El sindicato CSIF ha denunciado el avistamiento la pasada madrugada de un dron en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Córdoba, cuyo operador resultó detenido por efectivos de la Guardia Civil, que actuaron gracias las informaciones que les dieron los profesionales de la prisión. La organización ha detallado que los trabajadores del centro procedieron a averiguar qué internos estaban involucrados en estos hechos para, posteriormente, separarlos del resto de reclusos y hacer las indagaciones oportunas para esclarecer la situación.

Esta organización, mayoritaria en la prisión de Alcolea, ha recordado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, que se ya ha solicitado formalmente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) la implantación de sistemas de inhibición de vuelo de aeronaves no tripuladas sobre los centros penitenciarios, así como la declaración expresa de prohibición de sobrevuelo en estos recintos. La organización sindical ha considerado que la presencia de estos dispositivos evidencia las graves carencias en materia de seguridad perimetral de los establecimientos.

El sindicato ha lamentado la falta de medios tecnológicos adecuados para hacer frente a este tipo de amenazas, así como la escasa formación específica recibida por la plantilla en relación a estas cuestiones. La central sindical ha señalado que resulta imprescindible la dotación e implementación de dispositivos de defensa tipo TASER, así como la actualización del régimen disciplinario aplicable a la población reclusa, que no ha sido actualizado desde 1981.

CSIF ha recalcado que no puede obviarse la grave situación de sobreocupación que padece el centro con una población reclusa aproximada de 1.500 internos, siendo una de las prisiones más masificadas del sistema, lo que supone un incremento sustancial de la carga de trabajo que debe ser asumido por la misma plantilla. Desde su punto de vista, “la SGIIPP debería tener en cuenta los riesgos a los que nos expone por este incremento de internos y el déficit de personal existente, poniendo nuestra seguridad en serias dificultades para poder trabajar con la operatividad debida”.

En este sentido, el sindicato ha recordado que este colectivo profesional sufre una agresión cada 17 horas, siendo la prisión de Alcolea la que registró más ataques a trabajadores penitenciarios en el primer semestre de 2025.

La central sindical ha advertido que el perfil de la población reclusa ha evolucionado, presentando en la actualidad una mayor peligrosidad, al tratarse en numerosos casos de bandas criminales organizadas con amplia experiencia en el ámbito delictivo, frente a una plantilla carente de preparación y medios adecuados, una situación ante la SGIIPP no se ha ocupado con la diligencia debida.

CSIF ha destacado que, pese a todas estas carencias, el personal penitenciario desarrolla su labor con total profesionalidad con el fin de garantizar la protección de la sociedad desde el momento del ingreso del recluso en el establecimiento. El sindicato ha subrayado que estos profesionales continúan sin ostentar la condición de agentes de la autoridad con los principios de indemnidad y presunción de veracidad que conlleva. Asimismo, la organización ha indicado que permanece pendiente la equiparación retributiva del personal penitenciario con el de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de prisiones.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, advierte del “riesgo de colapso” en los servicios públicos en Córdoba encargados del proceso extraordinario de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central. En este sentido, la central sindical alerta de que este proceso, que podría suponer la tramitación de cientos de miles de solicitudes a nivel nacional, tendrá un impacto directo en organismos claves en Córdoba, como son la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyos empleados ya soportan de por sí una elevada carga de trabajo.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, denuncia que las plantillas actuales de estos servicios en la provincia no están suficientemente dimensionadas para afrontar este incremento extraordinario de expedientes, lo que podría traducirse en retrasos, saturación de los servicios y un serio deterioro de la atención a la ciudadanía. Según la información disponible, el proceso se está desarrollando desde el 1 de abril y concluirá el 30 de junio, con una primera fase de recogida de solicitudes y una segunda destinada a la tramitación. El representante sindical indica que en Córdoba gran parte de la carga administrativa recaerá en la atención presencial, así como en la gestión documental inicial.

CSIF lamenta la falta de concreción por parte del Gobierno sobre el refuerzo de personal en la provincia para este fin, lo que genera una gran preocupación en la central sindical por la posible externalización de estos servicios, cuando hay que recordar que se trata de gestión de datos especialmente sensibles que deben contar con una supervisión directa de personal funcionario. Muñoz también pone de manifiesto la incertidumbre existente entre los trabajadores de las oficinas de Extranjería en Córdoba, ya que podrían quedar al margen de la recepción inicial de las solicitudes, pese a que, posteriormente, serán los responsables de la renovación de los permisos derivados de este proceso.

Ante esta situación, CSIF reclama el refuerzo inmediato de las plantillas de todos los organismos afectados por este proceso de regularización, la no externalización de los servicios públicos vinculados a este procedimiento extraordinario, la adoptación de medidas organizativas urgentes para evitar el colapso administrativo previsto y la compensación económica del esfuerzo adicional que deberán asumir estos empleados públicos.

El máximo responsable del Sector de AGE a nivel provincial concluye que “insistimos en la necesidad de anticiparse a los efectos de esta regularización extraordinaria, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar tanto el correcto funcionamiento de la Administración, como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa”.

CSIF ha denunciado que la Policía Local de Córdoba no ha contado con el todo el personal necesario durante la pasada Semana Santa a fin de llevar a cabo todas las labores de seguridad y de control del tráfico que son precisas en una cita festiva tan relevante como esta. Concretamente, el sindicato recuerda que se llegó a un acuerdo con la Jefatura de este cuerpo para mantener este año los 325 agentes por productividad con los que se contaron en 2025, “una inversión de recursos humanos que no se ha visto reflejada en la operatividad real”.

El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Eloy González, señala que “no entendemos que, bajo un nivel de alerta antiterrorista 4 decretado por el Ministerio del Interior, haya habido patrullas de dos agentes que se han visto separadas en estos días tan señalados, dejando, de este modo, a oficiales, agentes e, incluso, efectivos en prácticas patrullando en solitario, algo que reduce la capacidad de reacción de los profesionales ante cualquier incidente grave”.

La central sindical pone también el foco en el hecho de que el acotamiento con una valla de la Carrera Oficial provocó embudos y embolsamientos de personas en puntos críticos, como es el caso de la Cruz del Rastro, la Puerta del Puente o diversas calles del Casco Histórico de la ciudad, lo que dificultaron los flujos de evacuación y el control de masas por parte de los agentes.

González lamenta que la falta de personal originó puntos de corte de tráfico sin cubrir por profesionales de este cuerpo de seguridad. “Especialmente preocupante fue la situación que se generó en el Puente de Miraflores, donde se delegó en una empresa privada de grúas la labor de bloqueo, con unos vehículos, cuya disposición permitía el paso de automóviles y motocicletas haciendo ”zigzag“”, aseveró el representante sindical.

CSIF señala que esta escasez de agentes en la calle ha impedido en ocasiones que hubiera patrullas disponibles para cubrir servicios mínimos y emergencias, además de que se han reducido los escoltas de los pasos procesionales. En lo que se refiere a los medios materiales, el sindicato también denuncia un importante déficit con falta de transmisores individuales para los policías y de vehículos patrulla.

En virtud de todo ello, CSIF solicita una reunión en el plazo más breve posible con los responsables de la Jefatura de la Policía Local para analizar todas estas incidencias y buscar soluciones a fin de que los problemas registrados en Semana Santa no se repitan en futuros eventos de gran relevancia para la ciudad como es la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud. 

CSIF se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado entre la administración concursal de Mensajería del Guadalquivir, concesionaria de MRW en Córdoba, la plantilla y la empresa para la extinción de la veintena de puestos de trabajo que mantenía esta compañía, que se encontraba en concurso de acreedores desde hace un año.

El sindicato, mayoritario en la representación laboral de esta sociedad mercantil, ha resaltado la disposición de la administración concursal a la hora de cerrar un acuerdo que permitirá a trabajadores poder cobrar las nóminas que estaban pendientes y las vacaciones correspondientes a este año, “aunque siempre es una mala noticia que se pierda empleo en un territorio como el nuestro que no anda muy sobrado de este aspecto”, según señala el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Francisco de la Torre.

CSIF ha recordado la enorme incertidumbre que han sufrido estos profesionales en las últimas semanas después de que el pasado 9 de marzo se encontraran sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir a su puesto de trabajo. En ese momento, estos trabajadores no tenían ningún tipo de información sobre su situación contractual por parte de los responsables de Mensajería del Guadalquivir

De la Torre ha recalcado que “esta central sindical ha estado vigilante desde el minuto uno de todo este proceso y ha estado en todo momento al lado de sus delegados sindicales y del conjunto de la plantilla para asesorarles y defender sus derechos en estas semanas que han estado marcadas por la preocupación y por la intranquilidad, pero que, finalmente, se han saldado con un acuerdo satisfactorio para los intereses de todas las partes”.

El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, ha mantenido una reunión con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, para analizar distintas cuestiones ligadas a los centros educativos públicos cordobeses, y le ha entregado un informe elaborado por el sindicato que recoge las “deficiencias” que presentan un total de 84 colegios de Córdoba y provincia.

Así, según ha informado CSIF en una nota, durante dicho encuentro de trabajo, al que también ha asistido la jefa del Servicio de Inspección Educativa, Juana Bolancé, el sindicato ha trasladado al delegado el informe sobre infraestructuras educativas que ya presentó CSIF al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

En ese estudio se contabilizaban “39 colegios en la capital y 45 en el resto de la provincia que presentaban alguna deficiencia de sus instalaciones”, explicando Pachón a Copé que el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a “priorizar reformas de los centros de La Aduana, Caballeros de Santiago, Santos Mártires, Salvador Vinuesa y Guillermo Romero Fernández”.

Con respecto a la provincia, desde el sindicato se ha defendido la necesidad de “crear un nuevo colegio en Santaella” y llevar a cabo “las actuaciones precisas en el CEIP La Montiela, tras los últimos temporales, así como en los centros de Lucena y Puente Genil que han quedado fuera de la dotación”.

En materia de ordenación educativa, el máximo representante de CSIF Educación Córdoba ha resaltado “la disposición de la Administración para reorganizar los recursos, a fin de que no se compartan y aumentar su efectividad en colegios como el de Encinarejo o los ubicados en la localidad de La Carlota”.

También se ha analizado con el delegado territorial “los centros con posibilidades de incrementar sus unidades en próximos cursos escolares, gracias al acuerdo firmado por CSIF con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para reducir la ratio de Infantil de tres años a 22 alumnos por aula y a 13 en el caso de las mixtas”.

En lo que se refiere a la inspección educativa, en la reunión se ha tratado “la revisión de la aplicación del teletrabajo y los últimos casos de agresiones al profesorado”. En este sentido, la central sindical considera “muy positiva la incorporación a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la figura del Asistente de Apoyo Psicológico al Docente, tras la entrada en vigor del Decreto de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado”. Se trata de un psicólogo general sanitario que orienta a los profesionales tras sufrir una agresión.

Pachón también ha aplaudido la iniciativa de la celebración de la I Feria Provincial de FP el pasado 11 de marzo y se le ha solicitado a Copé “facilitar y agilizar creación de nuevos ciclos de titularidad pública, con el objetivo de evitar que miles de alumnos se queden sin plaza, como viene ocurriendo en los últimos años, teniendo que recurrir a los centros privados, con el consiguiente coste para las familias”.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, ha denunciado en un comunicado la “situación límite” en la que se encuentran los catorce embalses ubicados en la provincia, ya que, a pesar de los anuncios realizados por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de más inversión en estas infraestructuras, “la falta de personal y el deterioro de estas instalaciones comprometen la gestión de emergencias en un contexto como el actual marcado por borrascas e inundaciones recurrentes, como las ocurridas hace un mes”.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que embalses estratégicos, como es el caso del de Guadanuño, solo cuentan con dos trabajadores adscritos en la actualidad, mientras que en las grandes presas, como ocurre en la de Iznájar, Yeguas y San Rafael de Navallana, apenas disponen de seis operarios, lo que obliga a realizar turnos con una sola persona.

El representante sindical considera que, pese a que se espera la incorporación de unos 50 trabajadores en Andalucía y se ha anunciado una inversión urgente de unos 40 millones de euros, “estas cifras son insuficientes para cubrir las más de 200 vacantes necesarias solo en lo que se refiere a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir”. El sindicato indica que, a todo esto, se suma que personal cualificado que trabajaba en los embalses está abandonando sus puestos al tener los salarios más bajos de la Administración y la dureza que supone trabajar en entornos aislados y sin servicios básicos.

Muñoz también lamenta que gran parte de estas instalaciones están envejecidas y con un estado de mantenimiento que es “deficiente”. “En embalses e Córdoba hay desagües de fondo bloqueados por especies invasoras como el mejillón cebra, lo que impide a los operarios realizar correctamente las maniobras necesarias ante las crecidas”, recalca el máximo representante del Sector de AGE de CSIF Córdoba.

Ante esta situación, el sindicato demanda al Ministerio la implantación obligatoria de dotaciones de personal mínimas en embalses de categoría A, que son aquellos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Del mismo modo, la central sindical reclama la aprobación del complemento específico del agua para reconocer la responsabilidad y penosidad del trabajo, así como la cobertura inmediata de todas las jubilaciones que no han sido repuestas desde hace décadas.

CSIF señala que, de no adoptarse medidas inmediatas por parte del Gobierno que garanticen la dignidad profesional y la seguridad de la ciudadanía, se iniciará un calendario de movilizaciones en estas infraestructuras en todo el conjunto del país.

CSIF ha reclamado agilidad a la administración concursal de Mensajería del Guadalquivir, concesionaria de MRW en Córdoba, con el objetivo de la situación de la veintena de trabajadores de esta compañía se clarifique a la mayor brevedad posible. El sindicato, mayoritario en la representación laboral de esta sociedad mercantil, ha denunciado la enorme incertidumbre en la que ha quedado la plantilla tras haberse encontrado sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir el pasado lunes a su puesto de trabajo.

El sindicato se ha hecho eco de la inquietud de estos profesionales, que no han recibido ningún tipo de información sobre su situación contractual por parte de los responsables de Mensajería del Sur, una empresa que se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año.

El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Francisco de la Torre, ha recalcado que “esta central ha estado vigilante desde el minuto uno de todo este proceso con el fin de que el personal de esta compañía pueda aclarar su situación contractual con todas las garantías y siempre con las mejores condiciones posibles para ellos”. Asimismo, el sindicato ha subrayado que ha estado en todo momento al lado de sus delegados sindicales para asesorarles y acompañarles en todo este proceso.

Ante este escenario de falta de información, CSIF ha pedido a Mensajería del Sur una reunión urgente para conocer en qué situación queda la empresa y, principalmente, los trabajadores que forman parte de la plantilla de la compañía. La central sindical se mantiene al lado de estos profesionales y ofrece sus servicios jurídicos para defender sus derechos ante las instancias que correspondan.

CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, se ha reunido con el Ayuntamiento de Córdoba para analizar el estado de las infraestructuras de los centros de Educación Infantil y Primaria públicos ubicados en la capital, así como para la búsqueda de soluciones para mejorar la situación de los colegios. 

Por parte del Ayuntamiento participaron en el encuentro el alcalde, José María Bellido, la concejala delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, y el concejal delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, mientras que por parte de CSIF Córdoba acudieron su presidente, Antonio Rafael López, el responsable del sector de Educación, Antonio Pachón, y uno de los delegados del sindicato en el Consistorio, Vicente del Río.

La central sindical ha entregado un informe sobre las incidencias existentes en 38 centros educativos ubicados en la capital, elaborado a partir de encuestas a los docentes y a través de las visitas de los delegados sindicales de CSIF. Pachón indicó que tres de estos colegios cuenta con aulas clausuradas, siete tienen problemas en las instalaciones eléctricas que provocan constantes cortes de luz, ocho sufren filtraciones o tienen ventanas rotas y nueve registran grietas en la cubierta, desprendimientos de tela asfáltica o de tejas que causan filtraciones. Casi la totalidad de ellos tienen goteras o humedades.

CSIF destaca el interés mostrado por los representantes municipales por subsanar esas deficiencias, que, por otra parte, han tomado nota de los nueve centros educativos que demandan arbolado para sus patios y otros diez colegios que necesitan una zona cubierta frente al sol y la lluvia con el fin de poder darle una solución lo antes posible.

El sindicato agradece la disposición mostrada por el Ayuntamiento para priorizar las intervenciones en los centros educativos con estas incidencias y por adelantar actuaciones que tenían ya previstas, como es el caso del CEIP Guillermo Romero Fernández.

Del mismo modo, CSIF se ha reunido también con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, con el mismo motivo. En este caso, la central sindical ha detectado incidencias en 45 centros educativos en 30 localidades de la provincia, incluyendo goteras y humedades, así como desprendimiento de techos o cornisas. En este sentido, desde la institución provincial destacaron que se van a invertir más de 2,3 millones de euros para la mejora de los centros educativos de la provincia.

Por otro lado, CSIF celebra el anuncio del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, de actuaciones urgentes en cuatro centros de la capital y siete de la provincia, pero, en este sentido “consideramos que son insuficientes a la vista de los colegios con necesidades de los que tenemos constancia”. Así, por ejemplo, la Administración autonómica ha asegurado que se llevarán a cabo intervenciones en los centros lucentinos del CEIP El Prado y el IES Sierra de Aras, pero no en el CEIP Al-Yussana, el CEIP Antonio Machado, el CEIP José de Cala Sanz o el CEIP Nuestra Señora del Carmen, ubicados en la misma localidad, que sufren también desperfectos.

El 69,4% del profesorado cordobés describe el clima en su centro con episodios ocasionales de conflictividad o directamente conflictivo o muy conflictivo, y en el que las situaciones más frecuentes las faltas de respeto por parte del alumnado, las faltas de respeto o conflictos con las familias y el acoso entre alumnos.

Son datos extraídos de un un estudio realizado por el sector de Educación del sindicato CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, que alertan del “preocupante deterioro de la convivencia escolar” y de que “la conflictividad en las aulas se ha convertido en uno de los principales factores de desgaste del profesorado y de merma directa de la calidad educativa”.

“La convivencia escolar se está deteriorando y no podemos normalizarlo. Necesitamos acciones urgentes, recursos y un respaldo claro a los docentes con el blindaje de su autoridad, y eso está en manos de la Administración”, asevera el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón, quien añade que el el 82% del profesorado cordobés considera que la autoridad docente ha empeorado en los últimos tiempos.

La central sindical reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que refuerce la protección a los profesionales e impulse medidas más contundentes. La organización señala que, si bien se han conseguido avances importantes gracias a la presión sindical y la negociación con las administraciones, aún persisten problemas muy graves que menoscaban las condiciones laborales de los profesionales y la atención en los centros.

La organización denuncia, además, un fuerte déficit de reconocimiento y apoyo institucional: el 88% del profesorado se siente poco o nada reconocido socialmente y el 73% afirma que no se siente respaldado por la Administración en el desempeño de su labor.

CSIF exige más profesionales de orientación, especialistas en convivencia, refuerzo de plantillas, mayor apoyo jurídico al profesorado y un marco normativo que refuerce de forma efectiva la autoridad docente. En este punto, la central sindical critica la parálisis del decreto que desarrolla la Ley de autoridad del profesorado. “El borrador ha sido tratado en Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar de Andalucía, pero ha pasado el tiempo y el decreto sigue sin aprobarse. Llevamos más de un año esperando. No necesitamos anuncios, sino normas vigentes, recursos y una protección efectiva acompañada de mensajes claros a la sociedad”, denuncia Pachón. 

Una ratio alta o inasumible

Asimismo, CSIF explica que el profesorado también identifica como principales problemas del sistema la burocracia excesiva, las ratios elevadas y la falta de recursos humanos. En concreto, el 98,5% califica la carga burocrática como alta o desproporcionada y el 61% considera la ratio de su grupo como alta o inasumible.

Por otro lado, CSIF destaca que el 64,6% de los docentes cordobeses afirma que las coberturas de sustituciones se realizan de forma muy tardía. “El actual sistema de provisión de interinidades debe ganar en agilidad. Este año deberían haberse realizado 70 convocatorias, a razón de dos por semana, pero solo ha habido 65, es decir, se han perdido cinco convocatorias y casi 2.500 plazas se han quedado sin cubrir”, denuncia Pachón, quien añade que “profesionales y alumnado son, una vez más, los perjudicados por los criterios economicistas de la Consejería”.

CSIF también hace mención a la situación de la Formación Profesional (FP), que se ve lastrada por la falta de desarrollo normativo y la dificultad para encontrar empresas colaboradoras. “Defendemos un modelo público fuerte y bien dotado que sea una auténtica vía de futuro para los jóvenes,”, explica el representante sindical 

Entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025, el número de centros de FP privada ha crecido en Córdoba un 87% frente al 6% de la pública. “La débil apuesta de la Administración por la FP obliga a la juventud a decantarse por la oferta privada, donde el número de alumnos matriculados ha crecido un 48% frente al 12% en la pública”, destaca el responsable de CSIF Educación Córdoba.

En otro orden de cosas, Pachón resalta el acuerdo estatal que pone fin a la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos y contempla una subida salarial de un 11,4% hasta 2028. “Más de 10.000 docentes cordobeses se verán beneficiados y, además, se mejorarán sus condiciones laborales y se reforzará la calidad sanitaria de MUFACE”, explica el representante sindical. Asimismo, destaca el Acuerdo de Mesa Sectorial firmado por CSIF en julio, que conlleva una reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, medidas de desburocratización y de promoción profesional, entre otras cuestiones.

CSIF concluye que 2025 deja avances relevantes, pero insiste en que, sin convivencia segura, autoridad docente protegida, retribuciones dignas, sustituciones ágiles, menos burocracia, ratios asumibles y refuerzos de plantillas “no hay mejoras sostenibles de la educación pública”.

CSIF ha expresado su más firme condena y repulsa a la agresión sufrida el pasado 7 de noviembre por una médica del consultorio de Espiel, que fue víctima de amenazas por parte de un paciente. El sindicato lamenta que se sigan repitiendo este tipo de conductas agresivas por parte de pacientes o sus familiares contra las profesionales de la sanidad pública, unos episodios violentos que carecen de cualquier justificación.

La central sindical ha recordado que, según los datos oficiales publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2024 se registraron 162 agresiones en Córdoba, un 9% más que en el ejercicio anterior. Un total de siete de estos ataques fueron de carácter físico, y 126 de naturaleza verbal.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz, ha destacado que “es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial”. Igualmente, el sindicato ha reclamado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo que incremente las medidas de seguridad en los recintos sanitarios ante el elevado número de los ataques, tanto físicos como verbales.

Además, “lamentablemente muchas agresiones que se producen todos los días no se comunican y, por ello, no se reflejan en la estadística”, explica Díaz Ontiveros, quien ha detallado que “esto último se produce habitualmente por miedo a represalias del usuario o sus familiares en centros pequeños y consultorios, y otras, porque los propios profesionales de la sanidad están normalizando estas conductas inaceptables, asumiéndolas como algo más, en el día a día de su trabajo”.

CSIF Sanidad Córdoba ha reiterado al SAS su petición de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía, una petición histórica del sindicato. La central sindical considera que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones adecuadas a los agresores que incluyan además una pena económica, puesto que, para el sistema, estos episodios de violencia suponen también un alto coste al tener que sufragar servicios jurídicos, daños materiales y las bajas profesionales, entre otras consecuencias. Esta propuesta de CSIF sería una medida disuasoria frente a estas conductas reprobables e intolerables.

La máxima representante del Sector de Sanidad de CSIF a nivel provincial ha recalcado que “nuestro sindicato siempre defenderá la profesionalidad de todos los trabajadores y las trabajadoras del SAS, quienes, gracias a su esfuerzo y dedicación diarios, están manteniendo a flote la sanidad pública, a pesar de los recortes que padece desde hace décadas”.

Las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en la manifestación por la sanidad pública del próximo 9 de noviembre en las ocho capitales andaluzas por “desacuerdos” con la organización de la misma. Así lo han confirmado ambos sindicatos, que han dejado claro, no obstante, que comparten “muchas de las reivindicaciones que se pondrán sobre la mesa en dicha concentración” por el “delicado estado actual de la sanidad pública andaluza”.

En Almería, la concentración será a las 11:00 e irá desde la avenida Federico García Lorca hasta el Mirador; en Cádiz, a las 12:00 desde la Plaza Asdrúbal hasta la Delegación territorial de Salud; en Córdoba, a las 11:00 desde la Delegación de Salud a Gran Capitán; en Granada, a las 12:00, en los Jardines del Triunfo; en Jaén, a las 12:00, en la Plaza de las Batallas; en Huelva, a las 12:00 en la Delegación territorial de Salud; en Málaga, a las 12:00, en la avenida Manuel Agustín Heredia; y en Sevilla, a las 12:00 desde la estación de San Bernardo a San Telmo.

CSIF, en una nota de prensa, justifica su decisión “tras considerar que, en el manifiesto impuesto por los organizadores no vienen recogidas de forma preminente muchas de las principales reivindicaciones que actualmente mantienen los profesionales de la sanidad autonómica”. La central sindical ha recordado que su “prioridad” es “mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores”. No obstante, ha lamentado “no poder asistir” y ha remarcado que entiende que “el malestar ciudadano existente con la gestión de la sanidad pública andaluza tenga voz”, pero ha puntualizado a renglón seguido que sus “reiterados intentos de incluir en el citado manifiesto reivindicaciones cruciales para el futuro de cientos de miles profesionales sanitarios andaluces han caído una tras otra en saco roto”.

Igualmente, CSIF ha lamentado el hecho de que, en varias provincias andaluzas, se le hubiera “impedido no ya sólo ejercer como convocante, sino incluso asistir a la concentración”. “Esta situación resulta del todo sorprendente al tratarse de una fuerza sindical que representa a decenas de miles de trabajadores sanitarios, con gran carácter reivindicativo y con importante presencia tanto en la Mesa Sectorial de Sanidad como en todos los foros de negociación que afectan a los empleados públicos”. “CSIF --continúa la nota-- no puede entender esta decisión y, tras sus reiterados intentos de reconducir el sentido de su participación hasta el último momento, y en la línea de unidad y sentido común que le caracteriza, ha decidido no acudir a la concentración”.

CSIF ha enfatizado que su “no presencia” en la concentración “no menoscaba ni un ápice el compromiso absoluto con una sanidad pública de calidad”. Por ello, “seguiremos defendiendo en las mesas de negociación y en las calles cuando sea necesario aspectos que consideramos esenciales para los profesionales de la misma en Andalucía, como el desarrollo de una carrera Pprofesional más justa, la mejora de las condiciones laborales en todos los ámbitos de la sanidad y la consecución de una bolsa de empleo más eficiente en el SAS, unido a una política de contratación más justa”.

Por su parte, Satse ha comunicado que “no tomaremos parte” en las concentraciones convocadas para el próximo 9 de noviembre en defensa de la sanidad pública. “Desde el comienzo de las conversaciones para organizar estos actos, hemos dejado clara nuestra posición: todas las provincias andaluzas debían figurar como convocantes en coherencia tanto con el carácter autonómico del sindicato como con su apuesta por una movilización unitaria y equitativa en todo el territorio”.

Sin embargo, “al final -ha criticado- sólo se ha permitido a cuatro provincias aparecer como convocantes, excluyendo a las otras cuatro sin una justificación clara ni transparente”. Además, se han detectado “desacuerdos respecto al contenido del manifiesto y los carteles utilizados, así como en diversos aspectos organizativos en los que apenas se ha tenido en cuenta a las organizaciones sindicales”.

La organización considera que la defensa de la sanidad pública andaluza exige “unidad, coherencia y respeto” por el trabajo de todas las entidades implicadas. En su opinión, “carece de sentido fragmentar unas movilizaciones que debería ser colectiva y representativa de todos los sectores, y no limitarse a unos pocos”. Pese a esta decisión, Satse ha reafirmado su compromiso “inquebrantable” con la sanidad pública, con los profesionales que la sustentan y con la ciudadanía a la que sirve.

En este contexto, Satse ha exigido al Gobierno andaluz que “cumpla de inmediato los compromisos adquiridos con las enfermeras, los enfermeros y fisioterapeutas”. Entre ellos ha destacado, en primer lugar, el cumplimiento “íntegro” del Pacto de Atención Primaria, que “debe traducirse en dotaciones suficientes de personal, mejoras reales en las condiciones laborales y una retribución acorde con el nivel de responsabilidad y la carga asistencial que soportan estos profesionales”. Asimismo, ha pedido la aplicación “efectiva y sin más demoras” del Acuerdo de carrera profesional, garantizando el reconocimiento del desarrollo profesional en todos los niveles y categorías, “sin exclusiones ni retrasos injustificados”.

CSIF Córdoba ha mantenido una reunión con el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, y la segunda teniente de alcalde de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, para analizar distintas cuestiones relacionadas con los intereses de la plantilla municipal y del conjunto de la ciudad, buscando, en primer término, impulsar el nuevo acuerdo marco y el convenio colectivo del Consistorio.

Según ha informado el sindicato en una nota, por parte del mismo han acudido el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López; el vicepresidente de la organización, Daniel Sáez, y el responsable de la sección sindical del sindicato en el Ayuntamiento, Vicente del Río, para participar en una encuentro que se ha desarrollado en “un ambiente distendido” y que ha servido para presentar oficialmente al nuevo comité ejecutivo del sindicato a nivel provincial, tras su último congreso.

El máximo responsable de CSIF Córdoba ha remarcado el carácter “independiente, reivindicativo, fiable, comprometido y negociador del modelo sindical” que defiende su organización y, en este sentido, López se ha referido a la situación de la negociación del nuevo acuerdo marco y del convenio colectivo del Ayuntamiento.

A este respecto, ha destacado la necesidad de que “se incluyan aquellos acuerdos que sirvan para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores municipales y la calidad del servicio público que prestan”.

Del mismo modo, el presidente de CSIF Córdoba ha reiterado al alcalde la petición de la central sindical, como “organización más representativa de los empleados públicos”, de formar parte de aquellos foros impulsados por el Ayuntamiento.

El dirigente sindical ha puesto como ejemplo las comisiones relativas a la futura Base Logística del Ejército de Tierra, “un ámbito en el que CSIF no está presente en este momento, pese a ser el sindicato mayoritario entre el personal civil del Ministerio de Defensa en Córdoba”.

Junto a ello, la central sindical, mayoritaria, igualmente, en la educación públic, tanto en Andalucía, como en Córdoba, también ha solicitado su participación en las iniciativas formativas ligadas a la BLET y al Polígono Industrial de La Rinconada, anexo al macroproyecto militar, por cuyo desarrollo se ha interesado el máximo responsable de CSIF Córdoba.

Además, López ha preguntado al alcalde por la situación de la Orquesta de Córdoba, una institución cultural, donde el sindicato es la fuerza más representativa en su comité de empresa y que está muy asentada y es muy apreciada por la ciudadanía.

Finalmente, el máximo responsable de la central sindical en Córdoba ha señalado la necesidad de “la renovación de los centros de Educación Infantil y de Educación Primaria de la capital, a fin de que el alumnado y el profesorado puedan desarrollar las actividades formativas en unas condiciones adecuadas”.

Alrededor de un centenar de delegados de los sindicatos CCOO, Satse, CSIF y UGT se han concentrado hoy a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para denunciar que el Ministerio de Sanidad tiene intención de aprobar un Estatuto Marco que no contempla todas las medidas reclamadas para mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Bajo el lema “Un Estatuto para avanzar”, las organizaciones sindicales han mostrado su malestar y preocupación porque el actual redactado de la nueva Ley del Estatuto Marco no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

Las organizaciones convocantes reiteran que su intención ha sido y sigue siendo negociar con el Ministerio todo el tiempo que resulte necesario para garantizar las mejoras laborales que necesitan cerca de un millón de trabajadores del SNS, pero están constatando que Sanidad quiere “dar cerrojazo” al texto normativo cuanto antes.

“Huida hacia adelante”

Los sindicatos subrayan que el Ministerio de Sanidad ha “estirado” el tiempo de negociación cuando así le convenía a lo largo de los más de dos años transcurridos, y ahora le han “entrado las prisas” por razones de oportunidad política, obviando que la mejora de la realidad laboral del personal del SNS debe ser la principal prioridad. Por ello, “ha decidido romper el calendario pactado de reuniones y ha optado por una ‘huida hacia adelante’ que no beneficia a nadie”, apuntan.

Insisten, además, que la intención del Ministerio de concluir la negociación con la celebración del Foro Marco para el Diálogo Social, donde están también algunas comunidades autónomas y las organizaciones sindicales, es un “brindis al sol” porque legalmente no se le otorga ninguna capacidad negociadora.

Excusas sin sentido

En cuanto al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a las jubilaciones anticipada o parcial, y frente a las “excusas con poco fundamento” del Ministerio de Sanidad, las organizaciones reiteran que pueden completarse en la Ley del EM y, posteriormente, desarrollarse con la participación de otros ministerios y la modificación de las legislaciones necesarias.

El personal del SNS también requiere que el Estatuto Marco recoja otros avances que hasta la fecha no se incluyen, como la generalización de la jornada anual equivalente a 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria en todas sus modalidades.

Las concentraciones de hoy en los centros sanitarios son la primera de las acciones de presión y movilización que las organizaciones presentes en la mesa de negociación han acordado realizar en las próximas semanas con el objetivo de que el Ministerio cambie su actual estrategia y reanude las negociaciones en base al calendario pactado antes del verano, lo que, de no producirse, les abocará a la convocatoria de paros parciales y huelga general en la sanidad.

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha denunciado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está “aumentando el presupuesto” sanitario sólo “para hacer transferencias a la sanidad privada como nunca”.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Maíllo ha señalado que el “gran fraude” de Moreno “con respecto a la sanidad es decir que se está invirtiendo como nunca cuando lo que está haciendo es aumentando el presupuesto para hacer transferencias a la sanidad privada como nunca, detrayendo ese servicio de las infraestructuras públicas”.

Ha indicado que en las mismas “no se aprovechan todos los quirófanos al porcentaje del 70% que la OMS establece como medida óptima de aprovechamiento”, mientras que los quirófanos “en turno de tarde están en torno al 25% de su potencialidad de uso”.

“Lejos de aumentar los recursos para la sanidad pública, los detrae para hacer transferencia a la privada y a sus amiguetes de la patronal privada, que son los que se están haciendo de oro a costa de la salud de los andaluces”, ha señalado el dirigente de IU.

Ha manifestado que se trata del “gran fraude” de Moreno y del PP-A y, ante ello, hay que “levantar la mano y organizarnos para que esta pesadilla del PP en materia sanitaria, que ha deteriorado a niveles nunca vistos en la autonomía andaluza, desaparezca en las próximas elecciones andaluzas”.

CCOO tacha de “intolerable” el aumento de las listas de espera en Córdoba

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, califica de “inaceptables” y “vergonzosos” los datos facilitados por la Junta de Andalucía en relación a las listas de espera de la sanidad pública que, a 30 de junio de 2025, ascienden a 1.059.325 personas, de ellas, 82.730 personas en la provincia de Córdoba están a la espera de una intervención quirúrgica o de ser atendidas en una consulta de especialista, siendo una de las provincias con mayor incremento total, según los datos publicados por el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) el 15 de septiembre.

Las cifras publicadas por el SAS indican que en la provincia de Córdoba se acumulan 23.578 personas en espera para una intervención quirúrgica, 1.814 personas más con respecto a semestre anterior, y 59.152 personas en espera para ser atendidas por un especialista. Es decir, en seis meses se ha pasado de 51.437 personas en lista de espera para ser atendidas por un especialista a 59.152, o lo que es lo mismo, 7.625 personas más en lista de espera, lo que en opinión del dirigente sindical “es una muestra clara de una ineficaz gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno andaluz”.

Para Damas, “estas cifras son puro maquillaje porque ha crecido el número de pacientes que esperan ser atendidos por primera vez o el de pacientes que se encuentran en situación de limbo esperando una llamada para consulta, llegando en alguna especialidad hasta 425 días de espera en Andalucía” y “si una persona no se ha diagnosticado, no forma parte de la lista quirúrgica”. Además, “muchas de las personas que forman parte de estas listas de espera, ante el agravamiento de su salud, terminan optando por un seguro privado, dejando de engrosar las listas del SAS”, añade.

“Resulta incompresible y paradójico que, mientras aumentan las listas de espera, durante verano, Navidad y Semana Santa se cierren camas, que el hospital Los Morales esté infrautilizado, que se pare la actividad quirúrgica en los centros hospitalarios o tengamos el Hospital de Palma del Río prácticamente cerrado, y que el Reina Sofía sume 18.456 personas en espera de una intervención, 2.437 personas más que hace un año”, critica José Damas, quien denuncia que la situación es idéntica en la provincia: Los hospitales del Área Norte -Pozoblanco y Valle de los Pedroches-, ante la falta masiva de especialistas, pasa de 1.203 a 1.366 personas en espera quirúrgica y el Área Sanitaria Sur, con el Hospital de Cabra, de Montilla y Puente Genil, registra cifras similares, pasando de 3.298 a 3.756 personas esperando una intervención.

Por otro lado, CCOO denuncia que se ha producido un aumento progresivo del presupuesto destinado a la externalización de servicios hacia la sanidad privada. “Ésta debe ser una opción voluntaria y en ningún caso convertirse en un sustitutivo de la sanidad pública, y menos aún, que la ciudadanía se vea obligada a contratar un seguro privado por no ser atendido en el servicio sanitario público”, recalca el secretario General de Sanidad quien rechaza “el cambio de modelo que nos quiere imponer el Gobierno del señor Moreno Bonilla, que apunta a que quien puede pagarlo, tiene sanidad, y quien no, no, por lo que estamos completamente en contra de dicho modelo”.

Asimismo, CCOO cuestiona la eficacia de la derivación de fondos públicos al sector privado. “Aunque el SAS no para de dotar presupuesto para los conciertos con la privada -el último publicado es de 533 millones de euros-, los resultados no son eficaces en la disminución de las listas de espera, y además se destinan a patologías menos complicadas”. Un ejemplo muy claro lo tenemos en los datos publicados por la propia Consejería de Salud que señalan que los centros hospitalarios concertados son de los que más han incrementado las personas en listas de espera sanitaria.

Por ello, “es necesario y urgente un plan de choque para reducir las listas de espera desde la gestión pública, pero tiene que contar con una dotación extra de profesionales sanitarios -médicos, enfermeras, personal técnico sanitario, celadores, personal administrativo, etc.- que hagan posible el adecuado funcionamiento y rentabilidad de nuestras infraestructuras sanitarias públicas”, hace hincapié Damas quien asevera que “no podemos continuar permitiendo la fuga de profesionales sanitarios especializados, formados en nuestras universidades y centros hospitalarios, pero que cuando finalizan su formación se marchan en busca de mejores condiciones laborales y salariales. Los profesionales de la sanidad pública andaluza no pueden continuar siendo el vagón de cola de todo el estado español en precariedad salarial”.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba recuerda que “el acceso de la ciudadanía al sistema sanitario público es un derecho fundamental e incuestionable, por lo que debe haber una garantía de atención sanitaria pública y de calidad. Nuestra calidad y esperanza de vida van en aumento, pero también la aparición de nuevas enfermedades, por lo que nuestros gestores sanitarios públicos deben anticiparse a la nueva realidad social y demanda asistencial que se nos avecina y no centrarse en como hacer negocio con la sanidad”, apostilla.

CSIF considera “inaceptable” el aumento de listas de espera y reclama más personal

CSIF considera “inaceptables” los datos de lista de espera quirúrgica y la demora media para ser operado correspondientes al primer semestre de este año que dio a conocer ayer el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las estadísticas oficiales indican que en junio había 23.578 cordobeses a la espera de una intervención, casi 2.000 personas más que en el semestre precedente.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, califica de “muy preocupante” que en “nuestra provincia un número tan elevado de usuarios de la sanidad pública aguarden para ser intervenidos quirúrgicamente” y recuerda que “menos profesionales es igual a más listas de espera”. A su juicio, “estos datos son un claro reflejo del estado de sobrecarga y estrés que sufren nuestros profesionales en la sanidad pública”. “No entendemos los discursos triunfalistas sobre este asunto por parte de la Junta de Andalucía, cuando la situación empeora en Córdoba”, declara la representante sindical.

En este sentido, CSIF demanda inversiones importantes en recursos humanos para potenciar las mermadas plantillas que tienen actualmente los centros sanitarios cordobeses para poder afrontar lo que, por desgracia, es hoy una realidad“. Díaz subraya que ”la crueldad de los hechos demuestra que, tal y como hemos denunciado desde hace tiempo, las políticas desarrolladas por el SAS son insuficientes y es precisa una apuesta clara y rotunda de la Consejería de Salud y Consumo para dotar a la sanidad pública de un número adecuado de profesionales con vistas a paliar un problema, como es el de listas de espera que puede terminar colapsando nuestro sistema sanitario“.

Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT han anunciado en un comunicado que vuelven a las protestas este próximo 2 de septiembre ante la oficina del censo electoral de Sevilla, donde se manifestarán junto a la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía en defensa del Sistema Sanitario Público.

Sostienen que la falta de personal en los centros durante este verano, las interminables esperas para la atención de pacientes y la descarada apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por la sanidad privada no hacen más que confirmar “lo que venimos denunciando desde hace más de dos años. Y es que el deterioro de la sanidad pública es una política premeditada y coordinada por la Consejería de Salud, con el consentimiento expreso del presidente”, Juanma Moreno.

Las Mareas Blancas presentarán 50.000 firmas en apoyo a una Proposición No de Ley en defensa de la sanidad pública, y los sindicatos estarán a su lado: “comprometidos con los profesionales y con los usuarios, y denunciando a quienes parecen indiferentes al maltrato al que se somete a ambos colectivos”, explican.

Satse, CSIF, CCOO y UGT aseguran que continuarán así sus movilizaciones ante la falta de respuestas concretas y positivas por parte de la Consejería que permitan mejorar la sanidad pública.

Las organizaciones sindicales UGT, Satse, CCOO y CSIF han vuelto a denunciar el recorte aplicado este año al Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) correspondiente a 2024. Este complemento retributivo tiene como finalidad compensar la especial dedicación de los y las profesionales, el trabajo en equipo, la atención a la ciudadanía y, en definitiva, la consecución de los objetivos personales, de unidad y de centro.

Estas organizaciones rechazan que, un año más y de forma inmoral, se recorte significativamente este concepto salarial. Reclaman que se abone el 100 % de la cuantía máxima asignada a cada categoría profesional, sin necesidad de evaluación individual, ya que los objetivos están más que cumplidos. Solicitan convertir este complemento en un factor fijo, eliminando así las especulaciones y la falta de transparencia que, año tras año, caracterizan este proceso. Denuncian, además, que el modelo de CRP se ha ido desvirtuando progresivamente, en perjuicio de los y las profesionales.

CCOO, CSIF, Satse y UGT lamentan que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “menosprecie a sus trabajadores y trabajadoras”, recortando sus retribuciones de “forma sistemática”. Recuerdan que el año pasado quedó pendiente el pago del 15% del complemento correspondiente a 2023, cantidad que aún no ha sido abonada.

Las organizaciones insisten en que, si debe aplicarse alguna penalización por el incumplimiento de objetivos, esta debe recaer en quienes tienen la responsabilidad directa sobre la gestión y su cumplimiento, es decir, quienes deben proporcionar los medios necesarios para alcanzar dichos objetivos. En ningún caso debe penalizarse a los trabajadores y trabajadoras que, día a día, se esfuerzan por encima de sus posibilidades.

Este año, la forma de aplicar el recorte ha consistido en bajar las calificaciones a las Unidades. En Córdoba, por ejemplo, se da la paradoja de que la mayor retribución —superior a los 14.000 euros— corresponde a quienes dirigen las Unidades de Gestión Clínica (UGC), mientras que las cuantías más bajas —que no alcanzan los 300 euros— recaen sobre profesionales de distintas categorías. Las consecuencias de estas bajadas de nota afectan directamente a los trabajadores y no a quienes tienen funciones de gestión.

Finalmente, denuncian que dichas calificaciones no reflejan la realidad asistencial de los centros, donde los profesionales trabajan de forma sobrecargada y con el respaldo de la ciudadanía, como muestran las encuestas de calidad y satisfacción publicadas por el propio SAS. Es decir, esa valoración positiva de la población no se traduce en un reconocimiento institucional justo, sino en un uso del CRP como herramienta de castigo hacia los y las profesionales.

En una nota compartida a los medios de comunicación, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha manifestado su preocupación por la situación crítica de Muface como consecuencia de la crisis que provocó la renovación del concierto sanitario con las compañías aseguradoras y por la salida de mutualistas que han optado por el sistema sanitario público en 2025 ante el deterioro de la calidad asistencial en la concertada.

Desde el pasado 31 de diciembre del pasado años hasta el 30 de junio del presente ejercicio han abandonado el concierto sanitario 562 mutualistas en Córdoba, pasando de 25.420 a 24.858. En concreto, las personas mutualistas -titulares y beneficiarios- adscritas a entidades concertadas en Córdoba suponen el 79,2 % frente al 20,8% que ha elegido la opción pública -Instituto Nacional de la Seguridad Social-. Respecto a diciembre de 2024, las personas que se han decantado por esta última han aumentado un 6,5% -de 5.891 a 6.277- a consecuencia de la incertidumbre generada con la continuidad de Muface.

La central sindical también señala la situación financiera de Muface por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que deja en números rojos la financiación de las prestaciones sanitarias y ha liquidado prácticamente el remanente de tesorería para hacer frente a gastos. La insuficiencia presupuestaria de Muface para hacer frente a sus gastos, en especial al incremento de las necesidades de financiación del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional, ha obligado a realizar modificaciones presupuestarias, algunas de las cuales se han realizado a cargo del remanente de tesorería dada la imposibilidad de detraer de los créditos de otras partidas. Así, se ha pasado de los 282.250.731,55 euros que había en diciembre de 2024 a los 7.994.046,56 actuales. Muface calcula que a final de año se producirá un déficit de más de 64 millones de euros.

Las partidas claramente deficitarias son las correspondientes a los créditos para hacer frente a los gastos por recetas de las oficinas de Farmacia, que a día de hoy presenta una ejecución del 88,27%, y a la farmacia hospitalaria, que actualmente está al 70,41%. En este sentido, se está muy pendiente a la evolución de estos gastos ya que con toda seguridad Muface deberá iniciar un expediente de modificación presupuestaria en el último trimestre del año.

CSIF ha advertido de que estará vigilante ante esta situación y si el Gobierno no da una solución que garantice las prestaciones sanitarias y una asistencia adecuada, volverá a retomar las movilizaciones en septiembre para exigir que se garantice la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo a medio plazo. La central sindical considera inaceptables la reducción registrada en la calidad asistencial, la reducción de los cuadros médicos denunciada por los mutualistas y de la que Muface rechaza informar con transparencia, los problemas de asistencia en el medio rural y la delicada situación financiera de la mutualidad. Por último, CSIF también solicita reducir el copago farmacéutico a los pensionistas, en línea con el Sistema Nacional de Salud.

CSIF denuncia que un verano más Correos cuenta en Córdoba con una plantilla insuficiente para poder prestar el servicio postal en unas condiciones adecuadas a la ciudadanía al generarse retrasos en la entrega de cartas y paquetes. El sindicato señala que “todo ello se suma al hecho de que actualmente nos encontramos en plena ola de calor y los carteros tienen que realizar las labores de reparto con unas temperaturas que sobrepasan los 40 grados en no pocas ocasiones”.

El responsable del sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, apunta que las sustituciones realizadas por Correos de cara al actual periodo estival son “claramente insuficientes” para afrontar con garantías este servicio público, al no cubrirse todas las bajas, principalmente, por las vacaciones que se producen en estas fechas. El representante sindical alertó de que hay unidades en las que debería haber entre 20 y 25 trabajadores y en otras de una plantilla que tendría estar conformada por 33 personas, pero su realidad es que solo cuentan con 9 y 12 profesionales, respectivamente.

CSIF afirma que la consecuencia de esta falta de personal es la acumulación de envíos en las oficinas. Este sindicato tiene constancia de que en la unidad de Los Omeyas se amontonan actualmente unas 9.000 cartas por repartir, mientras que en la de La Arrufilla esta cifra se eleva hasta las 15.000. Asimismo, la central sindical pudo comprobar en el día de ayer que en la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Correos ubicada en el Polígono Industrial de la Torrecilla se acumulaban paquetes que se encontraban allí desde el pasado 27 de junio. “Son envíos que tienen que entregarse entre 48 y 72 horas desde su recepción, de modo que si este plazo no se cumple se tienen que indemnizar al cliente”, recalca Guerrero.

Desde CSIF también se denuncia que a esta mayor carga de trabajo originada por la menor plantilla existente se le añade la fuerte presión que están ejerciendo los jefes de sector sobre los trabajadores postales para que completen todas sus tareas, a pesar de contar con menos recursos humanos para poder llevarlas a cabo. “Los carteros están desbordados y hay mucho malestar entre la plantilla, ya que son muchos los compañeros que están de baja por depresión o por ansiedad, ya que no dan abasto con todo el trabajo pendiente al no haber contrataciones suficientes y por la mala planificación de las jefaturas”, concluye el máximo representante a nivel provincial del Sector de EPE de CSIF.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía, expresa su profunda preocupación ante la decisión de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de cesar, el próximo 1 de julio, a la mayoría del personal de refuerzo estructural en los órganos judiciales, a excepción de los del Pacto de Estado contra la Violencia, especialmente en los juzgados mixtos afectados por la Fase I de implantación de los Tribunales de Instancia en aplicación de la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

CSIF manifiesta que, a pesar de que la Consejería justifique esta medida con la entrada en funcionamiento de la nueva estructura judicial, “se trata de una decisión precipitada e injustificada, ya que, a día de hoy, la implantación efectiva de los Tribunales de Instancia no está garantizada en la fecha prevista, el 1 de julio, ya que los sistemas informáticos necesarios para su funcionamiento aún no están plenamente operativos”, tal y como explica el responsable provincial del Sector de Justicia, Antonio González, quien añade que “todo indica que dicha implantación podría posponerse, previsiblemente, hasta después del verano, lo que generaría un vacío operativo de al menos dos o tres meses en órganos judiciales que ya soportan una elevada carga de trabajo”.

La central sindical también señala que, además de la evidente disminución de recursos humanos durante este período transitorio que coincide con el período estival y con las vacaciones del personal, esta decisión conllevaría una pérdida irreparable de experiencia y conocimiento, ya que parte de los profesionales afectados llevan años prestando sus servicios con eficacia y compromiso. “En el caso de que las nuevas plazas no fueran cubiertas mediante convocatorias de Comisión de Servicios por personal titular, sería necesario volver a nombrar personal interino, lo que generaría una situación de inestabilidad que el actual personal de refuerzo ya ha superado”, resalta el representante sindical.

La central sindical recuerda que ya propuso una solución responsable en la última Mesa Sectorial, consistente en no cesar al personal de refuerzo estructural hasta tener la confirmación de que la plaza consolidada será ocupada mediante Comisión de Servicio. Únicamente en ese momento, con la llegada de un titular, debería procederse al cese del personal interino de refuerzo.

Desde CSIF instamos a la Consejería de Justicia a reconsiderar urgentemente esta medida de cese generalizado. El sindicato considera que es necesario garantizar la estabilidad de los juzgados afectados y evitar un colapso organizativo en plena transición hacia el nuevo modelo judicial, al menos hasta que los Tribunales de Instancia estén plenamente operativos o las nuevas plazas hayan sido cubiertas mediante Comisión de Servicios o en el Concurso de Traslados que se convocará a primeros de mes de julio.

Por último, la central sindical subraya que es imprescindible actuar con responsabilidad y visión a medio plazo para preservar la continuidad del servicio público de Justicia, asegurar una gestión eficiente y reconocer la labor y el compromiso de las y los profesionales que han sostenido el funcionamiento de los órganos judiciales en los últimos años.

Los sindicatos, CCOO, Satse, UGT y CSIF, junto a las Mareas Blancas, se han concentrado este martes a las puertas del Hospital de Pozoblanco para denunciar la inacción de la Consejería de Salud, el grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados en diciembre del 2023 entre la Consejería de Salud y Consumo y las organizaciones sindicales, así como para exigir el pago inmediato de las cantidades adeudadas a miles de profesionales desde hace meses, la escasa contratación en el periodo de estival y el incremento de las listas de espera que en esta área sanitaria.

Las cinco organizaciones lamentan que, más de año y medio después de la firma del acuerdo que supuestamente venía a mejorar las condiciones laborales y asistenciales de más de 120.000 trabajadores del sistema sanitario andaluz -12.000 de ellos en la provincia de Córdoba- la mayoría de los compromisos siguen sin cumplirse, lo que está generando un importante malestar entre los profesionales y una merma en la calidad asistencial que se presta a la ciudadanía. Hablamos de un incremento de plantilla de 2.414 puestos y del pacto de Carrera Profesional con el único objetivo de fidelizar y aumentar las plantillas para eliminar las listas de espera y mejorar la atención que se presta a la ciudadanía.

En este sentido, el delegado de CCOO en el Hospital de Pozoblanco, Eduardo Almeda, señaló durante la concentración que “aparte de que no cumplen los acuerdos, en el caso del Área Sanitaria norte de Córdoba el SAS ha disminuido la plantilla en los 3 últimos años en 90 profesionales, lo que ha agravado la situación de las listas de espera sanitarias, que llegan a 5.923 personas en espera de una intervención quirúrgica con cita con un especialista, esto ha supuesto que en solo seis meses se han incrementado estas listas en 1.124 personas más”.

La secretaria de Sanidad de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia apuntó por su parte que “el área sanitaria norte tiene un problema en salud mental en el centro de salud de Peñarroya, hacen falta 2 psiquiatras y un psicólogo/a, hay una lista de espera de 915 usuarios vistos en una primera consulta y pendientes de seguimiento,

actualmente hay citas pendientes de anular en julio, agosto y octubre con la esperanza de que se contrate algún especialista que los pueda atender. Los profesionales están muy cansados debidos a la falta de contratación, hay más de un 50% de bajas sin cubrir, el último contrato que han dado de psicólogo solo ha estado un mes y se ha ido por sobrecarga de trabajo y las malas condiciones laborales“.

El delegado de CSIF en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, Antonio López, añadió que “estamos en una situación crítica, los planes vacacionales están cubriendo 6 de cada 30 días de las vacaciones, los profesionales de todas las categorías están teniendo que cubrirse unos a otros para poder irse de vacaciones, las bajas solo se están sustituyendo las de larga duración al 50%, las de corta duración no se están sustituyendo, se está presionando a algunos profesionales para que renuncien a su reducción de jornada y en cuanto al pacto de Bolsa, tampoco se está cumpliendo. Ahora mismo el SAS, en la mayoría de categorías, todavía está tirando de la bolsa de 2021 o los listados son provisionales. Tampoco se está cumpliendo el acuerdo de Carrera Profesional y la actual consejera ha echado para atrás el acuerdo y estamos pendientes de que un derecho como es la carrera profesional puedan ejercerlo todo el personal de la sanidad”.

Por su parte, el delegado del Área Norte de Satse, Francisco Tamajón, señaló que “el Área Sanitaria Norte tiene una importante reducción de personal, que se va a ver agravada por el periodo estival. La sustitución es claramente deficiente y estimamos que en el hospital de Pozoblanco se va a sustituir un 30% del personal de enfermería, 0% en fisioterapia, 0% de matronas y un 15% del personal no sanitario. Mucho peor es la situación en atención primaria, en donde las sustituciones van a estar en torno al 10%. Esto va a provocar que se tengan que cerrar servicios, se van a demorar y suspender intervenciones quirúrgicas y consultas de especialista y esto va a provocar un incremento de las listas de espera” y destacó que “se están denegando permisos sin sueldo y se está presionando, sobre todo a mujeres, que tienen reducción de jornada para que se la quiten”.

Desde las Mareas se denuncian citas con plazos imposibles y agendas cerradas de atención primaria y pediatría, en gran parte de los pueblos del Área Norte, lo que está provocando el colapso de los servicios de urgencias, de manera más importante en los hospitales de la zona.

En cuanto al plan vacacional presentado por el SAS para este verano en el ASN, los sindicatos critican que solo se vaya a cubrir una media de 6,7 profesionales. Siendo muy significativo que no se realicen contratos para médicos de familia, pediatras o fisioterapeutas, así como la disminución de contratos en personal Técnico en Cuidados de Auxiliares de Enfermería, piche, etc., lo que unido a la disminución de la plantilla, sin duda va a gravar la atención sanitaria y va a provocar que se incrementen las listas de espera para atención primaria o que la población tenga que acudir a los servicios de urgencia ante la falta de citas.

Los sindicatos y Mareas Blancas sostienen que el incumplimiento de los acuerdos firmados, la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza y el talante negacionista de la consejera de Salud y de la Junta de Andalucía nos obligan a mantener la lucha para que nuestros hospitales y centros de salud no se hundan.

La atención primaria, que incluía la incorporación de 2.414 nuevos profesionales en 2024, se queda en papel mojado y ha generado un auténtico colapso en esta puerta de entrada al sistema público. La consecuencia ha sido una deficiente atención, aumento

de las listas de espera y malas condiciones laborales, provocando una fuga de personal sanitario que emigra a otras comunidades o países donde sí se les valora, como estamos sufriendo precisamente en este final de cursos 2025.

Los sindicatos afirman que a cientos de profesionales se les adeudan retribuciones que superan los miles de euros en muchos casos, debido a la inacción de la administración en la resolución de convocatorias de carrera profesional desde septiembre de 2023, situación que consideran intolerable. Aun así, las plantillas siguen desempeñando su labor con compromiso y profesionalidad mientras se les niegan sus legítimos derechos económicos y de condiciones de trabajo.

Por ello, los sindicatos y plataformas de ciudadanos exigen a la Consejería de Salud y al SAS que cumplan con lo firmado, en referencia a los acuerdos en Andalucía y también que se dote al área Sanitaria Norte de Córdoba de la cartera de servicios necesaria para atender a la ciudadanía con las máximas garantías de calidad, eficiencia y se eliminen tiempos de espera tantos en hospitalaria como en atención primaria.