas”.

Igualmente y tal y como le consta a la Confederación, el análisis de los consumos realizado por los propios agentes de medioambiente que alcanza los 111.709 metros cúbicos- para tres captaciones pues una no tenía sistema instalado- frente a los 71.000 metros cúbicos autorizados en el expediente, “refleja una diferencia que no es baladí y que no hace sino generar más dudas respecto de si se han analizado o no de los pozos y perforaciones existentes en la zona y el volumen de agua que extraen así como si la propia estimación que se realiza desde Confederación es simplemente teórica”, aducen quienes presentan las alegaciones contra la autorización de la concesión de aguas.

En el mismo escrito manifiestan que se está llevando a cabo un expediente en el que se hace referencia a estudios realizados en estimación de los efectos del cambio climático para el año 2039 en la demarcación, “pero no se hace mención alguna o se omite estudio hidrogeológico para la determinación de las posibles afecciones – que también se ha solicitado- de la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano”.

Igualmente, denuncian que no se han contestado las primeras alegaciones referentes a la recarga natural del acuífero, las consecuencias de mantener un volumen fijo de extracción, la existencia de evaluación ambiental – que no nos consta- y los análisis microbiológicos. Y, finalmente, reiteran su solicitud para que “se identifiquen las parcelas que resultarán beneficiadas con la transmutación de derechos solicitada -dado el tenor del expediente administrativo donde claramente se indica que el número de personas a las que se destinará el agua son 1.775 - debiendo realizarse por tal motivo un análisis exhaustivo de los usos del agua que en las mismas se realiza, constatando por ejemplo si se destina a huertos, jardines y/o piscinas privadas...para una vez realizada pueda valorarse y hacer seguimiento de la afección que sin duda supondrá el referido al ecosistema arbitrando, en su caso, los medios necesarios para su corrección o eliminación, sin que quepan, esta vez sí alegaciones o contestaciones genéricas por parte de esta Confederación”.

Con todo, tanto Ecologistas en Acción como la vecina particular argumentan que las alegaciones que presentan “obedecen al lícito interés de que desde Confederación se arbitren los medios necesarios que la transmutación de derechos solicitada no se convierta en una autorización para un uso desmedido o arbitrario de un recurso tan preciado, debiendo para ello tener además como prioridad la búsqueda activa de pozos irregulares pues como he manifestado en numerosas ocasiones a lo largo de distintos escritos la transmutación supone una clara afección a los acuíferos de nuestra Sierra y en particular a la Reserva Natural Fluvial del Bejarano”.

Por todo ello, solicitan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el informe detallado de la afección de la masa de agua subterránea afectada por el expediente de transmutación- estudio hidrogeológico- e igualmente proceda a identificar las parcelas beneficiarias del expediente, estudiando el uso de tan escaso recurso e informar sobre la compatibilidad del presente expediente con la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano. “Todo ello con suspensión del otorgamiento de autorización para la transformación del derecho de aguas privadas en concesión de aguas públicas hasta tanto se acrediten los anteriores extremos por ser conforme a derecho” y sin perjuicio de que estos hechos ee pongan en conocimiento de la Unión Europea.

El colectivo 'Parque Fidiana por el clima', integrado por la AV Diana, Ecologistas en Acción y la asociación Siempreviva, ha organizado una actividad participativa con el objetivo de evaluar las necesidades de mejora para hacer de este barrio un lugar más habitable. La iniciativa parte de que la configuración de la ciudad influye directamente en la salud de las personas, sus hábitos de vida y su relación con el entorno natural.

Tras el análisis realizado, una de las principales deficiencias detectadas es la fragmentación del barrio respecto al resto de Córdoba. La avenida de Libia se percibe como una gran barrera, ya que su diseño prioriza el uso del coche sobre el de los peatones. Los datos recogidos por los colectivos indican que el espacio destinado a los vehículos en la zona entre Parque Fidiana y Jesús Rescatado ocupa aproximadamente el 66% del total, dejando solo un 33% para el tránsito peatonal.

Además, los vecinos han señalado la necesidad de completar la instalación de pasos peatonales sobreelevados para reducir las barreras que afectan a personas con movilidad reducida y familias con coches para los más pequeños. También se ha demandado una mayor dotación de bancos y zonas de sombra en espacios públicos como la plaza de las Artes.

Aunque no todo son exigencias. La actividad ha servido para destacar las amplias zonas verdes y arboladas con las que ya cuenta el barrio, calificadas por los residentes como un “motivo de orgullo”. Estos parques no solo actúan como refugios climáticos que aportan frescor, sino que son puntos de encuentro vitales entre vecinos y familiares. Los colectivos tienen previsto hacer llegar toda la información al Ayuntamiento de Córdoba, con la intención de trabajar de forma conjunta en la mejora de estos espacios públicos.

El Partido Verde, antiguos Verdes Equo, han expresado hoy su rechazo a la llegada a El Cabril de residuos procedentes del desmantelamiento de la central burgalesa de Garoña (2.000 toneladas en los próximos tres años). Para la formación política, se trata de una cantidad desorbitada y que demuestra que se está usando El Cabril como vertedero de las centrales nucleares, lo que no era su función original.

Igualmente, señala el temor que, ante el cierre programado del resto del parque nuclear en los próximos años, gran parte, si no todos, los residuos generados acaben en el almacén de El Cabril, una instalación que ha sufrido diversos problemas desde su apertura.

En palabras de Ana María Carnero, coportavoz provincial del Partido Verde “Tras el abandono del proyecto del ATC (Almacén Temporal Centralizado) en Cuenca, se ha dejado de hablar del destino de los residuos radioactivos de las centrales nucleares, y tememos que una gran parte acaben en El Cabril, en unas instalaciones inapropiadas. Al peligro que supone albergar residuos que serán radioactivos cientos o miles de años, se suma el que suponen los transportes desde las centrales, situadas todas a varios cientos de kilómetros de Hornachuelos.

“Estamos a favor del cierre de las centrales nucleares para usar exclusivamente energías limpias, pero reclamamos que los residuos se traten y almacenen en las mismas ubicaciones donde se han generado, eliminando los peligros derivados de los traslados. Es del todo injusto que los residuos generados en otras zonas se deriven a Córdoba, a Andalucía, una tierra sin una sola central nuclear. No queremos ser el vertedero nuclear de España, gracias”, señala.

Por su parte, Salustiano Luque, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, ha añadido que “esta situación se ve agravada por el abandono que sufre la comarca del Guadiato, donde las numerosas promesas de inversión han sido incumplidas reiteradamente. Tanto es así que es una de las que sufre una mayor despoblación, un mayor envejecimiento y un menor desarrollo económico de la provincia”.

“Da que pensar si no se pretende facilitar el vaciado de la zona para poder dedicarla con más facilidad a albergar estos residuos tan tóxicos, algo que ha encontrado una fuerte contestación social en el pasado. Es de justicia que se cumplan dichas promesas para garantizar un futuro a la gente de Hornachuelos y el resto de la comarca, más allá de gestos cosméticos, la colocación de carteles y la creación de un puñado de empleos cautivos”, afirma.

La Asociación Siempreviva, junto a Asociación Vecinal Diana y Ecologistas en Acción, han llevado a cabo la creación colectiva de un refugio de biodiversidad en el espacio público de los Jardines de la Memoria, en el Parque Fidiana. Como parte del trabajo que se viene realizando en el barrio desde Parque Fidiana por el Clima, del que forman parte la AV Diana, Asociación Siempreviva y Ecologistas en Acción, surge esta propuesta, ante la necesidad de renaturalizar los espacios urbanos y hacer zonas que promuevan la biodiversidad y ecosistemas ricos.

Un refugio de biodiversidad es una estrategia ecológica para fomentar la vida de especies silvestres, atraer polinizadores y controlar plagas de forma sostenible. Se trata de espacio natural que se caracteriza por el uso de especies autóctonas, resistentes y melíferas que funcionan como refugio y alimento de diversas especies.

Así mismo, esta actividad sirve para invitar a las personas a implicarse en la mejora de la ciudad de forma colectiva, pasar tiempo de calidad con los vecinos y vecinas y, mejorar nuestra salud física y mental.

La ocasión se aprovechó para recordar a un miembro de la Asociación Vecinal Diana, Pepe Lara, que era una persona entregada a su barrio y apasionado de la naturaleza. Y por ello, el refugio de biodiversidad lleva su nombre.

Además, el espacio se ha reconocido como un oasis de mariposas, gracias a la Asociación Zerynthia, que ha ayudado a conocer y elegir qué especies se debían plantar como alimento y refugio de estos insectos en todos sus estadios. Quien pasé por allí, podrá encontrar un cartel con un código QR en el que registrar las observaciones de mariposas y donde te ayudarán a identificar qué especie es. Ya son varios oasis los que hay en Córdoba, pero este es el primero en vía pública.

La actividad ha sido de participación abierta y, aproximadamente 50 personas de todas las edades y diferentes barrios de Córdoba, pasaron a echar una mano y disfrutar del trabajo con vecinos y vecinas. “La implicación y la ilusión de los y las participantes ha sido conmovedora y creemos que es una motivación para replicar la iniciativa”, declaran desde la organización.

El Refugio de Biodiversidad Pepe Lara ha sido materialmente posible gracias a la subvención de la Delegación de Participación Ciudadana, también a la empresa Licuas, que lleva la gestión medioambiental de los Jardines de la Memoria y preparó el terreno para poder trabajar sobre él, aportó algunos materiales y se encargará del mantenimiento del espacio.

El Partido Verde organiza el día 22 de marzo un encuentro titulado “Naturalizar la ciudad”, donde se podrán conocer experiencias en curso y debatir diversas propuestas y reivindicaciones futuras con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población cordobesa y reducir el impacto del cambio climático en Córdoba. Como parte de la jornada, se dará a conocer la Proposición de Ley sobre Arbolado Urbano, que se ha presentado en el Parlamento andaluz a iniciativa del Partido Verde.

En palabras de Salustiano Luque, coportavoz del Partido Verde en Córdoba, “la ciudad ha sido considerada tradicionalmente como lo opuesto a lo natural, un espacio férreamente controlado por el ser humano, hasta el punto de la desnaturalización. Esta visión de lo urbano se reflejaba en los espacios públicos, en zonas ajardinadas, en los cursos de agua, en la relación con la fauna o en la eliminación de toda especie considerada como plaga. Sin embargo, en la actualidad, sabemos que la ciudad es también un ecosistema, cuya buena salud debe ser cuidada, ya que conlleva enormes beneficios para la salud y el bienestar de las personas que lo habitamos. Esto ha llevado en todo el planeta a un movimiento de renaturalización de los espacios urbanos y a una visión más amplia, integral y científica de las ciudades. El Partido Verde tiene claro que esta es una labor que necesita sumar todas las manos posibles, y por eso hemos querido contar con el mayor número posible de voces y visiones”.

Por su parte, la coportavoz del Partido Verde, Ana María Carnero, ha resaltado la especial relevancia que este movimiento tiene para Córdoba. “Nuestra ciudad está sufriendo de forma evidente un clima más extremo, con temperaturas disparatadas, lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos dañinos, que provocan serios impactos a las personas, sus viviendas, empleos o vehículos. El cambio climático que agrava y vuelve más habituales estos fenómenos no puede ser solucionado a nivel local, pero la adaptación al mismo no puede tener otro escenario que lo local. Es cada vez más urgente actuar con firmeza, imaginación y participación ciudadana para hacer a Córdoba más habitable, más amigable y más resiliente a los efectos del cambio climático. Con este encuentro, queremos ayudar a reforzar la coordinación de las distintas iniciativas relativas a la relación naturaleza y ciudad”, ha precisado.

El encuentro tendrá lugar de 10:00 14:00 en el Colegio Ferroviario y contará con la presencia de representantes de colectivos y plataformas que ya desarrollan labores de naturalización del medio urbano, en Córdoba y otras localidades. Igualmente, participarán especialistas de diferentes ámbitos científicos relativos al encaje naturaleza-ciudad. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ecologistas en Acción ha presentado en la mañana de este martes su informe de 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español' y Córdoba está presente en este documento. La estación de la avenida Al-Nasir, la única oficial de tráfico analizada en la capital, ha sido calificada como “parcialmente adecuada”, aunque eso no significa que esta infraestructura esté en las condiciones óptimas para su desarrollo normal.

La estación, operativa desde 2013 para medir contaminantes como el NO₂ y partículas PM₁₀, se enfrenta a una contradicción geográfica. A pesar de su nombre oficial -avenida Al-Nasir-, el equipo de medición se encuentra físicamente en la avenida de los Piconeros, una vía con una intensidad de tráfico notablemente inferior.

El informe técnico ha destacado que la sonda de medición está a 10,4 metros del borde de la calzada de Piconeros, superando ligeramente el límite de 10 metros recomendado por la normativa europea para ser considerada una estación de tráfico estricta. Sin embargo, la mayor deficiencia radica en su distancia respecto a la verdadera arteria de gran capacidad, la avenida de Al-Nasir, de la que se encuentra a más de 60 metros. Esta separación física actúa como un “filtro” que podría estar suavizando los datos de contaminación real que respiran los cordobeses en los puntos más críticos del nodo viario.

Córdoba en el ranking nacional: mejor que Málaga y Granada, peor que Sevilla

El estudio deja claro cómo está la situación a nivel estatal: el 68% de las estaciones analizadas (17 de 25) han sido declaradas “no adecuadas”. En este contexto, Córdoba forma parte de un reducido grupo de solo ocho ciudades que superan los estándares mínimos de representatividad. Si se compara con otras capitales andaluzas, el panorama es desigual, ya que la ciudad cordobesa está con mejores condiciones que Málaga y Granada, aunque peor en criterios de ubicación que la colocada en la estación Torneo de Sevilla.

Para validar el estudio, se han utilizado los Mapas Estratégicos de Ruido de Córdoba. Estos confirman que la zona de Al-Nasir es un “punto negro” de contaminación acústica, con niveles que superan los 70 y 75 decibelios. Esta presión sonora coincide con una alta densidad de población expuesta, lo que hace que sea una “zona crítica” donde es vital medir correctamente la calidad del aire para proteger la salud humana.

Las organizaciones Salvemos la Subbética y Ecologistas en Acción han anunciado que han presentado un recurso contra la autorización del permiso de investigación minera denominado Serrano, concedido en el Parque Natural Sierras Subbéticas. Los colectivos han solicitado la “suspensión urgente” del proyecto, advirtiendo que este permiso es el paso previo a la apertura de una cantera que destruiría un territorio de notable valor ambiental, agrícola y paisajístico.

La denuncia de los ecologistas se basa en la supuesta vulneración de derechos fundamentales, ya que la Junta de Andalucía habría autorizado el proyecto sin informar a más de una treintena de afectados que son propietarios de olivares centenarios. Asimismo, han criticado la falta de transparencia que existe, señalando que la iniciativa no fue comunicada en las pertinentes reuniones.

El proyecto, tramitado por la Delegación Territorial de Economía y Hacienda en Córdoba y adjudicado a la empresa Áridos Técnicos SA, contemplaba la prospección de ofitas y dolomías en una extensión de aproximadamente 60 hectáreas. Según las asociaciones, la administración ha emitido un informe favorable pese a reconocer que la documentación no especificaba la localización de las labores de mayor impacto.

Además, los ecologistas han explicado que la zona afectada se encuentra dentro de la Red Natura 2000, un espacio por normativa europea y que no ha sido sometido a una evaluación ambiental adecutada. El proyecto impactaría directamente sobre el olivar tradicional de montaña, que cuenta con ejemplares centenarios y actualmente está en proceso de reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Ante lo que consideran el resurgimiento de actividades extractivas altamente impactantes en la comarca, las organizaciones ya han elevado el caso ante la Comisión Europea. Han instado al Ayuntamiento de Carcabuey y a la ciudadanía a oponerse al proyecto y exigen que cualquier actividad se suspenda hasta que se apruebe el nuevo marco normativo del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque.

Las asociaciones ecologistas Mejorana y Enea de Lucena (Córdoba) han denunciado las actuaciones que se están llevando a cabo en las obras de adecuación de la carretera de la Sierra de Aras, con “destrucción de parte de las encinas”, así como “destrozo de árboles” y el empleo de “gran cantidad de base de hormigón” en esta vía.

En una nota, ambas asociaciones califican de “despropósito medioambiental y urbanístico de elevada índole” la actuación por parte de la Diputación de Córdoba, que financia y ejecuta la obra, y el Ayuntamiento de Lucena, “que participa como ente puramente de cortesía y sin ninguna preocupación por la supervisión de dicha obra”.

“Se está cometiendo una agresión al medio natural de nuestra Sierra de gran calado. No solo por la gran cantidad empleada de base de hormigón que rompe la armonía con el medio natural, también el destrozo de árboles no dañados, la eliminación de alcorques y la no creación de nuevos para favorecer un itinerario con arbolado y garantía de sombra en el futuro”, advierten. Además -denuncian, “se ha eliminado gran cantidad de matorrales y vegetación autóctona para construir taludes de sustentación del itinerario de hormigón”.

Con fotografías que muestran las actuaciones denunciadas, para los ecologistas “el hecho más grave desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa por parte de Diputación y Ayuntamiento ha llegado con la destrucción de parte de encinas que se sitúan en la margen derecha de la bajada del santuario, un destrozo que rompe con el compromiso de sostenibilidad que anunciaron Salvador Fuentes como presidente de la Diputación y Aurelio Fernández como alcalde de Lucena”, recuerdan. “El señor Salvador Fuentes dijo en declaraciones en el mes de julio del pasado 2025, que 'dicha obra estaba muy bien planteada y que daba una solución sostenible y natural'”.

“Ejecución incontrolada y no supervisada”

Para los ecologistas, “al destrozo realizado con la flora y arbolado autóctono, además de la agresión paisajística del enorme itinerario hormigonado que para nada sintoniza con el entorno natural, se suma una ejecución errática, incontrolada y no supervisada, que conozcamos por nuestro Ayuntamiento, ni por el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) o agentes de Medio Ambiente de la de la Junta de Andalucía”. Por todo ello, desde estas entidades exigen “explicaciones a los responsables de la Diputación y de nuestro Ayuntamiento”.

Además, piden que se realice una poda exhaustiva y adecuada de las encinas y especies arbóreas dañadas para evitar una posible afección por especies xilófagas y penetrantes que puedan dañar al resto de especies del entorno natural. Precisan que han sido varios los ejemplares de encinas a los que han partido ramas con maquinaria pesada en lugar al interferir en el trazado o la ejecución de la obra.

Y recuerdan la normativa al respecto, que no permite cortar las principales ramas y no se debe afectar a más de un tercio del follaje total del árbol, ni podar ramas con un diámetro superior a 20 centímetros, además de prohibir los desgarros, realizando la poda con cortes limpios y herramientas adecuadas por parte de personal cualificado y retirando los restos para evitar plagas e incendios.

Greenpeace ha publicado este jueves su informe El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español, donde evidencia la transformación acelerada que está viviendo el campo de Andalucía, cuna de la diversidad y riqueza de los olivares tradicionales. El modelo que se impone -superintensivo, ultra-mecanizado y dependiente de altas dotaciones de regadío- está generando una desigualdad creciente en el propio sector, donde el acceso al agua, a las tierras más fértiles y las ayudas públicas se concentran en una minoría, mientras miles de agricultores tradicionales sufren un agravio comparativo. “Se está imponiendo un modelo insostenible social y medioambientalmente favorecido por las políticas públicas”, detalla Greenpeace.

Los grandes capitales no solo acceden a tierra y agua, sino también a ayudas públicas como la PAC, diseñadas originalmente para sostener rentas agrarias de agricultores, según concreta el estudio de Greenpeace, sobre el olivar en Andalucía. El 0,08% de los beneficiarios reciben el 10% del presupuesto, mientras que el 60% de los beneficiarios de la PAC cobra menos de 5.000 euros al año. Además, los grandes grupos que operan en Andalucía están captando ayudas masivas. Según los registros de 2023-2024, recopilados por la organización, el grupo cordobés De Prado percibió más de un millón de euros, mientras que estructuras vinculadas a Atitlán (con fuertes intereses en el olivar andaluz) recibieron más de 2,4 millones de euros.

“En un momento donde el debate agrario está en no recortar el dinero de la nueva PAC, observamos que, el reparto actual es profundamente injusto. Que grandes fondos de inversión y empresas con enorme capacidad financiera estén recibiendo ayudas millonarias de la política agraria común, mientras los pequeños y medianos agricultores luchan por sobrevivir, es profundamente injusto. Y hay que señalar a quien permite que esto siga ocurriendo, al Ministerio de agricultura y las comunidades autónomas que distribuyen estas ayudas”, remarca Helena Moreno, responsable de la campaña de agricultura en Greenpeace.

El agua segura o “safe water”: clave para el agribusiness y origen de la desigualdad

Andalucía concentra el 60,2% de todo el olivar español (1,7 millones de hectáreas) con una gran mayoría de olivar tradicional en secano. Sin embargo, el acceso al agua se ha convertido en el factor de rentabilidad clave para el agribusiness, quienes buscan el llamado safe water (agua garantizada que no se vea comprometida por la sequía). Las nuevas plantaciones superintensivas impulsadas por estos actores reciben dotaciones de agua que incluso en sequía permiten mantener la producción, a diferencia del olivar tradicional en secano. La normativa de los últimos planes hidrológicos del Guadalquivir ha favorecido al modelo superintensivo, permitiendo dotaciones de hasta 3.500 metros cúbicos por hectárea al año, frente a los 1.000-1.500 del modelo tradicional, lo que genera una desigualdad intrínseca en el propio sector.

“Aunque las últimas lluvias hayan llenado parte de los embalses acabando con uno de los ciclos de sequía más largos desde que se tienen registros, Andalucía sigue teniendo un problema de escasez. No tenemos agua para tanto regadío. Es necesario y urgente abrir el debate sobre quién se lleva el agua. Necesitamos hacer un reparto justo, con criterios sociales y ambientales, que garantice un mínimo asegurado para las explotaciones agrarias que realmente generan valor social, laboral y económico en el territorio donde se ubican. No podemos permitir que el agua se use como un activo financiero por parte de inversores que especulan y se lucran para ganar más dinero y ampliar las desigualdades en el sector primario. Al contrario, necesitamos que su uso sirva para apostar por el mantenimiento de la agricultura social y familiar que realmente fija población en el territorio y que es más respetuosa con los recursos disponibles”, explica Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Impacto en la fauna y biodiversidad

Este modelo está generando la pérdida de agrobiodiversidad cultivada. La diversidad de variedades de olivar tradicional (hojiblanca, picual, picudo, nevadillo…), vinculadas a una cultura alimentaria y a un territorio, está modificándose hacia la uniformidad de variedades ultra productivas, pero con una mala calidad de aceite de oliva. Se mira la producción, no el alimento. Así mismo, el modelo de cosecha con máquinas cabalgadoras supone un peligro para la fauna, como es el caso de las aves, que usan muchos de estos árboles como dormidero. La transformación de tierras que antes albergaba cultivos diversos como cereal, algodón o hortícolas, ahora se está enfocando hacia el monocultivo superintensivo de olivar.

El impacto sobre el tejido agrario andaluz es profundo, ya que casi el 70% del olivar sigue siendo de secano, altamente vulnerable a la sequía, y cerca de la mitad de los olivares tiene más de 50 años, con costes elevados y difícil mecanización. En este contexto, cuando hay sequía, el olivar tradicional ve desplomarse su producción, mientras el superintensivo mantiene rendimientos y se beneficia de la subida de precios. Cuando vuelve la producción, los precios caen y muchos agricultores venden por debajo de costes, poniendo en riesgo su viabilidad.

Es decir, la minoría superintensiva en regadío siempre gana. Además, el modelo superintensivo reduce drásticamente la necesidad de mano de obra por la mecanización, y se impulsa debido a un modelo “franquiciado”. “Estas empresas especializadas no dejan nada en el territorio y no emplean prácticamente a nadie de la zona, lo que cuestiona la sostenibilidad social del modelo”, detallan.

Sangría laboral: el colapso del empleo y la agricultura familiar

El avance de la mecanización y el modelo de gestión externa está destruyendo el tejido social de los pueblos. Andalucía ha perdido 178.957 empleos agrarios entre 2017 y 2024, lo que representa una caída del 19,5% de su fuerza laboral. La situación es especialmente crítica en las provincias de Córdoba (-28,3%), Málaga (-28,3%), Granada (-27%) y Jaén (-26,6%), que han perdido más de una cuarta parte de sus trabajadores en sólo siete años.

En municipios donde el olivar superintensivo ha crecido más, como Carmona (-31,9% de afiliados), Santaella (-31,3%) o Lebrija (-29,8%), la destrucción de empleo es superior a la media regional. Paralelamente, el trabajo familiar no remunerado se desplomó un 49,8% a nivel nacional, señalando el declive del modelo tradicional frente al patronal y empresarial.

La presión de los fondos ha disparado el precio de la tierra, especialmente en Sevilla, donde el olivar de regadío ha subido de precio un 24,6% en cuatro años. Esta inflación, sumada a que nueve de cada diez compraventas de fincas rústicas en Andalucía se realizan ya sin hipoteca (lo que indica la compra mediante grandes capitales propios), imposibilita que el agricultor medio o los jóvenes puedan acceder a nuevas tierras para garantizar su relevo generacional.

Demandas de Greenpeace

La organización Greenpeace reclama que las ayudas de la PAC deben ser para agricultoras y agricultores, no para los especuladores. De esta manera, pide la exclusión de los fondos de inversión y holdings empresariales de las ayudas de la PAC, un reparto justo de las ayudas y condicionalidad social y ambiental y una transparencia corporativa real.

El coletivo también reclama un impulso del modelo de agricultura familiar y social y que se ponga freno a la especulación. Para ello, urgen a una regulación del mercado de la tierra y acompañamiento público y local; y el control de la integración vertical (cuando una sola corporación o alianza de empresas domina todos los eslabones de la cadena de valor) y freno a la creación de oligopolios

Por último, demandan un reparto justo y social del agua. En este sentido, proponen modificar los planes hidrológicos para eliminar las concesiones donde se benefician modelos de producción superintensiva frente al tradicional, avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos que garantice el desarrollo de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio, la creación de bancos públicos de agua y por último una revisión de concesiones históricas.

Los colectivos integrados en la plataforma Axerquía y Regina-Magdalena por el clima, junto a Ecologistas en Acción, han manifestado su satisfacción al comprobar que el gobierno municipal finalmente comparte los objetivos para transformar el parque de Miraflores en un gran pulmón verde. Esta respuesta ha llegado tras la comparecencia del pasado 26 de enero de Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.

Para los vecinos, las palabras de Madruga, quien ha asegurado que el proyecto “no solo es posible, sino que se llevará a cabo”, suponen un respaldo fundamental a las demandas que venían planteando. “La verdad es que ya nos estamos imaginando un lugar más fresco para los peores meses, además de un lugar de encuentro para toda la ciudadanía que resulte agradable y nos acerque más la naturaleza. Nos entusiasma la idea”, expresan desde las organizaciones climáticas.

Este anuncio se percibe como el triunfo de una propuesta ciudadana que ya contaba con el apoyo de los consejos de distrito Sur y Centro. La intención de plantar más de un millar de árboles y convertir las terrazas del río en un paseo natural responde directamente al modelo de ciudad que los residentes defienden para combatir las altas temperaturas. Según los colectivos, concebir un lugar que amortigüe el calor para la ciudadanía es una noticia que genera esperanza en el futuro climático de Córdoba.

A pesar de la celebración por el compromiso de iniciar la creación de este bosque en 2027, los vecinos mantienen una cautela constructiva. Su objetivo ahora es ver cómo este entusiasmo se plasma “sobre el papel” mediante un plan de trabajo y un presupuesto concreto.

Ecologistas en Acción ha denunciado que la Reserva Natural Laguna del Rincón (Aguilar de la Frontera), emblema de la recuperación de la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), reconocida internacionalmente en el Convenio de Ramsar de 1971, integrada en la Red Natura 2000 con la máxima protección como ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) y una de las tres lagunas permanentes junto a Zóñar y Amarga de las Reservas y Parajes Naturales del Sur de Córdoba, permanece totalmente seca desde octubre de 2021, a pesar de las copiosas lluvias caídas este invierno y en los dos últimos años.

Ante esta evidencia, desde Ecologistas en Acción muestra su sospecha sobre que “la nula recarga del acuífero que la nutre obedece a captaciones de agua incontroladas dentro de su Zona de Protección Hidrológica e Hidrogeológica, como consta en las denuncias presentadas por nuestra organización” en el Patronato de las lagunas del sur de Córdoba, la delegación provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por todo ello, en el Día Mundial de los Humedales 2026, y “después de cinco años de inacción y falta de información por parte de las administraciones responsables” -desde octubre del pasado año están esperando los datos de los pozos y captaciones de agua en la Zona de Protección solicitados a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-, “solo cabe denunciar la muerte de esta laguna singular, exigir medidas urgentes para su recuperación que conlleven el control y cierre de las captaciones ilegales y reivindicar la protección para del resto de humedales de la provincia incluidos o no en el inventario andaluz, importantes reservorios de biodiversidad”.

Por todo ello, desde Ecologistas hacen “responsables y culpables de la muerte de este humedal a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por dejadez en sus funciones y mirar para otro lado ante los nuevos usos agrarios que han derivado en una apertura indiscriminada de pozos para diferentes usos en la zonas de influencia de la Reserva Natural”.

Córdoba ha vuelto a situarse en 2025 por encima del nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO₂) que la Unión Europea exigirá cumplir a partir del 1 de enero de 2030. Según los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción a partir de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire, la capital cordobesa registró una concentración media anual de 22 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m³) en la estación de la Avenida Al-Nasir, una cifra ligeramente superior al umbral de 20 μg/m³ fijado por la normativa comunitaria.

Aunque el valor se mantiene muy por debajo del límite anual aún vigente —40 μg/m³, que no se supera en España desde 2022—, la organización ecologista advierte de que Córdoba, al igual que el resto de ciudades analizadas, deberá intensificar sus políticas de reducción del tráfico motorizado si quiere cumplir con los objetivos europeos y acercarse a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa el límite saludable en 10 μg/m³.

El informe de Ecologistas en Acción analiza los datos de una veintena de ciudades medias y grandes, que concentran cerca de 12 millones de habitantes y aproximadamente una cuarta parte de la población española. El resultado es contundente: todas superaron durante 2025 el nuevo valor límite anual de NO₂, un contaminante emitido principalmente por los vehículos que circulan por las calles urbanas.

Entre las ciudades con mayores concentraciones destacan Madrid (Plaza Elíptica, 32 μg/m³), Málaga (Avenida Juan XXIII, 31), Granada (Granada Norte, 30), Barcelona (Eixample, 29) y Murcia (San Basilio, 29). En el caso andaluz, cuatro capitales —Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba— figuran entre las más afectadas, evidenciando el peso del tráfico rodado en la calidad del aire de la comunidad.

Córdoba se sitúa, no obstante, entre las ciudades con niveles más bajos del conjunto analizado, junto a Palma, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife. Aun así, la organización ecologista subraya que incluso estas ciudades incumplen el nuevo marco legal europeo, aunque sea por unas décimas.

Dudas sobre la ubicación de las estaciones de medición

Ecologistas en Acción pone el foco en las importantes diferencias detectadas entre ciudades con poblaciones similares y cuestiona la representatividad de muchas estaciones de medición, incluidas las orientadas al tráfico. Según la entidad, algunas no están situadas en los “puntos críticos” de contaminación que exige la nueva normativa europea, lo que podría estar infraestimando la exposición real de la población.

En el caso de ciudades medias como Córdoba, Granada o Palma, esta circunstancia podría ocultar niveles más elevados de NO₂ en determinadas zonas con alta intensidad de tráfico. La situación sería aún más grave en municipios como Alicante, Cartagena, Elche o Las Palmas de Gran Canaria, que ni siquiera disponen de estaciones orientadas específicamente al tráfico.

Por ello, la organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una revisión obligatoria de la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire, para garantizar que los datos reflejen fielmente el aire que respira la ciudadanía.

Zonas de bajas emisiones, la asignatura pendiente

Más allá de la medición, Ecologistas en Acción insiste en que la solución pasa por reducir de forma efectiva la presencia de automóviles en las áreas urbanas. Recuerda que hace ya tres años venció el plazo legal para que los más de 150 municipios españoles con más de 50.000 habitantes implantaran zonas de bajas emisiones (ZBE) y aprobaran protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Sin embargo, la mayoría de las ciudades, incluida Córdoba, no han cumplido plenamente estas obligaciones o han aprobado medidas que resultan inoperantes en la práctica. La organización exige la implantación de ZBE eficaces, acompañadas de restricciones reales al tráfico más contaminante y de alternativas de movilidad sostenible.

Críticas a Europa y un impacto directo en la salud

El colectivo ecologista también valora negativamente la reciente prórroga aprobada por la Comisión Europea en relación con la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. A su juicio, esta decisión envía un mensaje equivocado tanto en la lucha contra el cambio climático como en la reducción de contaminantes nocivos para la salud.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que afecta a las zonas más profundas de los pulmones, debilita la respuesta inmunológica y aumenta la vulnerabilidad a las infecciones. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, este contaminante fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España en 2023.

En este contexto, Ecologistas en Acción advierte de que Córdoba no puede conformarse con estar “ligeramente” por encima del nuevo límite europeo. La ciudad, sostienen, necesita un cambio decidido en su modelo de movilidad si quiere garantizar un aire más limpio y proteger la salud de su población en los próximos años.

La Plataforma Ciudadana en Defensa del arroyo Pedroche ha anunciado una ruta reivindicativa el próximo 14 de diciembre con el objetivo de visibilizar las ocupaciones ilegales y el progresivo deterioro que sufre este espacio natural.

Dicha organización la integran A Desalambrar, Ecologistas en Acción, Acisgru, la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural y la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado. Todos ellos denuncian que los problemas en el arroyo se han agravado con el paso de los años, especialmente en el tramo que comprende la desembocadura del arroyo de Santo Domingo y el Puente de Hierro.

La iniciativa comenzará a las 9:00 desde la Torre de la Malmuerta o la puerta de IES Gran Capitán y la plataforma ha explicado que en distintos puntos del cauce han aparecido vallas, alambradas o cerramientos que ocupan el dominio público hidráulico, así como impide el libre paso o reducen el cauce del propio arroyo.

Las visitas recientes de los colectivos han permitido asegurar que las usurpaciones se han extendido, además de que se han acumulado residuos como plásticos o escombros. Este deterioro afecta gravemente a la biodiversidad y al estado del ecosistema fluvial, según ha confirmado la plataforma.

Por otro lado, la organización ha recordado que se ha presentado una denuncia formal ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero ha lamentado que el organismo aún no ha ofrecido respuesta.

Gracias a esto, los colectivos han hecho un llamamiento a las administraciones públicas, además han reclamado identificar y sancionar a los responsables de las ocupaciones, retirar cerramientos que interrumpen el acceso y poner en marcha un plan de vigilancia y seguimiento que garantice la proyección del arroyo y evite nuevos vertidos o cierres ilegales. “El arroyo Pedroche es un patrimonio común que debe mantenerse accesible y en buen estado para toda la ciudadanía”, subrayan.

Ecologistas en Acción ha denunciado a través de un comunicado expuesto en su página web el riesgo que existe para senderistas las batidas de caza sin control en la Sierra de Córdoba. De hecho, esta organización ha explicado que la falta de personal técnico en el Servicio de Caza de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente está dejando sin supervisión efectiva las monterías que se celebran en diferentes puntos de la serranía cordobesa.

La asociación ha aseverado que esta situación supone “un grave riesgo” para los cientos de usuarios que cada fin de semana frecuentan la zona. Según la normativa andaluza, las zonas denominadas como seguras prohíben el uso de armas de fuego y los disparos en dirección a caminos, vías pecuarios, areas recreativas y otros espacios, todo ello si no existe una distancia suficiente o una barrera natural que evite impactos. En 2024, la Junta de Andalucía aumentó este margen a 250 metros en todos los equipamientos de uso público, snetre ellos el Parque Periurbano de Los Villares.

Ecologistas en Acción ha asegurado en el escrito que el cumplimiento de esta normativa es “imposible” ante la falta de inspectores y de Agentes de Medio Ambiente, especialmente en los fines de semana, cuando se concentran las actividades recreativas y cinegéticas. Además, ha señalado que es habitual encontrar cotos de caza en zonas prohibidas, mientras senderistas, ciclistas o corredores se encuentran en el entorno. Una preocupación que aumenta en las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones navideñas.

Por ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Delegación Territorial que haga cumplir “su propia normativa”, tanto revisando los Planes Técnicos de Caza como supervisando sobre el terreno la ubicación de los puestos y zonas de seguridad. “Está en juego la vida de la ciudadanía que cada fin de semana ejerce su derecho a disfrutar del medio natural”, recuerda la organización, apelando a los artículos 19 y 45 de la Constitución.

La organización Groden-Ecologistas en Acción ha denunciado las dificultades que está encontrando para acceder al proyecto de la planta de biometano que se pretende instalar en el término municipal de Baena. El colectivo asegura que, pese a haber solicitado la documentación por vía electrónica y haber acudido en varias ocasiones al Ayuntamiento, aún no ha podido conocer el contenido del expediente.

La primera petición se registró el pasado 13 de noviembre, tras conocerse en redes sociales la existencia del proyecto. Posteriormente, un representante de la organización acudió el 21 de noviembre a las oficinas de Urbanismo para consultar la documentación, aunque, según explica el colectivo, el asesor jurídico municipal encargado del expediente no se encontraba disponible. El 24 de noviembre, Ecologistas en Acción volvió a personarse en Urbanismo. En esta ocasión, el representante fue recibido por el asesor jurídico, quien -según la organización- se comprometió a remitir la documentación por notificación electrónica el día 27, alegando que antes era necesario eliminar datos personales y que el expediente era voluminoso.

Sin embargo, llegada esa fecha, la asociación asegura que no recibió notificación alguna. Por ello, su representante acudió de nuevo al Ayuntamiento el viernes 28 de noviembre, sin que, según afirman, se le facilitara tampoco entonces el proyecto.

Desde Groden-Ecologistas en Acción han expresado su “incomprensión” ante lo que consideran una falta de transparencia por parte del Ayuntamiento de Baena. Han recordado, a través de una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, que la normativa vigente -incluyendo las Directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE y la Ley 27/2006 sobre acceso a la información ambiental- obliga a las administraciones a facilitar estos documentos sin necesidad de justificar interés particular.

El colectivo ha sostenido que el Ayuntamiento “tendrá finalmente que entregar” el proyecto de la planta de biometano y que, además, deberá “ampliar el plazo de alegaciones” conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, dado que aún no han podido acceder a la información requerida.

Ecologistas en Acción ha alertado, a través de una nota de prensa, de que la actividad cinegética que se desarrolla en la Sierra de Córdoba se lleva a cabo sin el control adecuado por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, lo que “incrementa el riesgo para los numerosos usuarios que frecuentan estos espacios cada fin de semana”. Según la organización, la falta de personal técnico impide revisar los Planes Técnicos de Caza (PTC) y supervisar sobre el terreno la ubicación de las armadas de cazadores durante batidas y monterías, una carencia que consideran especialmente peligrosa para senderistas, ciclistas y otros visitantes.

La normativa andaluza establece que las zonas de seguridad deben garantizar la integridad física y la libertad de las personas, prohibiendo el uso de armas de fuego o disparos en su dirección cuando no se respetan las distancias exigidas. A esta regulación se sumó la resolución de 29 de mayo de 2024, que amplió a 250 metros en todas direcciones el perímetro de seguridad alrededor de los equipamientos de uso público de la Consejería de Sostenibilidad, incluyendo el Parque Periurbano de Los Villares, uno de los enclaves más frecuentados de la sierra.

No obstante, Ecologistas en Acción denuncia que la Delegación Territorial carece de agentes y técnicos suficientes para garantizar que estas medidas se cumplan, especialmente los fines de semana, cuando la afluencia de visitantes alcanza sus picos más altos. Esta falta de supervisión, señalan, provoca que las armadas de cazadores se ubiquen con demasiada frecuencia en zonas prohibidas, generando situaciones de riesgo para quienes transitan por vías pecuarias, caminos rurales y senderos recreativos.

La organización subraya que la Sierra de Córdoba es utilizada por una gran variedad de usuarios: desde senderistas y ciclistas hasta recolectores de setas y espárragos, observadores de aves, educadores ambientales, familias y aficionados a la fotografía de naturaleza. Muchos de ellos desconocen que podrían estar circulando por áreas próximas a batidas, exponiéndose a un peligro “real y evitable”.

Ecologistas en Acción expresa su especial preocupación por las batidas previstas en las próximas semanas, algunas coincidiendo con el periodo navideño, en fincas colindantes con Los Villares. Temen que los organizadores no respeten las medidas preventivas, poniendo en riesgo a quienes disfrutan del monte durante las vacaciones.

Por ello, reclaman a la Delegación Territorial que cumpla y haga cumplir su propia normativa, supervisando tanto los documentos de gestión cinegética como la correcta delimitación de las zonas de seguridad sobre el terreno. Insisten en que la vigilancia debe extremarse en los cotos limítrofes con el Parque Periurbano de Los Villares, donde la presencia de visitantes es especialmente elevada.

“Está en juego la vida de los ciudadanos y ciudadanas que cada fin de semana ejercen su derecho constitucional a disfrutar del medio natural”, advierten, apelando a los artículos 19 y 45 de la Constitución Española. Ecologistas en Acción urge a la Junta de Andalucía a actuar para evitar accidentes y garantizar la convivencia segura entre los distintos usos del entorno natural.

Ecologistas en Acción Córdoba y un grupo de personas de la comarca de Los Pedroches han formalizado la presentación de alegaciones ante el Ayuntamiento de Torrecampo contra la ampliación propuesta, correspondiente a la segunda fase, de la explotación ganadera de cebadero de porcino en el paraje Los Granadillos. La iniciativa busca triplicar la capacidad de la granja, pasando de 2.000 plazas autorizadas inicialmente a un máximo de 7.200 plazas de cebo, como ya informó con anterioridad este periódico.

Dichas alegaciones reflejan las críticas que ya habían alertado colectivos ecologistas y vecinos de la comarca, quienes denuncian posibles riesgos de contaminación del agua, degradación de la dehesa y daños a la imagen del producto ibérico.

Por su parte, el proyecto en Torrecampo, gestionado por UBE Crianza Ibérica, se lleva gestando desde 2021 y contempla la implantación de una explotación de cebadero de porcino ibérico. La primera fase, autorizada por el Ayuntamiento de Torrecampo, preveía 2.000 cerdos en dos naves. Sin embargo, la promotora solicitó la ampliación a 7.200 plazas de cebo, antes incluso de que las obras iniciales, que comenzaron tras la licencia de julio de 2023, concluyan a finales de 2025. Además, la empresa, junto a Belloterra Delicatessen, defendieron la legalidad, sostenibilidad y compromiso ambiental de sus explotaciones, y anunciaron a este periódico acciones legales contra quienes difunden mensaje “falsos y dañinos”.

Alegaciones y críticas al proyecto

Las alegaciones presentadas, a las que ha tenido acceso este periódico, se centran en problemas procedimentales, contradicciones técnicas y graves riesgos medioambientales derivados del aumento exponencial de la capacidad.

Por un lado, tanto Ecologistas en Acción como los vecinos de la comarca han señalado que, a pesar de la publicación del anuncio de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, la documentación del Proyecto de Actuación Extraordinario no estaba disponible en el enlace de la sede electrónica del ayuntamiento. Por ello, se solicitó formalmente la ampliación del plazo de alegaciones, tantos días como el periodo transcurrido sin acceso al expediente.

Asimismo, estas alegaciones detallan que hay múltiples inconsistencias dentro del propio proyecto de actuación:

Entretanto, ambos grupos han recalcado que la ampliación a 7.200 plazas de cebo supondría un incremento exponencial en el consumo de agua y en la generación de purines, olores, y la expulsión de amoníaco y gases de efecto invernadero. El proyecto generaría 15.500 metros cúbicos de purines al año, todo ello en una zona “muy tensionada” en cuanto a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos.

Además, las alegaciones han puesto en duda la justificación del interés social y económico de la ampliación. Ambos colectivos han argumentado que la ganadería industrial, al estar muy automatizada, genera muy pocos puestos de trabajo. Los perjuicios medioambientales, la contaminación y el impacto negativo en la base de la economía del municipio -la ganadería extensiva- superarían los supuestos beneficios.

Finalmente, Ecologistas en Acción y los vecinos han solicitado que no se declare el proyecto de actuación de interés social y que no se autorice la segunda fase debido a las contradicciones citadas y a la falta de garantía en los suministros.

Ecologistas en Acción ha denunciado a través de una nota de prensa el hormigonado de un camino en uno de los últimos parajes intáctos de Sierra Morena. Según la información disponible, los trabajos en el camino se desarrollan entre los términos municipales de Posadas y Hornachuelos, al pie de la Sierra Morena cordobesa, donde “existe un rincón donde aún existe una conexión viable entre la campiña y la sierra sin urbanizaciones fuera de cualquier planificación urbanística previa, ni instalaciones de plantas solares”. Es el camino público conocido secularmente como Paterna, reconocido y señalizado por la Diputación de Córdoba dentro del Programa Paisajes con Historia.

Según Ecologistas, es un itinerario diseñado para poner en valor lugares de alto interés natural, histórico y paisajístico de la provincia de Córdoba. El hormigonado de este camino, del que aún no se han hecho públicas las razones ni la documentación ambiental, “rompe el frágil equilibrio que ha permitido que este paisaje llegue prácticamente inalterado al siglo XXI”.

“Este mismo camino, hoy incluido en el catálogo oficial de la Diputación de Córdoba, está siendo hormigonado en uno de los espacios más intactos de transición/conexión entre el valle del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena, un entorno donde todavía se conserva la esencia del paisaje cordobés en esta parte del escalón de Sierra Morena. Una franja de riqueza natural entre dos territorios que se completementa y retroalimentan de forma simbiótica”, denuncian.

El pavimento impermeabiliza y facilita el acceso de vehículos motorizados a un entorno que hasta ahora solo recorrían senderistas, ciclistas y algunos agricultores o ganaderos locales. La intervención “desvirtúa el sentido del Programa Paisajes con Historia, que debería servir para proteger los caminos tradicionales, no para transformarlos en vías encementadas”, aseguran.

El camino público de Paterna discurre entre el Camino Bajo de Hornachuelos y el Pilar de Paterna, atravesando un paisaje de enorme singularidad: la frontera natural entre los cultivos de secano de la campiña y el monte mediterráneo. “Es precisamente en este tipo de zonas de contacto donde se concentra una biodiversidad excepcional, con comunidades que aprovechan tanto los ambientes esteparios de la Campiña como los refugios forestales de la Sierra”, exponen.

En sus inmediaciones se han identificado territorios de águila perdicera, águila real, águila culebrera, águila calzada y búho real, especies que anidan dentro del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos y utilizan esta zona de transición/ecotonal para cazar. A ellas se suman aves esteparias como el aguilucho pálido y cenizo, la calandria, el alcaraván, el chorlito dorado o el elanio azul, además de mamíferos como zorros, ginetas, tejones y una rica comunidad de reptiles.

Además, la zona alberga también huellas históricas de gran valor, como el propio Pilar de Paterna, considerado una de las fuentes más valiosas de la provincia desde el punto de vista patrimonial y etnográfico. Por todo ello, la Diputación de Córdoba incluyó este recorrido dentro del programa Paisajes con Historia, concebido precisamente para conservar los entornos rurales más singulares de la provincia.

Para Ecologistas en Acción “no se entiende que existan caminos de titularidad pública en peor estado y con un uso social o agrícola mucho mayor en las cercanías de Posadas, y se elija precisamente, en plena zona de alto valor ecológico, para intervenir. Algo no encaja; carece de toda lógica”.

“A todo lo señalado, habría que añadir que en el inventario municipal de caminos públicos del Ayuntamiento de Posadas, el camino de Paterna consta con una anchura de 6 metros, y los trabajos de hormigón armado que se están realizando encima de su trazado son de 3,75 metros, produciéndose un estrechamiento y pérdida de dominio público, contradiciendo la propia legalidad vigente”, reiteran.

En consecuencia, la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba exige la paralización inmediata de cualquier actuación y la reposición a su estado original de lo ya actuado, además de la exposición pública de todos los informes técnicos y ambientales vinculados al hormigonado de susodicho camino público.

La tramitación de un permiso de investigación minera en el término municipal de Carcabuey, dentro del Geoparque y Parque Natural de las Sierras Subbéticas, ha generado preocupación entre colectivos ecologistas, que alertan del posible impacto ambiental de la actividad en este espacio protegido.

El proyecto, denominado 'Serrano', fue publicado el pasado 20 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Contempla un permiso para investigar la existencia de ofitas y dolomías en dos cuadrículas mineras con una extensión aproximada de 60 hectáreas. De momento, se trata únicamente de una autorización para realizar prospecciones, sin que ello implique necesariamente la apertura de una cantera.

La iniciativa está siendo tramitada por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas en Córdoba. Sin embargo, su localización dentro del Parque Natural ha levantado críticas por parte de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Córdoba y la Plataforma en Defensa de la Subbética, que han expresado su desconfianza hacia el proyecto y la falta de transparencia institucional.

Según ambos colectivos, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul no ha informado del proceso en las reuniones de la Junta Rectora del Parque Natural, a pesar de que la solicitud de investigación fue presentada el 16 de enero de 2024. “El Geoparque y Parque Natural de las Sierras Subbéticas vuelve a estar en peligro por la posibilidad de una nueva cantera en el término de Carcabuey”, advierten las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, denuncian que la Delegación Territorial de Medio Ambiente ha emitido un informe favorable “a pesar de reconocer que la documentación no especifica la localización exacta de las labores de mayor impacto, como calicatas, trincheras o sondeos, por lo que no puede evaluarse correctamente su afección al medio natural”.

La polémica coincide con la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque, instrumentos que datan de 2004. Su actualización pretende adaptar la normativa a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos, así como a las directrices europeas de la Red Natura 2000. Los ecologistas consideran que el permiso de investigación “debería haberse suspendido hasta la aprobación del nuevo marco normativo”.

Desde Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa de la Subbética rechazan el proyecto por afectar a una zona de olivar tradicional de montaña, con ejemplares centenarios y fuerte pendiente, que consideran parte del patrimonio agrario y paisajístico de la comarca. Recuerdan además que el olivar tradicional andaluz está en proceso de reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Los colectivos instan al Ayuntamiento de Carcabuey, a los agricultores y a la ciudadanía a no apoyar el proyecto y a exigir que la empresa busque alternativas fuera del espacio protegido.