El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación CHIBUPO, ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un supuesto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional.

El presunto autor se dedicaba a la cría y venta de animales de compañía: perros de distintas razas y perros de raza potencialmente peligrosa –American Bully—. La actividad la desarrollaba en una parcela de una urbanización ubicada en el término municipal de Almodóvar del Río, careciendo de las autorizaciones y registros administrativos obligatorios, no estaba dado de alta como núcleo zoológico. La exhibición y publicidad de los animales objeto de comercio las hacía a través de distintas redes sociales.

En el caso de los perros de raza American Bully, estos se vendían habiéndole practicado el corte de orejas —otectomía— con fines estéticos. Por una parte, se colgaban imágenes de los animales siendo cachorros con las orejas intactas, haciendo mención a la camada, a la “sangre” de los parentales; por otro, ya de adultos donde aparecían con las orejas cortadas. Hay que considerar que este “acto clínico”, con una finalidad puramente estética, está totalmente prohibido.

El EPRONA ha determinado que este acto clínico se ha realizado sin justificación ni supervisión veterinaria, no ha sido realizado por un profesional veterinario. Todo apuntaría a que ha sido el propio investigado quién ha llevado a cabo el corte de las orejas, praxis que pudiera provocar, además de una lesión, un sufrimiento grave innecesario a los animales que la padecen al no realizarlo un facultativo veterinario. Entre otras medidas, este corte, en caso de justificar previamente su necesidad, debería hacerse con anestesia general.

En la inspección realizada en las instalaciones donde se albergaban los animales —entrada y registro bajo mandamiento judicial— se halló distinto material quirúrgico apto para poder realizar el corte de las orejas. Igualmente, se almacenaban gran cantidad de medicamentos veterinarios, muchos de ellos sujetos a prescripción veterinaria —receta—; de aplicación exclusiva por profesional veterinario, sin que se justificara ni su legal adquisición ni administración. Para la inspección el EPRONA contó con la colaboración y asesoramiento de veterinario oficial de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la Vega del Guadalquivir. 

También se ha contado, en el marco de los hechos investigados, con un informe emitido por los servicios jurídicos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía. El EPRONA solicitó este dictamen a través del Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba, toda vez que existe un convenio de colaboración entre el colegio y la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba en el ámbito de la veterinaria sobre aspectos de seguridad alimentaria, ambiental, bienestar animal y salud pública.

Como culminación de todo lo expuesto, se ha procedido, en el ámbito penal, a la investigación de una persona como presunta responsable de un supuesto delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional. 

En cuanto a otras graves irregularidades comprobadas respecto a la tenencia, cría y comercio de los animales de compañía; los animales potencialmente peligrosos objeto de la investigación, el EPRONA ha tramitado sendos informes, en concepto de denuncia, dirigidos a las distintas autoridades administrativas con competencia en la materia: Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba; Ayuntamiento del término municipal de la ubicación de las instalaciones. 

La Guardia Civil en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de La Carlota y ha detenido a un hombre e investigado a otro, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil observó durante una inspección realizada en una finca de la localidad de Monte Alto (La Carlota), un secadero de marihuana, donde una persona realizaba labores de manipulación de cogollos de las ramas de las plantas.

Asimismo, en otra de las dependencias, la Guardia Civil localizó un sofisticado invernadero, que albergaba 653 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, así como 4.220 gramos de cogollos secos, listos para su distribución, procediéndose al desmantelamiento de la plantación y a la intervención de las plantas y cogollos.

La plantación estaba dotada de un complejo equipo de cultivo equipado con tecnología LED, ventiladores, humificadores y sistemas de extracción de aire.  

Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. En este sentido, se contó con la colaboración de personal de la empresa Endesa, quienes localizaron y cortaron el suministro fraudulento, acreditando técnicamente el delito de defraudación.

Paralelamente, efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Comandancia de Córdoba procedieron a realizar una inspección técnica del criadero de gallos combatiente español existente en la finca. Como resultado, se han instruido diligencias penales por la presunta comisión de un delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional, tras solicitar el preceptivo informe pericial al Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba. Asimismo, se han tramitado diversas infracciones administrativas relacionadas con el bienestar, protección y sanidad animal.

Ante este hallazgo, se procedió a la detención de una persona y a la investigación de otro como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que las instalaciones mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica. 

Detenido, investigado, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un hombre por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar después de manipular de forma reiterada un dispositivo electrónico de control. La sentencia ratifica así la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Córdoba: una multa de 1.440 euros.

Según los hechos probados, el condenado se separó en varias ocasiones del brazalete electrónico, descargó su batería y manipuló o dañó el dispositivo, incumpliendo de manera consciente las prohibiciones impuestas por resolución judicial. El condenado recurrió la decisión alegando errores en la valoración de la prueba, ausencia de dolo penal y vulneración del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estos argumentos y ha confirmado que existía prueba suficiente para acreditar la conducta delictiva, basada en declaraciones de testigos, interrogatorio del acusado y documentación técnica del dispositivo.

La sentencia también ha recordado que el hombre actuó de manera reiterada y consciente, integrando un delito continuado de quebrantamiento de condena, y que esta medida electrónica tiene un objetivo preventivo y de seguridad, al garantizar que las personas bajo control judicial cumplan con las restricciones impuestas, evitando riesgos para la sociedad y para posibles víctimas.

Finalmente, la Audiencia ha indicado que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ni procede aplicar la pena mínima, dado que la conducta fue probada como delito continuado.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado por varios delitos de violencia de género, ratificando una pena total de 52 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y cuatro meses.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera de lo Penal, confirma la resolución del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, que declaró al acusado culpable de varios delitos de amenazas en el ámbito de la pareja y de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Ahora, el tribunal ratifica las penas individuales impuestas por el juzgado: tres condenas de diez meses de prisión y dos condenas de once meses, que suman un total de 52 meses de cárcel.

Además, se mantienen las medidas de protección acordadas a favor de la víctima, entre ellas la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio o a su lugar de trabajo a menos de 500 metros durante tres años, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo. Estas medidas se controlarán mediante dispositivos telemáticos, salvo oposición expresa de la denunciante. Asimismo, se confirma la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años por el delito de malos tratos.

“Te voy a matar”

Según los hechos probados en la sentencia, facilitada a este periódico, la relación sentimental entre el acusado y la víctima, que se prolongó durante seis años, estuvo marcada por episodios continuados de violencia física y psicológica. La sentencia detalla varios incidentes de especial gravedad. Entre ellas que, durante una discusión en un parque y en presencia de la hija menor de la pareja, el hombre profirió insultos y amenazas de muerte hacia la mujer, con expresiones como “te voy a matar” o “entiendo por qué asesinan a las mujeres”. La menor, al presenciar la escena, suplicó “papá, no mates al abuelo”, tras escuchar al acusado amenazar con matar al padre de la víctima.

También que, durante otra discusión motivada por los celos, el condenado insultó a su pareja, la golpeó en el costado y la empujó contra un mueble, todo ello en presencia de su hija; que rompió con unas “tijeras un bikini de la víctima para impedirle volver a usarlo; que lanzó un cuchillo que impactó contra el frigorífico o que empuñó una navaja mientras mostraba una fotografía del padre fallecido de la mujer, diciéndole ”vamos a jugar a un juego“, en un claro gesto de intimidación, entre otros episodios recogidos por el auto judicial.

La Audiencia Provincial rechaza los motivos de apelación planteados por la defensa. En primer lugar, desestima la alegación de error en la valoración de la prueba y considera que la jueza de instancia actuó con plena corrección, sin incurrir en razonamientos ilógicos ni arbitrarios. El tribunal avala la credibilidad del testimonio de la víctima, corroborado por declaraciones testificales, informes periciales y documentación que desvirtúan la presunción de inocencia.

En segundo lugar, descarta la aplicación de circunstancias atenuantes como las dilaciones indebidas, la adicción a sustancias o el arrebato u obcecación. Sobre este último punto, la Sala recuerda que los celos o las emociones violentas derivadas de ellos no pueden considerarse estímulos suficientes para atenuar la responsabilidad en casos de violencia de género, al ser comportamientos rechazados por las normas sociales y jurídicas.

Por último, la Audiencia rechaza aplicar el delito continuado al entender que los episodios de violencia fueron independientes entre sí y se produjeron con un distanciamiento temporal apreciable, lo que impide considerarlos como una sola acción prolongada.

La batalla legal por la custodia de la bebé de Fernán Núñez que sufrió graves agresiones por parte de su madre continúa mientras que la niña se encuentra con una familia de acogida. Los abuelos paternos de la menor siguen reclamando su guarda, tutela y un posible régimen de visitas, incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya absuelto al padre y reducido la pena de la progenitora.

La menor nació de forma prematura, a las 28 semanas de gestación, el 4 de diciembre de 2022, y fue dada de alta hospitalaria el 28 de enero de 2023. A su regreso al domicilio familiar, los hechos probados en primera instancia señalaron que la bebé sufrió fracturas en extremidades, costillas, hematomas faciales, hemorragia digestiva e intoxicación por cocaína, constituyendo maltrato habitual.

El 8 de marzo de 2023, la abuela paterna alertó sobre la inflamación del rostro de la niña, que requería atención médica urgente. La Audiencia Provincial de Córdoba condenó en un primer momento a los padres a 14 años y tres meses de prisión por tentativa de homicidio y maltrato habitual. Sin embargo, el pasado 30 de octubre, el TSJA revocó la condena al padre, absolviéndolo de todos los cargos al considerar que no se había acreditado su participación en las agresiones. La sentencia destacó que no constaba que el padre residiera en el domicilio donde se produjeron los hechos ni que asumiera los cuidados diarios de la menor, lo que fundamentó su absolución.

La madre, por otro lado, vio reducida su pena: el tribunal descartó que hubiese intentado matar a la niña, condenándola únicamente por lesiones agravadas y maltrato habitual.

Paralelamente al proceso penal, los abuelos paternos iniciaron un procedimiento civil para solicitar acogimiento, tutela, guarda y custodia, o, al menos, un régimen de visitas. Tras la detención de los padres, la niña fue declarada en desamparo y pasó al sistema de acogimiento, ya que la Junta de Andalucía se opuso a que los abuelos pudieran asumirla directamente. La decisión fue recurrida ante el Juzgado de la Familia, que tampoco les dio la razón y les negó la posibilidad de ser sometidos a un informe psicosocial por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencais Forenses de Córdoba.

Frente a ello, la defensa de los abuelos presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de la capital, que, en junio de 2025, sí dio la razón a estos familiares, ordenando que debían ser sometidos a dicho informe psicosocial. Ese estudio ya se ha realizado, pero sus resultados, por el momento, se desconocen. El siguiente paso será una vista en la Audiencia Provincial, donde se analizará el informe psicosocial y se evaluará la idoneidad de los abuelos para asumir la custodia o el acogimiento de la menor, así como posibles visitas progresivas en un entorno neutro. Hay que señalar que los abuelos no ven a la niña desde que fue declarada en desamparo.

Fuentes judiciales han apuntado a este medio que, tras su absolución, el padre podría solicitar la custodia de la menor al restituirse la patria potestad. Aun así, los abuelos han reiterado, hasta el momento, que agotarán todos los recursos legales disponibles para poder tener relación con la niña.

Vuelco trascendental en el caso de la bebé maltratada en Fernán Núñez. El pasado mes de abril, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a 14 años y tres meses a los padres de la menor por intentar matar a la niña y maltratarla. Ambos recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha absuelto al padre de todos los cargos y ha reducido considerablemente la pena impuesta a la progenitora.

Según la sentencia, adelantada por Radio Córdoba, no ha quedado probado que la madre tuviera intento de acabar con la vida de su hija, por lo que el TSJA le ha impuesto cuatro años de prisión por un delito de lesiones agravadas y otros tres años por maltrato habitual. Además, ha absuelto al padre al considerar que la Audiencia vulneró su derecho a la presunción de inocencia

Un caso de maltrato continuado a una bebé prematura

Los hechos juzgados se remontan a finales de 2022. La menor, nacida de forma prematura a las 28 semanas de gestación el 4 de diciembre de ese año, recibió el alta hospitalaria el 28 de enero de 2023. Desde entonces, convivió con sus padres en un domicilio familiar de Córdoba.

Según los hechos probados, el llanto constante de la niña, debido a su inmadurez y fragilidad, habría motivado repetidas agresiones. Los progenitores, conscientes de su indefensión, la torsionaron y golpearon en varias ocasiones, causándole fracturas en las extremidades, costillas y rostro.

El 6 de marzo de 2023, la abuela paterna advirtió que la bebé tenía el rostro inflamado y avisó para su traslado urgente al hospital. Allí se detectaron fracturas costales y óseas en distintos estadios de evolución, hematomas faciales, hemorragia digestiva y hasta intoxicación por cocaína, lesiones que los facultativos calificaron de muy graves y compatibles con maltrato habitual.

Absolución del padre

Según la sentencia, facilitada a este medio por el TSJA, no se ha podido acreditar que el padre actuara como coautor de las agresiones. El TSJA ha destacado que la Audiencia Provincial no contó con pruebas sólidas que demostraran su participación directa en los golpes y fracturas que presentaba la bebé, y que la convivencia familiar continuada, señalada en la primera instancia, no estaba debidamente probada.

El tribunal también ha apuntado que el padre no residía en el domicilio donde la menor vivía con su madre durante el período en que se produjeron las lesiones. Sus encuentros con la niña eran esporádicos y limitados a parques cercanos, sin evidencia de que asumiera los cuidados diarios o tuviera responsabilidad directa sobre la bebé.

Respecto a las lesiones recientes detectadas en marzo de 2023, el TSJA ha concluido que no existían indicios que permitieran atribuirlas al padre. Asimismo, descartó cualquier responsabilidad por omisión, dado que no hay pruebas de que el procesado tuviera conocimiento de los daños ni hubiera participado en su causación.

El TSJA descarta la intención homicida en la madre

La Sala de Apelación del TSJA ha revocado la condena por tentativa de homicidio al entender que no se ha probado la intención de matar, aplicando el principio in dubio pro reo. Según el fallo, el conjunto de lesiones apunta a un dolo lesivo continuado, es decir, una intención de causar daño, pero no de provocar la muerte.

En cuanto al padre, el tribunal considera vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al no haberse acreditado su participación directa en las agresiones. Por ello, ha decretado su libre absolución.

Además de la pena de prisión, a la madre se le ha impuesto la prohibición de acercarse a su hija a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante siete años. En materia de responsabilidad civil, se mantiene la obligación de indemnizar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía con 15.079,80 euros, cantidad establecida en la sentencia de primera instancia.

La niña fue declarada en situación de desamparo provisional el 8 de marzo de 2023 y actualmente permanece en régimen de acogimiento familiar de urgencia. Contra la sentencia del TSJA cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Guardia Civil ha investigado en Villaviciosa a dos personas, de 22 y 24 años de edad, como presuntas autoras de un delito contra la flora y fauna, por cazar en época de veda, sin la preceptiva autorización. 

La Guardia Civil sorprendió en fechas recientes a dos personas, vecinos de Villaviciosa de Córdoba, de 22 y 24 años de edad, cuando circulaban con un vehículo por el paraje público Cabeza Aguda del término municipal de localidad (terreno cinegético sometido a régimen especial), portando el acompañante un rifle municionado, desfundado y dispuesto para su uso. Al proceder los guardias civiles a la identificación de estas personas, comprobaron que ambas mostraban un evidente estado de nerviosismo. Asimismo, también pudieron comprobar que presentaban manchas de lo que parece ser sangre en manos, brazos y ropas. 

Ante ello, procedieron tras identificarlos y al registro del vehículo, lo que permitió localizar en su interior, además del arma reseñada, un silenciador, munición, cuchillos y hacha, todos ellos con restos de sangre, así como cuatro reses cervunas adultas que transportaban en el cajón trasero del vehículo, con aparentes signos de haber sido abatidos recientemente.

Por lo expuesto anteriormente, los guardias civiles procedieron a la aprehensión de todos los efectos reseñados anteriormente, así como la investigación de estas dos personas como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, por cazar en época de veda sin la preceptiva autorización.

Además, los guardias civiles procedieron a la instrucción del preceptivo expediente de denuncia al propietario del arma, por infracción a lo dispuesto en la Ley 8/2003 de flora y fauna de Andalucía por tenencia de medios prohibidos para la caza (silenciador). Investigados y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido en Luque a una vecina de la localidad, conocida por sus amplios antecedentes policiales, como presunta autora de un delito de maltrato animal, con resultado de muerte de perro.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil la mañana del pasado día 23 de julio de 2024, que al parecer se había producido un delito de maltrato animal, con resultado de muerte de un perro, habiendo sido localizado dicho animal en una calle de la localidad.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para la identificación, localización y en su caso detención del presunto autor.

Las primeras investigaciones unidas a la inspección ocular practicada en la zona permitieron saber que el animal fallecido, pudiera haber sido arrojado desde un balcón, ubicado en la segunda planta de una vivienda de las inmediaciones, lo que le causó la muerte.

El avance de la investigación unido a la inspección ocular practicada en la zona, permitió obtener indicios suficientes de la participación en el delito de una vecina de la localidad, conocida por sus antecedentes policiales, quien presuntamente había arrojado al perro desde el balcón, ubicado en la segunda planta de una de las viviendas de las inmediaciones.

Para el esclarecimiento del delito ha sido fundamental la colaboración ciudadana.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a tres años de prisión y 120 días de trabajo en beneficio a la comunidad por maltratar y agredir física y sexualmente a la que era su pareja y madre de su hija. La sentencia llega después de un acuerdo de conformidad entre las partes. El Ministerio Fiscal pedía 14 años y nueve meses de prisión por todos los delitos.

Según la sentencia, los hechos enjuiciados se remontan a finales de 2019 y se prolongaron hasta 2021. La víctima llegó a España desde Honduras en octubre de 2019 y un mes después conoció al procesado. Ambos empezaron una relación, principalmente de índole sexual, aunque él estaba con otra mujer con la que convivía y con quien tenía hijos en común. Los primeros encuentros se produjeron en el piso de alquiler que tenía la víctima, quien después se fue a una vivienda propiedad de unos familiares de él. Allí, el Ministerio Fiscal sostiene que el procesado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez- la visitaba cuando quería mantener relaciones sexuales.

Durante la relación, el acusado mostró siempre un comportamiento despótico y desconsiderado hacia la víctima, a quien consideraba de su propiedad, le daba alojamiento y controlaba con la finalidad de mantenerla sometida a sus caprichos y a aislarla de sus amistades. Para ello, el hombre inspeccionaba el móvil de la víctima. Otro ejemplo de ese comportamiento despótico es que durante los encuentros sexuales, el acusado solía morder a la víctima diferentes partes de su cuerpo con el propósito “de marcarla como propiedad suya” a fin de que los demás hombres “estuviesen advertidos de que ella tenía de ello.

Pocos meses después de iniciar la relación, en septiembre de 2020, la víctima quedó embarazada del acusado, dando a luz a una niña. Dos días después del nacimiento de la bebé, y estando aún en el hospital, el acusado agredió a la mujer, la insultó y la amenazó con quitarle a la niña porque era “una mierda”. Las enfermeras del centro médico le reprendieron su comportamiento y fue expulsado.

En marzo de 2021, el acusado acudió a la vivienda de los familiares donde vivía la víctima con la niña con el objetivo de quitarle a la víctima el móvil que le había dado, ya que quería entregárselo a otra mujer. La mujer se negó y, como tenía el terminal en el bolsillo trasero de su pantalón, forcejearon y el acusado comenzó a zarandearla y a golpearla contra la pared. La víctima se defendió arañando al acusado y agarrándolo de los testículos. En esos instantes, el hombre la soltó, pero poco después la volvió a agredir tres veces más. Cuando se recuperó, la mujer cogió a su hija y se fue de la casa, a donde regresó tras verse en la calle, sola, sin dinero y sin tener un sitio a donde ir con la bebé.

Ya en la vivienda, la pareja discutió y el hombre agredió sexualmente a la mujer, pese a que ella le decía que la dejara, que no tenía fuerzas para nada. No ha quedado probado que en esta agresión hubiera acceso carnal, por lo que la condena se ha reducido considerablemente, pasando de 11 años de cárcel a dos. A todos estos hechos se suma que el acusado solía humillar a la joven con expresiones como “perra, ”puta“, ”no vales para nada“, ”no sirves como madre ni como mujer“ o ”si vas a la Policía vas a perder porque te van a deportar“, llegando también a escupirle en algunas ocasiones. Solía, igualmente, mortificarla diciéndole que iba a llar a los padres de ella, residentes en Honduras, a fin de decirles que su hija se estaba prostituyendo en España.

En el acuerdo de conformidad, el acusado ha sido condenado a dos años de cárcel por el delito de agresión sexual sin acceso carnal, un año de prisión por el delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer y a 120 días de trabajo en beneficio de la comunidad por los delitos de maltrato de obra y de lesiones. Además, se le ha impuesto nueve años de privación del derecho a la tenencia o porte de armas, y casi 12 años de orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con respecto de la víctima.

Por último, no podrá ejercer su derecho de patria potestad respecto de la menor durante cinco años, tendrá libertad vigilada durante cinco años y está obligado a pagar a la víctima una responsabilidad civil de 8.450 euros. Cabe señalar que el acusado había sido condenado previamente hasta en siete ocasiones por delitos de robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación, estafa, ocupación de inmuebles e impago de pensiones alimenticia. No obstante, estos antecedentes no son computables con esta causa a efectos de reincidencia.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en Córdoba ha abierto un expediente informativo a su diputada provincial Desirée Benavides, que está siendo investigada por un juzgado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro investiga a la también exalcaldesa de El Carpio y a su marido por presuntas agresiones tras denunciarse ambos como consecuencia de una pelea en la noche del jueves 29 al viernes 30 de mayo a raíz de una disputa en su domicilio particular.

“Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación relativas a un presunto caso de violencia de género que afecta a Desirée Benavides, miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial, la Dirección del PSOE de Córdoba manifiesta su total apoyo a la compañera y a todas las víctimas de violencia de género”, señala el encabezamiento de un comunicado del PSOE de Córdoba al respecto.

Y añade que, una vez que la Comisión Ejecutiva Provincial tuvo conocimiento de los hechos por parte de la propia Desirée Benavides, “la cual informó directamente de lo sucedido tras ocurrir los mismos, la Comisión Ejecutiva Provincial abrió un expediente informativo, que queda a resultas del procedimiento judicial en marcha y al total esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados”.

“En función a ello, y siempre salvaguardando el derecho a la presunción de inocencia que nos asiste a todas y a todos hasta que se dicte una sentencia firme, la Dirección Provincial del PSOE de Córdoba pide prudencia y respeto ante las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo”, concluye el comunicado.

Denuncias de ambos

La diputada provincial del PSOE está investigada por la supuesta comisión de un delito de maltrato habitual a su marido y ha decretado una orden de alejamiento hacia él, presunta víctima de agresiones, como consta en un parte médico que describe hasta once lesiones por todo el cuerpo.

A su vez, Benavides, que forma parte de la Ejecutiva Provincial del PSOE con Rafaela Crespín, ha denunciado a su esposo por la supuesta comisión de un delito de violencia sobre la mujer --por tirarle del bolso y hacerla caer al suelo, según el parte médico--, hechos por los que él está investigado también en el mismo juzgado y se le ha impuesto de forma paralela una orden de alejamiento respecto a la diputada socialista.

Al respecto, la Guardia Civil procedió, tras recibir la denuncia de Benavides, a detener al marido --lo llamaron para que se presentase en el cuartel--. Después fue examinado por un médico de las heridas que presentaba y pasó la noche en los calabozos de la Comandancia de Córdoba. El marido de la diputada fue puesto en libertad después de declarar ante la autoridad judicial.

Sin embargo, el varón investigado por maltrato --ella presentó un parte de lesiones leves en un dedo y unos arañazos, asegurando que sufrió tirones y empujones-- denunció a su mujer por los golpes que supuestamente le había propinado ella en esa discusión. En su declaración ante el juzgado, el marido negó que hubiera agarrado del bolso a su mujer y forcejeara con ella en el suelo, como ella había descrito en su denuncia.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a finales del pasado mes de marzo, a través de un aviso recibido por parte del Ayuntamiento de la localidad de Montemayor (Córdoba) de que, al parecer, un ciudadano que paseaba por las inmediaciones de la localidad, había observado desde un puente los cadáveres de tres perros y un cuarto con vida en un arroyo que discurre por la localidad.

Inmediatamente, la Guardia Civil pasó el aviso a la patrulla del Seprona de Córdoba, que se trasladó al citado lugar, donde con el apoyo de la Policía Local de Montemayor rescataron al animal vivo y extrajeron del arroyo los cadáveres de los otros tres.

La inspección ocular practicada en el arroyo y en los animales permitieron averiguar la finca de donde procedían los animales e identificar al presunto responsable de los hechos, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Finalizadas las gestiones, los cadáveres de los animales fueron trasladados al Hospital Veterinario de la Universidad de Córdoba para esclarecer las causas de la muerte, y el cuarto animal con vida para su recuperación y posterior entrega a una asociación protectora de animales.

Como culminación de todo lo expuesto, las diligencias instruidas por los agentes se han puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial correspondiente por delito de maltrato animal. Asimismo se ha dado curso a la vía administrativa, confeccionado informe de denuncia por las infracciones que se pudieran haber cometido, dirigidas la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Guardia Civil, a través de la patrulla del Seprona de Rute, ha investigado en Benamejí a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por desatender a un equino que resultó muerto.

La Patrulla del Seprona de Rute tuvo conocimiento, a través de una colaboración ciudadana, de la existencia en las inmediaciones de Benamejí, de un equino, en aparentes malas condiciones de salud, muy delgado, a la intemperie, sin atención, atado, los días de temporal de agua en la zona.

Inmediatamente, los integrantes de la patrulla del Seprona, se desplazaron al lugar indicado, donde pudieron comprobar que el animal había fallecido, se encontraba en una zona de pinos, con poca comida, barro y sin cobijo alguno.

Ante ello, los guardias civiles procedieron a localizar al propietario del equino y a pasar aviso al servicio veterinario de la zona, para la valoración de la muerte del animal, confeccionando informe de supuesta causas y desatención del animal.

Por todo lo expuesto, se procedió a la investigación del propietario del equino, un vecino de la localidad de Benamejí, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por presuntamente desatenderlo causándole unas lesiones que han provocado su muerte.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde la cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Rocío (nombre ficticio) nació en diciembre de 2022 de forma prematura a las 28 semanas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, quedando ingresada en la Unidad de Neonatos. Durante dos meses, la menor permaneció ingresada hasta que fue dada de alta y entregada a sus padres quienes, en ese tiempo, dieron claros indicios de la desprotección a la que iba a estar sometida la niña una vez que los tres cruzaran la puerta del hospital. Y así lo dejó reflejado el hospital.

Según la sentencia que ha condenado a estos padres a 14 años y tres meses de cárcel por maltratar e intentar matar a su bebé, dos días antes de que la niña fuera dada de alta -que ocurrió el 28 de enero de 2023-, el Reina Sofía emitió una hoja de notificación en la que se detallaban indicadores de riesgo por parte de ambos progenitores, como “la falta de interés por sus necesidades y de colaboración con los servicios sanitarios en el seguimiento de la salud infantil”, así como “una despreocupación por sus problemas”. El profesional médico otorgó a esta situación una valoración leve/moderada.

El documento del hospital también señalaba que durante el tiempo en el que la recién nacida permaneció ingresada, la presencia de los padres “fue escasa”, al igual que su demanda de información sobre el estado de salud de la menor y su implicación en los cuidados, incluyendo su alimentación. Este primer aviso se complementó con un informe clínico de consulta con fecha del 24 de enero de 2023 en el que se resaltaba que se habían realizado varios requerimientos para que los padres acudieran al centro hospitalario con escasa respuesta y que, además, “no disponen de teléfono”.

El segundo informe de alerta del Reina Sofía, y que fue el determinante, se emitió el 7 de febrero de 2023, un día después de que la abuela paterna llevara a la niña al hospital debido al estado en el que se la encontró cuando fue a la casa de su hijo. En ese segundo informe se indicó que la niña sufría “maltrato grave”. Tras el análisis médico de la menor, el Servicio de Urgencias del hospital remitió el parte al juzgado y contactó con el magistrado de guardia quien, a su vez, avisó al forense, que acudió al hospital a valorar a la bebé. De inmediato, el juez determinó una orden de alejamiento de los progenitores.

Estado en el que llegó la menor al hospital

A su llegada a Urgencias el 6 de febrero de 2023, la bebé presentaba un mal estado general con signos de compromiso vital, como palidez, taquicardia, irritabilidad y sangrado agudo, lo que requirió estabilización médica y pruebas complementarias. Ese mismo día, la menor ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Reina Sofía con múltiples lesiones compatibles con maltrato habitual.

Entre las graves lesiones que presentaba la lactante se encontraban fracturas en el húmero, en el radio, en el cúbito, en ambos fémures y en las costillas, además de callos óseos en estos huesos por fracturas anteriores ya consolidadas, lo que evidencia al menos tres estadios de evolución de las lesiones. También se observaron quemaduras en la cara por escaldadura, hemotórax bilateral, hemorragia digestiva no filiada e intoxicación por cocaína.

La menor necesitó reanimación cardiopulmonar avanzada y permaneció intubada durante una semana, desde el 8 hasta el 15 de marzo de 2023. Además, fue operada de las quemaduras en la cara y de las fracturas en las costillas y permaneció 18 días en la UCIP.

Los informes médicos señalaron que las lesiones sufridas por la menor eran compatibles con un maltrato habitual y que hubieran sido mortales de no haber recibido asistencia médica. La médico forense que examinó a la menor constató que las lesiones en la cara y los párpados eran recientes y producidas por contusión y rozamiento. Además, reiteró que la menor dio positivo en cocaína en la orina, lo que sugiere una exposición a la sustancia que no era reciente, aunque la vía de administración exacta no se pudo determinar concluyentemente.

Sin embargo, el tribunal no ha condenado al padre por esto, ya que no ha quedado acreditado que suministrara voluntaria y conscientemente cocaína a su hija o si la bebé dio positivo en esta droga por la inhalación pasiva o por un simple beso del padre después de haberla consumido este.

Intento de la defensa por alegar mal estado psíquico de la madre

En una estrategia por evitar que la pena de prisión fuera menor para la madre, su defensa presentó un informe en el que, supuestamente, se demostraba que la progenitora tiene una discapacidad; documento al que el tribunal no le ha dado validez.

En primer lugar, el documento no estaba firmado ni fue ratificado en el acto del juicio. En segundo lugar, al parecer tan solo se ha producido una única entrevista con la procesada y el informe se emitió con la finalidad del reconocimiento oficial del grado de discapacidad por la Junta de Andalucía, no constando si por parte de la administración se ha reconocido algún grado de discapacidad a la mujer.

Y, en segundo lugar, el tribunal ha argumentado que la emisión de este informe no se ha producido “como resultado de unas pruebas objetivas y de carácter científico, sino que para hacerlo se ha evaluado” a la madre “por indicios para determinar una posible discapacidad intelectual”.  Por ello, no se ha admitido la atenuante de trastorno psíquico de la madre.

Además, el tribunal tampoco ha admitido la atenuante muy cualificada que la defensa del padre presentó en la que alegaba consumo de cocaína. En ese sentido, a pesar de la existencia de los documentos aportados -un informe de Proyecto Hombre no actualizado y otro relativo al ingreso del procesado en una comunidad terapéutica en 2021, dos años antes de los hechos-, la Audiencia no ha considerado probado que el acusado, en el momento de cometer los hechos, lo hiciese por su grave adicción a la cocaína o porque se encontrase bajo el síndrome de abstinencia. En la fase de instrucción no se ha realizado ninguna diligencia de pericia sobre las capacidades intelectivas y volitivas del acusado, y en el juicio tampoco se presentó prueba alguna sobre la imputabilidad o la afectación de las facultades intelectivas y volitivas del acusado en el momento de cometer los hechos.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a un vecino de Peñarroya-Pueblonuevo por un delito continuado de maltrato animal a perros, con penas de 15 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales y para la tenencia de los mismos. Además, el acusado deberá hacerse cargo de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular.

Según ha informado Galgos del Sur, la sentencia es la respuesta a una denuncia en la que se personó la asociación Galgos del Sur como acusación particular representada por la abogada Dulce Aguilera.

En concreto, el 24 de mayo de 2022, agentes de la Guardia Civil acudieron, junto con una veterinaria del Colegio de Veterinarios de Córdoba, a una finca tras recibir una denuncia por “el deplorable estado de salud de varios perros”. En el lugar encontraron once animales, entre ellos tres adultos y ocho cachorros de raza mastín español, “todos en condiciones extremas de desatención y sufrimiento”.

“Uno de los cachorros estaba desplomado en el suelo, presentaba bradipnea y pérdida de conciencia, y tuvo que ser sometido a eutanasia tras ser diagnosticado de parvovirus avanzado”, ha detallado la asociación.

Además, ha precisado que “el resto de los animales mostraban lesiones y enfermedades graves”, de modo que “una de las hembras adultas tenía la oreja izquierda amputada de forma traumática, alopecia generalizada, sarna, leishmaniasis y un estado severo de desnutrición”, a lo que han añadido que “los demás cachorros, por su parte, padecían anemia, infecciones por mordeduras, abscesos, conjuntivitis, parásitos graves y distensión abdominal por parasitosis intestinal”.

Desde Galgos del Sur han apuntado que “no es la primera vez que la persona condenada es acusada por maltratar animales”, puesto que en diciembre de 2023 fue el Partido Animalista (Pacma) el que se hizo eco de otra denuncia vecinal --aún en instrucción a día de hoy-- en la que “se señalaba al mismo vecino por mantener a cuatro mastines en condiciones extremas”. “Debido a la presión social, los animales fueron decomisados, falleciendo uno de ellos al llegar al veterinario”, han precisado desde la asociación.

Tanto Galgos del Sur como Pacma, que tuvo que prestar asesoramiento judicial para conseguir el decomiso de los cuatro mastines de la segunda denuncia, han lamentado “la laxitud del Código Penal, que prácticamente impide que los maltratadores condenados entren en prisión al no imponer penas superiores a los dos años”.

La Guardia Civil ha investigado en Priego de Córdoba a un vecino de la localidad, como presunto autor de un delito contra los animales, por su presunta relación con la muerte de numerosos gatos de una colonia felina.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Rute (Córdoba), dentro del marco de los servicios llevados a cabo en la provincia para erradicar el maltrato animal, a través de una protectora de animales de la zona de Priego de Córdoba, tuvo conocimiento de la muerte de numerosos gatos de una colonia felina ubicada en el casco urbano de la localidad y que los mismos presentaban signos de envenenamiento.

Inmediatamente, la patrulla del SEPRONA de Rute se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento de los hechos. 

La inspección ocular practicada en las inmediaciones de la zona donde se habían producido los hechos, permitieron localizar entre los restos de basura de una parcela próxima al casco urbano. un sobre usado de veneno raticida-rodenticida y restos de varios felinos fallecidos.

Posteriormente, se pudo localizar al titular de la parcela, continuando la inspección en su presencia, lo que permitió localizar un recipiente de plástico donde al parecer se había puesto el cebo envenenado. 

Los efectos, de este tipo de veneno, coinciden con los síntomas que presentan los gatos muertos (hemorragias internas).

Como consecuencia del uso del veneno (raticida) en carne, para que se lo comieran los gatos, se ha producido la mortandad de numerosos gatos, pertenecientes a una colonia felina de la zona, por todo ello, se procedió a la investigación del sospechoso como presunto autor de un delito contra los animales.

En virtud de la nueva Ley de bienestar animal, que entro en vigor en septiembre de 2023, se modificó el código penal incluyendo el delito contra los animales, el cual contempla la utilización de veneno como maltrato animal, que está castigado con la pena de cuatro meses a dos años y toda persona declarada culpable por provocar la muerte de un animal puede ser condenada a tres años de cárcel. 

El uso de veneno no autorizado es una conducta constitutiva de dos tipos de infracciones, por un lado, de infracción penal (delito) contra los animales y, por otro lado, de una infracción administrativa por el uso del mismo.

Cabe recordar que este tipo de veneno (raticida en pequeños sobres), para no profesionales, debe utilizarse en un porta-cebos, estando prohibido usarlo de otra forma, para evitar que sea comido por otras especies que no sean ratas o ratones y no debe usarse en espacios abiertos con acceso para otros animales.

Investigado y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

Un joven de 20 años ha sido condenado a 21 meses de prisión por maltratar habitualmente a su pareja, con el agravante de haberlo hecho delante de la hija que ambos tienen en común. Además, durante dos años y medio, el condenado deberá portar durante dos años y medio un dispositivo telemático. Debido a que la pena de prisión no excede de los 24 meses, el procesado no tenía antecedentes penales y no se le han impuesto responsabilidades civiles, el procesado no entrará en prisión.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental desde junio de 2019 hasta diciembre de 2023. De forma alterna, la pareja vivía en los domicilios familiares de ambos y fruto de la relación nació en febrero de 2021 la única hija que tienen en común. Desde la ruptura, la menor está con el padre los fines de semana y días intersemanales, aunque esta situación no está regularizada judicialmente.

En base a la declaración de la víctima y de los testigos, ha quedado probado que a partir de la pandemia del covid y tras el embarazo, la mujer ha sufrido constantes discusiones, cambios bruscos de carácter y reproches mutuos, llegando el procesado a propinarle patadas, tirones de pelos y puñetazos, incluso, en presencia de la menor. Estos hechos se habrían producido como consecuencia del consumo de tóxicos y cannabis por parte del acusado.

Desde que comenzaran los malos tratos, la mujer nunca acudió a un centro de salud ni lo denunció “porque le daba lástima y lo quería”, ya que incluso fue él quien puso fin a la relación porque conoció a otra persona. Hasta en dos ocasiones, la menor -con tan solo dos años- comunicó a un tío suyo y a una amiga de su madre que su padre pegaba a su progenitora. De hecho, esta amiga llegó a ver que la víctima tenía moratones cada vez que venía de la localidad donde vivía la familia de él.

Además, en el plenario, la madre de la víctima aseguró que había visto que su hija presentaba cardenales “pero ella no decía que se los hubiera causado” su pareja. Asimismo, relató que en uan ocasión presenció cómo le dio a su hija con la puerta en la cara. Pese a estos testimonios y a los moratones de la víctima, nadie lo puso en conocimiento de los autoridades judiciales o policiales.

Junto a la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a un delito leve de vejaciones injustas tras recibir un audio en el que su expareja le insultaba diciéndole “guarra y puta”. Este hecho se produjo en dos ocasiones, lo que llevó a la joven a acudir a Urgencias de Palma del Río por episodios de ansiedad. Por este delito, el magistrado le ha impuesto 20 días de localización permanente.

Durante los dos años y medio que deberá llevar una pulsera telemática para controlar que respeta la orden de alejamiento de 500 metros impuesta sobre la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo o donde se encuentre. Por último, el juez le ha impuesto también una prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía durante dos años y medio.

Los casos de maltrato infantil contabilizaron en la provincia de Córdoba un total de 906 avisos por este tipo de hechos a lo largo del pasado año. Se trata de datos del Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) y suponen que la provincia cordobesa registró el 8,4% de los avisos por este tipo de casos en Andalucía durante 2023.

Estas cifras suponen un descenso con respecto al año anterior, cuando en Córdoba se superó el millar de avisos por maltrato infantil, con 1.072, que venía a ser el 8,9% del total andaluz de 2022.

Entre los avisos que se notifican al Sistema de Maltrato Intrafamiliar se dan desde actuaciones negligentes a maltrato físico, emocional o abuso sexual, entre los más graves.

Todo ello se recoge en el Informe Anual de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía correspondiente a 2023 -consultado por este periódico-, que se ha dado a conocer recientemente y analiza diversos indicadores, en este caso a partir de datos de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud.  

En Andalucía este sistema registró 10.787 notificaciones, un 51% estaban referidas a chicos y un 49% chicas. Por edad, la mayoría de notificaciones hacen referencia a niños y niñas entre 0 y 5 años (27,6%), seguidas de las notificaciones referidas a niñas y niños entre 10 y 13 años (27%); mientras hubo un 24,6% de avisos sobre menores de entre 14 y 17 años y un 20,8% de niños entre 6 y 9 años.

Del total de notificaciones recepcionadas en la comunidad andaluza, un 51,9% fueron valoradas como maltrato grave y un 48,1% como leve o moderado.

Tipos de maltrato

Por provincias, el recuento señala que Granada (11,9%), Cádiz (11,3%) y Almería (11,1%) son los tres territorios de los que proceden un mayor número de notificaciones. Jaén (6,3%) y Huelva (7,1%) son las provincias que han registrado menos notificaciones. Córdoba contabilizó el citado 8,4%.

El estudio del Defensor explica que en cada notificación se recoge de uno a cuatro tipos distintos de maltrato. En 2023, la negligencia (83,0%) y el maltrato emocional (78,8%) son las tipologías más notificadas. Mientras, un 39,8% de las notificaciones de maltrato recogidas en SIMIA hacen referencia a maltrato físico y un 25,2% a abuso sexual.

En su informe, el Defensor demanda un protocolo que coordine la intervención del SAVA, policía, fiscalía y juzgados para garantizar a las víctimas, menores de edad, el acompañamiento, atención psicológica y social, y asesoramiento jurídico que precisen en estos casos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montilla (Córdoba) ha dictado un auto en el que procesa por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pareja que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el mes de marzo del pasado año 2023 por maltratar a su bebé. 

En el auto, fechado el día 24 de junio, el magistrado que instruye este sumario ordinario acuerda además practicar en los próximos días la declaración indagatoria de los padres de la menor de edad, manteniendo en este sentido la situación de prisión provisional de ambos y requiriendo a cada uno de ellos para que presten una fianza de 10.000 euros para garantizar las correspondientes responsabilidades pecuniarias que finalmente pudieran serles impuestas. 

El juez explica en el auto que, de las diligencias y actuaciones sumariales practicadas, se desprende como indiciariamente acreditado que los investigados, “desde prácticamente el nacimiento de su hija, han venido a dispensar a ésta, no sólo un trato negligente en todo lo referente a su cuidado y sano desarrollo, sino que también han ejercido sobre la bebé una violencia física continuada”. 

De este modo, y según el magistrado, los procesados habrían “llevado a cabo contra su hija acciones y omisiones voluntarias que le han causado un grave perjuicio físico, contraviniendo de todo punto sus derechos como persona”. 

Así, y “como consecuencia de dicha violencia física infringida por los investigados hacia su menor hija, ésta habría sufrido las lesiones graves” que se describen en el informe del médico forense, unas lesiones que “habrían sido mortales de no haber recibido asistencia médica”, apunta el juez en el auto notificado a las partes personadas en el procedimiento. 

La versión de los padres, “incongruente y claramente contradictoria” 

El magistrado explica en el auto que los indicios racionales de criminalidad contra ambos investigados tienen como base el atestado instruido por la Policía Nacional; la declaración de los facultativos de urgencias pediátricas del centro hospitalario que reconocieron y examinaron a la menor el día 6 de marzo de 2023, cuando fue ingresada; la declaración de los procesados, quienes “no han ofrecido una explicación mínimamente creíble sobre las graves lesiones apreciadas en su hija menor, dando ambos una versión incongruente y claramente contradictoria”; la prueba documental obrante en la causa, en especial los informes y partes de asistencia médica, “en los que se viene a reconocer las agresiones denunciadas”, y el informe médico-forense de 17 de enero de 2024. 

Seguidamente, el instructor considera que, “en una primera aproximación a los hechos, sin duda provisional (...), nos encontramos ante una conducta grave que entraña un gran peligro para la integridad física” de la menor “e incluso su vida”, ya que no es “en modo alguno descartable que se pudiera haber producido un resultado letal a tenor de la conducta desarrollada por los progenitores, lo que impide en este momento descartar el dolo de matar al menos a título de dolo eventual, de modo que el resultado mortal fuera, eventualmente, asumido por los investigados, quienes aceptaron la probabilidad de que pudiera producirse la muerte de la bebé, siendo irrelevante que, al final, el hecho no tuviera graves consecuencias”. 

“Hay que tener en cuenta que la menor estuvo ingresada en la UCI hospitalaria 18 días”, asevera el magistrado, que concluye que, por todo ello, “existen indicios razonables para mantener, con el carácter provisional que tiene este pronunciamiento, la posible existencia de un delito de homicidio en grado de tentativa”, por todo lo cual declara procesados por dicho delito a los dos investigados.

A raíz de que la protectora de animales Galgos del Sur haya participado junto al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el decomiso de 25 perros de caza, que se encontraban “en pésimas condiciones” en unas instalaciones ubicadas en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), el Ayuntamiento de la localidad ha querido “desvincular al verdadero sector de las rehalas de unos hechos tan deleznables como estos”.

De hecho, según ha informado el Consistorio en una nota, la Federación Andaluza de Caza (FAC) ha detallado que “los animales se encontraban en una instalación que carece de documentación y no cumple ninguno de los requisitos legales para ser considerada una rehala”, y en este punto ha coincidido la edil de Medio Ambiente, María Rosa Fernández, quien ha explicado el punto de vista municipal del asunto y como se han desarrollaron los hechos.

Así, según ha relatado, el Seprona informó al Ayuntamiento y la citada edil se personó en el lugar y pudo comprobar “el estado lamentable en el que estaban los animales”, mientras que ahora “tre de estos perros están en instalaciones municipales, 12 en manos de una protectora y el resto, que tenían microchip, han sido devueltos a sus dueños”.

En la visita al lugar de los hechos, según ha señalado, “se pudo observar a un perro fallecido e incluso huesos”, si bien ahora, “afortunadamente, los perros recatados se encuentran en buenas condiciones y recuperándose de la situación” que han vivido.

El Ayuntamiento espera que “caiga todo el peso de la Ley” sobre la persona responsable, subrayando que “no es un verdadero rehalero” y que “su comportamiento sólo sirve para ensuciar el nombre del sector”, aclarando Fernández que “está persona, que no es vecino de la localidad, no tenía la documentación pertinente y, por tanto, no puede considerarse rehala”.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han querido defender la labor del sector de los rehaleros y desvincular hechos como estos con la realidad de un sector que en Hornachuelos “supone un importante motor económico y en el que se trabaja con total profesionalidad y respeto al animal”.

El Consistorio ha querido agradecer la labor de la Guardia Civil en este caso y que supuso, con la colaboración de Galgos del Sur, el rescate el pasado 27 de abril de los citados 25 perros de caza, que “malvivían en condiciones lamentables y de insalubridad, todos ellos desnutridos, parasitados, con heridas, atados con cadenas y viviendo entre sus heces”, hechos estos por los que se investiga a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba había fijado para este miércoles, pero finalmente se ha suspendido, el juicio contra un rehalero que presuntamente golpeó en la cabeza a cinco podencos hasta matarlos y arrojar sus cuerpos a la poza del Arroyo de Cantarranas, en la capital cordobesa en mayo de 2022.

La Asociación Galgos del Sur está personada como acusación popular y solicita una pena de siete años y seis meses de cárcel, mientras que la Fiscalía pide 18 meses de prisión por la supuesta comisión de un delito continuado de maltrato animal.

Según ha informado a Europa Press la abogada Dulce Aguilera, que ejerce la acusación con Galgos del Sur, del despacho jurídico Justicia Animales & Medio Ambiente, el juicio se ha suspendido después de que el acusado estaba en busca y captura y este martes se notificó a los testigos que se suspendía, si bien el procesado ha acudido a los juzgados, pero no se ha podido celebrar al faltar los testigos, de manera que se ha levantado la orden de búsqueda y captura y están pendientes de un nuevo señalamiento.

En concreto, los cuerpos de los podencos fueron hallados tras recibir avisos vecinales. La Guardia Civil pudo recuperar tres, pero, dadas las características de la zona, se precisó ayuda de la empresa municipal de Saneamiento de Córdoba (Sadeco) para recuperar los dos restantes.

La necropsia reveló que murieron a consecuencia de fuertes golpes en la cabeza, presentando múltiples fracturas en el cráneo, hundimiento del mismo y hematomas 'ante mortem', según ha detallado en una nota la asociación.

Cuatro de los cinco animales tenían microchip registrado a nombre de un cazador que confirmó su cesión --de palabra-- al acusado, sin realizar el cambio de titularidad obligatorio. “Todo apunta a que el rehalero habría decidido poner fin a sus vidas después de considerar que ya no le eran de utilidad para el ejercicio de la caza”, han apuntado, para agregar que “la inspección de las instalaciones propiedad del acusado reveló la presencia de todos los pasaportes de los perros fallecidos, así como 26 animales adicionales y sacos de pienso similares a los que contenían los cadáveres”.

Galgos del Sur reclamó en su momento, como medida cautelar, la retirada de la licencia de caza y armas y la clausura y precinto de las instalaciones donde albergaba a los animales, así como el decomiso de estos, sin poderse haber realizado esta última petición debido a que estos fueron “regalados” antes de la intervención.

La asociación denunciante espera que “el juez imponga la pena máxima al acusado”, para quien han pedido 18 meses de prisión por cada perro muerto, además de cuatro años de inhabilitación y la condena en costas. La Fiscalía también ha pedido los mismos años de inhabilitación.