La empresa Pienso y Mascotas, empresa cordobesa especializada en la venta de productos de alimentación y cuidado para animales de compañía, ha entrado en concurso de acreedores tras acumular una deuda de más de 3,8 millones de euros. Según ha podido saber este medio, el pasado mes de julio finalizó la fase común del concurso y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha acordado la apertura de la fase de convenio. A partir de este momento, los acreedores deberán estudiar el plan de viabilidad presentado por la empresa relativo a la quita de la deuda y a los procesos de pago propuestos por la mercantil.

La situación de la compañía es realmente complicada. El informe elaborado por la administración concursal ha revelado que la entidad acumula unos activos de 1,21 millones de euros frente a una masa pasiva de 3,82 millones, lo que arroja un déficit patrimonial de 2,61 millones de euros. La sociedad, que sirve a España, Portugal e Italia, ha entrado en concurso de acreedores debido a la caída de la demanda online tras la pandemia, la fuerte competencia en precios, la elevada carga financiera por la expansión y el encarecimiento de materias primas tras la guerra de Ucrania, lo que redujo drásticamente los márgenes.

La empresa, fundada en Madrid y trasladada a Córdoba, nació en 2012 con un modelo de negocio centrado en la venta de piensos, accesorios y productos zoosanitarios tanto en tienda física como en internet. Según la documentación a la que ha accedido este medio, el crecimiento fue constante durante sus primeros años, especialmente entre 2013 y 2019, gracias al respaldo de la banca. El año 2020 fue muy positivo para la sociedad debido a la pandemia, ya que sus ventas fueron, fundamentalmente, online. Las mismas crecieron más de un 60% con respecto al año anterior, lo que dio lugar a la concesión de más financiación por parte de las entidades bancarias.

Para continuar su crecimiento, la empresa -gestionada por uno de los fundadores iniciales, Francisco Castejón Riber- necesitaba un centro logístico mayor y surgió la oportunidad de comprar una nave en Rabanales 21 para levantarlos. En 2021, con la “vuelta a la normalidad” después de la fase más aguda de la pandemia, la demanda de los productos online descendió de una forma sensible y todos los competidores bajaron sus precios e incrementaron su inversión publicitaria para amortiguar esa disminución de ventas. Como medida para mitigar esta situación, la empresa trató de reducir los costes fijos de una forma progresiva y no tuvo más remedio que también bajar precios para no quedar fuera del mercado.

Para evitar la bajada de ventas y de margen, la mercantil adoptó dos medidas. La primera, desarrollar su marca propia. Esta tenía el doble de margen que la del mercado y no era tan sensible al precio porque Pienso y Mascotas era el único que la vendía. La segunda, abrir tiendas físicas, que era donde estaba volviendo parte de la demanda, el margen era mayor y había menor sensibilidad al precio. Sin embargo, el problema de los márgenes se incrementó con la guerra de Ucrania en febrero de 2022 porque al tener los piensos una composición importante de cereal, el conflicto hizo que el coste de esta materia prima subiera y, con ello, que los proveedores incrementaran mucho el precio. Esa subida no se traspasó en su totalidad al consumidor y al mercado, por lo que se redujo todavía más el margen.

En 2023, para mejorar la liquidez de la sociedad y reducir el endeudamiento bancario, Pienso y Mascotas vendió el centro logístico de Rabanales 21, permaneciendo en el mismo en régimen de alquiler. No obstante, el elevado precio del arrendameinto, unido a que las ventas no se recuperaron como se esperaba, la entidad ha abandonado finalmente este local, trasladándose a otro en Las Quemadas.

Un plan de viabilidad como última oportunidad

El plan de viabilidad presentado a los acreedores busca superar la situación de insolvencia y recuperar la estabilidad financiera. Fuentes de la administración concursal señalan que los principales acreedores han mostrado una acogida inicial positiva, aunque su aprobación -para la que es necesario el apoyo de más del 50% de las entidades afectadas- será determinante para la continuidad del negocio. De no producirse dicho acuerdo, la administración concursal advierte que la empresa se verá abocada a la liquidación.

Desde la compañía, que han confirmado toda esta información, han asegurado a este medio que, a pesar de esta situación, la empresa “es viable y puede seguir perfectamente” una vez superada la fase de desequilibrio financiero. Además, ha apuntado que la situación de la empresa se atribuye a “circunstancias ajenas” y factores de negocio, siendo la guerra de Ucrania uno de los elementos que “ha disparado un poco más la situación”Según los datos trasladados, la compañía cuenta actualmente con 15 trabajadores, “a quienes se les paga religiosamente”.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha condonado una deuda de 50.000 euros a una madre divorciada que llevaba más de una década sin recibir la pensión correspondiente para sus tres hijos menores. La afectada, responsable del 50% de las deudas tras el divorcio, enfrentaba dificultades financieras insuperables con solo una prestación y sin la manutención adecuada.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento intervino, aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad, y pleiteó para cancelar todas las deudas de la divorciada. Según Pepe Domínguez, abogado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, este caso es un claro ejemplo de la aplicabilidad de la Ley de la Segunda Oportunidad. El proceso incluyó informar a los juzgados de Córdoba sobre la insolvencia, la suspensión de la obligación de pago y, posteriormente, la presentación de la situación completa de la afectada ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Córdoba.

La Ley de la Segunda Oportunidad establece requisitos estrictos para acogerse al procedimiento, como la insolvencia, no haber sido exonerado en los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico. El magistrado del caso concedió el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), cancelando los 47.567.70 euros restantes de deuda. La sentencia no solo alivia a la afectada de la carga financiera, sino que también la excluye de ficheros de morosidad y la protege de futuras reclamaciones de acreedores.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha obtenido más de 300 exoneraciones en lo que va de 2023, destacando casos como el logrado en Albacete el 8 de marzo, que cancela deudas de Derecho Público, y el conseguido en Valencia el 8 de febrero, que permite a los concursados conservar su vivienda.

Representantes de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba y los miembros del comité de empresa de Silos Córdoba se concentrarán este jueves ante la oficina del administrador concursal de la empresa “para pedirle que no obstaculice la venta de la unidad productiva al grupo SCG Silos Group ITL”.

De igual forma, según ha informado FICA de UGT Córdoba en una nota, los representantes de los trabajadores reclamarán “una solución urgente para acabar con la situación de impagos que sufre la plantilla”, más de medio centenar de trabajadores, que llevan “siete meses sin recibir el pago de sus nóminas”.

A esta movilización se llega después de que el pasado diciembre el Juzgado de lo Mercantil decidiera apartar al Grupo Urbas de la compra de la unidad productiva de Silos Córdoba, lo cual fue considerado positivo por UGT, ya que la citada sociedad “no contaba con el respaldo del comité de empresa, que entendía que no es una compañía con conocimiento del sector y que dejaba fuera a una importante parte de la plantilla”, incluidos “todos los representantes de los trabajadores, en un claro ejemplo de represalia y persecución sindical”.

Sin embargo, Urbas no pudo llegar a un acuerdo con las entidades bancarias antes del plazo fijado para ello, por lo que quedó fuera del procedimiento. Por su parte, la oferta de ITL, que se encuentra en plazo “para negociar con los bancos y culminar la adquisición” de Silos Córdoba, “sí que contempla la subrogación de toda la plantilla, a excepción de la actual Gerencia, culpable de que Silos haya llegado a esta situación”.

El titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha firmado un auto declarando en concurso de acreedores a la empresa OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL. Esta entidad es la que gestiona la marca comercial de las tiendas Oteros Sport, una de las más señeras de Córdoba, con más de un centenar de empleados y con negocios en varias provincias de España.

El juez ha publicado el edicto declarando el concurso con fecha de 20 de septiembre y con número 331/2022. Además, da un mes a todos los acreedores a que presenten los débitos que pueden tener con la entidad, después de que el edicto de declaración del concurso de acreedores haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Oteros Sport llegó a tener una facturación superior a los 35 millones de euros en el año 2019, según consta en sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Córdoba. La empresa presentaba entonces un importante activo, de casi 14 millones de euros. Es, por tanto, una de las grandes compañías con CIF cordobés.

La empresa nació en Lucena en el año 1993, con la apertura de su primera tienda. Al año siguiente, la compañía abrió una nueva tienda en Málaga. En 1997 ya disponía de seis tiendas entre Málaga y Córdoba. La gran expansión de la compañía llegó ya en el siglo XXI. De hecho, en 2018 se contabilizaban un total de 80 tiendas por toda España, incluidas las de Madrid o Barcelona.

Ahora, el juez nombrará unos administradores concursales que son los que tratarán de reflotar la compañía y, además, pagar a los proveedores con los que haya contraído deudas que de momento no están pudiendo ser atendidas.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el último intento del grupo empresarial de Rafael Gómez, alias Sandokán, por mantener aunque sea en alquiler las fincas de Sierra Morena que le fueron embargadas en Sierra Morena. En concreto, se refiere a dos de las fincas cinegéticas más importantes de toda Sierra Morena en el término municipal de Córdoba, Castropicón y La Porrada. Ambas son ya de Cajasur, después de desahuciar a Gómez tras una serie de impagos. También se extienden por Almodóvar del Río.

Los tres jueces de la Sección Primera le han dado la razón, a su vez, al Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, que consideró “fraudulento” el intento de Gómez de mantener el arrendamiento durante los próximos 30 años de las dos fincas.

El conflicto judicial se abrió entre sociedades mercantiles. Gestiones Agropecuarias Castropicón y La Porrada perteneciente a Rafael Gómez y su familia, y Viana Activos Agrarios SL a Cajasur. Las dos fincas eran propiedad de la empresa Mezquita Sur Inversiones (una compañía a nombre de Gómez) pero gestionada por Gestiones Agropecuarias. De hecho, a principios del siglo XXI ambas empresas firmaron un contrato de arrendamiento anual de unos 200.000 euros. En febrero de 2006, Mezquita Sur Inversiones hipotecó las fincas gracias a un préstamo que Gómez firmó con Cajasur. En 2010, Mezquita Sur firmó un nuevo arrendamiento con Gestiones. Así, fijó una renta de 28.000 euros el ejercicio durante 30 años por las fincas rústicas, y otro de 127.000 euros por la explotación cinegética, también durante 30 años.

Los problemas financieros obligaron a Gómez a novar la hipoteca con Cajasur en 2012. Pero los impagos provocaron su desahucio y posterior subasta. Pero aunque lo intentó, Cajasur no encontró compradores. Por eso, en 2017, la entregó a la empresa Viana Activos Agrarios SL, que es la encargada de comercializarla y de buscar a un futuro inversor. La finca siguió ocupada por Gestiones hasta que en 2018 un juez ordenó que debía abandonarla.

No obstante, esta empresa inició un proceso judicial para hacer valer sus derechos y, sobre todo, el contrato de arrendamiento firmado por 30 años y que a su juicio seguiría vigente. Gestiones sostenía que pagaba la renta religiosamente y que además percibía derechos comunitarios, como el pago anual de la PAC. “Ahora bien, la pertenencia de la arrendadora y arrendataria al mismo grupo empresarial no es el único dato que ha servido para llegar a la conclusión de la actuación fraudulenta en la celebración de los contratos de arrendamientos, sino que se trata de una circunstancia que junto a otras que han resultado acreditadas en el procedimiento, han llevado a la conclusión por parte del juzgador sobre el carácter fraudulento de la celebración de los contrato de arrendamiento”, sostienen los jueces de la Sección Primera.

“Frente al contrato inicial en el que se fijaba una renta de 200.000 euros anuales, en los dos contratos de 2010 se fija una renta total de 165.000 euros al año, lo que supone una importante minoración en el precio de la renta”, señala la Audiencia. Además, durante el juicio se presentó un informe de un perito judicial, que aseguraba que “la renta anual normal de mercado para la arrendamiento rústico sería de 145.357,19 euros y para la arrendamiento cinegético de 150.000 euros, lo que supondría un total de 295.337,19 euros”, prácticamente el doble.

Por todo ello, la Audiencia desestima el intento de Rafael Gómez por mantener al menos la gestión de estas fincas cinegéticas. Eso sí, contra el fallo aún cabe recurso ante una instancia superior.

La venta de la unidad productiva de Silos Córdoba está en el aire de nuevo. La empresa adjudicataria, SCG Silos Grupo SL, ha identificado “incidencias relevantes que impiden concluir la adquisición en los términos de la oferta inicialmente presentada”, según han confirmado fuentes de la entidad a este periódico.

En concreto, el propietario de la adjudicataria, un empresario llamado Amritpal Singh Walia, con nacionalidad británica y residencia fiscal en Emiratos Árabes, mostró su interés en adquirir la compañía en octubre del año 2019, antes de que Silos Córdoba (una de las grandes industrias de la ciudad) entrase en su primer concurso de acreedores. Silos Córdoba sufría graves problemas financieros. Solicitó un primer concurso, del que logró salir, pero en 2021 necesitó de un segundo.

El titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes, nombró nuevos concursales. Durante el proceso, inició la subasta de la unidad productiva y finalmente se la adjudicó a este grupo por algo más de 11 millones de euros. “Para ello, se ha desarrollado un sólido plan de negocio y obtenido el visto bueno de la representación de los trabajadores de Silos Córdoba S. L. para completar el proceso de adquisición”, han señalado representantes de la empresa a este periódico.

“Tras aportar al Juzgado toda la documentación pertinente, SCG Silos Grupo resultó adjudicataria de la unidad productiva el pasado mes de junio, al contar con el apoyo de los representantes de los trabajadores e informe favorable de la administración concursal, dando comienzo a continuación al proceso de due diligence para concluir la adquisición”, han señalado. “No obstante, durante el citado proceso de revisión, se han identificado incidencias relevantes que impiden concluir la adquisición en los términos de la oferta inicialmente presentada, dado lo cual confiamos en superar dichas incidencias y poder concluir el proceso de adquisición de la empresa en el marco del procedimiento concursal”, han agregado.

Silos Córdoba es una empresa radicada en Córdoba y puntera en su sector, que es el de la fabricación de silos metálicos para almacenaje de grano, además de maquinaria de transporte, fábricas de pienso, equipamiento ganadero, y estructuras y revestimientos metálicos. La compañía fue fundada en 1975 por Juan López Liétor y vende almacenes de grano a un total de 47 países de todo el mundo.

Silos Córdoba es una de las grandes empresas de la ciudad. Tan grande es, que su concurso de acreedores es el segundo de mayor tamaño de toda Andalucía, tan solo superado por el de Abengoa. La empresa fabrica silos de grano a nivel mundial y fue creada a finales de los años setenta del siglo XX en Córdoba. La compañía atravesaba problemas financieros desde 2020 cuando solicitó un primer concurso de acreedores que llegó a superar. No así en 2021.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Antonio Fuentes, ha acordado la adjudicación de la unidad productiva de Silos Córdoba a la entidad SCG Silos Grupo SL. El precio acordado ha sido de 11,2 millones de euros y en la subasta la compañía ha superado la oferta que presentó otra entidad, Guadahermosa-Urbas.

La compañía que ha logrado hacerse con la unidad productiva de una de las grandes factorías de Córdoba es una empresa transmitida de manera exprés por un abogado de Barcelona que se dedica a la tramitación en poco tiempo de entidades inactivas. De hecho, SCG Silos Grupo SL sigue domiciliada en el número 8 de la calle Marqués de Mulhacén de Barcelona, aunque desde agosto de 2020 está a nombre de un empresario llamado Amritpal Singh Walia, según consta en el Borme de Barcelona. SCG Silos Grupo es la única empresa a nombre de este empresario en España. En el extranjero, y con ese nombre, solo aparece un británico, que vive en Londres pero que tiene residencia fiscal en Emiratos Árabes.

SCG Silos Grupo se llamaba anteriormente Motresa, una SL de Barcelona a nombre del abogado Ignacio Manuel Moreno Amatriain. Este abogado es el propietario de Societalis, una empresa que se dedica a la transmisión exprés de SL y SA inactivas en un plazo de 48 horas y por un precio de tramitación de apenas 1.250 euros.

El juez de lo Mercantil, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, ha optado por la oferta de SCG Silos Grupo a pesar de ofrecer menos dinero que la segunda entidad subastadora. Así, el juez señala que la compañía ha presentado un plan de negocio más viable y que el mismo presenta una opción de pago a los acreedores de Silos Córdoba más importante. Así, señala que la ganadora calcula remanentes de 2,3 millones de euros, mientras que la descartada de tan solo 28.000. Aparte, considera que cuenta con el beneplácito de los trabajadores. Los trabajadores, no obstante, cobrarán los atrasos del Fondo de Garantía Social (Fogasa), tras el auto del juez.

Silos Córdoba es una empresa radicada en Córdoba y puntera en su sector, que es el de la fabricación de silos metálicos para almacenaje de grano, además de maquinaria de transporte, fábricas de pienso, equipamiento ganadero, y estructuras y revestimientos metálicos. La compañía fue fundada en 1975 por Juan López Liétor y vende almacenes de grano a un total de 47 países de todo el mundo.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha ordenado la liquidación de Grucal, la constructora de Jesús León, expresidente del Córdoba Club de Fútbol y detenido por la supuesta comisión de varios delitos al frente de la entidad por la Guardia Civil.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, a finales de marzo el juez mandó un oficio al Registro de lo Mercantil para que señalara la liquidación de Grucal Infraestructuras SA, que entró en concurso de acreedores en el mes de noviembre del año 2019. En junio de 2020 el juez ya vio que la constructora no era viable, por lo que ordenó su liquidación.

Ahora, el juez venderá las propiedades de que disponga Grucal a fin de conseguir dinero para poder satisfacer parte del importe que se debe a los acreedores. En 2019 hubo un grupo de más de 30 pequeños empresarios que le reclamaban a Grucal más de cuatro millones de euros en facturas sin pagar.

Grucal es una empresa que está también en el foco de la instrucción judicial sobre los presuntos delitos cometidos por Jesús León en su etapa al frente del Córdoba Club de Fútbol. La Guardia Civil llegó a considerar a León autor de transferencias por más de 2,5 millones de euros a la constructura, cuyo fin habría sido, según sus informes, intentar salvar a la compañía de la quiebra.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha ordenado la liquidación de Hivernia S. A., una de las grandes constructoras de la ciudad que quebró poco después de que estallara la crisis del ladrillo. Tras un concurso de acreedores que ha durado varios años, el juez ordena la liquidación de la empresa, una vez que ha vendido todos sus bienes posibles para saldar las deudas que mantenía con sus acreedores.

Hivernia fue una constructora constituida por dos grandes empresas cordobesas: Noriega y Moreno S. A. El objetivo de esta promotora era el desarrollo industrial de grandes bolsas de suelo en la ciudad. Así, su objetivo se centró en la antigua Azucarera de Villarrubia y también en Chinales, donde Moreno S. A. iba a trasladar su producción agroalimentaria y donde, de paso, se iban a construir 700 viviendas junto a Valdeolleros.

La empresa, que llegó a tener un capital social de seis millones de euros, no pudo desarrollar ninguno de sus grandes proyectos. El estallido de la burbuja del ladrillo, el concurso de acreedores que ha acabado por liquidar y disolver el enorme grupo de la familia Sánchez Ramade, y la crisis también de Moreno S. A. se ha llevado por delante a esta constructora sin que haya podido poner en marcha ninguna de sus iniciativas.

La única que arrancó, aunque sobre plano, fue la de la construcción de un polígono industrial en la antigua Azucarera de Villarrubia. Ahora, tendrá que ser la Gerencia de Urbanismo la que acabe la obra tras ejecutar un aval de más de diez millones de euros firmado por Hivernia para su construcción. Los trabajos se interrumpieron en 2009.

El proyecto de Chinales estaba previsto para que comenzara en el año 2010 con el objetivo de que el grupo Moreno se trasladase en 2012. Nada de eso ocurrió. Tampoco la construcción de las 700 viviendas junto a Valdeolleros.

Hivernia es, además, una de las compañías cordobesas que más dinero debe a la Hacienda Pública. Cada año, el Ministerio de Hacienda publica su débito. El año pasado sumaba ya un crédito próximo a los 25 millones de euros.