La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Andalucía ha criticado la situación que soporta la plantilla de Glovo durante los episodios de altas temperaturas y las alertas por calor extremo que afectan a Andalucía, donde en los últimos días se han registrado temperaturas de hasta 45 grados y los termómetros urbanos han llegado a superar los 50 grados al sol.

El sindicato ha considerado insuficientes las medidas adoptadas por la empresa a través de su denominado 'Protocolo de Verano', que se limita, en algunos casos, al reparto de crema solar, electrolitos o gafas de protección y a la difusión de recomendaciones preventivas, según ha señalado el sindicato en un comunicado.

Para UGT, estas actuaciones no eliminan el grave riesgo al que se enfrentan diariamente las personas repartidoras, obligadas a desarrollar su actividad durante las horas de máxima exposición al calor y en las franjas de mayor demanda.

El vicesecretario general y responsable de Política Sindical de FeSMC UGT Andalucía, Juan Antonio González Marín, ha asegurado que “es imprescindible implantar medidas que garanticen de forma efectiva la seguridad y la salud de toda la plantilla, cumpliendo con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales”.

En este sentido, ha subrayado que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo y el Real Decreto-ley 4/2023 obligan a las empresas a adaptar las condiciones de trabajo cuando existan fenómenos meteorológicos adversos que puedan poner en riesgo la salud de las personas trabajadoras.

UGT ha reclamado que las medidas preventivas vayan mucho más allá de simples recomendaciones y se traduzcan en actuaciones organizativas eficaces. Entre ellas, exige la habilitación de espacios protegidos donde las personas repartidoras puedan esperar los pedidos y recuperarse entre servicios, evitando que tengan que permanecer durante largos periodos en la vía pública buscando la sombra de un árbol para soportar las altas temperaturas.

Asimismo, el sindicato considera necesario reorganizar la actividad durante las horas de mayor riesgo, implantando turnos rotativos, adaptando los horarios, incrementando las pausas de recuperación en refugios climáticos y priorizando el uso de vehículos a motor en las franjas de calor extremo, reservando las bicicletas y otros vehículos de tracción mecánica para los momentos de menor incidencia térmica.

Igualmente, ha reclamado garantizar en todo momento el acceso a agua potable e hidratación suficiente y suspender o limitar la actividad cuando exista un riesgo grave e inminente para la salud de la plantilla.

FeSMC UGT Andalucía también ha alertado la actuación de algunos establecimientos colaboradores de Glovo que incumplen los tiempos de preparación de los pedidos, obligando a las personas repartidoras a esperar durante largos periodos a pleno sol, sin zonas de sombra ni espacios de descanso, aumentando innecesariamente el riesgo de deshidratación y de sufrir un golpe de calor.

“La protección de la salud no puede quedar supeditada a la productividad ni a los incentivos económicos. Es un derecho fundamental de las personas trabajadoras y una obligación legal de la empresa”, ha subrayado González Marín.

Ante esta situación, UGT ha iniciado actuaciones tanto ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como por la vía judicial para que se verifique el cumplimiento de las obligaciones preventivas de la empresa frente a los riesgos derivados de la climatología extrema.

El sindicato ha hecho un llamamiento a todas las personas repartidoras para que comuniquen cualquier incidencia relacionada con golpes de calor, deshidratación o situaciones de riesgo, así como las esperas prolongadas bajo el sol en establecimientos colaboradores, y recuerda que la legislación reconoce el derecho a interrumpir la actividad cuando exista un riesgo grave e inminente para su salud.

Además, UGT recuerda que mantiene abiertos distintos procedimientos judiciales contra Glovo por vulneraciones de la normativa laboral y destaca la reciente sentencia favorable de la Audiencia Nacional que permitirá impulsar un proceso electoral de ámbito andaluz para reforzar la representación sindical de la plantilla.

“Queremos que las personas trabajadoras de Glovo cuenten con una representación fuerte que les permita defender sus derechos frente a las irregularidades que sigue cometiendo la empresa”, ha concluido Juan Antonio González Marín.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno para exigir una actuación inmediata ante la grave situación de inseguridad que se vive en el entorno del Punto de Urgencias del Centro de Salud Levante donde, aseguran, los continuos episodios de violencia están poniendo en riesgo la integridad de los vigilantes de seguridad y, con ello, la del personal sanitario y la de los propios usuarios del servicio, motivo por el que UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba hace, igualmente, un llamamiento para que se tomen las medidas necesarias para evitar situaciones que comprometan la integridad de profesionales y usuarios, así como la calidad asistencial del centro.

Ambas federaciones ugetistas alertan de que “la situación ha alcanzado un nivel de extrema gravedad como consecuencia de la presencia continuada de grupos de gorrillas que protagonizan amenazas, agresiones y enfrentamientos violentos en las inmediaciones del centro sanitario, generando un clima de miedo e inseguridad incompatible con el normal funcionamiento de un servicio público esencial como es la atención sanitaria urgente”.

Según recoge la denuncia presentada por UGT FeSMC, los vigilantes de seguridad vienen soportando de forma habitual amenazas e intimidaciones que incluyen, especialmente, a personas mayores y otros usuarios vulnerables. Además, señalan, “se han producido intentos de agresión con palos y barras de hierro contra el personal de seguridad, que incluso ha tenido que requisar estos objetos para evitar consecuencias aún más graves”. A ello se suman, según indican, “peleas entre los propios gorrillas con insultos, amenazas de muerte y episodios de gran violencia que provocan situaciones de auténtico pánico entre quienes acuden al centro de salud”.

La gravedad de los hechos, destacan desde UGT FeSMC, “quedó patente recientemente con la quema de un colchón cuyo incendio alcanzó a un vehículo del personal sanitario, evidenciando que la violencia ya está afectando tanto a las personas como a los bienes materiales del servicio sanitario”.

El secretario general provincial de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha subrayado que “lo que está ocurriendo en el Centro de Salud Levante es absolutamente intolerable, y no podemos permitir que quienes garantizan la seguridad del centro sanitario tengan que desempeñar su trabajo bajo amenazas constantes, ni que los profesionales sanitarios y los pacientes acudan cada día con miedo a sufrir una agresión”.

Martínez ha destacado que “los vigilantes de seguridad están actuando con una enorme profesionalidad, conteniendo situaciones de extrema tensión que, en numerosas ocasiones, sobrepasan claramente los medios humanos y materiales de los que disponen, por lo que no es aceptable que sean ellos quienes tengan que enfrentarse prácticamente solos a personas armadas con palos o barras de hierro para proteger a trabajadores y usuarios”.

El responsable sindical ha advertido, además, que “estamos ante un problema de seguridad pública que requiere una respuesta inmediata, ya que no podemos esperar a que se produzca una agresión con consecuencias irreparables para tomar medidas y las administraciones tienen la obligación de garantizar la seguridad de quienes trabajan y reciben asistencia en este centro sanitario”.

En su denuncia ante la Subdelegación del Gobierno, UGT FeSMC Córdoba reclama “un refuerzo urgente, permanente y coordinado de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el entorno del Punto de Urgencias del Centro de Salud Levante, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y devolver la tranquilidad tanto a los profesionales como a la ciudadanía”.

A la denuncia pública se ha unido UGT SP Córdoba, señalando que “la situación es extremadamente grave y urgente, ya que no solo afecta al servicio de Urgencias, sino que se produce también en el ámbito del propio centro de salud y sus profesionales viven amenazados con situaciones de extrema tensión mientras el servicio se siente afectado por el miedo que ha surgido entre los usuarios del centro a tener que presenciar o sufrir situaciones de falta de seguridad o amenazas”.

Desde UGT SP, además, amplían su denuncia a otros centros de salud, como el de Colón, en el que aseguran que “llegan personas de las mismas características exigiendo ser atendidos, a pesar de no tener adjudicada su atención sanitaria en este centro, lo que estaría provocando, asimismo, situaciones desagradables que afectan a la calidad asistencial, a la labor de los profesionales y a las garantías laborales y seguridad tanto de profesionales como de usuarios del servicio”.

Ambas federaciones ugetistas han sumado sus voces ante una situación que, aseguran, van a seguir denunciando ya que consideran que “es inadmisible cualquier situación que ponga en peligro la integridad física de los vigilantes de seguridad, los profesionales de la salud pública o los usuarios de este servicio público esencial”:

Finalmente, los secretarios generales provinciales de UGT FeSMC, Juan Martínez, y de UGT SP, Aurelio Carrillo, han asegurado que “desde UGT confiamos en que la Subdelegación del Gobierno atienda esta denuncia con la urgencia que requiere una situación que amenaza el normal desarrollo de la actividad asistencial y reiteran su disposición a colaborar con las administraciones aportando toda la información y documentación necesaria para facilitar una solución inmediata a este grave problema”.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) en Córdoba ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por las elevadas temperaturas que se están registrando en el edificio de la estación de ferrocarril de Córdoba, donde se han alcanzado temperaturas superiores a los 32 ºC, unas condiciones que, según indica el sindicato, “son incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales y con el derecho de las personas trabajadoras y de la ciudadanía a utilizar unas instalaciones públicas seguras y saludables”.

La presidenta del Comité de centro de trabajo de Adif en Córdoba y secretaria del Sector Ferroviario de UGT FeSMC Córdoba, María Desirée Muñoz, ha detallado que “esta situación afecta no solo a las plantillas de las distintas empresas que desarrollan su actividad en la estación, sino también a los miles de viajeros y viajeras que cada día utilizan estas instalaciones y que soportan unas condiciones ambientales claramente inadecuadas, especialmente durante los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas”.

Por su parte, el secretario general de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha manifestado que “es inadmisible que, en pleno verano y con episodios de calor extremo cada vez más frecuentes, una infraestructura pública tan importante como la estación de Córdoba no garantice unas condiciones térmicas adecuadas para quienes trabajan en ella y para los miles de personas que la utilizan diariamente”.

Martínez ha señalado que “la legislación es clara, y todas las empresas deben proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores, pero también Adif, como titular de las instalaciones, tiene la responsabilidad de mantener el edificio en unas condiciones que no supongan un riesgo para nadie, por lo que no se puede normalizar que se superen los 32 grados en espacios destinados al trabajo y a la atención al público”.

El secretario ugetista ha subrayado que “la permanencia de estas temperaturas supone un riesgo real para la salud, pudiendo provocar golpes de calor, deshidratación y otros problemas derivados de la exposición continuada a temperaturas excesivas, además de afectar al bienestar de las personas usuarias de la estación, por lo que desde UGT FeSMC Córdoba hemos solicitado la intervención de la Inspección de Trabajo para que compruebe el cumplimiento de la normativa vigente y requiera la adopción inmediata de las medidas correctoras necesarias”.

María Desirée Muñoz, ha denunciado que “llevamos tiempo trasladando esta problemática y reclamando soluciones definitivas, ya que las altas temperaturas se repiten verano tras verano sin que se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones dignas de trabajo”.

La presidenta del Comité del centro de trabajo de Adif en Córdoba ha destacado que “no hablamos únicamente de la plantilla de Adif, sino también del personal de empresas auxiliares, seguridad, limpieza, información, atención al cliente y del conjunto de trabajadores que prestan servicio en la estación, puesto que todos ellos desarrollan su labor en un entorno que no reúne las condiciones térmicas adecuadas y que, además, repercute directamente en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Muñoz ha insistido en que “las estaciones son espacios públicos que deben ofrecer confort y seguridad tanto a los trabajadores como a los viajeros, por lo que se hace imprescindible que Adif actúe de manera inmediata para solucionar esta situación antes de que pueda producirse un incidente de mayor gravedad”.

Desde UGT FeSMC Córdoba han señalado que “continuaremos vigilando el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y defenderemos cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que las personas trabajadoras desarrollen su actividad en un entorno seguro y saludable, así como para que la ciudadanía disponga de unas instalaciones ferroviarias acordes con los estándares de calidad y seguridad que deben exigirse a un servicio público esencial”.

La empresa Prefabricados Delta, integrada en el grupo FCC, ha comunicado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 214 empleados de dos de sus fábricas, el 81% de la plantilla de ambas plantas, según ha indicado este viernes la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), que rechaza este procedimiento.

El ERE afecta inicialmente a 134 personas trabajadoras de la planta de Puente Genil (Córdoba) de las 165 que conforman la plantilla y a 80 trabajadores de la planta de Humanes (Madrid) sobre un total de 99. De esta forma, se procedería al despido de 214 empleados, lo que supone el 81% de la plantilla de ambas fábricas. La factoría de Puente Genil cuenta con una superficie total de 90.000 m2 y una superficie cubierta de 10.500 m2.

UGT FICA ha calificado de “excesivas” las medidas presentadas por la empresa, que alega causas organizativas y productivas para justificar los despidos, y ha pedido una “importante” reducción de los trabajadores afectados.

Por ello, los departamentos técnico y jurídico del sindicato estudian la documentación preceptiva aportada por la compañía antes de la apertura del periodo de consultas, previsto para el lunes 6 de julio, señala en un comunicado.

En este, reclama a Prefabricados Delta que “entre en razón” y que negocie una “importante” minoración en el número de trabajadores que pudieran resultar afectados al término del periodo de consultas y que adopte medidas “no traumáticas y de carácter voluntario”.

Finalmente, lamenta que la solución adoptada consista en estos despidos y advierte de que los mismos tendrían “un enorme impacto en las familias afectadas y en unas comarcas que ya sufren un alto índice de desempleo”.

Prefabricados Delta, que pertenece al grupo FCC, cuenta con cuatro factorías, dos de ellas situadas en Humanes (Madrid) y las otras dos en Puente Genil (Córdoba). La compañía elabora una amplia gama de elementos prefabricados, como tuberías de hormigón armado con camisa de chapa, tuberías de hormigón postesado con camisa de chapa, tuberías de PRFV, dovelas para túneles o traviesas de hormigón.

La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha criticado “la calamitosa gestión de la Consejería de Sanidad para resolver, un año más, el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia”.

En este sentido y a través de una nota Heredia ha defendido la necesidad de “sacar una convocatoria extraordinaria y urgente de ámbito provincial para cubrir plazas de enfermería ante la falta de profesionales en los centros sanitarios de Córdoba”, y ha recordado que desde el sindicato llevan “años denunciando que la plantilla del Hospital Universitario Reina Sofía es deficitaria durante todo el año, situación que se vuelve crítica cuando llega el periodo de verano”.

La secretaria de Sanidad de UGT SP Córdoba ha señalado como responsable de esta situación a la Consejería de Sanidad, “ante la falta de previsión de la Administración autonómica, que agrava el problema debido a la inexistencia de candidatos disponibles en la bolsa única de empleo”.

Además, “pese al anuncio de la convocatoria, el número de propuestas y la duración de las mismas, son insuficientes y provocan que nuestros profesionales se vayan a otras comunidades autónomas, algo que también hemos ido denunciando año tras año, sobre todo en enfermeros y TCAE”, que se marchan a “comunidades donde les ofrecen contratos más largos, con periodos de tres a seis meses, mientras que aquí, como máximo, se les ofrecen tres”.

Heredia ha explicado que “las categorías con más dificultad y que están agotadas en bolsa son las de enfermería, TCAE, técnicos en farmacia, auxiliares administrativos y pinches, mientras que las que se necesitan cubrir con más urgencia son enfermeras, logopedas y matronas, que ya ni en listado adicional quedan personas disponibles para contratar, situación que dificulta y puede poner en riesgo la cobertura de las vacaciones de verano de distintas categorías profesionales”.

Además, “la situación se complica si la Atención Primaria no se refuerza por falta de médicos de Familia, ya que los usuarios se verán obligados a acudir a urgencias”, lamentando Herencia que “esta situación se ha convertido, año tras año, en un problema endémico”, pues la Junta “no es capaz de prever las verdaderas necesidades y retener a todos los profesionales que terminan cada año esperando ser contratados en nuestra provincia y que se ven, finalmente, obligados a emigrar a otras comunidades”.

Junto a ello, ha criticado la “manipulación de los datos” por parte de la Junta, ya que “indican que han aumentado el número de contratos, pero no la duración de cada uno de ellos, por lo que podrían darse contratos de uno, dos o cinco días, que contabilizasen lo mismo que contratos de tres meses”.

Frente a esto “están las cifras reales, como el hecho de que en verano sólo abrirán por la tarde un 25% de los Centros de Salud de Atención Primaria en Andalucía, y ninguno en Córdoba, o que el mismo porcentaje de los quirófanos van a estar cerrados, o que un 15% de las camas hospitalarias no van a estar operativas, o que con 1.800 contratos el SAS pretende cubrir a 21.000 médicos en este periodo, con 14.000 contratos cubrir a 33.000 enfermeras, o con 10.000 contratos pretenden cubrir a 21.000 TCAE”.

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha formalizado la firma de los convenios específicos de colaboración con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) correspondientes al ejercicio 2026. Estos acuerdos dan continuidad a la línea de colaboración estrecha y continuada que el Ayuntamiento mantiene con los agentes económicos y sociales para impulsar la empleabilidad y fortalecer el tejido empresarial local.

Según ha informado el Consistorio, ambos convenios cuentan con una subvención de 30.000 euros cada uno, financiados al 100% por el instituto municipal. Los proyectos están diseñados para responder de manera directa a las demandas actuales del mercado de trabajo, abordando tanto la reducción de las brechas de género como la capacitación en sectores estratégicos en crecimiento.

En este sentido, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha valorado el alcance de estas alianzas, destacando que un año más vuelven a plasmar “el apoyo decidido a los agentes sociales a través de estos convenios de colaboración”.

Así, la edil ha recordado que “no es la primera vez que se firman estos acuerdos, porque tenemos la firme convicción de que la escucha activa y la corresponsabilidad con los sindicatos son herramientas indispensables para la reactivación económica de Córdoba, logrando de este modo que las políticas de empleo sean más eficaces y lleguen de forma directa a quienes más lo necesitan”.

Brecha de género y precariedad laboral

El proyecto presentado por CCOO Córdoba surge para “dar respuesta a la brecha de género y precariedad laboral que afecta a las mujeres en la provincia”. El programa prevé beneficiar de forma directa a una media de 340 personas y se centrará en la realización de talleres y actividades formativas presenciales y telemáticas.

Estas acciones se orientarán al empoderamiento personal y profesional, el fomento del emprendimiento femenino, la adquisición de competencias digitales y la orientación laboral, tomando como colectivo preferente a mujeres en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha hecho hincapié en que “la edición anterior del programa puso de manifiesto la necesidad de seguir impulsando medidas que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral pero también, el mantenimiento del empleo”.

Borrego ha advertido de que, “aunque hoy las mujeres tienen un mayor nivel de cualificación que los hombres, las brechas relacionadas con el empleo se mantienen, puesto que siguen siendo las cuidadoras, las que sacrifican su carrera por las cargas familiares y las que tienen más dificultades para ascender y ocupar puestos de responsabilidad, viéndose además perjudicadas por la brecha salarial y por los prejuicios que todavía hoy tiene el empresariado hacia el trabajo femenino”.

Por todo ello, la responsable sindical ha remarcado que “programas como este siguen siendo muy importantes” y ha agradecido al Imdeec su “compromiso con la mejora del empleo femenino”. Según ha explicado, “este convenio les va a permitir poner en marcha acciones que facilitarán herramientas útiles para ayudar a las personas participantes, particularmente a las mujeres, en el proceso de creación, gestión y/o consolidación de negocios, estimulando la creatividad y la innovación junto a un aspecto que el sindicato considera muy importante, como es la formación en lo que se denomina soft skills o habilidades blandas”.

Transición energética y sostenibilidad

Mientras, la iniciativa de UGT se enfoca de lleno en la transición energética y la sostenibilidad. El programa consiste en una acción formativa presencial de 140 horas de duración --repartidas en 35 jornadas-- centrada en la instalación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos. El curso, dirigido prioritariamente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres o personas con discapacidad, combina teoría, prácticas en simuladores reales y certificación para trabajos en altura.

A este respecto, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha calificado como positivo el alcance de esta formación técnica, explicando que con este convenio 'Futuro Solar 2026' “se da un paso más para que la formación vaya de la mano de las oportunidades reales de empleo, tratándose de un sector con muchísimo futuro en el que Córdoba no puede quedarse atrás”.

Asimismo, Laguna ha incidido en que “lo importante es que este proyecto no se queda en la teoría, pues lo que queremos es que la gente salga con una preparación práctica que le sirva de verdad para encontrar trabajo o mejorar el que ya tiene”.

Además, la responsable de UGT ha recalcado que desde el sindicato han querido poner el foco “en personas que lo tienen más difícil para incorporarse al mercado laboral, porque la transición energética también tiene que ser una oportunidad para generar empleo con igualdad”.

Igualmente, ha indicado que “cuando las administraciones y los agentes sociales trabajan juntos, salen proyectos útiles para la ciudad y para la gente trabajadora, siendo este convenio entre Imdeec y UGT un buen ejemplo de ello”.

Los dos proyectos se desarrollarán a lo largo de los próximos meses dentro del término de la ciudad. Para velar por el correcto desarrollo y el cumplimiento de los objetivos fijados, se constituirán comisiones de seguimiento bilaterales compuestas por representantes del Imdeec y de cada organización sindical.

Responsables de UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba, junto a sus delegados sindicales en la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario en la provincia, se han reunido con responsables de la contratación de dicho servicio de ambulancias, y les han exigido que controlen el cumplimiento del convenio que, al respecto, suscribió el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la empresa SSGA.

Así, según ha informado el sindicato en una nota, los responsables de UGT han expuesto a las directivas del SAS los problemas que, a su juicio, sigue manteniendo el transporte sanitario público provincial tras cuatro años de la concesión a la actual empresa, SSGA.

En concreto, la reunión se ha llevado a cabo con la directora en de Enfermería, Rocío Segura; la directora de la Central Provincial de Compras de Córdoba, María Luisa García; la responsable del contrato de Transporte Sanitario, Valle Reche, y la subdirectora del Control de Gestión, Irene Sánchez.

Desde UGT SP Córdoba, su secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Mari Carmen Heredia, ha recriminado a las directivas que se pudiera estar planteando la renovación de la licitación por un año, tal y como recoge el texto de la misma, ya que, según ha señalado, “esta empresa no ha cumplido en cuatro años gran parte del convenio del Transporte Sanitario”, por lo que el sindicato demanda “que se tomen medidas por los incumplimientos”.

La primera de ellas, a juicio del sindicato, “debería ser no prorrogar por un año más este contrato, máxime cuando el propio SAS es el responsable y garante de que las empresas subcontratadas cumplan con los puntos de las licitaciones, y no es el caso”. Del mismo modo, los responsables sindicales han pedido información del seguimiento a la empresa desde la plataforma de logística del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En la misma línea, desde UGT SP Córdoba han expuesto las “condiciones de estrés en las que trabajan los profesionales del transporte sanitario provincial, con guardias de 24 horas en ambulancias A1 de la Red de Urgencias, donde no tienen prácticamente descansos, ya que en este tipo de ambulancias trabajan solos sin el apoyo de ningún otro compañero, pudiendo generar esto situaciones de peligro, tanto para los trabajadores, como para los usuarios del servicio”.

Así lo ha indicado Heredia, quien ha lamentado el estado en el que se encuentran las ambulancias, “algunas sin aire acondicionado, mientras sufrimos muy altas temperaturas”, a lo que hay que sumar “la alta tasa de espera de atención de usuarios, con una media de cuatro horas debido a la falta de ambulancias en algunas zonas de la provincia”.

Heredia ha señalado que “mientras esta situación continúe, debido a la falta de un control más exhaustivo por parte de la Administración y un nivel de exigencia de cumplimiento necesario”, el sindicato no comparte “la posible prórroga de contrato, teniendo de fondo la falta de ambulancias o las pésimas condiciones de estas, o los turnos inaceptables, situaciones que ponen en peligro, tanto a usuarios, como a trabajadores, y eso es algo inaceptable”.

Por ello, desde UGT SP Córdoba se han propuesto una serie de medidas a aplicar en la redacción y exigencias que debe contemplar la próxima licitación, entre las que se encuentran “el aumento del número de vehículos, el cambio de las ambulancias tipo A1 por las de tipo B, que exigen la presencia de dos técnicos de emergencias sanitarias, un conductor y un ayudante”, con el objetivo de “garantizar la seguridad de los pacientes durante cualquier traslado”.

UGT Córdoba ha hecho este viernes un llamamiento, tanto a empresarios, como a trabajadores, “ante el creciente incremento de las temperaturas y sus posibles efectos sobre la salud en el entorno laboral”, recordando el sindicato que “este asunto está recogido en el decreto 4/6/97, que regula las condiciones de los puestos de trabajo, incluidas las temperaturas, y que se amplió con el Real Decreto Ley 4/23 del 11 de mayo, ampliando la regulación a trabajos en espacios abiertos”.

Según ha informado el sindicato en una nota, el secretario de Acción Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha recordado que “se establece que, cuando hayan alertas meteorológicas por organismos oficiales”, los empresarios “están obligados a adoptar medidas que eviten el riesgo por estrés térmico, con reducciones de jornada”, implementando “cambios de turno o incluso con jornadas intensivas o la no asistencia al puesto de trabajo, y siempre sin pérdida económica para los trabajadores por esas ausencias o reducciones de jornada motivadas por este asunto”.

Sarmiento ha señalado que “los datos del informe MOMO, que establece el Instituto Nacional Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, refleja datos muy interesantes y preocupantes como, por ejemplo, que desde el 21 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2026, en Andalucía se registraron 552 muertes atribuidas a consecuencias por altas temperaturas, y en Córdoba, en ese mismo periodo, han sido 80 las personas fallecidas por las temperaturas”.

El responsable sindical ha recordado que “el calor mata y hay que respetar lo que establecen los convenios colectivos, que tienen aplicaciones que mejoran la seguridad por estrés térmico y son de obligado cumplimiento”. Además, “ante cualquier accidente que se produzca por esta causa, el empresariado puede recibir sanciones por incumplimiento de convenio, e incluso acusaciones del orden penal”, con lo cual “las sanciones serían mucho más graves”.

Sarmiento ha subrayado que “la seguridad es una cuestión de responsabilidad de todos, y debemos velar para evitar los accidentes y reducirlos en la medida de lo posible, para lo que es fundamental el cumplimiento de la Ley y de lo establecido en los convenios colectivos”.

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Silvia Mellado, se ha reunido este lunes con la dirección de UGT Córdoba, encabezada por su secretaria general, Encarna Laguna, a la que ha trasladado “el programa socialista de María Jesús Montero” para impulstar “el empleo de calidad, la conciliación, los itinerarios formativos para combatir el paro, y el plan tolerancia cero en siniestralidad laboral”.

Según ha informado el PSOE en una nota, en este contexto Silvia Mellado ha destacado los buenos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social gracias a “las medidas emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, y los buenos datos económicos del país, que han motivado que “por primera vez se alcancen los 22,5 millones de afiliados y que la tasa de desempleo caiga al 10,8%, el mejor dato en el primer trimestre desde 2008”.

La cabeza de lista socialista por la provincia se ha referido también al “meteórico incremento de los contrataos indefinidos y de la estabilidad laboral”, merced a la reforma laboral “emprendida por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, que ha revolucionado el mercado del empleo en nuestro país, pese a las patadas en las espinillas, trabas y el voto en contra del PP en el Congreso, siempre en contra de cualquier medida progresista, que el tiempo, los datos económicos, los sindicatos y las propias empresas han dado por satisfactoria”.

En esta línea, Silvia Mella ha informado a UGT de la prioridad del PSOE y de su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en cuanto a “la defensa de los servicios públicos, que son los que anclan y afianzan a la clase media trabajadora andaluza”, todo ello de la mano de los sindicatos, “con una fuerte alianza y con diálogo social”.

El objetivo es “sacar adelante las mejores medidas para los trabajadores y avanzar aún más en conciliación laboral, sobre todo para los autónomos y para la mujer, que está siempre en desventaja por la tradicional situación de dependencia que afronta en el hogar con nuestros mayores y los hijos”.

En el encuentro con la dirección de UGT Córdoba, Mellado ha desvelado algunas de las medidas programáticas socialistas de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo, entre ellas “la creación de una Consejería de Igualdad entre mujeres y hombres, con competencias transversales en el conjunto del Gobierno andaluz, que garantice la integración efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas”.

También prevén los socialistas “la aprobación en los primeros 12 meses de legislatura de una Estrategia Andaluza de Igualdad 2026-2030, con objetivos evaluables en materia de brecha salarial, empleo, salud, violencia de género y corresponsabilidad, y una especial atención al mayor abandono temprano y menor desempeño académico de los niños y adolescentes, así como a los itinerarios estereotipados.

En economía, Silvia Mellado ha apuntado “la creación del Instituto Andaluz de Finanzas, como instrumento público de financiación para proyectos estratégicos de reindustrialización, transición ecológica y digitalización, además de impulsar un Plan de Nueva Modernización de Andalucía, que concentrará inversión pública, política industrial y fondos europeos, con objetivos medibles en empleo, innovación y cohesión social”.

Igualmente, según ha añadido la candidata, el PSOE ha previsto “una reforma fiscal autonómica basada en la progresividad, la justicia social y la suficiencia financiera, que garantice que quienes más tienen contribuyan más, y que esté plenamente alineada con la financiación de los servicios públicos, evitando decisiones que comprometan la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia”.

Por último, y en relación con el empleo, Silvia Mellado ha reseñado una propuesta socialista para “establecer un sistema de condicionalidad social en las ayudas públicas, de manera que cualquier empresa que reciba financiación o apoyo de la Junta de Andalucía deba cumplir criterios claros de empleo digno, igualdad de género, sostenibilidad ambiental y arraigo territorial”.

La idea, según ha señalado, es “garantizar que ninguna empresa beneficiaria de ayudas públicas pueda deslocalizar su actividad, evitando que los recursos públicos financien procesos de cierre o traslado que destruyan empleo en Andalucía, e implantaremos el derecho efectivo a un itinerario personalizado de inserción laboral, garantizando que toda persona desempleada reciba orientación, formación y acompañamiento adaptado, con seguimiento continuo y objetivos de inserción”.

De igual forma, los socialistas se comprometen a acometer “una transformación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para convertirlo en una agencia moderna, proactiva, centrada en las personas para mejorar la intermediación laboral y anticipar necesidades del mercado”.

Por su parte, la secretaria general del UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha agradecido a la candidatura del PSOE de Córdoba la reunión en su sede provincial y ha manifestado la “sintonía” del sindicato con la apuesta del PSOE en Andalucía por “recuperar los servicios públicos, especialmente, en el caso de la sanidad pública”.

Laguna ha trasladado la necesidad de que en Córdoba se produzca definitivamente “ese necesario salto que permita un cambio de modelo productive con una industrialización que garantice un future para nuestra tierra”, al tiempo que ha expresado a los candidatos socialistas la preocupación del sindicato por “una subida de salarios que es muy necesaria para que las familias puedan afrontar la subida de precios”, así como la necesidad de moderar los precios de la vivienda, “para hacerla más asequible y accesible, especialmente a los jóvenes”.

La secretaria ugetista ha expresado la apuesta del sindicato por la implantación de “políticas feministas que permitan romper el techo de la desigualdad laboral y el paro femenino”, y ha mostrado su satisfacción por los planteamientos del PSOE andaluz en torno a la conciliación familiar.

Un Primero de Mayo que estaba marcado en el calendario de muchos cordobeses que están teniendo problemas muy serios a nivel laboral. Otros, entretanto, luchan por un futuro que, a su juicio, debería ser más próspero, sobre todo por el acceso a la vivienda. Los sindicatos UGT y CCOO han organizado la manifestación por el Día del Trabajador y que ha contado con la participación de unas 2.500 personas.

Como viene siendo habitual en toda España, este 1 de mayo es momento de reivindicación y así lo ha hecho saber la población cordobesa. Bajo la organización de los sindicatos CCOO y UGT, más la presencia de las formaciones políticas como el PSOE y Por Andalucía, la manifestación del Primero de Mayo ha logrado congregar a más de 2.500 personas, según las cifras facilitadas por fuentes municipales. La jornada ha estado marcada por un carácter social y una defensa de los servicios públicos como pilares de la democracia.

Una manifestación que tiene mucha relevancia en el contexto laboral al que se enfrenta varios trabajadores en Córdoba. Los profesionales de Hitachi y los operadores de grúa torre, que se encuentran en un tenso conflicto con sus respectivas entidades, visibilizaron sus demandas en una jornada que buscaba unir las luchas sectoriales. Es por ello que también han estado presentes los pensionistas, subrayando, además, los problemas que hay en ámbitos clave como la industria y la construcción.

CCOO y UGT, unidos por los derechos de los trabajadores

Por su parte, Marina Borrego, secretaria general de CCOO Córdoba, ha sido la primera en intervenir ante los medios de comunicación presentes, poniendo el foco en el grave problema habitacional que sufre Andalucía. La dirigente ha denunciado que la actual ley de vivienda en la región está diseñada “exclusivamente para el capital” y ha exigido su derogación para que las personas puedan acceder a un hogar digno. Además, ha subrayado que los jóvenes necesitan un proyecto de vida que hoy es “inviable” con los salarios actuales, por lo que ha reclamado subidas salariales de entre el 4% y el 7% para los próximos años.

Borrego también ha lanzado una crítica al estado de los servicios públicos bajo la gestión del actual gobierno en la Junta de Andalucía. La dirigente ha alertado sobre la privatización de la formación profesional y el aumento de universidades privadas, que “restan oportunidades a los hijos de la clase trabajadora”. Por otro lado, también ha hecho hincapié en la Ley de Dependencia, donde ha denunciado que hay personas mayores que fallecen esperando ayudas en listas de espera que pueden alcanzar los dos años.

Por su parte, Encarna Laguna, secretaria de UGT en Córdoba, ha calificado la jornada como “más reivindicativa que nunca” ante la creciente figura de los “trabajadores pobres”. Laguna ha explicado que el fenómeno del pluriempleo y la precariedad impiden a muchas familias llegar a fin de mes, especialmente cuando el coste de la vivienda llega a absorber el 50% o el 60% de los ingresos.

Laguna ha introducido, además, el concepto de “salario social”, argumentando que el sueldo no es solo la nómina, sino también los servicios que el Estado devuelve a través de los impuestos. En este sentido, ha defendido que los impuestos “son la herramienta de la sociedad para igualarnos” y “garantizar una sanidad y educación de calidad”. Asimismo, ha cargado contra los discursos de la ultraderecha que buscan “dividir a la sociedad” y vulnerar los derechos democráticos fundamentales con bulos sobre la carga impositiva.

Las horas extra y las próximas elecciones andaluzas

Otra de las grandes demandas de la jornada ha sido la reducción de la jornada laboral para mejorar la calidad de vida. La representante de UGT ha defendido que es necesario bajar el límite de las 40 horas semanales establecido hace décadas para que los trabajadores ganen “tiempo de vida” y puedan conciliar. Laguna ha reivindicado que llegar a casa “agotado” y “sin tiempo personal” también es “una forma de precariedad” que debe ser combatida para que las personas no vivan “exclusivamente para trabajar”.

Finalmente, la comparecencia ante los medios de comunicación ha concluido con la mirada puesta en las próximas elecciones andaluzas, cuya campaña ha comenzado justamente también este Primero de Mayo. Ambas líderes sindicales han instado a los trabajadores a votar con conciencia de clase, recordando que no todos los partidos políticos defienden por igual los derechos laborales y la justicia social.

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba, que ostenta el 72% de la representación del sector de la construcción en la provincia, ha expresado este martes su “disposición a aceptar la propuesta” de la patronal Constructor “de regresar a la mesa de negociación para así finalizar con una situación que se viene alargando más de dos meses y que está afectando a multitud de obras en la provincia cordobesa”, por la huelga de gruistas, que demandan la subida de sus salarios.

En este sentido y a través de una nota, desde el sindicato se han referido a los dos acuerdos alcanzados en Andalucía, en Sevilla y Cádiz, “en los que se ha incrementado el salario bruto” de estos trabajadores, y han subrayado que “Córdoba debe ser la siguiente provincia en alcanzarlo, más aún si cabe por ser la única que mantiene una huelga indefinida, que está afectando considerablemente a las obras y sus plazos de ejecución”, y que también afecta, tras más de dos meses sin cobrar, a trabajadores “que merecen una subida digna”.

Ante ello, en FICA UGT entienden que la patronal y la representación sindical están “obligados a alcanzar ese acuerdo que beneficie a todos”, siendo “el objetivo alcanzar un acuerdo en la línea de los logrados en las otras dos provincias” andaluzas.

Desde UGT FICA han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el conflicto laboral trascienda el ámbito estrictamente negociador ya que, según han advertido, “en periodos electorales proliferan las promesas que generan falsas expectativas en un colectivo que ya acumula dos meses sin percibir ingresos como consecuencia de la huelga”.

Los ugetistas ponen, en este caso, la mirada en los dos acuerdos ya alcanzados en Sevilla y Cádiz y que “han sido producto de la negociación directa entre los interlocutores legítimos, la empresa y los representantes de los trabajadores que integran la mesa negociadora”.

Respecto al asunto de la subida salarial que demandan los gruistas, desde el sindicato han señalado que “la cuestión de fondo no radica en el mecanismo técnico mediante el cual se instrumente la subida pactada, sino en la cuantía definitiva del plus de dedicación que, una vez esté fijado su importe, UGT FICA está en condiciones de aportar las soluciones necesarias para su implementación, ya que esa es, precisamente, la verdadera piedra angular del conflicto”.

En relación a la situación en la que se encuentra el proceso, UGT FICA ha indicado que se han “mantenido contactos permanentes con los responsables de la patronal desde el inicio del conflicto, priorizando el trabajo efectivo frente al ruido mediático, coherentes con nuestra forma de actuar en todos los procesos de negociación y que tan buenos resultados ha dado”, desde la posición que le corresponde, “la de único sindicato legitimado para suscribir un acuerdo vinculante, en virtud del 72% de representatividad que acredita ante la mesa de negociación”.

Finalmente, desde el sindicato han informado que, no solo tendrán en cuenta la voluntad de la mayoría de los gruistas en este proceso, sino que los mantendrá informados en todo momento, “porque el fin último es alcanzar el objetivo por el que no hemos dejado de trabajar y de luchar, tanto en la calle, como en los despachos con poder de decisión sobre el asunto, y no otros que no pueden alcanzar tal fin”.

Los sindicatos UGT y CCOO en Córdoba han presentado este viernes la movilización que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Las secretarias generales, Encarna Laguna y Marina Borrego, de ambos sindicatos han comparecido ante los medios de comunicación y bajo el lema 'Derecho, no trinchera: salario, vivienda y democracia' han hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para salir a la calle en una cita que consideran “imprescindible” para frenar la desigualdad y defender los derechos logrados en antaño.

En primer lugar, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha destacado que, aunque la economía ha mejorado sustancialmente según los datos, este progreso no llega al bolsillo de todos los trabajadores. Laguna ha puesto el foco en la vivienda como una de las mayores preocupaciones de las familias y los jóvenes, afirmando que “la vivienda no puede ser un negocio para unos pocos mientras es un problema para la mayoría”.

Por otro lado, la dirigente de UGT Córdoba ha incidido en la necesidad de seguir cubriendo los salarios, reducir la jornada laboral y acabar con la precariedad en el empleo a tiempo parcial. Para Encarna Laguna, el 1 de mayo no es solo “una fecha simbólica” sino que “una jornada para que los cordobeses se posicionen frente a los abusos”.

CCOO y el desmantelamiento de la sanidad y educación pública

Una vez terminada la intervención de Encarna Laguna, Marina Borrego, secretaria general de CCOO Córdoba, ha querido comenzar su declaración ante los medios de comunicación de mayor a menor en el territorio, empezando con un mensaje de “no a la guerra” y una defensa firme de los derechos humanos en el mundo, sobre todo porque “la sociedad se enfoca únicamente en la subida de los precios que genera, pero no en las vidas que cuesta”. Centrándose en la situación regional, Borrego ha criticado duramente la gestión de la Junta de Andalucía, denunciando el desmantelamiento de la sanidad y la educación pública.

En materia de vivienda, Borrego ha señalado que la normativa actual en Andalucía favorece a los fondos de inversión y especuladores, impidiendo que los jóvenes tengan un proyecto de vida. Asimismo, ha alertado sobre la privatización de la Formación Profesional (FP), señalando que faltan plazas públicas mientras se fomenta un modelo privado inaccesible para la clase trabajadora, como puede ser el caso de la Base Logística.

Los dos conflictos locales

Durante la rueda de prensa y en el turno de preguntas de los medios de comunicación, se han abordado conflictos laborales específicos de la provincia, como los de Hitachi y los operadores de grúa torre. Respecto a este último, Borrego ha calificado de “irrisorio” que la patronal Constructor no acceda a una subida salarial de apenas nueve euros diarios, dado el alto precio de la vivienda de renta libre que se construye actualmente.

Más concretamente, la manifestación del Primero de Mayo en Córdoba partirá a las 11:30 desde la Glorieta de la Cruz Roja. Ambos sindicatos esperan una participación masiva pese a la simultaneidad con el evento nacional organizado en Málaga para defender que los servicios públicos y la vivienda son derechos básicos fundamentales para asegurar la igualdad y la democracia.

El comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, conformado por CCOO, UGT y USO, ha acordado este miércoles con la dirección de la empresa la creación de una comisión técnica que estudiará distintas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo con el objetivo de presentar propuestas consensuadas a la comisión negociadora para tratar de poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo.

Tras la suspensión de la huelga indefinida que se inició el pasado noviembre, los sindicatos y la representación de la empresa han mantenido varias reuniones en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de desescalar el conflicto y crear el clima propicio que permita retomar la negociación y el diálogo en un marco de respeto mutuo.

En este sentido, tanto la parte social como empresarial consideran que la creación de esta comisión técnica, que trasladará sus conclusiones a la comisión negociadora a mediados de junio, es una herramienta que puede acercar posturas y despejar el camino hacia la firma de un nuevo convenio colectivo. 

Las secciones sindicales del Sindicato Independiente de la Policía Local y Bomberos (Siplb), UGT, CSIF y CCOO, tras una reunión conjunta, han anunciado un acuerdo para el “bloqueo total” ante los impagos por parte del Ayuntamiento de las horas extras trabajadas en eventos del año 2025.

Según el comunicado remitido por los cuatro sindicatos, estos acuerdan que a partir del miércoles 22 de abril “se bloquee la realización de cualquier tipo de servicio extraordinario” por parte de los agentes. En ese sentido, dan la instrucción a la plantilla de la Policía Local para que “ningún compañero debe inscribirse en ningún nuevo servicio extraordinario. Asimismo, aquellos que ya estén inscritos deben tramitar su baja/renuncia de inmediato”.

Los sindicatos recuerdan a los agentes que, “según el protocolo de servicios extraordinarios vigente, no existe recogida ninguna penalización por la renuncia a estos servicios”. “Ha llegado el momento de actuar con unidad y contundencia”, sostienen.

Recuerdan que el Ayuntamiento les adeuda las productividades de todo el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), de eventos como la Media Maratón, la Magna o la Navidad y ya se les debe también las horas extras trabajadas del año 2026.

Los operadores de grúas torre de la provincia se han concentrado hoy a las puertas de la Inspección de Trabajo para reclamar a la autoridad laboral la máxima celeridad en la investigación de las denuncias que han venido presentando los sindicatos UGT-FICA y el Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba por vulneración del derecho de huelga.

En concreto, CCOO y FICA han presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por el uso de camiones-pluma y de grúas móviles ante la paralización de las grúas-torre por la huelga, que supera ya los 47 días de duración.

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, remarcó que, “desde el primer día de huelga, algunas empresas han tratado de evitar las consecuencias de la huelga haciendo un uso ilegal de medios que no están contemplados en el plan de prevención de riesgos para las tareas que realizan las grúas-torre, lo que no solo supone una flagrante vulneración del derecho a huelga, sino que está poniendo en riesgo a las personas que trabajan en las obras. De hecho, tenemos que recordar que hace unas semanas un trabajador resultó herido cuando realizaba maniobras para la descarga de una cuba de escombros con un camión-pluma. Son acciones de esquirolaje que venimos denunciando, pero hasta el momento, la Inspección de Trabajo no ha realizado ninguna acción para garantizar el respeto al derecho de huelga y por eso hoy nos concentramos a sus puertas, para recordarle que la huelga es un derecho fundamental y que su responsabilidad es ser garante del mismo”.

El delegado de FICA y representante de los gruistas, Antonio Herencia, ha manifestado que “hoy nos hemos concentrado para denunciar la vulneración de un derecho fundamental como es el de la huelga, algo que estamos sufriendo los operadores de grúas torre en estos momentos, ya que estamos observando cómo se desmontan grúas y se utiliza maquinaria externa como camiones de mudanza, camiones pluma o grúas autopropulsadas, algo que tenemos completamente documentado”. Herencia ha indicado que la Inspección de Trabajo estaría obligada a intervenir, más aún ahora ya que, señaló, “la situación es insostenible”. Respecto a las declaraciones de la patronal Construcor, en relación con la legislación laboral, el representante ugetista subrayó que “lo que verdaderamente es una burla como se vulnera el derecho de huelga todos los días ante nuestros propios ojos”.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT Fica) en Córdoba ha anunciado este lunes la obtención de un “importante avance sindical” para el conjunto del sector de la arqueología en la provincia, y con una relevante repercusión nacional, tras conseguir que la Comisión Paritaria del Convenio General del sector de la construcción “haya abordado y dictaminado la aplicación de dicho convenio al personal de arqueología que desarrolla su trabajo dentro de obras civiles y procesos de construcción, como así se refleja en el contenido del acta de resolución de la sesión celebrada por dicha comisión paritaria el pasado día 9 de Abril del 2026”, según han informado fuentes del sindicato.

Tal y como ha emitido UGT en una nota, se trata de un avance de “suma importancia” para estos profesionales, que estaban “sumidos, hasta el momento, en una situación de inseguridad jurídica y precarización laboral”. Desde la federación ugetista han trasladado que el proceso “ha sido laborioso” y ha necesitado “un alto grado de iniciativa, trabajo técnico y gestión” debido a las labores que acometen estos trabajadores que, a partir de ahora, estarán amparados por el VII Convenio General del Sector de la Construcción.

En esta línea, han precisado que, durante muchos años, los profesionales de la arqueología, personal técnico y auxiliar han sido contratados bajo los criterios de convenios colectivos “que en nada tenían que ver con la actividad que desarrollan, pese a que su trabajo forma parte directa de los procesos de construcción necesarios para la ejecución de las obras o de proyectos civiles”.

En contexto, han señalado que esta situación llevó a los ugetistas a realizar una consulta formal en junio de 2025, recriminando la aplicación de marcos laborales inadecuados, puesto que, según han precisado, “estos profesionales, en la práctica, realizan su labor dentro de obras y en coordinación directa con procesos constructivos”.

Finalmente, la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, tras la solicitud de reconocimiento iniciada por UGT, ha admitido que las mayorías de las actuaciones arqueológicas “forman parte del propio proceso de ejecución de las obras”, entre ellas, “las excavaciones arqueológicas vinculadas a obras, las prospecciones arqueológicas previas a actuaciones de obras para la construcción, las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas y particulares --carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados--”, según ha señalado el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera.

“O simplemente a la realización de las obras indicadas, la promoción o ejecución de urbanizaciones y la promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género”, ha agregado.

Por su parte, el secretario general del sindicato en Córdoba, Pedro Téllez, ha destacado que esto supone un “paso decisivo” para garantizar que al personal de arqueología que trabaja en obras se le aplique el VII Convenio General del Sector de la Construcción, “evitando situaciones de precariedad derivadas de la aplicación de convenios ajenos a la actividad real desempeñada”.

Asimismo, ha subrayado que la resolución impulsada por el sindicato tiene una “repercusión directa” en todo el territorio nacional, puesto que en España “las intervenciones arqueológicas son obligatorias en la mayoría de los proyectos urbanísticos y de obra civil tanto pública como privada”.

En la práctica, esto significa, según ha señalado Téllez, que “miles de profesionales de la arqueología van a ver mejoradas sus condiciones laborales, salariales y de protección social”, al quedar amparados por el Convenio General del Sector de la Construcción, lo que “demuestra, una vez más, que la acción sindical organizada puede corregir situaciones estructurales de precariedad que durante años han afectado a colectivos profesionales enteros”.

Desde UGT Fica han advertido que vigilarán el cumplimiento de esta resolución con el objetivo de garantizar que todas las empresas que desarrollan trabajos arqueológicos vinculados a obras apliquen correctamente el Convenio General del Sector de la Construcción.

Finalmente, el secretario general de la federación ha indicado “este logro de nuestra organización sindical marca un antes y un después en la regulación laboral de la arqueología vinculada a la construcción en España” y evidencia que la acción sindical es capaz de “abrir nuevos derechos laborales para miles de profesionales”.

En este sentido, ha abundado en el compromiso de UGT Fica de “seguir defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores vinculados al sector de la construcción, incluidos aquellos colectivos técnicos y especializados cuya labor resulta imprescindible para el desarrollo de las obras”.

“Venimos a decirle a Moreno Bonilla que nos vamos a ver el día de los votos. Vamos a pedir que se vote en defensa propia, en defensa de la sanidad pública y contra quien la desmantela”. Con este mensaje en alusión a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en boca del portavoz de las Mareas Blancas de Córdoba, Antonio Baena, ha arrancado una masiva manifestación en la capital cordobesa convocada por esta organización y los sindicatos UGT y CCOO “contra el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza”.

Al igual que en el resto de capitales andaluzas, este domingo, las protestas contra la situación de la sanidad han tomado las calles de Córdoba, en una manifestación a la que han acudido personas de todas las edades de pueblos de la provincia y de la ciudad. Más de 4.000 participantes según los organizadores y 3.200 según datos de la Policía Local han llenado algunas de las principales arterias de la capital con pancartas y mensajes contra las listas de espera, la falta de médicos, el deterioro de centros sanitarios y los fallos en el cribado de cáncer de mama, entre otras cuestiones.

Vecinos llegados de municipios como Puente Genil, Fernán Núñez, Aguilar de la Frontera, Montemayor, Zuheros, Baena, Cabra, Castro del Río, Montalbán, Espejo, Doña Mencía y la comarca de la Subbética, entre otros, se han unido a ciudadanos de distintos barrios de la capital y colectivos como Amama o los Yayoflautas en una marcha que ha partido desde las puertas de la Delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba. “Los recortes matan”, “Pediatra en El Naranjo ya”, “Saca pecho por tus derechos” o “La sanidad pública no se vende, se defiende” eran algunos de los mensajes que se leían en pancartas y se podían escuchar en la manifestación, donde también aparecía la imagen de una mastectomía por un cáncer de pecho.

Más recursos, más inversión, más médicos

Con toda la avenida República Argentina ya llena de manifestantes -desde familias con menores reclamando un pediatra a jubilados pidiendo una atención que no deba esperar semanas en el centro de salud-, a la cola de la marcha seguían sumándose personas que llegaban a la protesta, que enfilaba la céntrica Ronda de los Tejares al ritmo de una batucada que ha puesto ritmo a la reivindicación.

Desde las Mareas Blancas como convocantes de la marcha, su portavoz advertía que “nos están robando” la sanidad pública y que esta se encuentra “prácticamente desmantelada en muchos pueblos pequeños” donde el médico acude menos días ahora, con consultorios en mal estado en distintos municipios mientras que “sí hay dinero pero no se invierte adecuadamente”. Por ello, ha llamado a destinar “desde lo público en la sanidad pública” y a fidelizar a los médicos andaluces en nuestra comunidad autónoma “¿Por qué no se contratan?”, ha cuestionado.

Mientras, desde CCOO, la secretaria general del sindicato en Córdoba, Marina Borrego, ha denunciado que “la sanidad pública que es para todos los ciudadanos nos la están desmantelando” y se encuentra “cada vez más privatizada”. Ha puesto el foco también en la falta de profesionales -“desde 2020 hay 1.500 menos en la sanidad pública”- y en el aumento de las listas de espera que “se han duplicado” desde la pandemia. Igualmente, ha apuntado a que “el presupuesto de la Junta en 2025 destinaba 750 millones de euros para la sanidad privada y acabaron siendo mil millones”.

“La gente está muy enfadada”

Desde UGT, la secretaria general en Córdoba, Encarna Laguna, ha reclamado “un servicio de calidad” en la sanidad pública e, igualmente, ha criticado “el desmantelamiento de la que era la joya de la corona de los andaluces” que, ahora, tiene que hacer frente a “listas de espera interminables, centros de salud desbordados y urgencias saturadas”. Para acabar con esto, ha dicho, “exigimos hechos, más recursos y voluntad política desde el Gobierno de la Junta”.

En la manifestación también han estado presentes representantes de partidos de la izquierda como Por Andalucía, cuya candidata número uno para las elecciones del 17M, Rosa María Rodríguez, se ha dirigido a Moreno Bonilla “para decirle que ya está bien de jugar con nuestra salud y desviar dinero público a la privada”. Ha desgranado las esperas “de 20 días o más para una cita en Atención Primaria, los meses para una prueba diagnóstica o que te vea el especialista y los fallos en los cribados del cáncer de mama”, para asegurar que el presidente de la Junta ha hecho “la peor gestión de la historia de la sanidad en democracia”. Y ha hecho una advertencia para concluir: “La gente está muy enfadada”.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la candidatura socialista para el 17 por esta provincia también han participado en la manifestación en defensa de la sanidad pública que ha recorrido las calles de la capital.

UGT FICA Córdoba y el Sindicato del Hábitat de CCOO en Córdoba han manifestado en un comunicado su “absoluto desacuerdo” con las declaraciones realizadas por la patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, en relación con el conflicto laboral que mantienen los operadores de grúa torre del sector.

Desde estas organizaciones sindical rechazan el tono y el contenido de la nota difundida por Construcor, “en la que se descalifica a estos profesionales calificándolos de 'privilegiados'”. “Los gruistas son trabajadores altamente cualificados que desempeñan una labor de enorme responsabilidad en materia de seguridad en las obras, tanto para ellos mismos como para el conjunto de trabajadores que operan en los tajos. Su trabajo requiere formación específica, habilitación profesional y una atención permanente que garantiza el desarrollo seguro de la actividad constructiva”, sostienen ambos sindicatos.

Sobre ello indican que que “resulta especialmente preocupante que Construcor intente trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de este colectivo, utilizando descalificaciones que solo buscan generar confusión y enfrentar a los propios trabajadores del sector”.

Ambos sindicatos consideran “absolutamente inaceptable que se intente desacreditar públicamente a este colectivo y trasladar a la opinión pública una imagen distorsionada de sus reivindicaciones legítimas. El conflicto actual no responde a ningún ”abuso“, como pretende hacer ver la patronal, sino a la necesidad de regular adecuadamente un complemento que compense la especial responsabilidad y condiciones del puesto de trabajo”.

En relación con la subida del plus mencionada por Construcor, desde CCOO y UGT recuerdan que se trató de una medida transitoria adoptada mientras se mantenía la mesa de negociación abierta hasta conseguir el acuerdo definitivo teniendo como objetivo el ya alcanzado en otras provincias andaluzas, para dejarlo regulado dentro del marco del convenio de manera definitiva.

Además, creen que resulta necesario aclarar que este asunto ya ha sido resuelto mediante el diálogo y la negociación en Sevilla, donde el sector de gruistas alcanzó recientemente un acuerdo que fija el plus en 38,50 euros diarios, fruto del entendimiento entre las partes. Los gruistas cordobeses no son distintos ni tienen menos responsabilidades, y se rigen por las mismas normas, exigencias de cualificación profesional y condiciones de habilitación que el resto de operadores de grúa torre en Andalucía. “Por tanto, resulta razonable que sus condiciones laborales puedan equipararse a las que ya se han acordado en otros territorios del mismo sector”, explican.

Asimismo, “resulta especialmente grave que la patronal intente enfrentar a los distintos trabajadores del sector, responsabilizando a los gruistas del parón de las obras o de los posibles retrasos en la entrega de viviendas. Los conflictos laborales se resuelven ediante negociación y diálogo, no mediante la descalificación de los trabajadores ni amenazas de medidas tan extremas como un cierre patronal. Es igualmente grave que la patronal intente responsabilizar a los gruistas del parón de las obras o de posibles retrasos en la entrega de viviendas, cuando conoce perfectamente que los conflictos laborales se resuelven mediante negociación y no mediante campañas de desprestigio”.

UGT y CCOO insisten en que la única vía para resolver esta situación pasa por retomar el diálogo con voluntad real de alcanzar un acuerdo justo y equilibrado, fundamental para garantizar la paz social y el equilibrio entre empresas y trabajadores.

“Lamentamos profundamente que Construcor haya optado por la confrontación pública en lugar de asumir su responsabilidad y contribuir a una solución que permita normalizar la actividad del sector. Por ello, hacemos un llamamiento a Construcor para que abandone la confrontación pública, retire las descalificaciones hacia el colectivo de gruistas y se siente a negociar con responsabilidad para encontrar una solución que permita normalizar la actividad del sector en Córdoba”.

“Desde el Sindicato del Hábitat y UGT FICA de Córdoba continuaremos defendiendo los derechos y la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, incluyendo a los operadores de grúa torre, cuya profesionalidad y compromiso con la seguridad de las obras son incuestionables”, concluye el comunicado.

El sindicato UGT FICA ha anunciado que recurrirá ante la jurisdicción social la decisión “arbitraria” de la Junta de Andalucía sobre la asamblea de revocación realizada por los trabajadores y trabajadoras en Hitachi Energy.

La administración laboral ha vuelto a dar la razón a CCOO tras el rechazo por parte de la Delegación territorial de Empleo de la Junta en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas.

Ahora, el sindicato UGT, que impulsó esta revocación, ha denunciado “una injerencia administrativa contraria a la legalidad vigente, que vulnera la voluntad mayoritaria del 80 % la plantilla y quiebra el principio de seguridad jurídica al aplicar un criterio desigual respecto a precedentes análogos en la provincia de Córdoba”.

No obstante, la Junta lo que precisó es que no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa “durante la tramitación de un convenio colectivo”, como es el caso.

A pesar de ello, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha anunciado que interpondrá un recurso ante la jurisdicción social frente a la resolución de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se inadmite a trámite la revocación del comité del colegio de Técnicos y Administrativos de Hitachi Energy.

Desde UGT FICA subrayan que dicha resolución constituye “una injerencia ilegítima de la administración en la autonomía colectiva, al arrogarse funciones que exceden sus competencias y que corresponden en exclusiva al ámbito jurisdiccional”. Según los ugetistas, la actuación administrativa no solo carece de la debida cobertura legal, sino que, además, “contraviene frontalmente la voluntad soberana de los trabajadores, expresada de forma inequívoca en asamblea válidamente convocada y constituida, que nunca ha sido cuestionada o recurrida por nadie”.

La pasada semana, en una asamblea convocada por los trabajadores de Hitachi para tal efecto, el 80% de las personas trabajadoras del colegio de Técnicos y Administrativos acordó la revocación de la totalidad de los miembros del comité en “un ejercicio legítimo del derecho de participación reconocido en la normativa laboral y amparado por el principio de libertad sindical, por lo que la negativa de la Junta a admitir dicha decisión supone, en la práctica, vaciar de contenido un mecanismo democrático esencial en la representación de los trabajadores”, señalan desde UGT FICA.

Los ugetistas critican que la Administración autonómica haya optado por intervenir activamente en este supuesto cuando, destacan, “en casos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba ha mantenido una posición de abstención y neutralidad, una aplicación selectiva y arbitraria del criterio administrativo que vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la norma (artículo 14 de la Constitución) y genera una evidente quiebra de la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), incompatible con los estándares exigibles a cualquier poder público”.

Proceso de elecciones sindicales abierto

Por otra parte, UGT FICA ha desmentido “las manifestaciones vertidas por otras organizaciones sindicales” y ha zanjado que “el preaviso electoral promovido por este sindicato, debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, no ha sido objeto de impugnación alguna, por lo que mantiene plena validez y eficacia jurídica, y el proceso de elecciones sindicales se materializará el próximo 13 de abril del 2026 con la constitución de la mesa electoral”. Del mismo modo, ha aclarado que “el proceso electoral de renovación de la representación de los trabajadores continuará su curso conforme a derecho, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la jurisdicción social, único órgano competente para dirimir este tipo de controversias para otorgar validez a los procesos electorales”.

UGT FICA ha denunciado, además, “la existencia de una doble vara de medir intolerable, ya que en supuestos sustancialmente idénticos en la provincia de Córdoba la propia Administración ha optado por no intervenir, una actuación selectiva que podría ser constitutiva de arbitrariedad descrita por el artículo 9.3 de la Constitución, quebrando la confianza legítima de los trabajadores en la actuación imparcial de los poderes públicos”.

Consecuencias y causas del conflicto abierto en Hitachi

Desde la federación ugetista han lanzado un mensaje de “nueva oportunidad para reconducir un conflicto que, hasta el momento, sólo se ha traducido en pérdidas para las personas trabajadoras, enquistamiento del problema y falta de solución real, suponiendo, además, la pérdida para Córdoba de cerca de 200 puestos de trabajo y más de 30 millones de inversión, por la forma en la que ha actuado CCOO en el conflicto”. Este sería, según fuentes del sindicato, una de las razones principales que llevaron a la plantilla a la revocación del comité de empresa con mayoría de este otro sindicato.

Los ugetistas denuncian, además, que CCOO habría planteado este conflicto para ocultar que no presentaron la correspondiente denuncia del convenio en su debido tiempo, por lo que el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) dio por prorrogado el convenio de Hitachi en Córdoba hasta diciembre de 2026.

Para UGT FICA esta situación “de bloqueo” en las negociaciones de los representantes de los trabajadores con la empresa ha supuesto “un duro golpe para el futuro de fábrica en Córdoba que los trabajadores han entendido que debe ser reconducida lo más inmediatamente posible, algo que también deberían de entender desde la Administración autonómica, para así poder paliar lo antes posible el golpe e intentar recuperar, mediante una negociación acorde y estratégicamente diseñada, tanto los derechos de las personas trabajadoras como la posición privilegiada que Hitachi Córdoba ha tenido a nivel mundial”.