CSIF se ha concentrado este jueves frente a la oficina principal de Correos en Córdoba, ubicada en la calle Cruz Conde, por el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

Según ha informado en un comunicado, el responsable del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, esta concentración -que se ha replicado en toda España-, supone el inicio de un plan de movilizaciones que tendrá su continuación el jueves 17 de septiembre que culminará el miércoles 30 de septiembre en una concentración multitudinaria en Madrid, donde CSIF exigirá un cambio inmediato en este organismo.

Este responsable sindical señala que la falta de contratación de refuerzos ha supuesto que la plantilla de Correos en la provincia de Córdoba haya pasado en apenas tres años de contar con unos 660 profesionales a los pocos más de medio millar que existen actualmente, una disminución del 20% que repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. De todos ellos, en torno a un 20% se encuentran a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros. Sin embargo, a esos mismos trabajadores/as a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

Guerrero asegura que, tras la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y del SIEG Servicios de Interés Económico General (SIEG), con unos 1.000 millones de euros hasta 2030, Correos ya tiene los recursos económicos para dar la vuelta a esta situación, tal y como firmó en el Acuerdo Marco.

Además, se da la circunstancia de unos de 9.500 empleados laborales en el conjunto del país llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, a nivel global, tiene una media de edad superior a los 52 años. El sindicato apunta que el plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. No obstante, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante pasividad de la empresa, CSIF inicia movilizaciones para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía, sin descartar dar continuidad a las mismas con otro tipo de acciones más contundentes si la empresa no reacciona a nuestras demandas.

Agosto nunca fue un buen mes para el mercado laboral cordobés. Y aunque en términos absolutos, desde hace un año hay 6.000 parados menos en la provincia, los sindicatos aseguran que los últimos buenos datos de empleo en la provincia (aunque en agosto el desempleo haya vuelto a subir) tienen letra pequeña.

Tanto CCOO como CSIF y UGT coinciden en que la alta temporalidad de el empleo y la falta de oportunidades en sectores vitales como la industria está provocando una pronunciada pérdida de población activa a causa de la emigración juvenil. Es lo que señalan que ha pasado este verano, que muchos jóvenes han optado por acudir a las zonas de costa para buscar un puesto de trabajo bien pagado con el que poder subsistir gran parte del resto del año.

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inclusión confirman que el paro registrado en la provincia de Córdoba aumentó en 545 personas durante el mes de agosto (+1,20%), situando la cifra total de desempleados en 45.822 personas. Aunque la comparativa interanual muestra una reducción del paro del 12,60% (6.604 desempleados menos que en agosto de 2025), las organizaciones sindicales advierten que este descenso anual positivo no debe ocultar las profundas flaquezas del sistema.

De hecho, el sindicato CSIF ha encendido las alarmas al revelar otro indicador negativo de este último mes: la provincia de Córdoba perdió 1.276 afiliados a la Seguridad Social en agosto. Para su presidente provincial, Antonio Rafael López, este fuerte descenso en la cotización demuestra una notable caída de la actividad económica tras el término de los meses centrales del verano, especialmente en el sector turístico y hostelero, lo que saca a relucir la “excesiva temporalidad y enorme fragilidad” del mercado de trabajo cordobés.

Por sectores económicos, el comportamiento de agosto volvió a estar fuertemente marcado por la estacionalidad: El sector servicios concentró casi todo el incremento del desempleo, sumando 374 nuevos parados (para un total de 30.514 personas en desempleo en este ámbito, lo que representa el 66,59% del paro provincial).

En cambio, la construcción registró un repunte de 146 personas desempleadas (alcanzando los 3.452 parados). UGT atribuye esta subida a la pausa de actividad por las extremas temperaturas veraniegas y la no cobertura de vacaciones.

El lastre de la temporalidad: contratos efímeros y rotación constante

La calidad de las contrataciones en la provincia sigue bajo la lupa de los agentes sociales. Durante el mes de agosto se firmaron un total de 18.986 contratos, lo que representa un drástico descenso de 3.172 firmas respecto a julio (-14,32%).

La letra pequeña de estos contratos es evidente: el 66,18% de los contratos realizados en agosto fueron temporales (12.565 contratos), frente a un tímido 33,82% de carácter indefinido (6.421 contratos).

Desde UGT Córdoba, su Secretaria de Empleo, Paqui Haro, destaca que el acumulado de temporalidad en la provincia se mantiene en un elevadísimo 64,20%. Tanto UGT como CCOO insisten en que la reforma laboral debe vigilarse estrechamente, puesto que el descenso del desempleo se debe en gran medida a una “mayor rotación en la contratación” y no a la creación genuina de puestos de trabajo de calidad y larga duración. Para CCOO, el verdadero desafío de la provincia radica en consolidar empleos “con derechos y salarios dignos, y no una sucesión de contratos temporales”.

El drama de la juventud cordobesa: subempleo y maletas preparadas

La falta de un horizonte laboral estable está impactando con especial dureza a las generaciones más jóvenes. Según denuncia CSIF, el paro juvenil en menores de 25 años subió en 146 personas solo en agosto. La organización indica que miles de jóvenes cordobeses se enfrentan a ofertas de empleo profundamente precarias o a la inactividad, lo que acaba “obligándoles a marcharse a otra provincia o fuera de España para tener mejores oportunidades”.

Esta pérdida de capital humano y demográfico es respaldada por la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, quien advierte que la reducción del paro anual está estrechamente ligada a “la pérdida de población en la provincia y a una menor población activa”.

Para aquellos jóvenes que deciden no emigrar de forma definitiva, la alternativa de supervivencia pasa por la movilidad estacional. UGT Córdoba constata en su valoración que son numerosos los cordobeses que se ven forzados a trasladarse temporalmente a las zonas costeras durante la época estival con la intención de cubrir la falta de demanda laboral en la capital y obtener ingresos temporales que les permitan “subsistir de mejor manera el resto del año”.

El debate de las soluciones: industrialización, innovación y la oportunidad de la BLET

Ante esta coyuntura de fragilidad y estacionalidad, los tres sindicatos coinciden unánimemente en una receta: un cambio urgente del modelo productivo de Córdoba a través de la industrialización. El tejido productivo cordobés requiere dejar de depender de manera tan exclusiva de los servicios y la agricultura estacional.

UGT ve en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) una “oportunidad única” para atraer firmas del sector tecnológico, la seguridad y la industria de defensa. Además, señalan eventos inminentes como el Congreso de la Industria de la Defensa (en octubre) como el escaparate idóneo para consolidar la expansión industrial y de recursos humanos de la provincia.

CCOO reclama un cambio de modelo que impulse no solo el sector industrial, sino también el potencial agroindustrial, logístico y de transporte ferroviario de Córdoba, buscando una diversificación que garantice la estabilidad y la igualdad salarial.

CSIF demanda a las administraciones públicas una apuesta decidida no solo por la industria y la innovación, sino también por el fortalecimiento del sector público para garantizar empleo de calidad estructurado y duradero.

La brecha de género sigue condicionando el desempleo

El análisis sindical del mes de agosto arroja asimismo una preocupante lectura en términos de género. Del total de desempleados cordobeses, el 61,58% son mujeres (28.219 paradas frente a 17.603 hombres), lo que sitúa la brecha de género en 10.616 mujeres más en paro que hombres. CCOO insiste en que no se puede “normalizar que seis de cada diez personas desempleadas sean mujeres” y denuncia que la desigual distribución de las tareas de cuidados sigue lastrando la trayectoria laboral femenina.

No obstante, UGT Córdoba aporta un pequeño matiz positivo dentro del segmento juvenil: en los menores de 25 años, el desempleo masculino superó al femenino en 130 personas en agosto (2.004 hombres frente a 1.874 mujeres paradas). Desde la unión sindical animan a que este cambio de tendencia se exporte al resto de tramos de edad para avanzar hacia contrataciones y puestos de responsabilidad plenamente igualitarios.

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado un nuevo retraso en los abonos pendientes por servicios extraordinarios y “el incumplimiento del calendario de pagos establecido a tal efecto en el convenio, que padece la plantilla municipal”.

En una nota, la central sindical lamenta que “estos retrasos formen parte de la práctica común en la gestión administrativa del Ayuntamiento de Córdoba” y demanda soluciones que los eviten. En tal sentido, a la larga lista de impagos (Semana Santa, Cruces, subida salarial de 2026...) se suman como adeudo las horas extras efectuadas en los meses de mayo y junio.

El sindicato considera que todo ello vuelve a poner en evidencia a la Delegación de Recursos Humanos y el compromiso alcanzado por el alcalde con los sindicatos a tal respecto.

CSIF recalca que “seguirá presionando al gobierno municipal para que el retraso en los abonos extraordinarios se solucione lo antes posible” y recuerda que, ante la evidencia de los incumplimientos actuales, cada empleado y empleada del Ayuntamiento puede decidir si continúa realizando servicios extraordinarios, pues son de carácter voluntario.

De igual modo, CSIF informa de que, de continuar esta situación para estos trabajadores y trabajadoras, su sección sindical en el Consistorio de la capital cordobesa no descarta emprender un calendario de movilizaciones en defensa de los derechos de la plantilla municipal y de los compromisos suscritos con ella.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, denuncia la situación de “colapso absoluto” que sufre la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería y la oficina de documentación policial en Córdoba debido al elevado volumen de expedientes generado en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que estuvo abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio. Actualmente está en activa la fase de subsanación de documentación hasta el 30 septiembre.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que las solicitudes recibidas han superado con creces las previsiones que manejaba el Gobierno, ya que se han acumulado en todo el país más de 1,2 millones de peticiones, una documentación que posteriormente debe ser validada contra reloj. En el caso de Córdoba se han presentado 9.951 expedientes en la oficina de extranjería.

El responsable sindical apunta que “la escasez extrema de personal está provocando que los ciudadanos se topen con un muro burocrático, siendo materialmente imposible conseguir una cita programada para solicitar y tramitar las tarjetas de Identidad de Extranjero en Córdoba”. De igual manera, “esta falta preocupante de efectivos se ve agravada de una forma drástica en verano, momento en el que las plantillas se encuentran bajo mínimos debido a las vacaciones reglamentarias, lo que coincide con la época de mayor demanda ciudadana para la renovación de pasaportes, DNI y documentación en general”, resalta Muñoz.

A esta situación se suma el mal funcionamiento de las herramientas de gestión debido a los continuos fallos de las aplicaciones de la Policía Nacional. La Central Sindical considera que “esta parálisis informática amenaza con dejar expirar centenares de solicitudes por silencio administrativo al cumplirse el plazo legal de tres meses fijado para la resolución de los expedientes”.

Ante esta realidad, CSIF insta al Gobierno a autorizar con urgencia la incorporación inmediata de los 504 funcionarios interinos solicitados por la Dirección General de la Policía para apuntar los servicios esenciales de documentación, “una cifra que, a pesar de ello, sigue siendo insuficiente ante el déficit estructural de casi 2.000 efectivos que arrastra el organismo a nivel nacional”, según subraya Muñoz.

El sindicato remarca que no admitirá parches temporales, como la propuesta de realizar tareas extraordinarias fuera del horario laboral a 10 euros por expediente, y exige un plan integral de refuerzo para blindar la atención a los ciudadanos y asegurar unas condiciones laborales dignas para las empleadas y los empleados públicos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor en Andalucía.

Según ha informado CSIF Andalucía en una nota, el sindicato ha pedido a la empresa pública el “estricto” cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación “efectiva” del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

Según ha informado CSIF-A, el protocolo de Correos establece que, cuando la Aemet activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13:00, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17:00. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados.

Igualmente, CSIF ha insistido en que estas medidas deben aplicarse de forma “inmediata” por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo. “La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal”. Así, “cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud”, ha señalado el vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos.

Asimismo, el sindicato ha pedido que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

Falta de personal y mayor exposición al riesgo

CSIF ha manifestado que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, “una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones”.

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre. “La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor”, ha advertido Gómez.

Para el sindicato, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de los trabajadores ni la prestación del servicio.

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña 'Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales', impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas. La organización ha recordado que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos.

Por ello ha solicitado una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral “creciente”. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4% durante las olas de calor. “Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves”. Por tanto, “Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos”, ha concluido Gómez.

CSIF ha alertado, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, de la situación de colapso existente actualmente en Correos en Córdoba como consecuencia del déficit de personal existente. El sindicato ha afirmado que actualmente hay alrededor de 40.000 cartas ordinarias pendientes de reparto en el conjunto de la provincia, una cifra que refleja el importante deterioro que está sufriendo el servicio postal.

Eva Contreras, delegada de Correos de CSIF Córdoba, ha informado de que en este momento son más de 200 los puestos de trabajo sin cubrir en Córdoba debido a vacaciones, bajas médicas, excedencias y otras ausencias que Correos no está sustituyendo. “Esta falta de personal está provocando importantes retrasos en la distribución de la correspondencia y una sobrecarga de trabajo para una plantilla cada vez más reducida”.

CSIF ha señalado que una de las situaciones más preocupantes se está produciendo en Villanueva de Córdoba, donde actualmente solo dos carteros prestan servicio para atender no solo a esta localidad, sino también a las pedanías y aldeas de su zona de reparto. Contreras ha destacado que esta situación se ha agravado después de que varios trabajadores eventuales “hayan rechazado los contratos ofertados por la empresa postal, una circunstancia, que evidencia la escasa capacidad de Correos para cubrir las vacantes por las poco atractivas condiciones laborales que ofrecen”.

El sindicato ha subratyado que la situación de Villanueva de Córdoba no es un caso aislado, sino que es el “reflejo de un problema generalizado que afecta a numerosas unidades de reparto de la provincia, donde la falta de sustituciones y el déficit estructural de plantilla están comprometiendo seriamente la prestación del Servicio Postal Universal”.

La representante sindical ha apuntado que, a esta falta de personal, se suma el progresivo deterioro de la flota de vehículos de reparto. La central sindical ha denunciado que numerosos vehículos presentan averías o un estado de conservación deficiente, lo que dificulta e incluso impide que muchos carteros puedan utilizarlos para realizar su trabajo con normalidad. Esta circunstancia afecta especialmente a las zonas rurales, donde los desplazamientos entre municipios, aldeas y diseminados hacen imprescindible disponer de vehículos en condiciones adecuadas.

El sindicato considera que esta situación es consecuencia de “una política continuada de reducción de plantilla, de la falta de inversión en medios materiales y de una deficiente planificación por parte de Correos, que no está garantizando ni la sustitución de las ausencias ni los recursos necesarios para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía”.

Ante este escenario, CSIF ha anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones, la primera de ellas el próximo 3 de septiembre, para exigir a Correos un refuerzo urgente de las plantillas y una mejora de los medios materiales con los que se presta el servicio. Ese día se llevará cabo una concentración con el objetivo de denunciar el deterioro progresivo del servicio postal, la falta de cobertura de las ausencias y el empeoramiento de las condiciones laborales de la plantilla.

CSIF ha alertado este martes sobre “las altas temperaturas que soportan los trabajadores y las trabajadoras de la lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía” de Córdoba, especialmente “en la denominada Zona de Sucio”, por lo que el sindicato ha reclamado “la adopción urgente de medidas preventivas que garanticen su seguridad y salud”.

El sindicato ha informado en una nota que este personal “desarrolla su actividad en un entorno donde confluyen maquinaria industrial, una intensa actividad física y la apertura constante de los portones destinados a la carga y descarga de ropa hospitalaria”.

Estas circunstancias, según ha aclarado CSIF, “favorecen la entrada continua de aire caliente del exterior y dificultan mantener unas condiciones térmicas adecuadas, especialmente durante los episodios de calor extremo que se están registrando en Córdoba”.

Además, “la centralización del lavado de ropa procedente de otros hospitales de la provincia ha incrementado notablemente la carga de trabajo y el tránsito de camiones, lo que obliga a una apertura continua de los accesos y agrava aún más la exposición del personal a las altas temperaturas”.

El sindicato considera necesario que “las mediciones ambientales se realicen durante toda la jornada laboral y, especialmente, en las horas centrales del día, cuando se alcanzan las temperaturas más elevadas y las condiciones de trabajo son más exigentes”.

Junto a ello, CSIF ve precisa “la implantación de soluciones técnicas que reduzcan la entrada de aire caliente en la zona de carga y descarga, mejorando el aislamiento de las instalaciones y la aplicación de un protocolo específico frente al estrés térmico, con pausas de recuperación en zonas climatizadas, hidratación suficiente y medidas organizativas”.

El sindicato CSIF Prisiones Córdoba ha denunciado en un comunicado la agresión sufrida este sábado por una enfermera por parte de un interno en el Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba). El sindicato condena este ataque a esta profesional, que fue golpeada en la muñeca, mientras realizaba el reparto de medicación por un interno muy peligroso con antecedentes por agresión a otros trabajadores penitenciarios.

La central sindical señala que este nuevo incidente “demuestra la insostenible situación que atraviesa la prisión, derivada de la sobrepoblación, la deficiente clasificación de internos y la crónica falta de personal en todas las áreas de trabajo y medios”. El Centro Penitenciario de Alcolea, junto con el Centro de Inserción Social (CIS) Carlos García Valdés, alberga alrededor de 1.500 internos. A este elevado número de personas se une -dice el sindicato- “una desacertada clasificación penitenciaria”. “Convivimos diariamente con internos muy conflictivos, con patologías mentales y problemas de drogas nuevas como el fentanilo, que no tenemos forma de detectar para impedir su entrada”, según recalca la sección sindical.

CSIF denuncia que “esta mezcla explosiva dificulta enormemente el trabajo diario, incrementa los incidentes regimentales y expone a los trabajadores y a las trabajadoras penitenciarios a un mayor riesgo de lesiones y agresiones, con lo que trabajar así es hacerlo en condiciones de grave inseguridad, siendo un claro ejemplo la agresión sufrida hoy por una enfermera de la prisión”.

La central sindical pone de manifiesto que “la falta de personal es un problema estructural y que la carga de trabajo que soporta el personal en activo es inasumible”. En el caso del servicio sanitario del centro penitenciario actualmente única cuenta con dos médicos para atender a una población reclusa formada por unos 1.500 internos.

A esto se suma el sobresfuerzo diario del personal de enfermería y auxiliares de enfermería, que están asumiendo funciones y una carga de trabajo que no les corresponde ante la falta de facultativos. Además, estos profesionales “realizan su trabajo expuestos con un elevado riesgo de sufrir agresiones, como ha ocurrido hoy”. El sindicato resalta que “su profesionalidad y compromiso están sosteniendo el servicio sanitario, pero la situación es insostenible al poner en riesgo tanto la salud de los internos como las condiciones laborales del propio personal sanitario y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del establecimiento”.

CSIF demanda a la Dirección de la prisión que agilice de forma inmediata las conducciones de los internos más conflictivos, incluyendo al recluso que ha protagonizado hoy la agresión, así como poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial y garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a la profesional agredida.

A la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, la central sindical reclama transferir de forma inmediata e íntegra las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, así como cubrir de forma urgente las plazas de médicos vacantes, ya que “no se puede seguir cargando al personal de Enfermería y Auxiliares con responsabilidades que exceden sus funciones por la falta de facultativos”.

Igualmente, CSIF pide actualizar el régimen disciplinario de los internos, ya que actualmente siguen vigentes las infracciones y sanciones del Reglamento Penitenciario de 1981, además de dotar de dispositivos TASER para su uso en situaciones excepcionales. En materia de prevención de riesgos laborales, el sindicato exige que la Administración se ocupe de la salud mental de la plantilla tras la gestión de incidentes críticos. La asistencia especializada de CSIF Ayuda, gabinete psicológico de la central sindical, está a disposición del colectivo penitenciario.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, denuncia los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación como es el caso del DNI y los pasaportes, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que “el personal destinado en la unidad de documentación en Córdoba, ubicada en la avenida de los Mozárabes, está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan gravemente la atención a la ciudadanía”. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, “pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva”, según señala Muñoz. La central sindical destaca que esta situación resulta especialmente preocupante en estos meses de verano en los que se incrementa la demanda de expedición y renovaciones de pasaportes para poder viajar fuera de la Unión Europea (UE).

En este sentido, la central sindical exige a la Dirección General de la Policía (DGP) que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

“No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de unos empleados públicos que merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces con el objetivo de que la atención a la ciudadanía sea de calidad”, resalta Muñoz, quien agrega que “ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades ni aporte soluciones al respecto”.

CSIF ha expresado este jueves su “profunda preocupación por la insuficiente dotación de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”, lo que, “no solo compromete la calidad y la seguridad de la atención prestada a los pacientes en situación crítica, sino que también genera una importante sobrecarga laboral para los profesionales, dificultando su trabajo en las condiciones asistenciales que requieren las personas allí ingresadas”.

Según ha informado el sindicato en una nota, CSIF y el colectivo de TCAE “han trasladado esta problemática desde 2024 a los mandos intermedios, a la Dirección de Enfermería y a la Subdirección de Recursos Humanos” del Reina Sofía, “sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida estructural que permita resolver una situación, que afecta, tanto a los profesionales, como a los pacientes”.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, ha precisado que “la UCI cuenta actualmente con solo ocho TCAE para atender a 40 ingresados críticos”, cuando, “de forma general, la dotación es de un profesional por cada seis pacientes, mientras que en los módulos de Cardiología y Trasplantes la asignación es de un TCAE por cada cuatro pacientes”. Para CSIF, estas cifras resultan “insuficientes en una unidad de alta complejidad como esta, que es referente nacional en materia de trasplantes”.

Ante esta situación, CSIF ha solicitado formalmente a la Gerencia y al departamento de Recursos Humanos del Hospital Reina Sofía “un aumento estructural de la plantilla de TCAE”, al considerar que “los refuerzos temporales no resuelven un problema permanente como este”.

El sindicato CSIF ha comunicado su victoria judicial, que ha dado lugar a una sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba que avala el cobro del plus de nocturnidad y festivos en las pagas extraordinarias del personal del Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios, un concepto que la Dirección de este ente, dependiente de la Diputación de Córdoba, se negaba hasta ahora a aplicar en las retribuciones de su plantilla.

La resolución judicial indica que “el trabajo en domingo y festivos es parte de la jornada habitual” del personal del Consorcio, por lo que al incluir este plus en las pagas extraordinarias “no se está gratificando un servicio extraordinario al margen de su jornada laboral normal, sino que forma parte de la habitual y ordinaria prestación de servicio de carácter mensual”.

La Sección de CSIF en el Consorcio Provincial de Bomberos subraya la importancia de esta sentencia, ya que “viene a reconocer un derecho de los profesionales que, hasta este momento, estaba siendo incumplido por parte de la Dirección”.

Asimismo, recuerda que fue el único sindicato que abrió la vía judicial para reclamar este este cobro tras una sentencia del Tribunal Supremo que marcó doctrina en este asunto. La central sindical augura que seguirán publicándose próximamente resoluciones judiciales de este tipo y reclama a los responsables del Consorcio que las ejecuten en el plazo más breve posible.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, exige de forma urgente a la Dirección General de Tráfico (DGT) la inclusión de la provincia en el Plan de Refuerzo Operativo (PRO). El sindicato considera que esta medida de choque, diseñada para reducir las listas de espera en los exámenes prácticos del permiso B, es necesaria en la provincia debido al grave atasco que sufren miles de alumnos tras aprobar el examen teórico.

El responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que “sacarse el carnet de conducir se ha convertido en una carrera de paciencia inadmisible como consecuencia de la falta estructural de examinadores en nuestro territorio, lo que ha generado un embotellamiento insostenible que perjudica gravemente el futuro laboral de los ciudadanos y ahoga económicamente a las autoescuelas locales”, subraya el representante sindical.

Por ello, desde CSIF se insta a la Jefatura Provincial a coordinar de inmediato con el sector la puesta en marcha de los llamados “supersábados”, que son convocatorias extraordinarias de fin de semana basadas en la participación voluntaria del personal examinador mediante la utilización de horas extra que permitirían absorber de manera masiva la demanda acumulada en espacios preparados para un gran volumen de pruebas.

Muñoz recuerda que, aunque este plan funciona como un parche provisional hasta que se incorporen las nuevas plazas fijas de la Oferta de Empleo Público (OPE) de la DGT, “es una solución vital, eficaz e inaplazable para desatascar la provincia de forma inmediata y dar un respiro a la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a los meses de verano en los que aumenta de manera muy importante la demanda en las autoescuelas para poder sacarse el carné de conducir”.

Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, han salido hoy de nuevo a la calle con una concentración junto a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía. El personal ha solicitado a la Administración autonómica que no se renueve la adjudicación del transporte sanitario con ambas compañías por su lista interminable de incumplimientos con su personal.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas.

“Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.

Este representante sindical ha denunciado también el “clima de miedo” existente entre los profesionales, a los que no se les está aplicando el IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por el temor a ser despedidos por cualquier motivo sin justificación. No en vano, gran parte de estas salidas son reconocidas como improcedentes por la Justicia, obligando tanto a SSGA como a UTE TSI a reintegrarles en la plantilla o a indemnizarles. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.

Asimismo, la plantilla del transporte sanitario, formada por unas 350 personas, se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio.

“Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más cuando hay hasta seis sentencias judiciales y una decena de requerimientos de la Inspección de Trabajo que consideran que las formas de actuar de las adjudicatarias con su personal y con el servicio en general no son las adecuadas”, ha recalcado Rosa. El representante sindical ha agregado que continuarán movilizándose hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.

CSIF muestra hoy, como motivo de la celebración del Día de la Medicina Familiar y Comunitaria, su preocupación por la situación que la Atención Primaria vive en Córdoba, reclamando incentivos económicos y laborales para las y los profesionales. “El lentísimo desarrollo del Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023, tiene en jaque a la que es sin duda la puerta de entrada de nuestra sanidad, que se sitúa en los centros de salud y los consultorios”, lamenta la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros.

El sindicato señala que tres años más tarde de la firma, el nivel de cumplimiento del citado pacto sigue siendo pobre y, además, las necesidades siguen aumentando, “por lo que urgimos al SAS a completar, como punto de partida, el compromiso que ya tiene acordado con las organizaciones sindicales. Mientras no sea así, nuestra Atención Primaria seguirá en una situación delicadísima que afecta tanto a los profesionales como a la ciudadanía”, recalca la representante sindical.

Díaz Ontiveros pone el foco en la situación del colectivo médico en la Atención Primaria, pues “resulta del todo injusto que en 2026 los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria sigan teniendo retribuciones mucho peores que otras especialidades, lo que supone un agravio comparativo evidente que no hace sino provocar una constante marcha de profesionales a otras comunidades autónomas con mejores condiciones salariales y laborales”.

La central sindical subraya que, por ejemplo, en el citado Pacto por la Atención Primaria, “la Administración se comprometió a establecer una ratio de 1.300 tarjetas sanitarias por facultativo en este nivel asistencial, pero dicho objetivo sigue estando muy lejos de cumplirse, llevando a nuestros profesionales a situaciones, en muchos casos, extremas”.

Igualmente, CSIF denuncia la actual política de cobertura de permisos de la Administración, donde resulta “enormemente preocupante la tendencia actual del SAS de no cubrir muchísimas de las incapacidades temporales que se producen, así como permisos o reducciones que se generan. Esto genera una tremenda sobrecarga para quienes se quedan en el centro, pues han de asumir agendas que se quedan sin cubrir ante la ausencia de sus titulares”, explica Díaz Ontiveros. Del mismo modo, el sindicato exige que, cuando un profesional tenga que asumir pacientes de otros compañeros, dicha acumulación sea convenientemente remunerada, pues actualmente no hay ningún incentivo.

Los actuales problemas de la Atención Primaria se hacen especialmente visibles en las llamadas zonas de difícil cobertura. La central sindical señala que “las malas condiciones laborales y económicas, el ingente número de guardias, pagadas, además, por debajo de las horas de jornada ordinaria, y la gran carga asistencial y burocrática se suman al hecho de tener que llevar a cabo largos desplazamientos por carretera prácticamente a diario y el pobre descanso que todo ello conlleva”. Estas condiciones hacen que estas zonas sean lugares con escaso atractivo para que los y las profesionales quieran trabajar en ellas, por lo que es necesario llevar a cabo, cuanto antes, una partida de incentivos económicos para estos facultativos, así como medidas laborales que faciliten la conciliación de su vida profesional con la personal.

“Sin ir más lejos, en el Pacto por la Atención Primaria firmado en 2023, el SAS se comprometió a incorporar un complemento retributivo de 150 euros al mes en 12 pagas para profesionales en centros de difícil cobertura. Sin embargo, injustificablemente han pasado tres años y seguimos esperando que comience a abonarse”, concluye la representante sindical.

Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, han llevado a cabo hoy una concentración junto al Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Reina Sofía en el que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas.

“Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.

Este representante sindical ha denunciado que tanto SSGA como UTE TSI están realizando despidos sin ninguna justificación, motivo por el cual los trabajadores que están siendo expulsados de la empresa y recurren a la Justicia están ganando esos juicios. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.

Asimismo, la plantilla del transporte sanitario se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio. “Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más”, ha recalcado Rosa.

El presidente del comité de empresa de SSGA ha asegurado que van a continuar las movilizaciones ante los reiterados incumplimientos del IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por parte de estas empresas, cuya plantilla está formada por unas 350 personas. “No vamos a parar hasta que nuestra voz sea por fin escuchada”, ha afirmado el representante sindical de CSIF.

Las secciones sindicales del Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT, CSIF y CCOO, tras una reunión conjunta, han anunciado un acuerdo para el “bloqueo total” ante los impagos por parte del Ayuntamiento de las horas extras trabajadas en eventos del año 2025.

Según el comunicado remitido por los cuatro sindicatos, estos acuerdan que a partir del miércoles 22 de abril “se bloquee la realización de cualquier tipo de servicio extraordinario” por parte de los agentes. En ese sentido, dan la instrucción a la plantilla de la Policía Local para que “ningún compañero debe inscribirse en ningún nuevo servicio extraordinario. Asimismo, aquellos que ya estén inscritos deben tramitar su baja/renuncia de inmediato”.

Los sindicatos recuerdan a los agentes que, “según el protocolo de servicios extraordinarios vigente, no existe recogida ninguna penalización por la renuncia a estos servicios”. “Ha llegado el momento de actuar con unidad y contundencia”, sostienen.

Recuerdan que el Ayuntamiento les adeuda las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), de eventos como la Media Maratón, la Magna o la Navidad y ya se les debe también las horas extras trabajadas del año 2026.

El sindicato CSIF ha denunciado el avistamiento la pasada madrugada de un dron en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Córdoba, cuyo operador resultó detenido por efectivos de la Guardia Civil, que actuaron gracias las informaciones que les dieron los profesionales de la prisión. La organización ha detallado que los trabajadores del centro procedieron a averiguar qué internos estaban involucrados en estos hechos para, posteriormente, separarlos del resto de reclusos y hacer las indagaciones oportunas para esclarecer la situación.

Esta organización, mayoritaria en la prisión de Alcolea, ha recordado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, que se ya ha solicitado formalmente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) la implantación de sistemas de inhibición de vuelo de aeronaves no tripuladas sobre los centros penitenciarios, así como la declaración expresa de prohibición de sobrevuelo en estos recintos. La organización sindical ha considerado que la presencia de estos dispositivos evidencia las graves carencias en materia de seguridad perimetral de los establecimientos.

El sindicato ha lamentado la falta de medios tecnológicos adecuados para hacer frente a este tipo de amenazas, así como la escasa formación específica recibida por la plantilla en relación a estas cuestiones. La central sindical ha señalado que resulta imprescindible la dotación e implementación de dispositivos de defensa tipo TASER, así como la actualización del régimen disciplinario aplicable a la población reclusa, que no ha sido actualizado desde 1981.

CSIF ha recalcado que no puede obviarse la grave situación de sobreocupación que padece el centro con una población reclusa aproximada de 1.500 internos, siendo una de las prisiones más masificadas del sistema, lo que supone un incremento sustancial de la carga de trabajo que debe ser asumido por la misma plantilla. Desde su punto de vista, “la SGIIPP debería tener en cuenta los riesgos a los que nos expone por este incremento de internos y el déficit de personal existente, poniendo nuestra seguridad en serias dificultades para poder trabajar con la operatividad debida”.

En este sentido, el sindicato ha recordado que este colectivo profesional sufre una agresión cada 17 horas, siendo la prisión de Alcolea la que registró más ataques a trabajadores penitenciarios en el primer semestre de 2025.

La central sindical ha advertido que el perfil de la población reclusa ha evolucionado, presentando en la actualidad una mayor peligrosidad, al tratarse en numerosos casos de bandas criminales organizadas con amplia experiencia en el ámbito delictivo, frente a una plantilla carente de preparación y medios adecuados, una situación ante la SGIIPP no se ha ocupado con la diligencia debida.

CSIF ha destacado que, pese a todas estas carencias, el personal penitenciario desarrolla su labor con total profesionalidad con el fin de garantizar la protección de la sociedad desde el momento del ingreso del recluso en el establecimiento. El sindicato ha subrayado que estos profesionales continúan sin ostentar la condición de agentes de la autoridad con los principios de indemnidad y presunción de veracidad que conlleva. Asimismo, la organización ha indicado que permanece pendiente la equiparación retributiva del personal penitenciario con el de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de prisiones.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, advierte del “riesgo de colapso” en los servicios públicos en Córdoba encargados del proceso extraordinario de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central. En este sentido, la central sindical alerta de que este proceso, que podría suponer la tramitación de cientos de miles de solicitudes a nivel nacional, tendrá un impacto directo en organismos claves en Córdoba, como son la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyos empleados ya soportan de por sí una elevada carga de trabajo.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, denuncia que las plantillas actuales de estos servicios en la provincia no están suficientemente dimensionadas para afrontar este incremento extraordinario de expedientes, lo que podría traducirse en retrasos, saturación de los servicios y un serio deterioro de la atención a la ciudadanía. Según la información disponible, el proceso se está desarrollando desde el 1 de abril y concluirá el 30 de junio, con una primera fase de recogida de solicitudes y una segunda destinada a la tramitación. El representante sindical indica que en Córdoba gran parte de la carga administrativa recaerá en la atención presencial, así como en la gestión documental inicial.

CSIF lamenta la falta de concreción por parte del Gobierno sobre el refuerzo de personal en la provincia para este fin, lo que genera una gran preocupación en la central sindical por la posible externalización de estos servicios, cuando hay que recordar que se trata de gestión de datos especialmente sensibles que deben contar con una supervisión directa de personal funcionario. Muñoz también pone de manifiesto la incertidumbre existente entre los trabajadores de las oficinas de Extranjería en Córdoba, ya que podrían quedar al margen de la recepción inicial de las solicitudes, pese a que, posteriormente, serán los responsables de la renovación de los permisos derivados de este proceso.

Ante esta situación, CSIF reclama el refuerzo inmediato de las plantillas de todos los organismos afectados por este proceso de regularización, la no externalización de los servicios públicos vinculados a este procedimiento extraordinario, la adoptación de medidas organizativas urgentes para evitar el colapso administrativo previsto y la compensación económica del esfuerzo adicional que deberán asumir estos empleados públicos.

El máximo responsable del Sector de AGE a nivel provincial concluye que “insistimos en la necesidad de anticiparse a los efectos de esta regularización extraordinaria, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar tanto el correcto funcionamiento de la Administración, como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa”.

CSIF ha denunciado que la Policía Local de Córdoba no ha contado con el todo el personal necesario durante la pasada Semana Santa a fin de llevar a cabo todas las labores de seguridad y de control del tráfico que son precisas en una cita festiva tan relevante como esta. Concretamente, el sindicato recuerda que se llegó a un acuerdo con la Jefatura de este cuerpo para mantener este año los 325 agentes por productividad con los que se contaron en 2025, “una inversión de recursos humanos que no se ha visto reflejada en la operatividad real”.

El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Eloy González, señala que “no entendemos que, bajo un nivel de alerta antiterrorista 4 decretado por el Ministerio del Interior, haya habido patrullas de dos agentes que se han visto separadas en estos días tan señalados, dejando, de este modo, a oficiales, agentes e, incluso, efectivos en prácticas patrullando en solitario, algo que reduce la capacidad de reacción de los profesionales ante cualquier incidente grave”.

La central sindical pone también el foco en el hecho de que el acotamiento con una valla de la Carrera Oficial provocó embudos y embolsamientos de personas en puntos críticos, como es el caso de la Cruz del Rastro, la Puerta del Puente o diversas calles del Casco Histórico de la ciudad, lo que dificultaron los flujos de evacuación y el control de masas por parte de los agentes.

González lamenta que la falta de personal originó puntos de corte de tráfico sin cubrir por profesionales de este cuerpo de seguridad. “Especialmente preocupante fue la situación que se generó en el Puente de Miraflores, donde se delegó en una empresa privada de grúas la labor de bloqueo, con unos vehículos, cuya disposición permitía el paso de automóviles y motocicletas haciendo ”zigzag“”, aseveró el representante sindical.

CSIF señala que esta escasez de agentes en la calle ha impedido en ocasiones que hubiera patrullas disponibles para cubrir servicios mínimos y emergencias, además de que se han reducido los escoltas de los pasos procesionales. En lo que se refiere a los medios materiales, el sindicato también denuncia un importante déficit con falta de transmisores individuales para los policías y de vehículos patrulla.

En virtud de todo ello, CSIF solicita una reunión en el plazo más breve posible con los responsables de la Jefatura de la Policía Local para analizar todas estas incidencias y buscar soluciones a fin de que los problemas registrados en Semana Santa no se repitan en futuros eventos de gran relevancia para la ciudad como es la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud. 

CSIF se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado entre la administración concursal de Mensajería del Guadalquivir, concesionaria de MRW en Córdoba, la plantilla y la empresa para la extinción de la veintena de puestos de trabajo que mantenía esta compañía, que se encontraba en concurso de acreedores desde hace un año.

El sindicato, mayoritario en la representación laboral de esta sociedad mercantil, ha resaltado la disposición de la administración concursal a la hora de cerrar un acuerdo que permitirá a trabajadores poder cobrar las nóminas que estaban pendientes y las vacaciones correspondientes a este año, “aunque siempre es una mala noticia que se pierda empleo en un territorio como el nuestro que no anda muy sobrado de este aspecto”, según señala el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Francisco de la Torre.

CSIF ha recordado la enorme incertidumbre que han sufrido estos profesionales en las últimas semanas después de que el pasado 9 de marzo se encontraran sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir a su puesto de trabajo. En ese momento, estos trabajadores no tenían ningún tipo de información sobre su situación contractual por parte de los responsables de Mensajería del Guadalquivir

De la Torre ha recalcado que “esta central sindical ha estado vigilante desde el minuto uno de todo este proceso y ha estado en todo momento al lado de sus delegados sindicales y del conjunto de la plantilla para asesorarles y defender sus derechos en estas semanas que han estado marcadas por la preocupación y por la intranquilidad, pero que, finalmente, se han saldado con un acuerdo satisfactorio para los intereses de todas las partes”.