Las secciones sindicales del Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT, CSIF y CCOO, tras una reunión conjunta, han anunciado un acuerdo para el “bloqueo total” ante los impagos por parte del Ayuntamiento de las horas extras trabajadas en eventos del año 2025.

Según el comunicado remitido por los cuatro sindicatos, estos acuerdan que a partir del miércoles 22 de abril “se bloquee la realización de cualquier tipo de servicio extraordinario” por parte de los agentes. En ese sentido, dan la instrucción a la plantilla de la Policía Local para que “ningún compañero debe inscribirse en ningún nuevo servicio extraordinario. Asimismo, aquellos que ya estén inscritos deben tramitar su baja/renuncia de inmediato”.

Los sindicatos recuerdan a los agentes que, “según el protocolo de servicios extraordinarios vigente, no existe recogida ninguna penalización por la renuncia a estos servicios”. “Ha llegado el momento de actuar con unidad y contundencia”, sostienen.

Recuerdan que el Ayuntamiento les adeuda las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), de eventos como la Media Maratón, la Magna o la Navidad y ya se les debe también las horas extras trabajadas del año 2026.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba y viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, ha asegurado que mantienen “el compromiso de que en el mes de mayo nos pondríamos al día de pagos del año pasado” sobre las horas extras hechas por la Policía Local en eventos del año 2025.

Varios sindicatos, como el Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT y CSIF han llamado a los agentes a no hacer horas extras en las Cruces de Mayo de Córdoba para cubrir el dispositivo de seguridad de esta fiesta ante el retraso en los pagos por su trabajo en eventos del año pasado.

Ante esta situación, Bustos mantiene que el diálogo con los sindicatos es fluido y que el acuerdo al que se llegó “en enero, hace tres meses” era el de que los agentes no trabajarían este año un evento por el que aún no hubieran cobrado del año pasado. “Seguimos con nuestro compromiso firme de que se pague en mayo”, ha reiterado, recordando que a los policías se les deben las horas extras de eventos de 2025 como el Vía Crucis Magno, la Navidad o la Media Maratón, entre otros.

Preguntada sobre si está asegurada la presencia de los policías locales necesarios para cubrir el evento de las Cruces de Mayo, Bustos ha señalado desconocer cuántos agentes han solicitado hasta ahora trabajar en ese dispositivo especial haciendo horas extras.

Protestas de los sindicatos

Mientras tanto, los sindicatos han vuelto a denunciar la situación de impagos este mismo lunes. Desde CSIF aseguran que “no han recibido ninguna propuesta de Capitulares para valorar la situación de conflicto colectivo en negociación abierta. La falta de propuesta obliga a la sección sindical a mantener las medidas de presión solicitadas a sus afiliados, no afiliados y plantilla en general. Medidas que los trabajadores y trabajadoras están secundando mayoritariamente sin fisuras, no inscribiéndose en los servicios extraordinarios de las Cruces de Mayo de 2026”.

Asegura que “el catálogo de impagos es nutrido y amplio”, señalando la productividad del segundo semestre de 2025, horas extras de servicios extraordinarios como la Magna, media Maratón y Navidad, además de horas de enero y febrero del año 2026.

“No podemos tolerar que un acuerdo-convenio apenas recién aprobado sea incumplido perjudicando torticeramente a los que por medio de la fuerza de su trabajo hacen posible que los eventos y Servicios extraordinarios estén a la altura de lo esperado en el ámbito de la seguridad y proyección de la ciudad de Córdoba como referente de prestigio y destino turístico nacional e internacional”, argumentan.

Desde Siplb y UGt mantienen también las medidas de presión ante los impagos: “El dinero extraordinario se debe a un esfuerzo extraordinario. Y nuestra paciencia, que ha sido de dimensiones bíblicas, se ha terminado. Si no hay billetes, no hay eventos. Si no hay soluciones, no hay Cruces, advierten.

El Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT y CSIF han llamado a los agentes a no hacer horas extras en las Cruces de Mayo de Córdoba para cubrir el dispositivo de seguridad de esta fiesta ante el retraso en los pagos por su trabajo en eventos de otros años.

“Ante el patente retraso de abonos y el indiscutible incumplimiento del calendario de pagos establecido en convenio”, los sindicatos recomiendan “no solicitar la prestación de servicios extraordinarios en las Cruces de Mayo. Y sugerimos a todo compañero/a, que lo haya solicitado que, en beneficio del interés general del colectivo, renuncie a lo solicitado”, indica en una nota interna CSIF.

Por su parte, desde Siplb y UGT señalan también los retrasos en los pagos y animan a que “nadie se apunta al evento de Cruces” para realizar horas extras con las que cubrir el dispositivo de seguridad de este evento del Mayo Festivo de Córdoba.

“Hemos pedido un calendario de pagos real”, reclaman ambas fuerzas sindicales, que piden “menos palmaditas en la espalda y más transferencias bancarias”, en alusión a los retrasos en recibir el abono por las horas extras realizadas en eventos del año 2025 y otros, como la Feria, la Media Maratón, la Noche Blanca, Navidad, entre otros.

Esta decisión sindical llega ante “la falta de respuesta objetiva por parte de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba en la que se comprometa a ponerse al día en la próxima nómina del presente mes de abril de todos los conceptos adeudados”, explica CSIF. Y, por otra parte, por “la falta de compromiso de cumplir con el calendario de pagos fijado por convenio”, que les “obliga a mantener la situación de conflicto colectivo en negociación abierta”.

Los operadores de grúas torre de la provincia se han concentrado hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo para reclamar a la autoridad laboral la máxima celeridad en la investigación de las denuncias que han venido presentando los sindicatos UGT-FICA y el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba por vulneración del derecho de huelga.

En concreto, CCOO y FICA han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por el uso de camiones-pluma y de grúas móviles ante la paralización de las grúas-torre por la huelga, que supera ya los 47 días de duración.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, remarcó que, “desde el primer día de huelga, algunas empresas han tratado de evitar las consecuencias de la huelga haciendo un uso ilegal de medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, lo que no solo supone una flagrante vulneración del derecho a huelga, sino que está poniendo en riesgo a las personas que trabajan en las obras. De hecho, tenemos que recordar que hace unas semanas un trabajador resultó herido cuando realizaba maniobras para la descarga de una cuba de escombros con un camión-pluma. Son acciones de esquirolaje que venimos denunciando, pero hasta el momento, la Inspección de Trabajo no ha realizado ninguna acción para garantizar el respeto al derecho de huelga y por eso hoy nos concentramos a sus puertas, para recordarle que la huelga es un derecho fundamental y que su responsabilidad es ser garante del mismo”.

El delegado de FICA y representante de los gruistas, Antonio Herencia, ha manifestado que “hoy nos hemos concentrado para denunciar la vulneración de un derecho fundamental como es el de la huelga, algo que estamos sufriendo los operadores de grúas torre en estos momentos, ya que estamos observando cómo se desmontan grúas y se utiliza maquinaria externa como camiones de mudanza, camiones pluma o grúas autopropulsadas, algo que tenemos completamente documentado”. Herencia ha indicado que la Inspección de Trabajo estaría obligada a intervenir, más aún ahora ya que, señaló, “la situación es insostenible”. Respecto a las declaraciones de la patronal Construcor, en relación con la legislación laboral, el representante ugetista subrayó que “lo que verdaderamente es una burla como se vulnera el derecho de huelga todos los días ante nuestros propios ojos”.

Las Mareas Blancas de Córdoba y los sindicatos de Sanidad de CCOO y UGT, acompañados por el PSOE y Adelante Andalucía, han hecho hoy un llamamiento a la población a sumarse el próximo domingo 12 de abril a la manifestación en defensa de la sanidad pública que partirá a las 11.00 de la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba.

Las organizaciones convocantes llaman a responder a “la política de desmantelamiento de la sanidad pública que viene practicando el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, una política que se traduce en un aumento de las listas de espera, el agravamiento de patologías, el colapso de las urgencias, un ataque frontal a los y las profesionales y un deterioro sin precedentes de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada”, según señalan en un comunicado.

Por todo ello, los sindicatos y las Mareas Blancas han presentado hoy lunes un escrito en la Delegación de Salud en el que reclaman la convocatoria de los Consejos de Salud, que, como explicó el portavoz de las Mareas Blancas de Córdoba, Antonio Baena, “es la única vía que tenemos los ciudadanos de participar de las decisiones que se toman por la administración con respecto a la sanidad en los pueblos y en las ciudades. Es un problema que desde el año 1998 no se hayan puesto en marcha y queremos y exigimos que se pongan en marcha porque hablar con esta administración es un diálogo de sordos. Con nosotros no habla, no hablan con nadie que tenga un discurso diferente”.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, remarcó que “la sanidad pública no puede ser un negocio a costa de la salud y de las vidas de las personas. El gobierno de la Junta de Andalucía, y su presidente Juanma Moreno Bonilla al frente, no puede enriquecer a las empresas de la sanidad privada a costa de la salud y sufrimiento de las personas. Así lo muestran todos los indicadores: Las listas de espera prácticamente se han duplicado desde junio de 2025, pasando de 41.745 personas a 82.730. El aumento de las listas de espera contrasta con la pérdida de profesionales. Actualmente hay 1.136 profesionales menos en el SAS que en 2021. Esto por no hablar de que Andalucía es la 5ª comunidad autónoma por la cola en inversión sanitaria, con 1.870 euros por habitante, lejos de los 2.506 que destina Asturias por cada ciudadano y ciudadana. A las consabidas esperas de hasta 20 día para obtener cita en la atención primaria se suma la infrautilización, cuando no el cierre, de infraestructuras sanitarias. Y mientras, el Gobierno andaluz destina a la sanidad privada cerca de mil millones de euros, copando ya el 27,5 % de las camas sanitarias en la provincia”.

La secretaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de UGT Córdoba, Carmen Heredia, también se refirió al tercer punto de Urgencias, que se abrirá el próximo jueves. “Es muy importante el tercer punto de Urgencias, pero no es una urgencia necesaria porque se abrir con déficit, se va a abrir con dos médicos contratados, los otros dos van a salir de la atención primaria, es decir, que si tiramos de la atención primaria nos vamos a encontrar con que no tenemos personal para cubrir esa atención primaria y la demora de los 14 días surge de ahí. No queremos que se abra el tercer punto de urgencias a costa de los profesionales”, indicó la responsable sindical que reclamó “a la Delegación que cubra todos los cupos de médicos necesarios de la atención primaria, para que funcione correctamente, y después abramos este tercer punto de urgencias que es necesario, pero ahora mismo no es imprescindible”.

La plantilla de El Caballo Rojo ha secundado en su totalidad la segunda jornada de huelga convocada por los impagos de sus salarios correspondientes a los meses de enero y febrero. Por el momento, la empresa no ha hecho ningún movimiento para dar solución a la actual situación de impagos, por lo que la plantilla mantiene su convocatoria de huelga para el próximo sábado, día 28 y toda la Semana Santa.

Los 21 trabajadores y trabajadoras del afamado restaurante cordobés llevan sufriendo retrasos en el pago de sus salarios desde hace dos años, desde que la nueva Dirección se hizo cargo de la empresa, lo que genera una enorme tensión entre el personal -la mayoría del cual lleva décadas trabajando en el restaurante-, que se encuentra en una situación insostenible.

La responsable del Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, María José Merino, explicó durante la concentración de los trabajadores y trabajadoras que “muchos de ellos entraron siendo jóvenes y durante décadas han colaborado a hacer de El Caballo Rojo el restaurante de fama mundial que es hoy, y por eso es más triste que la Dirección actual haya llevado el restaurante a la situación actual, ninguneando a la plantilla”.

Merino considera que el escenario que se vive en El Caballo Rojo es un ejemplo de las prácticas abusivas que se viven en el sector hostelero. “Tenemos que cambiar de modelo. El sector turístico y hostelero en Córdoba no puede crecer a base de precarizar el empleo y mantener a los trabajadores y trabajadoras pendientes de un hilo. El sector es uno de los motores económicos de la ciudad, pero, sin embargo, no es motor económico para las personas que trabajan en él y así no hay futuro”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el personal del restaurante anunció una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió suspender la huelga por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla. 

Aunque en diciembre la empresa les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no cumplió su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, generando un enorme malestar entre la plantilla, que viene sufriendo esta situación desde que la actual gerente tomó las riendas del emblemático establecimiento a finales de 2023.

Para el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, estos atrasos están totalmente injustificados y no se deben a una mala situación económica del restaurante, que sigue contando con una clientela fiel y con el interés de muchas personas que visitan la ciudad y quieren comer en el conocidísimo El Caballo Rojo. Para el sindicato, es la mala gestión de la actual gerente la que está provocando una situación que está generando un gran malestar entre el personal.

“Es una pena que un restaurante como este, que ha sido buque insignia de la hostelería cordobesa durante décadas, se esté dejando arrastrar por malas prácticas empresariales, unas malas prácticas que, por desgracia, están demasiado extendidas en la actualidad entre los hosteleros cordobeses, que basan su éxito empresarial no en un servicio cuidado y en un empleo digno y de calidad, sino en rebajar costes laborales a costa de los derechos de las personas trabajadoras”, insistió Merino.

CCOO lamenta que la administradora no haya acabado con los continuos atrasos en el abono de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores para no tener que adoptar medidas como la huelga, que puede enturbiar el buen nombre de un establecimiento cuyo futuro es cada vez más incierto.

La plantilla solo quiere recuperar la normalidad y que El Caballo Rojo siga siendo el restaurante de prestigio que todo el mundo conoce. Por ello, espera que la Dirección de la empresa se ponga al día de los pagos de forma inmediata y se corrijan las cuestiones que han llevado a la situación actual y que, con ello, se evite la huelga en Semana Santa.

La segunda semana de paros en la sanidad pública andaluza ha comenzado en Córdoba con un seguimiento de un 13,87% durante esta primera jornada de lunes. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa como la que menor respaldo ha dado a la convocatoria en toda Andalucía, solo seguida de cerca por Jaén (14,63%), y que mantiene una tendencia a la baja. El seguimiento en este territorio durante el inicio fue un 17,49%, lo que supone un descenso cercano al 4% en este nuevo periodo de movilizaciones.

A nivel regional, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado el seguimiento global en un 22,01%. Al igual que ha ocurrido en Córdoba, la media andaluza también ha experimentado una caída, pasando del 24,74% registrado en el arranque de febrero al actual 22,01%, lo que supone un descenso general de 2,69 puntos.

Mientras Córdoba registra el dato más bajo, otras provincias han mostrado un mayor seguimiento: Sevilla (25,92%) y Málaga (25,21%) lideran la participación, seguidas de Huelva (24,01%), Almería (23,11%), Cádiz (21,76%) y Granada (20,36%).

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha lamentado que estas movilizaciones, motivadas por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, hayan provocado ya en Andalucía la pérdida de más de medio millón de actos médicos y 77 millones de euros en el cómputo global de las dos huelgas celebradas hasta la fecha. Solo en la primera semana de paros de febrero, se suspendieron en la comunidad casi 300.000 actos asistenciales, incluyendo más de 5.000 intervenciones quirúrgicas y 20.000 pruebas diagnósticas.

Pese al menor seguimiento en Córdoba, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantiene su llamamiento a los profesionales para “secundar de forma masiva” las protestas. Las reivindicaciones se centran en la creación de un estatuto médico propio, una clasificación profesional adecuada a su responsabilidad y una regulación de la jornada que acabe con la “infrarretribución” de las guardias.

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha mantenido una reunión de trabajo en el seno del Hospital Universitario Reina Sofía para evaluar la situación actual de déficit de plantillas que afecta al complejo hospitalario, integrado por el propio Reina Sofía, el Hospital Provincial, el Hospital de Palma del Río, el Hospital Los Morales y el CPE Castilla del Pino.

El encuentro, en el que han participado el secretario provincial de Satse en Córdoba, Rafael Osuna, y los delegados y delegadas sindicales de los distintos centros, ha servido para analizar el trabajo desarrollado durante el último año y actualizar la estrategia sindical con el objetivo de lograr un incremento real y estructural de las plantillas de cara a 2026.

Cabe recordar que, a instancias del Comité Ejecutivo Provincial, Satse constituyó a comienzos de 2025 un grupo de trabajo específico para denunciar públicamente el déficit de profesionales y exigir una ampliación de las plantillas acorde a las necesidades asistenciales del complejo hospitalario. Tras casi un año de campaña y acciones reivindicativas, el sindicato considera necesario intensificar la presión ante gestores y responsables políticos puesto que el problema de déficit de plantilla sigue sin resolverse.

Durante la reunión, el grupo de trabajo ha reconocido los recientes incrementos de efectivos aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de febrero, que suponen la incorporación de 130 profesionales de enfermería y dos fisioterapeutas. No obstante, Satse ha subrayado que la mayoría de estas incorporaciones han sido destinadas a la apertura o reapertura y/o ampliación de unidades como UCRI, Terapias Avanzadas, Oncología o UCI.

Si bien el sindicato ha valorado cualquier incremento de profesionales que permita estabilizar las plantillas, poner en marcha nuevos servicios o reforzar dispositivos asistenciales —como ocurre en el Hospital de Palma del Río, también perteneciente al complejo Reina Sofía—, ha advertido de que estos refuerzos no han permitido hasta ahora aliviar la sobrecarga crónica de numerosas unidades que ya soportaban ratios de enfermeras por paciente especialmente bajas.

Según Satse, las deficientes condiciones laborales por falta de personal y su impacto directo en la atención al paciente constituyen la principal preocupación y queja de los profesionales. De hecho, el 80 % de las quejas que recibe el sindicato están relacionadas con la sobrecarga asistencial, la insuficiencia de personal y las dificultades para garantizar cuidados seguros en determinados turnos.

El sindicato ha hecho especial hincapié en la necesidad de reforzar las plantillas especialmente en todas las unidades de trasplantes y, además en los turnos de tarde de lunes a viernes, así como durante fines de semana y festivos en las 24 horas en el resto de unidades de hospitalización. “Los pacientes son los mismos, requieren idénticos cuidados, la misma administración de medicación y las mismas curas un martes que un domingo”, señalan desde Satse. Sin embargo, han denunciado que en estos días y tramos horarios las plantillas pueden verse reducidas entre un 25 % y un 30 %, lo que incrementa la presión asistencial y el riesgo de merma en la calidad del servicio.

Desde Satse se ha apuntado que el complejo hospitalario cordobés mantiene una plantilla deficitaria tanto en enfermería generalista como en enfermería especialista, situándose en ratios inferiores a las de otros hospitales regionales e incluso comarcales. Una situación que el sindicato considera “inadmisible” en un hospital universitario de referencia y que exige, a su juicio, una respuesta estructural y no meramente coyuntural.

Por ello, la organización sindical ha acordado mantener e intensificar la acción reivindicativa. SATSE continuará con la recogida de firmas que viene desarrollando todos los martes a las puertas del Hospital Reina Sofía y del Hospital Provincial, a la que se sumarán nuevas medidas de presión y acciones de visibilización social.

“El objetivo es claro: aspiramos a un incremento real de al menos 250 profesionales de enfermería para situarnos en ratios seguras que garanticen tanto la seguridad del paciente como unas condiciones laborales dignas para enfermeras y fisioterapeutas”, concluye el sindicato, que ha insistido en que invertir en plantilla no es un gasto, sino una garantía de calidad asistencial y seguridad para la ciudadanía.

El Sindicato de Enfermería y Fisioterapia (Satse) ha comunicado que ha mantenido un diálogo con el Partido Popular para analizar la situación sanitaria de la provincia de Córdoba. Durante la reunión, desde Satse se ha trasladado la necesidad de incrementar las plantillas de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en la provincia, con el fin de mejorar tanto la calidad asistencial que reciben los ciudadanos como las condiciones laborales de los profesionales.

El sindicato ha puesto especial atención en el ámbito hospitalario, donde los datos comparativos indican que Córdoba cuenta con una ratio de enfermeras por habitante inferior a la media nacional. En este sentido, Rafael Osuna ha señalado la conveniencia de abordar en la próxima legislatura un Pacto por la Atención Hospitalaria, ámbito en el que actualmente se concentran algunas de las condiciones laborales más exigentes. Según las estimaciones trasladadas por Satse, sería necesario incrementar en alrededor de 250 profesionales las plantillas de enfermería en el conjunto de la provincia.

En relación con la Atención Primaria, desde el sindicato se ha reconocido el esfuerzo realizado tras el pacto firmado en 2023 entre la Consejería de Salud y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial para la mejora de este nivel asistencial, que ha supuesto un incremento relevante de plantillas. No obstante, los profesionales siguen señalando dos aspectos que requieren atención: por un lado, la insuficiente cobertura de incidencias y sustituciones, lo que en la práctica reduce las plantillas disponibles; y, por otro, la necesidad de adecuar las infraestructuras y dimensiones de algunos centros de salud, ya que en determinados casos las enfermeras no disponen de consulta propia para desarrollar su labor.

La implantación de las especialidades de enfermería ha sido otro de los asuntos abordados en el encuentro. Satse ha destacado que existe un número creciente de profesionales especialistas en Pediatría, Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Trabajo y Geriatría, profesionales altamente cualificados cuya incorporación es necesaria en los centros sanitarios de la comunidad. Sin embargo, la limitada oferta de puestos específicos en Andalucía está favoreciendo que muchos de ellos opten por desarrollar su carrera profesional en otras comunidades autónomas. En este sentido, Osuna ha insistido en la necesidad de crear y dotar plazas de Enfermería Pediátrica en los centros sanitarios a lo largo de 2026.

Finalmente, desde Satse se ha planteado la conveniencia de avanzar en una política de recursos humanos que contribuya a evitar la fuga de profesionales, mejorando aspectos como la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales, las retribuciones y las cargas de trabajo. En este sentido, el sindicato considera fundamental ofertar contratos de mayor duración que aporten estabilidad a los profesionales, refuercen la organización de los servicios y favorezcan la continuidad del mismo profesional para los pacientes.

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha agradecido la voluntad de diálogo permanente expresada por Satse y ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de mantener una interlocución fluida con todos los actores implicados en la sanidad, promoviendo espacios de trabajo donde primen el respeto, la escucha y la búsqueda de acuerdos.

Molina ha subrayado que el objetivo del Partido Popular es trabajar cada día por conseguir una sanidad pública de calidad, que ofrezca la mejor atención posible a los ciudadanos y garantice también mejores condiciones para los profesionales sanitarios, como ya hace en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el presidente del PP ha asegurado que todas las propuestas trasladadas por los representantes sindicales serán analizadas con rigor, con el objetivo de valorar su viabilidad dentro del marco presupuestario y organizativo, siempre desde la responsabilidad y el compromiso con la mejora continua del sistema sanitario público andaluz.

Las secciones del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-A) y del Sindicato Independiente de Policía (SIP-AN) en la Policía Local de Córdoba han reclamado en un comunicado la renovación de los uniformes de los agentes y ha advertido de que más de un centenar de chalecos antibalas que portan como protección los agentes caducan en el próximo mes de junio.

Ambos sindicatos señalan al delegado de Seguridad, Jesús Coca, “que tiene desprovista de uniformidad policial a toda la plantilla desde hace aproximadamente dos años” han solicitado una reunión con el responsable de la Policía Local, así como con el área de Recursos Humanos. Además, “se les ha comunicado por registro de entrada que el próximo mes de junio caducan más de un centenar de los chalecos balísticos de protección que portan los agentes, lo que los sitúa en una posición de inseguridad ante cualquier tipo de percance que ocurra en la calle”, advierten.

“Desde SPPME-A ya se ha informado tanto al señor Coca como a la señora Bustos de esta situación por escrito y, a partir de este momento, tendrán ellos que asumir la responsabilidad de tener a los agentes de Policía Local prestando servicio en la vía pública sin tener las herramientas y los medios de dotación de seguridad sin cumplir con los requisitos legales. Dos años sin cambiar de vestuario, diez años utilizando el mismo chaleco de protección, múltiples deudas con los agentes que aún siguen pendientes de cobro, desorganización policial, incapacidad para reforzar servicios en zonas determinadas, creación de grupos que sólo operan en barrios determinados, falta de planificación estructural…”, desgranan sobre sus reivindicaciones.

Reiteran que los sindicatos “han pedido varias reuniones” a Coca “para tratar el problema de falta de vestuario que hay en la plantilla y a todas ellas nos ha dado la callada por respuesta”, además de no encontrar tampoco respuesta en concertar una reunión con el coordinador del área de Seguridad. “Todo ello demuestra que el equipo de gobierno del Partido Popular sólo está dispuesto a mantener reuniones con aquellos colectivos que se muestren sumisos ante ellos y no les causen molestias”.

Por ello, vuelven a reclamar una reunión con los responsables del área para abordar el tema del vestuario y otros asuntos sobre el trabajo de los agentes.

La plantilla del mítico restaurante El Caballo Rojo de Córdoba baraja ir a la huelga por el incumplimiento de la empresa de su compromiso de abonar las cantidades que adeuda a los 21 trabajadores y trabajadoras desde hace meses. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el personal del restaurante anunció una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió suspender la huelga por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla.

El sindicato de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha explicado que, aunque en diciembre les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no ha cumplido su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, generando un enorme malestar entre la plantilla, que viene sufriendo esta situación desde que la actual gerente tomó las riendas del emblemático restaurante a finales de 2023.

A fecha de este 5 de marzo, a los trabajadores y trabajadoras del restaurante se les debe las nóminas de enero y febrero, y a dos empleados también se les adeudan distintas cantidades de diciembre de 2025. Para el sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, estos atrasos están totalmente injustificados y no se deben a una mala situación económica del restaurante, que sigue contando con una clientela fiel y con el interés de muchas personas que visitan la ciudad y quieren comer en el conocido El Caballo Rojo. Para el sindicato, es la mala gestión de la actual gerente la que está provocando una situación que está generando un gran malestar entre el personal, la mayor parte de cuál lleva décadas trabajando en el restaurante.

“Es una pena que un restaurante como este, que ha sido buque insignia de la hostelería cordobesa durante décadas, se esté dejando arrastrar por malas prácticas empresariales, unas malas prácticas que, por desgracia, están demasiado extendidas en la actualidad entre los hosteleros cordobeses, que basan su éxito empresarial no en un servicio cuidado y en un empleo digno y de calidad, sino en rebajar costes laborales a costa de los derechos de las personas trabajadoras”, recalca el sindicato.

CCOO ha lamentado que la administradora no haya acabado con los continuos atrasos en el abono de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores para no tener que adoptar medidas más contundentes que pueden enturbiar el buen nombre de un establecimiento cuyo futuro es cada vez más incierto.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este martes su “tristeza” por la decisión de Hitachi Energy de reducir de 80 a 47 millones de euros la inversión prevista en su planta cordobesa, una revisión que llega en pleno conflicto sindical con la plantilla.

“No es algo positivo. Es tristeza porque una historia de éxito que estaba siendo Hitachi en Córdoba con inversiones de 80 millones, ahora se ve que la apuesta es de 47 millones y no llega al máximo anunciado. No es una buena noticia y eso es obvio”, ha señalado el regidor, a preguntas de los periodistas.

La compañía comunicó este lunes una revisión de su Plan Industrial para “adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos”. El plan inicial contemplaba una inversión de 80 millones de euros para duplicar el volumen de producción anual, un objetivo que ahora se rebaja hasta los 47 millones.

El anuncio se produce en medio del conflicto laboral abierto en la fábrica cordobesa. Desde CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, han rechazado que la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo sea la causa de la remodelación del plan industrial. El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha criticado la “hipocresía” de la firma japonesa y ha asegurado que la huelga indefinida iniciada en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que, según el sindicato, se han perdido por sanciones y cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección.

Inversiones sí, pero no a cualquier coste

Ante este escenario, Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento quiere que la multinacional mantenga su apuesta por la ciudad, pero no a cualquier precio. “Queremos que Hitachi invierta en Córdoba y queremos que el conflicto laboral se reconduzca porque no nos merece la pena que haya inversiones, pero a costa de que las familias cordobesas lo pasen mal”, ha afirmado, recordando que esta idea la viene repitiendo desde que estalló el conflicto laboral.

El alcalde ha reconocido que “hay trabajadores que en estos momentos lo están pasando mal”, puesto que llevan meses sancionados, y ha asegurado que el Consistorio está tratando de mediar para acercar posturas. “Buscamos un nuevo encuentro al máximo nivel con la empresa y todas las administraciones y los trabajadores. Hay libertad de empresa y sindical, por lo que nosotros solo podemos aportar labor de mediación”, ha añadido.

En paralelo, el delegado provincial de la Junta, Adolfo Molina, ha anunciado que la administración autonómica reducirá sus ayudas en función del nuevo volumen de inversión. En la misma línea, Bellido ha confirmado que el Ayuntamiento también ajustará las bonificaciones fiscales previstas.

“Es automático. Hay unas condiciones de creación de empleo que dan acceso a la bonificación y si no lo cumple no hay; y si son parciales habrá reducción gradual”, ha explicado el regidor, dejando claro que los incentivos municipales están vinculados al grado de ejecución del proyecto y al cumplimiento de los compromisos de empleo.

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, ha criticado la hipocresía de la firma japonesa al achacar a la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo la remodelación de su plan industrial. “No vamos a aceptar de ninguna manera que se culpabilice a los trabajadores y trabajadoras y a quienes les representan legítimamente de lo que Hitachi denomina ‘caída de la eficiencia operativa’ cuando la huelga indefinida que se inició en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que se han perdido por culpa de las sanciones y los cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección de la misma”, sentenció el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez.

“En ningún caso se puede achacar a la protesta laboral la producción no ejecutada, que es solo fruto de la pésima gestión empresarial de la dirección de la empresa, con su director, Paco Bolaño, a la cabeza”, afirmó Jiménez quién aseguró “que es una desfachatez que la empresa eche la culpa de su mala gestión a una negociación que no deja de boicotear”.

Además, el responsable sindical asegura que “la actividad no ha dejado en ningún momento de estar normalizada, salvo cuando el señor Bolaño y su equipo se han dedicado a interferir en ella con decisiones poco acertadas, como las 76 sanciones que los juzgados están suspendiendo, obligando a reincorporar a los trabajadores y trabajadoras sancionados, en algunos casos, con carácter retroactivo, lo que implica el pago de los días que hayan cumplido de sanción hasta su reincorporación”.

“Es lamentable que una empresa del calibre de Hitachi Energy achaque la reducción de su inversión a la negociación de un convenio colectivo. Si va a reducir su inversión será por otros motivos, pero desde luego no es por la falta de compromiso de la plantilla con la empresa, que ha seguido haciendo su trabajo a pesar de las políticas de amenazas e imposiciones que viene practicando el señor Bolaño ante su incapacidad de negociar y enfadado como un niño pequeño porque los sindicatos no le dan la razón”, añadió el secretario General de Industria de CCOO de Córdoba.

“La empresa es solvente, la empresa tiene trabajo, y el señor Bolaño la va a hundir con tal de salirse con la suya y decir que ha sido culpa de los trabajadores y trabajadoras. Pues al señor Bolaño hay que decirle que Hitachi tiene un siglo de historia, y le quedan muchos más, pero sin él, que es un cáncer para una empresa que es modelo y buque insignia de la industria cordobesa”, recalcó Jiménez.

“Basta ya de echarle a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes sindicales la culpa de las malas decisiones. Llevamos 14 meses intentando llegar a un acuerdo, hemos rebajado nuestras pretensiones, hemos hecho propuestas, nos hemos sentado a sabiendas de que el señor Bolaño y su equipo se iban a levantar de la mesa para luego vomitar un comunicado lleno de falsedades acusando a la parte social de no querer llegar a un acuerdo cuando en justo lo contrario”, insiste Agustín Jiménez quien lamenta que “Hitachi nos esté engañando con las cifras, porque unas veces dice que iba a hacer una inversión de 80 millones, otras de 30 y ahora es de 47”.

Jiménez volvió a hacer un llamamiento a la cordura a la dirección de la empresa. “Si los malos resultados son fruto de la falta de acuerdo, lo que tiene que hacer es sentarse con voluntad de llegar a un acuerdo de una vez por todas, y no marear más la perdiz con dimes y diretes que no hacen bien a nadie”.

Las secciones sindicales de SPPME-A y SIPAN han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian públicamente un “descontrol enquistado” en la organización de la Policía Local de Córdoba. Según los sindicatos, la gestión actual del equipo de gobierno del Partido Popular está priorizando la cobertura de eventos extraordinarios de fin de semana en detrimento de la vigilancia ordinaria en las barriadas de la ciudad.

En su nota de prensa, las organizaciones sindicales han sostenido que la práctica totalidad de los efectivos se destina a eventos autorizados por el gobierno local, lo que deja a los distritos y barrios sin la presencia policial necesaria. Los sindicatos acusan a José María Bellido, el alcalde, de utilizar al cuerpo con “evidentes intereses partidistas” y de buscar un “abaratamiento” en la gestión al no reforzar estos servicios especiales, cubriéndolos únicamente con el turno ordinario. La denuncia ha subrayado que esta política de ahorro compromete seriamente la seguridad.

Por otro lado, desde SPPME-A y SIPAN han advertido que este recorte de recursos desembocará, tarde o temprano, en una situación de inseguridad o emergencia con consecuencias graves. Por ello, han señalado directamente como responsables al alcalde y al actual jefe accidental.

Sobre este último, los sindicatos han criticado que, dada su experiencia, es conocedor de la escasez de recursos y le instan a recapacitar, recordándole que él es el “primer garante de la seguridad de sus agentes” y que “no todo vale por mantener la Jefatura”. Finalmente, las organizaciones sindicales han exigido que la seguridad en los barrios sea considerada “sagrada e inamovible”.

El VI Congreso de CTA en Córdoba ha culminado con la aprobación de una nueva Secretaría Provincial Colegiada, formada por Rafi Capilla Gómez, Mari Paz Ruiz Relaño, Mayte Moya García, Verónica de la Rosa Álvarez, Rafael Delgado de la Rosa y Diego Medina Frutos, que toma el relevo del histórico dirigente Francisco “Paco” Moro Fernández en un emotivo relevo generacional. 

En su presentación, los seis miembros quisieron dejar claro que el relevo de  Paco Moro no significa una despedida: “Venimos a relevar a nuestro camarada  Paco, pero queremos que se sepa: él estará con nosotros para aportarnos su  experiencia. Su legado no se borra, se continúa”, declararon ante una asamblea  que ovacionó al histórico dirigente.

El congreso contó con una amplia representación del sindicalismo combativo y la izquierda social: Paco Beloso, Nines Maestro, Dani Casal (Intersindical Canaria), Irene Ruiz (IU), José Ángel Quero Sánchez (CSO), Paco Sotillo y Javier Mengual (USTEA), José Antonio (Diputado de Podemos), y Francisco Blanco Díaz, José Manuel García Alvarado y Diego Rodríguez de Gracia (CTM). 

En el plano programático, se aprobaron las ponencias marco. La ponencia ideológica de Paco Moro reafirmó el posicionamiento internacionalista del sindicato en la FSM y exigió la salida de España de la OTAN. 

En negociación colectiva, CTA fijó una hoja de ruta que incluye la reducción de jornada a 35 horas semanales con lucha contra la jornada partida; el blindaje de la ultraactividad de los convenios; la exigencia de que el SMI sea la base de todas las tablas salariales; la recuperación de la antigüedad como derecho; la mejora de indemnizaciones por despido hasta 60 días por año; y el rechazo frontal a los planes de pensiones privados de empleo, defendiendo un sistema público, solidario y de reparto. 

Uno de los ejes centrales del debate fue la defensa del sistema público de pensiones, articulado en torno a la ponencia presentada por Javier Lucena. En su análisis, Lucena denunció el “bombardeo mediático” sobre la presunta insostenibilidad de las pensiones y exigió la auditoría inmediata de las cuentas de la Seguridad Social, pendiente desde 2022, así como la equiparación de la pensión mínima al SMI.

La nueva Secretaría Provincial Colegiada prometió “trabajo duro y una secretaría abierta” para liderar esta transición. La ovación final fue unánime: “Gracias, Paco, ¡por tu ejemplo y tu entrega! ¡Viva CTA!” 

La estación Julio Anguita de Córdoba sigue sin retomar la normalidad este lunes, ya que, pese a que ya ha remitido el carrusel de borrascas, a las incidencias que ha dejado y a las secuelas del accidente en la línea de alta velocidad ocurrido en Adamuz, se ha sumado la huelga convocada en el sector, con un seguimiento del 12%, según Renfe.

Según el responsable de CCOO Córdoba, Miguel Ángel Pérez-Parras, la situación actual que vive la red ferroviaria evidencia una “falta de inversión y personal” que está comprometiendo la normalidad del servicio.

En el marco de las movilizaciones, los sindicatos han denunciado que la precariedad en el mantenimiento y la falta de personal están detrás de las constantes incidencias que sufre la red. “Lo que no podemos es normalizar que los retrasos se conviertan en algo normal”, ha advertido Pérez-Parras durante la concentración.

El portavoz sindical ha cifrado el cumplimiento de los servicios mínimos en el entorno del 65 %, si bien ha destacado que en los paneles informativos de la estación cordobesa se hace evidente la interrupción de gran parte de la actividad. Según Pérez-Parras, el seguimiento es total en el seno del comité de Renfe, mientras que en Adif la convocatoria ha sido secundada por CGT y el Sindicato Ferroviario.

Desde CCOO vinculan directamente la falta de puntualidad con la carencia de recursos. El sindicato explica que, ante la falta de medios humanos y materiales para realizar reparaciones inmediatas, se opta por reducir la velocidad de los convoyes para garantizar la seguridad, lo que deriva en demoras sistemáticas.

“El mantenimiento se hace con los medios que se tienen, pero cuando no se puede cambiar una pieza o actuar a tiempo, se pone una limitación de velocidad”, ha explicado el representante de los trabajadores, quien ha exigido una inversión decidida en medios humanos para revertir la situación actual del servicio ferroviario.

Servicios interrumpidos y transporte alternativo

Por su parte, Adif informa en su web del estado de la circulación este lunes, en el que desde Córdoba capital no funcionan los trenes de Media Distancia ni el servicio de Cercanías de la Vega del Guadalquivir, que conecta las barriadas del oeste con el campus de Rabanales a través de la capital.

En la red convencional, Adif mantiene la interrupción del tráfico en la línea Córdoba-Linares-Baeza y en la línea Córdoba-Bobadilla-Algeciras, específicamente en los tramos Valchillón-Torres Cabrera y Algeciras-Bobadilla.

Respecto a la alta velocidad, el servicio entre Madrid y Andalucía (que afecta a Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y Algeciras) continúa interrumpido tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz, donde se sigue trabajando para recuperar la infraestructura.

Como alternativa, los servicios Avant han sido restablecidos, aunque con transbordos: los trayectos hacia Málaga se ven interrumpidos en Antequera, donde se ha habilitado un servicio de autobuses.

Renfe cifra el seguimiento en un 12%

Cerca de las 13:00 se ha conocido el primer dato de seguimiento, aportado por la operadora Renfe, que lo ha situado en el 12,05%. Ante los paros, que se prolongarán hasta el 11 de febrero, se han establecido servicios mínimos del 75% en Cercanías (hora punta), 65% en Media Distancia (que en Córdoba aún no está operativo) y 73% en Alta Velocidad. Renfe permite cambios y anulaciones sin coste para los viajeros afectados.

Córdoba vive estos días una parálisis bastante inusual de su actividad económica y comercial a causa del persistente carrusel de borrascas que azota la provincia, con especial incidencia en sectores clave como la hostelería, el comercio, la agricultura y la construcción, que coinciden en señalar un desplome de la actividad, aunque ponen el acento en el impacto humano del temporal.

La hostelería es, lógicamente, uno de los ámbitos más afectados. Porque además, suma otro factor: la afección de los temporales y el trágico accidente de Adamuz en la red ferroviaria, principal sistema de transporte del turismo que acude a Córdoba. Por ello, el presidente de Hostecor, la patronal del sector en Córdoba, Jesús Guerrero, reconoce con resignación que esta semana se está ante la desaparición prácticamente total de las reservas, tanto de turistas como de clientes locales.

“La semana pasada se caían las reservas y ahora es que no hay reservas”, señala Guerrero, quien subraya la suma de clima adverso y cortes ferroviarios está dejando a los restaurantes de la ciudad sin clientes. Porque, según explica, las reservas de los cordobeses comenzaron a caer la pasada semana por la lluvia, pero ahora “lo que ha dejado de entrar son reservas nuevas, a un volumen muy grande”.

Como ejemplo, apunta a zonas eminentemente turísticas como el Mercado Victoria, donde “las cajas son como cuando estábamos confinados, como en el Covid”. “El problema no es solo ahora, sino el tiempo que vamos a tardar en recuperar los viajes, porque los turoperadores y las agencias están copando destinos al no saber cuándo vuelve la normalidad. Ahí sí hay un problema serio, tanto para hoteles como para reservas de grupos en restaurantes”, advierte.

Pese a todo, Guerrero trata de relativizar la situación al señalar que el temporal ha llegado en temporada baja. “Dentro de lo malo, tenemos que dar las gracias de que esto no nos pille en plena campaña fuerte, porque sería devastador. Saldremos, como hemos salido otras veces, pero hay que mirar con atención lo que viene porque puede ser preocupante”, afirma.

El campo y el andamio, parados

En una situación más compleja están otros sectores estos días. Uno de los que más sufre es el campo, que afronta con bastante tensión los efectos de las lluvias persistentes y los fuertes vientos. Desde ASAJA Córdoba advierten de daños generalizados en los principales sectores productivos de la provincia, como el cereal, el olivar, los cítricos y la ganadería.

El presidente de la organización agraria, Fernando Adell, señala que las consecuencias, aún pendientes de cuantificar en su totalidad, “comprometen seriamente la rentabilidad de las explotaciones y la producción de esta campaña e incluso de las siguientes”. Las primeras estimaciones apuntan a pérdidas de hasta el 40% en cereal y cítricos y alrededor de un 30% en el olivar.

La construcción tampoco escapa al impacto del temporal. Desde la patronal Construcor indican que buena parte de las empresas han tenido que paralizar las obras y, en muchos casos, conceder días libres a los trabajadores ante la imposibilidad de avanzar en los trabajos.

Esta paralización forzosa supone “un aumento inevitable de los costes a todos los niveles”, tanto en vivienda como en obras de infraestructuras. No obstante, la patronal reconoce que todavía es imposible ofrecer cifras concretas del impacto económico. “No podemos dar datos con honestidad porque ahora mismo no son calculables. Hacer un supuesto riguroso es imposible, pero sí sabemos que las cifras van a ser altas”, concluyen.

Comercios resistiendo

Desde Comercio Córdoba, la patronal del sector que más empleo genera en la ciudad, señalan que, por el momento, no tienen constancia de daños estructurales graves en la actividad comercial, aunque sí reconocen “dificultades puntuales de acceso, incidencias logísticas y una reducción de la afluencia de clientes” como consecuencia directa del temporal.

La organización mantiene un seguimiento constante de la evolución meteorológica y recuerda la necesidad de que las empresas “sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes y extremen las medidas de seguridad y protección”, especialmente en las zonas más afectadas.

Los sindicatos CCOO y USO han informado de la desconvocatoria de la concentración que tenían prevista para mañana miércoles, 4 de febrero, a las 13:00, a las puertas de Hitachi Energy, ante la alerta meteorológica publicada por la Aemet. Ambos sindicatos remarcan que la seguridad de las personas trabajadoras es la prioridad, y por ello, han decidido suspender la concentración enmarcada en la huelga convocada para mañana, según indican en un comunicado.

No obstante, se mantiene el calendario de huelga, que se retomará la semana próxima. Los sindicatos CCOO y USO habían informado del mantenimiento de las movilizaciones en la planta de Hitachi Energy en Córdoba, tras la reunión celebrada este martes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), a instancias del Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). No obstante, ambas organizaciones han mostrado su disposición a suspender las movilizaciones si se producen avances significativos en la negociación del nuevo convenio colectivo.

En el encuentro, empresa y sindicatos acordaron la creación de una comisión técnica que se encargará de aclarar diversas cuestiones legales. Las conclusiones de este órgano serán trasladadas posteriormente a la comisión negociadora, con el objetivo de retomar las conversaciones sobre las condiciones laborales a partir de la próxima semana.

Desde CCOO valoran positivamente que se haya reabierto el diálogo, aunque consideran que, por el momento, no se han producido avances concretos que justifiquen la desconvocatoria de la huelga. El sindicato recuerda que siguen vigentes las sanciones impuestas a 76 trabajadores y que, según explica el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, “la práctica totalidad de la plantilla ha respaldado la huelga en las asambleas celebradas, con la excepción de los trabajadores que firmaron el acuerdo alcanzado entre la empresa y UGT”.

La organización sindical insiste en su voluntad de negociar y apela a un clima de confianza y respeto mutuo para alcanzar un acuerdo, al tiempo que solicita a la empresa evitar actuaciones que, a su juicio, incrementen la tensión en el proceso.

Por su parte, la dirección de Hitachi Energy ha señalado que en la reunión del Sercla se acordó un calendario de encuentros en el que participarán los tres sindicatos con representación en la planta, previstos para los días 10, 17 y 26 de febrero. Según la compañía, estas reuniones permitirán fijar el marco para el reinicio de la negociación de un nuevo convenio colectivo y abordar la paralización, e incluso la desconvocatoria, de las movilizaciones y huelgas anunciadas.

La empresa recuerda además que el convenio colectivo actual se encuentra en vigor y prorrogado en situación de ultraactividad hasta diciembre de 2026, tal y como figura en el Registro Oficial de Convenios.

En su comunicado, la dirección también alude al clima de la reunión, asegurando que algunos representantes de CCOO profirieron insultos e intimidaciones al inicio del encuentro, pese a lo cual considera que el acuerdo alcanzado demuestra su voluntad de mantener un diálogo constructivo. En este sentido, subraya que la normalidad laboral es un elemento clave para generar confianza, facilitar acuerdos y garantizar el futuro de la planta cordobesa.

Las secciones del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) y del Sindicato Independiente de Policía (SIP-AN) en la Policía Local de Córdoba han denunciado públicamente que “los servicios operativos están siendo muy mermados los fines de semana por falta de agentes, lo que implica que muchas llamadas no puedan ser atendidas de forma inmediata”.

En un comunicado, señalan esta cuestión entre otros asuntos del servicio de la Policía Local que quieren abordar en una reunión con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, a quien indican que han solicitado ya un encuentro a tal efecto. Los sindicatos también denuncian que “la Policía Local de Córdoba ya va para dos años sin recambio de uniformidad” y que “los chalecos de protección de los agentes están próximos a llegar a los 10 años de uso”.

Entre otras cuestiones para las que los sindicatos reclaman una solución, apuntan que “los programas informáticos están obsoletos, no se cumplen los plazos de pago acordados para los eventos, las instalaciones municipales presentan signos evidentes de deterioro, las taquillas están hacinadas en los vestuarios y el espacio para estacionamiento de los vehículos policiales es completamente reducido, lo que comporta un enorme riesgo en caso de incendio en cualquiera de ellos”.

En su comunicado, las secciones sindicales de SPPME-A y SIP-AN critican “el absoluto pasotismo y desinterés que el señor Jesús Coca muestra ante el servicio del área de Seguridad” y explican que solicitaron “una reunión con carácter urgente” con él hace dos semanas “al objeto de tratar diferentes aspectos de gestión interna de la Jefatura de Policía, problemas que llevan instaurados en el seno de nuestro colectivo desde hace años y que bajo su gestión sólo han conseguido agravarse”.

Los sindicatos señalan que el delegado de Seguridad no ha atendido las peticiones de reunión, “lo que evidencia una vez más que el colectivo de la Policía Local y todo lo referente a temas de seguridad le traen completamente sin cuidado”. Ante ello, recuerdan al alcalde, José María Bellido, que “si su delegado de Seguridad no tiene interés ninguno en el área que está ejerciendo, quizás deba de buscarle una alternativa donde al menos no entorpezca a quienes sí tienen interés en trabajar”.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba denuncia la actuación de Animal By Products SL, empresa dedicada a la elaboración de productos cárnicos, especialmente de cerdo, por intentar imponer a la totalidad de la plantilla de su centro de Lucena, un total de 38 personas, a la empresa Trifolium 2021 SLU, ubicada en Antequera (Málaga) “mediante un proceso claramente viciado, sin justificación real y negociado de mala fe”, afirma el responsable de Negociación Colectiva y Acción Sindical del mencionado Sindicato de Industria, Manuel Muñoz.

El pasado 7 de enero, la empresa comunicó el inicio de un periodo de consultas para negociar dicho traslado. “Desde el primer momento, la representación legal de las personas trabajadoras exigió el cumplimiento de la legalidad y solicitó la entrega de un informe explicativo que justificara las causas del traslado, tal y como establece la normativa laboral”, señala Muñoz.

Sin embargo, “en la reunión de inicio del periodo de consultas, celebrada el pasado 15 de enero, la empresa no aportó ningún informe justificativo, limitándose a entregar un contrato de arrendamiento de las instalaciones de Animal By Products y un certificado catastral de las instalaciones de Antequera. Esta documentación no justifica en absoluto el traslado, ni acredita causas económicas, productivas u organizativas que lo avalen”, remarca el responsable sindical.

“Pese a esta falta total de información, la parte social actuó con responsabilidad, solicitó nuevamente la documentación exigida y planteó la necesidad de negociar medidas paliativas que compensaran el grave impacto personal, social y económico que supone un traslado a otra provincia para toda la plantilla”, explica Muñoz quien añade que “CCOO presentó un borrador de medidas económicas y sociales, demostrando una voluntad real de negociación”.

Ayer hubo una nueva reunión en la que la empresa volvió a presentar documentación insuficiente y vacía de contenido, sin justificar el traslado ni aclarar la situación real de la empresa de destino. Hay que recordar que Animal By Products S.L y Trifolium 2021 S.LU, son empresas distintas, con CIF y códigos de cuenta de cotización diferentes, lo que genera una enorme inseguridad y deja a la plantilla sin garantías.

“La situación se agravó cuando la empresa dio por finalizada la negociación de forma unilateral, dejando claro que el periodo de consultas había sido una mera formalidad. La empresa pretende que las personas trabajadoras que acepten el traslado lo hagan sin ningún tipo de compensación, y que quienes no lo acepten se vean abocadas a una indemnización de 20 días por año trabajado, lo que supone en la práctica un despido colectivo encubierto”, afirmó el responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba.

CCOO denuncia que “este proceso ha estado marcado por una negociación de mala fe, sin transparencia, sin información suficiente y sin voluntad real de alcanzar acuerdos. Por todo ello, la representación sindical ha firmado el periodo de consultas sin acuerdo”, indica Manuel Muñoz.

Asimismo, CCOO pondrá estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, ya que la empresa no ha comunicado a la autoridad laboral ni el inicio ni la finalización del periodo de consultas, incumpliendo gravemente la legislación laboral. De igual modo, se iniciarán las acciones legales oportunas por la vía judicial para defender los derechos de la plantilla y frenar este atropello.

“CCOO no va a permitir que se utilicen traslados colectivos injustificados para cerrar centros de trabajo, precarizar el empleo y expulsar a las personas trabajadoras sin asumir responsabilidades. La plantilla no es moneda de cambio”, sentenció Muñoz.