Córdoba es una ciudad de propietarios, pero también una ciudad donde una parte relevante del ladrillo se concentra en pocas manos. La gran mayoría de los titulares de viviendas de Córdoba solo tiene un inmueble a su nombre, pero el reparto cambia cuando se mira el número de propiedades: casi un tercio de los bienes urbanos de la capital pertenece a personas o entidades que acumulan dos o más inmuebles. Y cuanto más crece el patrimonio inmobiliario, más desaparece el propietario particular y más peso adquieren las sociedades y las entidades públicas.

Son datos extraídos del Catastro y correspondientes al año 2025, y que se deben analizar siempre en consonancia a otras tres ideas: Córdoba es la segunda capital andaluza donde más población vive en vivienda hipotecada y una de las que menos población tiene viviendo de alquiler de toda la comunidad autónoma (concretamente, el 9,8% de los cordobeses vive en un piso en régimen de arrendamiento, según los datos que publicó el INE en 2023); los últimos datos apuntan que siete de cada diez contratos de arrendamiento en la ciudad son indefinidos; lo que más crece en estos momentos es la compra de vivienda con financiación.

Sin embargo, los datos fríos del Catastro sí que muestran una brecha en el reparto de las viviendas de la capital cuando se analiza con detalle la titularidad del ladrillo. Los datos oficiales que radiografían la situación de los bienes urbanos en el municipio revelan una realidad de contrastes: aunque el modelo del propietario con una única vivienda sigue siendo la norma absoluta entre la ciudadanía, la concentración de patrimonio en manos de quienes tienen dos o más propiedades ha alcanzado un volumen extraordinario.

Así, en la actualidad, el 31% del total de las viviendas de la ciudad pertenece al segmento de la multipropiedad. Esta bolsa de inmuebles acumulados roza ya la cifra de 50.000 propiedades, dibujando un mapa urbano donde la inversión privada a pequeña escala convive puerta con puerta con el acaparamiento puramente institucional y corporativo

El 69% del parque inmobiliario está en manos de unipropietarios

Para comprender la magnitud de este reparto, es necesario observar las cifras globales. En Córdoba capital constan registrados un total de 158.277 inmuebles urbanos, los cuales se distribuyen entre 127.345 titulares tributarios. Si se divide este inmenso parque inmobiliario, se comprueba que 109.160 propiedades pertenecen a ciudadanos que ostentan un único bien a su nombre, lo que habitualmente se traduce en su primera y única residencia. Estos propietarios únicos representan casi el 86% de las personas que pagan impuestos por bienes inmuebles en la ciudad, pero, paradójicamente, solo controlan el 69% del volumen físico del ladrillo cordobés.

El contrapeso de la balanza lo conforman las 49.117 propiedades restantes. Toda esta ingente masa inmobiliaria se encuentra en manos de multipropietarios, lo que significa que el volumen de bienes gestionados por aquellos que acumulan patrimonio supone ya casi la mitad del peso que tienen las viviendas únicas.

Sin embargo, dentro de este grupo que aglutina casi un tercio de la ciudad, el mercado se fragmenta en realidades muy distintas que van desde el pequeño ahorrador o heredero hasta las grandes corporaciones, marcando límites muy definidos sobre quién puede acceder a cada nivel de riqueza.

En esta línea, los titulares extranjeros tienen además un peso reducido entre los propietarios de varios inmuebles. Los datos del Catastro registran 1.044 personas físicas extranjeras y siete entidades extranjeras como titulares de inmuebles urbanos en Córdoba. De ellas, 977 tienen un solo inmueble y 74 cuentan con entre dos y cinco. No figura ningún titular extranjero con más de cinco inmuebles.

La clase media inversora y las grandes fortunas inmobiliarias

El grueso de esta multipropiedad recae sobre lo que se podría denominar la clase media inversora. El registro catastral contabiliza a 17.802 titulares que poseen entre dos y cinco inmuebles, aglutinando un total de 40.382 propiedades. Este bloque está conformado en su abrumadora mayoría por familias y particulares que reflejan la estructura clásica del ahorro local: ciudadanos que complementan su residencia habitual con un segundo inmueble o una tercera propiedad.

A medida que el patrimonio exige mayor capacidad económica, el número de actores desciende bruscamente. En el siguiente escalón, el de aquellos que poseen entre seis y diez inmuebles, el padrón se reduce a 283 propietarios que gestionan, en su conjunto, algo más de 2.000 propiedades urbanas. Es al superar la decena de propiedades cuando se hace visible el verdadero techo de cristal del ciudadano de a pie.

El umbral de los 25 inmuebles marca la frontera absoluta de la riqueza inmobiliaria particular en Córdoba, ya que no existe ni una sola persona física que haya logrado rebasar esa cifra. El nivel máximo de acumulación por parte de ciudadanos se encuentra en la franja de 11 a 25 inmuebles, un estrato donde figuran 74 titulares que suman un total de 1.147 propiedades. Es precisamente aquí donde destacan 20 personas físicas nacionales —particulares cordobeses— que han logrado amasar un total conjunto de 296 inmuebles, lo que arroja una media de casi 15 propiedades por inversor.

Los grandes tenedores

Sin embargo, incluso en este nivel, el sesgo corporativo ya es dominante: junto a estos veinte particulares compiten 51 sociedades mercantiles que gestionan 796 inmuebles, dos administraciones públicas con 42 propiedades y una entidad sin ánimo de lucro que administra 13 bienes.

A partir de la propiedad número 26, el mercado local expulsa definitivamente al particular y se vuelve de naturaleza exclusivamente jurídica e institucional. En el tramo que va de los 26 a los 100 inmuebles figuran 20 grandes titulares que concentran un total de 912 bienes urbanos, sin que haya rastro de vecinos empadronados.

El dominio empresarial en este punto es rotundo, con 16 sociedades mercantiles que suman 732 propiedades. A ellas se suman una entidad sin ánimo de lucro con 89 propiedades, dos organismos públicos con 60 inmuebles y un titular de otra naturaleza jurídica que suma 31 bienes.

La cúpula: seis entidades con 4.668 propiedades

La cúpula del urbanismo cordobés está reservada para un grupo minúsculo pero de un poder abrumador. El gran vértice de la ciudad lo componen los grandes tenedores que superan los cien inmuebles. Son únicamente seis entidades, pero su capacidad de acaparamiento es tal que acumulan de forma conjunta 4.668 propiedades, multiplicando por cuatro todo el patrimonio del estrato anterior.

El desglose de esta élite confirma al sector público como el mayor actor inmobiliario de la capital: un único titular institucional (el Catastro no aclara cuál es, pero por los datos públicos, es la empresa pública AVRA), copa este nivel con la apabullante cifra de 3.227 inmuebles a su nombre.

El resto de este selecto club lo conforman tres grandes sociedades mercantiles —presumiblemente fondos de inversión, promotoras o entidades financieras— que suman 1.115 inmuebles, así como una entidad sin ánimo de lucro que acumula 123 propiedades y un último titular de distinta clasificación que gestiona 203 inmuebles.

El resultado del análisis de todos estos datos acaba mostrando una radiografía que evidencia que, si bien el mapa de vivienda de la ciudad pertenece en su mayoría a cientos de miles de vecinos y propietarios, la realidad es que los grandes paquetes inmobiliarios de la capital cordobesa son administrados, en buena medida, desde los despachos de grandes fondos y empresa públicas y privadas. Es la otra Córdoba, una ciudad prácticamente invisible que no aparece en los mapas urbanos, pero sí en los balances contables.

La concentración convocada por Stop Desahucios y Movimiento por la Vivienda tras el desahucio de Maricarmen durante la pasada semana en Madrid ha sido objeto mediático en las últimas horas. Más de 100 personas han acampado a las puertas de las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pidiendo una serie de decretos que han sido desvelados este martes en el Consejo de Ministros. Aunque, como todo, esta iniciativa tenía fecha de caducidad.

Tal y como han confirmado fuentes a este periódico, la concentración, que se inició el lunes con más de 1.000 personas en el entorno de la plaza de la Constitución, estaba planeada para que se terminara durante la tarde de este martes. Ahora bien, estaba condicionada a continuar por si ocurría algo extraordinario en el Consejo de Ministros, pero todo ha transcurrido como se esperaba. Sin embargo, aquí no ha quedado todo.

Stop desahucios y Movimiento por la Vivienda ha convocado una manifestación por la vivienda este domingo a partir de las 19:00 que saldrá desde la plaza de Costasol y que acabará en el Ayuntamiento de Córdoba. Todo ello en busca de luchar por una serie de decretos justos, tanto a la hora de la compraventa de inmuebles como del alquiler. Y todo lo que engloba ello. Esta decisión ha sido tomada por una asamblea de ambas plataformas y ha sido secundada por los asistentes.

Una concentración que dio de qué hablar

La concentración estaba prevista para este lunes, y los primeros minutos de la iniciativa hacía prever que no iba a ser muy participativa, pero no. Con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que, finalmente, se congregaron más de 1.000 personas. Pero lo importante no era la acumulación de gente, que también, sino que había manifestantes con la intención de acampar.

Y así fue. Unas 150 personas hicieron noche en la plaza de la Constitución en una concentración que ha dejado claro lo que la sociedad cordobesa le importa la vivienda. “Es necesario garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, recalcó una plataforma de Stop Desahucios que pidió “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

“¡De esta plaza, no nos vamos!”. Así fueron los cánticos justo antes del despliegue de unas tiendas de campaña que con el paso de los instantes fue a más. Una noche larga, pero que tiene un mensaje fuerte de lucha y acción por uno de los principales derechos de la sociedad española.

El desahucio de Maricarmen, en detonante

Y es que esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

Ahora, todo en principio ha acabado. Los manifestantes ya descansan en sus casas, pero la intención de seguir protestando no se queda aquí. Stop Desahucios ha convocado para este domingo una iniciativa para seguir luchando por un decreto que mejore el estado de la vivienda.

La acampada por la vivienda que nació este lunes a última hora tras la concentración ante la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía en Córdoba ha pasado su primera noche con un centenar de personas y unas 25 de tiendas de campaña que han acogido a los integrantes de la protesta, según ha confirmado a este periódico el portavoz de Stop Desahucios, Rafael Blázquez.

Durante la medianoche, unas doscientas personas participaron en una asamblea en la acampada y, tras ello, un grupo más reducido han pasado la noche acampados. A primera hora de la mañana se esperaba el relevo de otras personas para seguir la acampada, mientras algunos de los participantes acudirían a sus trabajos y, otros, han pedido permiso laboral para permanecer en el lugar de la protesta.

Este martes, las expectativas de los manifestantes están puestas en el Consejo de Ministro que celebrará el Gobierno y en el que se prevé aprobar un decreto sobre vivienda. “Esto es un punto de inflexión”, ha señalado Blázquez sobre las protestas organizadas en todo el país para presionar al Gobierno con el objetivo de que se tomen medidas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda.

El Movimiento por la Vivienda de Córdoba explicaba en un comunicado anoche que, tomando el ejemplo de las miles de personas que han salido a la calle en el resto del estado, habían decidido acampar para presionar al Gobierno central, el cual se reúne este martes en Consejo de Ministros con la vista puesta en la aprobación de un decreto sobre vivienda.

“Exigimos la paralización de todos los desahucios y que se garantice una vivienda digna a un precio asequible. Pese a estas exigencias no nos quedaremos meramente en ellas, sino que nos vemos en la obligación de señalar directamente a los culpables de esta situación, a los rentistas en primer lugar, que viven del expolio de nuestros salarios y a las diferentes administraciones, que no solo es que no hayan impedido la situación en la que la clase obrera se encuentra con respecto a la vivienda sino que han legislado activamente para fomentar la especulación y el rentismo”.

La concentración de este lunes y posterior acampada se ha gestado tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue lanzada de su vivienda en alquiler la pasada semana en Madrid y que ha generado una gran ola de respuesta social sobre el acceso a la vivienda en todo el país y las medidas que los distintos gobiernos podrían aplicar sobre este ámbito.

Parte de la sociedad ha optado este lunes -y en jornadas anteriores- por manifestarse en contra de la política tanto del Gobierno central como de sus respectivas autonomías que se están siguiendo con la vivienda en los últimos años. La subida de la compraventa, unido a un alquiler inasumible en varios puntos del país, ha hecho que mucha gente esté bastante preocupada por esta situación, pero ha habido un hecho que ha servido para comenzar con las movilizaciones. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado que una multitud se concentre en Córdoba durante esta jornada, más concretamente en la Plaza de la Constitución.

En primer lugar, parecía que la concentración iba a ser minoritaria. Alrededor de unas 200 personas se citaban frente a las delegaciones del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía al grito de “¡Maricarmen, Maricarmen!”, e incluso un único valiente se atrevía con una tienda de campaña. Sin embargo, y con el paso de los minutos, la multitud se iba haciendo cada vez más grande, hasta que finalmente se congregaron más de 1.000 personas.

“Maricarmen ha marcado un camino”

En primera instancia, la plataforma Stop Desahucios cogió el megáfono para leer su escrito en el que explicaban que se quedarían en la calle para defender “el derecho al techo, al derecho a la vivienda”. Tanto es así que la organización ha explicado que es necesario “garantizar que ninguna persona o familia sea expulsada de su vivienda por no poder afrontar un alquiler que resulta inasumible”, por lo que piden “establecer mecanismos efectivos estructurales de protección frente a los desahucios, la renovación automática de los contratos y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones”.

Siguiendo en este mismo hilo, la plataforma ha exigido un decreto que “defienda los derechos de verdad” para tener una “constitución mejor de la que tenemos”. Asimismo, también ha denunciado la especulación que existe, por lo que “tenemos que hacer frente a todo esto”. “La gente de la Junta de Andalucía no ha hecho nada al respecto. El año pasado sacó ley que lo único que hace es facilitar que se siga haciendo el negocio inmobiliario. Maricarmen ha marcado un camino y lo ha dicho muy claro”.

Y comienza la acampada

Al grito de “¡No nos moverán!”, y de “¡De esta plaza, no nos vamos!”, decenas de manifestantes allí presentes se han sentado en el suelo y han comenzado a desplegar todas las tiendas de campañas disponibles. El colectivo Movimiento por la Vivienda también ha estado presente en la Plaza de la Constitución y han sido los primeros en clamar por esta posibilidad. “Creíamos que era necesario hacer una votación para decidir si nos quedábamos o no, pero creo que no hace falta”, explicaron desde la plataforma Stop Desahucios.

Y allí tenían la firme intención de hacer noche hasta que acabase el Consejo de Ministros del Gobierno de España que se celebra durante la jornada del martes. Varios furgones de la Policía Nacional quedaban parados a la entrada de la avenida Conde de Vallellano a la espera de que la concentración no vaya a mayores, pero lo que es cierto es que decenas de manifestantes iban a acampar en plena Plaza de la Constitución.

Todo ello por el desahucio de Maricarmen

Esta concentración viene a consecuencia del lanzamiento de su vivienda de Maricarmen, que se produjo el pasado miércoles en Madrid, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Esto ha hecho que dicha multitud se canse de lo que, a su juicio, está ocurrido en España durante los últimos años. La vivienda es un problema que preocupa a la sociedad española y Córdoba no ha querido ser menos en unirse a esta lucha. “Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”, recalcan desde la plataforma.

El mercado inmobiliario cordobés atraviesa un momento de evidente dinamismo, pero la radiografía de cómo se pagan las casas está cambiando en 2026. Aunque el volumen total de compraventas de viviendas sigue en ascenso (pese a que en julio ha habido menos transacciones), los compradores son cada vez más dependientes de la financiación bancaria.

El resultado es una tendencia clara: comprar una casa “a tocateja” o al contado es una práctica a la baja en la provincia. Y eso que, desde 2020 hasta 2024, el porcentaje de compras sin hipoteca pasó del 12,9% al 33,1%. En 2025, volvió a subir por encima del 35%, y ahora, en los primeros siete meses de 2026, cae hasta el 32%, según los datos mensuales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) tanto de transacciones de viviendas como de hipotecas.

El análisis de los datos refleja un panorama de crecimiento, aunque también de posible frenada. Así, entre enero y julio de 2026, Córdoba registró un total de 6.788 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un incremento del 6,29% frente a las 6.386 registradas en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el crecimiento del crédito hipotecario ha sido mucho más acelerado. En los primeros siete meses de este año se firmaron 4.566 hipotecas sobre viviendas, un notable aumento del 12,60% en comparación con las 4.055 que se constituyeron de enero a julio del año anterior.

El verdadero pulso del mercado aflora al cruzar ambas estadísticas del INE. La brecha entre las casas que se compran y las que se hipotecan nos da una radiografía muy aproximada de las operaciones que se realizan con fondos propios, sin necesidad de recurrir al banco. Y es aquí donde los números revelan un retroceso. Mientras que en los primeros siete meses de 2025 hubo 2.331 viviendas adquiridas sin financiación hipotecaria, en el mismo tramo de 2026 esa cifra ha caído hasta las 2.222 operaciones. Esto representa un descenso del 4,6% en las compras al contado.

En términos porcentuales, la pérdida de peso del comprador con liquidez total es evidente. Hace un año, el 63,5% de las viviendas vendidas en la provincia requerían pasar por la notaría para firmar un préstamo. Hoy, esa cuota de dependencia bancaria ha subido hasta el 67,2%.

Más compras, más exposición

Esta divergencia entre el alza general de las ventas y la caída de las operaciones al contado sugiere varios escenarios sociológicos y económicos en Córdoba. Por un lado, puede indicar una retirada progresiva del perfil inversor —aquel que dispone de liquidez inmediata y compra para alquilar—, dejando un mercado más dominado por familias y particulares que necesitan imperativamente el apoyo del banco para acceder a una vivienda.

Por otro lado, factores como la evolución de los precios de la vivienda o el desgaste del ahorro acumulado durante los últimos años podrían estar empujando a compradores que antes rozaban la capacidad de pago íntegro a tener que solicitar, al menos, una pequeña parte del capital a las entidades financieras.

En cualquier caso, este escenario es paradójico: por un lado certifica la reactivación del mercado, pero que lo vuelve ligeramente más vulnerable a las futuras decisiones sobre los tipos de interés que dicte el Banco Central Europeo.

La parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Beatriz Jurado ha afirmado este lunes que las políticas de vivienda deben gestionarse “con responsabilidad, rigor y recursos como hace Juanma Moreno”, el presidente de la Junta de Andalucía, “con medidas reales para facilitar el acceso a una vivienda asequible”.

En declaraciones a los periodistas, Jurado ha señalado que “la situación que estamos viviendo en España, cuando el acceso a la vivienda se está convirtiendo en el primer problema para los ciudadanos, no puede solucionarse en una tarde ni con un decreto”, como pretende el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, cuando “las políticas desarrolladas por ese Gobierno durante los últimos años han hecho más difícil el acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes”.

“Poder empezar un proyecto de vida y acceder a una vivienda en condiciones dignas es una preocupación diaria para los españoles, los andaluces y también para los cordobeses”, ha destacado Jurado, quien ha defendido que las políticas de vivienda “deben situarse en primera línea de la acción de gobierno, gestionando con responsabilidad y con rigor, y no con ideología, ni con cálculo electoral, como hace Sánchez”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo las medidas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, entre ellas la entrada en vigor en 2026 de la Ley de Vivienda, que tiene entre sus objetivos “facilitar una mayor disponibilidad de suelo, favorecer una vivienda más asequible y reducir impuestos y cargas vinculadas al acceso a la vivienda”.

También ha destacado la creación de una consejería específica de Vivienda, que integra las competencias en esta materia y en ordenación urbana con el objetivo de “favorecer el desarrollo y la aplicación de las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía”.

Entre las primeras medidas adoptadas, ha subrayado “el incremento hasta los 80 millones de euros del programa de avales para jóvenes, que permite facilitar el acceso a la primera vivienda y alcanzar hasta el 100% de la financiación hipotecaria en los supuestos contemplados por el programa”. Según ha recordado, esta iniciativa ya se puso en marcha durante la anterior legislatura, “con una dotación de 20 millones de euros y benefició a más de 3.000 andaluces”.

Además, ha señalado el anuncio de “una nueva reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para la vivienda de segunda mano, que se aplicará en 2027”, junto a la reducción fiscal aprobada en 2021. “Tenemos un Gobierno andaluz sensible y comprometido con la vivienda, que ha puesto en marcha una ley, una consejería específica, recursos para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, nuevas medidas fiscales y una apuesta por poner más suelo a disposición para construir viviendas más asequibles”, ha afirmado.

La parlamentaria autonómica ha puesto como ejemplo de colaboración institucional el desarrollo de Huerta de Santa Isabel, en Córdoba, donde la coordinación entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y los promotores ha permitido impulsar un nuevo barrio con más de 3.000 viviendas, una parte importante de ellas protegidas y destinadas a precios asequibles. “Cuando existe colaboración entre administraciones, recursos y seguridad jurídica, es posible generar más vivienda y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan”.

Jurado también ha destacado las iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables, entre ellas las viviendas destinadas a personas mayores en situación de vulnerabilidad en la calle Sama Naharro, y ha indicado que las políticas de vivienda deben atender a quienes presentan mayores dificultades.

La diputada regional cordobesa ha insistido en que “hay un problema de primerísimo nivel, que es el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes”, y ha defendido la necesidad de ofrecer respuestas concretas frente a las dificultades actuales.

Finalmente, Jurado ha reclamado al Gobierno de España que “adopte medidas efectivas” y abandone lo que considera “cálculos electorales”, argumentando quee “cuando hay un problema hay que dar una solución. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, con recursos, con leyes y con respuestas efectivas”, ha concluido.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que “deje de perder el tiempo y de hacer perder el tiempo a los españoles”, y ha defendido que España necesita políticas de vivienda que permitan ofrecer “respuestas reales” a las necesidades de los jóvenes y de las familias.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha convocado un acto de protesta por el lanzamiento de su casa de Maricarmen, una anciana de 87 años con problemas de movilidad que este miércoles fue sacada de su vivienda en Madrid.

Stop Desahucios prevé realizar una concentración el próximo lunes 28 de septiembre a las 19:00 en la Plaza de la Constitución en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios como el que ha sufrido esta pensionista octogenaria en Madrid, que ha provocado una gran contestación social.

“Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella”. Esta frase de Maricarmen se recoge en el cartel de la convocatoria de la concentración, que se organiza “por todas las Maricarmen”, en alusión a todas las personas que sufren o han sufrido un desahucio de su vivienda en condiciones de vulnerabilidad. “En Córdoba nos manifestamos para acabar con este sistema injusto que hace de la vivienda un negocio”.

El lanzamiento de su vivienda de Maricarmen se produjo este miércoles en la capital del país, pese a que cientos de activistas intentaban oponerse a ello ante el despliegue de la Policía. Tras horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13:00 y después de que no prosperara el intento de negociación con el fondo Urbagestión para intentar detener el desahucio.

Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad aceptara tampoco esta oferta.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que las licencias de apartamentos turísticos concedidas en Córdoba rozan ya las 200 en lo que va de 2026, con la inmensa mayoría de estas autorizaciones concentradas en el casco histórico, después de que ayer la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobara otras 25.

Para la coalición, estos datos vuelven a evidenciar la “presión” que soporta el centro de la ciudad y la necesidad de revisar el alcance de la moratoria aprobada por el gobierno municipal. “Ya advertimos de que no podía limitarse a las viviendas de uso turístico. Tenía que extenderse también a los apartamentos turísticos y al conjunto de la ciudad”, señala Hacemos Córdoba.

El grupo municipal considera que esta proliferación de alojamientos turísticos está modificando progresivamente el carácter del casco histórico y dificultando su recuperación como espacio residencial. “El centro está perdiendo vecinos y vecinas y cada vez se orienta más hacia un modelo turístico. El PP lo ha convertido en un parque temático”.

Hacemos Córdoba pone como ejemplo de esta dinámica uno de los expedientes abordados ayer en Urbanismo, en concreto, el cambio de uso de un edificio de la Junta de Andalucía situado en la calle Manríquez para destinarlo a uso hotelero. Para el grupo municipal, este inmueble representa una oportunidad perdida para responder a las necesidades de la ciudad. “Estamos hablando de un edificio situado en pleno casco histórico que podría mantener un uso público o destinarse a vivienda a precios asequibles, contribuyendo a recuperar población residente”, señala.

La coalición reclama que “las políticas para el casco histórico tengan como objetivo hacer posible que la gente viva en él, junto con medidas que favorezcan el comercio de cercanía y los servicios necesarios para mantener una actividad cotidiana durante todo el año”. “Un casco histórico vivo necesita vecinos y vecinas, comercio y servicios, no solo visitantes. El turismo es importante para Córdoba, pero tiene que convivir con el derecho a vivir en nuestra ciudad”, sostiene Hacemos Córdoba.

Por ello, el grupo municipal exige al gobierno de Bellido que amplíe de inmediato la moratoria a los apartamentos turísticos y a toda Córdoba, y que impulse medidas concretas para recuperar vivienda y población residente en el casco histórico. “Hay que poner pie en pared y dejar de vender el casco al mejor postor. Desde Hacemos Córdoba apostamos por el turismo, pero no por un modelo sin control que vaya vaciando de vida nuestros barrios y nuestro casco histórico”, concluye la coalición.

Córdoba ha superado ya las 7.000 inscripciones como demandantes de vivienda protegida, una cifra que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha situado este lunes como una muestra de la presión que existe sobre el acceso a la vivienda en la ciudad. El responsable municipal ha matizado, no obstante, que el registro incluye solicitudes duplicadas, ya que hay personas que demandan simultáneamente vivienda en régimen de alquiler y de venta.

Pese a esta circunstancia, Torrico ha admitido que el acceso a la vivienda constituye “una de nuestras principales preocupaciones” y ha defendido las actuaciones que el Ayuntamiento está preparando para incrementar la oferta de vivienda protegida durante los próximos años.

La principal cifra aportada por el responsable de Urbanismo es la de las 646 viviendas que Vimcorsa está desarrollando directamente y cuya ejecución se plantea para los próximos años. Torrico ha señalado que los proyectos ya están en marcha y que, a lo largo del próximo año, se irán viendo los inicios de las distintas promociones.

A esta actuación se suma el denominado Plan Vive, que están desarrollando conjuntamente la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vimcorsa y que plantea la transformación de suelo de equipamiento para destinarlo a viviendas de alquiler dirigidas a jóvenes.

Dentro de este programa hay ya dos actuaciones que, según Torrico, están próximas a iniciar incluso las obras: una en el solar de la calle Pretorio y otra en el solar situado frente al C3A, en el Campo de la Verdad, dentro del Sector Sur. Esta última cuenta además con financiación procedente de los fondos Edusi.

El Ayuntamiento pretende ampliar la respuesta a la demanda de vivienda protegida también mediante el futuro Plan General de Ordenación Municipal, actualmente en elaboración. Según ha avanzado Torrico, una de las previsiones que se incorporarán al nuevo planeamiento será que alrededor del 50% de la vivienda prevista en los futuros desarrollos tenga algún régimen de protección.

La medida no afectaría únicamente a la promoción pública. El presidente de la Gerencia ha destacado que la previsión deberá implicar también a la iniciativa privada, de modo que los nuevos desarrollos residenciales incorporen una proporción significativa de vivienda protegida. El planteamiento supone, según Torrico, utilizar tanto la promoción municipal como la capacidad de los nuevos desarrollos urbanísticos para aumentar la oferta disponible y tratar de responder a una demanda que ha crecido de manera significativa.

Entre los ejemplos citados por el responsable municipal se encuentra además el suelo de la antigua cárcel de Fátima. En ese ámbito está prevista la construcción por parte de Vimcorsa de 90 viviendas en régimen de alquiler destinadas a jóvenes y mayores, pero su desarrollo depende previamente de que concluya la urbanización del suelo, una actuación que, según ha señalado Torrico, corresponde al Gobierno de España.

El presidente de la Gerencia ha utilizado este proyecto para reclamar una mayor implicación de las administraciones supramunicipales y, especialmente, del Ejecutivo central. En su intervención ha criticado que el Gobierno de España haya anunciado planes de vivienda que, a su juicio, no se han ejecutado, y ha reclamado que se desbloqueen las actuaciones que dependen de otras administraciones.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde de la capital, José María Bellido, que posibilite un importante cambio en la política de vivienda del Ayuntamiento, que se desarrolla a través de la Delegación de Vivienda y de Vimcorsa, para poder afrontar la enorme crisis de acceso a la vivienda que tienen los ciudadanos de Córdoba, que se va agravando por días, muy especialmente entre los jóvenes. Así, ha pedido que Vimcorsa se dedique “a construir viviendas y no a dar subvenciones”.

En este mismo sentido, Hurtado ha pedido que Vimcorsa se centre en promover y construir viviendas a precios asequibles y no a gestiones que se le encomiendan y que corresponden más a la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento y a otras delegaciones municipales.

Hurtado ha criticado que Vimcorsa no está construyendo en estos momentos viviendas ni alojamientos, y que las promociones que está impulsando son de muy pocas viviendas y a precio nada asequible, “en concreto las 30 viviendas en Campo de la Verdad a 205.000 euros”.

Para Hurtado, Vimcorsa se está dedicando casi exclusivamente a la gestión de subvenciones que le corresponde a la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento, como son las ayudas al alquiler, las ayudas a la rehabilitación, las ayudas de fachadas de Iglesias, entre otras. Y añade que también se dedica a la gestión de aparcamientos, la gestión del registro de demandantes de vivienda, a la gestion de la sala expositiva y del Museo de Pepe Espaliú y ahora a la gestión de los alojamientos para mayores y jóvenes

Para Hurtado, esta es la principal razón de las permanentes pérdidas que tiene la empresa en su cuenta de resultados, ya que las encomiendas de gestión del Ayuntamiento les exige de recursos que no son compensados económicamente.

“Vimcorsa necesita dedicarse en exclusividad a la promoción y construcción de viviendas a precio asequible, a aumentar su parque público de vivienda en régimen de alquiler y a construir alojamientos para jóvenes y mayores. Además debiese centrarse en la construcción y rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico, que es donde la iniciativa privada no entra salvo para la construcción de apartamentos turísticos”, ha explicado.

En este sentido, ha expuesto que la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento debería ser quien gestionase las políticas de vivienda como derecho, encargándose de las ayudas al alquiler a la rehabilitación y a proveer soluciones habitacionales a ciudadanos con dificultades económicas o sociales.

“Queremos que Vimcorsa sea más una promotora y constructora y menos una empresa dedicada a dar subvenciones y a encomiendas de gestión que les corresponden a las delegaciones del Ayuntamiento”, ha concluido Hurtado.

La oferta de alquiler por meses que muchos caseros usan para evitar la ley de vivienda se dispara en Córdoba. El alquiler de temporada, habitual para maestros o estudiantes, gana terreno con rapidez en Córdoba capital, aunque la ciudad todavía presenta uno de los mercados menos temporalizados de Andalucía.

Según el informe publicado por eldiario.es a partir de dos años de datos recogidos en el portal Idealista, en apenas dos años, el porcentaje de anuncios destinados en la capital cordobesa a alquileres de temporada ha pasado del 18,7% en septiembre de 2024 al 34% en agosto de 2026. Es decir, ha aumentado 15,3 puntos porcentuales y prácticamente ha duplicado su peso dentro de la oferta.

Si hace dos años, este tipo de alquiler se ofrecía en dos de cada diez anuncios, ahora se oferta en uno de cada tres. En agosto de 2026, había 225 anuncios de temporada sobre un total de 661. El cambio resulta especialmente significativo si se observa la evolución mes a mes. El gráfico muestra una tendencia ascendente desde el 18,7% registrado en septiembre de 2024, aunque con fluctuaciones durante el periodo. Córdoba ha ido acercándose progresivamente a la barrera del 30% hasta situarse en el 34% de agosto de 2026.

La paradoja es que, pese a este fuerte crecimiento, Córdoba es actualmente la capital andaluza donde menos peso tiene el alquiler de temporada entre las ciudades analizadas.

Un crecimiento importante desde una posición de partida baja

La comparación con otras capitales andaluzas permite entender mejor esta aparente contradicción. Córdoba crece con fuerza, pero parte de un nivel relativamente bajo. En el mismo periodo, Jaén ha pasado del 13,4% al 40,3%; Sevilla, del 20,6% al 41,5%; y Granada, del 20,2% al 42,8%.. En las capitales costeras donde la oferta temporal ya tenía mayor presencia, el porcentaje es todavía más elevado: Málaga alcanza el 48%, Huelva casi el 49&, Almería el 63,4% y Cádiz llega al 88,1%.

La fotografía final es, por tanto, muy diferente a la de hace dos años. Todas las capitales analizadas han aumentado el peso del alquiler de temporada, pero Córdoba lo ha hecho manteniéndose por debajo del resto. El dato más llamativo es Cádiz. Mientras en Córdoba uno de cada tres anuncios es de temporada, en la capital gaditana casi nueve de cada diez anuncios pertenecen a esta modalidad. Almería también presenta un mercado muy diferente, con casi dos tercios de la oferta destinada a alquileres temporales.

Córdoba se encuentra, por tanto, en una fase distinta del proceso. No lidera la temporalización del mercado andaluz, pero sí está experimentando un cambio significativo en la composición de su oferta.

De uno de cada cinco anuncios a uno de cada tres

Más allá de las comparaciones, el dato cordobés tiene importancia por sí mismo. En 2024, el alquiler de temporada representaba menos de una quinta parte de los anuncios. Ahora supone el 34%. El cambio significa que la modalidad ha dejado de ser una parte pequeña y específica del mercado para convertirse en uno de sus componentes principales.

Esto puede tener especial relevancia para quienes buscan una vivienda habitual. Aunque estos datos no permiten afirmar que el 34% del parque residencial cordobés esté destinado al alquiler temporal —se refieren a los anuncios publicados en el portal y a un momento concreto de cada mes—, sí muestran que una proporción cada vez mayor de la oferta que llega al mercado se formula para estancias limitadas.

Y ahí está una de las claves del fenómeno: no se trata únicamente de que aparezcan más viviendas de temporada, sino de qué viviendas dejan de ofrecerse, potencialmente, como alquiler de larga duración. Los precios aportan otro matiz interesante al caso cordobés. En agosto de 2026, el precio mediano anunciado era de 9,5 euros por metro cuadrado para el alquiler de temporada, frente a 9,2 euros en la larga estancia. La diferencia es de apenas 0,3 euros por metro cuadrado, alrededor de un 3,3%.

Por tanto, la creciente presencia del alquiler de temporada en Córdoba no puede explicarse únicamente por una enorme diferencia de precios entre ambas modalidades. Hay otros factores que pueden estar detrás de la decisión de los propietarios de optar por contratos temporales: la flexibilidad, la demanda de determinados colectivos o la posibilidad de adaptar el uso de la vivienda a periodos concretos.

Córdoba sigue surfeando sobre la cresta de una nueva ola hipotecaria. La fiebre del ladrillo en la provincia se traduce en que durante los seis primeros meses del año se están concediendo más hipotecas para adquirir una vivienda desde que estalló la crisis inmobiliaria. Desde 2010 no había una cantidad tan alta de cordobeses que pedían un préstamo a una entidad financiera para acceder a una casa.

Eso sí, la historia no es la misma que entonces, aunque rima. En esta ocasión, los importes medios que se solicitan a los bancos son muy diferentes a los de hace 15 años, que provocaron una gran crisis de deuda. Al contrario, las entidades financieras miran con lupa la liquidez de sus potenciales clientes y es rara la operación en la que se conceda el 100% o incluso más del valor de la vivienda a adquirir. El cliente siempre tiene que aportar una parte de su ahorro.

Los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que los 3.903 préstamos constituidos sobre viviendas entre enero y junio de 2026 son el registro más elevado de un primer semestre desde 2011, pero todavía quedan por debajo de los 4.190 contabilizados en el mismo periodo de 2010. El mercado hipotecario cordobés no alcanzaba un primer semestre con tantas operaciones desde hace 15 años.

La cifra resulta especialmente significativa porque permite poner números a una sensación que se viene instalando en el mercado inmobiliario: cada vez hay más operaciones hipotecarias en Córdoba. En los seis primeros meses de este año se han formalizado 3.903 hipotecas sobre viviendas, 482 más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 3.421. El incremento interanual alcanza así el 14,1%.

Y no se trata de un repunte concentrado en un único mes. La serie mensual muestra que 2026 ha comenzado con fuerza: 621 hipotecas en enero, 607 en febrero, 742 en marzo, 594 en abril, 630 en mayo y 709 en junio. En todos y cada uno de esos meses la cifra supera a la registrada en el mismo mes de 2025.

Un mercado que vuelve a ganar velocidad

La perspectiva histórica permite entender mejor lo que está ocurriendo. La estadística del INE arranca en 2003 y recoge el extraordinario ciclo de expansión inmobiliaria que culminó en la primera mitad de la década pasada. En 2006 se constituyeron en Córdoba 18.871 hipotecas sobre viviendas, el máximo de toda la serie. En 2007 fueron otras 17.326. Eran años en los que el crédito hipotecario alimentaba una expansión inmobiliaria de dimensiones que hoy quedan muy lejos.

Después llegó el desplome. Las 18.871 operaciones de 2006 se redujeron a 10.515 en 2008 y siguieron cayendo durante los años siguientes: 8.698 en 2009, 8.114 en 2010, 5.947 en 2011, 4.118 en 2012 y 3.482 en 2013. El suelo se alcanzó en 2014, con apenas 2.925 hipotecas sobre viviendas en todo el ejercicio. Menos de lo que ya se han firmado entre enero y junio del 2026.

La gran diferencia está en cuánto dinero se pide. Durante los seis primeros meses de 2026, las hipotecas sobre viviendas movilizaron en Córdoba 439,1 millones de euros. La cifra supone un incremento del 15,7% respecto a los aproximadamente 379,4 millones del primer semestre de 2025. Es mucho dinero, pero la evolución es muy distinta a la de los años del boom inmobiliario.

En 2006, cuando se alcanzó el máximo histórico de operaciones, el importe de las hipotecas sobre viviendas ascendió a unos 2.086,5 millones de euros. En 2007 se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, con unos 2.072,5 millones. Después se produjo el desplome. En 2014, coincidiendo con el mínimo de operaciones, el importe total se había reducido hasta aproximadamente 242,6 millones de euros. Desde entonces ha vuelto a crecer de manera progresiva. En 2019 superó los 500 millones y en 2025 alcanzó unos 787 millones de euros. El primer semestre de 2026 ya concentra, por tanto, más de la mitad de todo el dinero hipotecario que se prestó en Córdoba durante el conjunto del año pasado.

Si se divide el importe total entre el número de operaciones, se obtiene el tamaño medio de cada hipoteca. Y ahí el crecimiento es mucho más contenido. En los seis primeros meses de 2025, cada hipoteca sobre una vivienda representó, de media, unos 110.900 euros. En el mismo periodo de 2026, la cifra asciende a aproximadamente 112.500 euros. El aumento es de apenas un 1,4%.

Por tanto, el fuerte incremento del dinero prestado no se debe a que los compradores estén pidiendo cantidades mucho mayores a los bancos. Se debe fundamentalmente a que hay más operaciones.

La propia serie del INE permite observar esa transformación. En 2014, cuando el mercado tocó fondo, el préstamo medio rondaba los 83.000 euros. Desde entonces ha ido aumentando hasta situarse por encima de los 110.000 euros en los últimos ejercicios. En 2026, además, el importe medio se encuentra ya muy cerca del máximo histórico de la serie: los aproximadamente 119.600 euros de 2007.

Crecimiento también en Andalucía

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía en junio ha crecido un 15,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 10,8% a nivel nacional), tras continuar así registrando tasas positivas y sumar un total de 9.321 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 11,4%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

En Andalucía se prestaron 1.511 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 32,2% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 18,4%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 11.709 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.260 millones de euros. De ellas, 197 fueron sobre fincas rústicas y 11.512 sobre urbanas.

De las 11.512 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Andalucía, 9.321 fueron sobre viviendas; 111 en solares y 2.080 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 138 y en 459 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.777 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.180 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.460 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 8.016 correspondieron a viviendas, 448 a fincas rústicas, 1.846 a urbanas y 150 sobre solares.

La compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba continúa acelerándose y aproximándose a los datos que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Según los datos publicados este viernes en el Instituto Nacional de Estadística (INE), el primer semestre de 2026 se ha cerrado con 5.794 operaciones, un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior y el mejor registro para los seis primeros meses del año desde 2007.

Aquel año se contabilizaron 6.038 transacciones entre enero y junio. Eran los tiempos previos a la caída de Lehmann Brothers, que tuvo lugar en septiembre de 2008, y la posterior crisis inmobiliaria. Los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman así que el mercado residencial cordobés mantiene una tendencia de crecimiento sostenido.

Las 5.794 compraventas formalizadas entre enero y junio suponen 409 operaciones más que en el primer semestre de 2025, cuando se registraron 5.385. El incremento consolida la recuperación del mercado inmobiliario y sitúa a la provincia en niveles que no se alcanzaban desde hace casi dos décadas.

La comparación con los años de la burbuja inmobiliaria refleja, sin embargo, que el máximo histórico todavía queda cerca. En el primer semestre de 2007 se formalizaron 6.038 compraventas de viviendas, apenas 244 más que en la actualidad, una diferencia del 4%. Desde entonces, ningún ejercicio había logrado acercarse tanto a aquel volumen de operaciones.

La evolución reciente también pone de manifiesto el dinamismo del mercado. Junio fue además el mes con mayor actividad del semestre, al contabilizar 1.141 compraventas, por delante de febrero (1.016) y marzo (981). En el lado contrario, abril fue el mes con menos operaciones, con 852 transmisiones por compraventa.

Las compraventas continúan siendo el principal motor del mercado inmobiliario cordobés. En el conjunto del semestre representaron el 63,5% de todas las transmisiones de viviendas inscritas en la provincia, una proporción superior a la del mismo periodo de 2025, cuando suponían el 60,5%. En total, entre enero y junio se registraron 9.118 transmisiones de viviendas por cualquier título de adquisición, incluidas herencias, donaciones, permutas y otros negocios jurídicos.

La polémica del ático ha llegado hasta la capital de Córdoba. Un ciudadano residente en la ciudad cordobesa ha decidido pedir explicaciones a instancias nacionales sobre el patrimonio vinculado a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El vecino cordobés ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que se investiguen las informaciones que, según él, son de relevancia pública sobre el denominado 'Palacete de Rascafría' y diversos áticos.

El escrito, fechado a 5 de agosto, fundamenta la necesidad de que la Administración Pública sirva con objetividad a los intereses generales, tal y como establece el artículo 103.1 de la Constitución Española, y en el cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Una queja que surge a raíz de las noticias difundidas sobre la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por parte del Gobierno de Madrid por valor de 6,3 millones de euros. Según ha explicado elDiario.es es su edición nacional, la operación se realizó a través de la empresa pública Planifica Madrid, exigiendo un acuerdo de confidencialidad a la parte vendedora incluso antes de que se produjera la visita técnica al inmueble.

La denuncia de cordobés ante el Defensor del Pueblo

El foco de la polémica, que ha motivado la iniciativa del ciudadano cordobés, reside en que el Gobierno de Ayuso justificó inicialmente la compra para emplear el inmueble como “oficinas” temporales durante las obras de la Real Casa de Correos. Sin embargo, la propiedad tiene un uso estrictamente residencial y cuenta con 485 metros cuadrados, de los que casi 200 corresponden a una terraza.

Por tanto, y según aparece en el escrito presentado ante el Defensor del Pueblo, el cordobés invoca la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, alegando que la ciudadanía tiene el derecho de fiscalizar la utilización de los recursos públicos. Por ello, ha solicitado formalmente que este organismo inicie actuaciones de investigación y recabe de la Comunidad de Madrid los expedientes e informes necesarios para comprobar si la actuación se ajustó a la legalidad vigente.

El vecino cordobés también ha pedido en su escrito que se formulen, además, las recomendaciones pertinentes o se dé traslado a los órganos competentes. Por otro lado, esta petición coincide en el tiempo con la decisión del Gobierno de Madrid de rectificar y poner a la venta el inmueble, junto a otros cuatro pisos en Gran Vía, con el fin de obtener fondos para ayudas tras los incendios forestales que han azotado el interior de la Península.

El PSOE de Córdoba ha denunciado el “fracaso de la política municipal de vivienda” del Gobierno de José María Bellido después de que las dos promociones de vivienda protegida más avanzadas de Vimcorsa hayan vuelto a “quedar bloqueadas”. “Las 30 viviendas previstas en el Campo de la Verdad permanecen paralizadas tras la renuncia de la única empresa adjudicataria, mientras que las otras 30 de San Rafael de la Albaida tendrán que volver a licitarse tras las deficiencias detectadas por la Asesoría Jurídica”.

Para el concejal socialista Ángel Ortiz, estos hechos confirman “el fracaso de un modelo de gestión incapaz de convertir los anuncios en viviendas para los cordobeses”. “Llegamos al final del mandato y el balance de Vimcorsa es demoledor: ni una sola promoción de vivienda protegida entregada durante estos cuatro años, mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, ha afirmado.

Ortiz ha recordado que el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuenta con cerca de 8.000 personas inscritas, una cifra que evidencia la gravedad del problema. “La política de vivienda no se mide por los anuncios ni por las ruedas de prensa; se mide por las llaves que reciben las familias. Detrás de esas 8.000 solicitudes hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias asfixiadas por el alquiler y personas que llevan años esperando una oportunidad”.

El edil socialista ha subrayado que el informe de la Asesoría Jurídica sobre la promoción de San Rafael de la Albaida revela errores en los pliegos, contradicciones y deficiencias que obligan a rehacer parte del expediente antes de su aprobación definitiva. Además, el propio informe pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Córdoba carece de una Oficina o Unidad de Supervisión de Proyectos que ejerza formalmente las funciones previstas en el artículo 235 de la Ley de Contratos del Sector Público. “No es una valoración política del PSOE; lo dice la propia Asesoría Jurídica. Córdoba necesita crear una Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos que permita revisar los expedientes antes de licitarlos, detectar errores con antelación, reforzar la seguridad jurídica y evitar que proyectos tan importantes como la vivienda pública vuelvan a bloquearse por fallos que podían haberse evitado”, ha explicado.

El grupo socialista considera que los problemas detectados reflejan una falta de planificación y una gestión deficiente que ya mantiene 60 viviendas protegidas bloqueadas, privando a cientos de familias de una respuesta en plena emergencia habitacional.

Por ello, el PSOE exige al Gobierno municipal que subsane de inmediato las observaciones formuladas por la Asesoría Jurídica, reactive las promociones pendientes, cree una Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos y ponga en marcha una planificación eficaz que permita ejecutar vivienda pública con agilidad y garantías. “La vivienda no puede seguir siendo la gran asignatura pendiente del Gobierno de Bellido. Córdoba necesita menos propaganda, más gestión y más viviendas públicas construidas”, ha concluido Ángel Ortiz.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha lamentado este lunes que el Consistorio “siga sin contar con un servicio especializado que informe, asesore y acompañe a la ciudadanía en materia de vivienda”, por lo que ha reclamado nuevamente al gobierno municipal del PP “la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda”.

Según ha informado el PSOE en una nota, se trata de una propuesta que el Grupo Municipal Socialista ha defendido en distintas ocasiones durante este mandato y que considera “imprescindible para adaptar el Ayuntamiento a una realidad incuestionable, ya que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía”.

Moya ha señalado que “la dificultad para acceder a una vivienda ya no afecta solo a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Hoy preocupa a miles de cordobeses y cordobesas, a jóvenes que quieren emanciparse y no encuentran un alquiler asumible, a familias que buscan una vivienda sin éxito, a propietarios que necesitan información sobre ayudas o rehabilitación, a comunidades de vecinos que quieren mejorar la eficiencia energética de sus edificios, y también a quienes atraviesan un conflicto relacionado con su vivienda o afrontan un procedimiento de desahucio sin saber dónde acudir”.

La edil socialista ha recordado que “la provincia de Córdoba registró durante el primer trimestre de 2026 el mayor incremento de desahucios de Andalucía, con una subida del 34,6%, un dato que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las herramientas públicas de información, asesoramiento y prevención”, y “el verdadero problema es que hoy no existe una puerta única en el Ayuntamiento para atender todas estas situaciones”.

Ahora, “si un vecino quiere solicitar una ayuda al alquiler, informarse sobre vivienda protegida, rehabilitar su vivienda, resolver un conflicto entre propietario e inquilino o necesita asesoramiento porque puede perder su casa, tiene que recorrer distintos servicios y administraciones”, lo que evidencia que “Córdoba necesita una puerta única donde cualquier ciudadano encuentre información, orientación y acompañamiento desde el primer momento”.

Para Moya, resulta difícil de justificar que el Ayuntamiento de Córdoba disponga de oficinas especializadas en ámbitos como consumo, turismo, comercio o atención ciudadana y, sin embargo, “no exista una Oficina Municipal de la Vivienda, precisamente cuando el acceso a la vivienda figura entre las mayores preocupaciones de la sociedad”.

“La vivienda merece un servicio especializado. No hablamos de crear más burocracia, sino de acercar la administración a la ciudadanía y hacerla más útil. Una única puerta de entrada para resolver dudas, tramitar ayudas, mediar en conflictos y coordinar todos los recursos relacionados con la vivienda”, ha explicado.

La concejala socialista ha agregado que esta oficina “permitiría centralizar la información sobre vivienda protegida, alquiler asequible, ayudas públicas, rehabilitación y eficiencia energética; ofrecer asesoramiento jurídico y mediación entre propietarios e inquilinos; coordinar los recursos municipales con otras administraciones y facilitar que el Ayuntamiento disponga de un mejor conocimiento de la realidad de la vivienda en Córdoba para diseñar políticas públicas más eficaces”.

Además, ha recordado que esta herramienta funciona desde hace años en numerosos ayuntamientos españoles, por lo que “no estamos proponiendo nada extraordinario, sino que Córdoba deje de ser una excepción y disponga de un servicio que ya existe en muchas ciudades”. Por eso, Moya ha lamentado que, pese a las distintas iniciativas presentadas por el PSOE durante este mandato, “el gobierno municipal del PP siga sin impulsar esta oficina”.

Córdoba se sitúa como la décima capital de provincia en España con mayor proporción de viviendas que lindan con el monte, según un reciente estudio elaborado por Homefax, una herramienta que analiza riesgos físicos en inmuebles. Los datos han revelado que la capital cordobesa es uno de los puntos críticos donde el crecimiento urbano se encuentra directamente con la vegetación silvestre, aumentando la vulnerabilidad ante posibles incendios forestales.

En concreto, el 18,1% de la superficie construida de Córdoba se encuentra a menos de 100 metros de una masa forestal. Esta situación es fruto de que la ciudad se extiende justo al pie de Sierra Morena, lo que provoca que una parte significativa de sus barrios y urbanizaciones del norte linden directamente con grandes extensiones de bosque y matorral.

El concepto de este análisis realizado por Homefax es la interfaz urbano-forestal (IUF), que se define como la franja donde las casas se mezclan con la vegetación natural. Es en este territorio donde un incendio deja de ser un problema forestal para convertirse en una amenaza directa para las personas y sus bienes, ya que es el punto exacto donde el fuego puede saltar del monte a los domicilios.

Para alcanzar estas conclusiones, el informe ha utilizado tecnología satelital del programa europeo Copernicus (ESA WorldCover) con una resolución de 10 metros, cruzando estos datos con los límites municipales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La metodología empleada se basa en estándares científicos internacionales que consideran “masa forestal” a manchas de vegetación de al menos 5 kilómetros cuadrados, excluyendo así parques o arbolado urbano menor.

El estudio dibuja una 'España partida en dos' en cuanto a la exposición al monte. Mientras que ciudades gallegas y cántabras como Ourense (37,1%) o San Sebastián (36,5%) encabezan la lista por estar encajadas en valles boscosos, Córdoba destaca en el sur junto a Jaén, que ocupa el tercer puesto nacional. En el extremo opuesto se encuentran ciudades como Sevilla, Cádiz o Almería, cuyas viviendas lindan con el mar o cultivos, pero apenas con masas forestales.

Los bomberos del Servicio de Protección y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han tenido que acudir en la madrugada de este lunes a sofocar un incendio que ha afectado a una vivienda de Córdoba capital.

Según explican a este periódico, el incendio se produjo a las 3:48 en una vivienda de la calle Conquistador Ruiz Tafur, al parecer, originado en la cocina del inmueble. Bomberos del parque de El granadal con apoyo del parque central han acudido a sofocar el fuego.

El incendio ha afectado a la cocina, sin que se haya visto afectadas otras partes de la vivienda ni haya habido personas heridas, según señalan los bomberos.

Por otra parte, a primera hora de la mañana, un fuerte olor a gas ha llevado a los bomberos a acudir a la calle Patio Pico Almanzor, en el barrio de Las Palmeras, sin que finalmente se haya detectado ninguna fuga.

La vivienda continúa siendo uno de los problemas más presentes en la vida de los españoles, y Córdoba no se libra en este sentido. Según los datos aportados por el portal pisos.com a mayo de 2026, para adquirir un piso de 90 metros cuadrados en la capital cordobesa, el precio medio se sitúa en los 145.492 euros. Una cifra que implica que un comprador debe disponer de un ahorro cercano a los 45.000 euros para solicitar una hipoteca.

De hecho, y para una vivienda de estas características, la entrada necesaria -que incluye el 20% del valor del inmueble más un 10% adicional para gastos e impuestos- asciende a 43.600 euros. Un umbral de ahorro que supone una barrera, sobre todo, para los más jóvenes. En la capital de Córdoba, para concretar en más datos, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se ha fijado en 1.617 eyros.

El importe que debe entregar un cordobés

La realidad del ahorro en Córdoba muestra que la tendencia es claramente al alza. Si un comprador cordobés tiene ahorrados 40.000 euros, todavía le faltarían 3.648 euros para cubrir el desembolso inicial requerido para un piso estándar de 90 metros cuadrados. Aquellos que solo dispongan de 30.000 euros se enfrentan a una brecha mayor, necesitando 13.648 euros adicionales para completar la operación, mientras que solo a partir de los 50.000 euros ahorrados se puede afrontar la compra con un margen de seguridad de 6.352 euros.

Al comparar la situación de Córdoba con el resto de Andalucía, la capital se encuentra en una posición intermedia. Los 43.648 euros necesarios en Córdoba son superiores a los que se requieren en Jaén (34.320 euros) o Huelva (41.250 euros), y muy parecido a Almería (43.724 euros). Sin embargo, la capital califal sigue siendo más accesible que Málaga, donde se necesitan 106.628 euros de entrada, Cádiz (84.855 euros) o Sevilla (70.770 euros).

A nivel nacional, la brecha se acentúa según la provincia. Mientras que en ciudades como Donostia-San Sebastián o Madrid los ahorros necesarios para la entrada se disparan hasta los 178.487 euros y 172.987 euros, respectivamente, Córdoba mantiene una posición moderada. En el otro extremo, capitales como Zamora (35.244 euros) o Ávila (39.702 euros) presentan las barreras de entrada más bajas de todo el país.

En el contexto de Castilla y León, ciudades como León presentan una situación muy similar a la de Córdoba, con una necesidad de ahorro de 43.780 euros para una vivienda del mismo tamaño. Otras capitales de provincia con precios por metro cuadrado parecidos a los de Córdoba (1.617 €/m2) incluyen a Castellón de la Plana (1.571 €/m2) o Murcia (1.663 €/m2), donde los ahorros necesarios rondan también los 42.000 y 45.000 euros.

El panorama turístico en Córdoba ha experimentado un crecimiento notable en los últimos siete años, impulsando por el auge de las viviendas de uso turístico (VUT). Según datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network de Eurostat, las pernoctaciones en alojamientos de corta estancia contratados a través de plataformas como Airbnb, Booking o Expedia han pasado de las 643.311 registradas en 2018 a un volumen proyectado de 1.792.521 en 2025. Este incremento supone que la demanda en estos canales se ha triplicado en menos de una década.

Un crecimiento en Córdoba que sobresale especialmente cuando se compara con la media nacional. En el conjunto de España, las reservas en este tipo de plataformas se han duplicado en el mismo periodo, pasando de 94 millones en 2018 a los 189 millones de pernoctaciones previstos para el cierre de 2025. Mientras que el país muestra un crecimiento del 100%, la escalada cordobesa roza el 180%.

A nivel regional, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma que lidera la tabla en toda Europa, con más de 50 millones de pernoctaciones anuales en viviendas turísticas. Dentro de esto, Córdoba ha logrado hacerse un hueco. Aunque haya provincias como Málaga que ha pasado a tener 26 millones de pernoctaciones en 2025 o Sevilla que ha tenido 7,3 millones, el ritmo de aceleración de córdoba demuestra que el turismo está captando una cuota cada vez mayor.

Como viene siendo habitual, este aumento ha sido gracias, en parte, al turismo extranjero. En 2018, las pernoctaciones de residentes fuera de España en VUT cordobesas apenas rozaban las 300.000; para 2025, esta cifra se ha disparado hasta alcanzar las 1.164.968 pernoctaciones. Por su parte, el turismo nacional también ha crecido con fuerza, duplicando sus cifras desde las 346.556 noches iniciales hasta superar las 804.000.

Por otro lado, y según ha informado elDiario.es, el alquiler vacacional en Córdoba se enmarca en un cambio estructural del sector en toda España. Mientras las reservas en plataformas digitales se han duplicado a nivel estatal desde 2018, las pernoctaciones en hoteles apenas han crecido un 8% en el mismo periodo. Además, el Banco de España ha advertido recientemente que el agua de la vivienda turística ejerce una presión directa sobre el mercado del alquiler residencial.

Tanto es así que en ciudades como Sevilla o Málaga, donde el fenómeno está más consolidado en el día a día de la sociedad, las VUT ya representan cuotas cercanas al 10% del mercado del alquiler un escenario que Córdoba empieza a vislumbrar.

Por otro lado, y a pesar de que la creación de registros únicos y los intentos de control municipal, las regulaciones llegan tarde frente al aumento de la demanda. Tanto es así que en zonas de Andalucía y en otros puntos del Mediterráneo existe un descontento social por la situación ha provocado protesta.

A nivel climático, Córdoba también se enfrenta a multitud de dudas. Mientras el norte de España está experimentando crecimientos de hasta el 260% al ser percibido como un “refugio climático” frente al calor extremo del sur, la provincia cordobesa ha logrado mantener su atractivo turístico a través de estas plataformas.