Este 11 de noviembre llega como jornada de huelga general por el derecho a la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y Stop Desahucios, CCOO, UGT, CGT, CNT, Ustea, CTA Y SAD, que persiguen un paro laboral total y, a la vez, organizan una movilización con la manifestación prevista por la tarde en Córdoba que estará pendiente del cielo y lo que depare la borrasca Charles, que anuncia vientos muy fuertes y lluvias para este día.

Los sindicatos llevan semanas preparando las acciones para este día de huelga , con un comité central y comités de barrio que han ido llevando la difusión del paro y sus argumentos hasta cada distrito de la capital. Y, este mismo lunes, celebraron la última asamblea para la organización de las acciones que llevarán a cabo. A partir de las 00:00 del miércoles 11 de noviembre, comenzarán la actividad del paro ante distintos centros de trabajo.

Igualmente, desde primera hora de la mañana estarán organizados y actuando los distintos comités de barrio -según explica la portavoz de Stop Desahucios, Cati Ortega-. Habrá dos espacios de referencia y avituallamiento para quienes estén movilizados en la calle durante la jornada -uno en el sur de la ciudad en el Centro Social Rey Heredia y otro en el norte, en la sede de la Asociación Vecinal de Valdeolleros-. Y, desde esos puntos, partirán a las 17:00 en sendas columnas para confluir en el inicio de la manifestación prevista para las 17:30 en la Plaza de la Constitución. La marcha recorrerá la avenida de Vallellano, el Paseo de la Victoria y las avenidas de la Ronda de los Tejares, Gran Capitán y América hasta la plaza de Las Tres Culturas.

Esa previsión sobre la manifestación estará pendiente todo el día del cielo y lo que la meteorología depare. La borrasca Charles anuncia su llegada para esta jornada, con vientos muy fuertes e intensas lluvias. Los organizadores de la huelga general lo tienen “presente” y estarán a la espera de cómo se desarrolle la jornada meteorológicamente y de posibles alertas que emitan las administraciones, explica Ortega. Todo está previsto para poder “reevaluar” la situación y “tomar decisiones de última hora” sobre la manifestación del 11N.

Antes de esa cita por la tarde, la actividad sindical se desarrollará durante toda la mañana y, a las 12:00, ya habrá una primera concentración ante las puertas de la delegación de Educación, convocada por Ustea.

De fondo, la movilización por la vivienda es la espita que ha detonado en la convocatoria de esta huelga general, a la que se unen también las reivindicaciones “para que tengamos unos salarios dignos que nos permitan hacer frente al pago de una vivienda y también dejen de infrafinanciarse los servicios públicos”.

“Solo en Córdoba hay más de 3.000 viviendas turísticas, la mitad desde 2021 y se siguen aprobando licencias para apartamentos turísticos”, denuncian desde Stop Desahucios como uno de los problemas para el acceso a una vivienda en la ciudad. “No tienen tope porque no hay legislación y eso se debe dejar de permitir, ya hay suficientes”. Como consecuencia, indican cómo “se expulsa a los vecinos de los barrios y también al comercio local; cada vez hay más locales comerciales que se convierten en infraviviendas de este tipo”.

Luego están los precios del alquiler y de la compra de una vivienda, inaccesibles para muchos ciudadanos, con salarios que no dan de sí para pagar la vivienda si no es compartiéndola en pareja, familia o amigos. Y a eso se suman los desahucios, como el de Maricarmen en Madrid, que fue el detonante de esta movilización. “En el primer semestre, hubo más de cien desahucios en Córdoba, la mayoría por alquiler”, apunta Ortega.

Con estos datos y esos argumentos, la huelga general para este 11 de noviembre está servida por parte de los sindicatos. “La vivienda es un problema colectivo”.

Los sindicatos animan a la ciudadanía a secundar la huelga general

En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes de la huelga general han animado a la población en general, y a las personas trabajadoras en particular, a secundar una huelga general que “está llamada a ser histórica porque la vivienda nos cuesta la vida, los alquilares están por las nubes, los salarios están por los suelos, el coste de la vida sigue incrementándose y están dejando morir los servicios públicos”.

“Esta lógica tiene nombre: el capitalismo salvaje expresado a través del rentismo, que no crea riqueza, la extrae. Y la extrae, sobre todo, de la casa. Por eso, los sindicatos convocantes no aceptan que los alquileres suban muy por encima de los salarios, que tener empleo no garantice llegar a fin de mes o que se desmantelen los servicios públicos”, exponen.

En este sentido, recuerdan que la vivienda, los salarios y los servicios públicos son pilares fundamentales para tener vidas dignas. “La vivienda es un derecho, no un negocio especulativo. Los actuales precios de las viviendas expulsan a las familias de sus barrios, impiden la emancipación de la juventud y golpean especialmente a quienes padecen mayor precariedad, en particular a mujeres y personas migrantes. Queremos barrios para vivir, no para especular”.

En ese sentido, indican que la mayoría de personas trabajadoras cobran un salario por debajo del coste de la vida. En el último año, el precio de la vivienda ha subido más de un 12%. En cambio, los salarios apenas están subiendo un 3%. Cuatro de cada diez hogares destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler. Esta es la causa por la que sufrimos desahucios y amenazas de empresas de desocupación. Y lo pagan más quienes menos tienen: la juventud que no puede emanciparse, las mujeres que ocupan los sectores laborales más precarizados y sostienen los cuidados, las familias monomarentales que sufren peores condiciones materiales de vida, las personas migrantes que sufren el racismo inmobiliario, las personas mayores, arrancadas del barrio de toda la vida, y el pequeño comercio expulsado por el alquiler de los locales. Queremos vivir dignamente de nuestro trabajo.

“Hace años que en Andalucía sufrimos un grave deterioro de los servicios públicos provocado especialmente por las externalizaciones y privatizaciones que incita a las familias trabajadoras a cubrir sus necesidades a través del negocio privado y que perjudica la salud y la vida de las familias y personas vulnerables. Una situación que supone un importante incremento de los beneficios empresariales que no tienen retorno social. Esta situación ha sido dramática en la sanidad, con un importante deterioro del servicio y de las condiciones laborales de las y los profesionales sanitarios. Nuestra sanidad pública está al borde del colapso. En educación sobran motivos para la huelga general. Mientras se aumenta la inversión en educación privada se recortan los fondos para la escuela pública. Nuestros centros educativos públicos necesitan más personal, menos ratios por aula, mejores instalaciones y recursos suficientes para atender a todo el alumnado. Necesitamos más inversión para tener una educación pública de calidad para todas y todos y que se revierta la privatización en la Formación Profesional o la infrafinanciación de las universidades públicas. Los servicios públicos son derechos, no mercancías”, desgranan sobre ello.

Por todas esas razones, los sindicatos que convocan la huelga general del 11 de noviembre, exigen una bajada y regulación efectiva de los precios de la vivienda en relación al salario medio de cada territorio, para que no se destine a vivienda más del 30% del salario, así como contratos de arrendamiento indefinidos y medidas de protección frente a las subidas abusivas de alquileres que sirvan realmente para luchar contra la especulación inmobiliaria. Igualmente, reclaman la suspensión indefinida de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional adecuada, la creación de un impuesto progresivo sobre los grandes tenedores de vivienda, fondos de inversión y sociedades especulativas, un gran parque de vivienda pública a precio asequible y que nunca termine formando parte del mercado privado y la expropiación de vivienda de fondos buitre, así como el fin de los pisos turísticos invadiendo nuestros barrios.

Los sindicatos exigen la lucha contra la precariedad laboral, la temporalidad y la elevada presencia de contratos a tiempo parcial, la subida de salarios y pensiones para afrontar el coste de la vida y la reducción de la jornada a 30 horas semanales sin reducción del salario, que permita una vida más allá del trabajo y el reparto del mismo.

Por otra parte, las organizaciones convocantes piden que se defienda los servicios públicos, revirtiendo la privatización y aumentando la inversión en los servicios públicos, sanidad, educación, atención a la dependencia, servicios sociales, etc., y exigen a todos los gobiernos medidas ambiciosas y eficaces en vivienda, derechos laborales, sanidad y educación, a cada uno según sus competencias. Todas las administraciones deben asumir compromisos concretos, recursos suficientes y soluciones reales. Gobierne quien gobierne, los derechos se tienen que garantizar.

“Esta huelga no es un punto final, sino un punto de partida. Los derechos se conquistan con organización, solidaridad y movilización y, por eso, vamos a seguir luchando hasta conseguirlo todo”, concluyen.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha reclamado este domingo 8 al Gobierno municipal la puesta en marcha de una “verdadera Oficina Municipal de la Vivienda”, dependiente de Vimcorsa, que permita ofrecer a los cordobeses “información, asesoramiento y acompañamiento ante cualquier problema o necesidad relacionada con su vivienda”.

Según ha concretado la formación en una nota, Moya ha considerado que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en “uno de los principales problemas de la ciudadanía” y que el Ayuntamiento “no puede limitar su respuesta a la gestión de algunas ayudas económicas, ya que la promoción de viviendas públicas se la está tomando con calma este gobierno municipal”.

“Necesitamos una administración que acompañe a los ciudadanos, que les facilite las soluciones y que les permita conocer qué recursos tienen a su disposición, sin obligarles a recorrer distintas delegaciones y administraciones para resolver un mismo problema”, ha agregado.

Al hilo, la edil socialista ha señalado que esta oficina debe convertirse en un “servicio de referencia” para toda la población, porque las dificultades relacionadas con la vivienda “no afectan exclusivamente a las familias en situación de vulnerabilidad”.

“El Ayuntamiento se limita a elaborar un informe de vulnerabilidad para una familia cuando tiene un desahucio inminente, pero es necesario ayudar a jóvenes que quieren emanciparse y no encuentran un alquiler que puedan pagar, a familias que buscan una vivienda adecuada a sus necesidades, de personas mayores que necesitan adaptar sus casas, a propietarios que desconocen las ayudas para rehabilitar sus viviendas y a inquilinos que se enfrentan a conflictos con sus arrendadores o a una subida del alquiler que no pueden asumir”, ha añadido.

En este sentido, Moya ha explicado que Córdoba cuenta con distintos recursos municipales relacionados con la vivienda, pero “están dispersos y atienden necesidades específicas, sin que exista un servicio integral que permita a cualquier ciudadano encontrar orientación y acompañamiento desde el primer momento”.

“No es razonable que una persona tenga que averiguar por su cuenta a qué delegación acudir, qué administración tiene las competencias o qué convocatoria puede ayudarle. La vivienda es un asunto suficientemente importante como para que el Ayuntamiento disponga de un servicio especializado que facilite las respuestas”, ha añadido.

De esta forma, ha valorado que una Oficina Municipal de la Vivienda, bajo la gestión de Vimcorsa, “debería centralizar, entre otras, las funciones de información de acceso a la vivienda, orientación y apoyo en la tramitación de ayudas públicas, asesoramiento jurídico y mediación entre inquilinos y propietarios, además de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas de la ciudad”.

“Todo ello, coordinado con Servicios Sociales y el resto de delegaciones y administraciones que puedan estar implicadas, para prevenir situaciones de exclusión residencial y atender a las familias que necesitan una alternativa habitacional”, ha indicado.

Centralizar de esta manera los recursos en materia de vivienda “facilitaría la recopilación de información sobre las necesidades residenciales de la ciudad para orientar las políticas municipales y detectar los problemas de acceso a la vivienda en los distintos barrios”, ha apostillado.

Al hilo, la concejala ha precisado que el propio Ayuntamiento dispone de una Oficina en Defensa de la Vivienda dirigida a familias en riesgo de desahucio, pero ha insistido en que “una cosa es atender a quienes están a punto de perder su casa y otra muy distinta disponer de una oficina que ayude a la ciudadanía en todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, desde la búsqueda de un alquiler asequible hasta la rehabilitación de un edificio”.

Moya ha puesto también el foco en la necesidad de reforzar los recursos humanos y técnicos destinados a este servicio. “No se trata de crear una oficina para poner un cartel en la puerta. Tiene que contar con profesionales que puedan ofrecer asesoramiento jurídico, social y técnico, que conozcan los programas de vivienda y que puedan acompañar a los ciudadanos durante todo el proceso”, ha abundado.

Asimismo, ha defendido que Vimcorsa debe desempeñar un “papel central” en esta iniciativa, aprovechando su experiencia y su estructura como empresa municipal de vivienda, y “convirtiendo la oficina en un instrumento que conecte las políticas de vivienda con las necesidades reales de los cordobeses”.

“El Ayuntamiento tiene que dejar de actuar de manera fragmentada y empezar a ofrecer una respuesta coordinada. No podemos hablar de políticas de vivienda si no somos capaces de facilitar a los ciudadanos algo tan básico como saber dónde acudir cuando tienen un problema o necesitan acceder a una vivienda”, ha expresado.

“Una Oficina Municipal de la Vivienda no va a resolver por sí sola el problema habitacional de Córdoba, pero sí puede ser una herramienta fundamental para que nadie se quede sin información, sin asesoramiento o sin conocer las posibilidades que tiene a su alcance”, ha concretado.

“La vivienda necesita políticas públicas, recursos y compromiso municipal, pero también una administración que esté al lado de las personas. Y eso es lo que hoy seguimos reclamando al gobierno de Bellido”, ha concluido.

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha invitado al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), a “participar en la manifestación convocada el próximo 11 de noviembre a las 17:30, en el marco de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda, mejores salarios y condiciones laborales dignas”.

Se trata, según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, de “una movilización que pone en el centro a las personas y reclama que los derechos estén por encima de la especulación y los intereses económicos”, y la coalición considera que “el alcalde tiene motivos más que suficientes para sumarse a esta convocatoria, si realmente le preocupa la situación que atraviesan miles de cordobeses y cordobesas”.

En este sentido, desde Hacemos Córdoba han recordado que “tenemos tres de los barrios más pobres de España”, que “cada vez es más difícil acceder a una vivienda” y que “hay familias que, pese a trabajar, no llegan a final de mes”. Por eso, invitan a Bellido “a que salga de su despacho, escuche a la gente y compruebe de primera mano una realidad que parece no estar entre sus prioridades”.

De hecho, Hacemos Córdoba ha criticado al gobierno municipal del PP por “su falta de respuesta ante la emergencia habitacional”, pues, pese a las reiteradas peticiones de la coalición, “Bellido sigue sin ampliar la moratoria de apartamentos turísticos y, mientras tanto, en lo que llevamos de 2026, se han sumado más de 200 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad”.

Además, el gobierno local del PP “tampoco está haciendo los deberes en materia de vivienda pública, sin impulsar una política ambiciosa de construcción de viviendas en régimen de alquiler, ni poner en marcha una oferta suficiente de pisos a precios asequibles”.

“Vimcorsa debería ser una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, pero la política del gobierno municipal la está convirtiendo en una mala inmobiliaria, que que no promueve lo que necesita esta ciudad, que son viviendas en régimen de alquiler”, según han señalado.

En Hacemos Córdoba consideran que “la vivienda, el empleo y los salarios dignos son cuestiones que deben estar en el centro de las políticas públicas”, y Córdoba “no necesita un alcalde instalado en su despacho, rodeado de asesores y ajeno a lo que ocurre en sus barrios”, pero sí que precisa “un Ayuntamiento que se implique y utilice sus recursos para mejorar la vida de la gente, que no permanezca de brazos cruzados mientras cada vez más personas ven cómo se alejan sus posibilidades de construir aquí un proyecto de futuro”.

La coalición ha insistido en que el 11 de noviembre es “una oportunidad para defender derechos que afectan directamente a la vida de la ciudadanía”, y desde Hacemos Córdoba invitan “al alcalde a participar en la manifestación y a ponerse del lado de quienes reclaman una vida digna. Córdoba necesita políticas que garanticen que trabajar permita vivir, que acceder a una vivienda no sea un lujo y que nadie tenga que renunciar a su futuro por falta de oportunidades”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado este miércoles que la capital es la séptima española con menor subida del precio anunciado de la vivienda en venta desde enero de 2019 y la segunda andaluza, según el informe de precios de octubre de 2026 publicado por Idealista, uno de los principales portales inmobiliarios de España.

Según ha detallado el Consistorio, Córdoba registra un encarecimiento acumulado del 32,32%, una evolución que contrasta con la del conjunto de España, donde el precio anunciado de la vivienda ha aumentado un 70,71% desde enero de 2019, y con la de Andalucía, donde el incremento alcanza el 96,56%. De este modo, la subida acumulada en Córdoba es menos de la mitad de la contabilizada a escala nacional y representa aproximadamente un tercio de la registrada en el conjunto de la comunidad autónoma.

Esta diferencia también se refleja en el nivel actual de los precios. La vivienda en venta anunciada en Córdoba capital alcanzó en octubre los 1.863 euros por metro cuadrado, frente a los 2.955 euros de media nacional y los 2.968 euros de Andalucía. Esto supone que el precio en Córdoba es un 36,95% inferior al del conjunto de España y un 37,23% inferior al de Andalucía. En consecuencia, la capital cordobesa mantiene unos precios de oferta considerablemente más bajos que los de sus principales referencias territoriales.

En cuanto a esta evolución más reciente, el precio anunciado en Córdoba aumentó un 0,70%, respecto a septiembre, frente al 0,85% registrado en España y el 0,54% en Andalucía. En términos interanuales, el incremento en la capital cordobesa fue del 9,98%, por debajo del 11,17% nacional, aunque ligeramente por encima del 9,80% andaluz.

Los datos de octubre confirman que el precio anunciado de la vivienda también sube en Córdoba, al igual que en España y Andalucía, pero su encarecimiento acumulado desde 2019 es notablemente más moderado. Esta evolución sitúa a la capital cordobesa entre las ciudades españolas donde menos ha aumentado el precio de la vivienda en venta en los últimos años.

La plataforma Stop Desahucios de Córdoba ha convocado para este jueves 5 de noviembre una concentración de protesta contra el desahucio previsto para un día después contra María José, una vecina de la capital, contra la que una entidad bancaria ha solicitado el lanzamiento por una ejecución hipotecaria.

“A pocos días de la huelga general del 11N por el derecho a la vivienda, a nuestra vecina María José la quieren desahuciar este viernes 6 de noviembre”, apuntan desde Stop Desahucios en la convocatoria de la protesta.

La concentración tendrá lugar este jueves a las 11:15 en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba “para mostrarle nuestro apoyo a María José y para que los responsables de esta situación sepan que ¡ante los desahucios, nuestros barrios están organizados!”, señalan desde la plataforma. “¡No faltes! Que María José sepa que no está sola. Vamos a parar su desahucio”.

Según ha podido saber este medio de fuentes de Stop Desahucios, María José se encuentra en situación de vulnerabilidad y es paciente de oncología. Ella y su exmarido compraron el piso en 1996 por 46.000 euros y han estado pagando casi 30 años, un total de 100.000 euros. Cuando se divorciaron, la hipoteca la iban a seguir pagando a medias, pero María José por su situación de vulnerabilidad no pudo hacer frente al pago que le correspondía.

Actualmente, deben unos 8.000 euros, por los que la entidad bancaria les reclama 36.000 euros por los intereses de demora, precisan.

La coordinadora de entidades Córdoba Solidaria celebra la 33ª Feria de la Solidaridad con el derecho a la vivienda y el derecho a migrar en el centro, en este caso los días 4, 5 y 6 de noviembre en la explanada frente al Centro Cívico Lepanto y la Casa de la Solidaridad, con talleres para centros educativos, una mesa redonda con los movimientos por la vivienda de la ciudad, bibliotecas humanas, música y actividades culturales bajo el lema 'La paz se construye con derechos: derecho a techo y derecho a migrar'.

Según destacan desde la organización, durante tres días, la feria, financiada por el Ayuntamiento de la ciudad, acogerá talleres, encuentros, música y propuestas culturales para todos los públicos. La feria arrancará el miércoles 4 de noviembre, de 18,00 a 20,00 horas, en el salón de actos de la Casa de la Solidaridad, con una mesa redonda con los movimientos por la vivienda de Córdoba, dinamizada por el Movimiento por la Vivienda de Córdoba y con la colaboración de Stop Desahucios, el Sindicato de Inquilinas y el Frente de Estudiantes.

Dicha actividad que inaugura la feria es un espacio para que estos colectivos informen de las acciones que han desarrollado hasta el momento y de lo que tienen previsto hacer para la huelga general del 11 de noviembre. Además, se fomentará el diálogo y la participación de la ciudadanía.

El jueves 5 de noviembre, la explanada frente al Centro Cívico Lepanto acogerá en horario de mañana talleres y una 'gymkhana' con centros educativos de la ciudad, además de una recepción institucional a las 12,00 horas. Durante toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde, estarán instalados los stands de las entidades de Córdoba Solidaria y sus aliadas, donde el público podrá conocer su trabajo y las iniciativas que desarrollan.

Ese mismo día, de 18,00 a 20,00 horas, la Casa de la Solidaridad será escenario de una actividad en formato 'bibliotecas humanas' dinamizada por La Espiral Educativa y con la colaboración del Movimiento por la Vivienda de Córdoba: un espacio para escuchar en primera persona distintas experiencias en torno a las dificultades para acceder a una vivienda digna.

El viernes 6 de noviembre, la explanada volverá a recibir por la mañana al alumnado de los centros de la ciudad con nuevas actividades educativas. Los stands de las entidades permanecerán instalados durante toda la jornada. La programación incluirá cuentacuentos, un taller de danzas del mundo por la paz, a cargo de la Asociación Cultural Guadalfolk, y un espectáculo de 'breakdance' y 'hip hop' de Benefip-hop que pondrán el broche a esta edición.

La Feria de la Solidaridad es el espacio en el que los colectivos sociales de Córdoba salen a la calle para visibilizar el trabajo que realizan en torno a la Cooperación Internacional, Educación para el Desarrollo y Acción Humanitaria. Este año, bajo el lema de la paz y los derechos, plantea que “el derecho a una vivienda digna y el derecho a migrar son una parte importante para construir paz y justicia social”, apuntan desde la organización.

Julio dejó una pequeña duda en el mercado inmobiliario cordobés: fue uno de los dos únicos meses de 2026 con menos compraventas de vivienda que un año antes. Los datos de agosto del Instituto Nacional de Estadística (INE) la despejan solo en parte. Se registraron 796 compraventas, un 6,3% más que las 749 de agosto de 2025, y 521 hipotecas, un 13,8% más que las 458 de hace un año. Sin embargo, el desglose por tramos del año muestra un mercado que sigue creciendo, pero a un ritmo cada vez menor.

Así, en los ocho primeros meses se contabilizan 7.584 compraventas de vivienda, un 6,3% más que las 7.135 del mismo periodo de 2025. Pero ese promedio esconde una tendencia descendente. En el primer trimestre, la compraventa subió un 9,6% (2.879 operaciones frente a 2.627). Entre abril y junio, el avance bajó al 5,7% (2.915 frente a 2.758). Y en julio y agosto, juntos, se queda en el 2,3% (1.790 frente a 1.750). El rebote de agosto (+6,3%) no basta para compensar el descenso de julio (−0,7%), cuando se registraron 994 operaciones frente a las 1.001 del año anterior.

Las hipotecas sobre vivienda siguen una pauta parecida, aunque con crecimientos más altos. Suben un 17% en el primer trimestre (1.970 frente a 1.684), un 11,3% en el segundo (1.933 frente a 1.737) y un 8,4% en julio y agosto (1.184 frente a 1.092). En el acumulado, se firmaron 5.087 hipotecas, un 12,7% más que las 4.513 de enero a agosto de 2025. A diferencia de la compraventa, el crédito crece en los ocho meses del año. Marzo, con 742 hipotecas, es el mejor mes de la serie analizada.

La distancia entre ambas series se ha ampliado. Las hipotecas equivalen al 67,1% de las compraventas entre enero y agosto, frente al 63,3% del mismo periodo de 2025. Mes a mes, la proporción sube en siete de los ocho meses, aunque en mayo el avance es mínimo. Marzo es el caso más llamativo: 742 hipotecas para 981 compraventas (75,6%), frente al 63,2% de un año antes. Solo enero retrocede, del 75,5% al 70,4%.

Es un indicador aproximado, porque no toda hipoteca se vincula a una compraventa del mismo mes, ya que hay refinanciaciones y préstamos sobre viviendas que ya eran del titular.

Las cifras de 2026 son provisionales y el INE suele revisarlas. Además, los tramos de verano incluyen los meses de menor actividad del año, con pocas operaciones, por lo que pequeñas variaciones pueden mover mucho los porcentajes. Con este margen, los datos apuntan a un mercado que mantiene el crecimiento con menos fuerza que a principios de año, sin que permitan hablar todavía de un cambio de ciclo.

La junta directiva de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) ha mantenido una reunión de trabajo con el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Alejandro Hernández, a quien han presentado “un dossier de propuestas orientado a garantizar la viabilidad de las viviendas de uso turístico (VUT), las casas rurales (CR) y las viviendas turísticas de alojamiento rural (VTAR) de la provincia”.

Según ha informado Avacor en una nota, bajo el lema de 'Queremos formar parte de las soluciones, no ser tratados como el problema', la directiva de la referida asociación ha trasladado al delegado la “urgente necesidad de establecer un canal permanente de diálogo institucional y poner fin a la discriminación y la sobrecarga regulatoria que sufren las familias, propietarios particulares y pequeños gestores de viviendas locales”.

Entre sus principales peticiones, Avacor ha solicitado formalmente “el impulso de una Mesa Provincial de Turismo, con representación efectiva del sector del alojamiento turístico reglamentado en sus distintas modalidades”. A este respecto, la asociación defiende que “no se puede decidir el futuro de la oferta turística de Córdoba sin escuchar a quienes integramos este sector”.

Además, el colectivo ha expresado su “profunda preocupación por las restricciones aplicadas en la capital” de la provincia, “como la moratoria de licencias urbanísticas a tres años”, y han avisado que “estas medidas se dirigen exclusivamente contra las VUT, mientras se otorga manga ancha para la continua apertura de grandes complejos hoteleros y apartamentos turísticos controlados por fondos de inversión”.

Desde Avacor han subrayado que sus alojamientos “no atienden únicamente al turismo vacacional. Cumplen una función social indispensable dando cobertura a familias, pacientes en tratamiento médico en Córdoba, trabajadores temporales, estudiantes y visitantes que buscan una oferta asequible, habiéndose ofrecido incluso de forma solidaria a las familias afectadas por el grave accidente del AVE en Adamuz y la puesta a disposición de los mismos durante el apagón de los días 28 y 29 de abril del pasado año”.

Para Avacor, “su eliminación o restricción desmedida dejaría fuera de la provincia a miles de visitantes y estrangularía la economía local”, cuando, además, afirman no ser “la causa del problema residencial” y, de hecho, durante la reunión, la directiva de Avacor ha rechazado “que se atribuya de forma generalizada a los alojamientos turísticos la responsabilidad de la escasez o el precio de la vivienda”.

La asociación ha enfatizado que “el acceso a la vivienda requiere soluciones estructurales públicas, como la agilización de licencias, el fomento de la construcción social y la rehabilitación, y ha exigido que cualquier decisión normativa se tome basándose en datos objetivos y no en prejuicios”.

Junto a ello, Avacor ha alertado sobre “el impacto acumulado de los recientes reales decretos leyes en materia fiscal, tales como la aplicación del 10% de IVA o incrementos del IBI de entre el 50% y el 150%”, a lo que se ha sumado “el encarecimiento de tasas municipales, como las de residuos (Sadeco) o agua (Emacsa)”.

La asociación ha recordado que “en multitud de pequeños municipios de la provincia de Córdoba, las VUT, casas rurales y VTAR representan la única oferta de alojamiento disponible, siendo una vía crucial para complementar rentas familiares agrícolas y ganaderas, además de actuar como motor económico para el comercio local, la hostelería de barrio, y los servicios de limpieza y mantenimiento”.

Las principales peticiones planteadas por Avacor a la Delegación de Turismo de la Junta son la creación de “la Mesa Provincial de Turismo”, como “un foro técnico con participación activa de Avacor”, la realización de un “estudio de impacto real”, sobre “la contribución económica, fiscal y de empleo local en la provincia”, también que se garantiza “la competitividad en condiciones justas frente a grandes cadenas hoteleras y operadores de inversión”, a la vez que produce un “alivio de la presión fiscal”, y se crea un “canal directo de comunicación permanente con la Delegación Territoria,l para evaluar el desarrollo normativo”.

Más de un centenar de personas han participado este jueves 22 de octubre en la asamblea celebrada en el centro social Rey Heredia, convocada por Stop Desahucios y con el fin de impulsar la creación del Sindicato de Inquilinas en Córdoba y organizar la acción para la huelga general por la vivienda prevista para el 11 de noviembre.

A la asamblea se había invitado a participar a colectivos y personas particulares para preparar tanto los trabajos previos al día de la huelga como los del mismo 11 de noviembre, unas tareas sobre las que la plataforma Stop Desahucios ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

Así, este jueves, los promotores de la acción señalan la huelga para “transformar la indignación en organización y la rabia en lucha colectiva”, reivindicando “viviendas para vivir, no para especular; salarios que permitan vivir dignamente; y servicios públicos para todas las personas”, teniendo en el pensamiento siempre el ejemplo de Maricarmen -la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda por un fondo buitre y fallecida días después-.

“Para que nadie más tenga que sufrir un desahucio. Porque nuestras vidas valen más que sus negocios”, han señalado tras la reunión en la que se hace un llamamiento a la participación de los cordobeses en la huelga general.

Quienes quieran optar a una de las viviendas del Plan Vives ( plan por la vivienda económica y sostenible), podrán empezar a apuntarse la semana que viene, según ha anunciado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico.

Torrico, que informado de que el equipo de Gobierno del PP en Córdoba llevará el próximo lunes a la Junta de Gobierno Local la aprobación del plan, ha comunicado que, desde la próxima semana se abrirá la recepción de solicitudes en el registro de demandantes, tanto por vía telemática en el Ayuntamiento de Córdoba como en Vimcorsa, donde habrá un técnico dedicado específicamente a ello.

Así, ha precisado que quienes ya estén en el registro general de demandantes del Ayuntamiento deberán inscribirse además de forma específica para este plan. La selección de adjudicatarios se hará cuando se vayan sacando las promociones. En total, con cargo a este plan, se prevén construir más de 820 viviendas de alquiler asequible en los próximos años, repartidas en siete promociones distintas, de las que hay dos que están en redacción.

Los suelos y las cifras previstas son estas:

Torrico señaló que el reparto busca ser equilibrado por toda la ciudad, incluido el entorno del casco histórico y el centro, y que la GMU asumirá la formulación, planificación, dirección, supervisión y control del plan, que contempla la gestión directa por Vimcorsa y otras fórmulas de iniciativa pública, privada o mixta. Cinco de los suelos se sacarían de forma conjunta, probablemente mediante colaboración público-privada. También se prevé contar con ayuda estatal y europea, además de la aportación municipal.

De hecho, según ha señalado, los suelos del Campo de la Verdad y del Pretorio son los más avanzados, ya que el primero se tramita para ejecutarse dentro del plan y de una subvención europea, cuyos plazos, según Torrico, “son muy taxativos” y se están cumpliendo. En el Pretorio ya se trabaja en la redacción del proyecto, mediante gestión directa de Vimcorsa.

Solo alquiler

El presidente de la GMU insistió en que todas las viviendas serán de alquiler y lo seguirán siendo siempre. Se levantarán sobre suelos dotacionales, previstos para equipamientos públicos como educativos o deportivos. La ley de vivienda de Andalucía permite destinarlos a vivienda, pero solo en régimen de alquiler. En el caso de los jóvenes, solo podrán ocupar estas viviendas hasta los 35 años, edad a partir de la cual tendrán que abandonarlas para cederla a otro demandante. Para los mayores, hay más flexibilidad.

Cada vivienda tendrá un máximo de 45 metros cuadrados, aunque hasta el 15 % de las unidades podrá llegar a 70. Al menos un 15 % de la superficie se destinará a estancias y servicios comunes, para formar un conjunto residencial integrado. Los destinatarios prioritarios serán jóvenes y mayores, y, según la demanda, se podrá ampliar a otros colectivos.

Torrico explicó que todavía no hay precios de alquiler, que se fijarán promoción a promoción, cuando se conozca el coste de construcción. Se comprometió a que serán asequibles y “muy por debajo” de los del mercado, aunque admitió que los costes de construcción son variables y tienden al alza. El plazo estimado de ejecución del plan es de cuatro años. Torrico aclaró que las promociones irán entrando en servicio conforme se terminen, sin esperar al final de ese periodo.

Son datos, no impresiones. La vivienda y su coste es un enorme problema en España al que no es ajena la ciudad de Córdoba. El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe 'Indicadores Urbanos 2026' acaba de ponerle cifras a una situación que ya es extrema para muchas familias cordobesas. En determinados barrios de la ciudad de Córdoba comprar una casa cuesta el doble que hace una década, especialmente en las zonas de expansión inmobiliaria. El alquiler, en cambio, no ha subido tanto como los precios de venta, pero está en máximos de la serie histórica.

En concreto, el informe detalla que hay varias zonas de la ciudad donde los precios están alcanzando niveles más que alarmantes. Es el caso del área denominada Valdeolleros-Chinales, donde se han promovido varios edificios de viviendas en los últimos años. En 2016, el precio del metro cuadrado estaba en 1.035 euros. En 2025, el precio medio cerró a 2.044 euros el metro cuadrado. El incremento es el doble en este tiempo.

Los precios han crecido tanto que incluso han llegado a superar los de otra zona donde sobre el papel se supone que las casas tienen que costar más: Brillante-Naranjo. Esta zona incluye a Mirabueno y espacios también en expansión. En 2016, el metro cuadrado se pagaba aquí a 1.262 euros. Ahora a 2.025 euros. Más barato, aunque por poco, que en Valdeolleros-Chinales.

El informe también detalla cómo en el área periurbana de Córdoba (las parcelaciones) los precios están creciendo de manera más que notable. De los 847 euros el metro cuadrado que se pagaban hace diez años se ha pasado a 1.607. Y la evolución de los costes en las nuevas zonas en construcción, que se engloban dentro del área Figueroa-San Rafael de la Albaida, donde los precios se han incrementado en un 72%. La zona más cara de Córdoba para comprar sigue estando en el centro comercial, en Tejares-Molinos Alta-San Cayetano, donde el metro cuadrado se paga a 2.237 euros. Es, eso sí, un 55,3% más que hace una década.

Los precios han subido en toda la ciudad pero no de manera lineal. Hay zonas como Villarrubia y Encinarejo donde apenas han crecido un 7,3%. En estos lugares el precio medio del metro cuadrado está en menos de 1.000 euros (981). En el Sector Sur, eso sí, ya se ha superado esta cifra. Se ha pasado de pagar 799 euros el metro cuadrado en 2016 y se ha ido ya a 1.025. El incremento es superior al 28%.

El drama del alquiler: nuevos máximos históricos

Pero si los precios de compra están alcanzando cotas nunca vistas, el mercado de alquiler no se queda atrás. Los datos del INE revelan que el precio medio del alquiler en Córdoba ha alcanzado máximos históricos durante este 2025, aunque el ritmo de crecimiento ha sido menor que el de los precios de venta. Esta desproporción entre la oferta de compra y alquiler genera una brecha cada vez más grande que deja sin opciones a miles de familias cordobesas.

En las zonas de mayor crecimiento económico, como Valdeolleros-Chinales, el alquiler se ha convertido prácticamente en un lujo. Los propietarios, viendo cómo revalorizan sus inmuebles, han aprovechado para aumentar sensiblemente las rentas mensuales. Lo que hace una década era una opción asequible para jóvenes parejas o familias de clase media, ahora requiere dedicar una proporción insostenible del presupuesto familiar.

El Sector Sur experimenta una situación similar. Si el precio de compra se ha disparado un 28% en estos diez años, el alquiler ha seguido una trayectoria parecida, aunque con matices. Esto indica que el mercado de la vivienda en alquiler en Córdoba está completamente tensionado, siguiendo la estela de otras grandes ciudades españolas donde vivir de alquiler se ha convertido en una dificultad económica de primer orden.

Una ciudad fragmentada: la división entre barrios ricos y pobres en vivienda

Lo más llamativo de este informe del INE no es solo que los precios hayan subido, sino cómo han subido de manera desigual, creando una ciudad cada vez más fragmentada. Mientras en Villarrubia y Encinarejo los precios apenas han crecido un 7,3% en diez años, en Valdeolleros-Chinales se han duplicado. Esta disparidad refleja dinámicas muy concretas del desarrollo urbano cordobés.

Las nuevas zonas de expansión, especialmente Figueroa-San Rafael de la Albaida, con crecimientos del 72%, se han convertido en focos de atracción inmobiliaria. Son espacios nuevos, con viviendas modernas, servicios en construcción y la promesa de un tipo de vida diferente. En cambio, en zonas más antiguas y consolidadas como Villarrubia y Encinarejo, donde el tejido urbano ya estaba completamente formado, la dinámica ha sido diferente. Hay menos novedad, menos espacio para construir, menos atracción de promotores. Por eso los precios apenas han crecido, quedando estas áreas como refugios relativos para quienes no pueden permitirse las nuevas zonas.

Hay una zona que rompe esta pauta: el centro comercial de Córdoba, donde se concentran Tejares-Molinos Alta-San Cayetano. Aquí, los precios llevan a la lógica de siempre. Con 2.237 euros el metro cuadrado, es la zona más cara de la ciudad. Un 55,3% más que hace una década, sí, pero no con los incrementos espectaculares de Valdeolleros-Chinales o el área periurbana.

Esto tiene su explicación. El centro comercial de Córdoba ya era la zona cara en 2016. Los precios partían de una base elevada (2.237 euros en 2016 serían aproximadamente 1.440 euros actualizados, aunque hay que tener en cuenta la inflación). El crecimiento, aunque importante, ha sido menos explosivo que en las zonas de nueva expansión, donde partían de precios mucho más bajos.

Aun así, esta es la realidad: para vivir en el corazón comercial de Córdoba, en zonas bien comunicadas y con todos los servicios al alcance de la mano, hay que desembolsar más de 2.200 euros por cada metro cuadrado. Para una vivienda antigua y de 90 metros cuadrados, estamos hablando de más de 200.000 euros. Una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias cordobesas.

El boom inmobiliario se va a las parcelas

Un fenómeno destacable que recoge el informe del INE es el crecimiento de los precios en el área periurbana de Córdoba, donde se concentran las parcelaciones y las urbanizaciones de las afueras. De los 847 euros el metro cuadrado en 2016 se ha pasado a 1.607 en 2025. Esto representa un incremento del 89,7%, casi un doble también, aunque partiendo de una base más baja.

Este crecimiento refleja cómo familias que no podían acceder a los precios del centro de la ciudad han buscado opciones en las afueras. Las parcelaciones y urbanizaciones periurbanas se han convertido en refugios de la demanda reprimida. Sin embargo, incluso estos espacios han experimentado una revalorización que pone en duda su sostenibilidad como alternativa asequible a largo plazo.

La expansión periurbana también tiene consecuencias urbanísticas y ambientales que van más allá del precio. El crecimiento sin control de estas zonas ha llevado a problemas de congestión en carreteras, dificultades para dotar de servicios básicos y una fragmentación aún mayor del tejido urbano cordobés.

¿Quién compra ahora en Córdoba?

Ante estos datos, surge una pregunta inevitable: ¿quién está comprando vivienda en Córdoba en estos momentos? Los números sugieren que son fundamentalmente tres tipos de compradores.

En primer lugar, están los inversores. Propietarios con capital disponible que ve en la vivienda cordobesa un activo donde invertir. Algunos están comprando para alquilar, buscando rentabilidad en un mercado donde los precios suben y el alquiler también. Otros compran esperando que los precios sigan subiendo, apostando por la plusvalía futura.

En segundo lugar, familias que heredan capital o que tienen acceso a ahorros importantes. Son personas que hace años decidieron empezar a ahorrar para la entrada de una casa, y que con esos ahorros ahora pueden acceder, aunque sea de manera ajustada, a la compra de una vivienda. Para muchas de ellas, el proceso es angustioso: saben que deben comprar ahora o probablemente no podrán hacerlo en el futuro.

En tercer lugar, hay gente que se ve forzada a comprar porque el alquiler se ha vuelto tan caro que la hipoteca de compra resulta más barata. Este fenómeno, frecuente en grandes ciudades, está llegando también a Córdoba. Las cuotas mensuales de un préstamo hipotecario son comparables, o incluso más bajas, que el pago de un alquiler, especialmente después de que el propietario pague la hipoteca y durante muchos años no tenga que pagar nada.

Pero, al mismo tiempo, hay un cuarto grupo que está siendo completamente expulsado del mercado: jóvenes sin herencia, familias de ingresos medios-bajos, trabajadores precarios. Para ellos, ni comprar ni alquilar son opciones viables. Esta es quizás la verdadera tragedia que subyace en estos números del INE.

Comparativa con otras ciudades españolas

Para poner en perspectiva los datos cordobeses, es útil compararlos con lo que está ocurriendo en otras ciudades españolas de tamaño similar. En ciudades como Sevilla, Zaragoza o Malaga, los incrementos de precio en la última década han sido similares, a veces incluso superiores. En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los incrementos han sido más moderados en términos porcentuales, pero partiendo de bases mucho más altas.

Lo que hace a Córdoba particular es precisamente que estaba rezagada respecto a otras ciudades. Hace diez años, Córdoba era barata. Era posible comprar una casa en el centro por precios que hoy parecen de cuento de hadas, aunque, eso sí, con salarios mucho más bajos. Pero ese rezago se ha ido cerrando, y ahora Córdoba está en línea con el resto de ciudades españolas de tamaño similar.

Este proceso de “convergencia de precios” es algo que se ha visto en muchas ciudades españolas. Primero bajan o se estabilizan en una crisis, luego recuperan, y en la recuperación capturan territorio que habían perdido. Es un movimiento que genera ganadores (propietarios) y perdedores (jóvenes compradores y alquilados).

Marbella (Málaga) y San Roque (Cádiz), entre los diez municipios con la vivienda más cara de España

Marbella (Málaga) y San Roque (Cádiz) se encuentran entre los diez municipios españoles de más de 20.000 habitantes con mayor precio medio de compraventa de vivienda en 2025, con 742.787 y 605.337 euros, respectivamente, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe 'Indicadores Urbanos 2026'. Además, Torremolinos (Málaga) registra la tercera mayor subida del precio medio de compraventa desde 2013, con un incremento del 176,5%.

En concreto, Marbella ocupa la sexta posición nacional entre los municipios con la vivienda más cara, mientras que San Roque se sitúa en décimo lugar. La clasificación está encabezada por Calvià (Baleares), con 981.485 euros, seguido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 907.270 euros, y Santa Eulària des Riu (Baleares), con 888.800 euros.

En el extremo contrario, Andalucía cuenta con cuatro municipios entre los 15 con los precios medios de compraventa más bajos de España. Se trata de Loja (Granada), con 72.493 euros; Andújar (Jaén), con 76.801; Linares (Jaén), con 77.395 euros, y Palma del Río (Córdoba), con 80.913 euros.

De este modo, los datos del INE reflejan diferencias superiores a los 670.000 euros entre los precios medios de compraventa registrados en Marbella y Loja.

Por otra parte, Torremolinos es el tercer municipio español de más de 20.000 habitantes donde más ha aumentado el precio medio de compraventa de vivienda desde 2013, con un incremento del 176,5%, únicamente superado por Tías (Las Palmas), con un 180,6% y Marratxí (Baleares), con un 179,6%.

El INE toma 2013 como año de referencia por los bajos niveles alcanzados por los precios de la vivienda tras la crisis inmobiliaria.

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, Córdoba concentra dos de las tres zonas más económicas de las grandes ciudades españolas de más de 250.000 habitantes. En concreto, El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo registra 813 euros por metro cuadrado y Alcolea, 832 euros, solo por detrás de una zona de Murcia, con 783 euros.

También figuran entre las 15 zonas con los precios medios por metro cuadrado más bajos del país Los Pajaritos y Amate, en Sevilla, con 963 euros; Villarrubia-Encinarejo de Córdoba, con 981 euros; el Sector Sur de Córdoba, con 1.025 euros, y el Polígono Sur de Sevilla, con 1.033 euros.

Priego de Córdoba y Écija, entre los alquileres más bajos

Respecto al gasto mensual medio en alquiler de vivienda habitual, Priego de Córdoba (Córdoba) y Écija (Sevilla) presentan el segundo y tercer importe más bajo de los municipios españoles de más de 20.000 habitantes en 2024, con 334 y 339 euros mensuales, respectivamente, únicamente por detrás de Lalín (Pontevedra), con 330 euros.

A estas localidades andaluzas se suman Loja (Granada), con un gasto mensual medio de 342 euros, y Palma del Río (Córdoba), con 363 euros, que también figuran entre los 15 municipios con menores importes por alquiler del país.

En el caso de los barrios de las grandes ciudades, el Sector Sur de Córdoba registra el segundo menor gasto mensual medio en alquiler de España, con 430 euros, solo por detrás de una zona de Murcia, con 425 euros.

También aparecen entre las zonas con menor gasto medio en alquiler una de Sevilla, con 461 euros mensuales; el Polígono del Guadalquivir de Córdoba, con 465 euros, y Fuensanta-Santuario, también en Córdoba, con 478 euros.

La edición de 2026 de 'Indicadores Urbanos', enmarcada en el proyecto europeo Urban Audit, amplía la información sobre precios de compraventa de vivienda e incorpora datos desde 2010 para diferentes ámbitos territoriales, incluidos distritos administrativos y barrios.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara ha realizado un llamamiento a la movilización de la ciudadanía ante la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre por el problema de acceso a la vivienda.

En un comunicado en sus redes sociales, Al-Zahara muestra su “apoyo a la huelga general del 11N por la vivienda”, “llama a la movilización ciudadana y exige respuestas públicas que garanticen una vivienda digna y asequible”.

Con ello, se suma a la llamada de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) “en defensa de sus hogares y sus barrios”. En ese sentido, Al-Zahara defiende que “la vivienda es un derecho y no puede convertirse en un privilegio. No podemos aceptar que pagar un hogar obligue a renunciar a necesidades básicas, que la juventud no pueda emanciparse o que las familias tengan que abandonar los barrios donde han construido su vida”.

Ante esta situación, desde Al-Zahara exigen “a las administraciones que asuman sus responsabilidades y adopten medidas efectivas frente a los alquileres abusivos, la especulación y la falta de vivienda pública. Reclamamos protección para las familias en situación de vulnerabilidad y políticas que antepongan el bienestar de la población al beneficio económico de unos pocos”.

“Basta de trasladar a las familias el peso de un problema que exige soluciones políticas. Queremos compromisos, recursos y actuaciones que permitan vivir con dignidad”, reclaman en su comunicado.

Con todo, la Federación llama a las asociaciones vecinales y a la ciudadanía de Córdoba a respaldar la movilización del 11N. “La defensa de la vivienda también es la defensa de nuestros barrios, de sus vínculos y del derecho de quienes los habitan a seguir formando parte de ellos. Nuestros barrios no están en venta. La vivienda es un derecho. Exigimos respuestas”, concluyen.

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba, surgida en la acampada del 15M de 2011 e integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2012, ha estado en el último año valorando el nuevo ciclo de movilización en torno al derecho a la vivienda y el papel de actores como el Sindicato de Inquilinas, organización con la que se ha estado reforzando el seguimiento y la coordinación.

Como consecuencia de ello y según ha informado la plataforma en una nota, ha reafirmado en asamblea la necesidad de articularse con el Sindicato de Inquilinas y de “impulsar la creación de este sindicato en la ciudad de Córdoba, y trabajar a fondo para que la huelga general del 11 de noviembre tenga el mayor de los seguimientos”.

Con estos objetivos, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas han convocado una asamblea para este próximo jueves 22 de octubre, a las 18,30 horas en el Centro Social Rey Heredia, a la que invitan a personas y colectivos, para organizar los trabajos previos al día de la huelga y los del mismo 11 de noviembre; unas tareas sobre las que la plataforma ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

La plataforma considera que “vivimos un momento histórico, un comienzo de ciclo de movilizaciones que han de conseguir que la vivienda sea por fin un derecho y no un activo financiero en manos de rentistas, bancos, fondos buitre y especuladores”.

El objetivo es que “la vivienda sea para vivir y no para especular, que no se coma nuestros salarios, y también que no se pueda desahuciar a ninguna Mari Carmen más y que todas las familias trabajadoras y sus jóvenes puedan acceder a una vivienda sin hipotecar su vida”. Por eso, según Stop Deshaucios llama “a parar la ciudad” el 11N, “gracias al poder popular, la autorganización y el apoyo mutuo. Por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos”.

Córdoba capital no es ajena a la crisis de la vivienda que vive España, e incluso el mundo entero, en los últimos años. Trimestre a trimestre se suceden informes que señalan cómo los precios suben cada vez más y el techo parece no tener límite.

Un informe trimestral de Gesvalt Tasación señala que en la capital el precio de venta ha subido en un año por encima del 10%. El alquiler, un 6,5%. En la provincia los incrementos son más moderados, pero los precios también van al alza.

De esta manera, una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta ahora 13.230 euros más en Córdoba que hace un año, según los datos de este informe. Alquilar esa misma vivienda es 53,10 euros más cara al mes también que en el mismo día de hace 12 meses.

Los datos de Gesvalt correspondientes al segundo trimestre de 2026 sitúan el precio medio de venta de la vivienda en Córdoba capital en 1.578 euros por metro cuadrado, frente a los 1.431 euros registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 147 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 10,3%.

El encarecimiento se aprecia con claridad al trasladar estos precios a una vivienda de tamaño medio. Un inmueble de 90 metros cuadrados, tomando como referencia el precio medio por metro cuadrado, costaba hace un año alrededor de 128.790 euros. Ahora, esa misma superficie alcanza los 142.020 euros.

En términos absolutos, la diferencia asciende a 13.230 euros en apenas doce meses. Es decir, quien quiera comprar hoy una vivienda de esas dimensiones en la capital cordobesa necesita desembolsar más de 13.000 euros adicionales respecto al año pasado, sin tener en cuenta otros gastos asociados a la compraventa, como los impuestos, la notaría o el registro.

La evolución refleja una subida de los precios de venta que supera el 10% y que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para quienes buscan adquirir su primer inmueble y deben reunir el ahorro necesario para afrontar tanto la entrada como los gastos iniciales.

Alquilar una vivienda de 90 metros cuesta 872 euros al mes

El mercado del alquiler también registra una subida significativa. Según el informe, el precio medio en Córdoba capital ha pasado de 9,10 euros por metro cuadrado al mes en el segundo trimestre de 2025 a 9,69 euros en el mismo periodo de 2026. El aumento es de 0,59 euros por metro cuadrado mensual, equivalente a aproximadamente un 6,5%.

En una vivienda de 90 metros cuadrados, esa variación se traduce en un alquiler estimado de 819 euros mensuales hace un año, frente a los 872,10 euros actuales. La diferencia es de 53,10 euros cada mes.

A lo largo de doce meses, pagar ese alquiler supondría desembolsar 637,20 euros más que si se hubiera mantenido el precio del año anterior. La subida añade presión a los gastos habituales de los hogares y reduce el margen disponible para afrontar otros costes cotidianos.

Aunque el incremento porcentual del alquiler es inferior al registrado en la compraventa, el aumento mensual supone un gasto recurrente para los inquilinos. En el caso de quienes renuevan un contrato o buscan una nueva vivienda, el coste final dependerá también de las condiciones concretas del inmueble y del contrato.

La provincia también se encarece, aunque a un ritmo menor

La tendencia alcista no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia de Córdoba, el precio medio de venta ha pasado de 1.074 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025 a 1.169 euros en el mismo trimestre de 2026. La diferencia, de 95 euros por metro cuadrado, equivale a una subida aproximada del 8,8%.

En una vivienda de 90 metros cuadrados, el precio estimado ha aumentado de 96.660 a 105.210 euros. Son 8.550 euros más en un año, una subida considerable, aunque inferior a la registrada en la capital.

También se ha encarecido el alquiler provincial. El precio medio ha pasado de 8,22 euros por metro cuadrado al mes a 8,78 euros. El incremento es de 0,56 euros por metro cuadrado, aproximadamente un 6,8%.

Para un inmueble de 90 metros cuadrados, la renta mensual estimada ha subido de 739,80 euros a 790,20 euros. En este caso, alquilar cuesta ahora 50,40 euros más al mes, lo que representa un aumento de 604,80 euros en un año si se mantiene esa renta durante doce meses.

La empresa municipal Vimcorsa ha lanzado dos licitaciones para las obras de construcción de 60 viviendas de protección oficial (VPO), según ha podido comprobar este periódico en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Estos inmuebles están distribuidos en tres promociones de la capital y el anuncio llega apenas horas después del Pleno de la vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba el pasado jueves.

Una inversión conjunta que supera los 9 millones de euros -impuestos incluidos- y que están repartidos cada uno en una punta de la ciudad. De hecho, existen dos promociones de 15 VPO en San Rafael del Albaida, que cuentan con sus respectivos trasteros y plazas de aparcamiento. Más concretamente, los inmuebles se sitúan en las parcelas R1 y R2 del Plan Parcial SRA-Sur del PGOU de Córdoba. Además, cuenta con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El segundo expediente contempla la construcción de una promoción de 30 viviendas de protección oficial en régimen de venta, trasteros, plazas de aparcamiento y locales comerciales. La actuación se localiza en el Estudio de Detalle RG-2, concretamente en la calle Acera de Granada número 2. Este proyecto cuenta con un presupuesto base superior a los 4 millones de euros con impuestos y establece un plazo para la ejecución de las obras de 20 meses.

Las empresas constructoras que deseen concurrir al proceso podrán remitir sus proposiciones electrónicas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 14:00. La apertura pública de las ofertas económicas está programada de forma provisional para el 24 de noviembre de 2026.

Por otro lado, estas dos licitaciones llegan en plena irrupción mediática del tema de la vivienda en España, que incluso ha provocado que el PSOE haya adelantado las elecciones generales. Además, Córdoba vivió durante el pasado jueves un Pleno sobre estos inmuebles que se saldó, incluso, con la presencia de Stop Desahucios.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, defenderá este jueves que la ciudad ha resistido mejor la crisis de la vivienda que el conjunto de España durante el pleno extraordinario y monográfico dedicado a este problema, convocado para las 18:00. El regidor sostiene que las políticas municipales han permitido amortiguar una situación que considera cada vez más preocupante y que, a su juicio, se ha agravado en todo el país desde 2018.

Bellido ha avanzado que el gobierno municipal aprovechará la sesión para poner sobre la mesa datos sobre la evolución del precio de la vivienda, los alquileres, la oferta disponible y el número de inmuebles construidos en Córdoba, en comparación con el conjunto nacional. El objetivo, según ha explicado, es abordar el debate con cifras y transparencia, sin dejar de lado las dificultades que afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda.

El alcalde ha defendido que la crisis requiere responsabilidad por parte de todas las administraciones y empatía con quienes tienen problemas para comprar o alquilar una casa. Sin embargo, ha atribuido el agravamiento de la situación a las políticas del Gobierno central y ha reclamado un cambio de planteamiento para evitar que el problema siga creciendo.

“Dentro del mal momento que vive la vivienda en toda España, en Córdoba hemos sabido resistir mejor”, ha asegurado Bellido, que ha vinculado esta evolución a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y a su distanciamiento de las políticas estatales y de anteriores gobiernos locales.

El regidor ha situado el origen del problema en la evolución registrada desde 2018 y ha recordado que la vivienda ha pasado a ocupar un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los españoles, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Bellido ha cuestionado las medidas impulsadas por el Ejecutivo central y ha advertido de que, pese a las iniciativas legislativas aprobadas, los precios y las dificultades de acceso a una vivienda continúan siendo motivo de preocupación. También ha señalado que algunos propietarios tienen cada vez más reticencias a poner sus inmuebles en el mercado del alquiler, una circunstancia que, en su opinión, reduce la oferta disponible.

“Las cosas se han hecho rematadamente mal y, sobre todo, se han hecho con mucha demagogia”, ha afirmado el alcalde, que considera que determinadas políticas han tenido efectos contrarios a los que pretendían conseguir.

En el ámbito local, Bellido ha recordado que, cuando llegó al gobierno municipal, existían planteamientos para desclasificar suelo y limitar el desarrollo urbanístico de la ciudad. A su juicio, esa estrategia habría dificultado la construcción de nuevos barrios y la generación de más viviendas.

Más vivienda protegida y agilización de las licencias

Más allá de las críticas, el alcalde ha adelantado que el pleno servirá también para exponer las medidas municipales en marcha y las actuaciones previstas para los próximos años. Entre ellas, ha destacado la aceleración del crecimiento urbanístico de Córdoba, el aumento de la vivienda de protección oficial (VPO), la regeneración de los barrios mediante las normas urbanísticas aprobadas y la agilización de los procedimientos para conceder licencias.

Sobre este último punto, Bellido ha asegurado que el sistema implantado por el Ayuntamiento está despertando el interés de otras ciudades, que se han puesto en contacto tanto con la Administración local como con el Colegio de Arquitectos para conocer su funcionamiento.

El alcalde considera que facilitar los procedimientos administrativos y promover nuevos desarrollos residenciales son herramientas fundamentales para aumentar la oferta y responder a las necesidades de los ciudadanos. No obstante, ha advertido de que las actuaciones de los gobiernos locales y autonómicos no serán suficientes si no se produce un cambio en la política estatal de vivienda.

“Si no hay un cambio en España, por mucho que hagamos los gobiernos locales y autonómicos, el problema de la vivienda va a seguir siendo un problema que se va a agravar en el futuro”, ha señalado.

La política de alquiler de vivienda del gobierno andaluz de PP y Vox es en la actualidad una de las políticas que mayor desigualdad social generan en Andalucía. Mientras que un alto cargo de la Junta de Andalucía que viva a 70 kilómetros de distancia de la sede física del puesto de designación percibe hasta 2.000 € al mes en concepto de alquiler, por el contrario un joven de entre 18 y 35 años o una familia vulnerable perciben hasta 250 € al mes por el mismo concepto. El gobierno de Moreno Bonilla en 2026 destinará 19.494.000 € para la financiación del bono de alquiler entre la ciudadanía andaluza —para el que disfrutarán unos 5.700 beneficiarios si las cifras son parecidas a las del año 2025—, toda vez que destinará en torno a 2.112.000 € al alquiler de vivienda entre unos 80 altos cargos del gobierno andaluz.

Esta política, además de resultar obscena, por suponer un privilegio moralmente cuestionable cuando decenas de miles de familias viven con gran dificultad económica para hacer frente a los altos costes de alquiler de la vivienda, tiene un alto impacto en la generación de desigualdad social en la población andaluza. Lo es porque el gobierno de Moreno Bonilla bonifica a jóvenes de entre 18 y 35 años solo cuando sus ingresos sean menores de 25.200 € anuales y a familias vulnerables con ingresos inferiores a los 33.600 €, además de limitar el coste de alquiler al que pueden acceder, no pudiendo superar los 600 o los 900 € mensuales para viviendas completas y 300 y 380 € por habitación, según los grupos de municipios del Plan Vive. 

Sin embargo, la política de indemnización de alquiler de vivienda para altos cargos del gobierno andaluz de PP y Vox —que igualmente paga toda la ciudadanía andaluza con sus impuestos— indemniza el alquiler hasta 2.000 € al mes, con independencia de la renta o las propiedades de las que disfruten estos altos cargos. Esto significa que un alto cargo de la Junta, cuyas tablas salariales se sitúan entre los 67.312,42 € de un delegado territorial del gobierno andaluz, los 80.221,68 € de un director general, los 83.448,96 € de un Secretario General, los 83.448,96 € de un Viceconsejero o los 88.059,44 € de un Consejero (sin incluir trienios y otro tipo de complementos), puedan disfrutar de otros 24.000 € al año en concepto de alquiler de vivienda, y más allá de otro tipo de privilegios a su disposición (dietas de manutención, dispositivos móviles, vehículos oficiales, etc.). 

En cambio, una unidad familiar que cuente con unos ingresos anuales de 25.000 € y que tenga que afrontar un alquiler de 8.400 € al año (700 euros mensuales), la ayuda para el alquiler proporcionada por el bono de la Junta de Andalucía sería de unos 3.000 euros. La desproporción es extraordinaria, pues para un alto cargo que ingresa 88.059,44 € la ayuda al alquiler es de 24.000 €, mientras que para las unidades familiares que ingresan 25.000 € la ayuda al alquiler es de 3.000 €.

Pero no todos los altos cargos disfrutan de esta prebenda en igual grado. Tal como está publicado en la Página de Transparencia de la Junta de Andalucía, entre los grandes beneficiarios de esta indemnización por alquiler de vivienda entre los altos cargos de la Junta de Andalucía destacan Carlos Arturo Bernal Bergua, Carolina España Reina y Loles López, los tres consejeros del gobierno de Moreno Bonilla. Disfrutando solo estos tres cargos de unos ingresos cada uno de ellos de 88.059,44 € más complementos, perciben 24.000 euros de indemnización de alquiler cada uno de ellos. Algo que es obsceno cuando, según las declaraciones de interés patrimonial presentadas en el Parlamento de Andalucía, tanto la Consejera Carolina España Reina como la Consejera Loles López ya disponen de varias viviendas en propiedad cada una de ellas, además de acciones financieras y otros bienes. Con respecto a Carlos Arturo Bernal Bergua, pese a que la legislación obliga a hacer pública en la ficha de diputado sus bienes patrimoniales, esta información no está publicada.

Es cuanto menos reseñable que en declaración ante la prensa la misma Consejera de Economía y Hacienda que disfruta de esta prebenda de 2.000 € al mes para pagar su piso de alquiler en Sevilla, Carolina España, aun disfrutando de dos viviendas, dijera, en relación a los presupuestos del gobierno de 2026, que “estos son los presupuestos de la gente, de los andaluces” y que “hoy podemos decir que cada vez dedicamos más recursos a mejorar la vida de los andaluces”. Cabría entender que mejorar los recursos de ella misma, pues disfruta de más recursos públicos que el resto de andaluces para pagar el alquiler de su vivienda.

Por último, la política de indemnizaciones y ayudas por alquiler del gobierno de Moreno Bonilla también representa un trato desigual para con el conjunto del personal de la Junta de Andalucía. No en vano, si un profesor o profesora interinas andaluzas, o personal sanitario que sea llamado de la bolsa de sustitución, que, por razones residenciales y escolares en su familia, tenga que desplazarse a diario al trabajo desde la ciudad que reside a otra diferente para ocupar el puesto, o alquilar un alojamiento temporal para estar cerca de su puesto laboral en un centro educativo u hospital, no disfruta de absolutamente ningún tipo de indemnización en concepto de alquiler ni de desplazamiento, lo que detrae en forma de costes parte de los ingresos percibidos y deteriora su capacidad adquisitiva.

En consecuencia, sí se puede afirmar de manera categoría que la política de alquiler de vivienda del gobierno andaluz del Partido Popular y Vox beneficia obscenamente a sus altos cargos y trata con perjuicio y agravio al conjunto de la ciudadanía andaluza, más aún cuanto más vulnerable y joven, e incluso al resto del personal de la administración andaluza, siendo fuente de desigualdad social desde su gestión, de forma consciente y deliberada.

David Moscoso es Catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba

La Asociación Vecinal Regina Magdalena (AVRM) ha elaborado y remitido oficialmente al alcalde un Programa de viviendas de alquiler asequible para el Casco Histórico que contiene una serie de propuestas concretas para facilitar el acceso a alquileres asequibles en esta zona, en un momento de alza de precios de alquiler de larga temporada y de profunda turistificación. 

La AVRM plantea estas medidas en el marco de una emergencia habitacional-social, más evidente ahora que nunca que también padece la ciudad de Córdoba y requiere una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento. 

En el escrito remitido al alcalde y facilitado a los medios, la AVRM pone de manifiesto la urgencia de actuaciones municipales que garanticen el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, y que podrían ponerse en marcha desde ahora y en los próximos 4 años. 

El Programa propone tres medidas concretas: 

Estas medidas pretenden posicionar el Casco Histórico como área asequible donde desarrollar un proyecto de vida, frente a una situación actual en la que los alquileres de larga duración experimentan subidas de precio y escasean en número, debido en gran parte a la presión turística y a la especulación que se produce reteniendo y no construyendo o rehabilitando solares y edificios sin uso. También pretenden frenar su turistificación, dado que el Casco es el distrito que concentra el 60% de todas las plazas turísticas de la ciudad, con claros indicios de saturación en varias calles o zonas, donde ya se registran más alojamientos turísticos que vecinos residentes.  

La propuesta se ha enviado al alcalde para que impulse de forma urgente este Programa, a los grupos municipales para que la estudien y apoyen y al resto de asociaciones vecinales del Casco Histórico para su conocimiento y posibles iniciativas coordinadas.

En el año 1976 mis padres compraron una vivienda de nueva construcción con la que complementar sus ingresos, pensando en el futuro. A través de unos conocidos alquilaron aquel piso a una pareja joven de recién casados que llegó con las mejores referencias. Él tenía un buen trabajo como funcionario y ella, como la mayoría, ama de casa. Los perfectos inquilinos. 

El contrato de arrendamiento lo firmaron el 1 de abril de 1976. La renta, 59.364 pesetas al año, pagadera en 12 mensualidades y la duración un año. Para los que nacieron después del 2000, o para los que ya no se acuerdan del cambio, la renta mensual equivalía a 29,72 euros actuales.

Ese contrato, como no podía ser de otra manera, estaba sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos entonces vigente. Esto es, la Ley de 1964, una ley netamente franquista que, atención, era absolutamente protectora de los derechos de los inquilinos. Tanto, como para establecer la renovación indefinida de los contratos -mientras el arrendatario quisiera- y la congelación de la renta. ¿Les suena? Sí, como lo oyen. 

Y así fue como aquella pareja, alta y estilosa, estrenó el piso de mis padres, un piso con ascensor, tres grandes dormitorios, todo exterior, un gran salón, baño, cocina y hasta dos terrazas. Tenían toda vida por delante. Y tanto que sí.

España estaba inmersa en aquel momento en una transición compleja. El 4 de mayo de aquel año apareció el diario El País, publicando su primer número. El Rey Juan Carlos visitó Estados Unidos dando un discurso en el que se comprometió a democratizar España y en julio dimitió el presidente Arias Navarro, llegando al cargo Adolfo Suárez. 

En aquel momento el objetivo no eran las viviendas, sino la libertad. Una palabra que se gritaba a pleno pulmón en cada esquina, tal vez porque no había ninguna, mientras que viviendas había y, además, de protección oficial, amén de unos alquileres completamente blindados por la Ley. Tal cual. Lo que petaba entonces no era acampar por la vivienda, sino correr delante de los grises. 

Pasaron los años, llegó la Constitución y España empezó a oler de otra manera. Ya no era rancia. Tanto, que en 1985 aparece en escena un ministro socialista que se convierte en la estrella, hasta del papel couche. Economista, socialdemócrata, con mucho glamour, porte elegante y muy proclive a la liberalización económica de los mercados para que España creciera. Uno de sus objetivos para reactivar la economía, el estancado mercado de la vivienda y los alquileres.

Así que el socialista se marcó un Real Decreto-Ley y pulverizó todas las prebendas franquistas que hasta entonces tenían los inquilinos. Se acabó la prórroga forzosa obligatoria para los nuevos contratos; liberalizó el precio de la renta en base solo a la oferta y la demanda y dio rienda suelta a la duración del contrato: la que libremente fijarán las partes. Toma ya.

Mientras esto ocurría, la pareja de inquilinos de mis padres seguía con su vida adelante. Tuvieron descendencia, cada año prorrogaban sin problema su contrato y, además. seguían pagando exactamente la misma renta que el primer mes de 1976, pese a que habían pasado nueve años y la economía española había mejorado de manera importante. La modernización culminaría con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. 

A Juan y Mari, llamaremos así a nuestros inquilinos, les importó un pepino el Decreto Boyer y lo que supuso en el mercado de vivienda. Tanto supuso ese Decreto socialista, que fue el momento en que los baby boomers empezaron a comprar como locos sus propias viviendas. Y es que el alquiler ya no era nada seguro… salvo para Juan y Mari. Como el decreto Boyer no tenía efectos retroactivos y ellos seguían blindados por la ley franquista del 64, con sus prórrogas infinitas y cero actualización de la renta… ¿para qué iban a comprar, o tratar de mejorar ? 

Estaban donde ahora queremos estar. 

(continuará) 

El mapa de las rentas inmobiliarias de Córdoba dibuja una ciudad de contrastes y que, en algunos barrios, ha cambiado en la última década y media. Especialmente en las zonas de expansión periférica, donde los ingresos declarados por bienes inmuebles han crecido más del doble entre 2013 y 2024. En otros, las cantidades medias percibidas siguen siendo, como siempre lo han sido, muy superiores a las del resto de la capital. Ese es, a grandes rasgos, el mapa que ofrece la Agencia Tributaria, que ha actualizado el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 66 mayores ciudades españolas.

Esta estadística, recogida por elDiario.es a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2024, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades, el origen de los ingresos y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual. En el caso de los ingresos procedentes de bienes inmuebles (esto incluye tanto viviendas como locales, terrenos…), cuando hablamos de renta inmobiliaria media de un barrio no quiere decir que todos los que residen en él reciban dinero por el alquiler de viviendas. Es la media entre el número total de declarantes, incluyendo tanto a quienes tienen este tipo de fuente de ingresos como a los que no.

En Córdoba, el ejemplo más llamativo es Centro-Avenida de América, donde la renta inmobiliaria media alcanza los 3.540 euros anuales por declarante, frente a los 209 euros del Sector Sur-Polígono del Guadalquivir. Los datos de la Agencia Tributaria muestran una fotografía de la ciudad con dos realidades: el avance de las rentas inmobiliarias en zonas periféricas y la concentración de las cantidades medias más elevadas en determinados barrios del centro y de su entorno.

La estadística no mide directamente el patrimonio inmobiliario de cada hogar ni el precio que pagan los inquilinos por sus viviendas. Refleja los ingresos declarados por bienes inmuebles, distribuidos entre el conjunto de contribuyentes de cada código postal. Aun con esa limitación, ofrece una perspectiva útil para analizar cómo se reparten territorialmente los rendimientos asociados a la propiedad inmobiliaria.

Centro-Avenida de América encabeza las rentas inmobiliarias

El código postal 14008, correspondiente a Centro-Avenida de América, sobresale en los datos disponibles con una renta inmobiliaria media de 3.540 euros anuales. La cifra se sitúa muy por encima de la del resto de las zonas que aparecen en el buscador y supera en casi 17 veces la registrada en el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir. A continuación figura San Basilio-Parque Cruz Conde-Alameda del Obispo, con 1.268 euros anuales, seguido de San Pedro-Santiago-La Magdalena, con 1.233 euros. En ambos casos, los ingresos medios declarados por este concepto se sitúan por encima de los 1.200 euros al año.

La diferencia entre estas cantidades y las de otros barrios evidencia que las rentas inmobiliarias no se distribuyen de manera homogénea por Córdoba. No obstante, el dato medio no significa que todos los residentes de estas zonas reciban esos importes. Una parte de los declarantes puede concentrar ingresos elevados procedentes de alquileres, locales comerciales, terrenos u otros bienes, mientras que otros no perciben ninguna renta inmobiliaria.

Por ello, las cifras permiten identificar dónde se registran mayores ingresos medios por este concepto, pero no determinar por sí solas cuántas viviendas tiene cada propietario, cuál es el valor de mercado de los inmuebles ni qué proporción de la población vive de los alquileres.

Villarrubia y El Tablero: los mayores incrementos de la última década

Si se observa la evolución en lugar de las cantidades absolutas, el mapa cambia. En el extrarradio, concretamente en la barriada de Villarrubia, se registra el mayor incremento entre las zonas mostradas: sus rentas inmobiliarias medias pasan de 331,5 euros en 2013 a 677 euros en 2023, lo que supone un aumento del 104,2% (se han duplicado). El Tablero, una zona de expansión poblada de urbanizaciones, también destaca por la evolución de sus ingresos declarados.

En esta zona, que se ha ido conformando en las últimas dos décadas, la renta inmobiliaria media también se ha duplicado desde 2013 hasta alcanza los 870 euros, según los datos de la AEAT. Ambos casos reflejan que algunas zonas han experimentado un crecimiento muy intenso de los rendimientos inmobiliarios durante la última década. El avance de Villarrubia resulta especialmente significativo porque parte de una cantidad inicial inferior a la de los barrios con mayores rentas medias.

En cualquier caso, es muy probable que esto se deba a que estos núcleos periféricos se han llenado de vecinos de Córdoba que se han mudado al extrarradio y han alquilado sus antiguas viviendas o inmubles, que habían adquirido con ahorros, financiación o a través de herencias. Ocurre también en Valdeolleros-Huerta de la Reina, una zona tradicional de Córdoba que, especialmente en la última década también se ha llenado de urbanizaciones hacia el este, y que se sitúa en una posición intermedia en el mapa de las rentas inmobiliarias de Córdoba. Los contribuyentes de este código postal declaran una media de 941 euros anuales por ingresos procedentes de bienes inmuebles, un 40,5% más que en 2013.

Los barrios con menos ingresos inmobiliarios

En el extremo inferior de la clasificación aparece el Sector Sur-Polígono del Guadalquivir, con una renta inmobiliaria media de 209 euros anuales. Es la cantidad más baja entre los códigos postales visibles en las dos capturas, pese a que la evolución desde 2013 refleja un incremento del 58,9%. El Sur, tradicionalmente deprimido, también genera rendimiento patrimonial.

Le siguen Fuensanta-El Arcángel, con 389 euros; Levante, con 466 euros; Fray Albino, con 477 euros; y Fátima-Parque Figuiana-Cañero, con 519 euros. Estas cifras muestran que una subida acumulada considerable puede coexistir con unos ingresos medios todavía modestos.

Fray Albino, por ejemplo, registra un incremento del 60,5% desde 2013, hasta situarse en 477 euros. El Sector Sur aumenta un 58,9%, mientras que Alcolea crece un 56%, hasta alcanzar los 635 euros anuales. En estos casos, el aumento porcentual no basta para situar a los barrios entre los que tienen mayores rentas inmobiliarias.

La lectura conjunta de las cantidades y de su evolución permite distinguir entre los barrios donde estos ingresos parten de niveles bajos y crecen con rapidez y aquellos donde las rentas medias declaradas son más elevadas. Son dos dimensiones distintas de la misma realidad económica.