El valor de la vivienda en la provincia de Córdoba ha alcanzado en el primer trimestre de 2026 su máximo desde hace catorce años, con un precio registrado que ha aumentado un 10,7% en el último año. El precio de la vivienda en el primer trimestre ha sido de 1.285,7 euros por metro cuadrado, el récord desde 2012, cuando se veían valores similares.

Así lo pone de manifiesto la estadística del Ministerio de Vivienda del primer trimestre de 2026 sobre el Valor Tasado de la Vivienda -consultada por Cordópolis-, que registra el valor medio de la vivienda en la provincia en cada trimestre del año en la serie histórica. Los 1.285,7 euros por metro cuadrado de media de enero a marzo de este año no tenían un valor similar desde el cuarto trimestre de 2012, cuando el valor fue de 1.271 euros/m2.

La escalada del precio de la vivienda en estos catorce años ha sido continuada y, ejemplo de ello, son los registros de los últimos ejercicios. Si en el primer trimestre de este año el valor tasado de al vivienda es de 1.285,7 euros por metro cuadrado, en el mismo periodo del año anterior era más bajo, con 1.161,7 euros/m2, mientras en 2024 el precio fue de 1.125,9 y un año antes de 1.113.6 euros. La lista sigue año a año hacia atrás en el calendario, con precios más bajos hasta 2012.

Pico del precio, descenso y vuelta a subir

Sin embargo, el pico del precio de la vivienda que se alcanzó con el denominado 'boom' inmobiliario está aún lejos. En la provincia de Córdoba, el valor tasado de la vivienda llegó a ser de 1.556,2 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre del año 2007, en pleno 'boom'.

En ese periodo el precio de la vivienda estuvo entre los 1.400 euros/m2 y ese pico, del que empezó a descender lentamente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 en adelante.

Ese descenso siguió paulatinamente, con más o menos pendiente, hasta que el valor más bajo de los últimos años de la vivienda en la provincia de Córdoba se alcanzó en el cuarto trimestre de 2021, con un precio de 1.092 euros por metro cuadrado.

Y, desde entonces, la vivienda ha vuelto a sufrir una escalada de precios, que la sitúan actualmente en valores que no se veían desde hacía catorce.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se ha referido este miércoles al caso de la mujer de  64 años víctima de violencia de género y con insuficiencia cardíaca, que reside junto a su hijo en una vivienda gestionada por AVRA y que tiene señalado un desahucio para este 19 de junio.

Al respecto, desde AVRA se señala que ha colaborado con la inquilina en la búsqueda de soluciones a su situación, “después de que haya estado 12 años sin atender los pagos del alquiler ni las cuotas de comunidad, lo que ha llevado a que acumule una deuda elevada”. En este periodo -defiende la agencia pública-, “se han planteado todo tipo de opciones para alcanzar una solución, con numerosas reuniones mantenidas con personal técnico y trabajadores sociales. Entre ellas, se ha planteado la reducción de la renta, propuestas de regularización de la deuda y la búsqueda de una alternativa habitacional”.

Sobre ello, abunda que, en la última reunión, mantenida este mismo martes con Stop Desahucios en representación de la interesada, “se volvió a plantear otra vivienda social más acorde a la realidad social, pero una vez más no fue aceptada”. “No estamos, por tanto, ante una situación repentina, sino un procedimiento de más de doce años en los que se ha intentado encontrar alternativas”.

Finalmente, AVRA concluye que “siempre está a disposición de atender a las familias que atraviesan situaciones complicadas y eso ha hecho en este proceso. Pero, igualmente, debe gestionar su parque público con rigor y responsabilidad, prevaleciendo esa función social necesaria”.

El modelo de familia tradicional cederá definitivamente el paso a un nuevo ecosistema residencial en la próxima década y media. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2041 casi dos de cada tres hogares en la provincia de Córdoba estarán habitados exclusivamente por una o dos personas. Es decir, o solteros o parejas (o convivientes).

Este profundo cambio sociodemográfico transformará por completo el mercado inmobiliario, el consumo y la fisionomía urbana de la provincia, una de las más expuestas a caer en el agujero de la España vaciada, según otra estadística publicada este mismo miércoles.

La proyección para los próximos quince años dibuja una progresiva e imparable atomización de la sociedad cordobesa. En el horizonte de 2041, la suma de las viviendas unipersonales y las habitadas por dos personas alcanzará la cifra de 210.913 hogares. Sobre un parque residencial total estimado de 323.008 viviendas habitadas, estos hogares reducidos acapararán más del 65% del total, es decir, dos de cada tres.

La evolución de estas dos tipologías liderará el crecimiento habitacional en la provincia, marcado especialmente por el boom de la vivienda unipersonal (las casas habitadas por una sola persona registrarán el crecimiento más acelerado, disparándose desde las 86.075 estimadas para 2026 hasta las 105.349 dentro de quince años), y por el predominio de los hogares con dos convivientes (seguirán siendo la configuración más común en Córdoba, consolidando su peso al pasar de 92.226 en 2026 a 105.564 en el año 2041).

El ocaso de las familias de tres o más miembros

En contraste directo con el repunte de la soledad y las parejas solas, las estructuras familiares más amplias entrarán en una fase de acentuado declive. Las familias más numerosas sufrirán el retroceso más severo del periodo analizado. Pasarán de ocupar 70.449 viviendas en 2026 a caer hasta las 55.109 en 2041, convirtiéndose en el formato de hogar menos frecuente de la provincia.

Pero es que, además, las viviendas habitadas por tres integrantes también perderán peso, reduciéndose paulatinamente de 61.656 a 56.986 a lo largo de estos quince años. Como consecuencia matemática de este vaciamiento interno de las casas, el tamaño medio del hogar cordobés se encogerá de manera continuada, descendiendo desde las 2,46 personas por vivienda en 2026 hasta un mínimo histórico de 2,26 personas en 2041.

El análisis de la estadística revela un importante reto urbano para las administraciones: la provincia necesitará sostener un parque de viviendas en crecimiento continuo a pesar de la sangría demográfica. Así, mientras que la población total de la provincia de Córdoba está abocada a perder miles de habitantes de aquí a 2041, el número total de hogares operativos no dejará de crecer, pasando de los 310.406 previstos en 2026 a superar los 323.000 al final de la proyección.

Esta fractura evidencia que, si no se produce un cambio de mentalidad o una ruptura económica, la presión sobre el mercado inmobiliario —especialmente sobre viviendas de menor tamaño— se mantendrá al alza, alimentada por un modelo social donde cada vez más cordobeses vivirán solos o en pareja.

Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba han intervenido esta mañana en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Loja, en el barrio del Guadalquivir.

Según la información del SPEIS y el Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, no constan personas heridas ni ha sido necesario realizar evacuaciones a consecuencia del siniestro.

Eso sí, durante la actuación, los servicios sanitarios han atendido a una mujer de 70 años que sufrió un desmayo, siendo movilizada una ambulancia para su asistencia.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio, que ha movilizado también a efectivos de la Policía Local.

La dificultad para acceder y mantener una vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en la provincia de Córdoba. Así lo puso de manifiesto este jueves Cáritas Diocesana de Córdoba durante la presentación de su memoria de actividades de 2025. Ha sido en un acto en el que participaron el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el delegado diocesano de Cáritas, Antonio J. Reyes; el director de la entidad, Darío Reina; y Alexandre Rivas, participante y voluntario de la organización.

Aunque la actividad global de Cáritas durante el último año se ha mantenido en cifras muy similares a las registradas en 2024, la entidad alertó del fuerte incremento de las demandas relacionadas con la vivienda. Según explicó Darío Reina, la demanda de ayudas destinadas a afrontar gastos de alquiler, hipoteca, suministros o alojamientos alternativos han subido bastante respecto al ejercicio anterior y representan ya la mitad del presupuesto destinado a necesidades básicas de Cáritas Diocesana de Córdoba.

“La vivienda no puede ser un privilegio, sino un derecho”, subrayó el director de Cáritas Córdoba, quien advirtió de que el acceso a una casa se ha convertido en “un auténtico generador de exclusión”. Reina señaló que se está cronificando el número de personas que acuden a la entidad buscando una solución habitacional y que la situación se está agravando año tras año. De hecho, desde Cáritas alertan de que la falta de vivienda está empujando a un número creciente de personas a vivir en la calle o a depender de recursos temporales de alojamiento.

En este sentido, explicó que cada vez son más las familias que, pese a contar con ingresos e incluso con empleo, no logran asumir el coste de la vivienda. “Pagar la vivienda les lleva a una situación de exclusión”, afirmó. La organización detecta que el incremento de los precios del alquiler, junto con el encarecimiento de los suministros básicos, está expulsando a muchas familias de una situación de estabilidad económica, a veces incluso con sus miembros en disposición de un salario y un empleo.

La memoria refleja que el programa de necesidades básicas y vivienda atendió a 1.558 personas durante 2025. Además, dentro del programa de personas sin hogar fueron acogidas 1.179 personas en distintos recursos, de las que 473 fueron atendidas en la UVI Social. Cáritas destacó también que cerca de 500 personas no pudieron acceder a la casa de acogida por falta de plazas. Y eso que el Área de Residencia de la entidad permaneció abierta durante todo el año para dar respuesta a esta realidad.

Más de 19.000 personas acompañadas

Durante 2025, Cáritas Diocesana de Córdoba acompañó y ayudó a 19.103 personas en situación de vulnerabilidad, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. La organización destinó a sus distintos programas una inversión total de 3.405.469,44 euros. Las principales demandas atendidas estuvieron relacionadas con la alimentación (37,32%), cuestiones vinculadas a la vivienda (27,90%), suministros básicos (21,01%), salud (7,32%), educación (2,29%) y otros conceptos (4,22%).

La entidad cuenta con el apoyo de los 167 grupos parroquiales de Cáritas presentes en la diócesis y de alrededor de 1.500 voluntarios, cuya labor permitió sostener la atención a las personas más vulnerables durante todo el año.

Otro de los aspectos destacados de la memoria fue la situación laboral de las personas atendidas. Cáritas acompañó a 778 personas a través de sus programas de empleo e inserción laboral. De ellas, 88 participaron en cursos de formación y talleres ocupacionales y 123 lograron un puesto de trabajo gracias a la colaboración de la empresa de inserción Solemccor y de otras 40 empresas colaboradoras. Sin embargo, Darío Reina insistió en que disponer de un empleo ya no garantiza abandonar una situación de vulnerabilidad. E

En cuanto a la financiación de la entidad, el 35% de los recursos procedieron de subvenciones públicas, mientras que el 65% restante tuvo origen en aportaciones de particulares, instituciones y empresas. Cáritas destacó además que durante el último año las contribuciones de particulares aumentaron un 12%.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, agradeció el compromiso de voluntarios, socios y colaboradores, y realizó un llamamiento a la participación ciudadana para seguir sosteniendo la labor de la organización. El prelado recordó además que la celebración del Día de la Caridad coincide este año con la visita del Papa a España, una circunstancia que consideró especialmente significativa para reforzar el compromiso social y la solidaridad con las personas más vulnerables.

La Diputación de Córdoba, a través de la empresa pública provincial CINCO SA, ha reactivado el proceso para completar la construcción de las 26 viviendas sociales que quedaron paralizadas meses atrás. Esta medida busca retomar de forma urgente unas promociones que cuentan con financiación de los fondos Next Generation EU y que sufrieron importantes retrasos bajo la gestión de las anteriores empresas adjudicatarias.

El origen de esta nueva licitación reside en la resolución de los contratos con dos constructoras externas que no cumplieron con los plazos previstos en los pliegos. Aunque el programa total contempla la construcción de 46 inmuebles destinados al alquiler social o asequible en once municipios de la provincia, más de la mitad del proyecto se vio afectado por la falta de solvencia técnica de las empresas mencionadas, obligando a la administración provincial a reiniciar los trámites para evitar el bloqueo del plan.

Según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público al que ha podido acceder este periódico, las nuevas licitaciones afectan a seis localidades cordobesas. En concreto, se han sacado a concurso las obras de terminación de siete viviendas protegidas en Nueva Carteya, cuatro en La Carlota, tres en Aguilar de la Frontera, tres en Fuente Palmera, tres en Dos Torres y una en El Viso. Estas actuaciones suman un total de 21 unidades habitacionales, a las que se añadirán próximamente las restantes hasta completar las 26 afectadas por la rescisión contractual.

Pese a la preocupación inicial por el calendario de ejecución, la Diputación aseguró a este periódico que los fondos europeos están plenamente “garantizados” y que no existe riesgo de pérdida de las ayudas. Para asegurar la financiación, la institución ha formalizado una prórroga dentro de los mecanismos previstos para el sector de la construcción, afectado en los últimos meses por el incremento de costes derivado de la coyuntura internacional y la Guerra de Irán.

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este lunes que “el PP sigue favoreciendo la especulación turística y regalando suelo público mientras niega el derecho a la vivienda”, de manera que este martes expresará su rechazo a varios de los asuntos que se abordarán tanto en la comisión de licencias como en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

En una nota, el grupo ha manifestado que “vuelven a evidenciar un modelo de ciudad basado en la privatización de recursos públicos, la promoción del negocio privado y el abandono de las necesidades reales de la ciudadanía”. “El PP sigue instalando a Córdoba en un modelo de ciudad pensado para el negocio y no para la gente”, han señalado desde la coalición de izquierdas.

Según han detallado, en la comisión de licencias se someten a trámite tres nuevos expedientes de apartamentos turísticos, ubicados en el casco histórico, el Distrito Sur y Ciudad Jardín. Para Hacemos, “estos expedientes constatan que la presión turística ya no se limita al centro de la ciudad, sino que se está extendiendo progresivamente a otros barrios, expulsando población residente, encareciendo los alquileres y transformando el tejido social de Córdoba”.

“El gobierno municipal sigue mirando hacia otro lado mientras se agrava la crisis de vivienda”, han reprochado, para defender que “Córdoba necesita una moratoria de apartamentos turísticos en toda la ciudad, sin excepciones por distritos que solo trasladan el problema de un barrio a otro”.

“Elevada saturación”

Desde la coalición han recordado que “el casco histórico ya soporta una elevada saturación turística y alertan de que el mismo fenómeno está comenzando a reproducirse en otros barrios”. “No se puede permitir que Córdoba se convierta en un parque temático para visitantes mientras miles de familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible”, han afirmado.

Asimismo, Hacemos ha criticado la propuesta de concesión demanial para uso comercial que se debatirá en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y que afecta a una parcela situada junto al Parador de La Arruzafa. “La parcela objeto de la concesión está clasificada por el planeamiento urbanístico como equipamiento público y forma parte de los terrenos cedidos gratuitamente al Ayuntamiento para atender las necesidades colectivas derivadas de un desarrollo urbanístico que contempla unas 1.800 viviendas”, han precisado.

La coalición ha manifestado que “el sector dispone de tres grandes espacios reservados para equipamientos públicos”, de modo que “uno de ellos ha terminado acogiendo un campo de golf privado, otro ha sido incorporado al Parque de la Arruzafa y una parte de un tercero fue destinada mediante acuerdo municipal a uso religioso y cultural”.

“Ahora, el resto de esta última reserva pública se pretende dedicar a la construcción de un centro comercial privado”, han subrayado, para remarcar que “es una privatización progresiva del suelo público”, de forma que “lo que debía servir para garantizar equipamientos a miles de vecinos se transforma en oportunidades de negocio privado”, han reprochado.

“Renuncia a la función social”

Para Hacemos, “esta operación supone una nueva renuncia a la función social que debe cumplir el patrimonio municipal y contradice los objetivos para los que estos terrenos fueron cedidos al Ayuntamiento”. “El suelo público no puede convertirse en moneda de cambio para intereses privados”, han trasladado, defendiendo que “es un recurso de toda la ciudad y debe responder a las necesidades colectivas, no a la lógica del beneficio”.

La coalición considera “especialmente grave que un sector llamado a albergar a miles de personas carezca de equipamientos públicos propios mientras los terrenos reservados para ello son destinados progresivamente a usos privados”. “Frente al urbanismo del negocio por el negocio, defendemos un modelo que garantice el derecho a la vivienda, fortalezca los barrios y preserve el patrimonio público; Córdoba necesita planificación, no especulación”, han dicho.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado obras para la mejora de la eficiencia energética de nueve viviendas públicas en alquiler de la Plaza de la Corredera en la capital cordobesa.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha subrayado “el compromiso del Gobierno andaluz para contribuir al desarrollo de metodologías que impulsen la transformación energética de los edificios, aplicando estas soluciones innovadoras en el parque público de viviendas de Andalucía”.

Esta intervención servirá de demostración para el Proyecto Europeo FuturHist, estudio de investigación del Programa Horizon Europa en el que participa AVRA, cuyo objetivo es alcanzar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia energética de inmuebles históricos, como es el caso de este emblemático edificio situado en el casco histórico de la capital cordobesa, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Las obras, que se han licitado por 287.705 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se llevarán a cabo en los números 16 y 17 de la Plaza de la Corredera. Estos trabajos consistirán en reforzar el comportamiento energético del edificio, reduciendo el consumo de energía primaria no renovable y a su vez las emisiones de gases contaminantes. Medidas que reportarán a su vez beneficios para un total de nueve viviendas sociales. Los costes de esta actuación estarán cofinanciados con fondos propios de AVRA y el Programa Horizon Europa, que financiará una parte (110.500 euros).

Dadas las características del edificio, la actuación se desarrollará en dos ámbitos de intervención. El primero de ellos corresponde a la crujía histórica de la plaza y su construcción anexa, donde se ubican tres viviendas públicas de la Junta de Andalucía.

AVRA ha llevado a cabo un seguimiento previo del comportamiento real de estas tres viviendas, mediante la instalación de sistemas de sensores en diferentes estancias para medir las condiciones de humedad, temperatura y calidad del aire interior. Los datos obtenidos se analizan por un equipo de investigación de Eurac Research, socio líder del Proyecto FuturHist, y se compararán con los datos correspondientes al comportamiento de las viviendas una vez se hayan ejecutado las mejoras.

Debido a la elevada protección arquitectónica de esta crujía, las medidas pasivas de mejora energética se plantean por el interior de la envolvente del edificio, mediante la instalación de paneles prefabricados aislantes multicapa de mortero de cal con materiales reciclados de origen biológico y mediante revestimientos térmicos de altas prestaciones con cal y componentes reciclados.

Se conservarán y restaurarán las carpinterías exteriores de madera, adaptándolas para la incorporación de vidrio aislante al vacío, en sustitución del vidrio simple existente, respetando siempre el diseño, material y colores originales.

En el interior de una de las viviendas se sustituirá un tabique existente por una solución experimental compuesta por bloques de arcilla y carbón vegetal revestidos de cal, con el objetivo de evaluar su capacidad como sumidero de humedad y dióxido de carbono. La segunda intervención se ejecutará en la edificación más contemporánea que se distribuye alrededor de la plaza y en la que se ubican otras seis viviendas sociales. En este caso, se procederá a la mejora de la cubierta y de las fachadas, así como a la reparación y conservación de las carpinterías de madera, incorporando vidrios dobles y paneles aislantes.

Estas medidas forman parte de un proyecto integral para las viviendas de plaza de la Corredera, donde actualmente la Junta de Andalucía está desarrollando obras de rehabilitación energética, cofinanciadas con el Programa Feder Andalucía 2021-2027, y que se encuentran al 72% de su ejecución. Estos trabajos supondrán una mejora en el comportamiento energético del conjunto de las 27 viviendas de la Plaza de la Corredera.

Desde 2019, la Consejería de Fomento viene trabajando en este tipo de intervenciones de rehabilitación energética en los edificios del parque público de viviendas de Andalucía mediante la incorporación de sistemas innovadores de energías renovables. Para este ejercicio, AVRA ha destinado para estas líneas de actuación un presupuesto de más de cinco millones de euros, con el doble objetivo de mejorar el confort en las viviendas y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, para contribuir a detener el deterioro medioambiental.

La Junta de Andalucía ha cancelado de enero al 18 de mayo de 2026 un total de 2.673 viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía gracias a una “estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en la cooperación institucional, el refuerzo normativo y la modernización de los sistemas de inspección y registro”. En 2024, fueron 5.808 en todo el ejercicio; y 6.860 en 2025. Desde 2024 y hasta el 18 de mayo de este año, han sido más de 15.300.

Son los datos que maneja la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ofrecidos a Europa Press. Por provincias, gracias al nuevo marco normativo que hay en Andalucía desde 2024, en Almería, han sido canceladas 310 viviendas turísticas; en Cádiz, 467; en Córdoba, 125; en Granada, 333; en Huelva, 230; en Jaén, 40; en Málaga, 931 y en Sevilla, 237. En el caso de las capitales de provincia, en Almería han sido 83; en Cádiz, quince; en Córdoba, 106; en Granada, 155; en Huelva, ocho; en Jaén, once; en Málaga 114 y en Sevilla, 172.

Estas medidas se apoyan en la aprobación del Decreto 31/2024, que clarifica la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan límites proporcionados al número de viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza la capacidad de los municipios para adecuar esta actividad al modelo de ciudad definido en su planeamiento urbanístico y preservar el entorno urbano.

En otro orden de cosas, este jueves se ha conocido que el Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que “se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos”. Así lo ha resuelto el órgano judicial al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro. Andalucía también lo recurrió hace ahora un año, alegando “una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional”.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado este lunes al gobierno de José María Bellido “un cambio urgente” en la política municipal de vivienda y ha propuesto a Vimcorsa la promoción de viviendas destinadas a alquiler social asequible para “dar respuesta a la emergencia habitacional que atraviesan miles de familias cordobesas”.

Desde el PSOE han recordado en una nota que “actualmente más de 8.000 personas permanecen inscritas en los registros de demanda de Vivienda de Protección Oficial (VPO) mientras la empresa municipal no tiene ninguna vivienda pública en construcción, ni ha impulsado promociones de alquiler asequible durante el actual mandato 2023-2027”.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha advertido de que “la crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Córdoba y, sin embargo, Bellido ha renunciado a utilizar Vimcorsa como una herramienta útil para garantizar el derecho a la vivienda”.

Ortiz ha criticado además que “las 30 viviendas anunciadas en Campo de la Verdad se plantean únicamente en régimen de venta, con precios que superan los 200.000 euros, completamente inaccesibles para la mayoría de familias trabajadoras y jóvenes cordobeses”.

En este sentido, el edil ha recordado que “el PSOE propuso reducir el margen de beneficio de Vimcorsa para abaratar el precio final de las viviendas protegidas y facilitar el acceso a jóvenes y familias trabajadoras, una iniciativa rechazada por el PP”. “El PP sigue entendiendo la vivienda pública desde criterios económicos y no como un derecho social”, ha afirmado.

Los socialistas han defendido “un modelo de alquiler social verdaderamente asequible, con precios que en Córdoba deberían situarse entre los 250 y los 350 euros mensuales”. “Todo lo que supere esas cifras imposibilita que una familia con un salario mínimo pueda acceder a una vivienda digna, como ya están demostrando otras administraciones municipales en Andalucía”, ha avisado Ortiz.

Oficina de vivienda

El PSOE también ha alertado de “la situación que atraviesan muchas familias vulnerables que, ante una emergencia habitacional, se encuentran con una Oficina Municipal de Vivienda prácticamente desaparecida, desarticulada y sin capacidad real de respuesta”.

“Mientras asociaciones y entidades sociales sostienen diariamente una labor imprescindible acompañando a familias que no saben dónde van a vivir mañana, el Ayuntamiento llega tarde o directamente desaparece”, ha lamentado Ortiz.

Como ejemplo, los socialistas han expuesto el caso de “una familia formada por dos personas mayores de 60 años que sobrevive con una pensión contributiva de apenas 844 euros mensuales y que aún así queda excluida de ayudas al alquiler pese a encontrarse en situación de emergencia social”.

“Sí existen herramientas para intervenir el mercado y garantizar vivienda asequible”, ha aseverado el edil, quien ha remarcado que “falta en Córdoba voluntad política”.

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba para el 17M, Rosa María Rodríguez, ha destacado este jueves que la coalición de izquierdas andaluza propone “la rehabilitación de viviendas, la movilización de viviendas vacías, el mantenimiento del parque público y declarar zonas tensionadas, para garantizar el acceso a la vivienda en Córdoba”.

En este sentido y según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha criticado en Fernán Núñez, junto a su alcalde, Alfonso Alcaide (IU), la “grave situación” de despoblación que sufre la provincia, que es “la que más población pierde de toda España”, y ha vinculado este problema directamente con las dificultades de acceso a la vivienda.

Durante su intervención, la candidata de Por Andalucía ha explicado que una de las principales medidas de la coalición es “un plan de rehabilitación de viviendas, destinado a recuperar inmuebles en mal estado en los cascos urbanos de los pueblos, para adaptarlos a las necesidades actuales y al cambio climático”. Esta actuación, ha señalado, “permitiría al mismo tiempo generar empleo local en el sector de la construcción y la rehabilitación”.

En segundo lugar, ha defendido la necesidad de “movilizar las viviendas vacías existentes en los municipios”, especialmente en los cascos históricos, “donde conviven miles de casas sin uso con familias que no pueden acceder a una vivienda o se ven obligadas a abandonar sus pueblos”, argumentando Rodríguez que “no es lógico que haya casas cerradas mientras la gente no tiene dónde vivir”.

En tercer lugar, la candidata de Por Andalucía ha lamentado “el abandono del parque público de vivienda por parte de la Junta de Andalucía”, señalando la necesidad de “un plan de mantenimiento urgente, que garantice condiciones dignas para las personas inquilinas”. En este sentido, ha apuntado a la responsabilidad de la empresa pública AVRA en la situación actual.

Finalmente, Rodríguez ha explicado que Por Andalucía plantea “la declaración de zonas tensionadas, para intervenir en el mercado del alquiler y limitar los precios de la vivienda, con el objetivo de garantizar que el coste del alquiler no supere el 30% de los ingresos de las familias”.

Por su parte, el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha agradecido la presencia de la candidata y ha advertido que la problemática de la vivienda también se está haciendo visible en municipios como el suyo, donde “los alquileres están subiendo y el acceso a la vivienda se está complicando cada vez más”.

Alcaide ha valorado las propuestas de Por Andalucía como “una respuesta necesaria para intervenir en el problema de la vivienda desde las instituciones, con soluciones estructurales que garanticen el derecho a una vivienda digna” en toda Andalucía.

Según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía, desde febrero hasta el pasado 20 de abril, de las 79 licencias que han sido suspendidas en toda la provincia de Córdoba este año, un total de 63 corresponden exclusivamente a la capital. Unos datos que muestran una concentración en el núcleo urbano principal de la ciudad cordobesa, ya que supone que aproximadamente el 80% de los cierres ejecutados en territorio cordobés se han localizado en este emplazamiento, dejando solo 16 casos para el resto de los municipios de la provincia.

Hay dos lecturas en los datos que ha remitido la Administración autonómica. Por un lado, la situación de Córdoba tiene peso por las estadísticas de la capital sobre el total provincial. De hecho, en otras provincias la distribución es totalmente distinta. En Málaga se han cerrado 678 viviendas turísticas en la provincia y solo 102 se concentran en la capital, al igual que en Cádiz, que se han clausurado 438 en la extensión provincial, pero solo apenas 14 en la capital. Todas ellas son costeras, como ocurre también en Huelva.

En el extremo opuesto, Sevilla presenta una tendencia de concentración similar a la cordobesa, aunque con volúmenes mayores, registrando 132 cierres en la capital de un total provincial de 179. Al igual que Granada, con 252 cierres en la provincia y 127 en la capital.

Ranking autonómico de viviendas clausuradas

Por un lado, Córdoba es la segunda provincia con menos viviendas clausuradas. Sus 79 en los últimos tres meses le colocan en la penúltima posición, tan solo superando a Jaén, que tiene 28. Por otro lado, Málaga lidera la clasificación (678), seguido de Cádiz (438), Almería (259) Granada (252), Sevilla (179) y Huelva (174).

Pero todo cambia en lo que a capitales se refiere. Ahí, la ciudad cordobesa (63) se coloca en cuarta posición, por detrás de Sevilla (132), Granada (127) y Málaga (102). El resto del ranking lo componen: Almería (62), Cádiz (14), Jaén (9) y Huelva (6).

Ley de Turismo Sostenible

La nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se iba a aprobar un día después de la disolución del Parlamento de Andalucía, incluye por primera vez las Viviendas de Uso Turístico como servicio de alojamiento turístico y se regula la actividad clandestina y la oferta ilegal. La norma reforzará la inspección y se endurecerán las sanciones. Las graves aumentarán hasta los 100.000 euros y las muy graves a los 600.000 euros.

Además, el Registro de Turismo de Andalucía ha mejorado su operatividad y bloquea automáticamente la inscripción de viviendas situadas en zonas limitadas o sujetas a suspensión de licencias en Sevilla, Málaga, Cádiz, y el Puerto Santa María. En paralelo, la consejería de Turismo y Andalucía Exterior mantiene convenios de colaboración con los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Almería, Cádiz, Córdoba, el Puerto de Santa María Jerez de la Frontera, Granada, Málaga y Sevilla, con el objetivo de reforzar la detección de alojamientos irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y turística.

La empresa municipal Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) ha sacado a licitación un contrato para la construcción de 30 viviendas protegidas en la capital cordobesa, con un presupuesto base de 4,29 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses.

El proyecto contempla la edificación de dos promociones de 15 viviendas cada una, junto con trasteros y plazas de aparcamiento, en las parcelas R1 y R2 del sector SRA-SUR del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, correspondientes de San Rafael de la Albaida.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto y con adjudicación basada en criterios objetivos, está dividido en dos lotes correspondientes a cada parcela, con la posibilidad de que las empresas liciten a uno o a ambos.

El valor estimado del contrato asciende a 3,9 millones de euros sin impuestos, mientras que cada lote cuenta con un presupuesto individual cercano a los dos millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de mayo de 2026, y la apertura de las propuestas económicas está prevista inicialmente para el 29 de mayo.

Entre los criterios de adjudicación destacan el precio, que tendrá un peso del 50%, así como aspectos como la experiencia del equipo técnico, el plazo de garantía, el servicio posventa o los compromisos de gestión con suministradoras.

El contrato incluye condiciones de carácter social, como la obligación de garantizar el cumplimiento de los pagos a los trabajadores, y no cuenta con financiación procedente de fondos europeos.

La subida del precio del alquiler de la vivienda que se viene constatando en los últimos años en Córdoba capital se traduce en que se paga un tercio más que hace una década. En los últimos diez años, el alquiler ha subido un 30,3% de media en la ciudad y sus barriadas, con un alquiler promedio de 557 euros al mes.

Así se desprende de las cifras del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro, en un análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En otros municipios de la provincia de Córdoba, la subida del alquiler ha sido incluso mayor en la última década. Es el caso de Lucena, donde el precio se ha incrementado un 33,1% y la media que se paga por una vivienda es de 370 euros al mes. En el norte, en Pozoblanco, la subida ha sido del 29,6% en los últimos diez años, pagando una media de 332 euros de alquiler, mientras que en Cabra el incremento del precio ha sido del 19,1%, con un precio de 346 euros al mes.

Mayor subida en Andalucía y España

Mientras, el precio del alquiler en el conjunto de la provincia de Córdoba ha subido un 30,1% y la vivienda media cuesta de media 508 euros al mes. Córdoba es la segunda provincia de Andalucía donde menos ha subido el alquiler en la última década, solo detrás de Jaén, donde subió 29,6%. Por contra, donde más se incrementaron los precios del alquiler en los últimos diez años fue en Málaga (+59,2%), seguida de Granada (46,7%), Sevilla (44,4%), Almería (44,3%), Cádiz (39,4%) y Huelva (37,6%).

A nivel nacional, el precio medio del alquiler de la vivienda ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumulaba un incremento medio del 43%, el doble de lo que lo han hecho los salarios. En número reales: si hace nueve años se pagaba 800 euros por un piso, hoy se paga, como mínimo, 1.144 por el mismo piso, en el mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Los nuevos datos de 2024 corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021, según el análisis realizado.

En el gráfico que acompaña esta formación se puede ver cómo ha crecido el precio medio de los alquileres desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Y cómo el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. 

La Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha incrementado en diez millones el presupuesto del programa de Garantía Vivienda Andalucía, el programa de avales hipotecarios con el que la Junta busca facilitar la adquisición de una primera vivienda a personas de hasta 40 años.

En la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, se explicita que en la comisión de seguimiento del programa celebrada entre los días 3 y 4 de marzo de 2026, “se les ha anunciado a las entidades financieras --que participan en esta iniciativa-- la previsión de aumento de dotación de esta línea de ayuda en 10.000.000 euros”.

“Se les ha propuesto llevar a cabo su distribución de forma proporcional al nivel de ejecución de cada una de ellas”, se detalla en el BOJA. Así, la partida del Programa Garantía Vivienda Andalucía asciende a 55 millones de euros tras la aplicación del incremento de diez millones por parte de la Consejería. En función del reparto de esta cantidad de más, Caja Rural de Granada recibirá 1,199 millones; Cajasur, 420.248 euros; CaixaBank, 1,960 millones; Unicaja Banco, 1,769; Ibercaja, 63.114 euros; Caja Rural del Sur, 1,896 y Cajamar, 1,691 millones.

Este programa avala el cien por cien del coste de la vivienda, ya que la Junta ofrece el 20% que se complementa con el 80% del préstamo hipotecario que generalmente ofrecen las entidades bancarias. Una vez que los interesados tienen el préstamo preconcedido, la Junta de Andalucía resuelve la concesión del aval y, posteriormente, queda concedido el préstamo. Como entidades colaboradoras, los bancos acreditan que los solicitantes cumplen con todos los requisitos.

Los solicitantes deberán estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 40 años cumplidos y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos los dos años siguientes a la fecha de la adquisición. Sólo se prestan garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda en cualquiera de sus tipologías (ya sea libre o protegida o sea nueva o usada).

Igualmente, este aval hipotecario de la Junta se aplica para viviendas con precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, si bien el límite se incrementará en un 20% para viviendas con clasificación energética A o B. Por último, también es un requisito indispensable encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. El Gobierno andaluz ha dotado este aval hipotecario con una partida de 45 millones de euros que ahora sube a los 55 millones.

La candidata por Córdoba de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha informado este miércoles de algunas propuestas de la formación en materia de vivienda, centradas en “la ampliación del parque público en régimen de alquiler, la limitación de precios y la recuperación de viviendas vacías, ante la situación que atraviesan, tanto la capital, como los municipios de la provincia”, para así “garantizar el acceso a la vivienda”.

A través de una nota, Rodríguez ha señalado que “el parque público de vivienda en alquiler se ha reducido hasta un 53% respecto a hace cinco años, mientras que la demanda ha aumentado un 485% y el precio del alquiler ha crecido un 25% en ese mismo periodo, configurando un escenario insostenible para miles de familias”.

La candidata ha explicado que esta evolución evidencia “un desequilibrio entre oferta y demanda, que dificulta el acceso a la vivienda”, pues “hay menos vivienda disponible y muchas más personas intentando acceder a ella, lo que acaba repercutiendo directamente en el precio”.

En Por Andalucía consideran que “el acceso a la vivienda es un derecho” que deben garantizar las administraciones públicas, y Rodríguez ha criticado al Gobierno andaluz del PP “por no haber impulsado medidas para ampliar el parque público ni mejorar las condiciones del existente, donde se dan situaciones insalubres en algunos casos”.

Ante esta situación, la coalición plantea “incrementar el parque público de vivienda, apostando por el régimen de alquiler, junto a la puesta en uso de viviendas vacías, para aumentar la oferta disponible y facilitar el acceso a la ciudadanía”.

Rodríguez ha defendido la necesidad de actuar sobre el mercado del alquiler, afirmando que “no se puede permitir que los precios sigan aumentando de manera descontrolada”, y ha planteado como medida el establecimiento de límites que contribuyan a frenar la “especulación”.

Además, ha incidido en la importancia de garantizar que el coste de la vivienda sea asumible, señalando que “ninguna familia debería destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler”. Por último, la candidata ha señalado que Por Andalucía impulsará políticas públicas que permitan dar respuesta a la demanda existente, destacando que “es necesario actuar para garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas” en Córdoba y su provincia.

Una iniciativa en busca de reivindicar el derecho a la vivienda. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este martes a las 18:30 horas en la Plaza de Las Tendillas, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios en el marco de los 'Housing Action Days'. La portavoz de la plataforma, Cati Ortega, ha explicado que el objetivo principal es reivindicar el derecho a la vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, el cual consideran que está siendo vulnerado de forma sistemática en los últimos años. Esta movilización forma parte de una jornada de acción global iniciada en 2019, en la que este año participan más de 90 países con 150 acciones simultáneas para exigir justicia habitacional y climática.

En conversaciones con este periódico, Cati Ortega ha explicado de las demandas más urgentes de los manifestantes es la restauración inmediata de la moratoria antidesahucios, que dejó de estar vigente el pasado 26 de febrero. La portavoz y representante de Stop Desahucios ha señalado que, aunque esta medida era insuficiente por aplicarse solo a casos muy específicos, constituía la única herramienta para proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además, ha reclamado topar de forma efectiva los precios de los alquileres, criticando que los límites actuales se aplican sobre precios que ya resultan desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora.

El enfoque de la protesta radica en cómo la especulación inmobiliaria está “arrasando” con la habitabilidad de los barrios cordobeses. Cati Ortega ha apuntado que más de la mitad de las viviendas en Córdoba se pagaron al contado durante el último año, un dato relevante que indica que los inmuebles están siendo adquiridos por grandes inversores en lugar de por familias trabajadoras. Ante esta situación, los colectivos han exigido aumentar la inversión en vivienda pública, recuperar los inmuebles vacíos de la ciudad y aplicar penalizaciones fiscales a quienes especulan con este derecho básico.

La movilización también ha servido para mostrar un rechazo frontal a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía, en vigor desde enero de 2026. Ortega ha sostenido a Cordópolis que esta normativa favorece la colaboración público-privada en beneficio de los especuladores, no limita las viviendas turísticas y se centra en criminalizar la ocupación en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta social. Asimismo, ha denunciado el impacto de la turistificación y han exigido que los recursos públicos se destinen a políticas sociales y de vivienda en lugar de a la escalada militarista global y a la guerra.

Esta manifestación ha comenzado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de Las Tendillas y ha comenzado a partir hacia La Corredera a las 18:50. Además de Stop Desahucios, han estado presentes las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asamblea Antirracista, la Plataforma 8 de Marzo, asociaciones vecinales como La Axerquía y Regina Magdalena, además de partidos políticos.

El mercado inmobiliario de la provincia de Córdoba ha iniciado 2026 con fuerza. El mes de enero ha cerrado con 882 compraventas de viviendas, un dato que no solo mejora con claridad el arranque del año anterior, sino que sitúa al sector en niveles que no se veían desde el ciclo expansivo previo a la crisis financiera. En concreto, se trata del mejor enero desde 2008, en plena resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según los datos disponibles, la actividad creció un 10,8% en comparación con enero de 2025, cuando se registraron 796 operaciones. Este incremento consolida la tendencia al alza que ha marcado el comportamiento del mercado durante los últimos años y confirma que la demanda sigue mostrando una notable resistencia, pese a un contexto económico más exigente en términos de financiación.

El dato cobra aún más relevancia si se contextualiza dentro de la serie histórica. Enero no suele ser un mes especialmente dinámico para el mercado de la vivienda, ya que acusa el parón estacional tras el cierre del ejercicio anterior. Sin embargo, el volumen registrado en este inicio de 2026 no solo rompe con esa tendencia, sino que se sitúa en la parte alta del ciclo actual y en cifras equiparables a las del periodo previo a la crisis de 2008.

Este buen arranque se produce, no obstante, tras un final de 2025 especialmente intenso, con varios meses consecutivos superando el millar de operaciones. En este sentido, aunque enero presenta una ligera caída respecto a diciembre (1.010 compraventas), la lectura no es negativa, sino más bien una normalización estacional dentro de un mercado que continúa en niveles elevados de actividad.

Menor dependencia de las hipotecas

Uno de los aspectos más relevantes que deja el inicio de año es la evolución desigual entre compraventas e hipotecas. En enero se firmaron 621 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un aumento mucho más moderado, del 3,3% interanual.

Esta diferencia de ritmos tiene una consecuencia directa: el peso de las operaciones financiadas mediante crédito hipotecario se reduce. En concreto, alrededor del 70,4% de las compraventas realizadas en enero contaron con hipoteca, un porcentaje significativo, pero inferior al que cabría esperar en un escenario de crecimiento paralelo.

Este dato apunta a un cambio progresivo en la estructura del mercado. Cada vez es mayor la presencia de compradores que no necesitan financiación bancaria para cerrar la operación, ya sea por disponer de ahorro previo, por la venta de una vivienda anterior o por tratarse de perfiles inversores.

La superficie media de una vivienda en Córdoba capital es de 82 metros cuadrados. En Benamejí o en San Sebastián de los Balleteros, la vivienda media tiene una superficie habitable de 121 metros cuadrados. El tamaño importa. Córdoba capital es, con diferencia, el municipio de la provincia donde las viviendas son más pequeñas. En cambio, los pueblos menos habitados suelen ser los que disponen de un parque inmobiliario con casas mucho más grandes.

El siguiente mapa, elaborado a partir de los datos del censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra el tamaño medio de las viviendas, municipio a municipio. Los círculos rosas representan los municipios con las medias más bajas, mientras las zonas verdes son las que suman las casas más grandes.

En la capital hay un total de 134.103 viviendas (la mitad construidas entre las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX). El 48,6% de ellas tiene menos de 85 metros cuadrados de superficie, según un informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El 41,6% de toda la población de la provincia de Córdoba reside en el centro urbano de la capital, según este informe. El 43,2% vive en las conocidas como agrupaciones urbanas (lugares de menos de 50.000 habitantes) y el 15,2% en los conocidos como diseminados rurales (pueblos pequeños o simplemente viviendas en el campo).

La mayor parte de las viviendas en lugares muy urbanos suelen ser más pequeñas que en entornos rurales por una cuestión obvia: la disponibilidad de suelo. A mayor aglomeración, menor disponibilidad de suelo. Las viviendas, por tanto, suelen estar en bloques de pisos. En lugares rurales suelen consistir en casas unifamiliares, en muchas ocasiones con patio e incluso jardín.

En este buscador puedes ver cuál es la superficie media de una vivienda en tu municipio:

En el centro urbano de Córdoba capital hay 134.000 viviendas, en su mayoría muy antiguas (la mitad tienen entre 50 y 60 años) y muy pequeñas. El 13% de las viviendas cordobesas tienen entre 66 y 75 metros cuadrados. Además, el 12,4% tienen entre 56 y 65 metros cuadrados. Además, hay un 6% de cordobeses que viven en menos de 55 metros cuadrados, según el informe del IECA.

En España, más de la mitad de la población habita en viviendas infraocupadas. Son, según la definición de Eurostat, aquellas en las que hay habitaciones de más, en función de un número dado de personas, niños, adolescentes o parejas. Por ejemplo, dos adultos y dos hijos en una casa con cinco habitaciones o una persona que vive sola en una casa con tres o cuatro habitaciones. Para algunas familias, es una suerte de salvavidas: el lugar donde acoger a parientes de visita, alojar a los hijos en un mal momento o que alquilar para obtener un ingreso extra. Para otras, suponen un sobre esfuerzo energético para mantenerla caliente en invierno y fresca en verano o, en el plano teórico, un recurso desaprovechado en una situación de crisis residencial.

En Córdoba, muchas de esas viviendas infraocupadas están en el mundo rural, donde la población además es mucho más mayor que en la capital. Aparte de en Benamejí y San Sebastián de los Ballesteros, hay otros dos municipios donde las viviendas tienen al menos 120 metros cuadrados de superficie media: Palenciana y Fuente Tójar.

Aparte de la capital, hay otros pueblos con viviendas pequeñas. En Palma del Río, por ejemplo, la superficie media es de 86 metros cuadrados. En Peñarroya-Pueblonuevo, de 88 metros cuadrados. El siguiente ya es Lucena, con una superficie media de 90 metros cuadrados.

Córdoba vuelve a mirar con preocupación a la evolución de los desahucios. Los últimos datos de ejecuciones hipotecarias, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, reflejan un repunte significativo de los lanzamientos judiciales por impago de hipotecas en la provincia, hasta situarse en cifras que recuerdan a las registradas hace una década.

En concreto, el año pasado se ejecutaron e inscribieron en los registros de la propiedad un total de 344 desahucios hipotecarios, un número que casi duplica los 193 del año 2024, y que supera ampliamente los 236 del año 2023, los 287 de 2022, y las cifras de los años 2019, 2018 y 2017, en los que las ejecuciones hipotecarias de vivienda fueron 74, 111 y 178, respectivamente.

En Córdoba, los desahucios alcanzaron su techo en el año 2015. Entonces, un total de 642 familias cordobesas tuvieron que abandonar sus viviendas para hacer frente a las deudas hipotecarias que mantenían con los bancos que no habían podido pagar.

En 2016 las ejecuciones hipotecarias se redujeron hasta las 495 y ya en 2017 bajaron a las 178. Ahora, tras una espectacular subida de un 78% en doce meses, se ha vuelto a superar la barrera de los 300 desahucios anuales, algo que no ocurría desde hace una década.

Lo peor es que, además de esta subida, falta por conocer la mayor parte de los desahucios que se ejecutan en la provincia, ya que dos de cada tres se derivan de impagos de alquiler, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los sucesivos informes trimestrales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta cuestión. Si ese ritmo se ha mantenido en 2025, significaría que 2025 se habría cerrado por encima de los mil deshacios, con más de 600 por alquiler.

Unos datos que, según colectivos sociales como Stop Desahucios, se estarían quedando cortos. Ellos estiman, de hecho, que las cifras serían bastante superiores, ya que, según indican, muchas familias abandonan sus pisos de alquiler ante la imposibilidad de pagar la renta para evitar estos procedimientos.