La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que pone fin al recurso de apelación de un hombre condenado a nueve meses de prisión por un delito de abandono de familia por el impago de pensiones. El tribunal no solo ha ratificado la pena de cárcel, sino también la medida de acercarse a su exmujer y al hijo menor de edad que tienen en común.

Según el fallo, el acusado debía pagar 400 euros mensuales por sus tres hijos desde la sentencia de divorcio de 2013. Esta obligación se mantuvo íntegra hasta marzo de 2025, fecha en la que se dictó una sentencia de modificación de medidas por la cual, a partir de abril de aquel año, solo efectuaría una pensión de alimentos para su hijo menor de edad. En base a la sentencia, entre mayo de 2022 y octubre de 2025, el procesado dejó de pagar las mensualidades que le correspondían, acumulando una deuda de más de 14.500 euros. Además, era reincidente en este delito, ya que en enero de 2020 fue condenado por impagos acumulados entre 2014 y 2019 que ascendían a más de 19.400 euros.

En aquella primera sentencia, el juzgado le permitió fraccionar el pago de la deuda antigua en cuotas de 150 euros mensuales para que pudiera seguir atendiendo la pensión de 400 euros. Sin embargo, los hechos probados de esta última sentencia demuestran que el padre utilizó ese acuerdo de forma selectiva: pagó los 150 euros de la deuda pasada para evitar la cárcel en aquel proceso, pero desatendió casi totalmente las nuevas pensiones devengadas desde junio de 2022. En tres años, apenas aportó 894 euros mediante ingresos esporádicos, algunos de tan solo cuatro euros. Por ello, el Juzgado de lo Penal número 4 le impuso nueve meses de prisión, la prohibición de aproximación a su exesposa y a su hijo, a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos durante un periodo de 21 meses.

En su recurso ante la Audiencia Provincial, la defensa del padre alegó que sus ingresos eran insuficientes, argumentando que debía mantener a dos hijos de una nueva relación y afrontar deudas previas. Llegó a sostener que se vio obligado por “necesidad imperiosa” a priorizar a sus hijos menores frente a los mayores, quienes supuestamente podían trabajar.

No obstante, la Sala ha rechazado estos argumentos, recordándole que tiene un trabajo fijo desde mayo de 2022 y que percibe un salario superior al mínimo interprofesional. Según la sentencia, la obligación de alimentos a los hijos tiene “carácter preferente sobre cualquier otra deuda”. En consecuencia, el tribunal ha calificado su conducta como una “voluntad maliciosa” de dejar a sus hijos desatendidos, señalando que resulta “extremadamente difícil pensar” que no pudiera disponer de una cantidad mínima adicional para ellos en un periodo tan largo.

La Audiencia también ha rechazado eliminar la agravante de reincidencia. Los magistrados aclaran que el nuevo delito se cometió mientras los antecedentes de la condena de 2022 estaban plenamente vigentes. Además, subrayan que el impago de pensiones es un delito de tracto sucesivo que se perpetúa en el tiempo, lo que impide considerar cancelados sus antecedentes penales.

Además de la pena de prisión y las medidas de comunicación y alejamiento, el condenado deberá indemnizar a la madre con los más de 14.500 euros de las mensualidades impagadas.

En febrero de 2025, un juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo falló a favor de un padre, extinguiendo -con efectos retroactivos desde 2018- la pensión alimenticia que estaba abonando a su hijo. Esta demanda civil la formuló cuando tuvo conocimiento de que su vástago llevaba años trabajando, pero ni él ni su madre se lo habían trasladado para que dejara de pasarle la pensión. Aunque el juzgado le dio la razón, denegó al padre la posibilidad de recuperar el dinero ya abonado desde esa fecha, lo que ha provocado que la Audiencia Provincial de Córdoba haya anulado el proceso por un defecto de forma.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda interpuesta por el progenitor al quedar acreditado que su hijo trabajaba de forma continuada desde enero de 2018. Basándose en el “principio de flexibilidad” de los procedimientos de familia, el juzgado acordó que la pensión quedaba extinguida desde el momento en que el hijo empezó a trabajar. Por su parte, el hijo aceptó que se extinguiera la pensión, pero su madre no contestó a la demanda.

No obstante, el juzgado rechazó la petición del padre de obligar a la madre y al hijo a devolver las cantidades percibidas durante estos siete años. El magistrado de instancia argumentó que dicha reclamación era “extemporánea”, ya que no se incluyó en la demanda inicial y se planteó “por sorpresa” durante la vista. Además, aludió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter consumible de los alimentos para denegar el reembolso.

Contra esta sentencia, el padre formuló un escrito alegando abuso de derecho y enriquecimiento injusto, además de cuestionar la interpretación del juzgado. Antes de entrar a valorar si el padre tiene derecho o no a recuperar su dinero, la Sección Primera de la Audiencia de Córdoba ha decretado la nulidad de las actuaciones porque la madre solo conocía la demanda original, tendente únicamente a la extinción del pago de la pensión, pero nunca fue informada de que en el juicio se iba a pedir también que devolviera miles de euros. Según la Audiencia, resolver sobre ello cuando una de las partes no tenía conocimiento ha generado una situación de indefensión que ha invalidado el proceso.

Además, la Audiencia ha calificado como “improcedente” el razonamiento utilizado en la sentencia de instancia. Así, los magistrados han argumentado que si este juzgado consideraba que la petición del padre para recuperar el dinero era “extemporánea”, no debería haber entrado a valorar si procedía o no basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según la Sala, “si la pretensión es inadmisible, resulta innecesaria cualquier argumentación para su estimación o desestimación”.

Con esta decisión, la Audiencia ha obligado al juzgado de instancia a notificar legalmente la sentencia a la madre. El objetivo es garantizar que ella pueda conocer la reclamación y defenderse o recurrir si lo desea. Solo una vez cumplido este trámite, el caso regresará a la Audiencia Provincial para que los magistrados decidan definitivamente sobre la devolución de las pensiones abonadas desde 2018.

Un hombre deberá pagar 200 euros al mes a su exmujer durante cuatro años -es decir, 9.600 euros- como compensación a los 26 años de dedicación al hogar. Así lo ha estipulado una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha revocado parcialmente un fallo de un juzgado de Lucena. El tribunal ha considerado acreditado que la dedicación exclusiva de la mujer hacia su familia durante gran parte de su matrimonio supuso un “obstáculo en su devenir laboral y consiguiente autonomía económica”.

La demandante y su exmarido contrajeron matrimonio en junio de 1986. Según los hechos probados, la mujer se dedicó al cuidado del hogar y de sus dos hijas (nacidas en 1990 y 1995) de forma ininterrumpida hasta 2012, momento en el que comenzó a trabajar fuera de casa. A pesar de que en la actualidad la mujer cuenta con un empleo estable, la Audiencia ha llamado la atención sobre la “notable diferencia de ingresos” entre ambos cónyuges: mientras ella gana mensualmente poco más de 900 euros, su exmarido ingresa cerca de 2.300 euros. El tribunal ha subrayado que el desequilibrio no solo es salarial, sino que la falta de cotización durante los años de crianza afectará negativamente a su futura pensión de jubilación.

En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena había denegado la pensión compensatoria al considerar que la mujer ya estaba incorporada al mercado laboral. Sin embargo, la Audiencia Provincial sostiene que el mero hecho de trabajar no elimina el derecho a la compensación si existe un empeoramiento de su situación tras la ruptura en comparación con el nivel de vida mantenido durante el matrimonio. Como en otras sentencias precedentes, el tribunal recalca que la verdadera finalidad de esta pensión es “ayudar al cónyuge a alcanzar el grado de autonomía económica” que habría tenido de no haber mediado el matrimonio y su dedicación a las tareas domésticas.

Así, la pensión deberá ser 200 euros mensuales hasta que la mujer alcance la edad de jubilación, prevista dentro de cuatro años. Con este plazo, el tribunal entiende que se podrá restaurar el equilibrio económico por los propios medios de la beneficiaria.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia en la que confirma la pena de 12 meses de prisión para un hombre por no pagar la pensión alimenticia de su hija. La resolución ratifica íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Penal número 6, subrayando la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el acusado ya había sido condenado por hechos similares en 2018 y 2020.

Según la sentencia, el padre estaba obligado por una sentencia de 2010 a abonar 220 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hija menor. Sin embargo, el tribunal constató que, desde julio de 2020 hasta julio de 2025, el acusado dejó de satisfacer estas cantidades de manera sistemática.

Aunque realizó algunos ingresos esporádicos de pequeñas cuantías (entre 50 y 200 euros en fechas puntuales), la Sala ha considerado que estos fueron pagos “caprichosos” y, en algunos casos, ni siquiera estaban correctamente destinados a la beneficiaria.

En su recurso de apelación, la defensa del condenado alegó una supuesta situación de precariedad. No obstante, la Audiencia ha rechazado este argumento basándose en el informe de vida laboral del acusado, que demuestra que percibió ingresos suficientes durante el periodo enjuiciado para, al menos, cubrir parcialmente la pensión.

Además, el tribunal ha recordado que en marzo de 2024 se desestimó una solicitud de modificación de medidas instada por el propio apelante, lo que confirma que “no hubo una variación real de sus circunstancias económicas” que justificara el cese de los pagos. Así, para la Audiencia, el acusado no pagó la totalidad de las pensiones simplemente “porque no ha querido”.

Por otro lado, en su recurso, el padre ha alegado dilaciones indebidas, que también han sido rechazadas. El procedimiento ha durado algo más de dos años, “algo más que razonable” para el tribunal, que también ha apuntado que fue el propio progenitor quien lo ha demorado al no comparecer en los primeros llamamientos judiciales y provocar retrasos adicionales durante la tramitación de su solicitud de justicia gratuita, la cual terminó siendo denegada.

Junto a la pena de cárcel, el fallo confirma que el padre deberá indemnizar a la madre de su hija con el importe total de las pensiones adeudadas entre julio de 2020 y julio de 2025.

La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba han vuelto a concentrarse, un lunes más, y en esta ocasión lo han hecho con un mensaje “contra el gasto armamentístico” y por una mayor inversión en pensiones, sanidad, residencias y servicios sociales públicos, según la convocatoria hecha por este colectivo.

Entre sus reivindicaciones, que han hecho visibles en una concentración en Capitulares ante el Ayuntamiento de Córdoba, la plataforma de pensionistas ha apostado por “defender nuestros derechos” y ha reiterado sus peticiones de igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, además de eliminar la brecha de género en salarios y pensiones. “Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defiende”.

La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba ha vuelto, un lunes más, a concentrarse en la calle para reclamar mejoras en los salarios y en las pensiones, de manera que se garantice el poder adquisitivo de la ciudadanía, además de medidas que acaben con la brecha de género entre los pensionistas.

A las puertas del Ayuntamiento en la calle Capitulares, los integrantes de la plataforma han exigido que los presupuestos del año 2026 incluyan partidas económicas que garanticen el poder adquisitivo de salarios y pensiones públicas. Asimismo, mantienen su petición de 37,5 horas de jornada laboral, el aumento de las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo profesional y medidas que garanticen cerrar la brecha de género.

Entre las reclamaciones de los pensionistas cordobeses también está que se ejecute la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, acordada en el Congreso en el año 2021, y la derogación de los planes de empleo privados (que desvían las cotizaciones hacia la banca y entidades financieras, privatizando las pensiones y restando medios económicos y materiales de la seguridad social).

“En 2026 vamos a seguir defendiendo nuestras reivindicaciones desde la calle, y ante las instituciones, divulgando e informando a la población de la justicia y vigencia de nuestras posiciones, combatiendo las manipulaciones de los medios de comunicación en su intento de desinformar y enfrentar a la juventud con el colectivo pensionista, y defendiendo, en unidad de acción con los movimientos sociales y la clase trabajadora, los servicios públicos”, señalan en su manifiesto de este lunes.

Alrededor de 60.000 personas en la provincia de Córdoba se beneficiarán a partir del próximo 1 de enero de 2026 de la subida extraordinaria de las pensiones mínimas y no contributivas aprobada por el Gobierno, una medida que tendrá un impacto directo en uno de los colectivos más vulnerables del territorio. En concreto, las pensiones mínimas se incrementarán un 7% y las no contributivas un 11,4%, por encima del 2,7% de revalorización general, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida y las dificultades económicas de miles de hogares.

La mayoría de estos beneficiarios corresponden a pensionistas con prestaciones contributivas que necesitan un complemento a mínimos para poder alcanzar el umbral legal establecido. Se trata de personas que han cotizado durante su vida laboral, pero cuyas bases de cotización fueron tan bajas que la pensión resultante no alcanza la cuantía mínima fijada cada año por el Estado. Según las estimaciones disponibles a finales de 2025, este grupo engloba a unos 56.500 pensionistas cordobeses, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que el total de pensionistas en la provincia ronda los 185.300.

Los últimos informes sindicales sitúan a Andalucía como una de las comunidades con mayor dependencia de estos complementos. De acuerdo con datos de CCOO, el 30,5% de los pensionistas andaluces necesita este apoyo económico para subsistir, un porcentaje que en el caso de Córdoba se sitúa en la franja alta de la media regional. La explicación está en que la provincia cuenta con una de las pensiones medias más bajas de España, en torno a los 1.187 euros mensuales, muy por debajo de las medias nacionales, lo que empuja a decenas de miles de personas a depender de los mínimos legales.

Junto a este colectivo mayoritario se encuentran los perceptores de pensiones no contributivas, que agrupan a personas que no llegaron a cotizar el mínimo exigido —generalmente 15 años— y que reciben una prestación asistencial gestionada por la Junta de Andalucía. En la provincia de Córdoba se estima que hay entre 7.500 y 8.000 beneficiarios de este tipo de pensiones. En 2025, la cuantía básica de la pensión no contributiva se sitúa en 564,70 euros mensuales, lo que supone 7.905,80 euros al año, una cantidad que apenas alcanza para cubrir los gastos esenciales.

La subida aprobada de cara a 2026 cobra especial relevancia para estos colectivos. Mientras que el conjunto de las pensiones se revalorizará un 2,7%, las mínimas experimentarán un aumento del 7% y las no contributivas del 11,4%, lo que se traducirá en un alivio económico para miles de hogares cordobeses. Antes de esta actualización, las cuantías mínimas en 2025 se sitúan, por ejemplo, en torno a los 1.127 euros mensuales en el caso de las jubilaciones con cónyuge a cargo, unos 874 euros para las jubilaciones sin cónyuge o unipersonales, y entre 662 y 1.127 euros en las pensiones de viudedad, en función de la edad y de las cargas familiares.

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha valorado este viernes, “muy positivamente, la decisión del Gobierno de España de subir las pensiones en 2026, una medida que mejorará de forma directa la situación de más de 180.000 personas mayores en la provincia”.

Además, según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha destacado que “el Gobierno ha decidido reforzar especialmente las pensiones más bajas”, pues “las pensiones mínimas aumentarán entre un 7% y un 11,4%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán un 11,4%, lo que implica multiplicar por cuatro el incremento medio del IPC para ayudar a quienes tienen más dificultades para llegar a final de mes”.

En Córdoba, según ha detallado Mayoral, “el impacto de esta medida será especialmente importante”, dado que “más de 53.600 pensionistas de la provincia cobran actualmente pensiones mínimas, lo que supone casi uno de cada tres pensionistas. Para todas estas personas, la subida aprobada significará más ingresos y más tranquilidad y, en el caso de pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la subida que se experimentará ascenderá hasta los 1.800 euros anuales”.

“En nuestra provincia hay miles de personas mayores que viven con pensiones muy ajustadas. Esta subida es una decisión clara del Gobierno de España para proteger y dar dignidad a quienes más lo necesitan”, ha señalado Mayoral.

Las pensiones subirán de forma general el IPC, un 2,7%, “garantizando que no pierdan poder adquisitivo frente a la subida de los precios”, de forma que, “en el caso de una pensión media de jubilación, esta revalorización supondrá unos 570 euros más al año”.

El diputado socialista ha recordado que “la pensión media en la provincia ronda los 1.050 euros mensuales, una cifra inferior a la media nacional, lo que explica la importancia de priorizar las pensiones mínimas y no contributivas”.

“Subir las pensiones no es un gesto, es justicia social. En Córdoba, más de 180.000 pensionistas van a notar esta medida, y eso marca la diferencia entre gobernar para la mayoría o mirar hacia otro lado”, ha concluido Mayoral.

La Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha denunciado este lunes en Córdoba que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 “abandona” a las pensionistas más desfavavorecidas y a las personas en situación de dependencia. Así lo recoge el manifiesto leído en la capital, en el que el colectivo acusa al Gobierno andaluz de desoír sus peticiones y de presentar unas cuentas “continuistas” que no responden a las necesidades reales de los mayores.

En el documento, los movimientos de pensionistas explican que en octubre de 2025 solicitaron reuniones con la consejera de Inclusión Social y con el Grupo Parlamentario Popular para trasladar una serie de propuestas dirigidas a mejorar la situación de quienes perciben pensiones no contributivas y de las personas dependientes. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuesta por parte de la Junta ni del grupo parlamentario, lo que, a su juicio, demuestra una “falta de interés” por escuchar a los colectivos sociales.

Uno de los puntos más criticados del proyecto presupuestario es el incremento de la ayuda autonómica complementaria a las Pensiones No Contributivas (PNC), que sube un 3%, pasando de 186,45 a 192,04 euros anuales, lo que supone apenas 40 céntimos más al mes. La Coordinadora considera esta subida “claramente insuficiente” y sostiene que sería posible un aumento mayor utilizando unos 105 millones de euros que, según señalan, la Junta se ahorra al dejar de abonar la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, que ahora paga el Estado.

Otro de los reproches es la falta de un plan para acortar los plazos en la tramitación de ayudas, que actualmente alcanzan una media de 210 días, cuando la ley establece un máximo de 90. En el ámbito de la dependencia, el manifiesto advierte de que el gasto previsto para 2026 será del 1,13% del PIB, solo cuatro centésimas más que el año anterior, y recuerda que Andalucía es la comunidad que menos invierte por habitante en este servicio.

La Coordinadora subraya la gravedad de la situación: más de 44.000 personas permanecen en lista de espera para recibir ayuda a la dependencia, con una demora media de 574 días frente a los 180 que marca la ley. Además, denuncia que 5.292 personas han fallecido este año, hasta septiembre, sin llegar a recibir la prestación que tenían reconocida.

Pese a este escenario, el colectivo critica que el Ejecutivo andaluz presuma de “boom económico” mientras aprueba unos presupuestos que, en su opinión, no garantizan mejoras ni en las ayudas ni en los tiempos de respuesta. “Ese crecimiento no llega a quienes más lo necesitan”, lamentan.

Los movimientos de pensionistas recalcan que el trámite parlamentario de las cuentas aún está abierto e instan a la Junta a introducir enmiendas que permitan “mejorar la vida de las personas más necesitadas”. Asimismo, anuncian que continuarán trabajando con los grupos que se muestren dispuestos a apoyar cambios y que mantendrán la movilización en la calle para exigir un giro social en los Presupuestos de 2026.

Una pensión vitalicia de 150 euros ayudan a una mujer a paliar el desequilibrio que está suponiendo para una mujer cuidar de forma exclusiva a su hija con gran discapacidad tras una sentencia de divorcio. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha confirmado la sentencia que el pasado mes de febrero dictó un juzgado de la capital en el marcado de la separación de la pareja. Dicha pensión correrá a cargo de su exmarido, quien recurrió esta primera sentencia por considerarla injusta.

Según la sentencia, a la que ha accedido este medio, el juzgado estableció, entre otras medidas, esta pensión compensatoria vitalicia de 150 euros mensuales a favor de la madre. La pareja se casó en 2018, tars dos años de relación, y la menor nació ese mismo año. Desde su nacimiento, la madre ha asumido el cuidado exclusivo de la menor, mientras que el padre ha continuado con su actividad laboral. Los informes médicos y psiquiátricos presentados acreditan que la menor padece trastorno generalizado del desarrollo, autismo infantil, retraso madurativo, déficit de atención e hiperactividad y síndrome de Pica. Necesita supervisión constante, no controla esfínteres y requiere ayuda para vestirse y para sus actividades diarias. La niña tiene reconocido un grado de discapacidad del 65 % y un grado 3 de dependencia, lo que hace imprescindible la atención permanente de un adulto. Además, su cuadro clínico es crónico, incurable y, previsiblemente, no mejorará.

En el proceso de divorcio, el juzgado de Instancia estableció la custodia a la madre, con patria potestad compartida; un régimen de visitas alterno, uso de la vivienda al progenitor dado que la progenitora y la menor se trasladaron a Málaga, 350 euros al mes para la niña y una pensión compensatoria de 150 euros vitalicios para la madre. Sin embargo, el padre interpuso un recurso alegando que no concurrían los requisitos para fijar esa pensión porque su exmujer “nunca tuvo expectativas laborales a las que renunciar para cuidar del hogar o de su hija”. El tribunal ha rechazado esta primera afirmación según la vida laboral de la mujer, quien trabajó hasta 2016, año en que comenzó la relación. Tras el nacimiento de la niña, ella -que tiene 37 años- se dedicó en exclusiva a su cuidado y al del hogar.

En segundo lugar, el padre sostenía que la madre podría tener un trabajo a media jornada porque la niña iba al colegio. La Sala ha refutado también este argumento porque, pese a que ello es cierto, “la dedicación a la menor es particularmente intensa, limitando sustancialmente las posibilidades de la madre de reincorporarse a una actividad laboral afectando del mismo modo a otros ámbitos de desarrollo personal, como ocio y formación”. Que la menor asista al colegio por la mañana y tenga que atenderla por la tarde limita, asimismo, “sus posibilidades de acceso al mercado laboral”.

Esta situación personal lleva a la madre a recurrir, en determinados momentos, a la ayuda de sus padres. Con respecto a esto, su exmarido ha considerado que, si algún día no cuenta con esta ayuda, no se le agravarían sus dificultades. Sin embargo, el tribunal ha condenado esta afirmación. En primer lugar, porque son “varios los motivos” por los que la madre no podría contar con el apoyo de su familia, como un viaje, una enfermedad o cualquier indisposición. Además, el tribunal hace mención a las especiales necesidades de la niña, “por lo que no es fácil” asumir las funciones de cuidador.

En vistas a todo ello, la Audiencia ha mantenido la pensión de carácter vitalicia hacia la madre, pues su reincorporación al mercado laboral es altamente improbable dada la situación crónica de la menor.

Por su parte, el tribunal ha rechazado el recurso presentado por la madre, quien pedía que los desplazamientos de la niña para cumplir el régimen de visitas fueran realizados íntegramente por el padre, o, subsidiariamente, que se efectuaran a mitad de camino entre Córdoba y Málaga. En ese sentido, la Audiencia ha fallado que la madre tiene disponibilidad del vehículo necesario y la obligación de asumir todos los desplazamientos por parte del padre supondría un coste económico desproporcionado respecto a sus ingresos.

Un repartidor con graves limitaciones físicas ha logrado la incapacidad permanente total que un juzgado de lo Social de Córdoba le había negado al considerar que aún podía trabajar. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el trabajador tiene múltiples dolencias que imposibilita que pueda ejercer el trabajo que venía desempeñando, por lo que ha revocado la sentencia de primera instancia.

Según los hechos probados recogidos en la resolución, el hombre, de 53 años, trabajaba como motorista repartidor de comida y tiene una prótesis total en la rodilla derecha, lumbalgia, síndrome de apneas-hipopneas del sueño, ictiosis, trastorno depresivo y una espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune crónica que provoca dolor y rigidez articular.

Además, el trabajador tiene limitaciones orgánicas y funcionales para las deambulaciones y bipedestaciones moderadas, subir y bajar escaleras con frecuencia, saltar o correr, mantener posiciones forzadas o desplazarse por superficies irregulares o deslizantes. Asimismo, usa muletas y plantilla semirrígida, entre otras dolencias, lo que le provoca, también un trastorno adaptativo. Sobre la base de todo ello, la Junta de Andalucía le reconoció en enero de 2023 un grado de discapacidad del 78% y una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Con este cuadro clínico, el trabajador solicitó ante el Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba la declaración de incapacidad permanente absoluta y, de forma subsidiaria, la incapacidad permanente total para su profesión habitual como repartidor de comida. Sin embargo, y aunque el juez le reconoció las dolencias, concluyó que no eran suficientes para impedir el desempeño de su trabajo habitual como repartidor, denegándole la incapacidad permanente total. Sin embargo, el TSJA ha fallado que sí es merecedor de esta pensión.

En su fallo, la Sala ha señalado que las limitaciones acreditadas, puestas en relación con las exigencias del oficio de motorista repartidor de comida, impiden que el trabajador tenga “suficiente aptitud psicofísica residual para afrontar con rendimiento, eficacia y profesionalidad las tareas esenciales de su profesión habitual”. El tribunal ha subrayado que este trabajo requiere mantener la postura al volante durante toda la jornada, subir y bajar de la moto y desplazarse por superficies irregulares o inclinadas, lo que resulta incompatible con el cuadro clínico del demandante.

Por ello, el TSJA considera “plenamente justificado” reconocerle la incapacidad permanente total, inhabilitando al trabajador para las tareas fundamentales de su profesión, aunque pueda dedicarse a otra distinta.

La Plataforma Ciudadana de Córdoba por las Pensiones se ha concentrado este lunes ante el Ayuntamiento de Córdoba para renovar sus movilizaciones semanales y retomar las exigencias que dirigen al Gobierno y a la Junta de Andalucía para fortalecer el sistema de pensiones.

Tras sumarse el pasado 25 de octubre a la gran manifestación de pensionistas en Madrid, el colectivo en Córdoba ha avanzado que la defensa de las principales reivindicaciones será en los próximos meses el objetivo de sus acciones y movilizaciones. Entre esas reivindicaciones piden que la pensión mínima iguale al salario mínimo interprofesional neto, que se cierre la brecha de género en salarios y pensiones públicas entre mujeres y hombres, y que se realice una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, piden que se revaloricen las pensiones según el IPC real, el fin de las privatizaciones de los planes de pensiones de empleo y que las jubilaciones anticipadas no tengan penalización con 40 años cotizados. Al Gobierno central le solicitan, además, que se incremente la cuantía de las pensiones no contributivas.

Igualmente, a la Junta de Andalucía le reclaman que mejore el complemento económico de carácter anual y que en los presupuestos para 2026 se incluya una partida que aumente el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, para conseguir el objetivo de que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza.

La pensión en Córdoba continúa siendo uno de los principales problemas para los ciudadanos tanto de la provincia como de la capital. Pese a que está aumentando con el paso de los meses, esta prestación se mantiene como una de las más bajas de todo el panorama español, solo superando a Ourense, Cáceres, Lugo, Almería y Jaén. Esto sitúa a la extensión cordobesa a más de 200 euros por debajo de la media nacional.

Como viene siendo habitual en los últimos periodos, Córdoba está creciendo en la pensión media por encima de lo que lo hace el resto de España, ya que ha aumentado en más de cinco puntos porcentuales, pero continúa sin ser suficiente. La provincia solo cobró menos que los pensionistas de Ourense, Cáceres, Lugo, Almería y Jaén.

En Córdoba existen un total de 183.546 personas cobrando una pensión, que son 600 más que apenas dos meses y un 1,75% más que hace justo un año, según el informe que aporta el Ministerio de Seguridad Social. El grueso de pensionistas cordobeses son los jubilados, que ya son 115.232 y de media cobran 1.265,35 euros.

Por otro lado, en la provincia cordobesa hay 17.469 personas cobrando una pensión por incapacidad permanente y 42.621 haciendo lo propio con las de viudedad. Asimismo, 6,783 pensiones de orfandad y 1.441 de favor de familiares, conformando el número global anteriormente mencionado.

Más de 1.500.000 pensionistas en Andalucía

La Seguridad Social ha abonado la nómina de las pensiones de octubre a 1.552.675 pensionistas en Andalucía, situándose la pensión media de jubilación en dicho mes en los 1.368,47 euros, un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior, que se materializan en 59,6 euros más, y un 37,4% más que en octubre de 2018.

La delegación del Gobierno en Andalucía ha indicado que estos datos reflejan un incremento de 372,57 euros, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En general, la pensión media del sistema, contabilizando las de jubilación, viudedad, orfandad, a favor de familiares e incapacidad permanente, ha ascendido a 1.180,96 euros, que también experimenta un crecimiento del 4,6% respecto al mismo mes del pasado año, 52,96 euros más, y que suman 322,17 euros si se compara con la nómina de octubre de 2018 en Andalucía, que se situaba en los 858,79 euros (37,5% más).

En el registro nacional, la Seguridad Social ha abonado en octubre un total de 10.397.372 pensiones a 9.405.352 millones de personas. La nómina, que este mes asciende a 13.675,8 millones de euros, engloba a las distintas clases de pensiones contributivas. Por tanto, la pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,6 millones de personas -más de dos tercios del total-, se sitúa en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3% más alta que hace un año. El 59,1% de las personas que reciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres. Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del 'Régimen General' es de 1.668,7 euros mensuales, mientras que en el 'Régimen Especial de Trabajadores Autónomos' es de 1.011,6 euros al mes.

Sin embargo, en la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.909 euros, y de 1.672,8 euros en el 'Régimen Especial de Trabajadores del Mar'. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 936,7 euros mensuales. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres, tal y como ha señalado la delegación del Gobierno.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.675,6 euros, según los últimos datos disponibles del mes de septiembre. En concreto, en el 'Régimen General', la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.780,8 euros al mes.

La vida de Alfonso y Carlos (nombres ficticios), su pareja durante casi dos décadas, es otra muestra del limbo legal en el que se encuentran aquellas parejas que mantienen una relación estable en el tiempo, pero nunca llegan a formalizarla. A pesar de convivir durante casi 20 años en Córdoba y compartir bienes y decisiones, Alfonso no podrá acceder a la pensión de viudedad tras la muerte de su pareja en 2014. La decisión ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que desestimó su recurso de suplicación y ratificó la sentencia de un juzgado de lo social de Vigo, donde Alfonso reside actualmente.

Según los hechos probados por el tribunal, Alfonso nació en 1948 y permaneció empadronado con Carlos en el mismo domicilio de Córdoba desde el 22 de septiembre de 1994 hasta el 18 de septiembre de 2012. La relación entre ambos no solo fue de convivencia: en 1996, Carlos otorgó testamento abierto en el que nombró heredero universal a Alfonso quien a su vez instituyó heredero universal a Carlos. Además, el 7 de abril de 2003, ambos compraron una vivienda conjunta en Torremolinos, Málaga.

El fallecimiento de Carlos en diciembre de 2014 fue comunicado al Registro Civil por Alfonso como pareja y conviviente cercano. En mayo de 2023, solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social la pensión de viudedad correspondiente, pero la solicitud fue denegada. Según la resolución, su relación con el fallecido no cumplía con un requisito imprescindible: estar registrados como pareja de hecho. Presentó una reclamación que, posteriormente, fue desestimada.

Tras agotar la vía administrativa, Alfonso recurrió a los tribunales. En primera instancia, un juzgado de lo Social de Vigo le denegó la petición. Ahora, el Alto Tribunal gallego ha reconocido que aunque que existía una convivencia estable y prolongada, con propiedades compartidas y nombramientos mutuos de herencia, la ley exige que la pareja esté registrada para poder pensión una pensión de viudedad. La mera convivencia, continúa el tribunal, no sustituye la inscripción en registro oficial o documento público, requisito indispensable según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del propio TSJG.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este martes a una mujer acusada de un presunto delito de estafa y a la que le piden una pena de dos años de cárcel, según consta en el escrito de calificación de los hechos redactado por la Fiscalía.

En concreto, la mujer está acusada de haberse quedado con el dinero que por error ingresó la Seguridad Social en una cuenta de su madre, en la que ella estaba autorizada. La madre venía percibiendo una pensión de viudedad. No obstante, falleció, pero la familia no comunicó el deceso al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que siguió abonando mes a mes la pensión.

La Fiscalía señala que la mujer era consciente de que la cuenta de su madre, en la que era la única persona autorizada, solo se nutría de los ingresos de la Seguridad Social. De esta manera, la mujer fue extrayendo dinero mediante “sucesivas disposiciones de efectivo” tanto “en caja como en cajeros automáticos de diversas localidades”, según señala la Fiscalía en su escrito.

Así, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito continuado de estafa, por el que se le pide dos años de prisión. También la responsabilidad civil subsidiaria a la entidad bancaria, ya que habría incumplido “el deber legal” de comprobar, al menos una vez al año, “la pervivencia de las personas titulares de la pensión”.

Los pensionistas cordobeses siguen siendo de los que menos cobran de toda España. A fecha 1 de agosto de 2025, el importe medio de una pensión en la provincia de Córdoba fue de 1.103,93 euros. La media nacional fue de 1.312,90 euros, unos 200 euros más.

Por provincias, solo cobraron menos los pensionistas de Jaén, Lugo y Ourense. Y eso a pesar de que en el último año el importe medio de las pensiones en la provincia de Córdoba ha aumentado un 5%, seis décimas más que en el resto del país.

En Córdoba existen un total de 182.912 personas cobrando una pensión. Son un 1,73% más que hace justo un año, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. El grueso de pensionistas cordobeses son los jubilados, un total de 114.733 personas. De media, cobran 1.293,64 euros. A nivel nacional, el importe medio que cobra un jubilado es de 1.507 euros, según los datos del Ministerio.

Además, en Córdoba hay 17.292 personas cobrando una pensión por incapacidad permanente (un abono mensual medio de 1.056 euros todos los meses) y 42.609 pensiones de viudedad (805 euros al mes). También hay 6.842 cordobeses cobrando una pensión de orfandad (503 euros) y 1.436 de favor de familiares (716 euros).

9,4 millones de pensionistas en España

La Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas, con una nómina que asciende a 13.620,9 millones de euros este mes y que comprende las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

La pensión media del sistema alcanza los 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,3 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.907 euros, y de 1.669,7 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 935,8 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613,3 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722,5 euros al mes.

Nómina y pensión por clase

La nómina mensual de pensiones contributivas alcanzó en agosto la cifra de 13.620,9 millones de euros. Como es habitual, casi las tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que representan el 73% del total (9.954.976 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.197.949 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252.665 millones; la de orfandad, a 178,8 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

Hasta julio (inclusive), último dato disponible, se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación.

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y solo suponen el 27,6% del total de nuevas jubilaciones.

Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

En cuanto a la media de tiempo de resolución de los expedientes, en julio (último dato disponible) fue de 7,9 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,5 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En agosto, 1.112.061 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 86,2% corresponden a mujeres (958.207). El importe medio de este complemento es de 75,2 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 24,8% corresponden a pensionistas con un hijo (275.747), el 47,8% de los beneficiarios, con dos hijos (530.124); el 18,2% lo percibe por tres hijos (202.668), y por cuatro hijos, el 9,3% (103.522).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a una cordobesa, reconociéndole el derecho a la pensión vitalicia de viudedad aunque solo estuvo casada durante nueve meses con su pareja, quien falleció por enfermedad común. El fallo sienta un precedente relevante al confirmar que la convivencia estable y prolongada previa al matrimonio puede suplir el requisito del año mínimo de matrimonio, aun sin inscripción como pareja de hecho.

La sentencia desestima así el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra una resolución del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que ya había dado la razón a la viuda.

La pareja contrajo matrimonio en junio de 2019. Menos de un año después, él falleció. La ley establece que para tener derecho a la pensión de viudedad, el matrimonio debe durar, al menos, 1 año; que ambos cónyuges tengan hijos comunes o que hayan convivido como pareja de hecho antes del matrimonio durante, al menos, un año. En el caso de esta pareja, en el momento del fallecimiento del hombre, no se había llegado al año del matrimonio y tampoco estaban inscritos como pareja de hecho.

La Seguridad Social reconoció inicialmente a la mujer una prestación temporal de viudedad al considerar que no se cumplían los requisitos para la pensión vitalicia, en particular, la duración mínima del matrimonio, estipulada en un año. Sin embargo, la demandante acreditó una convivencia pública, estable y continuada con el fallecido desde 2007, es decir, durante más de una década antes de casarse.

Entre las pruebas aportadas se incluyeron el empadronamiento conjunto, testificales de los hijos del fallecido y de varios vecinos, así como informes médicos y documentos bancarios compartidos. Para el tribunal, esta convivencia cumple sobradamente el requisito legal de dos años de convivencia exigido en la Ley General de la Seguridad Social.

En esa línea, el fallo subraya que cuando se solicita la pensión de viudedad desde una situación matrimonial, y no como pareja de hecho, no es necesario que la convivencia previa esté inscrita en un registro oficial ni formalizada mediante documento público, tal como establece una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. En consecuencia, la Sala de lo Social del TSJA ha confirmado el derecho de la mujer a percibir una pensión de viudedad de carácter vitalicio, calculada sobre una base reguladora de 1.312,53 euros mensuales.

Las federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT han reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una rápida adaptación normativa tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el objetivo de garantizar la reducción de la brecha de género en las pensiones, tal y como se acordó en la última reforma.

El TJUE ha dictaminado que el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género no se ajusta a la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. La sentencia, fechada el 15 de mayo de 2025, en los asuntos C-623/23 y C-626/23, concluye que, a pesar de la reforma en vigor desde 2021, el complemento sigue siendo discriminatorio al contener elementos que favorecen a las madres en detrimento de los padres, vulnerando así el principio de igualdad recogido en la normativa europea.

Este pronunciamiento implica que los hombres que accedieron a pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad desde febrero de 2021 podrán reclamar el complemento, lo que, de no modificarse la legislación actual —conforme al artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social—, podría conllevar la supresión del complemento ya reconocido a las madres por el mismo hijo o hija.

Actualmente, este complemento beneficia a 901.977 mujeres pensionistas, y su posible pérdida o reducción supondría eliminar una medida de acción positiva pensada para compensar la discriminación estructural que sufren las mujeres en el mercado laboral y en la protección social.

Por ello, CCOO y UGT urgen al Gobierno a actuar con rapidez para modificar el texto legal y mantener la finalidad del complemento, asegurando que corrija desigualdades reales sin contravenir la doctrina europea. Las organizaciones sindicales advierten además de la necesidad de evitar una repetición de lo ocurrido con el antiguo complemento de maternidad, cuya reforma se demoró más de un año, agravando los efectos negativos sobre la brecha de género.

El tribunal critica el criterio seguido por un juzgado de Priego de Córdoba teniendo en cuenta que la primera póliza es obligatoria en caso de hipoteca y la segunda, habitual

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado parcialmente una decisión de primera instancia que había aumentado la pensión de alimentos que una madre debía abonar a su hijo. La Audiencia ha considerado insuficiente y errónea la argumentación del juzgado de Priego de Córdoba, que basaba una mayor capacidad económica de la madre en el hecho de poseer un seguro de vivienda y otro de coche.

El caso se remonta a una demanda de modificación de medidas establecidas en la sentencia de divorcio. En la misma, se había otorgado la guarda y custodia de los dos hijos a la madre, estableciéndose una pensión de alimentos a cargo del padre. Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia de Priego de Córdoba estimó sustancialmente la demanda del padre, acordando otorgar la guarda y custodia del hijo menor -de 17 años- al progenitor, con quien ya convivía desde noviembre de 2022, y fijando una pensión de alimentos de 200 euros mensuales a cargo de la madre. La sentencia de primera instancia argumentó esta decisión basándose en que, a pesar de que la madre declaraba ingresos de 640 euros mensuales, había reconocido el pago de 140 euros de luz y de seguros de casa y coche, lo que, a juicio del juzgado reflejaba “una mayor capacidad económica”.

Frente a este fallo, la defensa de la mujer interpuso un recurso de apelación solicitando una revocación parcial del mismo y que se fijara la pensión de alimentos a su cargo en 150 euros mensuales. Entre sus argumentos, alegó que sus ingresos anuales netos en 2022 fueron de 3.816,84 euros, situándose por debajo del umbral de la pobreza según datos del Instituto Nacional de Estadística.

En relación con la capacidad económica de la mujer, la Audiencia ha criticado a valoración realizada por el juzgado de Priego, señalando que “no se puede considerar probado una mayor capacidad económica por el simple hecho de pagar 140 euros de luz (sin tener en cuenta que podría ser una facturación bimestral) o tener seguros de vivienda y coche (el primero, en muchos casos, obligatorio por la existencia de una hipoteca, y el segundo, habitual)”.

Además, la Audiencia recordó al juez de instancia que “no basta con afirmar hechos, sino que es necesario probarlos”. Por ello, el tribunal ha considerado que, si bien no constan los ingresos reales del padre, la nómina aportada (con un salario líquido de 1.419,99 euros) junto con el hecho de haber abonado 516 euros mensuales por ambos hijos, eran un “claro indicio de una situación económica muy superior” a la de la madre. Además, la Audiencia también ha echado en falta alguna prueba de los ingresos que la mujer obtiene de la economía sumergida trabajando como limpiadora.

Por ello, la Audiencia ha revocado parcialmente la sentencia, rebajando a 150 euros l apensión en concepto de alimentos que la mujer tendrá que abonar a su hijo.

Como cada primer lunes de mes, la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Córdoba se ha vuelto a concentrar en la calle Capitulares, con el objetivo de mantener vivas sus demandas y reclamar un incremento en las percepciones de las rentas más bajas, especialmente.