Profesionales sanitarios y sindicalistas de UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba se han concentrado este miércoles ante el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para mostrar su “repulsa por la agresión sufrida por un enfermero el pasado viernes 22 de mayo en su servicio de Urgencias”.

Según ha señalado el sindicato en una nota, este hecho, desgraciadamente, “ha dejado de ser algo aislado para convertirse en una constante, cada vez con formas más agresivas y con parámetros que están llevando a la práctica sanitaria al temor ante su desprotección”.

En este sentido, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, destacado que, “según los registros, en el año 2025 se produjeron 173 agresiones en la provincia de Córdoba, 37 de las cuales fueron físicas y 136 verbales, a profesionales sanitarios”.

Heredia ha llamado a la comprensión de la ciudadanía ante “un sistema que se encuentra colapsado, con plantillas bajo mínimos, por lo que deben comprender que su atención tendrá que producirse en el menor tiempo posible, dentro de las posibilidades que en estos momentos tienen los equipos en los centros sanitarios”.

Por otra parte, Heredia ha destacado que, “desde que se puso en marcha el plan de prevención y actuación frente a las agresiones a profesionales, las denuncias están acabando en condenas a los agresores”, por lo que ha instado “a las personas trabajadoras del SAS a que no callen y denuncien cualquier caso en el que sufran cualquier tipo de agresión, tanto física, como verbal, ya que esto supone un paso más en la visibilización de este problema y en la presión a ejercer, desde la responsabilidad, para poder exigir nuevas medidas” a la Junta de Andalucía.

Finalmente, la responsable sindical ha señalado que “cualquier agresión atenta contra la dignidad y derechos de las personas trabajadoras, llevando en muchas ocasiones a estas a situaciones de estrés, miedo, desmotivación, así como otro tipo de consecuencias, que podrían derivar en la baja laboral, todo ello repercutiendo, además, en la bajada del rendimiento y en la falta de ese apoyo que los profesionales necesitan en estos momentos para que se produzca el rendimiento necesario y que el conjunto de las personas usuarias puedan disfrutar de la mejor atención asistencial”.

Cada mes de mayo, cuando llega la Feria de Córdoba, vuelve la misma conversación y los mismos titulares: “Faltan camareros y cocineros”. Pero detrás de esa idea recurrente hay otra realidad menos visible que empieza a imponerse en el sector: no existe una escasez de trabajadores cualificados (de hecho, aún hoy se pueden ver a profesionales ofreciéndose a trabajar en portales online), aunque sí cierto rechazo creciente a determinadas condiciones laborales que se dan en el Recinto Ferial, convertido durante los próximos nueve días, en una ciudad con un ritmo propio.

En el actual modelo de feria de Córdoba conviven dos realidades muy distintas. Por un lado, las casetas gestionadas por empresas de hostelería profesionalizadas, con plantillas estables, experiencia y convenios que se cumplen con mayor rigor. Por otro, negocios que solo operan durante los días de Feria, donde la urgencia por cubrir puestos da paso a ofertas improvisadas y, en algunos casos, a condiciones que los sindicatos y trabajadores describen como poco sostenibles.

Eso sí, ni los sindicatos ni la patronal afirman que este año haya un problema de contratación. El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, aseguraba a este periódico que no tenía información de exceso de vacantes, más bien al contrario. “En la Feria se paga muy bien y hay quien trabaja con ganas y repite año tras año. O quien se pilla vacaciones para trabajar en una caseta. Si hay un problema de falta de profesionales, desde luego, a Hostecor no se le ha planteado”, defiende Guerrero, tras consultar con varias casetas para cercionarse.

Desde el sindicato CCOO también ponían en duda la falta de profesionales, aunque matizaban que, en los últimos años, sí que han percibido falta de interés en trabajar en El Arenal. El sindicato defiende que, entre los camareros y cocineros que han trabajado en campañas anteriores se repite una idea: el problema no es solo la intensidad del trabajo, sino su organización. Turnos que se alargan durante todo el día, descansos fragmentados o jornadas que pueden llegar a acumular decenas de horas en apenas una semana forman parte del relato habitual.

En ese contexto, muchos profesionales que antes veían la Feria como una oportunidad de ingresos rápidos han cambiado su perspectiva. La estabilidad de otros empleos, sumada a contratos más estructurados como los fijos discontinuos, hace que cada vez menos trabajadores estén dispuestos a asumir condiciones intensivas durante solo unos días, a riesgo de exponer su situación laboral del resto del año.

Ofertas… y también demanda activa de trabajo

Sin embargo, el mercado laboral de la Feria no se explica solo desde la oferta empresarial. En paralelo a las supuestas quejas por la falta de personal, en portales de empleo aparecen también anuncios de personas o pequeños grupos que se ofrecen directamente a trabajar durante la Feria, aportando experiencia en sala, cocina o catering.

Son varias las plataformas y redes sociales donde, todavía este viernes, a falta de unas horas para el arranque de la Feria, se podían encontrar mensajes de camareros y cocineros que se publicitan ofreciendo disponibilidad inmediata para eventos y casetas. Estos anuncios reflejan una realidad complementaria: hay profesionales dispuestos a trabajar, pero el encaje entre oferta y demanda no siempre se produce en condiciones equilibradas ni estables.

El debate, por tanto, se desplaza. Mientras algunos empresarios insisten en la dificultad para encontrar personal, una parte del sector y de los trabajadores apunta a otro origen del problema: la calidad del empleo y las condiciones. Uno de los factores determinantes de los último años es el cambio en el mercado de trabajo tras la última reforma laboral. CCOO explica que muchos profesionales que antes acudían a la Feria de forma eventual ahora cuentan con contratos de fijos discontinuos o fijos en sus empresas habituales.

“A un trabajador con estabilidad ya no le compensa jugársela por una semana si las condiciones no son excelentes”, señalan las fuentes consultadas. Además, la corta duración de estos contratos de apenas ocho o nueve días, sumada a la complejidad burocrática de las altas y bajas en la Seguridad Social, hace que para muchos no sea rentable el riesgo de perder o ver modificadas sus prestaciones por desempleo u otras ayudas por un trabajo de tan corta duración, que podría implicar, además, en la próxima renta, una posible penalización por tener varios pagadores.

A destajo

Desde el sindicato denuncian que, a pesar de lo que se oferta públicamente (turnos de ocho o incluso de media jornada), la realidad en muchas casetas es el trabajo a destajo con ritmos frenéticos. El sindicato afirma haber detectado casos donde se pretende que el personal trabaje hasta 80 horas en una sola semana, lo que hace materialmente imposible cumplir con los descansos obligatorios que fija el convenio colectivo.

En este sentido, CCOO critica, además, que lo habitual es la práctica de los “turnos partidos extremos”, donde el empresario exige que el trabajador esté disponible solo en los picos de demanda: “Te hacen estar dos horas, te mandan a casa, vuelves otras dos... esto mantiene al trabajador 'pringado' todo el día”. Esta arbitrariedad impide cualquier tipo de conciliación familiar, especialmente en una semana donde los niños solo tienen colegio hasta el miércoles.

Respecto a los salarios de 10 o 15 euros la hora que se publicitan, el sindicato advierte que a menudo son pagos “limpios”, es decir, sin contrato de trabajo. Esto supone un grave riesgo para el trabajador ante posibles accidentes y la exposición a sanciones en caso de una inspección de trabajo.

Asimismo, CCOO destaca que los trabajadores son cada vez más conscientes de sus derechos. Un punto de fricción este año es el abono de las vacaciones. “Todo contrato por cuenta ajena genera días de vacaciones; si no se disfrutan por la brevedad del evento, deben ser abonadas proporcionalmente”, aclaran desde el sindicato. Esta exigencia legal es vista por algunos empresarios como un “coste extra”, cuando en realidad es una obligación básica del convenio.

Finalmente, CCOO pone el foco en la contradicción de muchos caseteros que exigen trabajadores con altísima experiencia para sacar adelante el servicio a gran velocidad, pero que, al mismo tiempo, no invierten ni un minuto en su formación.

Al final, sindicatos y empresarios acaban dibujando dos modelos de casetas: las gestionadas por empresas de hostelería con trayectoria suelen tener sus equipos ya formados y no sufren vacantea y las de aquellos empleadores que no pertenecen al sector y pretenden que el personal asuma incluso labores para las que no han sido contratados, cambiando los turnos de un día para otro de forma unilateral. “No falta personal, falta respeto a la normativa laboral”, concluyen desde el sindicato.

Trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, a cuyo Pleno también han trasladado la protesta, para mostrar su hartazgo por la falta de vehículos y medios para una correcta recogida de los residuos urbanos. 

La presidenta del comité de empresa de Sadeco, Mari Carmen Sánchez (CCOO), afirmó durante la concentración que “llevamos años arrastrando deficiencias tanto de camiones como de plantilla, pero desde hace unos meses la situación es insostenible por el mal estado de los camiones”. En concreto, la responsable sindical señaló que “de 14-16 circuitos de recogida salen 7 u 8, si se recoge inerte se tiene que dejar la orgánica, por lo tanto, se quedan muchos contenedores sin recoger y ahí se está viendo la suciedad y la insalubridad que supone”.

Además, Sánchez aseguro que el estado de la flota supone “un peligro tanto para los conductores de los camiones como para la ciudadanía, que es nuestra mayor preocupación” y eso por no hablar “del malestar que tenemos los trabajadores y trabajadoras, porque después de hacer nuestro trabajo, y creemos que bien realizado, nos sentimos mal porque vemos cómo se queda y que el trabajo no está hecho” y “esto está generando mucho estrés, tanto físico como mental y ya es una situación insostenible”.

El comité de empresa denuncia que la Gerencia de Sadeco no da soluciones. “Hablan, hablan, pero no vemos soluciones”, aseguró Sánchez quien achaca a la mala gestión y a la falta de inversiones en la flota de camiones la degradación del servicio. “Llevamos cuatro gerentes en dos años, dos presidentes, cada vez que entra uno, empezamos de nuevo y no se nos escucha”, se quejó la responsable de CCOO.

En este sentido, la parte sindical asegura que no se han comprado camiones nuevos desde 2018 y que algunos tienen hasta 30 años. “No hay inversión, y para cualquier compra de material o pieza de recambio hay tanto papeleo que se eterniza”. Por ello, el comité de empresa exige que “se adquieran camiones, y no a través de renting como ahora, que no se privatice, que haya una inversión real, pública y que podamos salir a la calle para trabajar dignamente”, recalcó la representante sindical.

Carmen Sánchez añadió que “en la Feria, como mucho nos tememos que esto no se va a solucionar, la responsabilidad recaerá en los trabajadores y trabajadoras” y “si ahora no se saca el trabajo porque no hay camiones, nos preguntamos cómo pretenden que saquemos la basura, ¿con las manos? Hace falta material, personal y una buena gestión”.

El sindicato USTEA Córdoba ha denunciado la situación de “abandono sistemático” que sufren las infraestructuras educativas de la provincia y ha señalado que la falta de un mantenimiento serio y responsable por parte del Ayuntamiento de Córdoba ha provocado que, tras los últimos temporales, la lista de centros con problemas estructurales ascienda a 60 o 70, la mayoría con deficiencias que podrían haberse evitado si los ayuntamientos cumpliesen con el manual de uso y mantenimiento en centros educativos establecido por la Junta de Andalucía.

Rafael Reyes, responsable de Salud Laboral de USTEA Enseñanza Córdoba, ha calificado de “despilfarro y gestión ineficaz” casos como el del CEIP Algafequi. En este centro, a pesar de haberse realizado una inversión muy cuantiosa para arreglar el techo del gimnasio, las goteras y deficiencias han vuelto a aparecer con los primeros temporales. Además, Reyes ha denunciado que, tras una inspección de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) solicitada por USTEA, se determinó el pasado 28 de enero la necesidad de habilitar una puerta de salida de emergencia en el comedor para garantizar la seguridad del alumnado; sin embargo, a día de hoy no hay noticias de que dicha actuación esté ni siquiera en fase de proyecto.

La situación se repite en la provincia. El CEIP Elena Luque de Santa Cruz arrastra graves problemas que se agravan ante la falta de soluciones, a pesar del compromiso previo de la Delegación y el Ayuntamiento. Del mismo modo, el CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Lucena y el CEIP Azahara se suman a un listado donde las goteras, humedades y cierres de ventanas defectuosos son el denominador común.

Respecto a la gestión municipal, el sindicato ha lamentado el retraso injustificado del plan “Arreglamos tu cole”. A pesar de que el Ayuntamiento ha anunciado recientemente una segunda fase, la realidad es que las actuaciones de la primera fase, planificadas desde 2023, aún no han comenzado. Esta falta de ejecución ha generado un profundo escepticismo en la comunidad educativa, que no tiene seguridad alguna de que las mejoras prometidas lleguen a materializarse.

El responsable sindical ha recordado que el mantenimiento de los centros públicos debe ser un eje prioritario, dado que la mayoría de los centros son edificios antiguos que requieren una atención constante que no se está produciendo.

Además, USTEA ha mostrado su especial preocupación por las condiciones en las que se desarrollará el próximo proceso de oposiciones que se celebrará durante los meses de junio y julio. El sindicato ha recordado que el año pasado ya se vivieron situaciones de calor extremo que pusieron en riesgo la salud de los y las aspirantes y de los tribunales. Reyes ha advertido de que “mucho nos tememos que este año va a ocurrir exactamente lo mismo”, motivo por el cual hemos alertado al delegado de educación sobre la necesidad de tener muy en cuenta la selección de centros que serán sede de tribunal.

“Es inadmisible que el profesorado y las personas opositoras tengan que afrontar un proceso de oposiciones y el final de curso en edificios que son auténticos hornos por la desidia institucional”, ha manifestado Reyes.

USTEA ha exigido al Ayuntamiento de Córdoba que abandone la política de “parches” y promesas incumplidas, como el plan “Arreglamos tu cole”, y ejecute una inversión real que garantice centros seguros y climatizados ante la inminente llegada de las temperaturas extremas.

Finalmente, USTEA seguirá luchando por una hoja de ruta clara y financiación garantizada para que los centros públicos de Córdoba dejen de ser lugares donde la salud laboral y el bienestar del alumnado se vean comprometidos sistemáticamente por la falta de inversión pública.

Correos afronta en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España y con una amplia dispersión territorial, dos procesos de enorme complejidad y gran volumen de gestión: las elecciones autonómicas y el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Para CCOO, ambos procesos requieren un importante refuerzo organizativo y de plantilla que garantice tanto la calidad del servicio postal público como el normal desarrollo del voto por correo y de los trámites de regularización.

En este sentido, la Sección Sindical de CCOO en Correos de Córdoba advierte de que la actual política de ajuste y contratación cero impulsada por la Dirección de la empresa pública resulta claramente insuficiente para afrontar con garantías esta situación excepcional. El sindicato considera imprescindible un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40% para evitar el deterioro del servicio y la sobrecarga laboral que ya están sufriendo numerosos centros de trabajo.

La organización sindical denuncia que la falta de personal afecta de manera generalizada a oficinas y unidades de reparto de toda la provincia, existiendo centros que trabajan muy por debajo de sus necesidades reales de plantilla. Algunos ejemplos especialmente preocupantes son los de Córdoba capital, en donde falta personal en todas las unidades de reparto, teniendo que asumir el trabajo de las vacantes que han ido surgiendo en los últimos años por jubilaciones, traslados o consolidaciones de puestos de Jefatura en otras oficinas, sin que en las tres últimas adjudicaciones del concurso de traslados saliera una mínima plaza en su lugar.

Además, CCOO critica que no se cubren las bajas por incapacidad temporal, como está pasando por ejemplo en Peñarroya, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Montilla o Lucena. En estas dos últimas poblaciones hay necesidad urgente de personal en el turno de mañana pero la empresa se niega sistemáticamente a reorganizar turnos para que personal adscrito al turno de tarde pueda solicitar el de mañana, situación que también se vive en Córdoba capital.

Otro ejemplo de la falta de personal es el de Doña Mencía, un pueblo con 4.465 habitantes en el que no hay ningún cartero adscrito a la oficina del pueblo, por lo que tienen que cubrir el reparto carteros y carteras de Baena. Mientras, en poblaciones como Palma del Río y La Carlota, trabajadores y trabajadoras que están a media jornada y que estaban los primeros para asignarles una jornada completa, no se les ha asignado en la última adjudicación en concurso de traslados.

Según CCOO, en las oficinas se está priorizando la venta de seguros AXA o el proceso de regularización de personas migrantes, lo que puede suponer un riesgo para la correcta admisión, curso, tratamiento y entrega en tiempo y forma del voto por correo.

En este sentido, el sindicato explica que hay oficinas con alta afluencia de solicitantes de regularización que puedan ver afectada la operativa del voto por correo como son la Oficina Principal (OP) situada en la calle Cruz Conde, la Sucursal 1 (Sector Sur) y la Sucursal 4 (Libia), en la que trabajadoras a media jornada tienen que hacer horas complementarías. Las poblaciones más perjudicadas por todo esta falta de personal en oficinas de atención al público son Palma del Río, Baena (20.688 y 18.885 habitantes respectivamente) con solamente dos personas para la atención al público, pero también Lucena y Montilla en turno tarde, con solo dos personas en atención al público y una de ellas en ambas localidades a jornada parcial.

CCOO denuncia, además, que la empresa continúa sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias, obligando a la plantilla restante a asumir una carga de trabajo cada vez mayor. Esta situación se produce precisamente en uno de los momentos de mayor exigencia operativa para Correos, con miles de envíos electorales y una importante afluencia de ciudadanos y ciudadanas en las oficinas postales.

El sindicato alerta de que esta falta de contratación puede ralentizar, e incluso poner en riesgo y colapsar la correcta admisión, tramitación y entrega en plazo tanto de la documentación electoral como de las solicitudes vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes. Del mismo modo, advierte de que la presión asistencial que soportan oficinas y unidades de reparto está incrementando los riesgos para la salud laboral de los trabajadores/as postales, sometidos a elevados niveles de estrés y sobrecarga.

CCOO considera que garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público exige a la compañía reforzar, de manera urgente, la plantilla en reparto, oficinas y logística; asegurando así que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos.

Los operadores de grúa de Córdoba han suspendido la huelga que mantenían desde 72 días tras alcanzar un acuerdo con la patronal, refrendado este mismo viernes en una asamblea de los trabajadores, que prevén volver a trabajar en las obras el próximo lunes.

El acuerdo supone que los trabajadores pasen a cobrar un plus de 31,50 euros por día trabajado frente a loas 13,10 que percibían hasta ahora y, en conjunto, el sueldo líquido que percibirán estará en torno a los 2.000 euros, según han apuntado.

El portavoz de los gruistas, Antonio Herencia, ha anunciado el acuerdo aprobado en asamblea y que ahora se tendrá que ratificar por parte de la patronal y los representantes de los trabajadores en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). “El lunes volvemos a la obra y volverá todo a la normalidad”, ha dicho sobre un acuerdo que se ha alcanzado “porque hemos llegado a un objetivo” sobre sus pretensiones económicas que, si bien “eran superiores, es normal que en una negociación ambas partes cedan”. En ese sentido, los trabajadores han aceptado las cifras de este acuerdo y suspender el paro de las grúas “por el bien del conjunto de terceros que estaban afectados por la huelga”.

Por parte de CCOO, la secretaria general de Habitat, María Esperanza Sánchez, se ha mostrado satisfecha por el acuerdo sobre el sueldo que percibirán los gruistas, “un salario que se merecen, que han peleado y han luchado. Esto es fruto de la unión y del apoyo del sector en este tiempo”-

Y es que han sido 72 los días de huelga, “72 días en los que en las casas de estos trabajadores no ha entrado un salario. Han luchado muy concienzudamente, ha habido una unión muy férrea y se ha conseguido que se valore a este sector”. “Son el corazón de la obra, porque son los que dan el material necesario para otros trabajadores puedan hacer su tarea”.

Actualmente, trabajan en Córdoba 60 gruistas en otras tantas obras que, en este tiempo de huelga, han quedado paralizadas.

El comité de empresa de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha convocado para el próximo 14 de mayo una asamblea-concentración a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para dar a conocer la grave situación que se vive en la empresa a consecuencia del desgobierno que ha sufrido en los últimos años, en los que la falta de comunicación y de solución de las cuestiones pendientes han marcado la tónica.

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, sostiene en un comunicado que “nunca se ha vivido una situación así, con vehículo peligrosos no solo para el conductor, sino también para la ciudadanía, vehículos que deberían estar en la chatarra pero que son los que recorren las calles de la ciudad a diario”.

El sindicato señala que, con la asamblea-concentración del próximo jueves, se quiere mostrar a la clase política de la ciudad y a la ciudadanía la dejadez a la que ha estado sometida la empresa y, por añadidura, la ciudad. Así, el comité de empresa denuncia que hay muchos lugares en los que se está dejando de recoger la basura por la falta de vehículos y en otros, se están recogiendo los contenedores a mano porque falla el sistema de recogida automática, así como el pésimo estado de algunos vehículos.

Además, la representación sindical afirma que se están engañando a la ciudadanía en la gestión de residuos y que la pésima gestión negociadora con terceros ha llevado a perder millones de euros de ingresos anuales. Esa falta de gestión se evidencia en los sucesivos cambios de Dirección de la empresa, en el incumplimiento del convenio y normas pactadas, así como en la falta de creación de empleo fijo, sin activar las jubilaciones parciales.

Junto a lo anterior, el comité critica la ausencia del presidente de la empresa y las afirmaciones falsas sobre las jubilaciones parciales, así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la creación de empleo que se refleja en la falta de personal a pesar de la espectacular subida de la tasa de basura, no habiéndose convocado todas las plazas.

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Matrona, que las plantillas de estas profesionales sanitarias se incrementen de manera progresiva en todos los servicios de salud para lograr “un mejor futuro” para las mujeres. Los últimos datos oficiales apuntan a que hay una matrona para cerca de 1.500 mujeres en nuestro país.

Un año más, y en esta ocasión bajo el lema “Mas matronas, mejor futuro”, el Sindicato aprovecha la conmemoración en todo el mundo del Día de la Matrona, el 5 de mayo, para poner en valor su trabajo y denunciar que la escasez de plantillas en nuestro sistema sanitario pone en riesgo la salud sexual y reproductiva y dificulta una atención sanitaria centrada en la mujer y en su singularidad.

Según datos de la EPA, en 2023 había 13.967 matronas en ejercicio, lo que supone, atendiendo al total de la población femenina en nuestro país, una profesional por cada 1.452 mujeres. Una ratio claramente insuficiente que constata la necesidad de que todos los servicios de salud prioricen la contratación de estas profesionales sanitarias, afirman desde el Sindicato.

La organización sindical recuerda que las matronas, no solo se limitan a atender a las mujeres cuando van a ser madres, sino que desarrollan una amplia diversidad de funciones y competencias relacionadas con la mejora de la salud y bienestar integral de la mujer desde su adolescencia y a lo largo de toda su vida.

Más plazas

El Sindicato de Enfermería subraya que, junto a un incremento de las plazas de formación especializada en las próximas convocatorias anuales, todos los servicios de salud deben crear más plazas específicas de matronas que posibiliten un desarrollo profesional completo, unas condiciones de trabajo dignas y una mejor atención a la mujer.

La organización sindical advierte que el déficit de profesionales existente, en la actualidad, en los diferentes servicios de salud, imposibilita que las matronas puedan desarrollar todas sus competencias en educación, prevención y promoción de la salud de la mujer, al tener que limitarse, en muchas ocasiones, a ocuparse de lo más acuciante dentro de la actividad asistencial.

SATSE incide en que la sobrecarga permanente, con la consiguiente falta de tiempo, junto a otros problemas, como la escasa contratación, la temporalidad o la falta de reconocimiento o minusvaloración de su trabajo, genera un claro riesgo para la salud de estas profesionales, tanto física como mental.

Ejemplos de ello, añade, son el estrés, la ansiedad, el “burn out” o el agotamiento emocional, que están provocando, en muchos casos, el abandono de su actividad en favor de ocupar otras categorías profesionales mejor retribuidas.

Menos beneficios

Como destaca la nueva campaña de Satse, con motivo del Día Internacional de la Matrona, “menos matronas significa menos tiempo para atender a cada mujer, menos citas para prevenir patologías tan graves como un cáncer, menos respuestas a las dudas sobre sexualidad de una adolescente, menos preparación y seguimiento durante el embarazo, menos seguridad en los partos, menos cuidados en el posparto, menos apoyo en la lactancia, y menos abordaje integral durante el climaterio”.

En este sentido, la organización sindical subraya que, cuando no hay suficientes matronas, se está “silenciando” la salud de la mujer, obviando las necesidades de la mitad de la población en momentos madurativos y estratégicos de su ciclo vital.

La reclamación de Satse se suma a la realizada este año desde 140 asociaciones de matronas de países de todo el mundo, que han pedido también a sus respectivos gobiernos el incremento de plantillas en sus sistemas sanitarios, para garantizar que todas las mujeres puedan acceder a una atención segura, respetuosa y de alta calidad. “El mundo necesita un millón más de matronas”, concluyen.

Las secciones sindicales del Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT, CSIF y CCOO, tras una reunión conjunta, han anunciado un acuerdo para el “bloqueo total” ante los impagos por parte del Ayuntamiento de las horas extras trabajadas en eventos del año 2025.

Según el comunicado remitido por los cuatro sindicatos, estos acuerdan que a partir del miércoles 22 de abril “se bloquee la realización de cualquier tipo de servicio extraordinario” por parte de los agentes. En ese sentido, dan la instrucción a la plantilla de la Policía Local para que “ningún compañero debe inscribirse en ningún nuevo servicio extraordinario. Asimismo, aquellos que ya estén inscritos deben tramitar su baja/renuncia de inmediato”.

Los sindicatos recuerdan a los agentes que, “según el protocolo de servicios extraordinarios vigente, no existe recogida ninguna penalización por la renuncia a estos servicios”. “Ha llegado el momento de actuar con unidad y contundencia”, sostienen.

Recuerdan que el Ayuntamiento les adeuda las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), de eventos como la Media Maratón, la Magna o la Navidad y ya se les debe también las horas extras trabajadas del año 2026.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba y viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, ha asegurado que mantienen “el compromiso de que en el mes de mayo nos pondríamos al día de pagos del año pasado” sobre las horas extras hechas por la Policía Local en eventos del año 2025.

Varios sindicatos, como el Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT y CSIF han llamado a los agentes a no hacer horas extras en las Cruces de Mayo de Córdoba para cubrir el dispositivo de seguridad de esta fiesta ante el retraso en los pagos por su trabajo en eventos del año pasado.

Ante esta situación, Bustos mantiene que el diálogo con los sindicatos es fluido y que el acuerdo al que se llegó “en enero, hace tres meses” era el de que los agentes no trabajarían este año un evento por el que aún no hubieran cobrado del año pasado. “Seguimos con nuestro compromiso firme de que se pague en mayo”, ha reiterado, recordando que a los policías se les deben las horas extras de eventos de 2025 como el Vía Crucis Magno, la Navidad o la Media Maratón, entre otros.

Preguntada sobre si está asegurada la presencia de los policías locales necesarios para cubrir el evento de las Cruces de Mayo, Bustos ha señalado desconocer cuántos agentes han solicitado hasta ahora trabajar en ese dispositivo especial haciendo horas extras.

Protestas de los sindicatos

Mientras tanto, los sindicatos han vuelto a denunciar la situación de impagos este mismo lunes. Desde CSIF aseguran que “no han recibido ninguna propuesta de Capitulares para valorar la situación de conflicto colectivo en negociación abierta. La falta de propuesta obliga a la sección sindical a mantener las medidas de presión solicitadas a sus afiliados, no afiliados y plantilla en general. Medidas que los trabajadores y trabajadoras están secundando mayoritariamente sin fisuras, no inscribiéndose en los servicios extraordinarios de las Cruces de Mayo de 2026”.

Asegura que “el catálogo de impagos es nutrido y amplio”, señalando la productividad del segundo semestre de 2025, horas extras de servicios extraordinarios como la Magna, media Maratón y Navidad, además de horas de enero y febrero del año 2026.

“No podemos tolerar que un acuerdo-convenio apenas recién aprobado sea incumplido perjudicando torticeramente a los que por medio de la fuerza de su trabajo hacen posible que los eventos y Servicios extraordinarios estén a la altura de lo esperado en el ámbito de la seguridad y proyección de la ciudad de Córdoba como referente de prestigio y destino turístico nacional e internacional”, argumentan.

Desde Siplb y UGt mantienen también las medidas de presión ante los impagos: “El dinero extraordinario se debe a un esfuerzo extraordinario. Y nuestra paciencia, que ha sido de dimensiones bíblicas, se ha terminado. Si no hay billetes, no hay eventos. Si no hay soluciones, no hay Cruces, advierten.

El Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT y CSIF han llamado a los agentes a no hacer horas extras en las Cruces de Mayo de Córdoba para cubrir el dispositivo de seguridad de esta fiesta ante el retraso en los pagos por su trabajo en eventos de otros años.

“Ante el patente retraso de abonos y el indiscutible incumplimiento del calendario de pagos establecido en convenio”, los sindicatos recomiendan “no solicitar la prestación de servicios extraordinarios en las Cruces de Mayo. Y sugerimos a todo compañero/a, que lo haya solicitado que, en beneficio del interés general del colectivo, renuncie a lo solicitado”, indica en una nota interna CSIF.

Por su parte, desde Siplb y UGT señalan también los retrasos en los pagos y animan a que “nadie se apunta al evento de Cruces” para realizar horas extras con las que cubrir el dispositivo de seguridad de este evento del Mayo Festivo de Córdoba.

“Hemos pedido un calendario de pagos real”, reclaman ambas fuerzas sindicales, que piden “menos palmaditas en la espalda y más transferencias bancarias”, en alusión a los retrasos en recibir el abono por las horas extras realizadas en eventos del año 2025 y otros, como la Feria, la Media Maratón, la Noche Blanca, Navidad, entre otros.

Esta decisión sindical llega ante “la falta de respuesta objetiva por parte de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba en la que se comprometa a ponerse al día en la próxima nómina del presente mes de abril de todos los conceptos adeudados”, explica CSIF. Y, por otra parte, por “la falta de compromiso de cumplir con el calendario de pagos fijado por convenio”, que les “obliga a mantener la situación de conflicto colectivo en negociación abierta”.

Los operadores de grúas torre de la provincia se han concentrado hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo para reclamar a la autoridad laboral la máxima celeridad en la investigación de las denuncias que han venido presentando los sindicatos UGT-FICA y el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba por vulneración del derecho de huelga.

En concreto, CCOO y FICA han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por el uso de camiones-pluma y de grúas móviles ante la paralización de las grúas-torre por la huelga, que supera ya los 47 días de duración.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, remarcó que, “desde el primer día de huelga, algunas empresas han tratado de evitar las consecuencias de la huelga haciendo un uso ilegal de medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, lo que no solo supone una flagrante vulneración del derecho a huelga, sino que está poniendo en riesgo a las personas que trabajan en las obras. De hecho, tenemos que recordar que hace unas semanas un trabajador resultó herido cuando realizaba maniobras para la descarga de una cuba de escombros con un camión-pluma. Son acciones de esquirolaje que venimos denunciando, pero hasta el momento, la Inspección de Trabajo no ha realizado ninguna acción para garantizar el respeto al derecho de huelga y por eso hoy nos concentramos a sus puertas, para recordarle que la huelga es un derecho fundamental y que su responsabilidad es ser garante del mismo”.

El delegado de FICA y representante de los gruistas, Antonio Herencia, ha manifestado que “hoy nos hemos concentrado para denunciar la vulneración de un derecho fundamental como es el de la huelga, algo que estamos sufriendo los operadores de grúas torre en estos momentos, ya que estamos observando cómo se desmontan grúas y se utiliza maquinaria externa como camiones de mudanza, camiones pluma o grúas autopropulsadas, algo que tenemos completamente documentado”. Herencia ha indicado que la Inspección de Trabajo estaría obligada a intervenir, más aún ahora ya que, señaló, “la situación es insostenible”. Respecto a las declaraciones de la patronal Construcor, en relación con la legislación laboral, el representante ugetista subrayó que “lo que verdaderamente es una burla como se vulnera el derecho de huelga todos los días ante nuestros propios ojos”.

Las Mareas Blancas de Córdoba y los sindicatos de Sanidad de CCOO y UGT, acompañados por el PSOE y Adelante Andalucía, han hecho hoy un llamamiento a la población a sumarse el próximo domingo 12 de abril a la manifestación en defensa de la sanidad pública que partirá a las 11.00 de la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba.

Las organizaciones convocantes llaman a responder a “la política de desmantelamiento de la sanidad pública que viene practicando el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, una política que se traduce en un aumento de las listas de espera, el agravamiento de patologías, el colapso de las urgencias, un ataque frontal a los y las profesionales y un deterioro sin precedentes de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada”, según señalan en un comunicado.

Por todo ello, los sindicatos y las Mareas Blancas han presentado hoy lunes un escrito en la Delegación de Salud en el que reclaman la convocatoria de los Consejos de Salud, que, como explicó el portavoz de las Mareas Blancas de Córdoba, Antonio Baena, “es la única vía que tenemos los ciudadanos de participar de las decisiones que se toman por la administración con respecto a la sanidad en los pueblos y en las ciudades. Es un problema que desde el año 1998 no se hayan puesto en marcha y queremos y exigimos que se pongan en marcha porque hablar con esta administración es un diálogo de sordos. Con nosotros no habla, no hablan con nadie que tenga un discurso diferente”.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, remarcó que “la sanidad pública no puede ser un negocio a costa de la salud y de las vidas de las personas. El gobierno de la Junta de Andalucía, y su presidente Juanma Moreno Bonilla al frente, no puede enriquecer a las empresas de la sanidad privada a costa de la salud y sufrimiento de las personas. Así lo muestran todos los indicadores: Las listas de espera prácticamente se han duplicado desde junio de 2025, pasando de 41.745 personas a 82.730. El aumento de las listas de espera contrasta con la pérdida de profesionales. Actualmente hay 1.136 profesionales menos en el SAS que en 2021. Esto por no hablar de que Andalucía es la 5ª comunidad autónoma por la cola en inversión sanitaria, con 1.870 euros por habitante, lejos de los 2.506 que destina Asturias por cada ciudadano y ciudadana. A las consabidas esperas de hasta 20 día para obtener cita en la atención primaria se suma la infrautilización, cuando no el cierre, de infraestructuras sanitarias. Y mientras, el Gobierno andaluz destina a la sanidad privada cerca de mil millones de euros, copando ya el 27,5 % de las camas sanitarias en la provincia”.

La secretaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de UGT Córdoba, Carmen Heredia, también se refirió al tercer punto de Urgencias, que se abrirá el próximo jueves. “Es muy importante el tercer punto de Urgencias, pero no es una urgencia necesaria porque se abrir con déficit, se va a abrir con dos médicos contratados, los otros dos van a salir de la atención primaria, es decir, que si tiramos de la atención primaria nos vamos a encontrar con que no tenemos personal para cubrir esa atención primaria y la demora de los 14 días surge de ahí. No queremos que se abra el tercer punto de urgencias a costa de los profesionales”, indicó la responsable sindical que reclamó “a la Delegación que cubra todos los cupos de médicos necesarios de la atención primaria, para que funcione correctamente, y después abramos este tercer punto de urgencias que es necesario, pero ahora mismo no es imprescindible”.

La plantilla de El Caballo Rojo ha secundado en su totalidad la segunda jornada de huelga convocada por los impagos de sus salarios correspondientes a los meses de enero y febrero. Por el momento, la empresa no ha hecho ningún movimiento para dar solución a la actual situación de impagos, por lo que la plantilla mantiene su convocatoria de huelga para el próximo sábado, día 28 y toda la Semana Santa.

Los 21 trabajadores y trabajadoras del afamado restaurante cordobés llevan sufriendo retrasos en el pago de sus salarios desde hace dos años, desde que la nueva Dirección se hizo cargo de la empresa, lo que genera una enorme tensión entre el personal -la mayoría del cual lleva décadas trabajando en el restaurante-, que se encuentra en una situación insostenible.

La responsable del Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, María José Merino, explicó durante la concentración de los trabajadores y trabajadoras que “muchos de ellos entraron siendo jóvenes y durante décadas han colaborado a hacer de El Caballo Rojo el restaurante de fama mundial que es hoy, y por eso es más triste que la Dirección actual haya llevado el restaurante a la situación actual, ninguneando a la plantilla”.

Merino considera que el escenario que se vive en El Caballo Rojo es un ejemplo de las prácticas abusivas que se viven en el sector hostelero. “Tenemos que cambiar de modelo. El sector turístico y hostelero en Córdoba no puede crecer a base de precarizar el empleo y mantener a los trabajadores y trabajadoras pendientes de un hilo. El sector es uno de los motores económicos de la ciudad, pero, sin embargo, no es motor económico para las personas que trabajan en él y así no hay futuro”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el personal del restaurante anunció una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió suspender la huelga por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla. 

Aunque en diciembre la empresa les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no cumplió su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, generando un enorme malestar entre la plantilla, que viene sufriendo esta situación desde que la actual gerente tomó las riendas del emblemático establecimiento a finales de 2023.

Para el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, estos atrasos están totalmente injustificados y no se deben a una mala situación económica del restaurante, que sigue contando con una clientela fiel y con el interés de muchas personas que visitan la ciudad y quieren comer en el conocidísimo El Caballo Rojo. Para el sindicato, es la mala gestión de la actual gerente la que está provocando una situación que está generando un gran malestar entre el personal.

“Es una pena que un restaurante como este, que ha sido buque insignia de la hostelería cordobesa durante décadas, se esté dejando arrastrar por malas prácticas empresariales, unas malas prácticas que, por desgracia, están demasiado extendidas en la actualidad entre los hosteleros cordobeses, que basan su éxito empresarial no en un servicio cuidado y en un empleo digno y de calidad, sino en rebajar costes laborales a costa de los derechos de las personas trabajadoras”, insistió Merino.

CCOO lamenta que la administradora no haya acabado con los continuos atrasos en el abono de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores para no tener que adoptar medidas como la huelga, que puede enturbiar el buen nombre de un establecimiento cuyo futuro es cada vez más incierto.

La plantilla solo quiere recuperar la normalidad y que El Caballo Rojo siga siendo el restaurante de prestigio que todo el mundo conoce. Por ello, espera que la Dirección de la empresa se ponga al día de los pagos de forma inmediata y se corrijan las cuestiones que han llevado a la situación actual y que, con ello, se evite la huelga en Semana Santa.

La segunda semana de paros en la sanidad pública andaluza ha comenzado en Córdoba con un seguimiento de un 13,87% durante esta primera jornada de lunes. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa como la que menor respaldo ha dado a la convocatoria en toda Andalucía, solo seguida de cerca por Jaén (14,63%), y que mantiene una tendencia a la baja. El seguimiento en este territorio durante el inicio fue un 17,49%, lo que supone un descenso cercano al 4% en este nuevo periodo de movilizaciones.

A nivel regional, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado el seguimiento global en un 22,01%. Al igual que ha ocurrido en Córdoba, la media andaluza también ha experimentado una caída, pasando del 24,74% registrado en el arranque de febrero al actual 22,01%, lo que supone un descenso general de 2,69 puntos.

Mientras Córdoba registra el dato más bajo, otras provincias han mostrado un mayor seguimiento: Sevilla (25,92%) y Málaga (25,21%) lideran la participación, seguidas de Huelva (24,01%), Almería (23,11%), Cádiz (21,76%) y Granada (20,36%).

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha lamentado que estas movilizaciones, motivadas por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, hayan provocado ya en Andalucía la pérdida de más de medio millón de actos médicos y 77 millones de euros en el cómputo global de las dos huelgas celebradas hasta la fecha. Solo en la primera semana de paros de febrero, se suspendieron en la comunidad casi 300.000 actos asistenciales, incluyendo más de 5.000 intervenciones quirúrgicas y 20.000 pruebas diagnósticas.

Pese al menor seguimiento en Córdoba, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantiene su llamamiento a los profesionales para “secundar de forma masiva” las protestas. Las reivindicaciones se centran en la creación de un estatuto médico propio, una clasificación profesional adecuada a su responsabilidad y una regulación de la jornada que acabe con la “infrarretribución” de las guardias.

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha mantenido una reunión de trabajo en el seno del Hospital Universitario Reina Sofía para evaluar la situación actual de déficit de plantillas que afecta al complejo hospitalario, integrado por el propio Reina Sofía, el Hospital Provincial, el Hospital de Palma del Río, el Hospital Los Morales y el CPE Castilla del Pino.

El encuentro, en el que han participado el secretario provincial de Satse en Córdoba, Rafael Osuna, y los delegados y delegadas sindicales de los distintos centros, ha servido para analizar el trabajo desarrollado durante el último año y actualizar la estrategia sindical con el objetivo de lograr un incremento real y estructural de las plantillas de cara a 2026.

Cabe recordar que, a instancias del Comité Ejecutivo Provincial, Satse constituyó a comienzos de 2025 un grupo de trabajo específico para denunciar públicamente el déficit de profesionales y exigir una ampliación de las plantillas acorde a las necesidades asistenciales del complejo hospitalario. Tras casi un año de campaña y acciones reivindicativas, el sindicato considera necesario intensificar la presión ante gestores y responsables políticos puesto que el problema de déficit de plantilla sigue sin resolverse.

Durante la reunión, el grupo de trabajo ha reconocido los recientes incrementos de efectivos aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de febrero, que suponen la incorporación de 130 profesionales de enfermería y dos fisioterapeutas. No obstante, Satse ha subrayado que la mayoría de estas incorporaciones han sido destinadas a la apertura o reapertura y/o ampliación de unidades como UCRI, Terapias Avanzadas, Oncología o UCI.

Si bien el sindicato ha valorado cualquier incremento de profesionales que permita estabilizar las plantillas, poner en marcha nuevos servicios o reforzar dispositivos asistenciales —como ocurre en el Hospital de Palma del Río, también perteneciente al complejo Reina Sofía—, ha advertido de que estos refuerzos no han permitido hasta ahora aliviar la sobrecarga crónica de numerosas unidades que ya soportaban ratios de enfermeras por paciente especialmente bajas.

Según Satse, las deficientes condiciones laborales por falta de personal y su impacto directo en la atención al paciente constituyen la principal preocupación y queja de los profesionales. De hecho, el 80 % de las quejas que recibe el sindicato están relacionadas con la sobrecarga asistencial, la insuficiencia de personal y las dificultades para garantizar cuidados seguros en determinados turnos.

El sindicato ha hecho especial hincapié en la necesidad de reforzar las plantillas especialmente en todas las unidades de trasplantes y, además en los turnos de tarde de lunes a viernes, así como durante fines de semana y festivos en las 24 horas en el resto de unidades de hospitalización. “Los pacientes son los mismos, requieren idénticos cuidados, la misma administración de medicación y las mismas curas un martes que un domingo”, señalan desde Satse. Sin embargo, han denunciado que en estos días y tramos horarios las plantillas pueden verse reducidas entre un 25 % y un 30 %, lo que incrementa la presión asistencial y el riesgo de merma en la calidad del servicio.

Desde Satse se ha apuntado que el complejo hospitalario cordobés mantiene una plantilla deficitaria tanto en enfermería generalista como en enfermería especialista, situándose en ratios inferiores a las de otros hospitales regionales e incluso comarcales. Una situación que el sindicato considera “inadmisible” en un hospital universitario de referencia y que exige, a su juicio, una respuesta estructural y no meramente coyuntural.

Por ello, la organización sindical ha acordado mantener e intensificar la acción reivindicativa. SATSE continuará con la recogida de firmas que viene desarrollando todos los martes a las puertas del Hospital Reina Sofía y del Hospital Provincial, a la que se sumarán nuevas medidas de presión y acciones de visibilización social.

“El objetivo es claro: aspiramos a un incremento real de al menos 250 profesionales de enfermería para situarnos en ratios seguras que garanticen tanto la seguridad del paciente como unas condiciones laborales dignas para enfermeras y fisioterapeutas”, concluye el sindicato, que ha insistido en que invertir en plantilla no es un gasto, sino una garantía de calidad asistencial y seguridad para la ciudadanía.

El Sindicato de Enfermería y Fisioterapia (Satse) ha comunicado que ha mantenido un diálogo con el Partido Popular para analizar la situación sanitaria de la provincia de Córdoba. Durante la reunión, desde Satse se ha trasladado la necesidad de incrementar las plantillas de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en la provincia, con el fin de mejorar tanto la calidad asistencial que reciben los ciudadanos como las condiciones laborales de los profesionales.

El sindicato ha puesto especial atención en el ámbito hospitalario, donde los datos comparativos indican que Córdoba cuenta con una ratio de enfermeras por habitante inferior a la media nacional. En este sentido, Rafael Osuna ha señalado la conveniencia de abordar en la próxima legislatura un Pacto por la Atención Hospitalaria, ámbito en el que actualmente se concentran algunas de las condiciones laborales más exigentes. Según las estimaciones trasladadas por Satse, sería necesario incrementar en alrededor de 250 profesionales las plantillas de enfermería en el conjunto de la provincia.

En relación con la Atención Primaria, desde el sindicato se ha reconocido el esfuerzo realizado tras el pacto firmado en 2023 entre la Consejería de Salud y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial para la mejora de este nivel asistencial, que ha supuesto un incremento relevante de plantillas. No obstante, los profesionales siguen señalando dos aspectos que requieren atención: por un lado, la insuficiente cobertura de incidencias y sustituciones, lo que en la práctica reduce las plantillas disponibles; y, por otro, la necesidad de adecuar las infraestructuras y dimensiones de algunos centros de salud, ya que en determinados casos las enfermeras no disponen de consulta propia para desarrollar su labor.

La implantación de las especialidades de enfermería ha sido otro de los asuntos abordados en el encuentro. Satse ha destacado que existe un número creciente de profesionales especialistas en Pediatría, Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Trabajo y Geriatría, profesionales altamente cualificados cuya incorporación es necesaria en los centros sanitarios de la comunidad. Sin embargo, la limitada oferta de puestos específicos en Andalucía está favoreciendo que muchos de ellos opten por desarrollar su carrera profesional en otras comunidades autónomas. En este sentido, Osuna ha insistido en la necesidad de crear y dotar plazas de Enfermería Pediátrica en los centros sanitarios a lo largo de 2026.

Finalmente, desde Satse se ha planteado la conveniencia de avanzar en una política de recursos humanos que contribuya a evitar la fuga de profesionales, mejorando aspectos como la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales, las retribuciones y las cargas de trabajo. En este sentido, el sindicato considera fundamental ofertar contratos de mayor duración que aporten estabilidad a los profesionales, refuercen la organización de los servicios y favorezcan la continuidad del mismo profesional para los pacientes.

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha agradecido la voluntad de diálogo permanente expresada por Satse y ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de mantener una interlocución fluida con todos los actores implicados en la sanidad, promoviendo espacios de trabajo donde primen el respeto, la escucha y la búsqueda de acuerdos.

Molina ha subrayado que el objetivo del Partido Popular es trabajar cada día por conseguir una sanidad pública de calidad, que ofrezca la mejor atención posible a los ciudadanos y garantice también mejores condiciones para los profesionales sanitarios, como ya hace en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el presidente del PP ha asegurado que todas las propuestas trasladadas por los representantes sindicales serán analizadas con rigor, con el objetivo de valorar su viabilidad dentro del marco presupuestario y organizativo, siempre desde la responsabilidad y el compromiso con la mejora continua del sistema sanitario público andaluz.

Las secciones del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-A) y del Sindicato Independiente de Policía (SIP-AN) en la Policía Local de Córdoba han reclamado en un comunicado la renovación de los uniformes de los agentes y ha advertido de que más de un centenar de chalecos antibalas que portan como protección los agentes caducan en el próximo mes de junio.

Ambos sindicatos señalan al delegado de Seguridad, Jesús Coca, “que tiene desprovista de uniformidad policial a toda la plantilla desde hace aproximadamente dos años” han solicitado una reunión con el responsable de la Policía Local, así como con el área de Recursos Humanos. Además, “se les ha comunicado por registro de entrada que el próximo mes de junio caducan más de un centenar de los chalecos balísticos de protección que portan los agentes, lo que los sitúa en una posición de inseguridad ante cualquier tipo de percance que ocurra en la calle”, advierten.

“Desde SPPME-A ya se ha informado tanto al señor Coca como a la señora Bustos de esta situación por escrito y, a partir de este momento, tendrán ellos que asumir la responsabilidad de tener a los agentes de Policía Local prestando servicio en la vía pública sin tener las herramientas y los medios de dotación de seguridad sin cumplir con los requisitos legales. Dos años sin cambiar de vestuario, diez años utilizando el mismo chaleco de protección, múltiples deudas con los agentes que aún siguen pendientes de cobro, desorganización policial, incapacidad para reforzar servicios en zonas determinadas, creación de grupos que sólo operan en barrios determinados, falta de planificación estructural…”, desgranan sobre sus reivindicaciones.

Reiteran que los sindicatos “han pedido varias reuniones” a Coca “para tratar el problema de falta de vestuario que hay en la plantilla y a todas ellas nos ha dado la callada por respuesta”, además de no encontrar tampoco respuesta en concertar una reunión con el coordinador del área de Seguridad. “Todo ello demuestra que el equipo de gobierno del Partido Popular sólo está dispuesto a mantener reuniones con aquellos colectivos que se muestren sumisos ante ellos y no les causen molestias”.

Por ello, vuelven a reclamar una reunión con los responsables del área para abordar el tema del vestuario y otros asuntos sobre el trabajo de los agentes.

La plantilla del mítico restaurante El Caballo Rojo de Córdoba baraja ir a la huelga por el incumplimiento de la empresa de su compromiso de abonar las cantidades que adeuda a los 21 trabajadores y trabajadoras desde hace meses. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el personal del restaurante anunció una huelga por el impago de nóminas que venía sufriendo desde octubre. Finalmente, la plantilla decidió suspender la huelga por el compromiso de la empresa de abonar las cantidades que adeudaba a la plantilla.

El sindicato de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha explicado que, aunque en diciembre les abonó la paga extra de Navidad, la empresa no ha cumplido su compromiso de pagar los salarios que adeudaba y se sigue retrasando en el pago de las nóminas, que abona a plazos, a unas personas sí y a otras no, generando un enorme malestar entre la plantilla, que viene sufriendo esta situación desde que la actual gerente tomó las riendas del emblemático restaurante a finales de 2023.

A fecha de este 5 de marzo, a los trabajadores y trabajadoras del restaurante se les debe las nóminas de enero y febrero, y a dos empleados también se les adeudan distintas cantidades de diciembre de 2025. Para el sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, estos atrasos están totalmente injustificados y no se deben a una mala situación económica del restaurante, que sigue contando con una clientela fiel y con el interés de muchas personas que visitan la ciudad y quieren comer en el conocido El Caballo Rojo. Para el sindicato, es la mala gestión de la actual gerente la que está provocando una situación que está generando un gran malestar entre el personal, la mayor parte de cuál lleva décadas trabajando en el restaurante.

“Es una pena que un restaurante como este, que ha sido buque insignia de la hostelería cordobesa durante décadas, se esté dejando arrastrar por malas prácticas empresariales, unas malas prácticas que, por desgracia, están demasiado extendidas en la actualidad entre los hosteleros cordobeses, que basan su éxito empresarial no en un servicio cuidado y en un empleo digno y de calidad, sino en rebajar costes laborales a costa de los derechos de las personas trabajadoras”, recalca el sindicato.

CCOO ha lamentado que la administradora no haya acabado con los continuos atrasos en el abono de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores para no tener que adoptar medidas más contundentes que pueden enturbiar el buen nombre de un establecimiento cuyo futuro es cada vez más incierto.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este martes su “tristeza” por la decisión de Hitachi Energy de reducir de 80 a 47 millones de euros la inversión prevista en su planta cordobesa, una revisión que llega en pleno conflicto sindical con la plantilla.

“No es algo positivo. Es tristeza porque una historia de éxito que estaba siendo Hitachi en Córdoba con inversiones de 80 millones, ahora se ve que la apuesta es de 47 millones y no llega al máximo anunciado. No es una buena noticia y eso es obvio”, ha señalado el regidor, a preguntas de los periodistas.

La compañía comunicó este lunes una revisión de su Plan Industrial para “adecuarlo a las actuales circunstancias de la planta en un contexto industrial exigente que requiere prudencia financiera, eficiencia productiva y estabilidad en la ejecución de los compromisos”. El plan inicial contemplaba una inversión de 80 millones de euros para duplicar el volumen de producción anual, un objetivo que ahora se rebaja hasta los 47 millones.

El anuncio se produce en medio del conflicto laboral abierto en la fábrica cordobesa. Desde CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, han rechazado que la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo sea la causa de la remodelación del plan industrial. El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha criticado la “hipocresía” de la firma japonesa y ha asegurado que la huelga indefinida iniciada en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que, según el sindicato, se han perdido por sanciones y cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección.

Inversiones sí, pero no a cualquier coste

Ante este escenario, Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento quiere que la multinacional mantenga su apuesta por la ciudad, pero no a cualquier precio. “Queremos que Hitachi invierta en Córdoba y queremos que el conflicto laboral se reconduzca porque no nos merece la pena que haya inversiones, pero a costa de que las familias cordobesas lo pasen mal”, ha afirmado, recordando que esta idea la viene repitiendo desde que estalló el conflicto laboral.

El alcalde ha reconocido que “hay trabajadores que en estos momentos lo están pasando mal”, puesto que llevan meses sancionados, y ha asegurado que el Consistorio está tratando de mediar para acercar posturas. “Buscamos un nuevo encuentro al máximo nivel con la empresa y todas las administraciones y los trabajadores. Hay libertad de empresa y sindical, por lo que nosotros solo podemos aportar labor de mediación”, ha añadido.

En paralelo, el delegado provincial de la Junta, Adolfo Molina, ha anunciado que la administración autonómica reducirá sus ayudas en función del nuevo volumen de inversión. En la misma línea, Bellido ha confirmado que el Ayuntamiento también ajustará las bonificaciones fiscales previstas.

“Es automático. Hay unas condiciones de creación de empleo que dan acceso a la bonificación y si no lo cumple no hay; y si son parciales habrá reducción gradual”, ha explicado el regidor, dejando claro que los incentivos municipales están vinculados al grado de ejecución del proyecto y al cumplimiento de los compromisos de empleo.