Son datos, no impresiones. La vivienda y su coste es un enorme problema en España al que no es ajena la ciudad de Córdoba. El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe 'Indicadores Urbanos 2026' acaba de ponerle cifras a una situación que ya es extrema para muchas familias cordobesas. En determinados barrios de la ciudad de Córdoba comprar una casa cuesta el doble que hace una década, especialmente en las zonas de expansión inmobiliaria. El alquiler, en cambio, no ha subido tanto como los precios de venta, pero está en máximos de la serie histórica.

En concreto, el informe detalla que hay varias zonas de la ciudad donde los precios están alcanzando niveles más que alarmantes. Es el caso del área denominada Valdeolleros-Chinales, donde se han promovido varios edificios de viviendas en los últimos años. En 2016, el precio del metro cuadrado estaba en 1.035 euros. En 2025, el precio medio cerró a 2.044 euros el metro cuadrado. El incremento es el doble en este tiempo.

Los precios han crecido tanto que incluso han llegado a superar los de otra zona donde sobre el papel se supone que las casas tienen que costar más: Brillante-Naranjo. Esta zona incluye a Mirabueno y espacios también en expansión. En 2016, el metro cuadrado se pagaba aquí a 1.262 euros. Ahora a 2.025 euros. Más barato, aunque por poco, que en Valdeolleros-Chinales.

El informe también detalla cómo en el área periurbana de Córdoba (las parcelaciones) los precios están creciendo de manera más que notable. De los 847 euros el metro cuadrado que se pagaban hace diez años se ha pasado a 1.607. Y la evolución de los costes en las nuevas zonas en construcción, que se engloban dentro del área Figueroa-San Rafael de la Albaida, donde los precios se han incrementado en un 72%. La zona más cara de Córdoba para comprar sigue estando en el centro comercial, en Tejares-Molinos Alta-San Cayetano, donde el metro cuadrado se paga a 2.237 euros. Es, eso sí, un 55,3% más que hace una década.

Los precios han subido en toda la ciudad pero no de manera lineal. Hay zonas como Villarrubia y Encinarejo donde apenas han crecido un 7,3%. En estos lugares el precio medio del metro cuadrado está en menos de 1.000 euros (981). En el Sector Sur, eso sí, ya se ha superado esta cifra. Se ha pasado de pagar 799 euros el metro cuadrado en 2016 y se ha ido ya a 1.025. El incremento es superior al 28%.

El drama del alquiler: nuevos máximos históricos

Pero si los precios de compra están alcanzando cotas nunca vistas, el mercado de alquiler no se queda atrás. Los datos del INE revelan que el precio medio del alquiler en Córdoba ha alcanzado máximos históricos durante este 2025, aunque el ritmo de crecimiento ha sido menor que el de los precios de venta. Esta desproporción entre la oferta de compra y alquiler genera una brecha cada vez más grande que deja sin opciones a miles de familias cordobesas.

En las zonas de mayor crecimiento económico, como Valdeolleros-Chinales, el alquiler se ha convertido prácticamente en un lujo. Los propietarios, viendo cómo revalorizan sus inmuebles, han aprovechado para aumentar sensiblemente las rentas mensuales. Lo que hace una década era una opción asequible para jóvenes parejas o familias de clase media, ahora requiere dedicar una proporción insostenible del presupuesto familiar.

El Sector Sur experimenta una situación similar. Si el precio de compra se ha disparado un 28% en estos diez años, el alquiler ha seguido una trayectoria parecida, aunque con matices. Esto indica que el mercado de la vivienda en alquiler en Córdoba está completamente tensionado, siguiendo la estela de otras grandes ciudades españolas donde vivir de alquiler se ha convertido en una dificultad económica de primer orden.

Una ciudad fragmentada: la división entre barrios ricos y pobres en vivienda

Lo más llamativo de este informe del INE no es solo que los precios hayan subido, sino cómo han subido de manera desigual, creando una ciudad cada vez más fragmentada. Mientras en Villarrubia y Encinarejo los precios apenas han crecido un 7,3% en diez años, en Valdeolleros-Chinales se han duplicado. Esta disparidad refleja dinámicas muy concretas del desarrollo urbano cordobés.

Las nuevas zonas de expansión, especialmente Figueroa-San Rafael de la Albaida, con crecimientos del 72%, se han convertido en focos de atracción inmobiliaria. Son espacios nuevos, con viviendas modernas, servicios en construcción y la promesa de un tipo de vida diferente. En cambio, en zonas más antiguas y consolidadas como Villarrubia y Encinarejo, donde el tejido urbano ya estaba completamente formado, la dinámica ha sido diferente. Hay menos novedad, menos espacio para construir, menos atracción de promotores. Por eso los precios apenas han crecido, quedando estas áreas como refugios relativos para quienes no pueden permitirse las nuevas zonas.

Hay una zona que rompe esta pauta: el centro comercial de Córdoba, donde se concentran Tejares-Molinos Alta-San Cayetano. Aquí, los precios llevan a la lógica de siempre. Con 2.237 euros el metro cuadrado, es la zona más cara de la ciudad. Un 55,3% más que hace una década, sí, pero no con los incrementos espectaculares de Valdeolleros-Chinales o el área periurbana.

Esto tiene su explicación. El centro comercial de Córdoba ya era la zona cara en 2016. Los precios partían de una base elevada (2.237 euros en 2016 serían aproximadamente 1.440 euros actualizados, aunque hay que tener en cuenta la inflación). El crecimiento, aunque importante, ha sido menos explosivo que en las zonas de nueva expansión, donde partían de precios mucho más bajos.

Aun así, esta es la realidad: para vivir en el corazón comercial de Córdoba, en zonas bien comunicadas y con todos los servicios al alcance de la mano, hay que desembolsar más de 2.200 euros por cada metro cuadrado. Para una vivienda antigua y de 90 metros cuadrados, estamos hablando de más de 200.000 euros. Una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias cordobesas.

El boom inmobiliario se va a las parcelas

Un fenómeno destacable que recoge el informe del INE es el crecimiento de los precios en el área periurbana de Córdoba, donde se concentran las parcelaciones y las urbanizaciones de las afueras. De los 847 euros el metro cuadrado en 2016 se ha pasado a 1.607 en 2025. Esto representa un incremento del 89,7%, casi un doble también, aunque partiendo de una base más baja.

Este crecimiento refleja cómo familias que no podían acceder a los precios del centro de la ciudad han buscado opciones en las afueras. Las parcelaciones y urbanizaciones periurbanas se han convertido en refugios de la demanda reprimida. Sin embargo, incluso estos espacios han experimentado una revalorización que pone en duda su sostenibilidad como alternativa asequible a largo plazo.

La expansión periurbana también tiene consecuencias urbanísticas y ambientales que van más allá del precio. El crecimiento sin control de estas zonas ha llevado a problemas de congestión en carreteras, dificultades para dotar de servicios básicos y una fragmentación aún mayor del tejido urbano cordobés.

¿Quién compra ahora en Córdoba?

Ante estos datos, surge una pregunta inevitable: ¿quién está comprando vivienda en Córdoba en estos momentos? Los números sugieren que son fundamentalmente tres tipos de compradores.

En primer lugar, están los inversores. Propietarios con capital disponible que ve en la vivienda cordobesa un activo donde invertir. Algunos están comprando para alquilar, buscando rentabilidad en un mercado donde los precios suben y el alquiler también. Otros compran esperando que los precios sigan subiendo, apostando por la plusvalía futura.

En segundo lugar, familias que heredan capital o que tienen acceso a ahorros importantes. Son personas que hace años decidieron empezar a ahorrar para la entrada de una casa, y que con esos ahorros ahora pueden acceder, aunque sea de manera ajustada, a la compra de una vivienda. Para muchas de ellas, el proceso es angustioso: saben que deben comprar ahora o probablemente no podrán hacerlo en el futuro.

En tercer lugar, hay gente que se ve forzada a comprar porque el alquiler se ha vuelto tan caro que la hipoteca de compra resulta más barata. Este fenómeno, frecuente en grandes ciudades, está llegando también a Córdoba. Las cuotas mensuales de un préstamo hipotecario son comparables, o incluso más bajas, que el pago de un alquiler, especialmente después de que el propietario pague la hipoteca y durante muchos años no tenga que pagar nada.

Pero, al mismo tiempo, hay un cuarto grupo que está siendo completamente expulsado del mercado: jóvenes sin herencia, familias de ingresos medios-bajos, trabajadores precarios. Para ellos, ni comprar ni alquilar son opciones viables. Esta es quizás la verdadera tragedia que subyace en estos números del INE.

Comparativa con otras ciudades españolas

Para poner en perspectiva los datos cordobeses, es útil compararlos con lo que está ocurriendo en otras ciudades españolas de tamaño similar. En ciudades como Sevilla, Zaragoza o Malaga, los incrementos de precio en la última década han sido similares, a veces incluso superiores. En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los incrementos han sido más moderados en términos porcentuales, pero partiendo de bases mucho más altas.

Lo que hace a Córdoba particular es precisamente que estaba rezagada respecto a otras ciudades. Hace diez años, Córdoba era barata. Era posible comprar una casa en el centro por precios que hoy parecen de cuento de hadas, aunque, eso sí, con salarios mucho más bajos. Pero ese rezago se ha ido cerrando, y ahora Córdoba está en línea con el resto de ciudades españolas de tamaño similar.

Este proceso de “convergencia de precios” es algo que se ha visto en muchas ciudades españolas. Primero bajan o se estabilizan en una crisis, luego recuperan, y en la recuperación capturan territorio que habían perdido. Es un movimiento que genera ganadores (propietarios) y perdedores (jóvenes compradores y alquilados).

Marbella (Málaga) y San Roque (Cádiz), entre los diez municipios con la vivienda más cara de España

Marbella (Málaga) y San Roque (Cádiz) se encuentran entre los diez municipios españoles de más de 20.000 habitantes con mayor precio medio de compraventa de vivienda en 2025, con 742.787 y 605.337 euros, respectivamente, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe 'Indicadores Urbanos 2026'. Además, Torremolinos (Málaga) registra la tercera mayor subida del precio medio de compraventa desde 2013, con un incremento del 176,5%.

En concreto, Marbella ocupa la sexta posición nacional entre los municipios con la vivienda más cara, mientras que San Roque se sitúa en décimo lugar. La clasificación está encabezada por Calvià (Baleares), con 981.485 euros, seguido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 907.270 euros, y Santa Eulària des Riu (Baleares), con 888.800 euros.

En el extremo contrario, Andalucía cuenta con cuatro municipios entre los 15 con los precios medios de compraventa más bajos de España. Se trata de Loja (Granada), con 72.493 euros; Andújar (Jaén), con 76.801; Linares (Jaén), con 77.395 euros, y Palma del Río (Córdoba), con 80.913 euros.

De este modo, los datos del INE reflejan diferencias superiores a los 670.000 euros entre los precios medios de compraventa registrados en Marbella y Loja.

Por otra parte, Torremolinos es el tercer municipio español de más de 20.000 habitantes donde más ha aumentado el precio medio de compraventa de vivienda desde 2013, con un incremento del 176,5%, únicamente superado por Tías (Las Palmas), con un 180,6% y Marratxí (Baleares), con un 179,6%.

El INE toma 2013 como año de referencia por los bajos niveles alcanzados por los precios de la vivienda tras la crisis inmobiliaria.

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, Córdoba concentra dos de las tres zonas más económicas de las grandes ciudades españolas de más de 250.000 habitantes. En concreto, El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo registra 813 euros por metro cuadrado y Alcolea, 832 euros, solo por detrás de una zona de Murcia, con 783 euros.

También figuran entre las 15 zonas con los precios medios por metro cuadrado más bajos del país Los Pajaritos y Amate, en Sevilla, con 963 euros; Villarrubia-Encinarejo de Córdoba, con 981 euros; el Sector Sur de Córdoba, con 1.025 euros, y el Polígono Sur de Sevilla, con 1.033 euros.

Priego de Córdoba y Écija, entre los alquileres más bajos

Respecto al gasto mensual medio en alquiler de vivienda habitual, Priego de Córdoba (Córdoba) y Écija (Sevilla) presentan el segundo y tercer importe más bajo de los municipios españoles de más de 20.000 habitantes en 2024, con 334 y 339 euros mensuales, respectivamente, únicamente por detrás de Lalín (Pontevedra), con 330 euros.

A estas localidades andaluzas se suman Loja (Granada), con un gasto mensual medio de 342 euros, y Palma del Río (Córdoba), con 363 euros, que también figuran entre los 15 municipios con menores importes por alquiler del país.

En el caso de los barrios de las grandes ciudades, el Sector Sur de Córdoba registra el segundo menor gasto mensual medio en alquiler de España, con 430 euros, solo por detrás de una zona de Murcia, con 425 euros.

También aparecen entre las zonas con menor gasto medio en alquiler una de Sevilla, con 461 euros mensuales; el Polígono del Guadalquivir de Córdoba, con 465 euros, y Fuensanta-Santuario, también en Córdoba, con 478 euros.

La edición de 2026 de 'Indicadores Urbanos', enmarcada en el proyecto europeo Urban Audit, amplía la información sobre precios de compraventa de vivienda e incorpora datos desde 2010 para diferentes ámbitos territoriales, incluidos distritos administrativos y barrios.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara ha realizado un llamamiento a la movilización de la ciudadanía ante la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre por el problema de acceso a la vivienda.

En un comunicado en sus redes sociales, Al-Zahara muestra su “apoyo a la huelga general del 11N por la vivienda”, “llama a la movilización ciudadana y exige respuestas públicas que garanticen una vivienda digna y asequible”.

Con ello, se suma a la llamada de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) “en defensa de sus hogares y sus barrios”. En ese sentido, Al-Zahara defiende que “la vivienda es un derecho y no puede convertirse en un privilegio. No podemos aceptar que pagar un hogar obligue a renunciar a necesidades básicas, que la juventud no pueda emanciparse o que las familias tengan que abandonar los barrios donde han construido su vida”.

Ante esta situación, desde Al-Zahara exigen “a las administraciones que asuman sus responsabilidades y adopten medidas efectivas frente a los alquileres abusivos, la especulación y la falta de vivienda pública. Reclamamos protección para las familias en situación de vulnerabilidad y políticas que antepongan el bienestar de la población al beneficio económico de unos pocos”.

“Basta de trasladar a las familias el peso de un problema que exige soluciones políticas. Queremos compromisos, recursos y actuaciones que permitan vivir con dignidad”, reclaman en su comunicado.

Con todo, la Federación llama a las asociaciones vecinales y a la ciudadanía de Córdoba a respaldar la movilización del 11N. “La defensa de la vivienda también es la defensa de nuestros barrios, de sus vínculos y del derecho de quienes los habitan a seguir formando parte de ellos. Nuestros barrios no están en venta. La vivienda es un derecho. Exigimos respuestas”, concluyen.

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba, surgida en la acampada del 15M de 2011 e integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2012, ha estado en el último año valorando el nuevo ciclo de movilización en torno al derecho a la vivienda y el papel de actores como el Sindicato de Inquilinas, organización con la que se ha estado reforzando el seguimiento y la coordinación.

Como consecuencia de ello y según ha informado la plataforma en una nota, ha reafirmado en asamblea la necesidad de articularse con el Sindicato de Inquilinas y de “impulsar la creación de este sindicato en la ciudad de Córdoba, y trabajar a fondo para que la huelga general del 11 de noviembre tenga el mayor de los seguimientos”.

Con estos objetivos, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas han convocado una asamblea para este próximo jueves 22 de octubre, a las 18,30 horas en el Centro Social Rey Heredia, a la que invitan a personas y colectivos, para organizar los trabajos previos al día de la huelga y los del mismo 11 de noviembre; unas tareas sobre las que la plataforma ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

La plataforma considera que “vivimos un momento histórico, un comienzo de ciclo de movilizaciones que han de conseguir que la vivienda sea por fin un derecho y no un activo financiero en manos de rentistas, bancos, fondos buitre y especuladores”.

El objetivo es que “la vivienda sea para vivir y no para especular, que no se coma nuestros salarios, y también que no se pueda desahuciar a ninguna Mari Carmen más y que todas las familias trabajadoras y sus jóvenes puedan acceder a una vivienda sin hipotecar su vida”. Por eso, según Stop Deshaucios llama “a parar la ciudad” el 11N, “gracias al poder popular, la autorganización y el apoyo mutuo. Por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos”.

Córdoba capital no es ajena a la crisis de la vivienda que vive España, e incluso el mundo entero, en los últimos años. Trimestre a trimestre se suceden informes que señalan cómo los precios suben cada vez más y el techo parece no tener límite.

Un informe trimestral de Gesvalt Tasación señala que en la capital el precio de venta ha subido en un año por encima del 10%. El alquiler, un 6,5%. En la provincia los incrementos son más moderados, pero los precios también van al alza.

De esta manera, una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta ahora 13.230 euros más en Córdoba que hace un año, según los datos de este informe. Alquilar esa misma vivienda es 53,10 euros más cara al mes también que en el mismo día de hace 12 meses.

Los datos de Gesvalt correspondientes al segundo trimestre de 2026 sitúan el precio medio de venta de la vivienda en Córdoba capital en 1.578 euros por metro cuadrado, frente a los 1.431 euros registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 147 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 10,3%.

El encarecimiento se aprecia con claridad al trasladar estos precios a una vivienda de tamaño medio. Un inmueble de 90 metros cuadrados, tomando como referencia el precio medio por metro cuadrado, costaba hace un año alrededor de 128.790 euros. Ahora, esa misma superficie alcanza los 142.020 euros.

En términos absolutos, la diferencia asciende a 13.230 euros en apenas doce meses. Es decir, quien quiera comprar hoy una vivienda de esas dimensiones en la capital cordobesa necesita desembolsar más de 13.000 euros adicionales respecto al año pasado, sin tener en cuenta otros gastos asociados a la compraventa, como los impuestos, la notaría o el registro.

La evolución refleja una subida de los precios de venta que supera el 10% y que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para quienes buscan adquirir su primer inmueble y deben reunir el ahorro necesario para afrontar tanto la entrada como los gastos iniciales.

Alquilar una vivienda de 90 metros cuesta 872 euros al mes

El mercado del alquiler también registra una subida significativa. Según el informe, el precio medio en Córdoba capital ha pasado de 9,10 euros por metro cuadrado al mes en el segundo trimestre de 2025 a 9,69 euros en el mismo periodo de 2026. El aumento es de 0,59 euros por metro cuadrado mensual, equivalente a aproximadamente un 6,5%.

En una vivienda de 90 metros cuadrados, esa variación se traduce en un alquiler estimado de 819 euros mensuales hace un año, frente a los 872,10 euros actuales. La diferencia es de 53,10 euros cada mes.

A lo largo de doce meses, pagar ese alquiler supondría desembolsar 637,20 euros más que si se hubiera mantenido el precio del año anterior. La subida añade presión a los gastos habituales de los hogares y reduce el margen disponible para afrontar otros costes cotidianos.

Aunque el incremento porcentual del alquiler es inferior al registrado en la compraventa, el aumento mensual supone un gasto recurrente para los inquilinos. En el caso de quienes renuevan un contrato o buscan una nueva vivienda, el coste final dependerá también de las condiciones concretas del inmueble y del contrato.

La provincia también se encarece, aunque a un ritmo menor

La tendencia alcista no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia de Córdoba, el precio medio de venta ha pasado de 1.074 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025 a 1.169 euros en el mismo trimestre de 2026. La diferencia, de 95 euros por metro cuadrado, equivale a una subida aproximada del 8,8%.

En una vivienda de 90 metros cuadrados, el precio estimado ha aumentado de 96.660 a 105.210 euros. Son 8.550 euros más en un año, una subida considerable, aunque inferior a la registrada en la capital.

También se ha encarecido el alquiler provincial. El precio medio ha pasado de 8,22 euros por metro cuadrado al mes a 8,78 euros. El incremento es de 0,56 euros por metro cuadrado, aproximadamente un 6,8%.

Para un inmueble de 90 metros cuadrados, la renta mensual estimada ha subido de 739,80 euros a 790,20 euros. En este caso, alquilar cuesta ahora 50,40 euros más al mes, lo que representa un aumento de 604,80 euros en un año si se mantiene esa renta durante doce meses.

La empresa municipal Vimcorsa ha lanzado dos licitaciones para las obras de construcción de 60 viviendas de protección oficial (VPO), según ha podido comprobar este periódico en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Estos inmuebles están distribuidos en tres promociones de la capital y el anuncio llega apenas horas después del Pleno de la vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado jueves.

Una inversión conjunta que supera los 9 millones de euros -impuestos incluidos- y que están repartidos cada uno en una punta de la ciudad. De hecho, existen dos promociones de 15 VPO en San Rafael del Albaida, que cuentan con sus respectivos trasteros y plazas de aparcamiento. Más concretamente, los inmuebles se sitúan en las parcelas R1 y R2 del Plan Parcial SRA-Sur del PGOU de Córdoba. Además, cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El segundo expediente contempla la construcción de una promoción de 30 viviendas de protección oficial en régimen de venta, trasteros, plazas de aparcamiento y locales comerciales. La actuación se localiza en el Estudio de Detalle RG-2, concretamente en la calle Acera de Granada número 2. Este proyecto cuenta con un presupuesto base superior a los 4 millones de euros con impuestos y establece un plazo para la ejecución de las obras de 20 meses.

Las empresas constructoras que deseen concurrir al proceso podrán remitir sus proposiciones electrónicas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 14:00. La apertura pública de las ofertas económicas está programada de forma provisional para el 24 de noviembre de 2026.

Por otro lado, estas dos licitaciones llegan en plena irrupción mediática del tema de la vivienda en España, que incluso ha provocado que el PSOE haya adelantado las elecciones generales. Además, Córdoba vivió durante el pasado jueves un Pleno sobre estos inmuebles que se saldó, incluso, con la presencia de Stop Desahucios.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, defenderá este jueves que la ciudad ha resistido mejor la crisis de la vivienda que el conjunto de España durante el pleno extraordinario y monográfico dedicado a este problema, convocado para las 18:00. El regidor sostiene que las políticas municipales han permitido amortiguar una situación que considera cada vez más preocupante y que, a su juicio, se ha agravado en todo el país desde 2018.

Bellido ha avanzado que el gobierno municipal aprovechará la sesión para poner sobre la mesa datos sobre la evolución del precio de la vivienda, los alquileres, la oferta disponible y el número de inmuebles construidos en Córdoba, en comparación con el conjunto nacional. El objetivo, según ha explicado, es abordar el debate con cifras y transparencia, sin dejar de lado las dificultades que afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda.

El alcalde ha defendido que la crisis requiere responsabilidad por parte de todas las administraciones y empatía con quienes tienen problemas para comprar o alquilar una casa. Sin embargo, ha atribuido el agravamiento de la situación a las políticas del Gobierno central y ha reclamado un cambio de planteamiento para evitar que el problema siga creciendo.

“Dentro del mal momento que vive la vivienda en toda España, en Córdoba hemos sabido resistir mejor”, ha asegurado Bellido, que ha vinculado esta evolución a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y a su distanciamiento de las políticas estatales y de anteriores gobiernos locales.

El regidor ha situado el origen del problema en la evolución registrada desde 2018 y ha recordado que la vivienda ha pasado a ocupar un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los españoles, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Bellido ha cuestionado las medidas impulsadas por el Ejecutivo central y ha advertido de que, pese a las iniciativas legislativas aprobadas, los precios y las dificultades de acceso a una vivienda continúan siendo motivo de preocupación. También ha señalado que algunos propietarios tienen cada vez más reticencias a poner sus inmuebles en el mercado del alquiler, una circunstancia que, en su opinión, reduce la oferta disponible.

“Las cosas se han hecho rematadamente mal y, sobre todo, se han hecho con mucha demagogia”, ha afirmado el alcalde, que considera que determinadas políticas han tenido efectos contrarios a los que pretendían conseguir.

En el ámbito local, Bellido ha recordado que, cuando llegó al gobierno municipal, existían planteamientos para desclasificar suelo y limitar el desarrollo urbanístico de la ciudad. A su juicio, esa estrategia habría dificultado la construcción de nuevos barrios y la generación de más viviendas.

Más vivienda protegida y agilización de las licencias

Más allá de las críticas, el alcalde ha adelantado que el pleno servirá también para exponer las medidas municipales en marcha y las actuaciones previstas para los próximos años. Entre ellas, ha destacado la aceleración del crecimiento urbanístico de Córdoba, el aumento de la vivienda de protección oficial (VPO), la regeneración de los barrios mediante las normas urbanísticas aprobadas y la agilización de los procedimientos para conceder licencias.

Sobre este último punto, Bellido ha asegurado que el sistema implantado por el Ayuntamiento está despertando el interés de otras ciudades, que se han puesto en contacto tanto con la Administración local como con el Colegio de Arquitectos para conocer su funcionamiento.

El alcalde considera que facilitar los procedimientos administrativos y promover nuevos desarrollos residenciales son herramientas fundamentales para aumentar la oferta y responder a las necesidades de los ciudadanos. No obstante, ha advertido de que las actuaciones de los gobiernos locales y autonómicos no serán suficientes si no se produce un cambio en la política estatal de vivienda.

“Si no hay un cambio en España, por mucho que hagamos los gobiernos locales y autonómicos, el problema de la vivienda va a seguir siendo un problema que se va a agravar en el futuro”, ha señalado.

La política de alquiler de vivienda del gobierno andaluz de PP y Vox es en la actualidad una de las políticas que mayor desigualdad social generan en Andalucía. Mientras que un alto cargo de la Junta de Andalucía que viva a 70 kilómetros de distancia de la sede física del puesto de designación percibe hasta 2.000 € al mes en concepto de alquiler, por el contrario un joven de entre 18 y 35 años o una familia vulnerable perciben hasta 250 € al mes por el mismo concepto. El gobierno de Moreno Bonilla en 2026 destinará 19.494.000 € para la financiación del bono de alquiler entre la ciudadanía andaluza —para el que disfrutarán unos 5.700 beneficiarios si las cifras son parecidas a las del año 2025—, toda vez que destinará en torno a 2.112.000 € al alquiler de vivienda entre unos 80 altos cargos del gobierno andaluz.

Esta política, además de resultar obscena, por suponer un privilegio moralmente cuestionable cuando decenas de miles de familias viven con gran dificultad económica para hacer frente a los altos costes de alquiler de la vivienda, tiene un alto impacto en la generación de desigualdad social en la población andaluza. Lo es porque el gobierno de Moreno Bonilla bonifica a jóvenes de entre 18 y 35 años solo cuando sus ingresos sean menores de 25.200 € anuales y a familias vulnerables con ingresos inferiores a los 33.600 €, además de limitar el coste de alquiler al que pueden acceder, no pudiendo superar los 600 o los 900 € mensuales para viviendas completas y 300 y 380 € por habitación, según los grupos de municipios del Plan Vive. 

Sin embargo, la política de indemnización de alquiler de vivienda para altos cargos del gobierno andaluz de PP y Vox —que igualmente paga toda la ciudadanía andaluza con sus impuestos— indemniza el alquiler hasta 2.000 € al mes, con independencia de la renta o las propiedades de las que disfruten estos altos cargos. Esto significa que un alto cargo de la Junta, cuyas tablas salariales se sitúan entre los 67.312,42 € de un delegado territorial del gobierno andaluz, los 80.221,68 € de un director general, los 83.448,96 € de un Secretario General, los 83.448,96 € de un Viceconsejero o los 88.059,44 € de un Consejero (sin incluir trienios y otro tipo de complementos), puedan disfrutar de otros 24.000 € al año en concepto de alquiler de vivienda, y más allá de otro tipo de privilegios a su disposición (dietas de manutención, dispositivos móviles, vehículos oficiales, etc.). 

En cambio, una unidad familiar que cuente con unos ingresos anuales de 25.000 € y que tenga que afrontar un alquiler de 8.400 € al año (700 euros mensuales), la ayuda para el alquiler proporcionada por el bono de la Junta de Andalucía sería de unos 3.000 euros. La desproporción es extraordinaria, pues para un alto cargo que ingresa 88.059,44 € la ayuda al alquiler es de 24.000 €, mientras que para las unidades familiares que ingresan 25.000 € la ayuda al alquiler es de 3.000 €.

Pero no todos los altos cargos disfrutan de esta prebenda en igual grado. Tal como está publicado en la Página de Transparencia de la Junta de Andalucía, entre los grandes beneficiarios de esta indemnización por alquiler de vivienda entre los altos cargos de la Junta de Andalucía destacan Carlos Arturo Bernal Bergua, Carolina España Reina y Loles López, los tres consejeros del gobierno de Moreno Bonilla. Disfrutando solo estos tres cargos de unos ingresos cada uno de ellos de 88.059,44 € más complementos, perciben 24.000 euros de indemnización de alquiler cada uno de ellos. Algo que es obsceno cuando, según las declaraciones de interés patrimonial presentadas en el Parlamento de Andalucía, tanto la Consejera Carolina España Reina como la Consejera Loles López ya disponen de varias viviendas en propiedad cada una de ellas, además de acciones financieras y otros bienes. Con respecto a Carlos Arturo Bernal Bergua, pese a que la legislación obliga a hacer pública en la ficha de diputado sus bienes patrimoniales, esta información no está publicada.

Es cuanto menos reseñable que en declaración ante la prensa la misma Consejera de Economía y Hacienda que disfruta de esta prebenda de 2.000 € al mes para pagar su piso de alquiler en Sevilla, Carolina España, aun disfrutando de dos viviendas, dijera, en relación a los presupuestos del gobierno de 2026, que “estos son los presupuestos de la gente, de los andaluces” y que “hoy podemos decir que cada vez dedicamos más recursos a mejorar la vida de los andaluces”. Cabría entender que mejorar los recursos de ella misma, pues disfruta de más recursos públicos que el resto de andaluces para pagar el alquiler de su vivienda.

Por último, la política de indemnizaciones y ayudas por alquiler del gobierno de Moreno Bonilla también representa un trato desigual para con el conjunto del personal de la Junta de Andalucía. No en vano, si un profesor o profesora interinas andaluzas, o personal sanitario que sea llamado de la bolsa de sustitución, que, por razones residenciales y escolares en su familia, tenga que desplazarse a diario al trabajo desde la ciudad que reside a otra diferente para ocupar el puesto, o alquilar un alojamiento temporal para estar cerca de su puesto laboral en un centro educativo u hospital, no disfruta de absolutamente ningún tipo de indemnización en concepto de alquiler ni de desplazamiento, lo que detrae en forma de costes parte de los ingresos percibidos y deteriora su capacidad adquisitiva.

En consecuencia, sí se puede afirmar de manera categoría que la política de alquiler de vivienda del gobierno andaluz del Partido Popular y Vox beneficia obscenamente a sus altos cargos y trata con perjuicio y agravio al conjunto de la ciudadanía andaluza, más aún cuanto más vulnerable y joven, e incluso al resto del personal de la administración andaluza, siendo fuente de desigualdad social desde su gestión, de forma consciente y deliberada.

David Moscoso es Catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba

La Asociación Vecinal Regina Magdalena (AVRM) ha elaborado y remitido oficialmente al alcalde un Programa de viviendas de alquiler asequible para el Casco Histórico que contiene una serie de propuestas concretas para facilitar el acceso a alquileres asequibles en esta zona, en un momento de alza de precios de alquiler de larga temporada y de profunda turistificación. 

La AVRM plantea estas medidas en el marco de una emergencia habitacional-social, más evidente ahora que nunca que también padece la ciudad de Córdoba y requiere una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento. 

En el escrito remitido al alcalde y facilitado a los medios, la AVRM pone de manifiesto la urgencia de actuaciones municipales que garanticen el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, y que podrían ponerse en marcha desde ahora y en los próximos 4 años. 

El Programa propone tres medidas concretas: 

Estas medidas pretenden posicionar el Casco Histórico como área asequible donde desarrollar un proyecto de vida, frente a una situación actual en la que los alquileres de larga duración experimentan subidas de precio y escasean en número, debido en gran parte a la presión turística y a la especulación que se produce reteniendo y no construyendo o rehabilitando solares y edificios sin uso. También pretenden frenar su turistificación, dado que el Casco es el distrito que concentra el 60% de todas las plazas turísticas de la ciudad, con claros indicios de saturación en varias calles o zonas, donde ya se registran más alojamientos turísticos que vecinos residentes.  

La propuesta se ha enviado al alcalde para que impulse de forma urgente este Programa, a los grupos municipales para que la estudien y apoyen y al resto de asociaciones vecinales del Casco Histórico para su conocimiento y posibles iniciativas coordinadas.

En el año 1976 mis padres compraron una vivienda de nueva construcción con la que complementar sus ingresos, pensando en el futuro. A través de unos conocidos alquilaron aquel piso a una pareja joven de recién casados que llegó con las mejores referencias. Él tenía un buen trabajo como funcionario y ella, como la mayoría, ama de casa. Los perfectos inquilinos. 

El contrato de arrendamiento lo firmaron el 1 de abril de 1976. La renta, 59.364 pesetas al año, pagadera en 12 mensualidades y la duración un año. Para los que nacieron después del 2000, o para los que ya no se acuerdan del cambio, la renta mensual equivalía a 29,72 euros actuales.

Ese contrato, como no podía ser de otra manera, estaba sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos entonces vigente. Esto es, la Ley de 1964, una ley netamente franquista que, atención, era absolutamente protectora de los derechos de los inquilinos. Tanto, como para establecer la renovación indefinida de los contratos -mientras el arrendatario quisiera- y la congelación de la renta. ¿Les suena? Sí, como lo oyen. 

Y así fue como aquella pareja, alta y estilosa, estrenó el piso de mis padres, un piso con ascensor, tres grandes dormitorios, todo exterior, un gran salón, baño, cocina y hasta dos terrazas. Tenían toda vida por delante. Y tanto que sí.

España estaba inmersa en aquel momento en una transición compleja. El 4 de mayo de aquel año apareció el diario El País, publicando su primer número. El Rey Juan Carlos visitó Estados Unidos dando un discurso en el que se comprometió a democratizar España y en julio dimitió el presidente Arias Navarro, llegando al cargo Adolfo Suárez. 

En aquel momento el objetivo no eran las viviendas, sino la libertad. Una palabra que se gritaba a pleno pulmón en cada esquina, tal vez porque no había ninguna, mientras que viviendas había y, además, de protección oficial, amén de unos alquileres completamente blindados por la Ley. Tal cual. Lo que petaba entonces no era acampar por la vivienda, sino correr delante de los grises. 

Pasaron los años, llegó la Constitución y España empezó a oler de otra manera. Ya no era rancia. Tanto, que en 1985 aparece en escena un ministro socialista que se convierte en la estrella, hasta del papel couche. Economista, socialdemócrata, con mucho glamour, porte elegante y muy proclive a la liberalización económica de los mercados para que España creciera. Uno de sus objetivos para reactivar la economía, el estancado mercado de la vivienda y los alquileres.

Así que el socialista se marcó un Real Decreto-Ley y pulverizó todas las prebendas franquistas que hasta entonces tenían los inquilinos. Se acabó la prórroga forzosa obligatoria para los nuevos contratos; liberalizó el precio de la renta en base solo a la oferta y la demanda y dio rienda suelta a la duración del contrato: la que libremente fijarán las partes. Toma ya.

Mientras esto ocurría, la pareja de inquilinos de mis padres seguía con su vida adelante. Tuvieron descendencia, cada año prorrogaban sin problema su contrato y, además. seguían pagando exactamente la misma renta que el primer mes de 1976, pese a que habían pasado nueve años y la economía española había mejorado de manera importante. La modernización culminaría con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. 

A Juan y Mari, llamaremos así a nuestros inquilinos, les importó un pepino el Decreto Boyer y lo que supuso en el mercado de vivienda. Tanto supuso ese Decreto socialista, que fue el momento en que los baby boomers empezaron a comprar como locos sus propias viviendas. Y es que el alquiler ya no era nada seguro… salvo para Juan y Mari. Como el decreto Boyer no tenía efectos retroactivos y ellos seguían blindados por la ley franquista del 64, con sus prórrogas infinitas y cero actualización de la renta… ¿para qué iban a comprar, o tratar de mejorar ? 

Estaban donde ahora queremos estar. 

(continuará) 

El mapa de las rentas inmobiliarias de Córdoba dibuja una ciudad de contrastes y que, en algunos barrios, ha cambiado en la última década y media. Especialmente en las zonas de expansión periférica, donde los ingresos declarados por bienes inmuebles han crecido más del doble entre 2013 y 2024. En otros, las cantidades medias percibidas siguen siendo, como siempre lo han sido, muy superiores a las del resto de la capital. Ese es, a grandes rasgos, el mapa que ofrece la Agencia Tributaria, que ha actualizado el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 66 mayores ciudades españolas.

Esta estadística, recogida por elDiario.es a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2024, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades, el origen de los ingresos y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual. En el caso de los ingresos procedentes de bienes inmuebles (esto incluye tanto viviendas como locales, terrenos…), cuando hablamos de renta inmobiliaria media de un barrio no quiere decir que todos los que residen en él reciban dinero por el alquiler de viviendas. Es la media entre el número total de declarantes, incluyendo tanto a quienes tienen este tipo de fuente de ingresos como a los que no.

En Córdoba, el ejemplo más llamativo es Centro-Avenida de América, donde la renta inmobiliaria media alcanza los 3.540 euros anuales por declarante, frente a los 209 euros del Sector Sur-Polígono del Guadalquivir. Los datos de la Agencia Tributaria muestran una fotografía de la ciudad con dos realidades: el avance de las rentas inmobiliarias en zonas periféricas y la concentración de las cantidades medias más elevadas en determinados barrios del centro y de su entorno.

La estadística no mide directamente el patrimonio inmobiliario de cada hogar ni el precio que pagan los inquilinos por sus viviendas. Refleja los ingresos declarados por bienes inmuebles, distribuidos entre el conjunto de contribuyentes de cada código postal. Aun con esa limitación, ofrece una perspectiva útil para analizar cómo se reparten territorialmente los rendimientos asociados a la propiedad inmobiliaria.

Centro-Avenida de América encabeza las rentas inmobiliarias

El código postal 14008, correspondiente a Centro-Avenida de América, sobresale en los datos disponibles con una renta inmobiliaria media de 3.540 euros anuales. La cifra se sitúa muy por encima de la del resto de las zonas que aparecen en el buscador y supera en casi 17 veces la registrada en el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir. A continuación figura San Basilio-Parque Cruz Conde-Alameda del Obispo, con 1.268 euros anuales, seguido de San Pedro-Santiago-La Magdalena, con 1.233 euros. En ambos casos, los ingresos medios declarados por este concepto se sitúan por encima de los 1.200 euros al año.

La diferencia entre estas cantidades y las de otros barrios evidencia que las rentas inmobiliarias no se distribuyen de manera homogénea por Córdoba. No obstante, el dato medio no significa que todos los residentes de estas zonas reciban esos importes. Una parte de los declarantes puede concentrar ingresos elevados procedentes de alquileres, locales comerciales, terrenos u otros bienes, mientras que otros no perciben ninguna renta inmobiliaria.

Por ello, las cifras permiten identificar dónde se registran mayores ingresos medios por este concepto, pero no determinar por sí solas cuántas viviendas tiene cada propietario, cuál es el valor de mercado de los inmuebles ni qué proporción de la población vive de los alquileres.

Villarrubia y El Tablero: los mayores incrementos de la última década

Si se observa la evolución en lugar de las cantidades absolutas, el mapa cambia. En el extrarradio, concretamente en la barriada de Villarrubia, se registra el mayor incremento entre las zonas mostradas: sus rentas inmobiliarias medias pasan de 331,5 euros en 2013 a 677 euros en 2023, lo que supone un aumento del 104,2% (se han duplicado). El Tablero, una zona de expansión poblada de urbanizaciones, también destaca por la evolución de sus ingresos declarados.

En esta zona, que se ha ido conformando en las últimas dos décadas, la renta inmobiliaria media también se ha duplicado desde 2013 hasta alcanza los 870 euros, según los datos de la AEAT. Ambos casos reflejan que algunas zonas han experimentado un crecimiento muy intenso de los rendimientos inmobiliarios durante la última década. El avance de Villarrubia resulta especialmente significativo porque parte de una cantidad inicial inferior a la de los barrios con mayores rentas medias.

En cualquier caso, es muy probable que esto se deba a que estos núcleos periféricos se han llenado de vecinos de Córdoba que se han mudado al extrarradio y han alquilado sus antiguas viviendas o inmubles, que habían adquirido con ahorros, financiación o a través de herencias. Ocurre también en Valdeolleros-Huerta de la Reina, una zona tradicional de Córdoba que, especialmente en la última década también se ha llenado de urbanizaciones hacia el este, y que se sitúa en una posición intermedia en el mapa de las rentas inmobiliarias de Córdoba. Los contribuyentes de este código postal declaran una media de 941 euros anuales por ingresos procedentes de bienes inmuebles, un 40,5% más que en 2013.

Los barrios con menos ingresos inmobiliarios

En el extremo inferior de la clasificación aparece el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir, con una renta inmobiliaria media de 209 euros anuales. Es la cantidad más baja entre los códigos postales visibles en las dos capturas, pese a que la evolución desde 2013 refleja un incremento del 58,9%. El Sur, tradicionalmente deprimido, también genera rendimiento patrimonial.

Le siguen Fuensanta-El Arcángel, con 389 euros; Levante, con 466 euros; Fray Albino, con 477 euros; y Fátima-Parque Figuiana-Cañero, con 519 euros. Estas cifras muestran que una subida acumulada considerable puede coexistir con unos ingresos medios todavía modestos.

Fray Albino, por ejemplo, registra un incremento del 60,5% desde 2013, hasta situarse en 477 euros. El Sector Sur aumenta un 58,9%, mientras que Alcolea crece un 56%, hasta alcanzar los 635 euros anuales. En estos casos, el aumento porcentual no basta para situar a los barrios entre los que tienen mayores rentas inmobiliarias.

La lectura conjunta de las cantidades y de su evolución permite distinguir entre los barrios donde estos ingresos parten de niveles bajos y crecen con rapidez y aquellos donde las rentas medias declaradas son más elevadas. Son dos dimensiones distintas de la misma realidad económica.

El próximo jueves apunta a ser intenso en Capitulares. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha convocado dos plenos en un mismo día. Por la mañana, y a partir de las 10:00, se celebrará la sesión ordinaria de octubre. Por la tarde, y a partir de las 18:00, la extraordinaria sobre vivienda que ha solicitado la oposición.

El regidor retiró la convocatoria que había hecho de un pleno extraordinario sobre vivienda atendiendo una petición aún no formal del PSOE. Los socialistas y Hacemos Córdoba retieraron de la necesidad de un pleno monográfico, que finalmente se va a hacer coincidir con la sesión ordinaria.

En circunstancias normales, los plenos del Ayuntamiento que arrancan a las 10:00 acaban después del mediodía e incluso avanzada la tarde. La sesión de este jueves contempla las mociones de todos los grupos municipales, además de diferentes asuntos ordinarios que generarán debate, como modificaciones presupuestarias. Para el final está el turno de ruegos y preguntas, que se extiende durante más de dos horas.

A buen seguro, la sesión ordinaria llegue a las 18:00, por lo que lo probable es que las dos se solapen. En la convocatoria de la sesión extraordinaria no se establece el límite de tiempo ni la organización del debate sobre la vivienda en Córdoba. El único límite, más allá de las fuerzas, que existe es que la sesión debe concluir antes de las 00:00. No puede solaparse a otro día.

PSOE y Hacemos acusan al alcalde de “trilerismo político”

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, y el portavoz municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento, Juan Hidalgo, han denunciado conjuntamente las maniobras del Gobierno municipal de José María Bellido para evitar que el Pleno del Ayuntamiento debata y vote medidas concretas frente a la crisis de la vivienda.

Ambos representantes han tenido un recuerdo para los familiares de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio ha desencadenado la mayor protesta por la falta de vivienda en España, en una rueda de prensa conjunta en la que han criticado que el PP convocara un Pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad en lugar de abordar la iniciativa de la oposición y que, posteriormente, lo haya desconvocado, una decisión que consideran un intento de eludir compromisos efectivos en materia de vivienda.

Romero ha acusado al Partido Popular de practicar el “trilerismo político” y de utilizar las instituciones municipales para impedir que prosperen propuestas dirigidas a responder a una situación que considera de máxima urgencia. “El objetivo no es debatir sobre el estado de la vivienda, sino aprobar medidas concretas que puedan solucionar la situación urgente que tiene esta ciudad”, ha afirmado.

El candidato socialista ha lamentado que, mientras numerosas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda o afrontar el alquiler, Córdoba siga sin contar con nuevas promociones de vivienda pública impulsadas por Vimcorsa y ha reclamado también a la Junta de Andalucía que recupere la construcción de vivienda social.

“Ellos convocan para no votar, convocan para bloquear y porque no quieren que veamos que van a votar en contra de todos y cada uno de los puntos de acuerdo”, ha señalado Romero, quien ha insistido en que las administraciones deben dar respuestas a las personas que están perdiendo sus hogares o destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler.

El dirigente socialista ha subrayado que las consecuencias de la crisis habitacional afectan especialmente a personas mayores, personas con discapacidad y familias con menores, por lo que ha reclamado que el Ayuntamiento abandone las maniobras políticas y asuma su responsabilidad. “La vivienda es un tema muy serio, no es un juego. Este Ayuntamiento está para dar soluciones, no para el trilerismo político al que nos tiene acostumbrados el Partido Popular y el señor Bellido”, ha afirmado.

Por su parte, el portavoz municipal de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha comenzado trasladando su solidaridad a los familiares, amistades y vecinos de Maricarmen, así como a las personas indignadas por la situación de la vivienda. Hidalgo ha vinculado este caso con las dificultades que sufren muchas familias para mantener un hogar y ha reclamado a las administraciones públicas que actúen para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

“La mala conciencia del Partido Popular no se lava convocando y desconvocando plenos; se lava aplicando y haciendo políticas de vivienda para la gente”, ha manifestado Hidalgo, quien ha acusado al PP de priorizar el negocio frente al derecho a la vivienda. El portavoz de Hacemos Córdoba ha defendido la necesidad de abordar de manera integral los problemas de acceso a la vivienda en la capital, desde la regulación de los apartamentos turísticos hasta la recuperación de instrumentos públicos de protección para las familias vulnerables.

Entre las medidas planteadas, ha destacado la recuperación de la Oficina de Defensa de la Vivienda, que prestaba apoyo a familias en situaciones de vulnerabilidad; la recuperación de convenios con entidades bancarias para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público; y la aplicación de la Ley de Vivienda en Córdoba para estudiar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas de contención de precios.

Hidalgo también ha reclamado que se priorice el uso residencial del patrimonio público frente a nuevos proyectos turísticos. En este sentido, ha citado el inmueble de la calle Manríquez, cuya posible transformación en un complejo hostelero o de apartamentos turísticos ha cuestionado por considerar que la ciudad necesita ampliar su oferta de vivienda residencial, especialmente en el casco histórico.

Asimismo, ha pedido que Vimcorsa aproveche el suelo y los recursos disponibles para impulsar nuevas promociones de vivienda pública y protegida, y que se garantice que estas viviendas mantengan su función social a largo plazo, evitando que se incorporen al mercado libre tras unos años.

El precio de la vivienda ha aumentado en Córdoba a un ritmo muy superior al de los salarios durante los últimos años. El valor tasado de los inmuebles residenciales en la capital cordobesa se ha incrementado un 34,7% entre marzo de 2021 y marzo de 2026, mientras que el salario medio de los trabajadores de la provincia aumentó un 16,9% entre 2021 y 2024, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria.

La diferencia permite poner cifras a una de las principales dificultades que afrontan los hogares cordobeses: la vivienda se ha encarecido aproximadamente dos veces más rápido que los sueldos.

Los datos proceden de dos estadísticas oficiales diferentes. Por un lado, el valor de tasación de la vivienda publicado por el Gobierno permite seguir la evolución del precio por metro cuadrado. Por otro, la Agencia Tributaria recoge los ingresos salariales declarados por los trabajadores. Aunque los periodos de referencia no son idénticos —el último dato provincial de salarios disponible corresponde a 2024—, la comparación permite observar con claridad la brecha que se ha abierto entre el coste de la vivienda y la evolución de las remuneraciones.

En marzo de 2021, el valor tasado medio de la vivienda en Córdoba capital se situaba en torno a 1.296 euros por metro cuadrado. Cinco años después, en marzo de 2026, alcanza los 1.745,7 euros. La diferencia es de aproximadamente 450 euros por cada metro cuadrado. En términos porcentuales, supone una subida del 34,7%.

La evolución tiene una consecuencia directa para quien busca comprar una vivienda. Un piso de 90 metros cuadrados que en 2021 equivaldría, utilizando estos valores tasados como referencia, a unos 116.640 euros, alcanzaría en 2026 los 157.113 euros. Es decir, el valor de referencia de esos 90 metros cuadrados habría aumentado en unos 40.500 euros en cinco años.

Frente a esta evolución del mercado residencial, los salarios han experimentado un crecimiento sensiblemente menor. La estadística de la Agencia Tributaria sitúa el salario medio anual de los asalariados de la provincia de Córdoba en 16.670 euros en 2021. En 2024, el último ejercicio provincial disponible, la cifra ascendió a 19.488 euros. El incremento es de 2.818 euros anuales, equivalente a un 16,9%.

Una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta 40.000 euros más

El ejemplo de una vivienda de 90 metros cuadrados permite visualizar mejor el fenómeno. En 2021, aplicando el valor tasado medio de aquel momento, esos 90 metros cuadrados suponían unos 116.640 euros. En marzo de 2026, con un valor de 1.745,7 euros por metro cuadrado, el importe ascendería a 157.113 euros. La diferencia es de 40.473 euros. En cambio, el salario medio anual de la provincia aumentó en 2.818 euros entre 2021 y 2024.

La evolución tampoco ha sido homogénea en todos los grandes municipios de la provincia. Los datos de valor tasado muestran que entre marzo de 2021 y marzo de 2026 el precio de la vivienda también aumentó en Lucena y Puente Genil, aunque con intensidades diferentes. En Lucena, el valor pasó aproximadamente de 822 a 1.096,9 euros por metro cuadrado, un incremento del 33,4%. En Puente Genil, pasó de unos 837 a 987,1 euros, lo que representa una subida del 17,9%.

Cientos de personas se han concentrado en la tarde de este jueves en la calle Capitulares de Córdoba en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que murió este miércoles en Madrid semanas después de ser deshuciada de su vivienda. Los manifestantes, convocados por Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba, han guardado dos minutos de silencio en la memoria de Maricarmen. El segundo de ellos haciendo sonar las llaves de sus casas.

La concentración, convocada a las 19:00, ha servido también para reivindicar el derecho a la vivienda y denunciar las consecuencias de los desahucios y de la especulación inmobiliaria. Durante la protesta se han sucedido las consignas contra los fondos de inversión, los desahucios y las políticas de vivienda, mientras los asistentes han mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre.

“No son muertes, son asesinatos. Todas somos Maricarmen”, ha sido una de las principales consignas coreadas durante la concentración. También se han escuchado lemas como “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste”, “los fondos buitre son los invasores” y “vecina, despierta, desahucian en tu puerta”.

Uno de los momentos de mayor carga simbólica ha llegado durante los dos minutos de silencio en recuerdo de Maricarmen. El segundo se ha acompañado del sonido de las llaves de las viviendas de los asistentes, en un gesto vinculado a la defensa del derecho a permanecer en el propio hogar.

La portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Cati Ortega, ha leído un manifiesto en el que ha responsabilizado de la muerte de Maricarmen a quienes, a su juicio, “ejercen y perpetúan la extrema violencia de este sistema”. Ortega ha señalado a jueces, policías, responsables políticos, grandes propietarios, alquileres de temporada y fondos de inversión como parte de una cadena que, según ha denunciado, está detrás de situaciones como la vivida por la mujer de 87 años.

“Ha muerto víctima de la especulación, y es muy injusto”, ha señalado Ortega, que ha vinculado el fallecimiento de Maricarmen con otros casos de personas relacionadas con el movimiento por la vivienda. En su intervención, ha calificado estas muertes de “asesinatos del capitalismo”, una expresión utilizada por la portavoz para denunciar lo que considera las consecuencias de un sistema basado en el rentismo y la especulación.

Ortega también ha criticado a los responsables políticos que, según ha afirmado, no actúan hasta que las reivindicaciones llegan a las calles, y ha dirigido sus críticas expresamente contra PP, Junts y Vox por su posición ante las medidas relacionadas con la vivienda. “No vamos a parar hasta que el derecho a la vivienda sea una realidad”, ha proclamado.

El manifiesto ha terminado con un mensaje de reivindicación de la organización colectiva y de homenaje a Maricarmen. Ortega ha destacado que su caso ha servido para mostrar, según Stop Desahucios, la capacidad de las personas para organizarse frente a situaciones de injusticia. “Cada desahucio es como si nos echaran a todas”, ha afirmado antes de cerrar su intervención con un llamamiento: “Nos vamos a la huelga general”.

Críticas al Ayuntamiento y llamada a la huelga

La concentración también ha tenido como protagonista al alcalde de Córdoba, José María Bellido, al que los manifestantes han dedicado una de las consignas: “¿Dónde está Bellido, Bellido dónde está? Bellido está vendiendo lo que queda de ciudad”.

El rechazo a los fondos de inversión y a la presión sobre el mercado de la vivienda se ha expresado igualmente a través del lema “Los fondos buitre son los invasores”, una de las frases más repetidas durante la protesta.

Junto a las reivindicaciones sobre vivienda, la movilización ha puesto el foco en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Entre las consignas se ha escuchado “Huelga, huelga, huelga general”, mientras desde la organización se ha insistido en la necesidad de convertir la movilización por la vivienda en una protesta más amplia. En este sentido, la concentración ha concluido con la mirada puesta en esa jornada de movilización. El mensaje trasladado por los convocantes ha sido claro: “Tenemos que parar el país”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha decidido convocar para el próximo viernes, 9 de octubre, a las 8:00, un pleno extraordinario para debatir sobre la política general de vivienda en la ciudad, después de que el concejal del PSOE Joaquín Romero solicitara este mismo martes la celebración de una sesión monográfica sobre este asunto.

Horas después de la petición, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que, aunque el Grupo Socialista no cuenta con el número de firmas necesario para obligar a la convocatoria del pleno, el Gobierno municipal quiere facilitar que el debate se produzca “lo más pronto posible”.

Torrico ha defendido que el PP está “encantado de debatir sobre lo que ha hecho este gobierno municipal en política de vivienda y lo que no ha hecho”, al tiempo que ha acusado al PSOE de “entorpecer” la labor del Ayuntamiento y de aplicar, desde el Gobierno de España, políticas que a su juicio han agravado el problema del acceso a la vivienda.

El portavoz popular ha avanzado que el pleno servirá para confrontar dos modelos. Por un lado, ha situado el del PP, basado en un “trabajo riguroso” y en facilitar la construcción de vivienda “tanto pública como privada” y en régimen de protección oficial. Frente a este, ha contrapuesto el modelo socialista, al que ha atribuido el encarecimiento de la vivienda en España.

En este sentido, Torrico ha asegurado que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado un aumento tanto del precio de compraventa como del alquiler. “Son consecuencias de las nefastas políticas del Gobierno”, ha afirmado.

El dirigente popular ha sostenido, no obstante, que Córdoba está resistiendo “mucho mejor que el resto de España” en esta comparativa, aunque ha insistido en que el problema de la vivienda debe abordarse desde el ámbito municipal, autonómico y estatal.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento, José Antonio Romero, ha reclamado este lunes la convocatoria de un pleno extraordinario sobre vivienda ante el agravamiento de la situación en la ciudad, con un aumento tanto de la demanda de alquiler como de compra y una ralentización de la construcción privada.

En su primera comparecencia pública tras imponerse en las primarias del PSOE de Córdoba, Romero ha señalado que, según una respuesta del Gobierno local a una pregunta formulada por su grupo municipal, actualmente existen 4.448 demandantes de vivienda en alquiler y 4.334 de vivienda en propiedad, cifras que, según ha apuntado, continúan aumentando.

Frente a esta situación, el candidato socialista ha criticado que el Ayuntamiento no esté poniendo en marcha políticas destinadas a contener el incremento de los precios y a aumentar la oferta de vivienda. “La demanda está ahí”, ha señalado Romero, que ha relacionado esta situación con la movilización celebrada el pasado domingo en Córdoba, en la que participaron más de 6.000 personas.

Romero ha advertido además de que el problema no se limita al acceso a la vivienda, sino que afecta también a la transformación del Casco Histórico. En este sentido, ha denunciado la existencia de “multitud de metros cuadrados” abandonados mientras el centro de la ciudad “se está turistificando” sin que, a su juicio, se estén adoptando medidas para poner freno a este proceso.

El candidato socialista ha avanzado que el PSOE promoverá, si llega al Gobierno municipal, la construcción de viviendas destinadas tanto a la compra como al alquiler en el Casco Histórico, con el objetivo de mantener población residente y evitar una mayor turistificación de esta zona de la ciudad. Romero ha explicado que en el pleno extraordinario que reclama su grupo los socialistas presentarán sus propuestas en materia de vivienda para “dar respuesta a las necesidades que tienen los cordobeses”. Entre ellas, ha situado la ampliación de la oferta de vivienda asequible y la intervención sobre espacios y edificios actualmente infrautilizados.

El dirigente socialista también ha situado el problema de la vivienda en el ámbito de la política autonómica y nacional y ha criticado el papel de PP y Vox, a los que ha responsabilizado de bloquear medidas impulsadas desde el Gobierno central mediante sus votos en contra de los distintos decretos. Ha recordado, además, que buena parte de las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, y ha señalado que en la mayoría de ellas gobierna el PP.

En el caso concreto de Córdoba, Romero ha apuntado también a las dificultades existentes para facilitar alojamientos destinados a personas mayores, debido a la complejidad que presenta el proceso para acceder a este tipo de vivienda.

El candidato socialista ha resumido la política del PP en materia de vivienda como una situación en la que “el que pueda, que compre y el que no, que se quede sin vivienda”, y ha contrapuesto este planteamiento con la necesidad, a su juicio, de impulsar políticas públicas que permitan ampliar la oferta y facilitar el acceso a quienes no pueden afrontar los precios actuales del mercado.

Romero ha reclamado finalmente al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que no rechace la convocatoria del pleno extraordinario. “Espero que el alcalde no se niegue a convocar el pleno, porque si no tienen nada que esconder de su gestión, lo convocará”, ha afirmado. El PSOE ha registrado la petición y, según ha recordado Romero, el alcalde dispone de un plazo máximo de 15 días para convocar la sesión. El candidato socialista ha confiado en que el Gobierno local no agote ese plazo y convoque el pleno extraordinario para abordar la situación de la vivienda en la ciudad.

La Junta de Andalucía se ha dado diez días más para resolver el expediente de retracto sobre los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia de Córdoba. La prórroga, acordada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y comunicada en la tarde de este lunes, abre ahora un nuevo periodo de espera en el que tendrán que despejarse varias incógnitas.

La primera, si la Administración autonómica ejercita finalmente el derecho de retracto para que sea el Ayuntamiento de Córdoba quien adquiera los tres recintos. La segunda, qué hará el actual propietario si la operación sale adelante. Y la tercera, qué ocurrirá con su situación en el cine Fuenseca, donde vive y está empadronado desde hace varios meses Antonio Amil.

La ampliación no supone que la Junta haya decidido no ejercer el retracto. Aunque esta vez el Gobierno Andaluz no ha justificado en base a qué ley se puede ampliar un plazo que ellos mismos dijeron que expiraba este martes, el expediente sigue abierto y la Consejería ha justificado los diez días adicionales en la necesidad de “garantizar plenamente los derechos de defensa y audiencia de las partes” antes de emitir la propuesta de resolución definitiva.

Técnicamente, siempre según la información que dio la Junta de Andalucía, el plazo para hacer efectivo el retracto -es decir, abonar los 300.000 euros por los que se vendieron estos espacios la pasada primavera- vencía este martes 6 de octubre a las 23.59, después de que el procedimiento se iniciara formalmente a principios de septiembre. El escenario que persigue el Ayuntamiento es conocido. El alcalde, José María Bellido, que se negó dos veces a ejercer el derecho de retracto y tanteo por estos mismos espacios, solicitó el pasado verano a la Junta que ejerciera el derecho de retracto sobre la operación por la que Antonio Amil adquirió los tres cines a los herederos de Martín Cañuelo por 300.000 euros.

La fórmula planteada por la Administración autonómica consiste en que sea ella quien ejerza el derecho de adquisición preferente en favor del Consistorio, que asumiría finalmente la propiedad de los espacios. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya explicó que el expediente se había iniciado “en favor, directamente, del Ayuntamiento”. Es decir, la Junta no pretende quedarse los cines para incorporarlos a su patrimonio, sino utilizar el mecanismo del retracto para que puedan ser adquiridos por el Ayuntamiento de Córdoba.

Si la Junta dice que sí

Si la resolución definitiva es favorable al retracto, el siguiente problema será determinar si la operación termina ahí o si el actual propietario decide recurrirla. El Ayuntamiento ya ha asumido que existe esa posibilidad. Bellido señaló en septiembre que conocía la intención de Amil de oponerse y que el procedimiento podía acabar en los tribunales.

De producirse esa impugnación, la titularidad y la posesión de los inmuebles entrarían en un escenario judicial. El Ayuntamiento y la Junta, muy probablemente, podría tener que defender ante la justicia la validez del retracto (y ahora también de la prórroga de diez días) mientras el propietario trataría de impedir o cuestionar sus efectos. La existencia de un procedimiento judicial no implica por sí misma que la adquisición municipal vaya a quedar anulada, pero sí podría prolongar durante meses la resolución definitiva sobre los tres cines.

Otra posibilidad es que la Justicia, cautelarmente, de la razón a la Junta de Andalucía y obligue al traspaso notarial de los cines a la administración pública, mientras estudia jurídicamente la situación. El pleito, eso sí, podría ser largo y también desembocar, en este caso, en una victoria del actual propietario y que éste acabara recuperando los tres espacios por la vía de una sentencia judicial.

Un posible desahucio

Pero es que, además, la cuestión tiene además una particularidad en el caso del Fuenseca. Antonio Amil no solo es el propietario de los tres recintos, sino que reside en uno de ellos. Según ha podido saber este periódico, desde principios de año, el empresario está empadronado y vive en el inmueble conocido como la Casa del Torreón, integrada dentro de ese mismo cine de verano.

Se trata de la vivienda que hay en la esquina con la calle Juan Rufo, y en cuyo muro descansa la famosa fuente barroca que le da nombre. Al contrario que los propios cines de verano, esta parte del recinto sí está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y fue restaurada por su anterior propietario, Martín Cañuelo, en el año 2016.

De este modo, si finalmente la Junta ejercita el retracto y el Ayuntamiento pasa a ser propietario del inmueble, la operación tendrá una consecuencia que va más allá del cambio de titularidad. La situación residencial de Amil tendría que resolverse también. Eso no significa que la adquisición municipal implique automáticamente un desahucio. Para que se llegara a ese extremo tendrían que producirse nuevos pasos y, en función de las circunstancias y de la posición de las partes, podría existir la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo sobre la ocupación del espacio. Pero, si no hubiera acuerdo y el nuevo propietario reclamara la posesión del inmueble, el conflicto podría acabar derivando en un procedimiento de desahucio.

Es una de las cuestiones que hasta ahora no había aparecido en el debate sobre el futuro de los cines y que adquiere relevancia si prospera el retracto. La Administración estaría comprando unos inmuebles en los que actualmente existe una situación residencial que tendría que ser abordada posteriormente. La decisión de la Junta será, por tanto, el primer movimiento de una partida que puede tener todavía varios capítulos. Si ejerce el retracto y Amil recurre, habrá que ver cómo se resuelve su situación como propietario y como residente en el cine Fuenseca. Los diez días de prórroga sirven así para aplazar una decisión que no solo determinará quién puede acabar siendo propietario de Delicias, Fuenseca y Olimpia. También puede abrir un nuevo conflicto sobre la posesión de uno de ellos y sobre la situación de las personas que han establecido allí su residencia.

Ni la Junta de Andalucía ni Antonio Amil han querido hacer declaraciones este lunes sobre el estado del procedimiento. El propietario sí ha señalado que realizará declaraciones una vez que venza el plazo establecido para resolver el expediente.

Una multitudinaria manifestación ha recorrido en la tarde de este domingo las calles de Córdoba para reclamar un acceso justo a la vivienda. Convocados por la plataforma Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba, miles de manifestantes han hecho visibles sus protestas con llaves, pancartas y mensajes para reivindicar un techo por un precio justo para todas las personas.

“Arriba las llaves, esto es un atraco”, “Viviendas para vivir, no para especular”, “Fuera fondos buitres de nuestros barrios” o “Ni gente sin casa, ni casas sin gente” han sido algunas de las consignas que se han escuchado desde el inicio de la manifestación, en la que han participado alrededor de 6.000 personas según la Policía Local sobre el terreno, cuando la manifestación llevaba apenas la mitad del recorrido y seguían uniéndose personas.

Desde las 19:00 de este domingo en la plaza de Costasol, en el barrio de Ciudad Jardín, jóvenes, mayores, familias, activistas por la vivienda y ciudadanía en general se iban sumando a la marcha, para mostrar la fuerza de la movilización: “Esto es un punto de inflexión. Es el inicio de un nuevo ciclo centrado en la vivienda”, decía al inicio de la marcha el portavoz de Stop desahucios, Rafael Blázquez. “Lo que nos estamos jugando es que este país sea un buen sitio para vivir o no lo sea”.

“Algo hay que hacer porque ahora ni hay futuro para los jóvenes ni expectativas para las familias trabajadoras”, resumía Blázquez. Y en la manifestación, carteles y mensajes retrataban esa situación de quienes viven en vilo por un desahucio o quienes no tienen un futuro sin el acceso a una vivienda.

Loli y su hija María Dolores ponían rostro y voz a los jóvenes que no se emancipan mientras tratan de ahorrar porque les es “imposible un alquiler o comprar una vivienda”. A su lado, personas que tienen un desahucio en el horizonte y para los que el rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso ha sido un jarro de agua fría. “Ahora no saben qué van a hacer”.

Llaves en alto, mensajes contra los especuladores

Con las llaves en alto, los gritos contra los fondos buitre, las empresas especuladoras y los rentistas, además de los distintos gobiernos, no han cejado en todo el trayecto de la manifestación. Especialmente se ha escuchado un mensaje “antifascista” y “vivas a la lucha de la clase obrera” al paso de la marcha ante la sede de Vox en la capital cordobesa, a quienes junto al PP y Junts hacían directamente culpables de que no se hayan aprobado en el Congreso las medidas previstas en los decretos para frenar los desahucios.

“Viviendas para vivir, no para especular”, “¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa” o “Rentistas, culpables; gobiernos responsables” han sido coreados una y otra vez por los participantes en la manifestación, que han querido sumar en el trayecto el escenario de un barrio de clase trabajadora como Ciudad Jardín con muchos pisos en alquiler con las calles del centro donde cada vez más se levantan apartamentos turísticos donde antes había viviendas.

Y en referencia a ese “punto de inflexión” e inicio de ciclo que desde Stop Desahucios y el Movimiento por la Vivienda se enarbola, otro grito que se ha escuchado, el de una huelga general. “Eso deberán estudiarlo los sindicatos”, ha dicho Blázquez para el que, sin duda, “hay que buscar herramientas clásicas como esa y otras nuevas” para la lucha por el acceso a la vivienda que la ciudadanía quiere emprender.

¿Y el papel de unas hipotéticas elecciones en todo esto? “Nosotros estamos decididos a seguir adelante, a darlo todo, pase lo que pase, se convoque o no se convoquen las elecciones”.

Los cánticos no han parado en todo el recorrido mostrando el enfado de los manifestantes ante las dificultades para acceder a una vivienda en el actual panorama, ya se en alquiler o por compra. Las Tendillas y la calle Claudio Marcelo se mostraban llenas por la marcha que, a un lado y a otro, animaban al resto de personas a unirse a la protesta. El punto final del trayecto ha sido la calle Capitulares, que se ha llenado mientras seguía desembocando parte de la marcha y donde se han vuelto a escuchar los mensajes y cánticos de la manifestación a viva voz.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha considerado tras la caída de los dos reales decretos ley de vivienda sometidos a votación en el Congreso el pasado viernes, 2 de octubre, que existe “una mayoría de partidos que votan con el rentismo y que están defendiendo a los especuladores” y ha señalado que PP y Vox han votado al lado de quienes hacen sufrir a nuestro pueblo“.

En un acto con motivo de la Jornada Municipalista de IU Andalucía celebrado en el Auditorio Sebastián Valero de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el coordinador general de IU-A ha asegurado que ambas formaciones “han votado contra 658.000 andaluces que están con la soga al cuello” y ha reivindicado el papel municipal de IU ante las próximas elecciones municipales. “No vamos a permitir que nuestros pueblos y ciudades sean activos financieros de nadie”, ha añadido en un audio remitido a los medios.

De este modo, el diputado en el Congreso ha apostillado que la votación de los decretos de vivienda ha dejado “muy claro de qué lado está cada uno” y ha acusado al Partido Popular y Vox de situarse junto a los intereses de los grandes propietarios y los especuladores. Así, Valero ha defendido que las últimas semanas también han demostrado que “la movilización es imprescindible” para conseguir avances en materia de vivienda.

En este sentido, ha sostenido que la presión social ha obligado al PSOE a moverse y ha reivindicado el papel de la izquierda dentro del Gobierno de España para incorporar a los decretos parte de las reivindicaciones planteadas por el movimiento por la vivienda. “Hace falta más izquierda. Gracias a que había izquierda en el Gobierno conseguimos meter en el decreto las demandas del movimiento por la vivienda”, ha afirmado.

En relación a las elecciones, Valero ha asegurado que IU está “absolutamente preparada” ante un eventual adelanto electoral y ha asegurado que su formación es “una fuerza de lucha y de gobierno”. “Nuestros pueblos y ciudades no son activos financieros”, ha añadido.

“Vamos a las próximas elecciones municipales para evitar que nuestros pueblos y ciudades caigan en manos de los especuladores”, ha señalado Valero, quien ha defendido la gestión de IU en municipios como Aguilar de la Frontera y en otros gobiernos locales de Andalucía.

“Donde gobierna Izquierda Unida se defiende la vivienda, se defienden los servicios públicos y se prioriza el interés general”, ha asegurado. Además, Valero ha advertido de que en las próximas municipales se decidirá “si la vivienda es un derecho o un activo financiero”, pero también qué modelo económico y territorial se desarrolla desde los municipios andaluces.

“Nos jugamos qué va a pasar con nuestras tierras fértiles, si se ponen al servicio de proyectos especulativos o de la economía local. Nos jugamos si prima el interés general o el interés de unos pocos”, ha explicado.

Frente a ello, ha resumido el proyecto municipalista de IU en la idea de que no van a permitir “que nuestros pueblos y ciudades sean activos financieros de nadie. Queremos pueblos y ciudades para vivir, para trabajar y para ser felices”, ha indicado. El dirigente andaluz ha defendido que IU cuenta con “un proyecto” y con una organización preparada para afrontar un escenario electoral anticipado y ha afirmado que, si se produjera ese adelanto, la formación estará “a la altura”.

“Tenemos la convicción de que este país no quiere caer en las garras de los fondos de inversión y de los especuladores”, ha señalado Valero, quien ha asegurado que IU ofrece a los votantes progresistas “la seguridad” de que trabajará para que el país “siga avanzando”.

Por último, Valero ha reivindicado el perfil propio de Izquierda Unida frente al PSOE y su capacidad para combinar movilización social y acción institucional. “Nosotros somos una fuerza de lucha y de gobierno. Somos una izquierda que sabe estar en la calle, sabe presionar desde la calle y sabe llevar esa presión a las instituciones”, ha abundado.

En suma, a su juicio, los acontecimientos de las últimas semanas han vuelto a demostrar que “ha sido el movimiento popular el que ha doblado el brazo al Partido Socialista” y que la izquierda integrada en Sumar ha sido la que ha trasladado al Gobierno parte de esas reivindicaciones. “Aquí está una izquierda coherente y valiente, que lo que dice lo hace y que se presenta a las elecciones con toda la convicción”, ha concluido.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de la capital, José María Bellido, que la política de vivienda sea “una prioridad” para el Gobierno municipal y que en el expediente de Ordenanzas Fiscales para 2027, que se lleva al próximo pleno para su aprobación, se incluyan medidas que faciliten el acceso a la vivienda en régimen de alquiler y de compra en Córdoba.

En concreto, Hurtado propone a través de una nota de prensa “incentivar fiscalmente” a los propietarios de viviendas de uso turístico para que abandonen estas prácticas y vuelvan a ofrecer esos pisos en el mercado de alquiler. El socialista pide “rescatar cientos de viviendas” que son de uso turístico en estos momentos para que puedan ser alquiladas por familias cordobesas que necesitan vivienda de alquiler, para lo que propone bonificaciones en IBI e ICIO y rebajas en agua y basura.

Hurtado también pide el aumento de la fiscalidad para los apartamentos y viviendas de uso turístico en el IBI, ICIO, IAE, Impuesto de Plusvalía, licencias de obras y licencias de actividad, además de aumentar sus tarifas en el consumo de agua y recogida de basura. Para el PSOE, estas dos medidas “coordinadas” pueden aumentar la oferta de viviendas de alquiler y reducir las de uso turístico. El portavoz socialista también pide incorporar la bonificación de un 95% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas de alquiler social que son el parque público de viviendas de AVRA y Vimcorsa en la ciudad de Córdoba.

Esto significaría, a su juicio, la rebaja de alrededor de 250 euros de media a familias que tienen pisos de alquiler, propiedad de AVRA o de Vimcorsa, en muchas barriadas de Córdoba. Hurtado pide a Bellido que asuma su competencia compartida con la Junta de Andalucía en materia de vivienda y que tome medidas valientes que mejoren el acceso a la vivienda a las más de 8.000 familias registradas como demandantes en Vimcorsa.

Asimismo, reclama medidas fiscales que vayan completadas con políticas de gasto, como es triplicar los recursos de 1 millón de euros que se dedican a la ayuda al alquiler y a la rehabilitación de viviendas. Entre otras indicaciones, el portavoz socialista exige la puesta en marcha a través de Vimcorsa de la obtención del derecho de usufructo de viviendas vacías que no quieren alquilar los propietarios por los riesgos de impago, para que se pongan en el mercado de alquiler por Vimcorsa a precios asequibles.

Todo ello, añade Hurtado, unido “a lo que es una prioridad en estos momentos de construcción de VPO y alojamientos tutelados por Vimcorsa y a prestar el servicio de ayuda de acceso a la vivienda a través de una Oficina de la Vivienda especializada en ello”.

Grandes superficies del ramo de los deportes venden a precio asequible tiendas de campaña. ¿Quién no tiene alguna para dormir bajo las estrellas, vacacionar barato o soñar un monte Tabor? Se pueden tener guardadas o, por el contrario, democráticamente plantadas en la Puerta del Sol y otros centros de reivindicación, clamando por el derecho a la vivienda, al tiempo que espantan o enfurecen y figuradamente envenenan a esas crueles especies carroñeras de cuello blanco que especulan con los nidos del ser humano.

La acampada de Sol es algo que hemos estado viendo y escuchando y a lo que andamos poniéndole rostros juveniles, intergeneracionales, multiétnicos, profesionalmente mestizos, de nuestra diversidad social; y nombres propios, el de Maricarmen, o de colectivos como el del Sindicato de Inquilinas (¡cómo me gusta que toque ahora el femenino plural!).

Cientos de tiendas han construido la gran manzana por el “derecho a techo”, la base operativa ciudadana que echa el pulso a la inercia especulativa propia del “realismo capitalista”, ese que ve más posible el fin del mundo, el inevitable apocalipsis, que una alternativa a sus abismos neoliberales y desregulatorios (léase a Mark Fisher ); el freno, en fin, contra esta inercia capitalista que observamos como absolutamente irracional, injusta, inhumana, insostenible, insoportable, indecente…, pues toma como rehén el bien más imprescindible para la vida de toda persona, que, junto con la alimentación y la salud, es la vivienda. Sin nidos no hay personas, ni crianzas ni envejecimientos felices; sin personas no hay vida humana. Y sin vida, Sr. Milei y compañía, podéis quemar montañas de dinero y tirar al váter las claves de miles de millones en criptomonedas.

Es decir, que esas mil quinientas tiendas acampadas en el madrileño kilómetro cero están perfectamente en su sitio, en el correcto lugar de la historia y del momento presente, y cómo relucen, juntas, haciendo piña, orgullosamente erigidas en el punto de inflexión (acaso no importará cuándo decidan ir desmontando, sino que florecieron sobre el granito). Y sí, han de contemplarse textiles y hermosas desde los satélites, y puede que alguna máquina que lea imagen y acate las órdenes de su programación quizá las encuentre más amigas que objetivos de seguridad, más transformadoras que obstáculos en el espacio urbano. Nadie sabe aún si alguna máquina, de las que llamamos IA, procesará la imagen y los hechos de Sol de un modo más empático, certero y constitucional que quienes dan la espalda a uno de los mayores problemas con solución de nuestro siglo.

El punto de inflexión ha estado marcado, en primer término, por la lucha de la ciudadana Maricarmen, de 87 años, quien, tras la pesadilla y el maltrato de la tormenta perfecta -el capitalismo granjeándose impotencias, omisiones, silencios administrativos o brazos caídos de algunos poderes públicos-, pudo regresar a su casa; si bien nadie puede resarcirla del sufrimiento por haber sido desalojada de su hogar y de que la tensión de una batalla agónica, desigual, inacabable y contra reloj hubiesen dañado su salud hasta necesitar una hospitalización. Tampoco se puede olvidar, nunca, nunca, a las personas que se suicidaron en el escenario del lanzamiento, del desahucio. Ni recientes suicidios en Cataluña atribuibles a desesperaciones de esa naturaleza. Ni el casi silencio en torno a ello.

Y, en segundo lugar, este punto de avance, quizá de revolución, de no retorno, parece estar marcado por el papel catalizador de las movilizaciones y las acampadas por el derecho a la vivienda que germinan al inicio de octubre de 2026, justo ocho años después del 8-M que anotó el despegue global sin vuelta atrás de los feminismos.

La gente se podía haber quedado en su rincón, en su lamento, su scroll sin fin, en el ruidoso o gracioso TikTok, en su pequeño mundo, en la diminuta esperanza de que, a lo mejor, había suerte y cazaban alguna migaja, alguna fracción ridícula de vivienda asumible, de habitación medio digna; pero, gracias al símbolo Maricarmen, a su ariete, a su aldabonazo en las conciencias, a este ahora o nunca, a la generosa frescura democrática de la generación Z, las tiendas de campaña han salido a las calles para ser cambiadas por viviendas.

Viviendas donde no te mueras de frío ni te ases de calor, construidas sin los racaneos históricos que el franquismo instauró fundacionalmente en las casas baratas, de pobres, pensadas para recoger la emigración rural y barrer del mapa asentamientos chabolistas demasiado visibles.

Tanta falta de vivienda no puede hacer que se pierda la perspectiva, la visión del agudo y añorado Mark Fisher, que sostiene, a grandes rasgos, que el “capitalismo realista” es capaz de hacer negocio incluso con los problemas o efectos secundarios que genera el propio sistema, y hasta domestica o pervierte la rebeldía, como advierte Laura Hojman. Otro ejemplo: si las personas sufren de ansiedad por culpa de su permanente precariedad en el empleo, separación de su familia y grave falta de recursos, no se incide apenas en el plano sociolaboral, en cambiar la vida, sino en el desarrollo de fármacos de prescripción universal por grandes laboratorios (conste que lo arriba dicho no persigue desacreditar las bondades de la investigación farmacológica ni restar valor a moléculas que mejoran la salud mental, sino que pone el dedo en la llaga de la inercia capitalista que no se baja del burro e insiste en que la mano invisible -que maneja los hilos-, los mercados, el beneficio, los resultados, los tipos y bla-bla-bla).

Así, ante el desierto secular de potentes, eficaces y sostenidas políticas públicas de vivienda, tenemos la oportunidad, como ciudadanía, de exigir que no se cuele la repetición de los fracasos históricos que han dejado a medias grandes ambiciones de este país y de sus gentes. Lupa, por tanto, a los temas de sostenibilidad ambiental y emergencia climática, de accesibilidad, de protección de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda y la financiación bancaria. Lupa, también, sobre las posibilidades de alternativa habitacional que no sean compatibles con la calidad de vida y la dignidad. Y más lupas, sobre el edificio jurídico y administrativo en estas materias o sobre cómo calibrar la viabilidad, solvencia y consecuencias de posibles respuestas innovadoras que podrían ofrecernos casas prefabricadas de última generación que, a lo mejor, ya están proyectando en la visionaria economía China o en las factorías de los tecno-oligarcas, esos hombres que lo mismo podrían rastrear nuestra cara en la acampada de Sol, que analizar nuestro genoma y nuestras ideas políticas, que mandarnos a las estepas, a Groenlandia, a la Patagonia o la mismísima Luna, a habitar, por vivienda, un minúsculo módulo de plásticos reciclados.

Habrá alternativas si triunfan fecundamente las movilizaciones de las tiendas de campaña. Eso creo. La mayoría social va en esta dirección, esto quiere, esto necesita: hay que sembrar vivienda. Para esto, leamos a Mariana Mazzucato y sus ideas operativas sobre el bien común, su empeño en estar, anteayer, con la gente, a pie de los proyectos de las comunidades locales de Brasil o México.

Ahora, vuela la imaginación. Octubre de 2076: una clase de primaria dibuja la acampada de Sol; aprenden que allí estuvo la raíz de sus casas sostenibles, de la economía de la cornucopia y la democracia de los cinco pilares.