CSIF ha alertado este martes sobre “las altas temperaturas que soportan los trabajadores y las trabajadoras de la lavandería del Hospital Universitario Reina Sofía” de Córdoba, especialmente “en la denominada Zona de Sucio”, por lo que el sindicato ha reclamado “la adopción urgente de medidas preventivas que garanticen su seguridad y salud”.

El sindicato ha informado en una nota que este personal “desarrolla su actividad en un entorno donde confluyen maquinaria industrial, una intensa actividad física y la apertura constante de los portones destinados a la carga y descarga de ropa hospitalaria”.

Estas circunstancias, según ha aclarado CSIF, “favorecen la entrada continua de aire caliente del exterior y dificultan mantener unas condiciones térmicas adecuadas, especialmente durante los episodios de calor extremo que se están registrando en Córdoba”.

Además, “la centralización del lavado de ropa procedente de otros hospitales de la provincia ha incrementado notablemente la carga de trabajo y el tránsito de camiones, lo que obliga a una apertura continua de los accesos y agrava aún más la exposición del personal a las altas temperaturas”.

El sindicato considera necesario que “las mediciones ambientales se realicen durante toda la jornada laboral y, especialmente, en las horas centrales del día, cuando se alcanzan las temperaturas más elevadas y las condiciones de trabajo son más exigentes”.

Junto a ello, CSIF ve precisa “la implantación de soluciones técnicas que reduzcan la entrada de aire caliente en la zona de carga y descarga, mejorando el aislamiento de las instalaciones y la aplicación de un protocolo específico frente al estrés térmico, con pausas de recuperación en zonas climatizadas, hidratación suficiente y medidas organizativas”.

El sindicato CSIF Prisiones Córdoba ha denunciado en un comunicado la agresión sufrida este sábado por una enfermera por parte de un interno en el Centro Penitenciario de Alcolea (Córdoba). El sindicato condena este ataque a esta profesional, que fue golpeada en la muñeca, mientras realizaba el reparto de medicación por un interno muy peligroso con antecedentes por agresión a otros trabajadores penitenciarios.

La central sindical señala que este nuevo incidente “demuestra la insostenible situación que atraviesa la prisión, derivada de la sobrepoblación, la deficiente clasificación de internos y la crónica falta de personal en todas las áreas de trabajo y medios”. El Centro Penitenciario de Alcolea, junto con el Centro de Inserción Social (CIS) Carlos García Valdés, alberga alrededor de 1.500 internos. A este elevado número de personas se une -dice el sindicato- “una desacertada clasificación penitenciaria”. “Convivimos diariamente con internos muy conflictivos, con patologías mentales y problemas de drogas nuevas como el fentanilo, que no tenemos forma de detectar para impedir su entrada”, según recalca la sección sindical.

CSIF denuncia que “esta mezcla explosiva dificulta enormemente el trabajo diario, incrementa los incidentes regimentales y expone a los trabajadores y a las trabajadoras penitenciarios a un mayor riesgo de lesiones y agresiones, con lo que trabajar así es hacerlo en condiciones de grave inseguridad, siendo un claro ejemplo la agresión sufrida hoy por una enfermera de la prisión”.

La central sindical pone de manifiesto que “la falta de personal es un problema estructural y que la carga de trabajo que soporta el personal en activo es inasumible”. En el caso del servicio sanitario del centro penitenciario actualmente única cuenta con dos médicos para atender a una población reclusa formada por unos 1.500 internos.

A esto se suma el sobresfuerzo diario del personal de enfermería y auxiliares de enfermería, que están asumiendo funciones y una carga de trabajo que no les corresponde ante la falta de facultativos. Además, estos profesionales “realizan su trabajo expuestos con un elevado riesgo de sufrir agresiones, como ha ocurrido hoy”. El sindicato resalta que “su profesionalidad y compromiso están sosteniendo el servicio sanitario, pero la situación es insostenible al poner en riesgo tanto la salud de los internos como las condiciones laborales del propio personal sanitario y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del establecimiento”.

CSIF demanda a la Dirección de la prisión que agilice de forma inmediata las conducciones de los internos más conflictivos, incluyendo al recluso que ha protagonizado hoy la agresión, así como poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial y garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a la profesional agredida.

A la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, la central sindical reclama transferir de forma inmediata e íntegra las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, así como cubrir de forma urgente las plazas de médicos vacantes, ya que “no se puede seguir cargando al personal de Enfermería y Auxiliares con responsabilidades que exceden sus funciones por la falta de facultativos”.

Igualmente, CSIF pide actualizar el régimen disciplinario de los internos, ya que actualmente siguen vigentes las infracciones y sanciones del Reglamento Penitenciario de 1981, además de dotar de dispositivos TASER para su uso en situaciones excepcionales. En materia de prevención de riesgos laborales, el sindicato exige que la Administración se ocupe de la salud mental de la plantilla tras la gestión de incidentes críticos. La asistencia especializada de CSIF Ayuda, gabinete psicológico de la central sindical, está a disposición del colectivo penitenciario.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, denuncia los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación como es el caso del DNI y los pasaportes, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que “el personal destinado en la unidad de documentación en Córdoba, ubicada en la avenida de los Mozárabes, está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan gravemente la atención a la ciudadanía”. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, “pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva”, según señala Muñoz. La central sindical destaca que esta situación resulta especialmente preocupante en estos meses de verano en los que se incrementa la demanda de expedición y renovaciones de pasaportes para poder viajar fuera de la Unión Europea (UE).

En este sentido, la central sindical exige a la Dirección General de la Policía (DGP) que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

“No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de unos empleados públicos que merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces con el objetivo de que la atención a la ciudadanía sea de calidad”, resalta Muñoz, quien agrega que “ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades ni aporte soluciones al respecto”.

CSIF ha expresado este jueves su “profunda preocupación por la insuficiente dotación de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”, lo que, “no solo compromete la calidad y la seguridad de la atención prestada a los pacientes en situación crítica, sino que también genera una importante sobrecarga laboral para los profesionales, dificultando su trabajo en las condiciones asistenciales que requieren las personas allí ingresadas”.

Según ha informado el sindicato en una nota, CSIF y el colectivo de TCAE “han trasladado esta problemática desde 2024 a los mandos intermedios, a la Dirección de Enfermería y a la Subdirección de Recursos Humanos” del Reina Sofía, “sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida estructural que permita resolver una situación, que afecta, tanto a los profesionales, como a los pacientes”.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, ha precisado que “la UCI cuenta actualmente con solo ocho TCAE para atender a 40 ingresados críticos”, cuando, “de forma general, la dotación es de un profesional por cada seis pacientes, mientras que en los módulos de Cardiología y Trasplantes la asignación es de un TCAE por cada cuatro pacientes”. Para CSIF, estas cifras resultan “insuficientes en una unidad de alta complejidad como esta, que es referente nacional en materia de trasplantes”.

Ante esta situación, CSIF ha solicitado formalmente a la Gerencia y al departamento de Recursos Humanos del Hospital Reina Sofía “un aumento estructural de la plantilla de TCAE”, al considerar que “los refuerzos temporales no resuelven un problema permanente como este”.

El sindicato CSIF ha comunicado su victoria judicial, que ha dado lugar a una sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Córdoba que avala el cobro del plus de nocturnidad y festivos en las pagas extraordinarias del personal del Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios, un concepto que la Dirección de este ente, dependiente de la Diputación de Córdoba, se negaba hasta ahora a aplicar en las retribuciones de su plantilla.

La resolución judicial indica que “el trabajo en domingo y festivos es parte de la jornada habitual” del personal del Consorcio, por lo que al incluir este plus en las pagas extraordinarias “no se está gratificando un servicio extraordinario al margen de su jornada laboral normal, sino que forma parte de la habitual y ordinaria prestación de servicio de carácter mensual”.

La Sección de CSIF en el Consorcio Provincial de Bomberos subraya la importancia de esta sentencia, ya que “viene a reconocer un derecho de los profesionales que, hasta este momento, estaba siendo incumplido por parte de la Dirección”.

Asimismo, recuerda que fue el único sindicato que abrió la vía judicial para reclamar este este cobro tras una sentencia del Tribunal Supremo que marcó doctrina en este asunto. La central sindical augura que seguirán publicándose próximamente resoluciones judiciales de este tipo y reclama a los responsables del Consorcio que las ejecuten en el plazo más breve posible.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, exige de forma urgente a la Dirección General de Tráfico (DGT) la inclusión de la provincia en el Plan de Refuerzo Operativo (PRO). El sindicato considera que esta medida de choque, diseñada para reducir las listas de espera en los exámenes prácticos del permiso B, es necesaria en la provincia debido al grave atasco que sufren miles de alumnos tras aprobar el examen teórico.

El responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que “sacarse el carnet de conducir se ha convertido en una carrera de paciencia inadmisible como consecuencia de la falta estructural de examinadores en nuestro territorio, lo que ha generado un embotellamiento insostenible que perjudica gravemente el futuro laboral de los ciudadanos y ahoga económicamente a las autoescuelas locales”, subraya el representante sindical.

Por ello, desde CSIF se insta a la Jefatura Provincial a coordinar de inmediato con el sector la puesta en marcha de los llamados “supersábados”, que son convocatorias extraordinarias de fin de semana basadas en la participación voluntaria del personal examinador mediante la utilización de horas extra que permitirían absorber de manera masiva la demanda acumulada en espacios preparados para un gran volumen de pruebas.

Muñoz recuerda que, aunque este plan funciona como un parche provisional hasta que se incorporen las nuevas plazas fijas de la Oferta de Empleo Público (OPE) de la DGT, “es una solución vital, eficaz e inaplazable para desatascar la provincia de forma inmediata y dar un respiro a la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a los meses de verano en los que aumenta de manera muy importante la demanda en las autoescuelas para poder sacarse el carné de conducir”.

Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, han salido hoy de nuevo a la calle con una concentración junto a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía. El personal ha solicitado a la Administración autonómica que no se renueve la adjudicación del transporte sanitario con ambas compañías por su lista interminable de incumplimientos con su personal.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas.

“Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.

Este representante sindical ha denunciado también el “clima de miedo” existente entre los profesionales, a los que no se les está aplicando el IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por el temor a ser despedidos por cualquier motivo sin justificación. No en vano, gran parte de estas salidas son reconocidas como improcedentes por la Justicia, obligando tanto a SSGA como a UTE TSI a reintegrarles en la plantilla o a indemnizarles. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.

Asimismo, la plantilla del transporte sanitario, formada por unas 350 personas, se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio.

“Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más cuando hay hasta seis sentencias judiciales y una decena de requerimientos de la Inspección de Trabajo que consideran que las formas de actuar de las adjudicatarias con su personal y con el servicio en general no son las adecuadas”, ha recalcado Rosa. El representante sindical ha agregado que continuarán movilizándose hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.

CSIF muestra hoy, como motivo de la celebración del Día de la Medicina Familiar y Comunitaria, su preocupación por la situación que la Atención Primaria vive en Córdoba, reclamando incentivos económicos y laborales para las y los profesionales. “El lentísimo desarrollo del Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023, tiene en jaque a la que es sin duda la puerta de entrada de nuestra sanidad, que se sitúa en los centros de salud y los consultorios”, lamenta la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros.

El sindicato señala que tres años más tarde de la firma, el nivel de cumplimiento del citado pacto sigue siendo pobre y, además, las necesidades siguen aumentando, “por lo que urgimos al SAS a completar, como punto de partida, el compromiso que ya tiene acordado con las organizaciones sindicales. Mientras no sea así, nuestra Atención Primaria seguirá en una situación delicadísima que afecta tanto a los profesionales como a la ciudadanía”, recalca la representante sindical.

Díaz Ontiveros pone el foco en la situación del colectivo médico en la Atención Primaria, pues “resulta del todo injusto que en 2026 los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria sigan teniendo retribuciones mucho peores que otras especialidades, lo que supone un agravio comparativo evidente que no hace sino provocar una constante marcha de profesionales a otras comunidades autónomas con mejores condiciones salariales y laborales”.

La central sindical subraya que, por ejemplo, en el citado Pacto por la Atención Primaria, “la Administración se comprometió a establecer una ratio de 1.300 tarjetas sanitarias por facultativo en este nivel asistencial, pero dicho objetivo sigue estando muy lejos de cumplirse, llevando a nuestros profesionales a situaciones, en muchos casos, extremas”.

Igualmente, CSIF denuncia la actual política de cobertura de permisos de la Administración, donde resulta “enormemente preocupante la tendencia actual del SAS de no cubrir muchísimas de las incapacidades temporales que se producen, así como permisos o reducciones que se generan. Esto genera una tremenda sobrecarga para quienes se quedan en el centro, pues han de asumir agendas que se quedan sin cubrir ante la ausencia de sus titulares”, explica Díaz Ontiveros. Del mismo modo, el sindicato exige que, cuando un profesional tenga que asumir pacientes de otros compañeros, dicha acumulación sea convenientemente remunerada, pues actualmente no hay ningún incentivo.

Los actuales problemas de la Atención Primaria se hacen especialmente visibles en las llamadas zonas de difícil cobertura. La central sindical señala que “las malas condiciones laborales y económicas, el ingente número de guardias, pagadas, además, por debajo de las horas de jornada ordinaria, y la gran carga asistencial y burocrática se suman al hecho de tener que llevar a cabo largos desplazamientos por carretera prácticamente a diario y el pobre descanso que todo ello conlleva”. Estas condiciones hacen que estas zonas sean lugares con escaso atractivo para que los y las profesionales quieran trabajar en ellas, por lo que es necesario llevar a cabo, cuanto antes, una partida de incentivos económicos para estos facultativos, así como medidas laborales que faciliten la conciliación de su vida profesional con la personal.

“Sin ir más lejos, en el Pacto por la Atención Primaria firmado en 2023, el SAS se comprometió a incorporar un complemento retributivo de 150 euros al mes en 12 pagas para profesionales en centros de difícil cobertura. Sin embargo, injustificablemente han pasado tres años y seguimos esperando que comience a abonarse”, concluye la representante sindical.

Trabajadores y trabajadoras de UTE TSI y SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del SAS en Córdoba, han llevado a cabo hoy una concentración junto al Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Reina Sofía en el que se han vuelto a denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta a estas empresas, entre los que destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas.

“Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, ha subrayado Rosa.

Este representante sindical ha denunciado que tanto SSGA como UTE TSI están realizando despidos sin ninguna justificación, motivo por el cual los trabajadores que están siendo expulsados de la empresa y recurren a la Justicia están ganando esos juicios. Desde CSIF también se pone de manifiesto que estos trabajadores y trabajadoras están trasladando pacientes dentro de los centros sanitarios, unas funciones que no les corresponden al ser personal extrahospitalario.

Asimismo, la plantilla del transporte sanitario se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio. “Por todo ello, no entendemos que la Administración vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más”, ha recalcado Rosa.

El presidente del comité de empresa de SSGA ha asegurado que van a continuar las movilizaciones ante los reiterados incumplimientos del IV Convenio Colectivo del Transporte Sanitario por parte de estas empresas, cuya plantilla está formada por unas 350 personas. “No vamos a parar hasta que nuestra voz sea por fin escuchada”, ha afirmado el representante sindical de CSIF.

Las secciones sindicales del Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT, CSIF y CCOO, tras una reunión conjunta, han anunciado un acuerdo para el “bloqueo total” ante los impagos por parte del Ayuntamiento de las horas extras trabajadas en eventos del año 2025.

Según el comunicado remitido por los cuatro sindicatos, estos acuerdan que a partir del miércoles 22 de abril “se bloquee la realización de cualquier tipo de servicio extraordinario” por parte de los agentes. En ese sentido, dan la instrucción a la plantilla de la Policía Local para que “ningún compañero debe inscribirse en ningún nuevo servicio extraordinario. Asimismo, aquellos que ya estén inscritos deben tramitar su baja/renuncia de inmediato”.

Los sindicatos recuerdan a los agentes que, “según el protocolo de servicios extraordinarios vigente, no existe recogida ninguna penalización por la renuncia a estos servicios”. “Ha llegado el momento de actuar con unidad y contundencia”, sostienen.

Recuerdan que el Ayuntamiento les adeuda las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), de eventos como la Media Maratón, la Magna o la Navidad y ya se les debe también las horas extras trabajadas del año 2026.

El sindicato CSIF ha denunciado el avistamiento la pasada madrugada de un dron en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Córdoba, cuyo operador resultó detenido por efectivos de la Guardia Civil, que actuaron gracias las informaciones que les dieron los profesionales de la prisión. La organización ha detallado que los trabajadores del centro procedieron a averiguar qué internos estaban involucrados en estos hechos para, posteriormente, separarlos del resto de reclusos y hacer las indagaciones oportunas para esclarecer la situación.

Esta organización, mayoritaria en la prisión de Alcolea, ha recordado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, que se ya ha solicitado formalmente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) la implantación de sistemas de inhibición de vuelo de aeronaves no tripuladas sobre los centros penitenciarios, así como la declaración expresa de prohibición de sobrevuelo en estos recintos. La organización sindical ha considerado que la presencia de estos dispositivos evidencia las graves carencias en materia de seguridad perimetral de los establecimientos.

El sindicato ha lamentado la falta de medios tecnológicos adecuados para hacer frente a este tipo de amenazas, así como la escasa formación específica recibida por la plantilla en relación a estas cuestiones. La central sindical ha señalado que resulta imprescindible la dotación e implementación de dispositivos de defensa tipo TASER, así como la actualización del régimen disciplinario aplicable a la población reclusa, que no ha sido actualizado desde 1981.

CSIF ha recalcado que no puede obviarse la grave situación de sobreocupación que padece el centro con una población reclusa aproximada de 1.500 internos, siendo una de las prisiones más masificadas del sistema, lo que supone un incremento sustancial de la carga de trabajo que debe ser asumido por la misma plantilla. Desde su punto de vista, “la SGIIPP debería tener en cuenta los riesgos a los que nos expone por este incremento de internos y el déficit de personal existente, poniendo nuestra seguridad en serias dificultades para poder trabajar con la operatividad debida”.

En este sentido, el sindicato ha recordado que este colectivo profesional sufre una agresión cada 17 horas, siendo la prisión de Alcolea la que registró más ataques a trabajadores penitenciarios en el primer semestre de 2025.

La central sindical ha advertido que el perfil de la población reclusa ha evolucionado, presentando en la actualidad una mayor peligrosidad, al tratarse en numerosos casos de bandas criminales organizadas con amplia experiencia en el ámbito delictivo, frente a una plantilla carente de preparación y medios adecuados, una situación ante la SGIIPP no se ha ocupado con la diligencia debida.

CSIF ha destacado que, pese a todas estas carencias, el personal penitenciario desarrolla su labor con total profesionalidad con el fin de garantizar la protección de la sociedad desde el momento del ingreso del recluso en el establecimiento. El sindicato ha subrayado que estos profesionales continúan sin ostentar la condición de agentes de la autoridad con los principios de indemnidad y presunción de veracidad que conlleva. Asimismo, la organización ha indicado que permanece pendiente la equiparación retributiva del personal penitenciario con el de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de prisiones.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) a nivel provincial, advierte del “riesgo de colapso” en los servicios públicos en Córdoba encargados del proceso extraordinario de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central. En este sentido, la central sindical alerta de que este proceso, que podría suponer la tramitación de cientos de miles de solicitudes a nivel nacional, tendrá un impacto directo en organismos claves en Córdoba, como son la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyos empleados ya soportan de por sí una elevada carga de trabajo.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, denuncia que las plantillas actuales de estos servicios en la provincia no están suficientemente dimensionadas para afrontar este incremento extraordinario de expedientes, lo que podría traducirse en retrasos, saturación de los servicios y un serio deterioro de la atención a la ciudadanía. Según la información disponible, el proceso se está desarrollando desde el 1 de abril y concluirá el 30 de junio, con una primera fase de recogida de solicitudes y una segunda destinada a la tramitación. El representante sindical indica que en Córdoba gran parte de la carga administrativa recaerá en la atención presencial, así como en la gestión documental inicial.

CSIF lamenta la falta de concreción por parte del Gobierno sobre el refuerzo de personal en la provincia para este fin, lo que genera una gran preocupación en la central sindical por la posible externalización de estos servicios, cuando hay que recordar que se trata de gestión de datos especialmente sensibles que deben contar con una supervisión directa de personal funcionario. Muñoz también pone de manifiesto la incertidumbre existente entre los trabajadores de las oficinas de Extranjería en Córdoba, ya que podrían quedar al margen de la recepción inicial de las solicitudes, pese a que, posteriormente, serán los responsables de la renovación de los permisos derivados de este proceso.

Ante esta situación, CSIF reclama el refuerzo inmediato de las plantillas de todos los organismos afectados por este proceso de regularización, la no externalización de los servicios públicos vinculados a este procedimiento extraordinario, la adoptación de medidas organizativas urgentes para evitar el colapso administrativo previsto y la compensación económica del esfuerzo adicional que deberán asumir estos empleados públicos.

El máximo responsable del Sector de AGE a nivel provincial concluye que “insistimos en la necesidad de anticiparse a los efectos de esta regularización extraordinaria, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar tanto el correcto funcionamiento de la Administración, como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa”.

CSIF ha denunciado que la Policía Local de Córdoba no ha contado con el todo el personal necesario durante la pasada Semana Santa a fin de llevar a cabo todas las labores de seguridad y de control del tráfico que son precisas en una cita festiva tan relevante como esta. Concretamente, el sindicato recuerda que se llegó a un acuerdo con la Jefatura de este cuerpo para mantener este año los 325 agentes por productividad con los que se contaron en 2025, “una inversión de recursos humanos que no se ha visto reflejada en la operatividad real”.

El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Eloy González, señala que “no entendemos que, bajo un nivel de alerta antiterrorista 4 decretado por el Ministerio del Interior, haya habido patrullas de dos agentes que se han visto separadas en estos días tan señalados, dejando, de este modo, a oficiales, agentes e, incluso, efectivos en prácticas patrullando en solitario, algo que reduce la capacidad de reacción de los profesionales ante cualquier incidente grave”.

La central sindical pone también el foco en el hecho de que el acotamiento con una valla de la Carrera Oficial provocó embudos y embolsamientos de personas en puntos críticos, como es el caso de la Cruz del Rastro, la Puerta del Puente o diversas calles del Casco Histórico de la ciudad, lo que dificultaron los flujos de evacuación y el control de masas por parte de los agentes.

González lamenta que la falta de personal originó puntos de corte de tráfico sin cubrir por profesionales de este cuerpo de seguridad. “Especialmente preocupante fue la situación que se generó en el Puente de Miraflores, donde se delegó en una empresa privada de grúas la labor de bloqueo, con unos vehículos, cuya disposición permitía el paso de automóviles y motocicletas haciendo ”zigzag“”, aseveró el representante sindical.

CSIF señala que esta escasez de agentes en la calle ha impedido en ocasiones que hubiera patrullas disponibles para cubrir servicios mínimos y emergencias, además de que se han reducido los escoltas de los pasos procesionales. En lo que se refiere a los medios materiales, el sindicato también denuncia un importante déficit con falta de transmisores individuales para los policías y de vehículos patrulla.

En virtud de todo ello, CSIF solicita una reunión en el plazo más breve posible con los responsables de la Jefatura de la Policía Local para analizar todas estas incidencias y buscar soluciones a fin de que los problemas registrados en Semana Santa no se repitan en futuros eventos de gran relevancia para la ciudad como es la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud. 

CSIF se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado entre la administración concursal de Mensajería del Guadalquivir, concesionaria de MRW en Córdoba, la plantilla y la empresa para la extinción de la veintena de puestos de trabajo que mantenía esta compañía, que se encontraba en concurso de acreedores desde hace un año.

El sindicato, mayoritario en la representación laboral de esta sociedad mercantil, ha resaltado la disposición de la administración concursal a la hora de cerrar un acuerdo que permitirá a trabajadores poder cobrar las nóminas que estaban pendientes y las vacaciones correspondientes a este año, “aunque siempre es una mala noticia que se pierda empleo en un territorio como el nuestro que no anda muy sobrado de este aspecto”, según señala el responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Francisco de la Torre.

CSIF ha recordado la enorme incertidumbre que han sufrido estos profesionales en las últimas semanas después de que el pasado 9 de marzo se encontraran sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir a su puesto de trabajo. En ese momento, estos trabajadores no tenían ningún tipo de información sobre su situación contractual por parte de los responsables de Mensajería del Guadalquivir

De la Torre ha recalcado que “esta central sindical ha estado vigilante desde el minuto uno de todo este proceso y ha estado en todo momento al lado de sus delegados sindicales y del conjunto de la plantilla para asesorarles y defender sus derechos en estas semanas que han estado marcadas por la preocupación y por la intranquilidad, pero que, finalmente, se han saldado con un acuerdo satisfactorio para los intereses de todas las partes”.

El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, ha mantenido una reunión con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, para analizar distintas cuestiones ligadas a los centros educativos públicos cordobeses, y le ha entregado un informe elaborado por el sindicato que recoge las “deficiencias” que presentan un total de 84 colegios de Córdoba y provincia.

Así, según ha informado CSIF en una nota, durante dicho encuentro de trabajo, al que también ha asistido la jefa del Servicio de Inspección Educativa, Juana Bolancé, el sindicato ha trasladado al delegado el informe sobre infraestructuras educativas que ya presentó CSIF al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

En ese estudio se contabilizaban “39 colegios en la capital y 45 en el resto de la provincia que presentaban alguna deficiencia de sus instalaciones”, explicando Pachón a Copé que el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a “priorizar reformas de los centros de La Aduana, Caballeros de Santiago, Santos Mártires, Salvador Vinuesa y Guillermo Romero Fernández”.

Con respecto a la provincia, desde el sindicato se ha defendido la necesidad de “crear un nuevo colegio en Santaella” y llevar a cabo “las actuaciones precisas en el CEIP La Montiela, tras los últimos temporales, así como en los centros de Lucena y Puente Genil que han quedado fuera de la dotación”.

En materia de ordenación educativa, el máximo representante de CSIF Educación Córdoba ha resaltado “la disposición de la Administración para reorganizar los recursos, a fin de que no se compartan y aumentar su efectividad en colegios como el de Encinarejo o los ubicados en la localidad de La Carlota”.

También se ha analizado con el delegado territorial “los centros con posibilidades de incrementar sus unidades en próximos cursos escolares, gracias al acuerdo firmado por CSIF con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para reducir la ratio de Infantil de tres años a 22 alumnos por aula y a 13 en el caso de las mixtas”.

En lo que se refiere a la inspección educativa, en la reunión se ha tratado “la revisión de la aplicación del teletrabajo y los últimos casos de agresiones al profesorado”. En este sentido, la central sindical considera “muy positiva la incorporación a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la figura del Asistente de Apoyo Psicológico al Docente, tras la entrada en vigor del Decreto de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado”. Se trata de un psicólogo general sanitario que orienta a los profesionales tras sufrir una agresión.

Pachón también ha aplaudido la iniciativa de la celebración de la I Feria Provincial de FP el pasado 11 de marzo y se le ha solicitado a Copé “facilitar y agilizar creación de nuevos ciclos de titularidad pública, con el objetivo de evitar que miles de alumnos se queden sin plaza, como viene ocurriendo en los últimos años, teniendo que recurrir a los centros privados, con el consiguiente coste para las familias”.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, ha denunciado en un comunicado la “situación límite” en la que se encuentran los catorce embalses ubicados en la provincia, ya que, a pesar de los anuncios realizados por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de más inversión en estas infraestructuras, “la falta de personal y el deterioro de estas instalaciones comprometen la gestión de emergencias en un contexto como el actual marcado por borrascas e inundaciones recurrentes, como las ocurridas hace un mes”.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que embalses estratégicos, como es el caso del de Guadanuño, solo cuentan con dos trabajadores adscritos en la actualidad, mientras que en las grandes presas, como ocurre en la de Iznájar, Yeguas y San Rafael de Navallana, apenas disponen de seis operarios, lo que obliga a realizar turnos con una sola persona.

El representante sindical considera que, pese a que se espera la incorporación de unos 50 trabajadores en Andalucía y se ha anunciado una inversión urgente de unos 40 millones de euros, “estas cifras son insuficientes para cubrir las más de 200 vacantes necesarias solo en lo que se refiere a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir”. El sindicato indica que, a todo esto, se suma que personal cualificado que trabajaba en los embalses está abandonando sus puestos al tener los salarios más bajos de la Administración y la dureza que supone trabajar en entornos aislados y sin servicios básicos.

Muñoz también lamenta que gran parte de estas instalaciones están envejecidas y con un estado de mantenimiento que es “deficiente”. “En embalses e Córdoba hay desagües de fondo bloqueados por especies invasoras como el mejillón cebra, lo que impide a los operarios realizar correctamente las maniobras necesarias ante las crecidas”, recalca el máximo representante del Sector de AGE de CSIF Córdoba.

Ante esta situación, el sindicato demanda al Ministerio la implantación obligatoria de dotaciones de personal mínimas en embalses de categoría A, que son aquellos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Del mismo modo, la central sindical reclama la aprobación del complemento específico del agua para reconocer la responsabilidad y penosidad del trabajo, así como la cobertura inmediata de todas las jubilaciones que no han sido repuestas desde hace décadas.

CSIF señala que, de no adoptarse medidas inmediatas por parte del Gobierno que garanticen la dignidad profesional y la seguridad de la ciudadanía, se iniciará un calendario de movilizaciones en estas infraestructuras en todo el conjunto del país.

CSIF ha reclamado agilidad a la administración concursal de Mensajería del Guadalquivir, concesionaria de MRW en Córdoba, con el objetivo de la situación de la veintena de trabajadores de esta compañía se clarifique a la mayor brevedad posible. El sindicato, mayoritario en la representación laboral de esta sociedad mercantil, ha denunciado la enorme incertidumbre en la que ha quedado la plantilla tras haberse encontrado sin órdenes de trabajo ni ningún tipo de instrucción al acudir el pasado lunes a su puesto de trabajo.

El sindicato se ha hecho eco de la inquietud de estos profesionales, que no han recibido ningún tipo de información sobre su situación contractual por parte de los responsables de Mensajería del Sur, una empresa que se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año.

El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Francisco de la Torre, ha recalcado que “esta central ha estado vigilante desde el minuto uno de todo este proceso con el fin de que el personal de esta compañía pueda aclarar su situación contractual con todas las garantías y siempre con las mejores condiciones posibles para ellos”. Asimismo, el sindicato ha subrayado que ha estado en todo momento al lado de sus delegados sindicales para asesorarles y acompañarles en todo este proceso.

Ante este escenario de falta de información, CSIF ha pedido a Mensajería del Sur una reunión urgente para conocer en qué situación queda la empresa y, principalmente, los trabajadores que forman parte de la plantilla de la compañía. La central sindical se mantiene al lado de estos profesionales y ofrece sus servicios jurídicos para defender sus derechos ante las instancias que correspondan.

CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, se ha reunido con el Ayuntamiento de Córdoba para analizar el estado de las infraestructuras de los centros de Educación Infantil y Primaria públicos ubicados en la capital, así como para la búsqueda de soluciones para mejorar la situación de los colegios. 

Por parte del Ayuntamiento participaron en el encuentro el alcalde, José María Bellido, la concejala delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, y el concejal delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, mientras que por parte de CSIF Córdoba acudieron su presidente, Antonio Rafael López, el responsable del sector de Educación, Antonio Pachón, y uno de los delegados del sindicato en el Consistorio, Vicente del Río.

La central sindical ha entregado un informe sobre las incidencias existentes en 38 centros educativos ubicados en la capital, elaborado a partir de encuestas a los docentes y a través de las visitas de los delegados sindicales de CSIF. Pachón indicó que tres de estos colegios cuenta con aulas clausuradas, siete tienen problemas en las instalaciones eléctricas que provocan constantes cortes de luz, ocho sufren filtraciones o tienen ventanas rotas y nueve registran grietas en la cubierta, desprendimientos de tela asfáltica o de tejas que causan filtraciones. Casi la totalidad de ellos tienen goteras o humedades.

CSIF destaca el interés mostrado por los representantes municipales por subsanar esas deficiencias, que, por otra parte, han tomado nota de los nueve centros educativos que demandan arbolado para sus patios y otros diez colegios que necesitan una zona cubierta frente al sol y la lluvia con el fin de poder darle una solución lo antes posible.

El sindicato agradece la disposición mostrada por el Ayuntamiento para priorizar las intervenciones en los centros educativos con estas incidencias y por adelantar actuaciones que tenían ya previstas, como es el caso del CEIP Guillermo Romero Fernández.

Del mismo modo, CSIF se ha reunido también con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, con el mismo motivo. En este caso, la central sindical ha detectado incidencias en 45 centros educativos en 30 localidades de la provincia, incluyendo goteras y humedades, así como desprendimiento de techos o cornisas. En este sentido, desde la institución provincial destacaron que se van a invertir más de 2,3 millones de euros para la mejora de los centros educativos de la provincia.

Por otro lado, CSIF celebra el anuncio del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, de actuaciones urgentes en cuatro centros de la capital y siete de la provincia, pero, en este sentido “consideramos que son insuficientes a la vista de los colegios con necesidades de los que tenemos constancia”. Así, por ejemplo, la Administración autonómica ha asegurado que se llevarán a cabo intervenciones en los centros lucentinos del CEIP El Prado y el IES Sierra de Aras, pero no en el CEIP Al-Yussana, el CEIP Antonio Machado, el CEIP José de Cala Sanz o el CEIP Nuestra Señora del Carmen, ubicados en la misma localidad, que sufren también desperfectos.

El 69,4% del profesorado cordobés describe el clima en su centro con episodios ocasionales de conflictividad o directamente conflictivo o muy conflictivo, y en el que las situaciones más frecuentes las faltas de respeto por parte del alumnado, las faltas de respeto o conflictos con las familias y el acoso entre alumnos.

Son datos extraídos de un un estudio realizado por el sector de Educación del sindicato CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, que alertan del “preocupante deterioro de la convivencia escolar” y de que “la conflictividad en las aulas se ha convertido en uno de los principales factores de desgaste del profesorado y de merma directa de la calidad educativa”.

“La convivencia escolar se está deteriorando y no podemos normalizarlo. Necesitamos acciones urgentes, recursos y un respaldo claro a los docentes con el blindaje de su autoridad, y eso está en manos de la Administración”, asevera el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón, quien añade que el el 82% del profesorado cordobés considera que la autoridad docente ha empeorado en los últimos tiempos.

La central sindical reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que refuerce la protección a los profesionales e impulse medidas más contundentes. La organización señala que, si bien se han conseguido avances importantes gracias a la presión sindical y la negociación con las administraciones, aún persisten problemas muy graves que menoscaban las condiciones laborales de los profesionales y la atención en los centros.

La organización denuncia, además, un fuerte déficit de reconocimiento y apoyo institucional: el 88% del profesorado se siente poco o nada reconocido socialmente y el 73% afirma que no se siente respaldado por la Administración en el desempeño de su labor.

CSIF exige más profesionales de orientación, especialistas en convivencia, refuerzo de plantillas, mayor apoyo jurídico al profesorado y un marco normativo que refuerce de forma efectiva la autoridad docente. En este punto, la central sindical critica la parálisis del decreto que desarrolla la Ley de autoridad del profesorado. “El borrador ha sido tratado en Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar de Andalucía, pero ha pasado el tiempo y el decreto sigue sin aprobarse. Llevamos más de un año esperando. No necesitamos anuncios, sino normas vigentes, recursos y una protección efectiva acompañada de mensajes claros a la sociedad”, denuncia Pachón. 

Una ratio alta o inasumible

Asimismo, CSIF explica que el profesorado también identifica como principales problemas del sistema la burocracia excesiva, las ratios elevadas y la falta de recursos humanos. En concreto, el 98,5% califica la carga burocrática como alta o desproporcionada y el 61% considera la ratio de su grupo como alta o inasumible.

Por otro lado, CSIF destaca que el 64,6% de los docentes cordobeses afirma que las coberturas de sustituciones se realizan de forma muy tardía. “El actual sistema de provisión de interinidades debe ganar en agilidad. Este año deberían haberse realizado 70 convocatorias, a razón de dos por semana, pero solo ha habido 65, es decir, se han perdido cinco convocatorias y casi 2.500 plazas se han quedado sin cubrir”, denuncia Pachón, quien añade que “profesionales y alumnado son, una vez más, los perjudicados por los criterios economicistas de la Consejería”.

CSIF también hace mención a la situación de la Formación Profesional (FP), que se ve lastrada por la falta de desarrollo normativo y la dificultad para encontrar empresas colaboradoras. “Defendemos un modelo público fuerte y bien dotado que sea una auténtica vía de futuro para los jóvenes,”, explica el representante sindical 

Entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025, el número de centros de FP privada ha crecido en Córdoba un 87% frente al 6% de la pública. “La débil apuesta de la Administración por la FP obliga a la juventud a decantarse por la oferta privada, donde el número de alumnos matriculados ha crecido un 48% frente al 12% en la pública”, destaca el responsable de CSIF Educación Córdoba.

En otro orden de cosas, Pachón resalta el acuerdo estatal que pone fin a la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos y contempla una subida salarial de un 11,4% hasta 2028. “Más de 10.000 docentes cordobeses se verán beneficiados y, además, se mejorarán sus condiciones laborales y se reforzará la calidad sanitaria de MUFACE”, explica el representante sindical. Asimismo, destaca el Acuerdo de Mesa Sectorial firmado por CSIF en julio, que conlleva una reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, medidas de desburocratización y de promoción profesional, entre otras cuestiones.

CSIF concluye que 2025 deja avances relevantes, pero insiste en que, sin convivencia segura, autoridad docente protegida, retribuciones dignas, sustituciones ágiles, menos burocracia, ratios asumibles y refuerzos de plantillas “no hay mejoras sostenibles de la educación pública”.

CSIF ha expresado su más firme condena y repulsa a la agresión sufrida el pasado 7 de noviembre por una médica del consultorio de Espiel, que fue víctima de amenazas por parte de un paciente. El sindicato lamenta que se sigan repitiendo este tipo de conductas agresivas por parte de pacientes o sus familiares contra las profesionales de la sanidad pública, unos episodios violentos que carecen de cualquier justificación.

La central sindical ha recordado que, según los datos oficiales publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2024 se registraron 162 agresiones en Córdoba, un 9% más que en el ejercicio anterior. Un total de siete de estos ataques fueron de carácter físico, y 126 de naturaleza verbal.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz, ha destacado que “es urgente una mayor dotación de personal en los centros para evitar los episodios conflictivos que se producen ante colapsos en el sistema sanitario por un incremento de la atención a los usuarios y de la sobrecarga asistencial”. Igualmente, el sindicato ha reclamado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo que incremente las medidas de seguridad en los recintos sanitarios ante el elevado número de los ataques, tanto físicos como verbales.

Además, “lamentablemente muchas agresiones que se producen todos los días no se comunican y, por ello, no se reflejan en la estadística”, explica Díaz Ontiveros, quien ha detallado que “esto último se produce habitualmente por miedo a represalias del usuario o sus familiares en centros pequeños y consultorios, y otras, porque los propios profesionales de la sanidad están normalizando estas conductas inaceptables, asumiéndolas como algo más, en el día a día de su trabajo”.

CSIF Sanidad Córdoba ha reiterado al SAS su petición de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía, una petición histórica del sindicato. La central sindical considera que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones adecuadas a los agresores que incluyan además una pena económica, puesto que, para el sistema, estos episodios de violencia suponen también un alto coste al tener que sufragar servicios jurídicos, daños materiales y las bajas profesionales, entre otras consecuencias. Esta propuesta de CSIF sería una medida disuasoria frente a estas conductas reprobables e intolerables.

La máxima representante del Sector de Sanidad de CSIF a nivel provincial ha recalcado que “nuestro sindicato siempre defenderá la profesionalidad de todos los trabajadores y las trabajadoras del SAS, quienes, gracias a su esfuerzo y dedicación diarios, están manteniendo a flote la sanidad pública, a pesar de los recortes que padece desde hace décadas”.