La comunidad educativa del IES Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba) ha convocado una serie de protestas para exigir el mantenimiento del ciclo de Formación Profesional (FP) Básica de Cocina y Restauración en este centro, ante las noticias recibidas de manera interna por el instituto -aunque sin comunicación oficial- y la ausencia de este ciclo en la oferta educativa publicada para el próximo curso por la Junta, según denuncian las familias. Se trata de unos estudios que atienden a alumnado con necesidades especiales.

Aunque la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba mantiene que “se sigue estudiando la oferta en esas enseñanzas” y “no hay nada decidido” -según precisan a este periódico-, tanto profesionales del centro como la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) señalan las informaciones que de manera interna ha recibido el instituto sobre la eliminación de este ciclo de FP.

Así las cosas, este mismo lunes 13 de abril y el martes día 14 hay convocada una movilización de la comunidad educativa a las puertas del instituto a la hora de entrada a clase, con las que el profesorado, alumnado y familias quieren exigir que estos estudios de Cocina y Restauración se mantengan en el centro y evitar así un recorte en las enseñanzas que se ofertan, especialmente para el alumnado con necesidades específicas. Desde la AMPA, van a mantener la convocatoria de estas protestas “todos los lunes y martes hasta que haya una solución”, explica la presidenta, Sonia Cantero.

Manifestación de protesta

Asimismo, según señalan, también se ha organizado una manifestación para el día 22 de abril en Lucena, que partirá del instituto y acabará en la Plaza Nueva de Lucena, donde se leerá un manifiesto. Igualmente, preparan otra protesta en Córdoba capital días después, para la que están tramitando los permisos.

Cantero explica que se dieron cuenta de la ausencia del ciclo de Cocina y Restauración en la publicación en marzo de la oferta educativa para el próximo curso y donde, en su lugar, aparecía un Programa de Tránsito a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL), unos estudios de rango inferior.

Más allá de los siete estudiantes que actualmente cursan los estudios del ciclo de Cocina y Restauración, desde la AMPA denuncian que la eliminación de estas enseñanzas afectaría a futuros alumnos, que “necesitan una atención especializada” dentro del aprendizaje de esta cualificación profesional. Las familias han escrito al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía para tener una respuesta sobre la decisión, ante lo que han recibido contestación señalando que “están estudiando” el asunto.

A mediados de enero de este año, las autoridades educativas visitaron el IES Juan de Aréjula para conocer algunas inversiones y mejoras hechas en sus instalaciones, entre ellas una nueva sala de frío para el ciclo de FP de Cocina y Restauración que ahora es el centro de las reivindicaciones de su comunidad educativa.

Diversas organizaciones, colectivos y personas de Córdoba han hecho público el manifiesto “No a la guerra”, una llamada a la movilización social frente a lo que definen como una “espiral de violencia global” que pretende recoger apoyos en todos los ámbitos de la ciudad. La iniciativa culminará con una manifestación el próximo sábado 25 de abril, que recorrerá las calles de la capital para exigir el fin de los conflictos bélicos y un cambio de prioridades políticas.

Según informan en un comunicado, el manifiesto denuncia que la situación actual en Oriente Próximo, con la guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán y el Líbano es el último paso de una escalada bélica que incluye el genocidio en Palestina, la invasión rusa de Ucrania y las intervenciones neocoloniales en África y América Latina.

Para los convocantes, este escenario consolida una “ley del más fuerte” a nivel global que vulnera sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos más elementales.

“La guerra se está extendiendo como la única forma de resolución de conflictos, y esto va de la mano con el auge de la extrema derecha, la persecución de personas migrantes y el negacionismo climático”, afirma el documento.

Impacto en la vida cotidiana

Uno de los puntos clave que resalta la convocatoria es la conexión directa entre la guerra y el gasto militar y el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Los convocantes alertan de que la deriva de Europa —a la que acusan de “vergonzosa complicidad” por su dependencia energética y militar de EE. UU.— que se traduce -aducen los convocantes-, en: recortes en servicios públicos y derechos sociales; encarecimiento del coste de la vida; y abandono de la agenda medioambiental y de la transición energética.

Argumentan que este llamamiento “No a la Guerra” de Córdoba no es solo una negativa, sino que defiende una paz en positivo en torno a cinco principios:

Derechos Humanos: Frenar el autoritarismo y los discursos de odio.

Feminismo: Defender la igualdad y los derechos de las mujeres frente a la violencia machista y militarista. Poner la vida y los cuidados en el centro.

Soberanía alimentaria y energética: Apostar por energías renovables y otro modelo alimentario que garanticen salud y soberanía.

Emergencia climática: Denunciar el enorme impacto ambiental de los conflictos bélicos y la necesidad de situar la emergencia climática y no la guerra como prioridad global.

Justicia Social: Exigir que los recursos se destinen a vivienda, salud y educación, más derechos sociales y mejores servicios públicos en lugar de a la guerra.

La plataforma invita a toda la ciudadanía cordobesa a sumarse a la marcha para expresar el rechazo social a este régimen de guerra. Las organizaciones y la ciudadanía interesada en adherirse al manifiesto pueden hacerlo a través de este enlace.

Las Mareas Blancas de Córdoba y los sindicatos de Sanidad de CCOO y UGT, acompañados por el PSOE y Adelante Andalucía, han hecho hoy un llamamiento a la población a sumarse el próximo domingo 12 de abril a la manifestación en defensa de la sanidad pública que partirá a las 11.00 de la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba.

Las organizaciones convocantes llaman a responder a “la política de desmantelamiento de la sanidad pública que viene practicando el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, una política que se traduce en un aumento de las listas de espera, el agravamiento de patologías, el colapso de las urgencias, un ataque frontal a los y las profesionales y un deterioro sin precedentes de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada”, según señalan en un comunicado.

Por todo ello, los sindicatos y las Mareas Blancas han presentado hoy lunes un escrito en la Delegación de Salud en el que reclaman la convocatoria de los Consejos de Salud, que, como explicó el portavoz de las Mareas Blancas de Córdoba, Antonio Baena, “es la única vía que tenemos los ciudadanos de participar de las decisiones que se toman por la administración con respecto a la sanidad en los pueblos y en las ciudades. Es un problema que desde el año 1998 no se hayan puesto en marcha y queremos y exigimos que se pongan en marcha porque hablar con esta administración es un diálogo de sordos. Con nosotros no habla, no hablan con nadie que tenga un discurso diferente”.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, remarcó que “la sanidad pública no puede ser un negocio a costa de la salud y de las vidas de las personas. El gobierno de la Junta de Andalucía, y su presidente Juanma Moreno Bonilla al frente, no puede enriquecer a las empresas de la sanidad privada a costa de la salud y sufrimiento de las personas. Así lo muestran todos los indicadores: Las listas de espera prácticamente se han duplicado desde junio de 2025, pasando de 41.745 personas a 82.730. El aumento de las listas de espera contrasta con la pérdida de profesionales. Actualmente hay 1.136 profesionales menos en el SAS que en 2021. Esto por no hablar de que Andalucía es la 5ª comunidad autónoma por la cola en inversión sanitaria, con 1.870 euros por habitante, lejos de los 2.506 que destina Asturias por cada ciudadano y ciudadana. A las consabidas esperas de hasta 20 día para obtener cita en la atención primaria se suma la infrautilización, cuando no el cierre, de infraestructuras sanitarias. Y mientras, el Gobierno andaluz destina a la sanidad privada cerca de mil millones de euros, copando ya el 27,5 % de las camas sanitarias en la provincia”.

La secretaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de UGT Córdoba, Carmen Heredia, también se refirió al tercer punto de Urgencias, que se abrirá el próximo jueves. “Es muy importante el tercer punto de Urgencias, pero no es una urgencia necesaria porque se abrir con déficit, se va a abrir con dos médicos contratados, los otros dos van a salir de la atención primaria, es decir, que si tiramos de la atención primaria nos vamos a encontrar con que no tenemos personal para cubrir esa atención primaria y la demora de los 14 días surge de ahí. No queremos que se abra el tercer punto de urgencias a costa de los profesionales”, indicó la responsable sindical que reclamó “a la Delegación que cubra todos los cupos de médicos necesarios de la atención primaria, para que funcione correctamente, y después abramos este tercer punto de urgencias que es necesario, pero ahora mismo no es imprescindible”.

Más de un centenar de gruistas, según los sindicatos CCOO y UGT, se ha concentrado este lunes ante una obra en las inmediaciones de Miralbaida, en Córdoba capital, para protestar por “la actitud” de la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, en el marco de las negociaciones iniciadas tras la demanda de subida salarial planteada por los trabajadores, que la han reclamado con una huelga.

Según han informado los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba en un comunicado conjunto, en la patronal “se han enrocado en una cifra que ni siquiera compensaría las pérdidas generadas por los trabajadores en estos días de huelga y se han cerrado a negociar”, cuando “la huelga, que ha superado el mes desde su inicio, ha afectado a más de 60 obras en toda la provincia”.

El origen del conflicto está relacionado con la exigencia por parte de los trabajadores de una subida salarial, pues el pasado noviembre “se llegó a un acuerdo para una subida inicial transitoria que afectaría desde enero de 2025, pero que tendría su revisión en el presente año 2026”.

La negativa inicial de Construcor a revisar esta subida fue el origen de la convocatoria de huelga, negando la patronal el acuerdo de revisión y afirmando que la cifra solicitada por los trabajadores excede lo que el artículo 50 del convenio del sector establece.

Tras ello y respecto a la postura actual de la patronal, el responsable sindical Antonio Heredia (UGT) ha criticado el “chantaje” de Construcor al exigir que “debemos aceptar una subida transitoria de 13 euros y desconvocar la huelga para avanzar en las negociaciones”.

Por otra parte, Heredia ha asegurado que Constructor ha dado “órdenes, tras el inicio de la huelga, de posponer los pagos de los atrasos de 2024 y 2025 hasta que la huelga se desconvoque, lo que ha generado una enorme confusión en las empresas del sector, ya que algunas han procedido al pago, otras no, y muchas no conocen realmente el motivo de esta directiva de la patronal y muestran su desacuerdo con estas formas de actuar, por lo que han procedido a realizar los pagos correspondientes”.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, ha remarcado que “el convenio de aplicación en la construcción es un convenio estatal, y es el mismo para todas las provincias, pero en cada una se firman sus propias tablas salariales, y en Sevilla se ha revisado el salario de los gruistas. Si allí se ha conseguido significa que aquí tenemos margen”.

Sin embargo, según ha lamentao, “aquí lo que tenemos es una negativa tajante de la patronal, que lo que nos dice es esto es lo que hay, que si lo queremos, nos reunimos y que si no, pues no, y lo que nos ofrecen es lo que ya teníamos a 31 de diciembre de 2025”.

Una iniciativa en busca de reivindicar el derecho a la vivienda. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este martes a las 18:30 horas en la Plaza de Las Tendillas, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios en el marco de los 'Housing Action Days'. La portavoz de la plataforma, Cati Ortega, ha explicado que el objetivo principal es reivindicar el derecho a la vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, el cual consideran que está siendo vulnerado de forma sistemática en los últimos años. Esta movilización forma parte de una jornada de acción global iniciada en 2019, en la que este año participan más de 90 países con 150 acciones simultáneas para exigir justicia habitacional y climática.

En conversaciones con este periódico, Cati Ortega ha explicado de las demandas más urgentes de los manifestantes es la restauración inmediata de la moratoria antidesahucios, que dejó de estar vigente el pasado 26 de febrero. La portavoz y representante de Stop Desahucios ha señalado que, aunque esta medida era insuficiente por aplicarse solo a casos muy específicos, constituía la única herramienta para proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además, ha reclamado topar de forma efectiva los precios de los alquileres, criticando que los límites actuales se aplican sobre precios que ya resultan desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora.

El enfoque de la protesta radica en cómo la especulación inmobiliaria está “arrasando” con la habitabilidad de los barrios cordobeses. Cati Ortega ha apuntado que más de la mitad de las viviendas en Córdoba se pagaron al contado durante el último año, un dato relevante que indica que los inmuebles están siendo adquiridos por grandes inversores en lugar de por familias trabajadoras. Ante esta situación, los colectivos han exigido aumentar la inversión en vivienda pública, recuperar los inmuebles vacíos de la ciudad y aplicar penalizaciones fiscales a quienes especulan con este derecho básico.

La movilización también ha servido para mostrar un rechazo frontal a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía, en vigor desde enero de 2026. Ortega ha sostenido a Cordópolis que esta normativa favorece la colaboración público-privada en beneficio de los especuladores, no limita las viviendas turísticas y se centra en criminalizar la ocupación en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta social. Asimismo, ha denunciado el impacto de la turistificación y han exigido que los recursos públicos se destinen a políticas sociales y de vivienda en lugar de a la escalada militarista global y a la guerra.

Esta manifestación ha comenzado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de Las Tendillas y ha comenzado a partir hacia La Corredera a las 18:50. Además de Stop Desahucios, han estado presentes las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asamblea Antirracista, la Plataforma 8 de Marzo, asociaciones vecinales como La Axerquía y Regina Magdalena, además de partidos políticos.

Las organizaciones provinciales de UCE, Recortes, Cero, USO, PSOE, UGT y la Agrupación pro-Palestina de Córdoba, como miembros de la Plataforma Estatal No a la Guerra, se han concentrado en la mañana de este sábado en la plaza de Las Tendillas para exigir el fin de los ataques indiscriminados de EEUU e Israel contra Irán, resaltando que en los mismos ha muerto un importante número de población inocente.

La concentración se ha desarrollado en el marco de la Jornada Estatal 'Hay que parar la Guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza', convocada este sábado por la plataforma PararLaGuerra.es en más de 140 localidades de toda España.

Según han informado en un comunicado, asimismo, han solicitado el fin del régimen “criminal” de los ayatolás y la instauración de una democracia condenando las muertes a manos de los actuales dirigentes iraníes de miles de ciudadanos en el país como respuesta a las manifestaciones de protesta que se produjeron las pasadas semanas.

A lo largo del acto se leyó un manifiesto en el que se hizo una especial mención a las mujeres iraníes. Posteriormente, se procedió a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas, a lo que siguieron gritos de “no a la guerra”.

Manifiesto

“Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial.

Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro.

Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional”.

Año y media de problemas en los pagos de sus nóminas, de las que a la mayoría se les deben actualmente las de diciembre, enero y febrero. La plantilla del restaurante El Caballo Rojo de Córdoba ha protagonizado este sábado una concentración de protesta con una sonora pitada a las puertas del establecimiento, para reclamar que se les abonen sus salarios.

“Años de lealtad, meses sin pagar” era el mensaje que rezaba en la pancarta que han exhibido en la protesta, donde se han concentrado gran parte de los 21 trabajadores de la plantilla, desde personal de cocina, a jefe de sala y limpiadoras.

“El que menos, llevamos veinte años trabajando aquí”, ha explicado a Cordópolis el delegado sindical de la plantilla, Miguel Ángel Morato. “Hay gente que tiene que pagar la hipoteca, el alquiler, manutenciones, gente que viene cada día de pueblos a trabajar... y todo eso hay que pagarlo”, ha expuesto sobre las situaciones personales que sufren los trabajadores con los impagos.

“Lo que queremos es trabajar, pero cobrando”, argumenta, sobre la situación en que se ven y cómo han tomado este paro y protesta como medida de presión ante la empresa que, de momento, no ha movido ficha.

Demandas de los trabajadores

Desde el sindicato CCOO, la responsable de Servicios, María José Merino, cuenta cómo desde hace año y medio la plantilla comenzó a tener problemas de pago de sus salarios, cómo la empresa ha ido haciendo algunos abonos en este tiempo, pero actualmente se encuentran con que a la mayoría de los trabajadores se les debe tres nóminas. “La empresa no contesta, no ha acudido al Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) y ya están puestas las demandas por parte de cada trabajador”.

Sobre la situación del restaurante, en plena Judería cordobesa, señala que al negocio no le falta clientela y apuntan a “una mala gestión” como causa de los impagos. Ante esta situación, la plantilla acordó ir a la huelga -por primera vez en su historia- los sábados que restan de marzo y prolongar ese parón también en la Semana Santa.

El personal ya anunció el pasado mes de diciembre una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió entonces suspenderla por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla. Aunque en diciembre les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no cumplió su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, generando un enorme malestar entre la plantilla, que viene sufriendo esta situación desde que la actual gerente tomó las riendas del emblemático establecimiento a finales de 2023, señalan desde CCOO.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha anunciado su participación en los Días Globales de Acción por la Vivienda, una serie de acciones coordinadas internacionalmente del 23 al 29 de marzo de 2026, que exige justicia habitacional en un planeta habitable, plantea resistencia a los desplazamientos impulsados por intereses corporativos, promueve el derecho a la vivienda como un derecho humano, y reclama justicia climática y el no a la guerra.

“La crisis global de la vivienda se agrava mientras las ganancias de unos pocos se disparan. Millones de personas luchan por encontrar y mantener un hogar. Durante los Días de Acción por la Vivienda, nos movilizaremos con aliadas y aliados más allá de las fronteras para exigir un cambio fundamental”, afirma Stop Desahucios. “En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz.”

Lucha global y manifestación desde Las Tendillas

Recuerdan que el año pasado hubo acciones en numerosas ciudades alrededor del mundo. “En 2026, del 23 al 29 de marzo, volvemos a unirnos para confrontar las causas sistémicas de la crisis de la vivienda y del clima. Marcharemos, nos organizaremos, ocuparemos, haremos huelga, protestaremos y construiremos resistencia liderada por las comunidades frente a políticas que priorizan las ganancias por encima de la vida humana”, dicen en un comunicado.

Sobre ello, Stop Desahucios indica que en todo el mundo, la crisis de la vivienda está alimentada por el aumento de los alquileres, la especulación, los desahucios, la extracción de tierras y recursos, y la represión de activistas. Millones de personas afrontan viviendas inadecuadas, inaccesibles o inseguras, mientras los propietarios corporativos y los mercados inmobiliarios financiarizados crecen sin control.

Durante los Días de Acción por la Vivienda 2026, los movimientos locales y globales se movilizan contra los desahucios, la represión de activistas, la venta de nuestras ciudades mediante la turistificación y la especulación, el saqueo de nuestras tierras, el aumento del costo de vida, sus aviones de guerra y la destrucción de nuestro planeta. “Impulsamos una visión de un mundo centrado en una vida digna para todas las personas”.

Stop Desahucios condena además la reciente caída de la moratoria antidesahucios y es crítica con las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía sobre vivienda, que demuestra la nula intención de ejercer una de las principales competencias autonómicas y abordar uno de los mayores problemas del pueblo andaluz, razones por la que anima a sumar fuerzas y salir a la calle en defensa del derecho a la vivienda.

En Córdoba, además, la plataforma viene denunciando reiteradamente el nefasto efecto de los llamados fondos buitre, que de la mano de bancos y gestoras están forrándose y son los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadoras sin alternativa habitacional, e impulsan las subidas de alquileres, a la vez que hacen inviable la emancipación de miles de jóvenes.

Estas dificultades de acceso a la vivienda se ven además agravadas en el caso de las personas racializadas o inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género o familias monomarentales, y otros colectivos particularmente vulnerables.

Por último, se condena la escalada militarista a nivel mundial y se exige radicalidad y firmeza en el 'No a la guerra' y el destino de recursos a políticas sociales, como las de vivienda, y no a bombas, más aún en previsión de la nueva crisis que sin duda provocarán las acciones de guerra absolutamente fuera del derecho internacional.

Cerca de 3.000 personas, según fuentes de la Policía Local, han secundado este domingo la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer que ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad, culminando en Las Tendillas con la lectura del manifiesto.

La de este domingo ha sido otra ocasión más para exigir igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Mujeres, hombres y niños de todas las edades han sido los protagonistas de una marcha que no ha registrado incidencias. Por tercer año consecutivo, la movilización ha sido organizada por la Asamblea 8M Córdoba y ha contado con la adhesión de aproximadamente 25 asociaciones y organizaciones. Bajo consignas en defensa de la igualdad, Lucía Figueredo y Cristina Pérez -represenantes de la asamblea- han destacado que el movimiento se mantiene firme “luchando contra el fascismo y la extrema derecha” en un contexto global que califican de “tiranía y guerra”.

Desde la organización han definido la marcha como un espacio transfeminista, anticapitalista, anticolonialista y anticapacitista. Durante todo el trayecto, los manifestantes, han puesto especial énfasis en la necesidad de defender los derechos ya conquistados, denunciando que sectores de la derecha y la ultraderecha están “intentando revertir consensos sociales obtenidos por toda la sociedad”. Según las representantes, el feminismo actual debe ir a la “raíz del machismo”, la cual identifican en el sistema capitalista y el heteropatriarcado como instrumentos de opresión.

En la marcha se han podido ver pancartas rechazando la regulación de la prostitución, porque sería “legitimar la explotación sexual”, y otras que llamaban a la lucha feminista para luchar contra el fascismo. Hay que señalar que los manifestantes han llegado en pequeños grupos, pero hay otros que han venido organizados desde sus barrios, como Valdeolleros, o desde sus municipios, como ha sido el caso de Fuente Palmera. A la manifestación también se han sumado participantes de la Pink Running que este domingo se ha desarrollado en la capital a las 10:00.

La protesta también ha servido para visibilizar la lucha de las mujeres rurales y la participación activa de la Asociación de Mujeres Africanas de Córdoba. Asimismo, se ha hecho un contundente llamamiento a la paz, señalando que mientras “los hombres organizan la guerra”, son las mujeres quienes sufren las consecuencias y defienden los derechos humanos. “El machismo y las bombas que tiran los hombres sí que matan”, han subrayado, posicionando al feminismo como el movimiento que más involucra a todo el planeta en la actualidad. En este sentido, las pancartas del No a la guerra se han podido ver en la columna del PSOE, con representantes como la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; y los concejales Mamen González y Joaquín Dobladez.

Quienes también han portado carteles contra la guerra han sido manifestantes de la columna del PCA, donde también se han visto banderas de palestina y una andalucista. Entre los manifestantes también se encontraban la edil de Igualdad del Ayuntamiento, Marian Aguilar; los concejales de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo e Irene Ruiz; la Asamblea Transfeminista de Córdoba, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), Andalucía Laica, cuyos adeptos defienden que con el laicismo hay más feminismo; UGT, CCOO, IU y Ustea Córdoba. Muy significativa ha sido también la participación de Amama, asociación que este sábado le otorgó el PSOE en sus premios Clara Campoamor.

Como parte de su compromiso con la inclusión, el recorrido ha contado con un tramo de silencio en la calle Cruz Conde para personas con hipersensibilidad auditiva. La jornada ha concluido en la plaza de Las Tendillas.

El Bulevar de Gran Capitan ha sido el escenario este domingo de una concentración convocada por el colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia, coincidiendo con las movilizaciones previas al 8M. Bajo el lema 'Vosotras sois mi cuerpo', un grupo de mujeres creyentes se ha reunido frente a la Iglesia de San Nicolás para denunciar la discriminación, las desigualdades de género y el abuso de poder que persisten en la institución.

Durante el acto, se ha llevado a cabo una performance simbólica en la que dos mujeres han representado los arquetipos de Eva y María, denunciando cómo la Iglesia ha encasillado históricamente a la mujer en estos dos imaginarios cerrados y polarizados. Tras este gesto, se ha procedido a la lectura de un manifiesto que ha servido de altavoz para las mujeres vulneradas por la pobreza, la precariedad laboral y la explotación sexual provocada por el sistema económico. El colectivo también ha querido recordar de forma solemne a las víctimas de las guerras y de la violencia machista, subrayando que este encuentro es un “grito necesario” para dar voz a todas aquellas a quienes les fue arrebatada para siempre.

En el plano institucional, las manifestantes han reclamado un cambio imprescindible que permita el acceso de las mujeres al diaconado y al presbiterado femenino para la atención de las comunidades cristianas. Han denunciado que, a pesar de ser la “mayoría aplastante” en el voluntariado, la catequesis, la enseñanza y la acción social, se les sigue negando la capacidad de liderazgo, así como la voz y el voto en los ámbitos de toma de decisiones. Asimismo, han puesto de manifiesto la injusta desproporción entre el elevado número de teólogas preparadas y su escasa presencia en puestos docentes de las facultades de Teología y otras áreas de responsabilidad eclesial.

Finalmente, la Revuelta de Mujeres ha instado a la jerarquía eclesiástica a entablar un diálogo real con los movimientos de liberación y a reconocer la diversidad de identidades y modelos de familia.

El Puente Romano se ha convertido este domingo en el escenario de una emotiva marcha solidaria para conmemorar cuatro años de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania y doce años de conflicto armado entre ambas naciones. Por primera vez, el evento fue organizado íntegramente por la propia comunidad de refugiados ucranianos, quienes se congregaron para alzar su voz en un acto que combinó la música con una firme reivindicación social.

Más de una treintena de personas recorrieron el emblemático monumento portando varias banderas de su nación y coreando al unísono el grito de “Queremos paz para Ucrania”. Entre los momentos más simbólicos de la jornada, ha destacado la presencia de una niña que desfiló entre los asistentes luciendo unas alas en forma de corazón con los colores azul y amarillo, mientras sus compatriotas portaban el símbolo ucraniano.

Entre los manifestantes se encontraba Oksana, quien reside en Córdoba desde hace tres años y medio. Con evidente emoción, Oksana ha expresado a este periódico su profundo agradecimiento hacia España por la acogida recibida, aunque confesó la tristeza que sienten tanto ella como su hijo al estar separados de los suyos. “Mi familia vive en Ucrania; tengo a mi hermano y a mi madre allí. Gracias por todo, España”, relató, subrayando el pesar de no poder compartir una vida normal con sus seres queridos debido a la guerra.

El testimonio de Oksana sirve para analizar la realidad de un país marcado por constantes bombardeos y una grave crisis humanitaria. Según ha explicado, la situación es crítica debido a la falta de servicios básicos como agua y electricidad, lo que genera serios problemas con la calefacción. Esta precariedad se ha visto agravada por un invierno especialmente duro, con temperaturas extremas de hasta -25 grados centígrados que obligan a la población a subsistir con apenas una o dos horas de luz al día, acostumbrándose a una convivencia forzada con la tragedia.

A pesar de la distancia, la conexión de los refugiados con su tierra permanece intacta, manteniendo el contacto diario a través de llamadas y mensajes con quienes siguen en la zona de conflicto. Conversaciones para saber que, al menos, siguen viviendo en el mismo mundo, aunque no parezca así.

La Asamblea 8M Córdoba ha presentado el programa de actividades que tendrán lugar con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en un encuentro abierto a la ciudadanía y a los colectivos sociales de la ciudad.

La Asamblea, integrada por organizaciones sociales, sindicales y políticas, junto a mujeres que participan a título individual, reafirmó su carácter plural y su compromiso con un feminismo interseccional y con perspectiva de derechos humanos, poniendo el foco en la situación de las mujeres trabajadoras, la lucha contra las violencias machistas y la necesidad de fortalecer los servicios públicos y las políticas de igualdad.

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación del Distrito Sur como Punto Violeta, iniciativa impulsada para reforzar la sensibilización y la prevención frente a las violencias machistas en el entorno comunitario. Con esta declaración, se pretende consolidar espacios seguros y de referencia en los barrios, fomentando la implicación vecinal y la corresponsabilidad social.

La programación presentada incluye actividades culturales, formativas y reivindicativas, entre ellas: concurso de microrrelatos feministas; charla sobre Mujeres Palestinas; taller de pancartas; mesas informativas en distintos puntos de la ciudad; concierto Lalola y Zihla; y manifestación del 8 de marzo a las 12:00.

La Asamblea 8M Córdoba anima a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y en la manifestación del 8 de marzo, como expresión colectiva del compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres.

Los vecinos de las nuevas zonas de expansión de la ciudad en huerta de Santa Isabel y Turruñuelos han convocado una concentración de protesta para hacer visible su reclamación de una pasarela peatonal que les permita cruzar la Ronda de Poniente y les una a la ciudad de manera directa, salvando esta arteria de circulación que consideran una “brecha urbanística” que aísla a sus barrios.

Actualmente, los vecinos se encuentran con que, para acudir caminando a los centros educativos o a otros servicios que aún no tienen en sus barrios, deben hacerlo por el paso de Miralbaida o el de la Glorieta María de Maeztu, distanciados entre sí por un kilómetro en el que no hay ningún otro paso habilitado. “No tenemos un paso seguro para poder cruzar a servicios básicos como son los colegios, que tenemos a cien metros en línea recta, pero tenemos que andar un kilómetro”, explica sobre esta situación uno de los vecinos que promueve la convocatoria de la protesta y las reivindicaciones del barrio, Alberto Cáceres.

Con sus vecinos, señala que la Ronda de Poniente (Oeste) “actúa como una brecha urbanística que nos aísla del resto de la ciudad. Nuestro barrio ya no es un descampado; aquí vivimos miles de personas y cada mes llegan cientos más, pero el Ayuntamiento sigue tratándonos como si esto estuviera vacío”, se quejan, cuando la realidad es que el barrio sigue multiplicando sus habitantes de manera considerable.

Ahora, el detonante de la protesta vecinal es el inicio de las obras para la Ronda Norte desde la Glorieta María de Maeztu (Hipercor) “sin dar alternativas de tráfico, aumentando aún más el tiempo que tardamos en ir al trabajo o llevar a los hijos al colegio, que ya supone más del triple de lo que debería ser si tuviéramos unos servicios mínimos como pasarela peatonal o carriles alternativos”.

Llamamiento a la protesta y propuesta de pasarelas

Por eso, entre un grupo de vecinos, se han organizado para visibilizar su reclamación y, “ante la inacción del Ayuntamiento, mostrar nuestro malestar con una movilización social”. La concentración -ya comunicada a la Subdelegación del Gobierno-, se hará el 21 de febrero a las 12:00 en la glorieta de la avenida Donantes de Órganos. Están llamadas a participar las familias y comunidades educativas de los centros educativos de la zona, “familias que sufren los pasos inseguros que hay ahora, con acerados que van a ninguna parte y semáforos en ámbar”, indica Cáceres. “La Ronda de Poniente parte nuestro barrio respecto a la ciudad, nos aísla de servicios básicos”.

Los vecinos plantean una pasarela peatonal, más allá de la que hay prevista en un proyecto municipal sobre zona ajardinada en el entorno de la Vereda, que aún dejaría “medio barrio incomunicado”, con una distancia de casi 700 metros para un paso sobre la ronda. “Eso no alivia el paso peatonal de la cantidad de vecinos del barrio”, aseguran. Por eso, reivindican “una pasarela de manera urgente y por seguridad vial”, de manera que desde el paso de Miralbaida al paso que se haga en la Vereda haya unos 390 metros de distancia; de ahí a la pasarela a la altura de la avenida Donante de Órganos hubiera otros 340 metros aproximadamente; y de ahí a la Glorieta María de Maeztu otro tramo de 325 metros. Eso, dicen los vecinos, “cosería el barrio con la ciudad de manera más realista”.

La propuesta es clara por parte de los vecinos, que también han llevado su reclamación a la asociación vecinal de la zona -Aqua Vetus-, pero han tomado la iniciativa por su parte. Y, asimismo, preparan una hoja de ruta de movilizaciones si no obtienen respuesta tras la concentración del día 21 de febrero. Organizarían una manifestación hasta el Ayuntamiento y no descartan realizar cortes de tráfico en la propia Ronda.

La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba han vuelto a concentrarse, un lunes más, y en esta ocasión lo han hecho con un mensaje “contra el gasto armamentístico” y por una mayor inversión en pensiones, sanidad, residencias y servicios sociales públicos, según la convocatoria hecha por este colectivo.

Entre sus reivindicaciones, que han hecho visibles en una concentración en Capitulares ante el Ayuntamiento de Córdoba, la plataforma de pensionistas ha apostado por “defender nuestros derechos” y ha reiterado sus peticiones de igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, además de eliminar la brecha de género en salarios y pensiones. “Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defiende”.

La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba ha vuelto, un lunes más, a concentrarse en la calle para reclamar mejoras en los salarios y en las pensiones, de manera que se garantice el poder adquisitivo de la ciudadanía, además de medidas que acaben con la brecha de género entre los pensionistas.

A las puertas del Ayuntamiento en la calle Capitulares, los integrantes de la plataforma han exigido que los presupuestos del año 2026 incluyan partidas económicas que garanticen el poder adquisitivo de salarios y pensiones públicas. Asimismo, mantienen su petición de 37,5 horas de jornada laboral, el aumento de las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo profesional y medidas que garanticen cerrar la brecha de género.

Entre las reclamaciones de los pensionistas cordobeses también está que se ejecute la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, acordada en el Congreso en el año 2021, y la derogación de los planes de empleo privados (que desvían las cotizaciones hacia la banca y entidades financieras, privatizando las pensiones y restando medios económicos y materiales de la seguridad social).

“En 2026 vamos a seguir defendiendo nuestras reivindicaciones desde la calle, y ante las instituciones, divulgando e informando a la población de la justicia y vigencia de nuestras posiciones, combatiendo las manipulaciones de los medios de comunicación en su intento de desinformar y enfrentar a la juventud con el colectivo pensionista, y defendiendo, en unidad de acción con los movimientos sociales y la clase trabajadora, los servicios públicos”, señalan en su manifiesto de este lunes.

La patronal agraria Asaja-Córdoba, junto a agricultores cordobeses de otras organizaciones como COAG y UPA, han participado este jueves activamente en la gran manifestación convocada por el Copa-Cogeca en Bruselas, con la asistencia de cerca de 20.000 de agricultores procedentes de 25 países europeos y cuarenta organizaciones agrarias. La protesta ha coincidido con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y con la salida de la presidenta Ursula von der Leyen hacia Brasil para cerrar el acuerdo comercial con Mercosur.

Una delegación de Asaja Córdoba, encabezada por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, viajó a Bruselas para “hacer oír la voz del campo en un momento decisivo para el futuro de la agricultura europea” tras meses alertando sobre el enfoque erróneo y desconectado de la realidad agraria que está adoptando la Comisión Europea. La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034 y la reforma de la PAC suponen una “amenaza existencial para el sector agrario europeo”.

Asaja Córdoba alerta de que la propuesta de la Comisión Europea supone dejar en precario a toda la agricultura europea, pues se plantea un recorte del 32 % del presupuesto de la PAC. Además de la desaparición de la estructura de dos pilares (ayudas directas y desarrollo rural) y la integración de la política agraria en un fondo único, compartido con otras políticas, lo que romperá el carácter común de la PAC y abrirá la puerta a desigualdades entre Estados miembros en función de su capacidad financiera.

Las organizaciones del Copa-Cogeca ya habían advertido que la CE ha traspasado todas las líneas rojas que comprometen la seguridad alimentaria de Europa, entre ellas:

Asaja-Córdoba recuerda que estas propuestas “ponen en riesgo los ingresos de los agricultores, la cohesión territorial, la capacidad de modernización, la competitividad del sector, así como la soberanía alimentaria europea y la capacidad para proporcionar alimentos a todos los ciudadanos de la UE a precios asequibles”.

Rechazo al acuerdo con Mercosur

En la manifestación se ha denunciado también la política comercial injusta que la Comisión Europea está impulsando y que culmina con el acuerdo con Mercosur.

Este tratado “permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares europeos, generando competencia desleal y poniendo en situación crítica a sectores sensibles como el arroz, el vacuno y los cítricos”.

La tercera gran reivindicación de Asaja-Córdoba en Bruselas es la necesidad de una auténtica simplificación normativa en la UE. El sector vive asfixiado por un volumen creciente de requisitos, controles y nuevas obligaciones que dificultan la gestión diaria de las explotaciones.

“La Comisión Europea sigue hablando de apoyo al sector agrario mientras multiplica normas, cargas burocráticas y requisitos imposibles, alejados del día a día del campo”, denuncia la organización.

“Es el momento de decir alto y claro que sin una PAC fuerte, común y bien financiada no habrá seguridad alimentaria para Europa. Y no habrá futuro para nuestras explotaciones”, afirma la organización.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado un preacuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han expresado su respaldo al borrador del nuevo Estatuto Marco y han descartado explícitamente su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, las organizaciones sindicales ha suspendido los paros previstos para el próximo mes de enero, “permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto”, añade el Ministerio.

Según informa Sanidad, entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Desde Sanidad explican que las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. “Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud”, informan.

El Ministerio de Sanidad valora de forma “muy positiva” este preacuerdo, que “demuestra que el diálogo social es el camino para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y fortalecer el Sistema Nacional de Salud”.

Asimismo, Sanidad reitera su compromiso de seguir trabajando con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas para “culminar una reforma clave para el futuro del SNS”.

Por su parte, los sindicatos del Ámbito de Negociación han confirmado el preacuerdo y confían en mantener nuevas reuniones con el Ministerio de Sanidad para cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre.

Los asuntos relacionados con la sanidad motivaron el mayor número de manifestaciones que se produjeron en la provincia de Córdoba en el último año completo. A lo largo del ejercicio se llevaron a cabo hasta 106 manifestaciones comunicadas a las autoridades, lo que da una media de una protesta cada tres o cuatro días.

Así se desprende del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior relativo a 2024, que ofrece datos sobre las manifestaciones y la motivación de estas en la provincia de Córdoba a lo largo de ese año. En total, en ese periodo tuvieron lugar 609 manifestaciones comunicadas y, por motivación especificada, la sanidad ocupa el primer lugar con el mayor número: 106.

Tras este grupo se colocan las manifestaciones por motivos laborales o económicos, que sumaron hasta 80 protestas a lo largo del año completo. Y, contra la violencia de género, en Córdoba se realizaron cincuenta manifestaciones por este motivo.

Las protestas por los derechos humanos protagonizaron hasta 43 manifestaciones en ese mismo periodo en Córdoba y, muy cerca, estuvieron las 38 movilizaciones que organizaron colectivos vecinales. Además, hubo 23 protestas contra medidas políticas o legislativas y una veintena de manifestaciones más tuvieron como eje central la educación.

Las asociaciones ciudadanas, las principales convocantes de protestas en Córdoba

Hasta dieciséis concentraciones fueron por asuntos internacionales, nueve por cuestiones de ecologismo, y ocho contra el racismo, odio y xenofobia, mientras que hubo cinco conmemoraciones y homenajes, otras cinco manifestaciones por asuntos religiosos y dos más por el cambio climático.

En la estadística se agrupan como 'otros' un bloque de 202 manifestaciones que tuvieron distintas motivaciones a la hora de su convocatoria y comunicación a las autoridades.

Llama la atención que, en la misma estadística sobre las manifestaciones en la provincia de Córdoba, los principales promotores de estas son las asociaciones ciudadanas, con 223 del total de 609 protestas en el año. Mientras en el resto de provincias andaluzas -salvo Jaén-, son los sindicatos quienes convocan el mayor número de protestas.

“Venimos del futuro, del año 2035, para avisaros: todo el Casco Histórico de Córdoba se ha convertido en un parque temático donde ya no hay vecinos”. Ataviadas con unos extraños artilugios en la cabeza, quienes dicen esto son dos vecinas de esta zona de la capital cordobesa, en la teatralización de un particular free tour turístico que han realizado este sábado distintas asociaciones vecinales del casco para denunciar los efectos del turismo masivo en sus vidas. Y, con maletas, pancartas y carteles, han realizado “una ruta por los barrios en peligro de extinción” de Córdoba, donde el vecindario ha sido sustituido por viviendas para turistas de ida y vuelta.

Desde la Cruz del Rastro han iniciado este free tour, llevando el ruido de sus maletas tras la guía y las dos vecinas venidas del futuro que les han contado el negro horizonte que se expande en el casco histórico de la ciudad, invadido por una turistificación masiva. Tanto, que este free tour por momentos podía pasar casi desapercibido en la zona, si no fuera por las pancartas que mostraban sus reivindicaciones y porque al final se han sumado más de un centenar de vecinos.

“Queremos un Casco Histórico vivo, habitado y habitable”, “Viviendas para jóvenes”, “Viviendas asequibles”, “Necesitamos viviendas, sobran apartamentos turísticos” rezaban algunos de esos mensajes, con la vivienda como gran problema en la zona, donde edificios enteros ya no tienen vecinos sino viajeros.

“Queremos llamar la atención contra la turistificación masiva, no estamos en contra del turismo, pero sí de la masificación y lo que supone para nuestros barrios. El modelo de los alojamientos turísticos es totalmente insostenible”, explica a este periódico la portavoz de los vecinos, Marina Castro, de la asociación vecinal Regina-Magdalena.

Los organizadores de esta acción reivindicativa han querido mostrar su realidad, haciendo paradas en este free tour en lugares como un bloque de apartamentos turísticos donde ya no habitan vecinos, una antigua casa abandonada donde un cartel anuncia ya un “nuevo hotel boutique” o las decenas de carteles de apartamentos para viajeros que se ven en el Casco Histórico de Córdoba.

“Nuestras calles convertidas en negocios y sin vida”

Vecinos de La Axerquía, San Agustín, Regina-Magdalena, La Medina o San Lorenzo, entre otros, han participado en este recorrido por sus barrios, parando en lugares emblemáticos como las plazas del Potro, el Pozanco y La Corredera, o calles como Cabezas, Gutiérrez de los Ríos y El Realejo. La última parada la han realizado en Capitulares, ante las puertas del Ayuntamiento, donde han hecho visibles sus peticiones a la administración.

“Los barrios del Casco Histórico están en peligro. El modelo de turismo masivo convierte nuestras calles en negocios y las deja sin vida”, explican los vecinos, que piden “la prohibición de nuevas licencias de apartamentos turísticos y la aplicación real de la moratoria a las viviendas turísticas en toda la ciudad”.

Asimismo, reclaman la compra de solares y casas abandonadas por parte de la empresa municipal Vimcorsa para su rehabilitación y destino a alquiler público a precios asequibles, además de pedir apoyo al comercio y servicios básicos de proximidad y una inversión en infraestructuras y equipamientos públicos en la zona.

En busca de aliviar el día a día del sector sanitario. El sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha mostrado su apoyo al personal médico de atención primaria tras el aumento de guardias impuesto para cubrir la apertura del tercer punto de urgencias extrahospitalarias de la capital, previsto en la zona de Levante. Aunque el sindicato celebra que el Servicio Andaluz de Sanidad active finalmente este nuevo recurso -reclamado durante años- ha advertido de que no puede hacerse a costa de sobrecargar aún más a unos profesionales que ya trabajan en una situación límite.

Delegados y delegadas del sindicato se sumaron este viernes a la concentración de médicos celebrada ante la sede del Distrito Córdoba-Guadalquivir, donde los profesionales expresaron su rechazo a la nueva reorganización de guardias. El responsable de Atención Primaria de CCOO Córdoba, José Antonio López, ha recordado que la ciudad “necesita un tercer punto de urgencias, e incluso dos”, pero insistió en que “no podemos abrirlo sin tener una plantilla propia y suficiente para atenderlo”.

Según López, el incremento de guardias tendrá consecuencias directas en el sistema: aumento de listas de espera, mayor agotamiento profesional y un previsiblemente mayor número de fugas de médicos. Actualmente, más de 50 plazas de atención primaria están sin cubrir, a lo que se suma la falta de al menos 15 facultativos en las urgencias extrahospitalarias. La situación se ha agravado porque el médico que sale de guardia no puede pasar consulta al día siguiente, lo que obliga al resto del equipo a asumir sus pacientes. “Los profesionales están cada vez más sobrecargados y no pueden abarcar la atención de sus cupos y la de los compañeros salientes”, lamentó López.

Fuga de médicos residentes y petición de “zona de difícil cobertura”

El responsable sindical ha alertado de la pérdida constante de médicos residentes que finalizan su formación. “En los últimos seis años, de cada 25 residentes solo conseguimos retener a cuatro o cinco”, explicó. Por ello, CCOO ha planteado que Córdoba -al menos sus urgencias extrahospitalarias- sea declarada zona de difícil cobertura e incluida en las próximas convocatorias específicas, con el fin de atraer profesionales y cubrir las vacantes existentes.

López ha reclamado además un cambio profundo en la forma de gestionar y dialogar con la plantilla médica. “Debe haber un cambio de actitud. Hay un despotismo evidente y no se escucha ni se tiene en cuenta nuestras propuestas”, afirmó. El sindicato ha insistido en que la apertura del tercer punto de urgencias es necesaria, pero ha subrayado que solo será viable si se acompaña de recursos humanos suficientes, evitando que la atención primaria y las urgencias continúen funcionando al límite de su capacidad.