Uno de los proyectos más ambiciosos de toda la provincia en cuanto a energía renovable se refiere. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de este 13 de abril la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto Oleo Solar. Esta resolución constituye a la iniciativa que completaría el macrocomplejo energético que está proyectado en el municipio de Cabra, uniéndose así a las plantas de Ágata y Zafiro, que ya han conseguido sus DIA pertinente con anterioridad.

La iniciativa Oleo Solar, que está impulsada por Desarrollos Ibéricos Fotovoltaicos SLU, contará con una potencia instalada de más de 80 MW y se extenderá sobre una superficie de 367 hectáreas. Además, el diseño final contempla una instalación de 154.680 paneles fotovoltaicos, repartidos en tres grandes recintos. Su ubicación iría principalmente sobre terrenos dedicados al cultivo de olivar intensivo, a unos cinco kilómetros al noroeste del núcleo urbano.

Aunque la autorización finalmente ha llegado, el proyecto ha tenido que someterse a importantes modificaciones técnicas exigidas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Entre los cambios más significativos ha destacado el soterramiento íntegro de la línea de evacuación de 30 KV, inicialmente proyectada de forma aérea. Asimismo, se han excluido de la construcción todas aquellas parcelas con pendientes superiores al 12% para evitar nivelaciones topográficas agresivas. Por otro lado, también ha tratado de proteger la biodiversidad porque también imponen medidas estrictas para proteger hábitats para especies protegidas.

Con este último trámite, el complejo fotovoltaico de Cabra alcanzará una capacidad total cercana a los 170 megavatios, integrando los 51 MW de la planta Zafiro y la potencia proyectada para Ágata. Este macroproyecto energético, vinculado a la firma Viridi RE, representa una inversión global de unos 100 millones de euros, lo que supone una inyección económica importante para la Subbética.

En términos socioeconómicos, se estima que el complejo generará entre 200 y 500 puestos de trabajo y podrá abastecer de energía a unos 70.000 hogares. Sin embargo, la magnitud del parque ha levantado oposición vecinal en núcleos cercanos como la pedanía de Huertas Bajas, donde los residentes temen el impacto visual de las instalaciones y la transformación del paisaje tradicional de olivar, por lo que no descartan movilizaciones futuras. Por el momento, las estimaciones sitúan el arranque de la construcción en 2028.

Un paso al frente para uno de los proyectos más grande de toda la provincia de Córdoba en lo que respecta a la energía renovable. El Boletín Oficial del Estado ha publiado ese 9 de abril el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que se somete a información pública la solicitud de autorización para las obras del proyecto de la planta solar fotovoltaica 'Carbo'.

Esta iniciativa, promovida por la empresa Enel Green Power España SL, además de tener una potencia instalada que se acerca a los 82 MW, también es crucial para la evacuación de la línea eléctrica hasta la subestación Almodóvar renovables. Esta planta fotovoltica irá ubicada en los términos municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y Almodóvar del Río.

La solicitud actual se centra en la autorización de obras que invaden diversas Zonas de Protección de cauces públicos, específicamente de los arroyos del Duque, del Homenaje, del Escorial y Guadalmazan, así como varios afluentes innominados, por ello el que hace el anuncio es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y no Endesa, como ya ocurrió en 2025. Con esta publicación, se abre un plazo de veinte días hábiles para que cualquier interesado pueda examinar la documentación técnica y presentar las reclamaciones que considere pertinentes ante la Comisaría de Aguas en Sevilla.

Antecedentes

Este nuevo trámite se suma a una larga lista que el proyecto ha tenido que superar desde que se iniciara el procedimiento en 2023. Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya dio un impulso decisivo al proyecto al declarar su utilidad pública. Aquella resolución de 2025 fue clave, ya que otorgó a la promotora el derecho a ocupar terrenos de dominio público necesarios para la instalación, garantizando así la viabilidad técnica y legal del complejo.

Previamente, la planta 'Carbo' ya contaba con la autorización administrativa previa -otorgada en abril de 2024- y la de construcción, tras haber superado informes de diversos organismos como el Servicio de Carreteras y Adif. Aunque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya había advertido en el pasado sobre la afección a los cauces, no se presentaron oposiciones relevantes que detuvieran el avance del proyecto. Es por ello que este permiso ha visto la luz este jueves.

La planta fotovoltaica “Carbo” se perfila como una de las instalaciones de energía renovable más importantes de la provincia de Córdoba, con una potencia instalada de 81,40 MW. Además del campo solar, el proyecto incluye una infraestructura de evacuación a 30 kV necesaria para verter la energía generada a la red, como la mencionada en la subestación Almodóvar renovables.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la construcción de una planta solar fotovoltaica de 1 megavatio de potencia nominal en el Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril. El proyecto busca transformar el modelo energético de esta instalación mediante el fomento del autoconsumo.

De hecho, la infraestructura tiene como objetivo principal optimizar la eficiencia energética del centro y reducir su dependencia del suministro eléctrico externo. Según el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso este periódico, la energía generada se destinará íntegramente al autoconsumo interno, garantizando que no habrá vertido de excedentes a la red pública. Además, la planta contará con módulos fotovoltaicos de silicio y estructuras que tendrán una vida útil de al menos 25 años.

Por otro lado, el cronograma que también aparece en el documento estima que las obras durarán unos tres meses para la fase de proyecto, seguida de 15 para la ejecución material de las instalaciones y otros tres para la puesta en marcha definitiva. Una vez operativa, el adjudicatario deberá asumir el mantenimiento preventivo de la planta durante un periodo de dos años. Asimismo, y dada la naturaleza de El Cabril, las actuaciones se consideran obras públicas de interés general.

Entretanto, el proyecto incluye requisitos de protección medioambiental, como el control de residuos de construcción y la restauración de las zonas afectadas para asegurar su integración paisajística en el entorno de Hornachuelos. Los trabajos deberán coordinarse con la operativa diaria del centro para no interferir con los sistemas de seguridad y vigilancia radiológica existentes.

Vecinos del casco histórico de Córdoba han convocado una concentración de protesta ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para reclamar ya la normativa que establezca las medidas para autorizar la instalación de placas solares en las viviendas de esta zona de la capital. Los vecinos están pendientes de que Urbanismo tramite la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico que incluirá cómo, dónde y bajo que condiciones se podrían instalar las placas en determinadas zonas del casco, un trámite en el que se les prometió que se les expondría el texto para su conocimiento y que pudieran dar su opinión.

Sin embargo, hasta el momento los vecinos no tienen conocimiento del texto que se ha preparado en Urbanismo y, ante la tardanza en hacerles partícipe de ello, desde el Consejo de Distrito Centro y las asociaciones vecinales reunidas en Axerquía por el Clima han convocado una concentración para el próximo lunes 16 de marzo ante las puertas de la GMU.

El presidente del Consejo de Distrito Centro, Juan José Giner, ha explicado a este periódico que esperan desde noviembre de 2024 que se elabore la redacción de la fórmula legal por la que se autorizará la instalación de placas en determinadas circunstancias en el casco histórico. “Ese texto tiene que ir a innovación del Plan del Casco, nos prometieron que se haría por la vía rápida. Sabemos que el texto ya está redactado”, asegura, para señalar que los vecinos ya han acudido a la Gerencia para informarse de ello, sin éxito hasta ahora y sin tener comunicación en respuesta.

“Compromiso de consultar a vecinos”

Ante ello, han optado por convocar la protesta. “El compromiso que tenían era pasarlo a consultas de las asociaciones vecinales del casco, para dar nuestra opinión. Luego, es el consejo rector de Urbanismo quien debe aprobarlo y el trámite de la innovación llevará, según nos dijeron, un año aproximadamente”. Giner disculpa que al inicio de este año Urbanismo no haya informado a los vecinos -“hemos entendido que con todas las borrascas, podrían estar con eso y parados”-, “pero ya ha pasado bastante tiempo para que Urbanismo nos dé luz y nos informe”, se queja.

Los vecinos recuerdan que, actualmente, tienen prohibido instalar placas solares en viviendas del casco histórico y que la normativa que se establezca será muy restrictiva. “Sabemos que no se permitirá en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y que se ha estudiado con mucho detalle que las placas no causen afección visual desde los miradores” del casco, como es la torre alminar de la Mezquita Catedral. Pero, conocedores de que el texto normativo ya estaría redactado desde hace un tiempo por parte de Urbanismo, los vecinos reclaman ya conocer este borrador.

Con todo, la concentración convocada pretende “hacer patente que estamos en contra de esta discriminación que tenemos los vecinos del casco histórico” -por no poder instalar placas solares en sus viviendas-, “tanto desde el punto de vista de uso de energías renovables como de nuestro bolsillo, de tener energía de una manera y el 50% de IBI a no tener nada de eso”, sintetiza el presidente del Consejo de Distrito Centro. “Este tema hay que resolverlo ya” dice y critica sobre Urbanismo que “se han venido incumpliendo todos los plazos que nos han dado”.

Una vez más, las plantas fotovoltaicas vuelven a ser punto a tratar en el Boletín Oficial del Estado. La provincia de Córdoba sigue en el punto de mira en este sentido, siendo esta vez con el impulso del proyecto 'Guadame Solar 4'. Según el anuncio oficial publicado recientemente, un total de 38 parcelas únicas se verán afectadas por el expediente de expropiación forzosa necesario para ejecutar las modificaciones de esta planta solar y su infraestructura de evacuación.

La instalación, que contará con una potencia de 32,67 megavatios, ha sido declarada de utilidad pública, lo que implica la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados en beneficio de la entidad Gacrux Solar, SL. Las parcelas afectadas están tanto en Bujalance como en Córdoba.

La gran mayoría de las expropiaciones se concentran en el término municipal de Bujalance, donde se han identificado 34 parcelas distribuidas en diversos polígonos. Los propietarios están citados en el Ayuntamiento de Bujalance, los días 11 y 12 de febrero, mientras que en la capital afectan a cuatro parcelas, cuya reunión está fijada para el 12 de febrero en la plaza de la Constitución.

Antecedentes de esta planta fotovoltaica

La construcción de Guadame Solar 4 se desarrollará en una superficie de un millón de metros cuadrados, abarcando los términos municipales de Córdoba, Bujalance y Montoro. Este proyecto ha recibido la declaración ambiental favorable por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba, lo que ha permitido avanzar en los trámites necesarios para su ejecución.

Aunque no ha estado exenta de polémica. Organizaciones como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Córdoba han expresado su rechazo a estos proyectos, argumentando que ocupan tierras fértiles y cultivadas, lo que podría afectar negativamente a la economía agrícola local y al medio ambiente. Pese a ello, el proyecto continúa adelante.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) contará con una planta solar fotovoltaica en la cubierta de su sede central, situada en la calle de los Plateros. Esta actuación permitirá producir energía limpia para autoconsumo y avanzar de forma decidida en la transición energética de la entidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto estratégico #REDES_EMACSA 5.0 Más digital y cerca de ti, con financiación de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y con fondos de la Unión Europea Next Generation EU.

El proyecto contempla el suministro la instalación y la puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica de 50 kilovatios de potencia destinada a cubrir parte de la demanda eléctrica de la sede social de Emacsa. La instalación estará compuesta por 80 paneles solares de alta eficiencia con una potencia de 585 vatios pico cada uno, así como un inversor de 50 kilovatios, un sistema de monitorización y control de vertido cero y todos los elementos necesarios para garantizar su integración y funcionamiento seguro.

La producción anual estimada de la planta será de más de 72.000 kilovatios hora, lo que permitirá un ahorro económico anual superior a 11.200 euros además de una reducción significativa de la huella de carbono asociada a la actividad diaria de la empresa municipal.

Con esta actuación Emacsa refuerza su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos públicos apostando por las energías renovables como eje fundamental de su modelo de gestión y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las directrices europeas para la transición ecológica.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta planta solar “supone un paso más en la estrategia para avanzar hacia un modelo más sostenible eficiente y responsable”. Según ha señalado, “producir parte de la energía que consumimos nos permite reducir costes, disminuir la dependencia energética y avanzar en el compromiso de Emacsa con la lucha contra el cambio climático”.

Un nuevo paso para una iniciativa que data de hace, como mínimo, un lustro. El proyecto de la planta solar fotovoltaica El Salobral, promovido por la empresa Onatrium Solar, continúa dando pasos en su compleja tramitación administrativa. La instalación, ubicada en el paraje de La Alamillos y con una potencia pico de 49,977 MWp -megavatios pico-, cuenta desde 2022 con la Autorización Administrativa Previa otorgada por la Junta de Andalucía, aunque aún mantiene abiertos varios procedimientos. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha sometido a información pública la solicitud de autorización hidráulica.

La iniciativa se remonta a octubre de 2020, cuando la empresa presentó la solicitud inicial. Desde entonces, el expediente ha tenido que superar la autorización ambiental unificada. En septiembre de 2022, la Dirección General de Desarrollo Sostenible de Córdoba emitió un informe vinculante favorable, paso clave para la concesión del permiso principal.

Durante la tramitación, el proyecto recibió alegaciones de Ecologistas en Acción de Montilla. El colectivo sostenía que El Salobral debía haber sido gestionado por la Administración General del Estado y no por la Junta de Andalucía, al entender que formaba parte de una supuesta fragmentación junto a la planta El Montecillo, promovida también por Onatrium y con idéntica potencia de 49,977 MWp.

La Delegación Territorial descartó esta interpretación y defendió la tramitación separada de ambos proyectos basándose en los informes técnicos, que avalan que cada instalación puede gestionarse de manera independiente mientras no supere los 50 MW de potencia nominal.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir abre un nuevo proceso

Aunque el permiso administrativo previo se concedió en 2022, la tramitación continúa en 2025. La CHG ha sometido recientemente a información pública la solicitud de autorización hidráulica necesaria para ejecutar la planta.

Según el anuncio publicado el 14 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial del Estado, la instalación afecta a zonas de protección de varios cursos de agua: el arroyo de la Gitana, el arroyo del Término, el arroyo de las Huertas Nuevas y uno de sus afluentes. Estas afecciones se localizan en parcelas de los polígonos 7 y 15 del término municipal de Montemayor.

La Universidad de Córdoba (UCO) ha diseñado un nuevo sistema de monitorización que, a través de diferentes sensores, proporciona mayor cantidad de información, más minuciosa, con más precisión temporal y sincronizada temporalmente sobre el funcionamiento de las plantas solares. Se trata un seguimiento al estilo 'Gran Hermano' con el que buscan no solo ver y prever el comportamiento de estas plantas, sino también ajustar la subasta por la que se fijan los precios de la energía a condiciones más cercanas a la realidad.

Según ha indicado la UCO en una nota, las plantas solares no proporcionan energía siempre, sino cuando pueden, ya que dependen de la meteorología, pues una sola nube puede hacer que baje su producción. En el camino para evitar la incertidumbre con la que trabajan estas plantas, el grupo de investigación Instrumentación y Electrónica Industrial de la UCO ha diseñado este nuevo sistema de monitorización.

La idea era analizar el comportamiento de generación de energía de las plantas solares unido a las condiciones climáticas. Para ello, el equipo ha utilizado unos dispositivos que ya llevan varios años en el mercado y a los que han aplicado nuevas implementaciones. Gracias a ellas, el conjunto de estos equipos, a los que han denominado Unidades de Medición Fasorial Extendida, pueden recoger datos energéticos (como corriente, tensión o frecuencia) y meteorológicos (como la radiación solar).

La clave es que esa recogida de datos se realiza cada décima de segundo y de forma muy detallada. Tan detallada que al mes disponen de un volumen de información que ronda los dos o tres gigabytes de datos. Además, como los aparatos están sincronizados entre ellos y colocados en diferentes zonas e incluso en diferentes pero cercanas plantas solares, la información que proporcionan permite ver qué ha pasado y anticipar qué va a pasar.

Como explica el investigador de la UCO Víctor Pallares López, “se trata de monitorizar bien los sistemas para poder tener la máxima cantidad de información posible y poder reaccionar a los efectos negativos que puedan afectar a la estabilidad de la red eléctrica. Cuanto más vigiladas estén, antes se puede actuar y así crear un efecto isla ante posibles perturbaciones para desconectarla y evitar que se propaguen”.

Una vez que los sensores se han puesto a punto, se han probado tanto en laboratorio como en dos plantas de Pozoblanco y se han revisado todos los errores, ahora el equipo está inmerso en la segunda fase del proyecto: analizar todos los datos generados.

Este trabajo se está realizando actualmente dentro del proyecto nacional 'Gestión en el borde de plantas fotovoltaicas basada en una arquitectura analítica de precisión temporal casi perfecta'.

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba ha concedido la autorización administrativa previa y de construcción a la planta solar fotovoltaica 'Camino de Indias 122', promovida por la empresa Lemon Tree Power REN 4 S.L.U, tal y como aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de este 30 de octubre. El proyecto, con una potencia instalada de 4,99 megavatios, se ubicará a la altura del Camino del Judío, cercana a la ubicación de las nuevas instalaciones de Cunext en la Nacional de Granada, dentro del término municipal de Córdoba. Además, evacuará la energía generada mediante una red subterránea de media tensión de 20 kilovoltios hasta la subestación eléctrica Santuari.

La instalación ocupará unas 15 hectáreas de terreno de secano y forma parte del creciente desarrollo de energías renovables en la provincia. Por otro lado, la autorización se basa en un informe ambiental favorable emitido el pasado 10 de junio por la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que considera el proyecto viable desde el punto de vista ecológico, siempre que se cumplan todas las medidas correctoras establecidas. El emplazamiento fue seleccionado por ser la alternativa con menor impacto ambiental y mayor viabilidad técnica, sin incompatibilidades con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba.

Protección del milano real y el águila imperial

Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación ha sido la protección de aves amenazadas, ya que el área de actuación se encuentra en una zona sensible para estos, utilizada como espacio de campeo y alimentación por especies en peligro de extinción, como el milano real y el águila imperial ibérica. Para reducir el impacto sobre estas especies, el proyecto deberá mantener al menos un 25% del terreno con pasillos de ocho metros de anchura entre las filas de paneles, con el fin de evitar que el exceso de placas altere el comportamiento de las presas naturales de las rapaces, especialmente el conejo.

Entretanto, el proyecto también estará sometido a un control arqueológico de movimientos de tierra, tras detectarse restos de industria lítica en una de las terrazas del terreno. Antes del inicio de las obras con maquinaria pesada, se realizará una recogida manual de los materiales, que serán depositados en el Museo Arqueológico de Córdoba.

Asimismo, la instalación afectará parcialmente a la Vía Pecuaria Cordel de Granada, por lo que la empresa deberá retranquear el vallado perimetral y garantizar el paso libre de 37,6 metros de ancho, según marca la normativa.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha exigido este viernes al alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), que “paralice las tres plantas fotovoltaicas proyectadas en el término municipal” por tratarse de “megaproyectos que amenazan la vida rural, el olivar tradicional y el equilibrio ambiental” del municipio, así como “un grave riesgo para Huertas Bajas y para todo Cabra”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales, que durante una visita a Cabra ha estado acompañado por el secretario general del PSOE egabrense, Jesús Chacón, ha informado que “las plantas fotovoltaicas Ágata, Zafiro y Óleo Solar tendrían un impacto social y económico negativo, con la destrucción de 1.500 hectáreas de olivar, la pérdida de miles de jornales agrícolas, la caída de ingresos para el comercio local y un daño paisajístico y medioambiental”.

De hecho, según ha subrayado “ee estima una pérdida de cuatro millones de euros anuales para Cabra, mientras los beneficios” de las plantas fotovoltaicas “irían a manos de empresas promotoras externas”, ha recalcado.

Además, ha manifestado que “estas instalaciones afectarían a especies vulnerables, como la malvasía cabeciblanca, la focha moruna y el águila perdicera”, y que “se estima una mortalidad de más de 60 aves al año, además de destruir hábitats, fragmentar el territorio y alterar cauces, como el río Cabra y varios arroyos”.

Morales ha expuesto que “el diseño invade el ámbito de protección de al menos 27 elementos catalogados, incluyendo el asentamiento medieval de El Fiscal, y que en un radio de diez kilómetros ya existen 22 instalaciones solares, por lo que estos nuevos proyectos agravarían la saturación, reduciendo la capacidad de acogida de fauna esteparia y rompiendo el equilibrio territorial”.

En este sentido, ha dicho que “la propia Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha exigido que el proyecto Óleo Solar se someta a evaluación ambiental ordinaria, reconociendo sus afecciones significativas”.

Por todo ello, Morales ha exigido al alcalde de Cabra que “paralice de inmediato cualquier tramitación vinculada a estos proyectos, un rechazo que responde al interés general, a la justicia territorial y al respeto a nuestra gente”. Por último, ha animado a los vecinos “a defender Cabra, su olivar y su patrimonio”.

La empresa alemana Viridi Re desarrollará en el municipio de Cabra uno de los parques de energía solar más importantes de la provincia. Aunque el proyecto estaba inicialmente previsto para comenzar en el primer trimestre de 2027, la fecha estimada para el inicio de la construcción de la planta fotovoltaica Ágata se ha pospuesto a 2028.

El ambicioso proyecto, que se dividirá en dos plantas -Ágata y Zafiro-, situará a Cabra a la vanguardia de la sostenibilidad energética en Andalucía. La instalación fotovoltaica contará con una capacidad total de 102 megavatios (MW), lo que la convertirá en una de las más grandes y eficientes de la comunidad. Solo la planta Ágata dispondrá de 51 MW de potencia instalada y una potencia pico de 65 MWp.

El proyecto, promovido por Viridi Re, generará energía limpia suficiente para abastecer a más de 76.000 hogares: aproximadamente 42.000 a través de Ágata y 34.000 mediante Zafiro. La inversión total prevista asciende a 100 millones de euros, una inyección de capital que representa una “fuerte apuesta inversora” para la ciudad de Cabra. Además de fomentar la independencia energética, el proyecto evitará la emisión de más de 820.837 toneladas de CO2 durante los 30 años de vida útil de las plantas.

Ubicación y creación de empleo

Las instalaciones se ubicarán en la zona de las Huertas Bajas, ocupando una superficie total de 281,6 hectáreas entre ambas plantas. Esta localización se ha seleccionado por su cercanía a los puntos de evacuación de energía, la disponibilidad de suelos agrícolas en desuso o de baja productividad y su compatibilidad medioambiental con este tipo de proyectos. La planta Ágata, en concreto, se levantará en las inmediaciones de Las Huertas de Cabra.

El proyecto actuará como motor económico de la comarca, generando numerosos puestos de trabajo. Durante la fase de construcción se prevé la contratación de entre 200 y 300 personas, pudiendo alcanzar el medio millar en los momentos de mayor actividad. Una vez en funcionamiento, el parque mantendrá una plantilla estable de 20 a 30 trabajadores, con perfiles especializados en instalación, gestión y mantenimiento.

En relación con la ocupación del suelo, Viridi Re ha alcanzado acuerdos con la práctica totalidad de los propietarios incluidos en los proyectos Ágata y Zafiro. La expropiación de terrenos se contempla únicamente como último recurso por parte de la administración pública, y solo en caso de que el proyecto sea declarado de utilidad pública o interés social.

De hecho, la propia empresa alemana ha creado una página web denominada 'cabrasostenible' para concienciar a los ciudadanos que este parque fotovoltaico tiene más beneficios que puntos negativos para su llegada: desarrollo medioambiental, económico y social, pero, sin embargo, esto no ha terminado de contentar a los vecinos de Las Huertas de Cabra.

Tanto es así que los residentes de esta pedanía de Cabra han mostrado su preocupación por la proximidad de las instalaciones a sus viviendas y el impacto sobre zonas de olivar tradicionalmente productivas. Aun con esta oposición, el Gobierno de España otorgó en octubre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, permitiendo que el proyecto continúe su tramitación.

Por el momento, los vecinos de Las Huertas de Cabra han explicado a este periódico que tratarán de movilizarse en los próximos días o semanas en busca de que este proyecto no tenga el fin previsto. Por su parte, Viridi sigue con el camino marcado y tiene ya 2028 como año para empezar la construcción de este parque fotovoltaico.

Dos nuevas plantas fotovoltáicas de gran calibre están proyectadas en la provincia de Córdoba. Por un lado, la instalación Almod I en Guadalcázar y Almodóvar del Río ha recibido la declaración de utilidad pública y comenzará el proceso de expropiación forzosa para comenzar con las obras en busca de su construcción. Por su parte, la planta Alcudia Solar en Montoro ha conseguido la autorización administrativa previa. Entre ambas lograrán suministrar más de 100 megavatios a la red española.

La Dirección General de Política Energética y Minas ha otorgado a la entidad Alcudia Solar S.L.U. la autorización administrativa previa para la planta solar fotovoltaica Alcudia Solar, que contará con 58,05 MW de potencia instalada. Este proyecto se ubicará en el término municipal de Montoro. El expediente, iniciado con la solicitud del promotor el 13 de abril de 2023, fue tramitado por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

La infraestructura de evacuación incluye una línea subterránea a 30 kilovatios desde los centros de transformación hasta la subestación Doña María 33/132 kilovatios, así como la ampliación de dicha subestación, también situada en Montoro.

A pesar de haber recibido este primer trámite, la autorización para su construcción no podrá concedenrse hasta que consiga la declaración de impacto ambiental y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por lo que ahora tiene tres meses para pedir este último expediente.

Almod I en Guadalcázar y Almodóvar del Río

Por otro lado, la planta fotovoltaica Almod I ha alcanzado la fase de levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y derechos afectados, un paso posterior a la declaración de utilidad pública del proyecto. Este plan se ubica en los términos municipales de Guadalcázar y Almodóvar del Río. Dicha declaración implica la urgente ocupación de los bienes afectados, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. La instalación está asociada a una línea subterránea de 30 kV para una potencia de 32,55 MWp / 27,5 MW.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes 7 de octubre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para el proyecto de una megaplanta fotovoltaica Ágata, una de las tres grandes instalaciones energéticas previstas para el término municipal de cabra. La resolución supone que el Gobierno de España de luz verde a un proyecto que ha supuesto un profundo malestar entre los residentes de Las Huertas de Cabra, quienes se movilizaron en contra de la masificación de estas plantas durante el pasado mes de mayo. Aun así, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aceptado esta petición con una serie de condicionantes que debe cumplir la empresa.

La planta Ágata contará con 51 megavatios de potencia instalada y se ubicará en Cabra, ocupando cerca de 150 hectáreas. Su construcción está prevista para 2027, en las inmediaciones de Las Huertas de Cabra. Es por ello que los vecinos de esta pedanía han sido los protagonistas en unas manifestaciones debido a que las instalaciones estarán cerca de sus viviendas. Además, el descontento se ha centrado, en gran parte, al arranque de decenas de hectáreas de olivar, afectando a una zona de producción agrícola históricamente productiva en Córdoba.

Sin embargo, la DIA ha concluido que este proyecto es viable, pero, en cambio, debe desarrollarse bajo estrictas normas ambientales, entre las que se incluyen:

A pesar de las visibles protestas ciudadanas, la documentación formal del trámite de información pública del proyecto, según consta en el BOE, señala que no se recibió ninguna alegación durante el periodo de exposición pública. De hecho, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra, como entidades públicas, no contestaron, y solo recibió el apoyo de Ecologistas en Acción y BirdLife.

La aprobación de Ágata se suma al contexto de fuerte concentración de fotovoltaicas en la zona, donde junto a Zafiro y el más avanzado Óleo Solar (75 MW), se suman un total de 170 MW proyectados.

Por su parte, los vecinos han recibido la noticia con incredulidad, ya que, hace apenas dos semanas, una concelaja del Ayuntamiento de Cabra se reunió con ellos y les explicó que no se iba a construir la megaplanta fotovoltáica de Ágata. Sin embargo, la DIA ha llegado el 7 de octubre en el BOE y ahora se aceleran los trámites para realizar una gran manifestación en busca de parar la llegada de esta instalación.

El Gobierno de España ha respondido en el Senado a una batería de preguntas formuladas por senadores del Partido Popular, entre ellos el cordobés Fernando Priego, sobre la proliferación de proyectos de plantas fotovoltaicas en suelos agrícolas de regadío y de alto valor productivo. En su contestación, el Ejecutivo central reconoce la preocupación existente en el sector agrario, pero recuerda que la competencia para ordenar el territorio, clasificar el suelo y proteger las superficies agrícolas corresponde a las comunidades autónomas.

El documento, fechado el pasado 1 de septiembre, recalca que la Junta de Andalucía es la administración que tiene en su mano impedir que las instalaciones de renovables se extiendan sobre terrenos de especial interés agrícola. “Las comunidades autónomas pueden adaptar su normativa para proteger las superficies agrícolas productivas”, señala la respuesta oficial.

En este sentido, el Gobierno recuerda que la legislación estatal en materia eléctrica y de transición energética —como la Ley del Sector Eléctrico (2013) y el Real Decreto 244/2019 sobre autoconsumo— promueve un despliegue de renovables sostenible, apostando por fórmulas compatibles con la actividad agrícola, como el autoconsumo compartido o los sistemas agrivoltaicos, que combinan la producción de energía y la agricultura en la misma superficie.

El Ejecutivo subraya que la normativa más reciente, como el Real Decreto-ley 24/2021, ya establece criterios para reforzar la planificación territorial de los proyectos renovables y garantizar la participación pública en su tramitación. No obstante, insiste en que son las comunidades las que deben decidir qué suelos son estratégicos y preservarlos frente a proyectos industriales.

Quejas vecinales y alegaciones

La respuesta parlamentaria llega en pleno debate social y político en la provincia de Córdoba, donde colectivos vecinales, agricultores y asociaciones ecologistas han alegado contra grandes proyectos fotovoltaicos al considerar que ponen en riesgo tanto el paisaje como el equilibrio medioambiental y el futuro del campo cordobés. En municipios como Montilla, Montoro, Bujalance, Aguilar de la Frontera o Baena ya se han presentado alegaciones contra macroplantas solares por su impacto ambiental y sobre los recursos agrícolas.

El Gobierno defiende que su objetivo es garantizar un equilibrio entre agricultura y renovables, preservando la seguridad alimentaria y la productividad del suelo. Para ello, señala las inversiones que el Ministerio de Agricultura está ejecutando en modernización de regadíos y el impulso a tecnologías que permitan reducir el consumo de agua y energía, al tiempo que se integran fuentes renovables en beneficio del sector primario.

Un paso más después de varios años donde los trámites estaban siendo los principales protagonistas. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado la utilidad pública de la planta fotovoltaica Carbo. Esta es una de las instalaciones más grandes de este estilo proyectadas en la provincia de Córdoba, y que congregará una potencia instalada de 81,40 MW. Además, el proyecto incluye una infraestructura de evacuación a 30 kV.

La resolución aparece en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de agosto, aunque fue emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Este documento permite a la empresa Enel Green Power España S.L. culminar los trámites previos para construir dicha planta en los términos municipales de Fuente Palmera, Guadalcázar y Almodóvar del Río. Unos trámites que se han alargado excesivamente en el tiempo.

Y es que esta planta fotovoltaica ha superado un procedimiento administrativo que se inició durante 2023. De hecho, este periódico informó hace dos años que Endesa recibe el permiso para construir Carbo durante la segunda mitad del año, pero, sin embargo, no pudo ser así. El proyecto recibió una autorización administrativa previa en abril y en 2024 la de construcción. Una vez conseguido este documento, la empresa actual solicitó la declaración de utilidad pública que en agosto de 2025 ha conseguido.

Aun así, no fue fácil, porque tuvo que congregar informes del Servicio de Carreteras, de Adif y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta última recordó la afección sobre cauces públicos. Sin embargo, ninguna de ellas pusieron una oposición relevante. Además, los ayuntamientos afectados y el Servicio de Vías Pecuarias emitieron contestación a los requerimientos, por lo que la normativa lo interpreta como conformidad.

Implicaciones de la declaración

Ahora bien, ¿qué significa que el Gobierno haya dado la utilidad pública a la planta fotovoltaica? Pues supone el derecho a ocupar terrenos de dominio o uso público necesarios para su instalación, por lo que se garantiza la viabilidad del proyecto. Además, la autorización se otorga sin perjuicio de otras licencias urbanísticas, ambientales o sectoriales que sean necesarias para su ejecución.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes a contar desde su notificación o publicación.

Como resultado de una visita de inspección conjunta, por parte de técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), junto a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, “se ha constatado la existencia de un yacimiento” arqueológico de época romana en una parcela aledaña a aquellas donde se construyen sendas plantas fotovoltaicas, en el término municipal de Lucena, lo que ha llevado a la Junta a “notificar a la propiedad la necesidad de paralizar la obra y de realizar una actividad arqueológica de urgencia”, dada la cercanía del yacimiento en cuestión.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta, las cuales han precisado que, aunque “en una denuncia” presentada en el Consistorio lucentino se advertía de la presencia de los restos arqueológicos en la finca donde se levantan las citadas plantas fotovoltaicas, lo cierto es que no es así.

En concreto y según han señalado las mismas fuentes, “tras la visita” de inspección, llevada a cabo el pasado “miércoles, se constató que es en una parcela contigua” a las fincas donde se levantarán las plantas Mirabal I y II donde han aparecido tales restos arqueológicos, en una zona cercada a la aldea de Jauja y delimitada en el entorno del poblado íbero-romano de Morana, según ha avanzado 'Diario Córdoba'.

De esta forma, por parte de la Junta “se transmite a los titulares de la finca la paralización de los posibles movimientos de tierra que necesiten hacer en la parcela” afectada, “en la que van a cambiar el olivar para construir la planta fotovoltaica”.

A este respecto, desde la Junta han aclarado que “es una cuestión de prevención, hasta que los promotores hagan una actividad arqueológica de urgencia para valorar la afección y la delimitación del yacimiento”, de forma que “se eviten nuevas afecciones” y así, “una vez concluida la actividad arqueológica, se valorarán los pasos siguientes”.

La Junta de Andalucía ha rechazado las alegaciones presentadas por la Asociación Ecología y Libertad contra la declaración de utilidad pública de la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Guadame Solar 2, promovido por la empresa Nunki Solar S.L. en los términos municipales de Córdoba y Bujalance. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, da vía libre a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios y convoca a los propietarios para el levantamiento de actas previas el próximo 24 de septiembre de 2025.

La asociación ecologista, que junto a SOS Rural lidera una ofensiva judicial contra lo que califican como “macroplantas solares irregulares” en el campo andaluz, denunció que la declaración de utilidad pública del proyecto carecía de justificación suficiente, generando indefensión a los afectados. En sus alegaciones advirtieron, además, de los riesgos de una expansión masiva de infraestructuras eléctricas sin estudios previos de necesidad y proporcionalidad, reclamando un mayor control administrativo y transparencia.

Sin embargo, la Junta ha desestimado estas objeciones al considerar que la utilidad pública de este tipo de proyectos está reconocida por ley. El artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico declara de utilidad pública las instalaciones de generación y distribución de energía, lo que —según la resolución— implica automáticamente la necesidad de ocupación de terrenos y el derecho de expropiación. Además, la Delegación Territorial defiende que se cumplieron todos los trámites de información pública y que la documentación estuvo disponible tanto en boletines oficiales como en la web de transparencia de la Administración.

La resolución únicamente estima de forma parcial una petición de Ecología y Libertad: la de ser reconocida como parte interesada en el procedimiento administrativo.

Este proyecto, de 35,48 MWp de potencia instalada, forma parte de los planes autonómicos y estatales para impulsar la transición energética. La Junta recalca que la instalación contribuye a los objetivos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), además de estar amparado por la normativa europea que considera las energías renovables como de interés público superior.

Mientras tanto, la Asociación Ecología y Libertad y SOS Rural continúan su batalla legal a nivel nacional contra el despliegue de grandes plantas solares en zonas agrícolas fértiles. Ambas organizaciones han denunciado lo que consideran un “fraude de ley” por el fraccionamiento de proyectos para evitar controles más estrictos y reclaman una ley de zonificación vinculante, similar a las que existen en Francia e Italia, que proteja suelos agrícolas de alto valor frente al avance de instalaciones renovables.

La Junta, en cambio, mantiene que proyectos como Guadame Solar 2 son esenciales para garantizar el suministro eléctrico limpio y sostenible en Andalucía, y ha reafirmado que el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente.

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación, Tatiana Pozo, ha realizado en la mañana de este martes un balance de la actividad realizada desde la Oficina de Transformación Energética Comunitaria OTC-Agencia Provincial de la Energía de la institución provincial.

Pozo ha expresado su contento porque en la provincia de Córdoba ya se han establecido 16 comunidades energéticas cuyo objetivo es “acceder a una energía justa producida en un entorno en el que se consuma y se contamine menos, y en el que la población sea el centro del sistema energético, con capacidad propia para producir y también para gestionar su consumo”.

Asimismo, se ha mostrado positiva y espera que las comunidades energéticas se dupliquen en la provincia ahora que las personas físicas, las pymes y las entidades públicas locales disponen de toda la información y formación. También ha reconocido que la iniciativa ha impulsado la constitución de nuevas comunidades energéticas, además, de prestar apoyo a las que ya estaban creadas o en proceso de formación.

Pozo ha destacado que el programa tiene previsto finalizar en septiembre de este año, ya que la subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) fue concedida para ese periodo. No obstante, han solicitado una ampliación del plazo que, de aprobarse, permitiría mantener el servicio de asesoramiento hasta diciembre de 2025. Aunque ha recordado que el personal de la agencia provincial de la energía de Córdoba seguirá atendiendo solicitudes de información.

Esta actividad ha tenido tres pilares fundamentales: la formación e información a la población, la asistencia, apoyo y acompañamiento a las comunidades energéticas, y, por último, la difusión y comunicación.

Formación e información a la población

El primer ámbito ha sido el más importante, según ha explicado la delegada, puesto que “la carencia de formación específica en este terreno ha sido un freno al desarrollo de proyectos de comunidades energéticas”. Pozo ha señalado que desde el año pasado han realizado un total de 56 jornadas informativas en diferentes municipios, a las que han acudido 212 personas, de las cuales 128 han sido hombres y 84 mujeres.

La delegada ha destacado también el trabajo de otros profesionales del ámbito jurídico y de la propia administración, que según ha dicho: “Son fundamentales para intervenir en el proceso de constitución de una comunidad energética y la puesta en marcha de estos proyectos de generación renovable”.

Han ofrecido dos cursos de formación e información online, de forma totalmente gratuita, en los que han tratado materias como: la constitución de una comunidad energética, las consideraciones jurídicas y energéticas que requieren, la generación fotovoltaica, los modelos de explotación de las redes energéticas, y las formas de participación y colaboración que cualquier administración pública puede tener en las comunidades energéticas. En estos talleres se han formado 271 personas, de los cuales 59 eran mujeres y 212 hombres.

Asistencia, apoyo y acompañamiento a las comunidades energéticas

Por otro lado, a través de la página web de la agencia provincial de la energía de Córdoba, cualquier individuo o entidad ha podido consultar o solicitar informes y estudios para la constitución de una comunidad energética. “Cualquier persona o entidad ha recibido asesoramiento o acompañamiento en cualquier fase del proceso de constitución en la provincia de Córdoba”.

La delegada, ha apuntado que han atendido 22 consultas en total, y ha detallado que, además, han acompañado a siete comunidades energéticas, a 26 asesorías de carácter jurídico, a ocho de carácter económico, a 22 de carácter técnico, a dos de carácter social y a 10 de carácter administrativo. “En total hemos informado a 64 personas físicas, tres pymes, nueve asociaciones y 48 entidades locales”, ha expresado Pozo.

Por último, en este pilar, la delegada ha explicado que la página web de la Oficina de Transformación Comunitaria ha sido un punto de acceso a la formación, a la asistencia y a la documentación. Y, ha recordado que todo este material ha estado disponible para toda la población de forma accesible y gratuita.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la autorización concedida por la Junta de Andalucía a la empresa Calentona Servicios y Gestiones S.L. para la construcción de una planta solar fotovoltaica en los términos municipales de Bujalance y Montoro (Córdoba). En una sentencia dictada el pasado 15 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que la empresa incurrió en un fraccionamiento artificial del proyecto, dividiéndolo en tres partes (Caballo I, II y III) con el objetivo de mantener cada instalación por debajo de los 50 MW y así eludir la competencia del Estado y los requisitos ambientales más exigentes.

La resolución judicial considera que se ha producido un fraude de ley, al comprobar que se trata de una única infraestructura de generación eléctrica, promovida por un solo titular, con una potencia conjunta de 114 MW y ubicada en una misma zona geográfica, sobre una superficie de más de 267 hectáreas. La fragmentación permitió que fuera la Junta, y no el Gobierno central, quien otorgara la autorización administrativa previa, en una decisión que ahora queda anulada.

Sin estudio de impacto ambiental conjunto

La sentencia incide en que la división del proyecto impidió realizar una evaluación ambiental global, lo que vulnera la normativa nacional y europea. “No consta que se haya hecho una valoración conjunta de los efectos acumulativos o sinérgicos sobre el entorno natural”, señala el tribunal, que advierte de la falta de análisis ambiental integral en una zona con valor ecológico, como el entorno del Arroyo Molinos y áreas de olivar tradicional.

Además, el fallo recuerda que la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental exige un procedimiento ordinario para instalaciones que superen las 100 hectáreas, algo que se habría evitado al tramitarse por separado cada una de las plantas.

El TSJA basa su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que rechazan las fragmentaciones de proyectos cuando existe una unidad de hecho, jurídica y económica. En este caso, subraya que las tres plantas comparten titularidad, ubicación colindante y estructuras de evacuación, lo que evidencia su carácter conjunto.

Desde un punto de vista empresarial, el tribunal considera que las instalaciones no han acreditado su viabilidad de forma independiente, y que se diseñaron para ser explotadas de manera unitaria por un mismo promotor. “Parece razonable entender que su tratamiento jurídico-administrativo debe ser también unitario”, concluye la sentencia.

Nulidad de la autorización de la Junta

Aunque el tribunal rechaza que se haya producido indefensión procesal por falta de notificación individual a los colindantes -otro de los argumentos planteados por los demandantes-, considera probado el fraccionamiento del proyecto y su uso para evitar la normativa aplicable. Por ello, estima el recurso presentado por los propietarios afectados y declara la nulidad de la resolución autonómica de mayo de 2023, dictada por la Consejería de Industria, Energía y Minas.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación, no impone costas procesales debido a la complejidad técnica y jurídica del asunto. El fallo reconoce que los demandantes, al presentar inicialmente el recurso sin asistencia letrada, ya plantearon en esencia la misma pretensión que luego se formalizó judicialmente: paralizar o anular la autorización por no haber sido consultados y por las afecciones sobre sus propiedades y el medio ambiente.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) está trabajando para hacer la fabricación de paneles solares más barata y accesible, integrados en el consorcio europeo Sunrey, que se ha marcado como objetivo aumentar la estabilidad y eficiencia de los paneles solares de perovskita, la alternativa al silicio que podría democratizar el mercado fotovoltaico.

Según ha informado la UCO en una nota, esta investigación hay que enmarcarla en el hecho de que la transición energética avanza y con ella la demanda de energías renovables. De hecho, en la Unión Europea (UE) la energía solar y la eólica llegaron a generar más electricidad que todos los combustibles fósiles (gas y carbón) durante el primer semestre de 2024, y en España la energía renovable ya cubre más de la mitad de la demanda, hasta el punto de que la generación de energía fotovoltaica ha llegado incluso a superar brevemente a la nuclear.

Sin embargo, la mayoría de los paneles fotovoltaicos del mercado utilizan silicio metálico, un semiconductor muy demandado, que es difícil de obtener y tiene una huella de carbono significativa. Además, se encuentra en la lista de materiales críticos de la UE, por su gran importancia económica y alto riesgo de sufrir problemas de suministro.

Como alternativa, la industria fotovoltaica lleva años trabajando para hacer paneles solares a partir de celdas de perovskita, una tecnología que no necesita silicio y que es capaz de convertir la energía solar en electricidad con una eficiencia comparable a la de las celdas de silicio.

A pesar de su potencial, la inestabilidad y toxicidad de las celdas de perovskita actuales sigue siendo un problema para llevar estos dispositivos al mercado. Por eso, un consorcio europeo formado por universidades, centros de investigación y empresas está explorando distintos enfoques para superar estas limitaciones y hacer que la tecnología sea competitiva en el mercado.

El investigador del Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada en la UCO, Gustavo de Miguel Rojas, adscrito al Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (Iquema), participa en este proyecto, trabajando con nuevos tipos de perovskita, para mejorar la seguridad y eficiencia de las perovskitas en condiciones de laboratorio.

Uno de sus objetivos es sustituir el plomo de las celdas de perovskita, que es tóxico y contaminante, por otros materiales baratos y accesibles, como el estaño, sin que eso comprometa la estabilidad y la eficiencia de los dispositivos. Otro objetivo pasa por mejorar la vida útil de las celdas de perovskita, que apenas llega a las 200 horas cuando un dispositivo de silicio puede durar 25 años.

El equipo de la UCO ha conseguido aumentar significativamente la vida útil con un nuevo diseño bidimensional que combina estructuras 2D y 3D. “Hemos conseguido obtener eficiencias razonables y estabilidades mejoradas”, ha señalado Gustavo De Miguel, “pero todavía no en la escala del silicio”. Así, en condiciones de laboratorio, los investigadores han conseguido extender la vida útil de los dispositivos de perovskita, alcanzando unas mil o dos mil horas de vida útil (tres o cuatro meses).

Para dar el salto al mercado, los socios comerciales del proyecto están trabajando en un sistema de encapsulamiento que proteja las celdas de perovskita y evite que se degraden. Esta solución podría ser clave para que la vida útil de estos dispositivos deje de ser una limitación.

Móviles con energía solar

Si se consigue mejorar su seguridad y estabilidad, los dispositivos fotovoltaicos de perovskita ofrecen un futuro prometedor. Por un lado, son mucho más ligeros que los paneles solares convencionales, con lo que se podrían utilizar en pequeños dispositivos electrónicos, como móviles u ordenadores. Además, la fabricación de dispositivos de perovskita es relativamente fácil y no requiere un material tan caro y codiciado como el silicio.

“No requiere grandes fábricas”, ha explicado De Miguel, “nosotros lo hacemos aquí (en el laboratorio), y de manera industrial no sería mucho más complicado”. Esto podría abrir el mercado de paneles fotovoltaicos a otros países que hoy día no pueden competir con China, el mayor productor de paneles fotovoltaicos del mundo. “Podría democratizar la fabricación de dispositivos solares”, ha señalado el investigador.

Esto supone una oportunidad para países como España, donde la demanda de paneles fotovoltaicos es alta, pero no se pueden producir de manera rentable y competitiva. La producción local, además, reduciría la dependencia europea del mercado chino, bajando el precio de los dispositivos y facilitando la transición energética en la UE.

Para explorar estas ventajas y nuevas aplicaciones, los distintos grupos de investigación cerrarán el proyecto con un plan de negocio que incluye pautas y recomendaciones para que las empresas colaboradoras valoren el estado de la tecnología y decidan si pueden llevarla al siguiente nivel.