Tradicionalmente, resolver un trámite legal o consultar una duda jurídica requería pedir cita previa y desplazarse a un despacho convencional. Horas y horas de burocracia que hacían que muchas personas acabasen por desistir en esta labor. Sin embargo, el centro comercial El Arcángel ha incorporado a su oferta de establecimientos una propuesta que modifica esta dinámica. En concreto, la firma Legal Express ha abierto sus puertas en la primera planta del establecimiento comercial con la vocación de acercar el asesoramiento a cualquier ciudadano, ofreciendo un entorno de fácil acceso y caracterizado por la inmediatez.

Bajo esta premisa, la compañía introduce un concepto innovador que traslada al sector minorista la atención en todas las áreas del Derecho, enfocándose especialmente en aquellos asuntos que permiten una resolución rápida. Para sostener este modelo, la actividad se fundamenta en cuatro pilares básicos: inmediatez, accesibilidad, eficacia y precios competitivos. El objetivo de este proyecto no se limita a la capital cordobesa, puesto que la visión de la empresa pasa por abrir despachos en los centros comerciales más importantes de Andalucía durante la próxima década, para posteriormente continuar su expansión por el resto del territorio nacional.

En cuanto a su catálogo, la entidad dispone de una oferta integral dirigida a particulares, autónomos y pymes. Dentro del área estrictamente jurídica, el equipo ofrece soluciones en Derecho de Familia -divorcios de mutuo acuerdo, pensiones de alimentos, convenios reguladores y guarda y custodia-, así como la redacción y revisión de contratos de compraventa, arrendamiento o préstamos. Del mismo modo, asumen la gestión de herencias, incluyendo los Certificados de Actos de Últimas Voluntades, las liquidaciones del Impuesto de Sucesiones y las testamentarías de mutuo acuerdo.

Por otro lado, el servicio también abarca el ámbito mercantil, acompañando a las empresas en la constitución de sociedades, la redacción de estatutos y la revisión de contratos con proveedores. En paralelo, la firma presta apoyo frente a multas y requerimientos fiscales mediante la interposición de recursos y solicitudes de aplazamiento. Incluso ofrecen respaldo en reclamaciones de cantidad mediante negociaciones extrajudiciales, preparación de minutas notariales y elaboración de declaraciones de la renta.

Como complemento adicional a la labor de abogacía, la división de asesoría cubre el terreno laboral, facilitando el cálculo de finiquitos y despidos, o la gestión de procedimientos como los ERE y ERTE. Los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas también pueden delegar la confección de modelos tributarios y la llevanza contable completa, desde balances hasta Cuentas Anuales. En última instancia, este espacio incorpora un área de seguros para tramitar y revisar pólizas de vehículos, salud, decesos y hogar. De este modo, el establecimiento se posiciona como un punto único para centralizar necesidades legales y administrativas, destacando por su inmediatez y su premura en los procesos, siempre buscando precios competitivos y la eficacia en la burocracia.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha emitido un comunicado oficial en el que manifiesta su profundo pesar y solidaridad con las víctimas y familiares del trágico accidente ocurrido en Adamuz. La institución ha calificado el suceso como una tragedia de “enorme magnitud” que ha generado una gran conmoción en toda la sociedad, expresando su cercanía hacia quienes atraviesan un duelo marcado por la incertidumbre.

Ante la lógica inquietud que ha despertado el siniestro respecto a las posibles responsabilidades legales, el Colegio ha hecho un llamamiento directo a la tranquilidad y la cautela. La institución advierte que la fase inicial de la investigación será necesariamente “larga y compleja”, por lo que recomienda no tomar decisiones precipitadas que puedan comprometer el ejercicio de derechos en el futuro. En este sentido, subrayan que es fundamental respetar los tiempos que exigen tanto la instrucción judicial como el propio proceso de duelo.

Uno de los puntos clave del comunicado es el recordatorio a los profesionales sobre la vigencia del Código Deontológico de la Abogacía. Este reglamento regula las actuaciones en situaciones de extrema sensibilidad con el objetivo de evitar cualquier tipo de “oportunismo o aprovechamiento del dolor ajeno”.

El Colegio subraya que este marco ético establece la necesidad de respetar un periodo de tiempo suficiente para que los afectados puedan recobrar la serenidad necesaria y decidir sobre su defensa con plena libertad. Según la institución, esta es una garantía esencial para proteger a las víctimas y reforzar la confianza ciudadana en una abogacía responsable y humana.

Finalmente, el Colegio de la Abogacía de Córdoba se ha puesto a disposición de las instituciones competentes y de las personas afectadas para colaborar en todo lo que resulte necesario desde el respeto institucional.

La entidad asegura que, una vez que los afectados se sientan preparados, encontrarán en los profesionales del derecho un apoyo comprometido para orientarlos en la defensa de sus intereses. Por el momento, el mensaje institucional prioriza la empatía y el acompañamiento, reafirmando que lo más importante es cuidar a las personas y permitir que la investigación siga su curso natural.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha comunicado este viernes el fallecimiento de José María Muriel de Andrés, quien fue decano de la Corporación entre los años 1992 y 2002 y una de las figuras más relevantes de la Abogacía institucional cordobesa de las últimas décadas.

Muriel de Andrés desempeñó el cargo de decano durante diez años, un periodo que desde la institución se califica como decisivo para la modernización y consolidación del Colegio. Su etapa al frente de la Corporación supuso “un antes y un después” para la Abogacía de Córdoba, especialmente por el impulso a la construcción de la actual sede colegial en la calle Morería, inaugurada oficialmente hace 25 años, en octubre de 2025.

Desde el Colegio destacan que su empeño por dotar a la institución de una sede propia permitió alcanzar la independencia funcional respecto de los tribunales, un hito que transformó el funcionamiento interno del Colegio y reforzó el papel de la Abogacía como profesión libre e independiente, en línea con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto General de la Abogacía Española.

José María Muriel de Andrés estuvo vinculado al Colegio de la Abogacía de Córdoba durante más de seis décadas. Se colegió como abogado ejerciente en octubre de 1962, con el número 969, y mantuvo esta condición de forma ininterrumpida hasta el día de su fallecimiento. Antes de acceder al Decanato, ocupó diversos cargos en la estructura colegial, entre ellos comisionado para la Junta de Evaluación en 1964, Vocal 3º del Comité de Cultura en 1976 y Diputado 4º de la Junta de Gobierno entre 1981 y 1986. Posteriormente fue Diputado 2º hasta su dimisión en noviembre de 1991, paso previo a su candidatura a decano.

Tras las elecciones celebradas el 19 de diciembre de 1991, fue proclamado decano electo y tomó posesión el 17 de enero de 1992. Tras una reelección, permaneció al frente del Colegio hasta el 31 de enero de 2002.

Su trayectoria institucional se extendió también al ámbito autonómico y nacional. Fue consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados durante una década y, desde 1995, consejero del Consejo General de la Abogacía Española. Además, fue el primer presidente de la Unión Profesional de Córdoba, entidad que le concedió la Medalla al Mérito Profesional en su categoría de Oro.

A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones, entre ellas la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la Distinción al Mérito en el Servicio de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española —otorgada en 2008— y la Insignia de Oro de la Junta de Andalucía por su labor en el Turno de Oficio.

En el ámbito académico, Muriel de Andrés destacó como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Córdoba, en el área de Práctica Procesal, y como profesor asociado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha expresado su “más profundo pesar” por la pérdida de quien considera un “excepcional compañero y querido decano”, y ha subrayado su agradecimiento por la profesionalidad, dedicación y compromiso de una figura que se convirtió en referente de la Abogacía institucional cordobesa.

El funeral será el domingo a las 10:30 en la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado hoy, en el Patio del Real Círculo de la Amistad, el tradicional acto de entrega de diplomas a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional o colegiación ininterrumpida, en el marco de los actos organizados en honor a los Patronos del Colegio, San Rafael Arcángel y la Inmaculada Concepción.

El acto comenzó con la entrega de diplomas a los colegiados homenajeados, destacando la trayectoria de Miguel Puig, que cumple 50 años de colegiación, y de los profesionales que celebran 25 años de ejercicio ininterrumpido. Tras la entrega, tomó la palabra el Decano del Colegio, Carlos Arias, quien pronunció un discurso cargado de reconocimiento y cercanía.

En su intervención, el Decano reconoció el trabajo de los profesionales de la Abogacía homenajeados. “Celebramos vuestra dedicación a la defensa de la Justicia, a la protección de derechos y libertades, a la construcción de una sociedad más justa. Vuestra trayectoria honra a nuestra profesión y nos inspira a todos”, afirmó.

El decano hizo referencia a los retos que afronta la profesión. “Nos enfrentamos a desafíos importantes: garantizar pensiones dignas, mejorar las condiciones del turno de oficio, adaptarnos a la digitalización y a la inteligencia artificial, y atraer talento joven. La respuesta solo puede ser unidad y compromiso. Contad con el Colegio. Confiad en él y en los servicios que ponemos a vuestra disposición. Estamos aquí para vosotros”. Además, apeló a las instituciones vinculadas a la Administración de Justicia “para profundizar en la colaborando mutua y avanzar hacia una Justicia más eficaz y cercana al ciudadano.

Por último, Carlos Arias subrayó el valor de la profesión y la dedicación de los abogados a sus clientes afirmando que “ser abogado significa mucho más que conocer leyes. Significa implicación y dedicación absoluta a nuestros clientes, acompañarlos en momentos decisivos y defender sus derechos con firmeza y humanidad”.

Este homenaje, uno de los momentos más significativos del calendario colegial, ha reunido a los profesionales distinguidos, sus familiares y profesionales de la Abogacía de Córdoba, así como a destacadas autoridades del ámbito judicial, académico y social. Entre ellas, han asistido: José Antonio Nieto, Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía; Juan Ramón Berdugo, Magistrado del Tribunal Supremo; Miguel Ángel Pareja, Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba; Eva Álvarez, Jueza Decana; Jesús Aparicio, en representación de la Fiscalía Provincial; María José Carralero, Decana del Colegio de Procuradores de Córdoba; José J. Albert, decano de la Facultad de Derecho; José Sáez Rodríguez (Instituto de Medicina Legal); y representantes de Guardia Civil y Policía Nacional.

La escena es familiar para casi cualquiera. Una mesa en una oficina bancaria, una montaña de papeles con letra diminuta y esa sensación incómoda de estar firmando el contrato más importante de tu vida, la hipoteca, sin comprender del todo qué significan la mitad de sus cláusulas. Es una sensación de vértigo y soledad que miles españoles han experimentado. “Si lo firmaste, habértela leído”, era la norma no escrita. Fue precisamente contra esa desigualdad, contra ese “tú fírmalo, que es lo que hay”, contra la que la abogada Fuensanta Cabrera decidió rebelarse hace 15 años. Hoy, desde Cabrera Abogados, lidera un equipo de diez personas cuya principal misión es ser el contrapeso, la voz que traduce la jerga bancaria y devuelve a la gente lo que es suyo.

Y es que, aunque hoy parezca normal, demandar a un banco era una idea casi impensable hace tres lustros. “Era impensable que tú fueras a un banco y que lo que hubieras firmado fuera nulo”, recuerda Fuensanta. Explica que todo cambió cuando la justicia europea intervino y puso sobre la mesa una realidad incontestable: no hay igualdad en ese acuerdo entre banco y consumidor cuando una de las partes “tiene un laboratorio estudiando cómo sacar el más rédito posible” y la otra solo tiene sus ahorros y un proyecto de vida. Se reconoció, por fin, la “posición de desventaja” del cliente.

“No soy una antisistema, yo entiendo que la banca debe existir, pero no vale todo”, matiza Cabrera. El problema, insiste, es cuando esa posición de poder se usa para tratar de forma abusiva al cliente. “Los números de los bancos son estratosféricos a costa de la gente de a pie.”

La 'ITV de la hipoteca': el método para perder el miedo

Para combatir esa jerga técnica y, sobre todo, el “miedo a demandar” que paraliza a tanta gente, la propia Fuensanta ha acuñado un término que cualquiera puede entender: la “ITV de la hipoteca”. La filosofía es simple y directa. “Tráeme la 'carpeta fea' que tienes con los papeles del banco, y yo te la reviso gratis”, insiste la letrada. Esta primera consulta es siempre gratuita. El equipo analiza el contrato sin coste y sin compromiso. “Si te digo que está todo bien, vete tranquilo. Pero te aseguro que con un 99% de probabilidades, tienes alguna cláusula reclamable”.

¿Y qué encuentran en esa 'ITV'? La más normal, “la más común de los mortales”, es la cláusula de gastos de la hipoteca, aunque hay muchas cláusulas más. Durante años, el cliente pagó todos los gastos de notaría, registro y gestoría. Sin embargo, el Tribunal Supremo fue claro: el principal beneficiado de que esa hipoteca se inscriba en el Registro de la Propiedad “es el propio banco”, para asegurarse el cobro. Por tanto, es la entidad la que debería haber asumido la mayor parte de ese coste.

Pero la batalla actual tiene otras siglas: IRPH. Fuensanta pide poner el foco en este índice, el segundo más usado tras el Euríbor. “Es otra de esas cláusulas complejas que se vendió como más estable, pero que en la práctica ha supuesto que la gente pague hasta 300 euros más al mes. Ahora el Supremo está a punto de decidir, y podría suponer devoluciones de hasta 20.000 euros de media que han pagado de más. ”En el despacho tenemos a cientos de prestatarios esperando nuestra llamada cuando haya una resolución“, reconoce Fuensanta.

Un despacho para el “trabajador de a pie”

La experiencia es el mejor aval de Cabrera Abogados. En 15 años que llevan ejerciendo, han analizado más de 30.000 escrituras, logrando más de 7.000 sentencias favorables en todas las instancias judiciales de España, incluidas 12 victorias en el Tribunal Supremo. Este volumen les permite “tener cogido el pulso a cada entidad, ya conocemos las cláusulas que comercializa cada una”.

Pero más allá de los tribunales, el enfoque está en la calle. “El perfil de nuestro cliente es el trabajador o la gente que se encuentra al límite”, sentencia Cabrera. Su equipo está acostumbrado a tratar con el miedo o, peor aún, con la vergüenza, como en los crecientes casos de phishing (estafas online). “La gente viene destrozada, con un sentimiento de culpa, y tienes que explicarle que le podía haber pasado a cualquiera, que los bancos no tienen los mismos sistemas de seguridad para el cliente que para ellos mismos”.

Aunque eso sí, el mejor marketing, asegura, es el boca a boca. Fuensanta recuerda el caso de una empleada de un conocido hotel de Córdoba. “Vino con una hipoteca ya cancelada. Le hicimos la reclamación y, al poco tiempo, el banco le devolvió 12.000 euros. ¡Se puso a gritar de alegría en el trabajo! Ahora tengo a toda la plantilla en el despacho”.

“La información es poder”

Fuensanta insiste en que el beneficio de consultar va más allá del dinero recuperado. “La información es poder”, repite. “La gente que ha venido asustada, pero cuando sale informada, se relaciona de otra forma con su banco. Ya no le cuelan comisiones de mantenimiento, ya sabe que no le pueden llamar a ciertas horas por un impago, Ganan tranquilidad”. Por ello, el consejo final del despacho es un derribo de ese miedo inicial: “Quien tenga un préstamo, debe ir a un abogado. No para demandar, para saber”. Porque, como concluye Fuensanta, el banco “no es intocable, es tu socio. Y si a ti te va mal, él puede ayudarte. Lo que pasa es que no quiere, y para eso estamos nosotros”.

Además, recuerda que el despacho se adapta a la situación económica y personal de cada cliente, para que de esta forma, nadie se quede sin reclamar.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado este jueves la sesión de apertura del curso 2025-26 de su Escuela de Práctica Jurídica 'Rafael Yllescas Melendo', en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. El acto, que ha reunido a representantes institucionales, docentes, profesionales del Derecho y alumnado, ha marcado el inicio oficial de la XIII edición del Máster en Abogacía y Procura, que el Colegio imparte en colaboración con la Universidad de Córdoba.

La mesa presidencial estuvo integrada por Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial y del Consejo Rector de la Escuela; José Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba; Fernando Sobrón, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial; José Manuel Palma, vicerrector de Personal Docente e Investigación de la Universidad de Córdoba; Álvaro Navarro, director de la Escuela; Manuel Espejo, codirector del Máster en Abogacía; y el escritor Joaquín Pérez Azaústre, conferenciante invitado.

Un acto académico con vocación formativa y reconocimiento

La sesión fue inaugurada por el presidente del Consejo Rector, quien dio paso a la lectura de la Memoria de Actividades del Curso 2024-25, a cargo del secretario de la Escuela, Ángel Moreno. Posteriormente, ha intervenido el director de la Escuela, Álvaro Navarro, que ha abordado cuestiones de actualidad jurídica como los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) introducidos por la Ley 1/2025, y ha reflexionado sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el ejercicio profesional, destacando la tensión entre la tecnología y la “abogacía emocional”.

Durante el acto se ha procedido a la imposición de becas a los integrantes de la XI Promoción del Máster en Abogacía y Procura, así como a la entrega de distinciones a tutores de prácticas externas por su labor formativa y al alumnado más destacado en las simulaciones de juicio desarrolladas durante el curso anterior.

El Derecho como narrativa de libertad

El decano del Colegio, José Carlos Arias, ha presentado al conferenciante invitado, el escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre, con unas palabras que vincularon la literatura y el Derecho. “Si algo define la esencia de nuestra profesión es precisamente eso: la defensa de la libertad a través de la palabra, del argumento, del compromiso con la justicia. Y quién mejor que un escritor, un artesano de la palabra, para recordarnos que el Derecho no es solo norma, sino también narrativa, ética y humanidad”.

Por su parte, Joaquín Pérez ha comparecido ante este periódico justo antes de su conferencia sobre la estrecha relación entre el Derecho y la literatura, y cómo ambas disciplinas comparten una vocación común: la defensa de la libertad a través de la palabra. “El Derecho es lo que nos separa del caos, de la violencia y de la justicia privada. Es la poesía más alta del ser humano, una poesía que nos concedemos a nosotros mismos para poder convivir”, afirmó.

Además, Azaústre ha destacado que el carácter civilizador del Derecho, al que definió como “la organización racional de la vida al margen de la violencia”. En su opinión, sin principios como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley, “volveríamos al Antiguo Oeste”. Añadió que el Derecho, igual que la literatura, es una forma de construir libertad frente al mal: “La escritura de la libertad es necesaria porque el mal existe; el Derecho nos protege de él y nos permite ser libres”.

La sesión ha concluido con la intervención final del presidente del Consejo Rector, quien declaró oficialmente abierto el Curso Académico 2025-26 de la Escuela de Práctica Jurídica 'Rafael Yllescas Melendo'. Durante el mismo se desarrollará la XII edición del Máster en Abogacía y Procura, reafirmando el compromiso del Colegio de la Abogacía de Córdoba y la Universidad de Córdoba con una formación jurídica rigurosa, ética y comprometida con la sociedad.

El especialista en cumplimiento corporativo (Compliance), el investigador y abogado cordobés Rafael Aguilera, que ha codirigido recientemente el Congreso Nacional de Compliance la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido ahora invitado, para participar como ponente experto, en el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se celebrará a finales del presente octubre en República Dominicana.

En concreto, el especialista cordobés en prevención de delitos corporativos, fraude empresarial y sistemas de cumplimiento, materia que en el ámbito forense es conocida bajo la denominación de 'Compliance', ha sido codirector del citado Congreso Nacional de Compliance RFEF, junto a la directora de cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol, Nefer Ruiz, y al socio responsable de Forensic de la firma Grant Thornton España, Alfonso Bravo.

Según la información facilitada a Europa Press por el propio Rafael Aguilera, esta ha sido una iniciativa, impulsada en la nueva etapa de la Real Federación Española de Fútbol presidida por Rafael Louzán, que reunió el pasado 30 de septiembre en Madrid a representantes de la FIFA, la UEFA y a más de 250 abogados y 'compliance officers' de las principales empresas, entidades deportivas y firmas del país.

En este Congreso, que “culminó con un extraordinario éxito de convocatoria y del que cabe destacar el alto nivel de los ponentes, se analizaron las cuestiones de mayor trascendencia en materia de integridad y cumplimiento normativo, abordándose las tendencias de vanguardia y los mecanismos para reforzar la ética en los contextos corporativos”.

Igualmente, Aguilera, ha sido invitado para participar, como ponente experto, en la octava edición del prestigioso Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, “un evento consolidado y de alcance global, que tiene como uno de sus propósitos esenciales incrementar los conocimientos entre especialistas y aumentar la conciencia de la sociedad en la prevención del blanqueo, así como articular en los sectores público y privado una estrategia conjunta que fortalezca la cultura del cumplimiento normativo”.

En el Congreso, que tendrá lugar en Santo Domingo los próximos días 29 y 30 del presente octubre, “intervendrán especialistas y académicos reconocidos a nivel mundial y está organizado por la prestigiosa Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, junto con el resto de componentes del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), órgano de coordinación responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención y combate del lavado de activos” de el citado país americano.

Rafael Aguilera es codirector del Diploma de Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance de la Universidad de Valladolid; profesor de Compliance Penal en el grado de Derecho y Criminología de la Universidad Loyola Andalucía, y profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de dicha institución.

Ha sido académico visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford en 2019 y 2023 y asociado de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (Miami) en 2022. Además, es miembro académico del Anti-Corruption Academic Initiative y de la Grace Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Igualmente codirige el Compliance Advisory LAB, un laboratorio de la firma Grant Thornton que tiene por objeto profundizar el conocimiento científico sobre el cumplimiento normativo dentro de las empresas en confluencia con el examen de la actualidad judicial sobre responsabilidad penal de corporaciones y de directivos.

De la destacada trayectoria académica y profesional de este experto cordobés Compliance, cabe subrayar su participación como experto en multitud de congresos internacionales y foros de referencia, como la Cumbre de Alto Nivel sobre Educación y Estado de Derecho de Naciones Unidas, o el XIV Congreso Internacional de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal, el más importante de este campo a nivel mundial.

Aguilera fue precursor a nivel internacional de la modelización avanzada, la teoría de juegos y 'behavioral compliance' para la prevención de irregularidades y el esclarecimiento de la atribución de responsabilidad penal corporativa (2012). De hecho, fue uno de los primeros investigadores en Derecho Penal de España en realizar una tesis doctoral (2018) que abarcó tanto el estudio del actual régimen de responsabilidad penal de las empresas que, además, incluyó el vínculo entre el recurso a la IA para optimizar sistemas internos de prevención de delitos de las empresas.

Además, es autor de diversos libros y multitud de artículos de investigación. Entre estos, cabe destacar al 'Manual de Compliance Penal', del que ya está en marcha la tercera edición y que cuenta con los prólogos de los magistrados del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez y Julián Sánchez Melgar, el epílogo del magistrado del Alto Tribunal, Vicente Magro, y con las reseñas de un amplio elenco de operadores jurídicos y especialistas en Derecho Penal Corporativo, entre las que se encuentra la del Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la condena a un abogado cordobés por la construcción de una vivienda ilegal en la Vega del Guadalquivir, en suelo protegido, en una sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba. La resolución mantiene la pena de un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y la obligatoriedad de demoler la vivienda.

El caso se remonta al verano de 2018, cuando el condenado adquirió una parcela de 1.000 metros cuadrados en la zona de especial protección Vega del Río Guadalquivir. En agosto de ese año instaló sin licencia una casa prefabricada de unos 50 metros cuadrados y junto a ella levantó un cerramiento de bloques de hormigón de 16 metros de longitud y dos de altura. Pese a que la Gerencia Municipal de Urbanismo le abrió un procedimiento sancionador, en agosto de 2021 amplió las obras con una solera de hormigón de 80 metros cuadrados en la entrada de la casa, una cubierta de chapa de 40 metros cuadrados y un porche de 12 metros cuadrados sostenido por pilares de hormigón, consolidando así un asentamiento ilegal en un terreno especialmente protegido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba.

El Juzgado de lo Penal número 2 lo condenó el pasado mes de abril a un año y seis meses de prisión, a 2.880 euros de multa, a la inhabilitación especial durante un año para ejercer como constructor o promotor y al pago de las costas procesales. Asimismo, decretó la demolición de la vivienda y de las estructuras anexas, imponiéndole la obligación de devolver la parcela a su estado original, con un coste pericialmente valorado en 3.428 euros.

En su recurso, el letrado alegó que actuó bajo un error de prohibición, que el derecho penal no debía intervenir en su caso, que sus actuaciones estaban amparadas por el derecho constitucional a la vivienda y que las pruebas gráficas que mostraban la magnitud de la construcción vulneraban derechos fundamentales. Pero la Audiencia Provincial ha rechazado todos estos argumentos.

En primer lugar, el tribunal ha considerado probado que, por su formación jurídica y su posterior ejercicio como abogado, el acusado no podía ignorar la ilegalidad de sus actos y que, en cualquier caso, desde que se incoó el expediente disciplinario, disponía de vías administrativas suficientes para conocer con certeza la calificación del suelo y las consecuencias de sus actuaciones.

En segundo lugar, la Audiencia le ha recordado que el derecho a la vivienda no es absoluto y que se encuentra subordinado al interés general y a la protección medioambiental, citando expresamente jurisprudencia del Tribunal Supremo que ratifica que la edificación en suelo no urbanizable de especial protección es siempre no autorizable y que la demolición constituye la regla general en estos casos. Por último, el tribunal ha insistido en que la existencia de otras construcciones ilegales en la misma zona o el pago de impuestos no eximen de responsabilidad penal ni legitiman la consolidación de edificaciones prohibidas en un espacio catalogado como rústico preservado por sus valores paisajísticos y naturales.

Vanesa Martín y Raphael, en concierto

El fin de semana del 19 y 20 de septiembre marcará la vuelta de dos grandes de la música española de diferentes generaciones. En primer lugar, la malagueña Vanesa Martín presentará Casa Mía, su nuevo y esperadísimo trabajo que está recorriendo los escenarios este verano. Al día siguiente, Raphael, todo un mito, llegará con Raphaelísimo, un homenaje a la música francesa acompañado de todos sus grandes éxitos, en su regreso a los escenarios tras la retirada temporal por motivos de salud.

Teatro para ayudar a menores con enfermedades neuromusculares

El Gran Teatro acogerá este viernes La venganza de Don Mendo, una divertida comedia escrita en verso y ambientada en el medievo, que narra la venganza que llevará a cabo el marqués Don Mendo para acabar con la vida de su amada Magdalena, hija del Conde Don Nuño, al descubrir que ella le ha sido infiel e incluso ha ordenado su muerte para deshacerse de él y casarse con otro noble.

Bajo la dirección de Marina Pérez Caballero, la pondrá sobre el escenario la compañía de teatro La Toga, del Colegio de la Abogacía de Córdoba, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Tecnología de vanguardia para la terapia de niñ@s con enfermedades neuromusculares. El exoesqueleto, el futuro ya es presente, puesto en marcha por Fepamic.

Jardín Alhambra

Desde este jueves y hasta el 5 de octubre, Cervezas Alhambra celebrará su centenario en Córdoba con un espacio diseñado en el cine de verano Fuenseca. Durante este fin de semana, Jardín Alhambra -así es como se denominado dicho espacio-, estará abierto ofreciendo un lugar de pausa en el que el tiempo se detiene para disfrutar de un espacio de restauración y de ocio con planes para todos los gustos. En este enlace puedes conocer tanto la programación de conciertos como de talleres

Para este finde, Jardín Alhambra estará amenizado con la música de DJ Simpson (este viernes), Habibi Selecta (este sábado) y Repeter DJ (este domingo). Su horario de apertura varía según el día: viernes, de 19:00 a 00:00, sábado, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 00:00; y domingo, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00.

Un congreso sobre Ziryab

Córdoba acogerá hasta este sábado el congreso La huella de Ziryab, que reunirá a destacados expertos para analizar la profunda influencia del célebre músico y polímata en la cultura cordobesa y andalusí. En este enlace puedes conocer toda la programación de una cita que arrancó este jueves.

Más música

Además de estos conciertos, el Palacio de Viana arrancará este viernes el ciclo Noche Eclécticas con Tulsa, galardonada del Premio Nacional de Músicas Actuales en 2024 con Amadora. Miren Iza llegó a la música a principios de los años 2000. Tras una primera etapa en el grupo Electrobikinis, fundó el grupo Tulsa, nominado a los Grammy Latinos de 2007 como artista revelación y a los MTB European Music Awards como mejor artista emergente.

El sábado, el Teatro de la Axerquía acogerá la primera edición de Ultraligero, un nuevo festival musical que reunirá en un mismo escenario a cinco propuestas muy diferentes: Rufus T. Firefly, Dalila, Parquesvr, Retro Casetta y Mind Enterprises (DJ set). Por otro lado, el Jardín Botánico se llenará de música este sábado con John Doe, trío cordobés que mezcla rock con soul, funk y blues; y Black Botijo, con su sonido potente que recuerda al Mississippi más profundo.

Y si quieres folk metal, las bandas Celtian y Argion actuarán este sábado en la Sala M100.

Wilbur, de estrella en 'Grand Prix' a actuar en el Teatro Avanti

El acróbata madrileño Wilbur, la estrella del Grand Prix gracias a sus piruetas y a su excepcional personalidad, actuará este viernes en el Teatro Avanti con su espectáculo Piensa en Wilbur. El espectáculo estará lleno de acrobacias, humor y riesgo.

Además de esta cita cultural, en el arranque de la temporada, Avanti propone para este sábado el show A mí también me pasa, del humorista Manolo Sarria, y para este domingo, el espectáculo de danza Bipedestrucción para toda la familia y con conciencia LGTBIQA+.

Rutas en bici

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad, para este finde hay organizadas tres rutas en bici para toda la familia que recorrerán los cines de verano, las fuentes naturalizadas de la capital y los huertos sociales. Esta actividad requiere de inscripción previa a través de este enlace.

Flamenco

El ciclo Flamenco en la terraza finaliza este viernes con la actuación del bailaor Jorge del Pino a partir de las 22:00 en la plaza del Triunfo. Y el sábado, en la Posada del Potro actuará Carmen Romero dentro del ciclo Café Cantante.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes a las 20:30 Mucha mierda (Alba Sotorra, España, 2024), que aborda el primer día de una huelga histórica de actrices y actores que se produjo en febrero de 1975. Exigían librar un día, menor número de representaciones a la semana y mejores condiciones salariales. Lo que comienza siendo una reivindicación sectorial se convierte en un desafío político. Concha Velasco, Juan Diego, Tina Sainz, Rocío Dúrcal, Ana Belén, Alicia Sánchez o José Sacristán fueron solo algunos de los artistas que estuvieron arriesgando su carrera y su libertad.

Además, en este enlace puedes conocer la cartelera de los cines de Cördoba de este finde.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a una mujer a la pena de dos años de prisión, así como a 12 meses de multa, como autora del delito de obstrucción de la Justicia tras quedar acreditado que amenazó y dirigió expresiones intimidatorias hacia un abogado que actuó en un procedimiento judicial, asistiendo a la acusación particular, con el propósito de intentar influir en su actuación profesional.

El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias -quien ha ejercido la acusación particular en el procedimiento judicial, amparando al colegiado víctima de las amenazas- denuncia que situaciones como estas evidencian que “la abogacía no puede ejercer su labor en un ambiente de intimidación. No podemos admitir que los profesionales, en el ejercicio de sus funciones, se enfrenten a situaciones que comprometen su libertad, su independencia y su integridad”.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba, añade Arias, “trabaja para que ningún colegiado se sienta solo ante este tipo de situaciones y estará siempre amparando a los compañeros, defendiéndolos donde haga falta”.

Hechos probados

La sentencia recoge como hechos probados que el día 1 de febrero de 2023, el abogado se encontraba en su despacho y mientras atendía a otro cliente, se personó en él la mujer condenada, dirigiéndole manifestaciones con un claro carácter intimidatorio, orientada a condicionar el normal desempeño de la defensa que había ejercido en un procedimiento anterior y amenazándolo de muerte, tanto a él como a sus hijos.

El tribunal entiende que tales expresiones perseguían alterar el desarrollo de la actuación procesal del abogado, elemento nuclear del tipo penal de obstrucción a la Justicia. De hecho, la sentencia razona que la conducta encaja en el delito de obstrucción a la justicia, y que en estos casos absorbe al de amenazas, por cuanto la finalidad específica de influir en un sujeto procesal dentro del curso de un procedimiento judicial constituye un supuesto más concreto y protegido por el legislador.

Además, añade la sentencia, “el tenor de las expresiones proferidas, así como el contexto en el que fueron vertidas expuesto por los testigos, determinan la existencia de esa intimidación”, con la que la acusada pretendía “causar en él temor, si no actuaba de la manera exigida”.

El decano valora que esta sentencia “constituye un reconocimiento a la importancia de proteger la labor de los profesionales de la Abogacía en el ejercicio de sus funciones frente a cualquier intento de intimidación, garantizando así que los procedimientos judiciales puedan desarrollarse con plena independencia y respeto a la legalidad”.

Asimismo, quiere transmitir a la ciudadanía que es “intolerable cualquier actuación que intente influir en la labor profesional de los abogados a través de coacciones o amenazas y que, de producirse, corren el riesgo de ser condenados por ello”. El Colegio de la Abogacía, asegura, “estará siempre pendiente para combatir este tipo de conductas. El ejercicio del derecho de defensa debe ser libre y los colegios hemos de proteger este derecho dando amparo colegial a nuestros colegiados cuando se producen injerencias de cualquier tipo”.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha conmemorado este viernes el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con un acto institucional cargado de reconocimiento, memoria y reivindicación. La jornada ha servido para visibilizar el compromiso diario de los abogados y abogadas que, con vocación y entrega, garantizan el acceso a la justicia a las personas más vulnerables.

La vicedecana del Colegio, Concepción Ortega, ha abierto el acto destacando que “la Abogacía de Oficio sostiene el Estado de Derecho” y ha subrayado que, a pesar de las reivindicaciones aún pendientes, “hay mucho que agradecer y celebrar”. Ortega ha puesto en valor la función social de los letrados y letradas del Turno de Oficio, quienes prestan un servicio público imprescindible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por su parte, Sofía Fuentes, diputada responsable de la Comisión de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, ha ofrecido algunos datos destacados sobre la actividad durante el año 2024. “Este servicio público esencial que es la Justicia Gratuita ha estado cubierto por 686 profesionales, quienes, durante los 365 días del año, han garantizado el acceso a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables”, ha explicado.

El número de solicitudes de Justicia Gratuita registrado por el Colegio “ascendió a 15.552, lo que supone un leve descenso frente a 2023, cuando se recibieron 15.695. Se confirma así, que se mantiene la demanda de este servicio año tras año”, ha añadido Fuentes.

En este mismo periodo, se turnaron 10.193 asuntos, en su mayoría referentes a la jurisdicción penal, y se realizaron 11.888 asistencias en turno de guardia, en su mayoría relativas a asistencia al detenido.

Fuentes ha alertado de la preocupante disminución de profesionales adscritos al Turno de Oficio en los últimos años, y ha insistido en que “la baja remuneración y la falta de reconocimiento institucional están poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Asimismo, ha reclamado una actualización urgente de los baremos, el pago de todas las actuaciones y una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita “que responda a las necesidades actuales y dignifique esta labor”.

Durante el acto se ha rendido homenaje a ocho letrados y letradas que han cumplido 25 años de servicio en el Turno de Oficio, reconociendo su trayectoria con la entrega de los Diplomas de la Justicia Gratuita. Los profesionales homenajeados han sido:

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la entrega de una Mención Honorífica a título póstumo a la letrada María del Carmen Fernández Benítez, fallecida recientemente, y quien dedicó su vida profesional a la abogacía de oficio. El reconocimiento fue recogido por su hija y acompañado de unas palabras de homenaje de su compañero Juan José Guerrero.

En la clausura del acto, Sofía Fuentes ha hecho un llamamiento a las instituciones para avanzar en el reconocimiento real de la Justicia Gratuita y ha recordado que “este servicio no puede seguir dependiendo exclusivamente de la vocación de quienes lo ejercen”. “El Turno de Oficio no es una solución de segunda, ni un servicio residual: es la garantía de que nadie queda fuera del sistema por no tener recursos”, ha afirmado.

El Colegio ha reiterado su compromiso con este modelo de justicia y ha reclamado más recursos, nuevos turnos especializados —como el de infancia y adolescencia— y la mejora urgente de las condiciones laborales de los profesionales. “Dignificar a la abogacía de oficio es fortalecer todo el sistema judicial”, ha concluido la diputada.

Amor sin género. Así se titula la última novela que acaba de publicar el abogado penalista cordobés Marcos Santiago en la que ha dejado sobre el papel su visión sobre la soledad en la era digital y la discriminación que aún sufren muchas personas homosexuales. La novela presenta a dos protagonistas que encuentran amor y comprensión el uno en el otro, trascendiendo el género, incluso en un entorno carcelario.

De la mano de Ánfora Nova, Santiago también recuerda la pandemia, aquella crisis sanitaria de la que tan solo han pasado cinco años y que ya nos suena a lejano; la dependencia de los hijos adultos hacia sus padres mayores y los delitos cibernéticos, que son cada vez más comunes, asegura el abogado. Una novela, la sexta, que bebe mucho de su profesión y que no deja de lado por la escritura porque es la que le da “de comer”.

PREGUNTA (P). ¿En qué momento llega ahora esta novela?

RESPUESTA (R). Veo todavía que hay en nuestra sociedad unos nuevos discriminados, ¿no?, que son las personas que, quizás, por su timidez, la escasez de oportunidades o porque el mundo es cada vez más difícil, se están apoyando en las nuevas tecnologías y en los ordenadores como si fueran su mejor y único amigo. Entonces, hay una soledad tremenda. Son personas que se sienten incomprendidas en el mundo real y se van al virtual; una soledad que, paradógicamente, ha traído la inmediatez de las nuevas tecnologías. Así veo yo la sociedad y lo percibo mucho en la calle al ser abogado penalista. Hoy día, en pleno siglo XXI, hay personas homosexuales que se sienten incomprendidas. Ellos son rechazados no solo por quienes no los conocen, sino también por muchas personas que los conocen, los maltratan y se aprovechan de ellos.

P. Los dos protagonistas de esta historia son, por un lado, una persona solitaria y, por otro, un homosexual que ha sido maltratado a lo largo de su vida por serlo.

R. Sí. Los dos están solos y se encuentran como en una especie de milagro porque, incluso en los escenarios más duros y perversos, puede haber una luz de Dios. Lola Lolo siempre estuvo muy incomprendido por su condición de homosexual maltratado y Fede lo hacía contra sí mismo por su incapacidad para relacionarse con las mujeres. Entonces, él, a pesar de no ser homosexual, encuentra el verdadero amor y cariño en Lola Lolo, independientemente de su género. El amor, como los ángeles, no tiene sexo. Lola Lolo se convierte en la única persona que ha entendido a Fede y que lo ha amado de verdad, y Fede encuentra a un hombre que lo respeta, que es lo que nunca se había encontrado a lo largo de su trayectoria vital. Para ellos, la cárcel se convierte en un mundo perfecto, pese a estar encerrados. Hay una letra flamenca que dice “en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo”. Esta novela es así.

P. En la novela también abordas el amor incondicional de los padres hacia sus hijos.

R. A mí me gusta ser muy actual. Me gusta la historia y de lo que de ella puedo aprender para vivir un presente más preparado. Entre el pasado, el presente y el futuro, yo me quedo con el segundo. Por ello, he querido trasladar a la novela los tiempos convulsos que estamos viviendo en los que hay personas de 50 años que, desgraciadamente, viven con sus padres. Dependen de sus progenitores, que ya son mayores. Además, veo que eso les ocurre, sobre todo, a hombres, no sé por qué. También he querido recordar lo terrible que fue la pandemia, que es ahora cuando se está empezando a escribir de ello. Miles de personas mayores murieron por serlo, no por otra cosa. Fueron abandonadas. Parece que ya se nos ha olvidado lo mal que lo pasamos durante la pandemia y creo que no hemos sacado conclusiones. La pandemia unió al mundo y demostró que las fronteras son una mentira. Y, sin embargo, acaba la pandemia y empiezan las guerras por todo el mundo. La gente no ha aprendido nada.

P. No vamos a desvelar la historia sobre la que se sustenta la novela, pero sí podemos contar que todo surge tras una estafa online. ¿La sociedad es cada vez más confiada?

R. Yo creo que sí. En esta novela ha tenido mucho que ver mi profesión, está claro, y hay un gran ejército de delitos que ya están aquí y que van acompañados de las nuevas tecnologías. Las estafas están a la orden del día y lo malo de esto es que policías, jueces y fiscales son un número finito. Antes de la revolución de internet, ya hacían falta medios, así que imagínate ahora. Ahora hay los mismos policías enfrentándose a un mundo delincuencial infinito. Como dejemos todo en manos de la policía y los tribunales, mal.

P. Es vital trabajar el uso de las tecnologías tanto en el ámbito educativo como en el familiar.

R. Pero ya no hay tiempo para la reflexión, ya hay que actuar. Reflexionar es hacer futuros delincuentes a corto plazo. Hay que prohibir los móviles en las clases y los padres tienen que hacer cursos para enseñar a sus hijos porque todos somos niños con las nuevas tecnologías.

P. Publicas esta nueva novela de la mano de Ánfora Nova.

R. Yo he tenido muy buena experiencia con las editoriales con las que he trabajado: con la de la Diputación de Córdoba, Andrómina, Almuzara y ahora con Ánfora Nova, que es una editora de mucho prestigio a nivel internacional y que el año pasado recibió la Medalla de Andalucía de la Junta. Después, Pilar Távora, una amiga de la infancia, ha hecho la preliminar y Antonio Moreno Ayora, el prólogo. Además, en este novel hay un aspecto muy bonito y es la cantidad de empresas que me han ayudado, como Grupo Góngora, Subastas Magna, La Chiquita de Quini e Injupisa. En esta ocasión, los patrocinadores han sido la Universidad de Córdoba y la Fundación Cajasol. Por otro lado, ha habido muchas personas que me han dado su punto de vista, como el periodista Aristóteles Moreno, Julio Algar, el escritor Antonio Varo, José Cortes, José Santiago y Nati Navarro.

P. En Amor sin género también hay un reducto de crítica a la complejidad y a las imperfecciones del sistema judicial y penitenciario. ¿Cuánto de realidad y ficción hay?

R. El mundo del delito es muy complejo y complicado, y claro que hay imperfecciones, pero porque nuestro sistema es deficiente. No damos abasto. El ser humano privado de libertad es muy complicado; los reos se vuelven más radicales y de ahí nacen la tensión y los altercados que vemos en las cárceles.

P. Ahora estamos viendo un repunte de casos en la de Córdoba. O, al menos, se están conociendo más.

R. Mira, todos los sábados voy a la prisión y esto mismo lo comentaba con un funcionario. ¿Sabes lo que me dijo? Que muchos más casos tendrían que salir en los medios de comunicación para que la gente sepa lo que están pasando. Esa fue la contestación.

P. Y, ¿cómo se trabaja así?

R. Con valentía y oficio, pero, sobre todo, con mejores condiciones y con más funcionarios.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinó el año pasado 143.244 euros a los colegios de abogados para sufragar la asistencia letrada que prestan los profesionales del turno penitenciario a la población reclusa en las 13 cárceles, siete Centros de Inserción Social (CIS) y el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Este servicio se abona mediante una subvención al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) que se encarga de distribuirla entre los colegios provinciales para que llegue a los abogados de este turno. El primer pago se realizó el 12 de agosto y el segundo, que tradicionalmente se ejecutaba a final de año, se adelantó al 21 de octubre.

Por provincias, la Consejería ha abonado la mayor cuantía al Colegio de Abogados de Cádiz, con un total de 35.880 euros, al ser la provincia con más centros penitenciarios (Puerto I, Puerto II y Puerto III, Botafuegos en Algeciras y los Centros de Inserción Social de Algeciras y Jerez).

Les sigue la subvención destinada a los colegiados de Sevilla, con 32.016 euros para los profesionales que asisten a las personas reclusas en los centros penitenciarios de Sevilla y Morón de la Frontera, así como a los internos del Centro de Inserción Social (CIS) y del Hospital Psiquiátrico Penitenciario.

Los colegios de abogados de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Antequera recibieron cada uno de ellos 10.764 euros.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor la labor que realizan los profesionales del turno penitenciario para la orientación jurídica de las personas privadas de libertad para garantizar sus derechos. Por ello, ha destacado “el esfuerzo de la Consejería para agilizar el pago a los colegios de Abogados de las subvenciones destinadas a retribuir su trabajo”

En Andalucía hay en total 13 centros penitenciarios y siete CIS, además del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. A final de 2024, la población reclusa en los centros andaluces ascendía a 13.128 personas, casi el 94% hombres.

La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) se ha reunido esta mañana con los vocales andaluces del Consejo General del Poder Judicial para llevar a cabo una puesta en común de las problemáticas más acuciantes de la Justicia en la comunidad autónoma, especialmente a tenor de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El encuentro, que se ha celebrado en la sede del Colegio de la Abogacía de Córdoba, ha sido presidido por el presidente del CADECA, Federico Fernández, acompañado por los decanos de los once colegios andaluces, y ha contado con la presencia de José María Páez Martínez-Virel y José Antonio Montero Fernández en representación del CGPJ.

En concreto, las inquietudes respecto a la implantación de la nueva Oficia Judicial y la incorporación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad han sido las principales materias que han abordado la Abogacía andaluza y el Poder Judicial. En este sentido, el CADECA ha solicitado a los vocales que, dentro de sus competencias, aboguen por el refuerzo de los recursos humanos y materiales para superar las dificultades que plantea la aplicación de la reforma judicial. Asimismo, la Abogacía andaluza ha puesto en conocimiento de los vocales del CGPJ los obstáculos que sufren los juzgados y tribunales de Andalucía para la celebración de las comparecencias telemáticas, y la consecuente denegación de esta modalidad a profesionales y ciudadanos, por lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la plantilla y los medios del área informática para garantizar la adecuada aplicación del Real Decreto-ley 6/2023.

No obstante, tanto CADECA como CGPJ han manifestado su voluntad de afrontar los nuevos retos judiciales desde la empatía, ya que todos los operadores jurídicos, han coincidido, tienen el mismo común de mejorar la eficiencia y agilidad del sistema de justicia.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado este lunes la última de las sesiones de las jornadas dedicadas a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha venido desarrollando desde el pasado mes de febrero, para difundir entre sus colegiados las principales reformas organizativas y procesales que supone la implantación de esta norma.

Esta última sesión, dedicada a las reformas que esta ley orgánica ha operado en materia penal y procesal, ha hecho especial referencia a las novedades en materia de violencia de género. En dicha jornada, Isabel Mª Moreno Almagro, Magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, quien ha calificado la ley como una norma muy ambiciosa, ha realizado un recorrido por las principales modificaciones en el ámbito del proceso penal que pueden suponer una agilización del procedimiento. 

Ha intervenido también el abogado Francisco Javier Pérez Hinojosa, profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, quien se ha detenido en cómo afecta la norma al trabajo del profesional de la abogacía.

Las jornadas han abarcado de forma específica las principales materias que han sido objeto de reforma en las distintas jurisdicciones, brindando así a los profesionales de la Abogacía de Córdoba la oportunidad de actualizar sus conocimientos.

En las distintas sesiones, se ha abordado la implantación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los llamadas MASC, como acceso válido a la Justicia, jornada en la que intervino la Magistrada de la AP de las Palmas, Rosalía Fernández Alaya; los aspectos procesales y orgánicos de la Ley 1/2025 en materia laboral con Antonio Jesús Rodríguez, Magistrado del Juzgado de los social 3 de Córdoba, y Luis Rabasa- Aguilar Tablada, Juez del Juzgado de Menores nº 1 de Córdoba, analizó el impacto de la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en el Derecho de Menores.

Más de 500 profesionales de la Abogacía de Córdoba han participado en estas jornadas que forman parte del programa de formación continua que desarrolla el Colegio para sus colegiados durante todo el año a fin de facilitarles la actualización constante que requieren los cambios normativos que se vienen produciendo.

Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Comisión de Derecho de los Consumidores y Usuarios del Colegio de la Abogacía de Córdoba organizó una mesa redonda para analizar las últimas novedades jurisprudenciales relacionadas con el IRPH y las tarjetas “revolving”. El evento, que tuvo lugar el jueves 13 de marzo a las 18:00 h, contó con la intervención de destacados expertos en la materia, como D. Francisco Ortega Reyes, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 11 de Córdoba, y el abogado Rafael López Montes, miembro fundador de RED ABAFI.

La cita, que se desarrolló en un formato de mesa redonda, atrajo a más de 200 participantes, de los cuales la mayoría se conectaron de manera online, pero cerca de una cuarentena de profesionales y ciudadanos se atrevieron a desafiar la lluvia y se desplazaron presencialmente al Colegio de la Abogacía para ser parte de este enriquecedor encuentro.

A lo largo de la jornada, se generaron debates muy fructuosos sobre los temas tratados, con una gran participación de los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para plantear preguntas y compartir sus puntos de vista. La mesa redonda abordó las más recientes decisiones judiciales que afectan a los consumidores relacionados con el IRPH en préstamo hipotecarios y las tarjetas “revolving” dos cuestiones de actualidad que siguen afectando a miles de usuarios de productos financieros en España.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba, a través de su Comisión de Formación, ha organizado unas jornadas con el objetivo de difundir las reformas organizativas y procesales en el sistema judicial que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y ayudar así a los colegiados en su aplicación.

Según destaca la responsable de Formación del ICA-Córdoba, Lourdes Capdevila, “la trascendencia de acciones formativas como esta, ante las importantes novedades que supone la implantación de la ley de Eficiencia tanto a nivel procesal como organizativo”, a lo que agrega que “estas jornadas abarcarán de forma específica las principales materias que han sido objeto de reforma en las distintas jurisdicciones, brindando así a nuestros colegiados la oportunidad de actualizar sus conocimientos”.

Las jornadas son gratuitas para todos los profesionales de la Abogacía colegiados en el Colegio de la Abogacía de Córdoba y se extenderán durante los meses de febrero y marzo. Las distintas sesiones se celebrarán en la sede colegial y a ellas podrá asistirse tanto de forma presencial, como seguirse en 'streaming'.

La primera de las sesiones, prevista el lunes 17 de febrero, se centrará en la implantación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC). No en vano, explica Capdevila, “esta Ley se presenta como una actualización integral de la normativa sobre mediación en España. Su objetivo es introducir en el ordenamiento jurídico como acceso válido a la Justicia, además de la jurisdicción, otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional”.

Esta sesión, titulada 'Los MASC como requisito de procedibilidad tras la reforma operada por la nueva Ley 1/2025. Efectos procesales y relación con las costas' contará con la intervención de Rosalía Fernández Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de Gemme España.

El 24 de febrero está prevista la sesión centrada en los aspectos procesales y orgánicos de la Ley 1/2025 en materia laboral, en la que participará Antonio Jesús Rodríguez, magistrado del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba. Ya en marzo, los días 10 y 25, se celebrarán las sesiones dedicadas a las novedades prácticas en el proceso civil y de menores respectivamente.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba, a través de su Comisión de Formación, ha organizado unas jornadas con el objetivo de difundir las reformas organizativas y procesales en el sistema judicial que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y ayudar así a los colegiados en su aplicación.

La responsable de Formación del ICA-Córdoba, Lourdes Capdevila, ha destacado la trascendencia de acciones formativas como esta, “ante las importantes novedades que supone la implantación de la ley de Eficiencia tanto a nivel procesal como organizativo. Estas jornadas abarcarán de forma específica las principales materias que han sido objeto de reforma en las distintas jurisdicciones, brindando así a nuestros colegiados la oportunidad de actualizar sus conocimientos”.

Las jornadas son gratuitas para todos los profesionales de la Abogacía colegiados en el Colegio de la Abogacía de Córdoba y se extenderán durante los meses de febrero y marzo. Las distintas sesiones se celebrarán en la sede colegial y a ellas podrá asistirse tanto de forma presencial como seguirse en streaming.

La primera de las sesiones, prevista el próximo 17 de febrero, se centrará en la implantación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC). No en vano, explica Capdevila, “esta Ley se presenta como una actualización integral de la normativa sobre mediación en España. Su objetivo es introducir en el ordenamiento jurídico como acceso válido a la Justicia, además de la jurisdicción, otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional”.

Esta sesión, titulada “Los MASC como requisito de procedibilidad tras la reforma operada por la nueva Ley 1/2025. Efectos procesales y relación con las costas” contará con la intervención de Rosalía Fernández Alaya, Magistrada de la AP de las Palmas y vicepresidenta de Relaciones Internacionales de GEMME España.

El 24 de febrero, está prevista la sesión centrada en los aspectos procesales y orgánicos de la Ley 1/2025 en materia laboral, en la que participará Antonio Jesús Rodríguez, Magistrado del Juzgado de lo social 3 de Córdoba. Ya en marzo, los días 10 y 25, se celebrarán las sesiones dedicadas a las novedades prácticas en el proceso civil y de menores respectivamente. En los próximos días se agendará la sesión dedicada al ámbito penal. 

Un juez militar ha desestimado las denuncias presentadas contra el abogado Luis Romero Santos por informar a los medios de comunicación sobre el caso Cerro Muriano, en el que hace más de un año murieron ahogados dos militares mientras realizaban un ejercicio en este campo de maniobras de Córdoba. El caso se refiere a un incidente ocurrido durante un ejercicio de entrenamiento en el Campo de Maniobras y Tiro de Cerro Muriano en diciembre de 2023.

El juez instructor, en dos ocasiones, emitió apercibimientos al abogado por considerar que sus declaraciones a la prensa vulneraban el secreto de las diligencias sumarias. Sin embargo, el Juez Togado Central, Fausto Manuel Blanco Álvarez, ha fallado a favor del abogado, argumentando que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información prevalecen en este caso.

La resolución del juez sienta un precedente legal importante, ya que establece que la información sobre casos judiciales de interés público puede ser compartida con los medios de comunicación, siempre y cuando no se vulnere el derecho a un juicio justo. El fallo se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información en una sociedad democrática.

El abogado Romero Santos se ha mostrado satisfecho con la decisión del juez, que considera una victoria para la transparencia y el derecho a la información. Ha ganado dos de los tres procedimientos disciplinarios que se le han abierto por este caso. El tercer procedimiento, presentado por el mismo juez instructor que los dos anteriores, aún está pendiente de resolución.

La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Concepción Ortega, ha hecho entrega este viernes de las ayudas económicas destinas al apoyo de asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales, incluidas en el presupuesto de 2024 de la Corporación.

Esta partida económica, que asciende a 12.000 euros, ha explicado la vicedecana, “representa el 0,7% del presupuesto ordinario de la Corporación, y se suman a la labor social que desarrolla el Colegio durante todo el año, como reflejo del compromiso de la Abogacía de Córdoba por contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa”.

“Esperamos que esta aportación que realiza desinteresadamente la abogacía cordobesa sirva para impulsar la encomiable labor que desarrolláis desde vuestras organizaciones y contribuya a crear un mundo mejor, un fin intrínseco también en nuestra profesión”, ha señalado Concepción Ortega, acompañada en el acto celebrado en la sede colegial.

Las entidades locales beneficiarias este año han sido la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), Proyecto Hombre Córdoba, Banco de Alimentos Medina Azahara, Córdoba Inclusiva COCEMFE, Prolibertas y la comunidad Santa Luisa de Marillac, cada una de las cuales ha recibido una ayuda por valor de 1.396, 67 euros.

A estos colectivos, se suman Fundación Emet Arco Iris, a la que se destinan 2.000 euros anuales para reforzar el asesoramiento jurídico de las mujeres residentes en el Centro Ödos ubicado en Montilla, y Cruz Roja Española, a la que el Colegio de la Abogacía de Córdoba destina 500 euros anuales como socio. Además, este año, la Junta de Gobierno del Colegio ha acordado destinar 1.500 euros, en los que se incluyen aportaciones realizadas por algunos colegiados, para apoyar a los abogados valencianos afectados por la DANA.

Tras hacer entrega de las ayudas, la vicedecana ha concluido agradeciendo su labor a todas las organizaciones beneficiarias y a las personas que “hacen posibles proyectos sociales fundamentales a día de hoy por el elevado impacto tienen en la vida de quienes más lo necesitan”.