La empresa municipal Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) ha sacado a licitación un contrato para la construcción de 30 viviendas protegidas en la capital cordobesa, con un presupuesto base de 4,29 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses.

El proyecto contempla la edificación de dos promociones de 15 viviendas cada una, junto con trasteros y plazas de aparcamiento, en las parcelas R1 y R2 del sector SRA-SUR del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, correspondientes de San Rafael de la Albaida.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto y con adjudicación basada en criterios objetivos, está dividido en dos lotes correspondientes a cada parcela, con la posibilidad de que las empresas liciten a uno o a ambos.

El valor estimado del contrato asciende a 3,9 millones de euros sin impuestos, mientras que cada lote cuenta con un presupuesto individual cercano a los dos millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de mayo de 2026, y la apertura de las propuestas económicas está prevista inicialmente para el 29 de mayo.

Entre los criterios de adjudicación destacan el precio, que tendrá un peso del 50%, así como aspectos como la experiencia del equipo técnico, el plazo de garantía, el servicio posventa o los compromisos de gestión con suministradoras.

El contrato incluye condiciones de carácter social, como la obligación de garantizar el cumplimiento de los pagos a los trabajadores, y no cuenta con financiación procedente de fondos europeos.

La subida del precio del alquiler de la vivienda que se viene constatando en los últimos años en Córdoba capital se traduce en que se paga un tercio más que hace una década. En los últimos diez años, el alquiler ha subido un 30,3% de media en la ciudad y sus barriadas, con un alquiler promedio de 557 euros al mes.

Así se desprende de las cifras del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro, en un análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En otros municipios de la provincia de Córdoba, la subida del alquiler ha sido incluso mayor en la última década. Es el caso de Lucena, donde el precio se ha incrementado un 33,1% y la media que se paga por una vivienda es de 370 euros al mes. En el norte, en Pozoblanco, la subida ha sido del 29,6% en los últimos diez años, pagando una media de 332 euros de alquiler, mientras que en Cabra el incremento del precio ha sido del 19,1%, con un precio de 346 euros al mes.

Mayor subida en Andalucía y España

Mientras, el precio del alquiler en el conjunto de la provincia de Córdoba ha subido un 30,1% y la vivienda media cuesta de media 508 euros al mes. Córdoba es la segunda provincia de Andalucía donde menos ha subido el alquiler en la última década, solo detrás de Jaén, donde subió 29,6%. Por contra, donde más se incrementaron los precios del alquiler en los últimos diez años fue en Málaga (+59,2%), seguida de Granada (46,7%), Sevilla (44,4%), Almería (44,3%), Cádiz (39,4%) y Huelva (37,6%).

A nivel nacional, el precio medio del alquiler de la vivienda ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumulaba un incremento medio del 43%, el doble de lo que lo han hecho los salarios. En número reales: si hace nueve años se pagaba 800 euros por un piso, hoy se paga, como mínimo, 1.144 por el mismo piso, en el mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Los nuevos datos de 2024 corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021, según el análisis realizado.

En el gráfico que acompaña esta formación se puede ver cómo ha crecido el precio medio de los alquileres desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Y cómo el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. 

La Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha incrementado en diez millones el presupuesto del programa de Garantía Vivienda Andalucía, el programa de avales hipotecarios con el que la Junta busca facilitar la adquisición de una primera vivienda a personas de hasta 40 años.

En la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, se explicita que en la comisión de seguimiento del programa celebrada entre los días 3 y 4 de marzo de 2026, “se les ha anunciado a las entidades financieras --que participan en esta iniciativa-- la previsión de aumento de dotación de esta línea de ayuda en 10.000.000 euros”.

“Se les ha propuesto llevar a cabo su distribución de forma proporcional al nivel de ejecución de cada una de ellas”, se detalla en el BOJA. Así, la partida del Programa Garantía Vivienda Andalucía asciende a 55 millones de euros tras la aplicación del incremento de diez millones por parte de la Consejería. En función del reparto de esta cantidad de más, Caja Rural de Granada recibirá 1,199 millones; Cajasur, 420.248 euros; CaixaBank, 1,960 millones; Unicaja Banco, 1,769; Ibercaja, 63.114 euros; Caja Rural del Sur, 1,896 y Cajamar, 1,691 millones.

Este programa avala el cien por cien del coste de la vivienda, ya que la Junta ofrece el 20% que se complementa con el 80% del préstamo hipotecario que generalmente ofrecen las entidades bancarias. Una vez que los interesados tienen el préstamo preconcedido, la Junta de Andalucía resuelve la concesión del aval y, posteriormente, queda concedido el préstamo. Como entidades colaboradoras, los bancos acreditan que los solicitantes cumplen con todos los requisitos.

Los solicitantes deberán estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 40 años cumplidos y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos los dos años siguientes a la fecha de la adquisición. Sólo se prestan garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda en cualquiera de sus tipologías (ya sea libre o protegida o sea nueva o usada).

Igualmente, este aval hipotecario de la Junta se aplica para viviendas con precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, si bien el límite se incrementará en un 20% para viviendas con clasificación energética A o B. Por último, también es un requisito indispensable encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. El Gobierno andaluz ha dotado este aval hipotecario con una partida de 45 millones de euros que ahora sube a los 55 millones.

La candidata por Córdoba de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha informado este miércoles de algunas propuestas de la formación en materia de vivienda, centradas en “la ampliación del parque público en régimen de alquiler, la limitación de precios y la recuperación de viviendas vacías, ante la situación que atraviesan, tanto la capital, como los municipios de la provincia”, para así “garantizar el acceso a la vivienda”.

A través de una nota, Rodríguez ha señalado que “el parque público de vivienda en alquiler se ha reducido hasta un 53% respecto a hace cinco años, mientras que la demanda ha aumentado un 485% y el precio del alquiler ha crecido un 25% en ese mismo periodo, configurando un escenario insostenible para miles de familias”.

La candidata ha explicado que esta evolución evidencia “un desequilibrio entre oferta y demanda, que dificulta el acceso a la vivienda”, pues “hay menos vivienda disponible y muchas más personas intentando acceder a ella, lo que acaba repercutiendo directamente en el precio”.

En Por Andalucía consideran que “el acceso a la vivienda es un derecho” que deben garantizar las administraciones públicas, y Rodríguez ha criticado al Gobierno andaluz del PP “por no haber impulsado medidas para ampliar el parque público ni mejorar las condiciones del existente, donde se dan situaciones insalubres en algunos casos”.

Ante esta situación, la coalición plantea “incrementar el parque público de vivienda, apostando por el régimen de alquiler, junto a la puesta en uso de viviendas vacías, para aumentar la oferta disponible y facilitar el acceso a la ciudadanía”.

Rodríguez ha defendido la necesidad de actuar sobre el mercado del alquiler, afirmando que “no se puede permitir que los precios sigan aumentando de manera descontrolada”, y ha planteado como medida el establecimiento de límites que contribuyan a frenar la “especulación”.

Además, ha incidido en la importancia de garantizar que el coste de la vivienda sea asumible, señalando que “ninguna familia debería destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler”. Por último, la candidata ha señalado que Por Andalucía impulsará políticas públicas que permitan dar respuesta a la demanda existente, destacando que “es necesario actuar para garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas” en Córdoba y su provincia.

Una iniciativa en busca de reivindicar el derecho a la vivienda. Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este martes a las 18:30 horas en la Plaza de Las Tendillas, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios en el marco de los 'Housing Action Days'. La portavoz de la plataforma, Cati Ortega, ha explicado que el objetivo principal es reivindicar el derecho a la vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución, el cual consideran que está siendo vulnerado de forma sistemática en los últimos años. Esta movilización forma parte de una jornada de acción global iniciada en 2019, en la que este año participan más de 90 países con 150 acciones simultáneas para exigir justicia habitacional y climática.

En conversaciones con este periódico, Cati Ortega ha explicado de las demandas más urgentes de los manifestantes es la restauración inmediata de la moratoria antidesahucios, que dejó de estar vigente el pasado 26 de febrero. La portavoz y representante de Stop Desahucios ha señalado que, aunque esta medida era insuficiente por aplicarse solo a casos muy específicos, constituía la única herramienta para proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Además, ha reclamado topar de forma efectiva los precios de los alquileres, criticando que los límites actuales se aplican sobre precios que ya resultan desorbitados e inaccesibles para la clase trabajadora.

El enfoque de la protesta radica en cómo la especulación inmobiliaria está “arrasando” con la habitabilidad de los barrios cordobeses. Cati Ortega ha apuntado que más de la mitad de las viviendas en Córdoba se pagaron al contado durante el último año, un dato relevante que indica que los inmuebles están siendo adquiridos por grandes inversores en lugar de por familias trabajadoras. Ante esta situación, los colectivos han exigido aumentar la inversión en vivienda pública, recuperar los inmuebles vacíos de la ciudad y aplicar penalizaciones fiscales a quienes especulan con este derecho básico.

La movilización también ha servido para mostrar un rechazo frontal a la nueva ley de vivienda de la Junta de Andalucía, en vigor desde enero de 2026. Ortega ha sostenido a Cordópolis que esta normativa favorece la colaboración público-privada en beneficio de los especuladores, no limita las viviendas turísticas y se centra en criminalizar la ocupación en lugar de ofrecer soluciones reales a la falta de oferta social. Asimismo, ha denunciado el impacto de la turistificación y han exigido que los recursos públicos se destinen a políticas sociales y de vivienda en lugar de a la escalada militarista global y a la guerra.

Esta manifestación ha comenzado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de Las Tendillas y ha comenzado a partir hacia La Corredera a las 18:50. Además de Stop Desahucios, han estado presentes las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asamblea Antirracista, la Plataforma 8 de Marzo, asociaciones vecinales como La Axerquía y Regina Magdalena, además de partidos políticos.

El mercado inmobiliario de la provincia de Córdoba ha iniciado 2026 con fuerza. El mes de enero ha cerrado con 882 compraventas de viviendas, un dato que no solo mejora con claridad el arranque del año anterior, sino que sitúa al sector en niveles que no se veían desde el ciclo expansivo previo a la crisis financiera. En concreto, se trata del mejor enero desde 2008, en plena resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según los datos disponibles, la actividad creció un 10,8% en comparación con enero de 2025, cuando se registraron 796 operaciones. Este incremento consolida la tendencia al alza que ha marcado el comportamiento del mercado durante los últimos años y confirma que la demanda sigue mostrando una notable resistencia, pese a un contexto económico más exigente en términos de financiación.

El dato cobra aún más relevancia si se contextualiza dentro de la serie histórica. Enero no suele ser un mes especialmente dinámico para el mercado de la vivienda, ya que acusa el parón estacional tras el cierre del ejercicio anterior. Sin embargo, el volumen registrado en este inicio de 2026 no solo rompe con esa tendencia, sino que se sitúa en la parte alta del ciclo actual y en cifras equiparables a las del periodo previo a la crisis de 2008.

Este buen arranque se produce, no obstante, tras un final de 2025 especialmente intenso, con varios meses consecutivos superando el millar de operaciones. En este sentido, aunque enero presenta una ligera caída respecto a diciembre (1.010 compraventas), la lectura no es negativa, sino más bien una normalización estacional dentro de un mercado que continúa en niveles elevados de actividad.

Menor dependencia de las hipotecas

Uno de los aspectos más relevantes que deja el inicio de año es la evolución desigual entre compraventas e hipotecas. En enero se firmaron 621 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un aumento mucho más moderado, del 3,3% interanual.

Esta diferencia de ritmos tiene una consecuencia directa: el peso de las operaciones financiadas mediante crédito hipotecario se reduce. En concreto, alrededor del 70,4% de las compraventas realizadas en enero contaron con hipoteca, un porcentaje significativo, pero inferior al que cabría esperar en un escenario de crecimiento paralelo.

Este dato apunta a un cambio progresivo en la estructura del mercado. Cada vez es mayor la presencia de compradores que no necesitan financiación bancaria para cerrar la operación, ya sea por disponer de ahorro previo, por la venta de una vivienda anterior o por tratarse de perfiles inversores.

La superficie media de una vivienda en Córdoba capital es de 82 metros cuadrados. En Benamejí o en San Sebastián de los Balleteros, la vivienda media tiene una superficie habitable de 121 metros cuadrados. El tamaño importa. Córdoba capital es, con diferencia, el municipio de la provincia donde las viviendas son más pequeñas. En cambio, los pueblos menos habitados suelen ser los que disponen de un parque inmobiliario con casas mucho más grandes.

El siguiente mapa, elaborado a partir de los datos del censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra el tamaño medio de las viviendas, municipio a municipio. Los círculos rosas representan los municipios con las medias más bajas, mientras las zonas verdes son las que suman las casas más grandes.

En la capital hay un total de 134.103 viviendas (la mitad construidas entre las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX). El 48,6% de ellas tiene menos de 85 metros cuadrados de superficie, según un informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El 41,6% de toda la población de la provincia de Córdoba reside en el centro urbano de la capital, según este informe. El 43,2% vive en las conocidas como agrupaciones urbanas (lugares de menos de 50.000 habitantes) y el 15,2% en los conocidos como diseminados rurales (pueblos pequeños o simplemente viviendas en el campo).

La mayor parte de las viviendas en lugares muy urbanos suelen ser más pequeñas que en entornos rurales por una cuestión obvia: la disponibilidad de suelo. A mayor aglomeración, menor disponibilidad de suelo. Las viviendas, por tanto, suelen estar en bloques de pisos. En lugares rurales suelen consistir en casas unifamiliares, en muchas ocasiones con patio e incluso jardín.

En este buscador puedes ver cuál es la superficie media de una vivienda en tu municipio:

En el centro urbano de Córdoba capital hay 134.000 viviendas, en su mayoría muy antiguas (la mitad tienen entre 50 y 60 años) y muy pequeñas. El 13% de las viviendas cordobesas tienen entre 66 y 75 metros cuadrados. Además, el 12,4% tienen entre 56 y 65 metros cuadrados. Además, hay un 6% de cordobeses que viven en menos de 55 metros cuadrados, según el informe del IECA.

En España, más de la mitad de la población habita en viviendas infraocupadas. Son, según la definición de Eurostat, aquellas en las que hay habitaciones de más, en función de un número dado de personas, niños, adolescentes o parejas. Por ejemplo, dos adultos y dos hijos en una casa con cinco habitaciones o una persona que vive sola en una casa con tres o cuatro habitaciones. Para algunas familias, es una suerte de salvavidas: el lugar donde acoger a parientes de visita, alojar a los hijos en un mal momento o que alquilar para obtener un ingreso extra. Para otras, suponen un sobre esfuerzo energético para mantenerla caliente en invierno y fresca en verano o, en el plano teórico, un recurso desaprovechado en una situación de crisis residencial.

En Córdoba, muchas de esas viviendas infraocupadas están en el mundo rural, donde la población además es mucho más mayor que en la capital. Aparte de en Benamejí y San Sebastián de los Ballesteros, hay otros dos municipios donde las viviendas tienen al menos 120 metros cuadrados de superficie media: Palenciana y Fuente Tójar.

Aparte de la capital, hay otros pueblos con viviendas pequeñas. En Palma del Río, por ejemplo, la superficie media es de 86 metros cuadrados. En Peñarroya-Pueblonuevo, de 88 metros cuadrados. El siguiente ya es Lucena, con una superficie media de 90 metros cuadrados.

Córdoba vuelve a mirar con preocupación a la evolución de los desahucios. Los últimos datos de ejecuciones hipotecarias, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, reflejan un repunte significativo de los lanzamientos judiciales por impago de hipotecas en la provincia, hasta situarse en cifras que recuerdan a las registradas hace una década.

En concreto, el año pasado se ejecutaron e inscribieron en los registros de la propiedad un total de 344 desahucios hipotecarios, un número que casi duplica los 193 del año 2024, y que supera ampliamente los 236 del año 2023, los 287 de 2022, y las cifras de los años 2019, 2018 y 2017, en los que las ejecuciones hipotecarias de vivienda fueron 74, 111 y 178, respectivamente.

En Córdoba, los desahucios alcanzaron su techo en el año 2015. Entonces, un total de 642 familias cordobesas tuvieron que abandonar sus viviendas para hacer frente a las deudas hipotecarias que mantenían con los bancos que no habían podido pagar.

En 2016 las ejecuciones hipotecarias se redujeron hasta las 495 y ya en 2017 bajaron a las 178. Ahora, tras una espectacular subida de un 78% en doce meses, se ha vuelto a superar la barrera de los 300 desahucios anuales, algo que no ocurría desde hace una década.

Lo peor es que, además de esta subida, falta por conocer la mayor parte de los desahucios que se ejecutan en la provincia, ya que dos de cada tres se derivan de impagos de alquiler, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los sucesivos informes trimestrales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta cuestión. Si ese ritmo se ha mantenido en 2025, significaría que 2025 se habría cerrado por encima de los mil deshacios, con más de 600 por alquiler.

Unos datos que, según colectivos sociales como Stop Desahucios, se estarían quedando cortos. Ellos estiman, de hecho, que las cifras serían bastante superiores, ya que, según indican, muchas familias abandonan sus pisos de alquiler ante la imposibilidad de pagar la renta para evitar estos procedimientos.

Córdoba se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor grado de cumplimiento del Registro Único de Alojamientos impulsado por el Gobierno para que los pisos turísticos puedan seguir operando en las plataformas como Booking, Airbnb o Homeaway, en cumplimiento de una directiva europea.

Según los datos facilitados por la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), de las 3.696 viviendas turísticas con licencia vigente en la provincia, 2.434 ya han completado su inscripción en los dos trámites obligatorios. Es decir, dos de cada tres pisos turísticos (un 66% del total) que contaban con el permiso de la Delegación de Turismo de Andalucía han podido pasar el doble trámite que es obligatorio desde el año pasado para tener un número de Registro Único.

El primer trámite terminó el verano pasado y consistía en entregar la documentación que se había gestionado con la Delegación Territorial de Turismo en el Registro de la Propiedad, bien de manera online o de forma presencial. El segundo trámite terminó este 2 de marzo, y consistía en registrar el depósito de alquileres realizados durante 2025 en el mismo registro, especificando las plataformas que los habían gestionado y el tipo de arrendamiento (viaje o trabajo).

En Córdoba, la mayoría ha pasado los dos cortes. El resto tendrá una licencia en vigor concedida por la administración competente en materia de turismo (la Junta de Andalucía), pero podrían ver revocado su acceso al principal canal de comercialización de estos alojamientos o por no haber recibido un número de registro o por no haber presentado el listado de arrendamientos del año pasado.

Así están las provincias andaluzas, por volumen total de viviendas

Avvapro, por su parte, ha cruzado los datos oficiales del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), el INE (Estadística Experimental) y el Registro Único de Alojamientos (NRUA) para saber cuántas viviendas turísticas han pasado este doble corte. Y ese análisis sitúa a Córdoba en la parte alta del ranking autonómico, solo por detrás de Granada en porcentaje de cumplimiento.

Un proceso aún pendiente en la mayoría de Andalucía

Avvapro insiste en que, en el conjunto de Andalucía, aún existen 153.517 viviendas con licencia vigente pero que no van a poder operar en las plataformas. ¿Por qué? Pues porque, de ellas, 67.106 han obtenido número de registro (43%), pero, sin embargo, solo el 40% de estas ha completado también el segundo trámite obligatorio —el depósito de contratos de 2025 (modelo N2)—, lo que reduce al 17,2% el porcentaje de viviendas que han culminado todo el proceso administrativo.

Desde la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía advierten de la saturación del sistema y han solicitado una prórroga para el depósito de contratos, cuyo plazo expiraba este lunes. La patronal considera que el procedimiento, obligatorio para cumplir con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo y garantizar la transparencia y la supervisión del sector del alquiler vacacional, se ha convertido en una traba burocrática para el sector.

Por su parte, fuentes del Ministerio apuntan a la laxitud de algunas comunidades autónomas para verificar los requisitos legales para obtener la licencia, mientras que en el Registro único “se comprueba verdaderamente” la documentación. “Hay CCAA que no comprueban si las viviendas tienen las licencias necesarias, si las comunidades de propietarios han autorizado la actividad económica...”, explican.

En Andalucía, basta una declaración responsable de que la vivienda no incumple ninguna normativa municipal y es compatible con el PGOU para poder inscribirla en el registro, sin perjuicio de que luego pueda revisarse esa inscripción a petición de los ayuntamientos.

El mercado inmobiliario de Córdoba ha vuelto a demostrar que sigue a la alza en los últimos 15 años. Según el análisis de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el ejercicio ha cerrado con un total de 7.199 hipotecas firmadas específicamente para la adquisición de viviendas, lo que convierte a 2025 en el año con mayor actividad desde 2010, cuando se registraron 8.114 operaciones.

Esta cifra refleja una tendencia de crecimiento, superando ampliamente los registros de la última década. Para encontrar un volumen de contratos superior al de 2025, habría que retroceder quince años en la serie histórica. Si bien el mercado total de hipotecas -incluyendo fincas rústicas y urbanas- sumó 8.945 firmas -el mejor dato desde 2021-, es en el sector residencial donde la pujanza ha sido más evidente.

Uno de los datos más significativos de este balance anual es el volumen de capital inyectado por las entidades financieras. El importe total prestado para la compra de viviendas en la provincia ascendió a 799,1 millones de euros. Esto no solo supone un incremento del 11,3% respecto al año 2024, sino que representa el valor más alto movilizado para este fin en los últimos 15 años.

Mayor importe medio por hipoteca y lejos del 'boom' inmobiliario

Por otro lado, es digno de recalcar que en 2025 se haya prestado más dinero total para vivienda que en 2010 -799 millones frente a 776 millones de euros-, a pesar de que en aquel entonces se firmaron casi 1.000 hipotecas más. Lo que puede parecer una contradicción se explica por el encarecimiento de los préstamos: el importe medio por hipoteca en Córdoba se ha situado en 2025 en torno a los 111.000 euros por vivienda, una cifra significativamente superior a la de años anteriores.

En cuanto a los otros protagonistas en este tipo de operaciones, los bancos se mantienen como los líderes absolutos de la financiación en la provincia. Durante 2025, estas entidades financiaron 7.752 hipotecas sobre fincas urbanas -categoría que incluye las viviendas- por un valor total de 1.053 millones de euros. Por su parte, otras entidades financieras registraron una actividad menor, con 644 operaciones por un importe de 67,1 millones de euros. Las antiguas cajas de ahorro, debido a la transformación del sector, ya no figuran con operaciones bajo esa denominación jurídica específica.

Pese a los números a la alza que se presenta y la tendencia clara de crecimiento en los próximos años, Córdoba continúa lejos de las cifras alcanzadas durante el 'boom' inmobiliario. El récord histórico de la provincia se mantiene en el año 2006, cuando se llegaron a firmar 29.604 hipotecas totales y 18.871 específicamente para vivienda. El volumen actual de 2025 representa aproximadamente un 30% de aquella actividad frenética. Por lo que, por el momento, es difícil hablar de una posible ruptura del mercado.

En vísperas del día de San Valentín, el voluntariado de Greenpeace se ha movilizado en Córdoba y otras 15 ciudades para reclamar una vivienda digna, saludable y sostenible como derecho. La actividad ha consistido en entrar en tiendas de hogar y decoración para simular cómo sería habitar en una vivienda digna, algo muy complicado actualmente, debido a un parque residencial inaccesible y con malas condiciones de eficiencia energética.

El objetivo final de esta actividad ha sido denunciar las deficiencias energéticas de las viviendas y dar a conocer a la ciudadanía la nueva propuesta de la organización: Tu llave de la vivienda digna, que busca garantizar una rehabilitación accesible, fácil y a gran escala para que todas las personas puedan disfrutar del bienestar de una vivienda saludable, confortable y segura. 

La actividad se está llevando a cabo durante esta semana en A Coruña, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Bilbao, Compostela, Córdoba, Gran Canaria, Granada, Madrid, Málaga, Mallorca, Sevilla, León y Tarragona. 

Greenpeace recuerda que el sector de la vivienda tiene un gran impacto climático, económico y social. Mientras que el sector de la edificación es responsable del 30% del consumo energético anual del país, un sector de la vivienda, envejecido, caro y mal o nada aislado, emite el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a su alta dependencia del gas y la electricidad para calefacción y otros usos energéticos del hogar. 

“Ese hecho tiene un alto impacto en los bolsillos de la ciudadanía y en el planeta, genera grandes desigualdades y pobreza energética, mientras enriquece a oligarcas y especuladores”, afirma María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. 

La organización incide en que apostar por una transformación completa, y a gran escala, del parque residencial existente es una oportunidad colectiva para conquistar el derecho social a la vivienda digna, la seguridad económica y la lucha contra el cambio climático y cumplir así con los objetivos climáticos adquiridos en el Acuerdo de París para no superar la temperatura global en 1.5ºC.  

Por ello, Greenpeace hace una llamada urgente a las Administraciones a construir un consenso de país para que las políticas de vivienda resuelvan los problemas tanto de acceso como de calidad y sostenibilidad y propone 3 ejes de acción: la vivienda digna como derecho y no como privilegio; frenar la especulación y poner el dinero al servicio del derecho a la vivienda de calidad; y rehabilitar para vivir mejor.

La asociación de consumidores Facua Córdoba ha criticado la opacidad, la inutilidad y el despilfarro de la Oficina Municipal frente a la Ocupación del Ayuntamiento de Córdoba impulsada por el Partido Popular a propuesta de Vox.

En un comunicado, Facua recuerda que esta oficina puesta en marcha en octubre de 2025 se anuncia en su web como un espacio donde se proporciona “recursos y asesoramiento para enfrentar ocupaciones de manera efectiva y segura”. Sin embargo, indican que hay apartados como el de “Modelos y documentos” donde directamente la página da error y el mensaje de “parece que esta página no existe”.

Pese a llevar operativa cuatro meses, esta Oficina Municipal frente a la Ocupación del Ayuntamiento de Córdoba no ha gestionado ni una sola denuncia. Así consta en una respuesta oficial a una pregunta formulada en el Pleno municipal firmada por Jesús Coca, delegado de Contratación, Seguridad y Cecosam del consistorio cordobés, que publica Cordópolis.

La asociación lamenta que José María Bellido (PP), alcalde de Córdoba, haya hecho propio el relato de la ultraderecha, dando pábulo al bulo de que la ocupación es un problema masivo en todos los territorios. Así, ha aceptado poner en marcha una oficina, con la dotación de recursos que ello supone, “para contentar a Vox”.

“La puesta en marcha de esta oficina antiokupación no hace más que alimentar el miedo entre la población por un problema que, como demuestran los propios datos, no existe. El balance es muy claro: ninguna denuncia presentada en cuatro meses”, afirma Facua, que critica la falta de transparencia del Ayuntamiento de la capital en relación a la Oficina Municipal frente a la Ocupación, pues se desconoce si se ha destinado una partida presupuestaria específica para ello, la cuantía de la misma, el personal que trabaja ofreciendo este servicio, etc.

Por ello, la asociación pide a Bellido que aclare qué recursos se están destinando a una oficina que se ha demostrado que “es inútil y completamente innecesaria”.

La Oficina Municipal frente a la Ocupación del Ayuntamiento de Córdoba no ha gestionado ninguna denuncia desde su puesta en marcha hace cuatro meses. Así consta en una respuesta oficial firmada por el delegado de Contratación, Seguridad y Cecosam, Jesús Coca, con fecha 7 de febrero de 2026, en la que se señala (con visibles faltas de ortografía) que “a día de hoy ninguna denuncia se ha gestionado por la Oficina Municipal frente a la Okupación”.

El dato se conoce tras una pregunta formulada en el Pleno municipal correspondiente al mes de enero. La oficina fue anunciada el pasado 9 de octubre durante el debate de una moción presentada por el Grupo Vox, que salió adelante con los votos favorables de PP y Vox.

Durante aquella sesión plenaria, el concejal popular Jesús Coca comunicó por sorpresa que el servicio ya estaba operativo y que contaba con una página web específica  —oficinaantiocupacordoba.es-, así como con dotación policial y un convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba para ofrecer orientación jurídica gratuita a propietarios afectados por ocupación ilegal o impago de alquiler, lo que el equipo de gobierno denominó también “inquiocupación”.

Coca aseguró entonces que la oficina permitiría el “estudio, asesoramiento y seguimiento de cada caso, con medios materiales y humanos propios del Ayuntamiento”, y defendió que Córdoba era “pionera” en disponer de un recurso municipal de estas características. “Este Gobierno, frente al problema, da soluciones”, afirmó durante su intervención.

Sin embargo, la ausencia de denuncias gestionadas en estos primeros cuatro meses ha provocado críticas desde la oposición. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha calificado la iniciativa como “un fiasco más de Bellido” y ha cuestionado su utilidad real. “Anuncian una oficina Antiokupación a la que llamas y no te dan cita”, ha señalado.

Desde el Grupo Municipal Socialista reclaman, en su lugar, la recuperación de la Oficina de la Vivienda en Córdoba, un servicio que, según defienden, ofrecía una atención más amplia en materia de acceso a la vivienda y mediación en conflictos relacionados con el alquiler.

La Junta de Andalucía ha cancelado 755 viviendas de uso turístico de Córdoba capital inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía y otras 141 del resto de la provincia, gracias a una “estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en la cooperación institucional, el refuerzo normativo y la modernización de los sistemas de inspección y registro”. Gracias a este nuevo marco, los ayuntamientos pueden suspender licencias y declaraciones responsables de viviendas de uso turístico hasta tres años, con el fin de adaptar sus planes generales.

Este avance se apoya en la aprobación del Decreto 31/2024, que clarifica la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan límites proporcionados al número de viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza la capacidad de los municipios para adecuar esta actividad al modelo de ciudad definido en su planeamiento urbanístico y preservar el entorno urbano.

En el conjunto de Andalucía se han cancelado 13.037 viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. En declaraciones a Europa Press, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, afirma que “estos datos confirman que el Gobierno de Juanma Moreno actúa con firmeza, rigor y equilibrio, con una política turística que garantiza la convivencia entre los residentes y los visitantes al mismo tiempo que establece mecanismos para combatir la actividad ilegal”.

El balance de cancelaciones por provincias es el siguiente: Málaga, con 4.731 cancelaciones (1.385 en la capital), Granada, 2.138 (1.198 en la capital), Cádiz, 1.836 (484 capital), Sevilla, 1.468 (1.307 capital), Almería, 991 (186 capital), Córdoba, 896 (755 capital), Huelva, 587 (57 capital), Jaén, 390 (99 capital).

Ley de Turismo Sostenible

La nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que ya ha comenzado su tramitación el Parlamento de Andalucía incluirá por primera vez las Viviendas de Uso Turístico como servicio de alojamiento turístico y se regula la actividad clandestina y la oferta ilegal. La norma reforzará la inspección y se endurecerán las sanciones. Las graves aumentarán hasta los 100.000 euros y las muy graves a los 600.000 euros.

Además, el Registro de Turismo de Andalucía ha mejorado su operatividad y bloquea automáticamente la inscripción de viviendas situadas en zonas limitadas o sujetas a suspensión de licencias en Sevilla, Malaga, Cádiz, y el Puerto Santa María. En paralelo, la consejería de Turismo y Andalucía Exterior mantiene convenios de colaboración con los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Almería, Cádiz, Córdoba, el Puerto de Santa María Jerez de la Frontera, Granada, Málaga y Sevilla, con el objetivo de reforzar la detección de alojamientos irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y turística.

“Este es un ejemplo claro del modelo de gobernanza que impulsa el Gobierno de Juanma Moreno: cooperación, seguridad jurídica y decisiones valientes al servicio del interés general”, ha señalado Arturo Bernal. “Andalucía demuestra que es posible compatibilizar liderazgo turístico, calidad de vida y ordenación urbana, con políticas serias, datos objetivos y una hoja de ruta clara”.

Más de 2.300 vecinos de la barriada Santuario de Córdoba ya disfrutan de viviendas más accesibles, con rampas y ascensores adaptados a sus necesidades. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde, José María Bellido, las viviendas rehabilitadas en el barrio, una demanda histórica que ha sido posible gracias a una inversión de 3,84 millones de euros, de los que el 74% procede de una ayuda concedida por el Gobierno andaluz a través de su programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que cuenta con fondos del plan estatal y el Plan Vive en Andalucía.

Estas obras de accesibilidad, ya finalizadas y entregadas a los vecinos, han beneficiado a un total de 59 comunidades de propietarios, es decir, 944 viviendas y 2.360 residentes, tratándose de uno de los proyectos de rehabilitación urbana más relevantes desarrollados en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha ahondado en la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, pero también “de la colaboración de los vecinos” de Santuario, recordando que se trata de una intervención “ampliamente requerida durante muchos años”. En este punto, ha destacado que el gobierno de Juanma Moreno se volcó con poner en marcha esta demandada actuación para “mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los vecinos”, sobre todo en un barrio donde hay una elevada tasa de población de avanzada edad.

Asimismo, la consejera se ha detenido en unas actuaciones que han permitido “poner en marcha rampas que hacen más accesibles estos edificios, pero también ascensores”. Un trabajo, ha precisado, que “no habría sido posible sin la aportación de la asociación de vecinos y el trabajo de la oficina puesta en marcha en este barrio para atender en todo momento cualquier cuestión de los vecinos y dar una respuesta inmediata”.

También, la consejera ha recordado que “la rehabilitación es uno de los pilares básicos y fundamentales de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía”, que entró en vigor el día 24 de enero, “que va a venir a reforzar todo el trabajo realizado por el Gobierno andaluz desde 2019 para la mejora del parque de viviendas de la comunidad”.

“La respuesta tras años de promesas incumplidas”

Por su parte, el alcalde ha señalado que “la actuación desarrollada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pone de manifiesto que cuando las administraciones trabajan juntas y de forma leal, los resultados repercuten de forma directa en una mejor calidad de vida de las personas”.

“Hoy hablamos de casi un millar de viviendas rehabilitadas, pero también lo hacemos de miles de historias, con nombres y apellidos, que son los vecinos de un barrio que, gracias al gobierno de Juanma Moreno, han obtenido la respuesta que necesitaban después de años de promesas incumplidas por parte de los anteriores gobiernos socialistas”, ha apuntado el regidor.

Igualmente, el alcalde ha incidido en que “poner la vivienda en el centro de las políticas no es sólo impulsar nuevas promociones, sino también garantizar la mejora de las ya existentes y garantizar asuntos tan básicos como que las personas que habitan en ellas puedan salir a la calle o contar con una vivienda adaptada a las necesidades actuales en materia de eficiencia energética”.

Las actuaciones

Las actuaciones, además de la instalación de ascensores y rampas accesibles, han incluido la mejora de fachadas y cubiertas, el aislamiento térmico, la sustitución de cubiertas de fibrocemento, la incorporación de sistemas fotovoltaicos y la modernización de instalaciones comunes, todo ello con el objetivo de hacer edificios más seguros, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales.

En cuanto a la rehabilitación en el Parque Figueroa, Díaz ha comentado que “ahora mismo está en ejecución, una gran rehabilitación también”, a lo que ha agregado que están “en todo momento hablando con los vecinos”, asegurando que “desde la Delegación Territorial se hace un gran trabajo” con los vecinos “para sacar adelante la rehabilitación”.

La consejera de Fomento ha estado acompañada además de por el alcalde, por el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina; la secretaría general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez; la teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento, Eva Contador, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha iniciado el procedimiento sancionador contra una empresa por retomar las obras de un edificio residencial en la zona de Villarrubia a pesar de que su licencia de obras habría sido declarada caducada, según ha podido conocer este periódico. El proyecto inicialmente contemplaba la construcción de 38 viviendas, 51 plazas de garaje y una piscina comunitaria.

La presidencia de Urbanismo dictó una resolución durante el pasado mes de julio en 2024, declarando la caducidad de la licencia al no haberse finalizado las obras en el plazo máximo fijado por el Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba. En dicho documento se prohibía expresamente la continuación de los trabajos, permitiendo únicamente labores de seguridad. Sin embargo, en octubre desde ese mismo año, la Policía Local constató que la empresa había reanudado las obras de edificación sin contar con el título habilitante necesario.

Los hechos han sido calificados técnicamente como una infracción urbanística grave según la Ley 7/2021. La propuesta de sanción inicial asciende a 16.499,5 euros, calculada sobre el tipo medio establecido para este tipo de infracciones. La empresa promotora tiene la posibilidad de acogerse a varias reducciones en el importe de la multa.

Aunque el terreno se ubica en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior V-1 “Antigua Azucarera de Villarrubia”, los informes técnicos indican que la zona ya ha completado todas las actuaciones urbanísticas necesarias para ser considerada como suelo urbano consolidado. Actualmente, el procedimiento sancionador sigue su curso y se ha otorgado un plazo de quince días a los interesados para presentar alegaciones.

La actividad promotora en la provincia de Córdoba ha experimentado un notable retroceso a lo largo de 2025. Los datos de visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba confirman un descenso del 27% en el número de viviendas visadas para su construcción respecto al año anterior, una caída que se concentra casi exclusivamente en el segmento de la vivienda de renta libre.

En términos absolutos, durante 2025 se visaron 1.162 viviendas, frente a las 1.594 de 2024, lo que supone más de 430 viviendas menos proyectadas en un solo año. El dato refleja con claridad el enfriamiento del mercado residencial, en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes de construcción, la evolución de los tipos de interés y la cautela tanto de promotores como de compradores.

El análisis detallado de los visados muestra que el ajuste se ha producido casi en su totalidad en la vivienda de renta libre, que ha soportado el grueso del descenso interanual. Este comportamiento apunta a una ralentización de la iniciativa privada, especialmente en promociones de tamaño medio y grande, más sensibles a los cambios en la financiación y a la incertidumbre del mercado.

Frente a este escenario, la vivienda protegida (VPO) ha mostrado una evolución mucho más estable, actuando como un elemento amortiguador del desplome general. En 2025 se visaron 335 viviendas de VPO, frente a las 351 de 2024, lo que supone un descenso muy moderado del 4,55%.

La VPO resiste en un contexto adverso

Aunque la cifra de vivienda protegida también desciende ligeramente, su comportamiento contrasta con la fuerte caída de la vivienda libre. De hecho, la VPO gana peso relativo dentro del conjunto de la edificación residencial, evidenciando que la promoción vinculada a políticas públicas y a precios tasados mantiene una mayor estabilidad en momentos de desaceleración económica.

Este comportamiento sugiere que la demanda de vivienda asequible sigue siendo sólida en la provincia, al tiempo que pone de relieve las dificultades de acceso a la vivienda libre para amplias capas de la población, especialmente jóvenes y familias con rentas medias.

Impacto en el sector de la construcción

El descenso del número de visados no solo afecta al mercado inmobiliario, sino que tiene implicaciones directas para el sector de la construcción y el empleo asociado, así como para estudios de arquitectura, ingenierías y empresas auxiliares. Una menor carga de nuevos proyectos en cartera anticipa un ejercicio más contenido en términos de actividad, especialmente si la tendencia se mantiene en 2026.

Desde el ámbito profesional se observa con preocupación esta evolución, ya que los visados son un indicador adelantado de la actividad constructiva futura, y su caída suele trasladarse al mercado con varios meses de desfase.

El crecimiento de las viviendas de uso turístico en Córdoba capital ha entrado en una fase de clara desaceleración tras años de fuerte expansión. Los últimos datos del Registro de Turismo de Andalucía —el instrumento oficial que permite monitorizar este fenómeno— reflejan un frenazo significativo en el ritmo de concesión de nuevas licencias, especialmente desde la entrada en vigor de las nuevas medidas urbanísticas y normativas aprobadas en 2025, y que han afectado de lleno a la concesión de licencias.

Así, mientras durante todo el año 2024 se concedieron en Córdoba capital un total de 718 nuevas licencias de pisos turísticos, el año pasado este número menguó bastante: en total, han sido 168 las nuevas licencias otorgadas en los doce meses de 2025. Este descenso se traduce en un cambio sustancial del ritmo de crecimiento: de una media aproximada de más de dos nuevas licencias al día se ha pasado a tres a la semana.

El frenazo, no obstante, no es un retroceso, ni mucho menos. Pese a esta ralentización, el parque de viviendas turísticas sigue aumentando en la capital, aunque sea de forma más moderada. Así, en enero de 2024 la capital contaba con 2.435 licencias, cifra que subió hasta 3.153 en enero de 2025 y que alcanza las 3.321 licencias a fecha de 11 de enero de 2026, un 6,3% más que hace un año. El crecimiento, no obstante, es notablemente inferior al registrado entre enero de 2024 y enero de 2025, cuando el aumento fue de 718 licencias, casi un 30%.

Córdoba capital concentra más del 92% de los pisos turísticos de la provincia

A escala provincial, el Registro de Turismo contabiliza 3.634 viviendas de uso turístico, de las cuales 3.353 se localizan en Córdoba capital, lo que supone aproximadamente el 92,3% del total provincial. Esta elevada concentración evidencia el peso específico de la ciudad en el mercado del alquiler turístico, aunque el peso ha caído (el año pasado era el 96%9)

No obstante, dada la importancia que tiene la capital, la evolución provincial también muestra una desaceleración progresiva. En enero de 2024 había 2.641 licencias en la provincia, que pasaron a 3.338 en enero de 2025 (697 más, un crecimiento del 26,4%). Entre enero de 2025 y enero de 2026, el aumento ha sido de 296 licencias, lo que representa un crecimiento más moderado, del 8,9%. En comparación, el frenazo es incluso más acusado en la capital, donde el crecimiento interanual ha sido menor que el provincial.

El impacto de la moratoria y los cambios normativos

En este ámbito, la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha eliminado un total de 506 licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la provincia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los datos del año pasado evidencian un endurecimiento de los controles administrativos sobre este tipo de alojamientos y un aumento significativo respecto al ejercicio anterior. La mayoría de las suspensiones son en la capital cordobesa.

En general, este cambio de tendencia está directamente relacionado con varias nuevas normativas. Especialmente clave ha sido la moratoria aprobada por el Ayuntamiento de Córdoba el 2 de abril de 2024, que tiene una duración de tres años y que impide a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía autorizar nuevas licencias en los distritos Centro y Sur de la ciudad.

A esta medida se suma la entrada en vigor del cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a las comunidades de propietarios a emitir un certificado con la autorización expresa para permitir el uso turístico de las viviendas, así como la exigencia, desde abril, de contar con todas las aprobaciones, autorizaciones, licencias urbanísticas y declaraciones responsables en los distritos afectados.

Medidas para evitar el “efecto fuga”

Paralelamente, el Ayuntamiento de Córdoba ha tratado de evitar un posible “efecto fuga” hacia otros barrios de la ciudad. Para ello, ha encontrado una vía para limitar la proliferación de pisos turísticos en todo el término municipal mediante la interpretación de la reciente modificación normativa andaluza, obligando a que los nuevos pisos turísticos tengan siempre una entrada independiente de la del bloque en el que se instalen.

Eso complica la posibilidad de comenzar la actividad, puesto que exige más trámites tanto con sus vecinos como con Urbanismo (de hecho, la mayoría de nuevas licencias son para bajos reconvertidos en vivienda y, después, comercializados como pisos turísticos).

En conjunto, los datos del Registro de Turismo de Andalucía confirman que, aunque el número total de viviendas turísticas sigue creciendo, el mercado cordobés ha entrado en una etapa de contención, marcada por un endurecimiento normativo y por una menor velocidad en la concesión de nuevos permisos, especialmente en las zonas con mayor presión turística.

Más de 2.000 anuncios

Ahora bien, ¿cuál es la oferta real de pisos turísticos en Córdoba? Para ello está la herramienta AirDNA, el open data que monitorea la oferta de alquiler vacacional de plataformas como Airbnb o Vrbo. Una plataforma que muestra que el número de anuncios de pisos turísticos activos en Córdoba es de 2.139, un dato que muestra una cierta recuperación tras bajar a 1.800 el pasado verano (el dato más bajo desde el año 2022).

En 2018, esta herramienta llegó a mostrar que había más de 3.000 pisos turísticos activos en Córdoba en las plataformas, mientras que en el registro oficial apenas había poco más de un millar. ¿Qué ocurrió entonces? Que las plataformas fueron obligadas a dar de baja a todos alojamientos que no tenía licencia de alquiler turístico (que, en Andalucía, autoriza la Junta).

Desde entonces, la actividad comenzó a crecer hasta que la pandemia hizo que muchos pisos turísticos salieran de las plataformas. Una vez pasados los años más duros del Covid, el sector del alquiler turístico en la capital explosionó. Muchos propietarios se lanzaron a solicitar licencia para sus viviendas, en previsión de posibles legislaciones prohibicionistas, como finalmente ha ocurrido.

Esto hizo que el número de licencias superara ampliamente al número real de pisos turísticos en el mercado. Hoy, cruzando ambas fuentes de información, se puede concluir que seis de cada diez licencias de piso turístico acaban siendo comercializadas en los principales portales de alquiler vacacional. Los otros cuatro son lo que en este periódico hemos denominado “pisos turísticos durmientes”.

La Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha eliminado un total de 506 licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la provincia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los datos del año pasado evidencian un endurecimiento de los controles administrativos sobre este tipo de alojamientos y un aumento significativo respecto al ejercicio anterior.

Del total de licencias retiradas, 119 se eliminaron a instancias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), mientras que el resto se cancelaron bien por incumplimientos de la normativa vigente o a petición del propio propietario del inmueble, que solicitó la baja voluntaria del registro turístico.

Desde la Delegación de Turismo han precisado que no existe un registro ni una contabilización detallada de las solicitudes de licencia actuales, por lo que el número facilitado responde a permisos ya concedidos que han sido retirados y que, por tanto, no pueden comercializarse.

Las suspensiones crecen un 39% en un año

El balance de 2025 supone un incremento notable en comparación con el año anterior. En 2024, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía suspendió 365 licencias de viviendas de uso turístico en la provincia de Córdoba entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La diferencia interanual es de 141 licencias más retiradas, lo que representa un incremento cercano al 39 %.

Este aumento se produce en un contexto de refuerzo de la vigilancia sobre el parque de viviendas turísticas, tanto desde el punto de vista urbanístico como turístico, y coincide con una mayor coordinación entre administraciones para combatir la oferta que opera al margen de la legalidad.

En este sentido, el pasado mes de octubre, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba anunciaron que harían frente común para identificar y retirar del mercado las viviendas de uso turístico que funcionen en situación irregular. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, suscribieron entonces un convenio de colaboración que establece los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.

Dicho acuerdo contempla el intercambio de información, la coordinación de inspecciones y la actuación conjunta para detectar alojamientos que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa andaluza, con el objetivo de depurar el registro oficial de VUT y garantizar que la actividad turística se desarrolla dentro de los márgenes legales.

Como en toda España, entrar a una vivienda en Córdoba es hoy bastante más caro que hace un año. El mercado inmobiliario de Córdoba capital mantiene una evolución claramente alcista tanto en la compraventa de vivienda usada como en el alquiler, aunque con intensidades distintas.

Los últimos datos publicados por Idealista confirman que la capital cordobesa sigue inmersa en una tendencia de encarecimiento progresivo, en línea con lo que ocurre en buena parte de las capitales españolas, lo que complica cada vez más el acceso a la vivienda para familias y jóvenes.

En el caso de la compraventa, el precio medio de la vivienda usada en Córdoba se sitúa actualmente en 1.677 euros por metro cuadrado (muy similar al que ofrecía hace una semana la tasadora Tinsa en su informe trimestral), tras registrar un incremento trimestral del 3,6% y una subida interanual del 8,6%. Este aumento sostenido del valor del metro cuadrado se traduce en un encarecimiento notable de las operaciones de compra, incluso en viviendas de tamaño medio.

Ejemplos prácticos: un piso de 90 metros cuadrados

Llevado a un ejemplo práctico, un piso de 90 metros cuadrados tiene hoy en Córdoba un precio medio cercano a los 150.900 euros. Hace solo un año, esa misma vivienda se situaba en torno a los 139.000 euros, lo que supone un encarecimiento de casi 12.000 euros en apenas doce meses. Así, con estas subidas, la compra de vivienda se está alejando progresivamente del alcance de muchos hogares, especialmente para quienes necesitan financiación.

El mercado del alquiler también refleja subidas, aunque de forma más moderada. El precio medio se sitúa en 9 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento trimestral del 0,6% y una subida anual del 4,3%, según Idealista. Aunque el ritmo es más contenido que en la compraventa, la tendencia sigue siendo claramente ascendente.

Así, alquilar un piso de 90 metros cuadrados en Córdoba capital cuesta actualmente alrededor de 810 euros mensuales. Hace un año, ese mismo inmueble se alquilaba por unos 775 euros al mes, lo que supone pagar entre 30 y 35 euros más cada mes, o más de 400 euros adicionales al año. Una diferencia que, aunque pueda parecer moderada, tiene un impacto directo en la economía de los hogares inquilinos.

En conjunto, los datos de Idealista al cierre del 2025 evidencian que Córdoba no es ajena a la presión general del mercado inmobiliario. La subida más intensa en la compraventa, unida al constante encarecimiento del alquiler, dibuja un escenario de tensión creciente en el acceso a la vivienda, con un mercado cada vez más privativo tanto para compradores como para arrendatarios, y en el que solo parece haber beneficios para los propietarios.