La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha lamentado este lunes que el Consistorio “siga sin contar con un servicio especializado que informe, asesore y acompañe a la ciudadanía en materia de vivienda”, por lo que ha reclamado nuevamente al gobierno municipal del PP “la creación de una Oficina Municipal de la Vivienda”.

Según ha informado el PSOE en una nota, se trata de una propuesta que el Grupo Municipal Socialista ha defendido en distintas ocasiones durante este mandato y que considera “imprescindible para adaptar el Ayuntamiento a una realidad incuestionable, ya que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía”.

Moya ha señalado que “la dificultad para acceder a una vivienda ya no afecta solo a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Hoy preocupa a miles de cordobeses y cordobesas, a jóvenes que quieren emanciparse y no encuentran un alquiler asumible, a familias que buscan una vivienda sin éxito, a propietarios que necesitan información sobre ayudas o rehabilitación, a comunidades de vecinos que quieren mejorar la eficiencia energética de sus edificios, y también a quienes atraviesan un conflicto relacionado con su vivienda o afrontan un procedimiento de desahucio sin saber dónde acudir”.

La edil socialista ha recordado que “la provincia de Córdoba registró durante el primer trimestre de 2026 el mayor incremento de desahucios de Andalucía, con una subida del 34,6%, un dato que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las herramientas públicas de información, asesoramiento y prevención”, y “el verdadero problema es que hoy no existe una puerta única en el Ayuntamiento para atender todas estas situaciones”.

Ahora, “si un vecino quiere solicitar una ayuda al alquiler, informarse sobre vivienda protegida, rehabilitar su vivienda, resolver un conflicto entre propietario e inquilino o necesita asesoramiento porque puede perder su casa, tiene que recorrer distintos servicios y administraciones”, lo que evidencia que “Córdoba necesita una puerta única donde cualquier ciudadano encuentre información, orientación y acompañamiento desde el primer momento”.

Para Moya, resulta difícil de justificar que el Ayuntamiento de Córdoba disponga de oficinas especializadas en ámbitos como consumo, turismo, comercio o atención ciudadana y, sin embargo, “no exista una Oficina Municipal de la Vivienda, precisamente cuando el acceso a la vivienda figura entre las mayores preocupaciones de la sociedad”.

“La vivienda merece un servicio especializado. No hablamos de crear más burocracia, sino de acercar la administración a la ciudadanía y hacerla más útil. Una única puerta de entrada para resolver dudas, tramitar ayudas, mediar en conflictos y coordinar todos los recursos relacionados con la vivienda”, ha explicado.

La concejala socialista ha agregado que esta oficina “permitiría centralizar la información sobre vivienda protegida, alquiler asequible, ayudas públicas, rehabilitación y eficiencia energética; ofrecer asesoramiento jurídico y mediación entre propietarios e inquilinos; coordinar los recursos municipales con otras administraciones y facilitar que el Ayuntamiento disponga de un mejor conocimiento de la realidad de la vivienda en Córdoba para diseñar políticas públicas más eficaces”.

Además, ha recordado que esta herramienta funciona desde hace años en numerosos ayuntamientos españoles, por lo que “no estamos proponiendo nada extraordinario, sino que Córdoba deje de ser una excepción y disponga de un servicio que ya existe en muchas ciudades”. Por eso, Moya ha lamentado que, pese a las distintas iniciativas presentadas por el PSOE durante este mandato, “el gobierno municipal del PP siga sin impulsar esta oficina”.

Córdoba se sitúa como la décima capital de provincia en España con mayor proporción de viviendas que lindan con el monte, según un reciente estudio elaborado por Homefax, una herramienta que analiza riesgos físicos en inmuebles. Los datos han revelado que la capital cordobesa es uno de los puntos críticos donde el crecimiento urbano se encuentra directamente con la vegetación silvestre, aumentando la vulnerabilidad ante posibles incendios forestales.

En concreto, el 18,1% de la superficie construida de Córdoba se encuentra a menos de 100 metros de una masa forestal. Esta situación es fruto de que la ciudad se extiende justo al pie de Sierra Morena, lo que provoca que una parte significativa de sus barrios y urbanizaciones del norte linden directamente con grandes extensiones de bosque y matorral.

El concepto de este análisis realizado por Homefax es la interfaz urbano-forestal (IUF), que se define como la franja donde las casas se mezclan con la vegetación natural. Es en este territorio donde un incendio deja de ser un problema forestal para convertirse en una amenaza directa para las personas y sus bienes, ya que es el punto exacto donde el fuego puede saltar del monte a los domicilios.

Para alcanzar estas conclusiones, el informe ha utilizado tecnología satelital del programa europeo Copernicus (ESA WorldCover) con una resolución de 10 metros, cruzando estos datos con los límites municipales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La metodología empleada se basa en estándares científicos internacionales que consideran “masa forestal” a manchas de vegetación de al menos 5 kilómetros cuadrados, excluyendo así parques o arbolado urbano menor.

El estudio dibuja una 'España partida en dos' en cuanto a la exposición al monte. Mientras que ciudades gallegas y cántabras como Ourense (37,1%) o San Sebastián (36,5%) encabezan la lista por estar encajadas en valles boscosos, Córdoba destaca en el sur junto a Jaén, que ocupa el tercer puesto nacional. En el extremo opuesto se encuentran ciudades como Sevilla, Cádiz o Almería, cuyas viviendas lindan con el mar o cultivos, pero apenas con masas forestales.

Los bomberos del Servicio de Protección y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han tenido que acudir en la madrugada de este lunes a sofocar un incendio que ha afectado a una vivienda de Córdoba capital.

Según explican a este periódico, el incendio se produjo a las 3:48 en una vivienda de la calle Conquistador Ruiz Tafur, al parecer, originado en la cocina del inmueble. Bomberos del parque de El granadal con apoyo del parque central han acudido a sofocar el fuego.

El incendio ha afectado a la cocina, sin que se haya visto afectadas otras partes de la vivienda ni haya habido personas heridas, según señalan los bomberos.

Por otra parte, a primera hora de la mañana, un fuerte olor a gas ha llevado a los bomberos a acudir a la calle Patio Pico Almanzor, en el barrio de Las Palmeras, sin que finalmente se haya detectado ninguna fuga.

La vivienda continúa siendo uno de los problemas más presentes en la vida de los españoles, y Córdoba no se libra en este sentido. Según los datos aportados por el portal pisos.com a mayo de 2026, para adquirir un piso de 90 metros cuadrados en la capital cordobesa, el precio medio se sitúa en los 145.492 euros. Una cifra que implica que un comprador debe disponer de un ahorro cercano a los 45.000 euros para solicitar una hipoteca.

De hecho, y para una vivienda de estas características, la entrada necesaria -que incluye el 20% del valor del inmueble más un 10% adicional para gastos e impuestos- asciende a 43.600 euros. Un umbral de ahorro que supone una barrera, sobre todo, para los más jóvenes. En la capital de Córdoba, para concretar en más datos, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se ha fijado en 1.617 eyros.

El importe que debe entregar un cordobés

La realidad del ahorro en Córdoba muestra que la tendencia es claramente al alza. Si un comprador cordobés tiene ahorrados 40.000 euros, todavía le faltarían 3.648 euros para cubrir el desembolso inicial requerido para un piso estándar de 90 metros cuadrados. Aquellos que solo dispongan de 30.000 euros se enfrentan a una brecha mayor, necesitando 13.648 euros adicionales para completar la operación, mientras que solo a partir de los 50.000 euros ahorrados se puede afrontar la compra con un margen de seguridad de 6.352 euros.

Al comparar la situación de Córdoba con el resto de Andalucía, la capital se encuentra en una posición intermedia. Los 43.648 euros necesarios en Córdoba son superiores a los que se requieren en Jaén (34.320 euros) o Huelva (41.250 euros), y muy parecido a Almería (43.724 euros). Sin embargo, la capital califal sigue siendo más accesible que Málaga, donde se necesitan 106.628 euros de entrada, Cádiz (84.855 euros) o Sevilla (70.770 euros).

A nivel nacional, la brecha se acentúa según la provincia. Mientras que en ciudades como Donostia-San Sebastián o Madrid los ahorros necesarios para la entrada se disparan hasta los 178.487 euros y 172.987 euros, respectivamente, Córdoba mantiene una posición moderada. En el otro extremo, capitales como Zamora (35.244 euros) o Ávila (39.702 euros) presentan las barreras de entrada más bajas de todo el país.

En el contexto de Castilla y León, ciudades como León presentan una situación muy similar a la de Córdoba, con una necesidad de ahorro de 43.780 euros para una vivienda del mismo tamaño. Otras capitales de provincia con precios por metro cuadrado parecidos a los de Córdoba (1.617 €/m2) incluyen a Castellón de la Plana (1.571 €/m2) o Murcia (1.663 €/m2), donde los ahorros necesarios rondan también los 42.000 y 45.000 euros.

El panorama turístico en Córdoba ha experimentado un crecimiento notable en los últimos siete años, impulsando por el auge de las viviendas de uso turístico (VUT). Según datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network de Eurostat, las pernoctaciones en alojamientos de corta estancia contratados a través de plataformas como Airbnb, Booking o Expedia han pasado de las 643.311 registradas en 2018 a un volumen proyectado de 1.792.521 en 2025. Este incremento supone que la demanda en estos canales se ha triplicado en menos de una década.

Un crecimiento en Córdoba que sobresale especialmente cuando se compara con la media nacional. En el conjunto de España, las reservas en este tipo de plataformas se han duplicado en el mismo periodo, pasando de 94 millones en 2018 a los 189 millones de pernoctaciones previstos para el cierre de 2025. Mientras que el país muestra un crecimiento del 100%, la escalada cordobesa roza el 180%.

A nivel regional, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma que lidera la tabla en toda Europa, con más de 50 millones de pernoctaciones anuales en viviendas turísticas. Dentro de esto, Córdoba ha logrado hacerse un hueco. Aunque haya provincias como Málaga que ha pasado a tener 26 millones de pernoctaciones en 2025 o Sevilla que ha tenido 7,3 millones, el ritmo de aceleración de córdoba demuestra que el turismo está captando una cuota cada vez mayor.

Como viene siendo habitual, este aumento ha sido gracias, en parte, al turismo extranjero. En 2018, las pernoctaciones de residentes fuera de España en VUT cordobesas apenas rozaban las 300.000; para 2025, esta cifra se ha disparado hasta alcanzar las 1.164.968 pernoctaciones. Por su parte, el turismo nacional también ha crecido con fuerza, duplicando sus cifras desde las 346.556 noches iniciales hasta superar las 804.000.

Por otro lado, y según ha informado elDiario.es, el alquiler vacacional en Córdoba se enmarca en un cambio estructural del sector en toda España. Mientras las reservas en plataformas digitales se han duplicado a nivel estatal desde 2018, las pernoctaciones en hoteles apenas han crecido un 8% en el mismo periodo. Además, el Banco de España ha advertido recientemente que el agua de la vivienda turística ejerce una presión directa sobre el mercado del alquiler residencial.

Tanto es así que en ciudades como Sevilla o Málaga, donde el fenómeno está más consolidado en el día a día de la sociedad, las VUT ya representan cuotas cercanas al 10% del mercado del alquiler un escenario que Córdoba empieza a vislumbrar.

Por otro lado, y a pesar de que la creación de registros únicos y los intentos de control municipal, las regulaciones llegan tarde frente al aumento de la demanda. Tanto es así que en zonas de Andalucía y en otros puntos del Mediterráneo existe un descontento social por la situación ha provocado protesta.

A nivel climático, Córdoba también se enfrenta a multitud de dudas. Mientras el norte de España está experimentando crecimientos de hasta el 260% al ser percibido como un “refugio climático” frente al calor extremo del sur, la provincia cordobesa ha logrado mantener su atractivo turístico a través de estas plataformas.

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba han acudido a sofocar un incendio declarado en una vivienda en la barriada periférica de Alcolea.

Fuentes municipales han confirmado que los efectivos se han desplazado hasta el lugar, una vivienda en el Camino de Azud, donde se encontraban actuando pasadas las 13:00 de este jueves.

La Policía Local también se ha desplazado hasta la zona, sin que hasta el momento se conozcan más detalles del suceso.

Cerca de un centenar de personas ha secundado la concentración organizada por el Movimiento por la Vivienda de Córdoba (MVC) que ha tenido lugar durante la tarde de este sábado frente al Ayuntamiento de la capil. Esta misma concentración se ha llevado a cabo también en las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, siendo la de Córdoba la menos numerosa.

Durante el acto, los asistentes han denunciado tanto “la omisión como la actuación a favor de especuladores por parte del Gobierno central y la Junta de Andalucía”. De igual manera, han criticado la gestión del Ayuntamiento de Córdoba, afirmando que este ha descuidado los barrios para favorecer a “especuladores y buitres”.

En cuanto a las demandas, los manifestantes han exigido “la paralización de todos los desahucios y la garantía de una vivienda gratuita, universal y de calidad”. Asimismo, han rechazado que la vivienda sea tratada como un “activo de mercado” y han señalado “la necesidad de combatir la gentrificación en la ciudad”.

Los organizadores han asegurado que esta movilización ha pretendido ser un “golpe en la mesa” y un aviso de que la “barra libre para los rentistas en la ciudad se ha terminado”.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este martes que el balance real en políticas de vivienda del gobierno municipal de “siete años en blanco, precios públicos de lujo y cero pisos construidos”, por lo que ha acusado al alcalde, José María Bellido, de “vivir en una realidad paralela” cuando habla de vivienda y al PP de “construir un relato ficticio que nada tiene que ver con la situación real que sufren miles de familias cordobesas”.

En una rueda de prensa, la edil ha manifestado que “escuchar al alcalde hablar de vivienda es escuchar un cuento de hadas que insulta la inteligencia de los cordobeses”, porque “presume de un escenario idílico apropiándose de cifras que no le pertenecen y presentando como propios resultados que corresponden exclusivamente a la iniciativa privada”, ha señalado Moya.

La concejal socialista ha reconocido que “Córdoba está creciendo”, pero ha precisado que “crece a pesar de Bellido”. En este sentido, ha recordado que “gran parte de la actividad residencial que el alcalde exhibe como un éxito de gestión responde al impulso privado vinculado al desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra, mientras que la aportación municipal se ha limitado a cumplir con las obligaciones administrativas necesarias para su desarrollo”.

“Después de siete años de mandato, la realidad es que Bellido no ha construido ni una sola vivienda proyectada por su propio equipo de gobierno”, ha afirmado Moya, para agregar que “las promociones entregadas durante estos años --San Jerónimo, Sama Naharro y Don Rodrigo-- fueron diseñadas, proyectadas y tramitadas durante mandatos anteriores”. “Su gestión en materia de vivienda es una auténtica pantalla en blanco que mide el éxito por lo que hacen otros o por promesas que siempre quedan situadas en un futuro indefinido”, ha añadido.

También, ha criticado que “el alcalde omita deliberadamente datos relevantes para ofrecer una imagen distorsionada de la realidad”. Entre ellos, ha citado “el crecimiento de las viviendas de uso turístico, que se han duplicado en el último año y están devorando progresivamente el parque residencial de los barrios, especialmente en el casco histórico, donde ya representan un porcentaje cada vez más significativo de la oferta inmobiliaria”.

Mientras tanto, ha reprochado, “la vivienda protegida ha disminuido de forma continuada durante los gobiernos del PP”. “Ni siquiera se alcanza el 30% de reserva obligatoria que marca la normativa vigente”, ha indicado. Por ello, considera que “el reciente anuncio del alcalde de elevar al 50% la edificabilidad destinada a vivienda protegida no es más que publicidad engañosa”.

Así, ha advertido de que “quien no cumple el mínimo legal del 30% difícilmente va a cumplir el 50%”, a lo que ha agregado que “sus hechos no reflejan compromiso social alguno; reflejan desesperación propagandística”.

“Precios en máximos históricos”

Moya ha subrayado además que “los precios de la vivienda en Córdoba se encuentran en máximos históricos”. “Al alcalde le gusta compararse con la media nacional para diluir el problema, pero oculta que Córdoba es una de las provincias andaluzas donde más se ha acelerado el incremento de los precios en los últimos años”, ha señalado.

Según ha expuesto la edil, “el esfuerzo económico que deben realizar las familias cordobesas para acceder a una vivienda crece a un ritmo superior al de otras capitales andaluzas”.

Asimismo, ha alertado sobre “el aumento de los desahucios registrados en la provincia y la situación de las miles de personas inscritas como demandantes de vivienda”. “La lista de espera de Vimcorsa ya alcanza los 8.000 solicitantes y sigue creciendo sin que el gobierno municipal ofrezca soluciones reales”, ha advertido.

Viviendas públicas a 210.000 euros

Por otra parte, la concejal ha puesto el foco en las promociones públicas impulsadas recientemente por el Ayuntamiento, cuyos precios considera “inasumibles para buena parte de la ciudadanía”. “Cuando por fin, después de siete años en blanco, el Consistorio decide promover vivienda propia, lo hace a precios prohibitivos”, ha criticado, para apuntar que “mientras el precio medio de una vivienda en Córdoba ronda los 154.000 euros, el gobierno del PP impulsa promociones que superan los 200.000 euros”.

En este sentido, ha recordado que “el propio Ayuntamiento ha pasado de comercializar viviendas en San Jerónimo por alrededor de 160.000 euros a ofertar pisos en la promoción del Campo de la Verdad por unos 210.000 euros”. “Es inaceptable que una administración pública contribuya al encarecimiento de la vivienda en lugar de actuar como elemento corrector del mercado”, ha señalado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado en reiteradas ocasiones “una reducción del 10% en el precio de las promociones públicas aprovechando que el suelo es de titularidad municipal”. “Esa sí sería una medida útil para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias que tienen completamente cerradas las puertas del mercado libre”, ha defendido.

De igual modo, Moya ha llamado la atención sobre “las personas que dependen del alquiler para acceder a una vivienda”. “El esfuerzo económico para pagar un arrendamiento también se ha disparado y obliga ya a muchas familias a destinar una parte muy importante de sus ingresos únicamente a mantener un techo”, ha lamentado.

La edil socialista ha recordado que “buena parte de estos hogares se han beneficiado de medidas impulsadas por el Gobierno de España, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional”, pero ha advertido de que “el alivio que generan las políticas sociales del Gobierno central queda neutralizado por la falta de actuación del Ayuntamiento en materia de vivienda”.

“Exigimos al alcalde que abandone esa realidad paralela en la que parece instalado, deje a un lado la propaganda institucional y empiece de una vez a construir vivienda pública a precios realmente accesibles para la mayoría social de Córdoba”, ha manifestado.

El valor de la vivienda en la provincia de Córdoba ha alcanzado en el primer trimestre de 2026 su máximo desde hace catorce años, con un precio registrado que ha aumentado un 10,7% en el último año. El precio de la vivienda en el primer trimestre ha sido de 1.285,7 euros por metro cuadrado, el récord desde 2012, cuando se veían valores similares.

Así lo pone de manifiesto la estadística del Ministerio de Vivienda del primer trimestre de 2026 sobre el Valor Tasado de la Vivienda -consultada por Cordópolis-, que registra el valor medio de la vivienda en la provincia en cada trimestre del año en la serie histórica. Los 1.285,7 euros por metro cuadrado de media de enero a marzo de este año no tenían un valor similar desde el cuarto trimestre de 2012, cuando el valor fue de 1.271 euros/m2.

La escalada del precio de la vivienda en estos catorce años ha sido continuada y, ejemplo de ello, son los registros de los últimos ejercicios. Si en el primer trimestre de este año el valor tasado de al vivienda es de 1.285,7 euros por metro cuadrado, en el mismo periodo del año anterior era más bajo, con 1.161,7 euros/m2, mientras en 2024 el precio fue de 1.125,9 y un año antes de 1.113.6 euros. La lista sigue año a año hacia atrás en el calendario, con precios más bajos hasta 2012.

Pico del precio, descenso y vuelta a subir

Sin embargo, el pico del precio de la vivienda que se alcanzó con el denominado 'boom' inmobiliario está aún lejos. En la provincia de Córdoba, el valor tasado de la vivienda llegó a ser de 1.556,2 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre del año 2007, en pleno 'boom'.

En ese periodo el precio de la vivienda estuvo entre los 1.400 euros/m2 y ese pico, del que empezó a descender lentamente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 en adelante.

Ese descenso siguió paulatinamente, con más o menos pendiente, hasta que el valor más bajo de los últimos años de la vivienda en la provincia de Córdoba se alcanzó en el cuarto trimestre de 2021, con un precio de 1.092 euros por metro cuadrado.

Y, desde entonces, la vivienda ha vuelto a sufrir una escalada de precios, que la sitúan actualmente en valores que no se veían desde hacía catorce.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se ha referido este miércoles al caso de la mujer de  64 años víctima de violencia de género y con insuficiencia cardíaca, que reside junto a su hijo en una vivienda gestionada por AVRA y que tiene señalado un desahucio para este 19 de junio.

Al respecto, desde AVRA se señala que ha colaborado con la inquilina en la búsqueda de soluciones a su situación, “después de que haya estado 12 años sin atender los pagos del alquiler ni las cuotas de comunidad, lo que ha llevado a que acumule una deuda elevada”. En este periodo -defiende la agencia pública-, “se han planteado todo tipo de opciones para alcanzar una solución, con numerosas reuniones mantenidas con personal técnico y trabajadores sociales. Entre ellas, se ha planteado la reducción de la renta, propuestas de regularización de la deuda y la búsqueda de una alternativa habitacional”.

Sobre ello, abunda que, en la última reunión, mantenida este mismo martes con Stop Desahucios en representación de la interesada, “se volvió a plantear otra vivienda social más acorde a la realidad social, pero una vez más no fue aceptada”. “No estamos, por tanto, ante una situación repentina, sino un procedimiento de más de doce años en los que se ha intentado encontrar alternativas”.

Finalmente, AVRA concluye que “siempre está a disposición de atender a las familias que atraviesan situaciones complicadas y eso ha hecho en este proceso. Pero, igualmente, debe gestionar su parque público con rigor y responsabilidad, prevaleciendo esa función social necesaria”.

El modelo de familia tradicional cederá definitivamente el paso a un nuevo ecosistema residencial en la próxima década y media. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2041 casi dos de cada tres hogares en la provincia de Córdoba estarán habitados exclusivamente por una o dos personas. Es decir, o solteros o parejas (o convivientes).

Este profundo cambio sociodemográfico transformará por completo el mercado inmobiliario, el consumo y la fisionomía urbana de la provincia, una de las más expuestas a caer en el agujero de la España vaciada, según otra estadística publicada este mismo miércoles.

La proyección para los próximos quince años dibuja una progresiva e imparable atomización de la sociedad cordobesa. En el horizonte de 2041, la suma de las viviendas unipersonales y las habitadas por dos personas alcanzará la cifra de 210.913 hogares. Sobre un parque residencial total estimado de 323.008 viviendas habitadas, estos hogares reducidos acapararán más del 65% del total, es decir, dos de cada tres.

La evolución de estas dos tipologías liderará el crecimiento habitacional en la provincia, marcado especialmente por el boom de la vivienda unipersonal (las casas habitadas por una sola persona registrarán el crecimiento más acelerado, disparándose desde las 86.075 estimadas para 2026 hasta las 105.349 dentro de quince años), y por el predominio de los hogares con dos convivientes (seguirán siendo la configuración más común en Córdoba, consolidando su peso al pasar de 92.226 en 2026 a 105.564 en el año 2041).

El ocaso de las familias de tres o más miembros

En contraste directo con el repunte de la soledad y las parejas solas, las estructuras familiares más amplias entrarán en una fase de acentuado declive. Las familias más numerosas sufrirán el retroceso más severo del periodo analizado. Pasarán de ocupar 70.449 viviendas en 2026 a caer hasta las 55.109 en 2041, convirtiéndose en el formato de hogar menos frecuente de la provincia.

Pero es que, además, las viviendas habitadas por tres integrantes también perderán peso, reduciéndose paulatinamente de 61.656 a 56.986 a lo largo de estos quince años. Como consecuencia matemática de este vaciamiento interno de las casas, el tamaño medio del hogar cordobés se encogerá de manera continuada, descendiendo desde las 2,46 personas por vivienda en 2026 hasta un mínimo histórico de 2,26 personas en 2041.

El análisis de la estadística revela un importante reto urbano para las administraciones: la provincia necesitará sostener un parque de viviendas en crecimiento continuo a pesar de la sangría demográfica. Así, mientras que la población total de la provincia de Córdoba está abocada a perder miles de habitantes de aquí a 2041, el número total de hogares operativos no dejará de crecer, pasando de los 310.406 previstos en 2026 a superar los 323.000 al final de la proyección.

Esta fractura evidencia que, si no se produce un cambio de mentalidad o una ruptura económica, la presión sobre el mercado inmobiliario —especialmente sobre viviendas de menor tamaño— se mantendrá al alza, alimentada por un modelo social donde cada vez más cordobeses vivirán solos o en pareja.

Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba han intervenido esta mañana en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Loja, en el barrio del Guadalquivir.

Según la información del SPEIS y el Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, no constan personas heridas ni ha sido necesario realizar evacuaciones a consecuencia del siniestro.

Eso sí, durante la actuación, los servicios sanitarios han atendido a una mujer de 70 años que sufrió un desmayo, siendo movilizada una ambulancia para su asistencia.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio, que ha movilizado también a efectivos de la Policía Local.

La dificultad para acceder y mantener una vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en la provincia de Córdoba. Así lo puso de manifiesto este jueves Cáritas Diocesana de Córdoba durante la presentación de su memoria de actividades de 2025. Ha sido en un acto en el que participaron el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el delegado diocesano de Cáritas, Antonio J. Reyes; el director de la entidad, Darío Reina; y Alexandre Rivas, participante y voluntario de la organización.

Aunque la actividad global de Cáritas durante el último año se ha mantenido en cifras muy similares a las registradas en 2024, la entidad alertó del fuerte incremento de las demandas relacionadas con la vivienda. Según explicó Darío Reina, la demanda de ayudas destinadas a afrontar gastos de alquiler, hipoteca, suministros o alojamientos alternativos han subido bastante respecto al ejercicio anterior y representan ya la mitad del presupuesto destinado a necesidades básicas de Cáritas Diocesana de Córdoba.

“La vivienda no puede ser un privilegio, sino un derecho”, subrayó el director de Cáritas Córdoba, quien advirtió de que el acceso a una casa se ha convertido en “un auténtico generador de exclusión”. Reina señaló que se está cronificando el número de personas que acuden a la entidad buscando una solución habitacional y que la situación se está agravando año tras año. De hecho, desde Cáritas alertan de que la falta de vivienda está empujando a un número creciente de personas a vivir en la calle o a depender de recursos temporales de alojamiento.

En este sentido, explicó que cada vez son más las familias que, pese a contar con ingresos e incluso con empleo, no logran asumir el coste de la vivienda. “Pagar la vivienda les lleva a una situación de exclusión”, afirmó. La organización detecta que el incremento de los precios del alquiler, junto con el encarecimiento de los suministros básicos, está expulsando a muchas familias de una situación de estabilidad económica, a veces incluso con sus miembros en disposición de un salario y un empleo.

La memoria refleja que el programa de necesidades básicas y vivienda atendió a 1.558 personas durante 2025. Además, dentro del programa de personas sin hogar fueron acogidas 1.179 personas en distintos recursos, de las que 473 fueron atendidas en la UVI Social. Cáritas destacó también que cerca de 500 personas no pudieron acceder a la casa de acogida por falta de plazas. Y eso que el Área de Residencia de la entidad permaneció abierta durante todo el año para dar respuesta a esta realidad.

Más de 19.000 personas acompañadas

Durante 2025, Cáritas Diocesana de Córdoba acompañó y ayudó a 19.103 personas en situación de vulnerabilidad, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. La organización destinó a sus distintos programas una inversión total de 3.405.469,44 euros. Las principales demandas atendidas estuvieron relacionadas con la alimentación (37,32%), cuestiones vinculadas a la vivienda (27,90%), suministros básicos (21,01%), salud (7,32%), educación (2,29%) y otros conceptos (4,22%).

La entidad cuenta con el apoyo de los 167 grupos parroquiales de Cáritas presentes en la diócesis y de alrededor de 1.500 voluntarios, cuya labor permitió sostener la atención a las personas más vulnerables durante todo el año.

Otro de los aspectos destacados de la memoria fue la situación laboral de las personas atendidas. Cáritas acompañó a 778 personas a través de sus programas de empleo e inserción laboral. De ellas, 88 participaron en cursos de formación y talleres ocupacionales y 123 lograron un puesto de trabajo gracias a la colaboración de la empresa de inserción Solemccor y de otras 40 empresas colaboradoras. Sin embargo, Darío Reina insistió en que disponer de un empleo ya no garantiza abandonar una situación de vulnerabilidad. E

En cuanto a la financiación de la entidad, el 35% de los recursos procedieron de subvenciones públicas, mientras que el 65% restante tuvo origen en aportaciones de particulares, instituciones y empresas. Cáritas destacó además que durante el último año las contribuciones de particulares aumentaron un 12%.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, agradeció el compromiso de voluntarios, socios y colaboradores, y realizó un llamamiento a la participación ciudadana para seguir sosteniendo la labor de la organización. El prelado recordó además que la celebración del Día de la Caridad coincide este año con la visita del Papa a España, una circunstancia que consideró especialmente significativa para reforzar el compromiso social y la solidaridad con las personas más vulnerables.

La Diputación de Córdoba, a través de la empresa pública provincial CINCO SA, ha reactivado el proceso para completar la construcción de las 26 viviendas sociales que quedaron paralizadas meses atrás. Esta medida busca retomar de forma urgente unas promociones que cuentan con financiación de los fondos Next Generation EU y que sufrieron importantes retrasos bajo la gestión de las anteriores empresas adjudicatarias.

El origen de esta nueva licitación reside en la resolución de los contratos con dos constructoras externas que no cumplieron con los plazos previstos en los pliegos. Aunque el programa total contempla la construcción de 46 inmuebles destinados al alquiler social o asequible en once municipios de la provincia, más de la mitad del proyecto se vio afectado por la falta de solvencia técnica de las empresas mencionadas, obligando a la administración provincial a reiniciar los trámites para evitar el bloqueo del plan.

Según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público al que ha podido acceder este periódico, las nuevas licitaciones afectan a seis localidades cordobesas. En concreto, se han sacado a concurso las obras de terminación de siete viviendas protegidas en Nueva Carteya, cuatro en La Carlota, tres en Aguilar de la Frontera, tres en Fuente Palmera, tres en Dos Torres y una en El Viso. Estas actuaciones suman un total de 21 unidades habitacionales, a las que se añadirán próximamente las restantes hasta completar las 26 afectadas por la rescisión contractual.

Pese a la preocupación inicial por el calendario de ejecución, la Diputación aseguró a este periódico que los fondos europeos están plenamente “garantizados” y que no existe riesgo de pérdida de las ayudas. Para asegurar la financiación, la institución ha formalizado una prórroga dentro de los mecanismos previstos para el sector de la construcción, afectado en los últimos meses por el incremento de costes derivado de la coyuntura internacional y la Guerra de Irán.

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este lunes que “el PP sigue favoreciendo la especulación turística y regalando suelo público mientras niega el derecho a la vivienda”, de manera que este martes expresará su rechazo a varios de los asuntos que se abordarán tanto en la comisión de licencias como en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

En una nota, el grupo ha manifestado que “vuelven a evidenciar un modelo de ciudad basado en la privatización de recursos públicos, la promoción del negocio privado y el abandono de las necesidades reales de la ciudadanía”. “El PP sigue instalando a Córdoba en un modelo de ciudad pensado para el negocio y no para la gente”, han señalado desde la coalición de izquierdas.

Según han detallado, en la comisión de licencias se someten a trámite tres nuevos expedientes de apartamentos turísticos, ubicados en el casco histórico, el Distrito Sur y Ciudad Jardín. Para Hacemos, “estos expedientes constatan que la presión turística ya no se limita al centro de la ciudad, sino que se está extendiendo progresivamente a otros barrios, expulsando población residente, encareciendo los alquileres y transformando el tejido social de Córdoba”.

“El gobierno municipal sigue mirando hacia otro lado mientras se agrava la crisis de vivienda”, han reprochado, para defender que “Córdoba necesita una moratoria de apartamentos turísticos en toda la ciudad, sin excepciones por distritos que solo trasladan el problema de un barrio a otro”.

“Elevada saturación”

Desde la coalición han recordado que “el casco histórico ya soporta una elevada saturación turística y alertan de que el mismo fenómeno está comenzando a reproducirse en otros barrios”. “No se puede permitir que Córdoba se convierta en un parque temático para visitantes mientras miles de familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible”, han afirmado.

Asimismo, Hacemos ha criticado la propuesta de concesión demanial para uso comercial que se debatirá en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y que afecta a una parcela situada junto al Parador de La Arruzafa. “La parcela objeto de la concesión está clasificada por el planeamiento urbanístico como equipamiento público y forma parte de los terrenos cedidos gratuitamente al Ayuntamiento para atender las necesidades colectivas derivadas de un desarrollo urbanístico que contempla unas 1.800 viviendas”, han precisado.

La coalición ha manifestado que “el sector dispone de tres grandes espacios reservados para equipamientos públicos”, de modo que “uno de ellos ha terminado acogiendo un campo de golf privado, otro ha sido incorporado al Parque de la Arruzafa y una parte de un tercero fue destinada mediante acuerdo municipal a uso religioso y cultural”.

“Ahora, el resto de esta última reserva pública se pretende dedicar a la construcción de un centro comercial privado”, han subrayado, para remarcar que “es una privatización progresiva del suelo público”, de forma que “lo que debía servir para garantizar equipamientos a miles de vecinos se transforma en oportunidades de negocio privado”, han reprochado.

“Renuncia a la función social”

Para Hacemos, “esta operación supone una nueva renuncia a la función social que debe cumplir el patrimonio municipal y contradice los objetivos para los que estos terrenos fueron cedidos al Ayuntamiento”. “El suelo público no puede convertirse en moneda de cambio para intereses privados”, han trasladado, defendiendo que “es un recurso de toda la ciudad y debe responder a las necesidades colectivas, no a la lógica del beneficio”.

La coalición considera “especialmente grave que un sector llamado a albergar a miles de personas carezca de equipamientos públicos propios mientras los terrenos reservados para ello son destinados progresivamente a usos privados”. “Frente al urbanismo del negocio por el negocio, defendemos un modelo que garantice el derecho a la vivienda, fortalezca los barrios y preserve el patrimonio público; Córdoba necesita planificación, no especulación”, han dicho.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado obras para la mejora de la eficiencia energética de nueve viviendas públicas en alquiler de la Plaza de la Corredera en la capital cordobesa.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha subrayado “el compromiso del Gobierno andaluz para contribuir al desarrollo de metodologías que impulsen la transformación energética de los edificios, aplicando estas soluciones innovadoras en el parque público de viviendas de Andalucía”.

Esta intervención servirá de demostración para el Proyecto Europeo FuturHist, estudio de investigación del Programa Horizon Europa en el que participa AVRA, cuyo objetivo es alcanzar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia energética de inmuebles históricos, como es el caso de este emblemático edificio situado en el casco histórico de la capital cordobesa, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Las obras, que se han licitado por 287.705 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se llevarán a cabo en los números 16 y 17 de la Plaza de la Corredera. Estos trabajos consistirán en reforzar el comportamiento energético del edificio, reduciendo el consumo de energía primaria no renovable y a su vez las emisiones de gases contaminantes. Medidas que reportarán a su vez beneficios para un total de nueve viviendas sociales. Los costes de esta actuación estarán cofinanciados con fondos propios de AVRA y el Programa Horizon Europa, que financiará una parte (110.500 euros).

Dadas las características del edificio, la actuación se desarrollará en dos ámbitos de intervención. El primero de ellos corresponde a la crujía histórica de la plaza y su construcción anexa, donde se ubican tres viviendas públicas de la Junta de Andalucía.

AVRA ha llevado a cabo un seguimiento previo del comportamiento real de estas tres viviendas, mediante la instalación de sistemas de sensores en diferentes estancias para medir las condiciones de humedad, temperatura y calidad del aire interior. Los datos obtenidos se analizan por un equipo de investigación de Eurac Research, socio líder del Proyecto FuturHist, y se compararán con los datos correspondientes al comportamiento de las viviendas una vez se hayan ejecutado las mejoras.

Debido a la elevada protección arquitectónica de esta crujía, las medidas pasivas de mejora energética se plantean por el interior de la envolvente del edificio, mediante la instalación de paneles prefabricados aislantes multicapa de mortero de cal con materiales reciclados de origen biológico y mediante revestimientos térmicos de altas prestaciones con cal y componentes reciclados.

Se conservarán y restaurarán las carpinterías exteriores de madera, adaptándolas para la incorporación de vidrio aislante al vacío, en sustitución del vidrio simple existente, respetando siempre el diseño, material y colores originales.

En el interior de una de las viviendas se sustituirá un tabique existente por una solución experimental compuesta por bloques de arcilla y carbón vegetal revestidos de cal, con el objetivo de evaluar su capacidad como sumidero de humedad y dióxido de carbono. La segunda intervención se ejecutará en la edificación más contemporánea que se distribuye alrededor de la plaza y en la que se ubican otras seis viviendas sociales. En este caso, se procederá a la mejora de la cubierta y de las fachadas, así como a la reparación y conservación de las carpinterías de madera, incorporando vidrios dobles y paneles aislantes.

Estas medidas forman parte de un proyecto integral para las viviendas de plaza de la Corredera, donde actualmente la Junta de Andalucía está desarrollando obras de rehabilitación energética, cofinanciadas con el Programa Feder Andalucía 2021-2027, y que se encuentran al 72% de su ejecución. Estos trabajos supondrán una mejora en el comportamiento energético del conjunto de las 27 viviendas de la Plaza de la Corredera.

Desde 2019, la Consejería de Fomento viene trabajando en este tipo de intervenciones de rehabilitación energética en los edificios del parque público de viviendas de Andalucía mediante la incorporación de sistemas innovadores de energías renovables. Para este ejercicio, AVRA ha destinado para estas líneas de actuación un presupuesto de más de cinco millones de euros, con el doble objetivo de mejorar el confort en las viviendas y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, para contribuir a detener el deterioro medioambiental.

La Junta de Andalucía ha cancelado de enero al 18 de mayo de 2026 un total de 2.673 viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía gracias a una “estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en la cooperación institucional, el refuerzo normativo y la modernización de los sistemas de inspección y registro”. En 2024, fueron 5.808 en todo el ejercicio; y 6.860 en 2025. Desde 2024 y hasta el 18 de mayo de este año, han sido más de 15.300.

Son los datos que maneja la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ofrecidos a Europa Press. Por provincias, gracias al nuevo marco normativo que hay en Andalucía desde 2024, en Almería, han sido canceladas 310 viviendas turísticas; en Cádiz, 467; en Córdoba, 125; en Granada, 333; en Huelva, 230; en Jaén, 40; en Málaga, 931 y en Sevilla, 237. En el caso de las capitales de provincia, en Almería han sido 83; en Cádiz, quince; en Córdoba, 106; en Granada, 155; en Huelva, ocho; en Jaén, once; en Málaga 114 y en Sevilla, 172.

Estas medidas se apoyan en la aprobación del Decreto 31/2024, que clarifica la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan límites proporcionados al número de viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza la capacidad de los municipios para adecuar esta actividad al modelo de ciudad definido en su planeamiento urbanístico y preservar el entorno urbano.

En otro orden de cosas, este jueves se ha conocido que el Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que “se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos”. Así lo ha resuelto el órgano judicial al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro. Andalucía también lo recurrió hace ahora un año, alegando “una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional”.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado este lunes al gobierno de José María Bellido “un cambio urgente” en la política municipal de vivienda y ha propuesto a Vimcorsa la promoción de viviendas destinadas a alquiler social asequible para “dar respuesta a la emergencia habitacional que atraviesan miles de familias cordobesas”.

Desde el PSOE han recordado en una nota que “actualmente más de 8.000 personas permanecen inscritas en los registros de demanda de Vivienda de Protección Oficial (VPO) mientras la empresa municipal no tiene ninguna vivienda pública en construcción, ni ha impulsado promociones de alquiler asequible durante el actual mandato 2023-2027”.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha advertido de que “la crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Córdoba y, sin embargo, Bellido ha renunciado a utilizar Vimcorsa como una herramienta útil para garantizar el derecho a la vivienda”.

Ortiz ha criticado además que “las 30 viviendas anunciadas en Campo de la Verdad se plantean únicamente en régimen de venta, con precios que superan los 200.000 euros, completamente inaccesibles para la mayoría de familias trabajadoras y jóvenes cordobeses”.

En este sentido, el edil ha recordado que “el PSOE propuso reducir el margen de beneficio de Vimcorsa para abaratar el precio final de las viviendas protegidas y facilitar el acceso a jóvenes y familias trabajadoras, una iniciativa rechazada por el PP”. “El PP sigue entendiendo la vivienda pública desde criterios económicos y no como un derecho social”, ha afirmado.

Los socialistas han defendido “un modelo de alquiler social verdaderamente asequible, con precios que en Córdoba deberían situarse entre los 250 y los 350 euros mensuales”. “Todo lo que supere esas cifras imposibilita que una familia con un salario mínimo pueda acceder a una vivienda digna, como ya están demostrando otras administraciones municipales en Andalucía”, ha avisado Ortiz.

Oficina de vivienda

El PSOE también ha alertado de “la situación que atraviesan muchas familias vulnerables que, ante una emergencia habitacional, se encuentran con una Oficina Municipal de Vivienda prácticamente desaparecida, desarticulada y sin capacidad real de respuesta”.

“Mientras asociaciones y entidades sociales sostienen diariamente una labor imprescindible acompañando a familias que no saben dónde van a vivir mañana, el Ayuntamiento llega tarde o directamente desaparece”, ha lamentado Ortiz.

Como ejemplo, los socialistas han expuesto el caso de “una familia formada por dos personas mayores de 60 años que sobrevive con una pensión contributiva de apenas 844 euros mensuales y que aún así queda excluida de ayudas al alquiler pese a encontrarse en situación de emergencia social”.

“Sí existen herramientas para intervenir el mercado y garantizar vivienda asequible”, ha aseverado el edil, quien ha remarcado que “falta en Córdoba voluntad política”.

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba para el 17M, Rosa María Rodríguez, ha destacado este jueves que la coalición de izquierdas andaluza propone “la rehabilitación de viviendas, la movilización de viviendas vacías, el mantenimiento del parque público y declarar zonas tensionadas, para garantizar el acceso a la vivienda en Córdoba”.

En este sentido y según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha criticado en Fernán Núñez, junto a su alcalde, Alfonso Alcaide (IU), la “grave situación” de despoblación que sufre la provincia, que es “la que más población pierde de toda España”, y ha vinculado este problema directamente con las dificultades de acceso a la vivienda.

Durante su intervención, la candidata de Por Andalucía ha explicado que una de las principales medidas de la coalición es “un plan de rehabilitación de viviendas, destinado a recuperar inmuebles en mal estado en los cascos urbanos de los pueblos, para adaptarlos a las necesidades actuales y al cambio climático”. Esta actuación, ha señalado, “permitiría al mismo tiempo generar empleo local en el sector de la construcción y la rehabilitación”.

En segundo lugar, ha defendido la necesidad de “movilizar las viviendas vacías existentes en los municipios”, especialmente en los cascos históricos, “donde conviven miles de casas sin uso con familias que no pueden acceder a una vivienda o se ven obligadas a abandonar sus pueblos”, argumentando Rodríguez que “no es lógico que haya casas cerradas mientras la gente no tiene dónde vivir”.

En tercer lugar, la candidata de Por Andalucía ha lamentado “el abandono del parque público de vivienda por parte de la Junta de Andalucía”, señalando la necesidad de “un plan de mantenimiento urgente, que garantice condiciones dignas para las personas inquilinas”. En este sentido, ha apuntado a la responsabilidad de la empresa pública AVRA en la situación actual.

Finalmente, Rodríguez ha explicado que Por Andalucía plantea “la declaración de zonas tensionadas, para intervenir en el mercado del alquiler y limitar los precios de la vivienda, con el objetivo de garantizar que el coste del alquiler no supere el 30% de los ingresos de las familias”.

Por su parte, el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha agradecido la presencia de la candidata y ha advertido que la problemática de la vivienda también se está haciendo visible en municipios como el suyo, donde “los alquileres están subiendo y el acceso a la vivienda se está complicando cada vez más”.

Alcaide ha valorado las propuestas de Por Andalucía como “una respuesta necesaria para intervenir en el problema de la vivienda desde las instituciones, con soluciones estructurales que garanticen el derecho a una vivienda digna” en toda Andalucía.

Según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía, desde febrero hasta el pasado 20 de abril, de las 79 licencias que han sido suspendidas en toda la provincia de Córdoba este año, un total de 63 corresponden exclusivamente a la capital. Unos datos que muestran una concentración en el núcleo urbano principal de la ciudad cordobesa, ya que supone que aproximadamente el 80% de los cierres ejecutados en territorio cordobés se han localizado en este emplazamiento, dejando solo 16 casos para el resto de los municipios de la provincia.

Hay dos lecturas en los datos que ha remitido la Administración autonómica. Por un lado, la situación de Córdoba tiene peso por las estadísticas de la capital sobre el total provincial. De hecho, en otras provincias la distribución es totalmente distinta. En Málaga se han cerrado 678 viviendas turísticas en la provincia y solo 102 se concentran en la capital, al igual que en Cádiz, que se han clausurado 438 en la extensión provincial, pero solo apenas 14 en la capital. Todas ellas son costeras, como ocurre también en Huelva.

En el extremo opuesto, Sevilla presenta una tendencia de concentración similar a la cordobesa, aunque con volúmenes mayores, registrando 132 cierres en la capital de un total provincial de 179. Al igual que Granada, con 252 cierres en la provincia y 127 en la capital.

Ranking autonómico de viviendas clausuradas

Por un lado, Córdoba es la segunda provincia con menos viviendas clausuradas. Sus 79 en los últimos tres meses le colocan en la penúltima posición, tan solo superando a Jaén, que tiene 28. Por otro lado, Málaga lidera la clasificación (678), seguido de Cádiz (438), Almería (259) Granada (252), Sevilla (179) y Huelva (174).

Pero todo cambia en lo que a capitales se refiere. Ahí, la ciudad cordobesa (63) se coloca en cuarta posición, por detrás de Sevilla (132), Granada (127) y Málaga (102). El resto del ranking lo componen: Almería (62), Cádiz (14), Jaén (9) y Huelva (6).

Ley de Turismo Sostenible

La nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se iba a aprobar un día después de la disolución del Parlamento de Andalucía, incluye por primera vez las Viviendas de Uso Turístico como servicio de alojamiento turístico y se regula la actividad clandestina y la oferta ilegal. La norma reforzará la inspección y se endurecerán las sanciones. Las graves aumentarán hasta los 100.000 euros y las muy graves a los 600.000 euros.

Además, el Registro de Turismo de Andalucía ha mejorado su operatividad y bloquea automáticamente la inscripción de viviendas situadas en zonas limitadas o sujetas a suspensión de licencias en Sevilla, Málaga, Cádiz, y el Puerto Santa María. En paralelo, la consejería de Turismo y Andalucía Exterior mantiene convenios de colaboración con los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Almería, Cádiz, Córdoba, el Puerto de Santa María Jerez de la Frontera, Granada, Málaga y Sevilla, con el objetivo de reforzar la detección de alojamientos irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y turística.