Los datos provisionales de la Encuesta de Ocupación Hotelera del mes de junio, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desvelan un fuerte revés para el sector hotelero cordobés, especialmente en la capital. Globalmente, los hoteles de la provincia de Córdoba cerraron el mes con una notable pérdida de visitantes y pernoctaciones, arrastrada principalmente por la acusada contracción del mercado exterior.

Junio, además, no es un mes cualquiera. Sin ser para nada un mes de los mejores del año, sí que se enmarca en la primavera, que constituye la temporada alta para el turismo en la capital. Así, en el conjunto de la provincia, los hoteles registraron un total de 81.374 viajeros en junio de 2026, lo que supone 15.660 turistas menos que en el mismo mes del año anterior, fijando una caída del 16,14%. Este descenso de visitantes tuvo su impacto directo en la actividad de los establecimientos, que vieron esfumarse 25.295 pernoctaciones (noches de hotel) respecto a junio de 2025, cayendo a un total de 136.737.

El factor determinante de este bache ha sido, sin duda, la caída del turista internacional. Los datos desglosados muestran que: el turismo extranjero cayó un 26,20% en la provincia, pasando de 41.650 viajeros en junio de 2025 a tan solo 30.739 este año (10.911 visitantes menos). El mercado nacional amortiguó el golpe, aunque también cerró en rojo con una bajada del 8,57%, lo que se traduce en 4.749 turistas españoles menos (de 55.384 a 50.635). En total, casi el 70% de la caída de viajeros en la provincia se explica por la ausencia del turista residente en el extranjero.

El golpe más duro, en la capital

La ciudad de Córdoba concentró el grueso de esta pérdida turística. Durante el mes de junio, la capital contabilizó 67.797 viajeros, lo que representa un descenso del 18,84% frente a los 83.540 del año pasado. En números absolutos, la ciudad perdió 15.743 visitantes. El comportamiento por origen en la capital replicó el patrón provincial, pero con mayor intensidad, con un 9,95% menos de turistas nacionales (que pasaron de 43.803 a 39.445).

Más holgada fue la caída de los huéspedes extranjeros si se compara junio de 2026 con el mismo mes de 2025: se desplomaron un 28,65%, con 11.385 turistas internacionales menos que hace un año (de 39.737 a 28.352). A nivel de ocupación, las camas de hotel de la ciudad sufrieron la pérdida de 24.258 pernoctaciones en un solo mes, un 17,60% menos que en junio de 2025.

Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en fase inicial un plan de acción para proteger a los vecinos cuando la calidad del aire que respiran empeore gravemente. El plan aún no está en vigor, a la espera de superar el trámite definitivo y que se publique en todos los boletines oficiales. Pero con el documento en la mano, la ciudad lleva respirando durante tres días un aire muy perjudicial a causa de la calima y el polvo en suspensión. Tan perjudicial es que según el propio plan el Ayuntamiento estaría obligado a limitar el tráfico en la ciudad para cuidar de la salud de los vecinos.

En Córdoba hay tres estaciones de medición del aire respirado: en la Asomadilla, en Lepanto y en la avenida Al Nassir (Vial Norte). Estos días, solo esta última estación está ofreciendo valores por horas y concretos sobre la calidad del aire. Y los datos no son buenos.

El contaminante más perjudicial para los ciudadanos es el relacionado con las partículas PM 10. Su nivel se mide en en microgramos por metro cúbico de aire respirado. El plan aprobado inicialmente por el Ayuntamiento establece tres umbrales de superación: a partir de 40 microgramos, un segundo por encima de los 50 y un tercero en los 80.

El plan establece un sistema de gestión basado en tres niveles de actuación según la gravedad del episodio. El primero es el umbral de activación, que se dispara cuando la media diaria de PM10 supera los 40 µg/m³ durante tres días consecutivos, sirviendo para preparar los medios necesarios. El segundo es el umbral de información, que se activa con 50 µg/m³ de PM10 o 200 µg/m³ de NO₂, obligando a informar de inmediato a la población y adoptar medidas de atenuación. Finalmente, el umbral de alerta representa la situación más grave, activándose con 80 µg/m³ de PM10 o 400 µg/m³ de NO₂, lo que requiere medidas excepcionales e inmediatas.

Un aire contaminado desde el miércoles

La ciudad lleva superando los 40 microgramos de PM10 desde las 19:00 del miércoles de esta semana. A las 21:00 del jueves se superaron ya los 50 microgramos. Y a las 2:00 de la madrugada de este viernes se han superado los 60 microgramos. Desde ese momento, no se ha bajado de esa cifra.

Con el plan en la mano, el documento contempla medidas drásticas en el tráfico. En caso de superarse los umbrales de información, se limitará temporalmente el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ejes viarios principales, permitiendo solo el paso a residentes, transporte público, emergencias y vehículos “cero emisiones”. Si se alcanza el nivel de alerta, la restricción de acceso se ampliará incluso a los residentes y al transporte de mercancías que no cuente con etiqueta de cero emisiones.

Además, se prevé la reducción de la velocidad máxima permitida en las vías de la zona urbana y el refuerzo de las líneas de transporte público para ofrecer alternativas a los ciudadanos. Otra medida innovadora es el fomento del teletrabajo; el plan insta a las empresas a promover que sus empleados realicen la jornada desde casa cuando se prevea la superación de los umbrales de contaminación. También se establecerán limitaciones horarias estrictas para la carga y descarga de mercancías en función de las etiquetas ambientales de los vehículos.

De momento, no se ha activado ninguna de estas medidas. Tampoco se ha avisado a la población de que tenga cuidado, de que limite sus actividades al aire libre, especialmente a las personas en situación de riesgo o con afecciones respiratorias. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que debilita el sistema inmunológico y fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España en 2023. Los grupos de riesgo, como personas con asma o enfermedades cardíacas, recibirán recomendaciones específicas, como reducir actividades enérgicas al aire libre o seguir estrictamente sus planes de medicación durante los picos de contaminación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha desvelado que es “factible” que el Ayuntamiento de Córdoba cumpla este año con la regla de gasto, situándose por debajo de la tasa de referencia del 3,5 % según el informe de la institución al que ha podido acceder este periódico. De hecho, los datos técnicos sitúan a la capital en una senda de crecimiento fiscal para finales de 2026.

La Airef estima que el Consistorio capitalino cerrará el presente ejercicio con un superávit de 39 millones de euros, lo que representa un 9,4% de sus ingresos no financieros. Asimismo, se prevé que el crecimiento del gasto computable se contenga en un 1,8%.

Una mejora tras un 2025 de desequilibrio

Esto supone un balón de oxígeno para un Ayuntamiento de Córdoba que sufrió un 2025 irregular en sus cuentas públicas. Al cierre del curso pasado, el Consistorio incurrió en una necesidad de financiación de 6 millones y un incumplimiento de la regla de gasto, que se disparó hasta el 16,5%. Una situación que obligó al gobierno municipal a reaccionar de forma inmediata para evitar bloqueos financieros.

De hecho y como antecedente directo, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó el pasado mes de junio un Plan Económico Financiero (PEF) para el periodo 2026-2027. Este documento, que salió adelante con el voto a favor del PP y la abstención de Vox, fue diseñado para recuperar la estabilidad marcada por la ley tras las alertas emitidas por Intervención. El plan contemplaba medidas de ahorro y redistribución de liquidez.

Tanto es así que entre las medidas clave de este plan de ajustes destaca la transferencia de fondos desde las empresas municipales, como puede ser la Gerencia Municipal de Urbanismo que aportará unos 6 millones de euros, mientras que el Instituto Municipal de Artes Escénicas transferirá algo más de un millón de euros. Por otro lado, el Instituto Municipal de Turismo, el Instituto de Gestión Medioambiental y el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba han visto reducida su liquidez, sumando cerca de 2,5 millones de euros.

Un ratio de deuda más bajo

Asimismo, el Consistorio también ha recortado la previsión de nuevos préstamos de los 22 millones inicialmente presupuestados a tan solo 12,3 millones. Esta contención ha hecho que la Airef estime que la ratio de deuda de Córdoba se sitúe en el 36% al cierre de 2026.

Paralelamente, la Autoridad espera que Córdoba experimente un crecimiento de sus ingresos tributarios superior al 10% en este ejercicio, impulsado por la notable recaudación de impuestos vinculados a la actividad económica y la construcción, como el ICIO y las plusvalías.

A pesar de las perspectivas, la aprobación del plan de ajuste no estuvo exento de polémicas políticas en el Pleno de junio. La oposición criticó la gestión del equipo de gobierno, calificándola de “desastre” y advirtiendo de que las transferencias desde las empresas municipales podrían suponer recortes encubiertos en servicios públicos. Por su parte, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, defendió que las medidas solo suponían “ajustes técnicos” necesarios para cumplir con la contabilidad nacional sin renunciar a proyectos inversores, como es el caso del Córdoba Arena.

Tras el visto bueno inicial del Pleno, el documento fue remitido a la Junta de Andalucía, órgano de tutela financiera encargado de su supervisión definitiva. La AIReF confirma ahora que Córdoba ya cuenta con un plan de ajuste financiero aprobado por incumplimiento de reglas fiscales en 2025.

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba iniciará el próximo lunes los trabajos de retirada del adoquín de las calles Eduardo Lucena, Conde de Robledo y Góngora, una intervención que es el paso previo al posterior asfaltado de dichas vías.

La actuación, que se realizará por fases, está previsto que se prolongue hasta el 31 de julio según la previsión inicial y forma parte de la planificación del Plan Asfalto 2026 que el Ayuntamiento viene desarrollando desde el pasado mes de junio por distintas zonas de la ciudad.

Estas obras van a conllevar un cambio en la circulación del entorno durante los mismos días en los que se realizará la intervención. De este modo, el plan de tráfico contempla que el acceso se mantendrá desde Ronda de los Tejares por la zona de plataforma única de la avenida Gran Capitán (Bulevar), si bien quedará en sentido único de entrada dado que se va a proceder a realizar labores de mantenimiento en dicha calzada para hacer coincidir ambas actuaciones.

Dado que los trabajos previstos se han organizado por fases, en todo momento se permitirá el acceso a cocheras y aparcamientos. La salida de los vehículos se habilitará, según los planes de tráfico establecidos para cada fase, bien por la calle Cruz Conde (entrando por Góngora o por Conde de Robledo) bien por la calle Concepción-calle José Zorrilla, o por ambos itinerarios.

Ya que el entorno en el que se realizan los trabajos tiene prioridad peatonal, desde el Área de Movilidad se ruega a los conductores que atiendan la señalización provisional instalada y las indicaciones de la Policóa Local y de los operarios, extremando las precauciones con los transeúntes y resto de usuarios de la vía pública. Del mismo modo, se ruega a los peatones que eviten el tránsito por las calles afectadas por las obras y que tengan en cuenta la posible circulación de vehículos por zonas peatonales.

El gobierno municipal ha insistido en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en que es la Junta de Andalucía a quien le compete estudiar la compra de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia y, sobre ello, ha asegurado que las conversaciones con la administración autonómica “van por buen camino” y la administración autonómica ya está estudiando la posible compra.

En el Pleno, a preguntas del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha segurado que se sigue con “la hoja de ruta” prevista y que el derecho de tanteo sobre la oferta de compra de los cines de verano corresponde a la Junta de Andalucía por la vía patrimonial. Según ha explicado en declaraciones a los medios, la Junta ya estudia la fórmula jurídica que le permita adquirir estos recintos de manera subsidiaria.

Asimismo, el alcalde, José María Bellido, ha corroborado estas conversaciones con la Junta de Andalucía -“se está trabajando muy seriamente por parte de las dos administraciones”, ha dicho-, y ha avanzado que en el mes de septiembre se conocerán novedades al respecto. Precisamente en la sesión plenaria han estado presentes algunos miembros de la plataforma SOS Cine de Verano que reclaman que el Ayuntamiento compre y preserve estos recintos.

Estas manifestaciones se producen después de conocerse este jueves que un decreto firmado por el alcalde ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

Informe sobre las competencias

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que muestra su pésame por la muerte del exrector y consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, e impulsa los trámites para que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, el primer centro de estas características que se pone en marcha en España, lleve su nombre.

De este acuerdo dará traslado a la Junta de Andalucía, administración de la que depende este centro de investigación sanitaria. Se trata del primer centro de estas características que se ha puesto en marcha en España y nació con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en investigación aplicada al control y prevención de enfermedades emergentes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento de la ciudad de Córdoba a José Carlos Gómez Villamandos por su extraordinaria contribución al sistema universitario del conjunto de España.

El Pleno ha trasladado las condolencias de la Corporación Municipal a su familia, amistades, compañeros y compañeras, así como a toda la comunidad universitaria. “El Ayuntamiento de Córdoba expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, quien fuera catedrático, investigador y una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas”, afirma el texto.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en la comunidad universitaria cordobesa y en el conjunto del sistema universitario español, donde ha dejado una profunda huella. En julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñó hasta su muerte, si bien su trayectoria ha sido larga y prolífica, marcada por su capacidad de trabajo y su vinculación permanente con la Universidad de Córdoba.

Trayectoria

Nacido en Córdoba en 1963, era licenciado en Veterinaria por la UCO, con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986, y obtuvo el grado de doctor en 1988. Desarrolló una destacada labor investigadora en el ámbito de la anatomía patológica veterinaria, la patogenia de enfermedades víricas, la respuesta inmune e inflamatoria y la sanidad animal.

Autor de más de 125 artículos científicos y director de 17 tesis doctorales, participó y lideró numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su vinculación con la gestión universitaria comenzó a finales de los años noventa y fue en mayo de 2014 cuando fue elegido rector de la Universidad de Córdoba, convirtiéndose en el primer rector formado íntegramente en la propia institución.

Reelegido para un segundo mandato, permaneció al frente de la UCO hasta julio de 2022. Durante esos ocho años impulsó el relevo generacional del profesorado, reforzó la inversión en investigación y transferencia del conocimiento, la internacionalización y el papel de la Universidad de Córdoba como agente de desarrollo social, cultural y territorial.

Su proyección en el ámbito universitario español se consolidó con su elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2019, cargo para el que fue reelegido en 2021. Su presidencia coincidió con la pandemia de Covid-19, etapa en la que desempeñó un papel destacado en la coordinación del sistema universitario español y en la adaptación de la enseñanza superior a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

A lo largo de su carrera ocupó numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas la presidencia del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, y en julio de 2022 fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Su trayectoria científica y académica le valió el reconocimiento de numerosas instituciones. Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Su muerte ha supuesto la pérdida de una de las figuras más influyentes de la universidad cordobesa, andaluza y española de las últimas décadas, con una trayectoria marcada por la docencia, la investigación, la gestión académica y el servicio público.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado definitivamente este jueves -con los votos a favor del PP, PSOE, Vox y la abstención de Hacemos Córdoba-, el proyecto de actuación para la implantación de una explotación de recursos mineros en La Rinconada, que tiene como principal objetivo abastecer las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y la urbanización de la zona.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya aprobó esta actuación extraordinaria de interés público y social para la implantación de una explotación de recursos mineros en suelo rústico en el paraje de La Rinconada. Esta autorización, promovida por la Comunidad de Bienes Eloy Martínez Sagrera e Hijos CB, tiene como objetivo principal abastecer de materiales áridos a las obras de la futura Base Logística Militar y la urbanización del sector, ambos colindantes con la zona de explotación.

La explotación minera se localizará en el paraje de La Rinconada. La superficie total de los terrenos vinculados a esta actuación de interés público es de 84,95 hectáreas. La cantera asegura la disponibilidad de materiales básicos como zahorras naturales para obras públicas y la fabricación de otros productos. Se prevé la generación de empleo, tanto directo (un mínimo de 4 trabajadores fijos) como indirecto, y el impulso del desarrollo económico local al atraer inversiones y mejorar infraestructuras y servicios.

La cantera implementará un método de explotación por fases y un sistema de “transferencia” que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar la recuperación del terreno. Este proceso simultáneo implica la extracción del material útil (gravas, gravillas y arenas) y la reposición inmediata del terreno con la capa de recubrimiento extraída, transformando la actividad extractiva en una actividad agrícola posterior.

La geometría del yacimiento presenta una capa de recubrimiento de materiales estériles de una potencia media de 2-3 metros y un paquete de material explotable de gravas y arenas de tamaño medio con un espesor medio comercializable de 4 metros. La explotación se realizará en cuatro fases sucesivas. Está prevista la obtención de más de 3,3 millones de metros cúbicos de material útil.

Se estima un plazo total de explotación de 33 años, que podría extenderse a 35 años considerando los trámites de licencias y autorizaciones. La viabilidad económico-financiera está garantizada, con costes de producción inferiores al precio de venta actual, y una recuperación de la inversión en menos de 6 años.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves levantar el reparo formulado por la Intervención General y continuar con la tramitación de la convocatoria de subvenciones impulsada por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para destinar 1,2 millones de euros de dinero público a grandes festivales privados. La propuesta ha salido adelante únicamente con los votos del PP, mientras que PSOE, Hacemos Córdoba y Vox han votado en contra.

La aprobación supone desoír el cuarto informe de disconformidad emitido por la Intervención sobre este expediente y permite al IMAE continuar la tramitación de una convocatoria que el órgano fiscalizador considera que puede convertirse en “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, al incluir actividades desarrolladas desde enero de 2025.

Durante el debate, la presidenta del IMAE, Isabel Albás, defendió que el apoyo público a los grandes festivales está plenamente justificado por el impacto económico y turístico que generan. Según sostuvo, estos eventos sitúan a Córdoba en el circuito nacional de la música en directo, atraen visitantes, generan ingresos para la hostelería y contribuyen a desestacionalizar la actividad turística.

Albás rechazó que el modelo elegido sea una excepción y aseguró que numerosos ayuntamientos españoles respaldan festivales privados mediante convocatorias similares. En este sentido, citó los casos de Madrid, Bilbao, Zaragoza o Sevilla y se preguntó si eso significaba que todas esas administraciones actuaban “al margen de la legalidad”. “Evidentemente, no”, respondió la concejala, que defendió que la convocatoria cordobesa será “abierta, objetiva y fiscalizable” y recordó que el expediente ha sido elaborado por funcionarios municipales. En su intervención de cierre, también reivindicó el éxito de la última edición del Festival de la Guitarra, frente a las críticas que dicen que algunas de las nuevas citas musicales le hacen la competencia.

Una convocatoria “tan objetiva” que ya tiene destinatarios, según Hacemos

La oposición centró sus críticas en el procedimiento utilizado por el gobierno municipal. El concejal de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha ironizado con que la concurrencia competitiva “va a ser tan objetiva” que, en su opinión, las ayudas ya tienen destinatarios: el Córdoba Live y el Califas Fest, organizados por Riff Music y Grupo Mundo, dos de las principales promotoras musicales del país.

A su juicio, el equipo de gobierno ha intentado sacar adelante estas ayudas mediante distintas fórmulas desde el año pasado y ahora pretende hacerlo apoyándose en “un contrainforme” encargado para rebatir el criterio de la Intervención. Fernández, que insistió en que levantar un reparo de Intervención no es una práctica política habitual, calificó de “preocupante” que se destinen 1,2 millones de euros a estos festivales y reprochó al gobierno municipal que intente justificar la decisión escudándose en “contrainformes” elaborados por el propio organismo.

“No se escude usted en los trabajadores del IMAE, que ya bastante tienen con una carga laboral excesiva. Sea valiente, diga que ustedes van a usar todas las artimañas posibles para dar estos millones y ya está”, afirmó. También pidió retirar el expediente y destinar esos fondos a reforzar la programación propia y el personal del IMAE.

Un debate sobre el procedimiento, según el PSOE

En la misma línea, el concejal del PSOE Ángel Ortiz lamentó que el gobierno hubiera intentado trasladar el debate al impacto económico de los festivales. “El debate de hoy no es sobre el objetivo, sino sobre el procedimiento”, afirmó. Ortiz recordó que el expediente ha ido cambiando de fórmula jurídica desde 2025 y planteó una pregunta al equipo de gobierno: “Si todo está tan claro, ¿por qué han dado tantas vueltas?”.

El edil socialista sostuvo que la Intervención ha sido “muy clara” al cuestionar la tramitación y acusó al gobierno municipal de haber buscado el procedimiento adecuado para beneficiar a “dos operadores seleccionados a dedo”, incluso financiando actividades ya realizadas. También criticó que los festivales subvencionados hayan coincidido en fechas con el Festival de la Guitarra y recordó que, cuando hace una año se propuso a Albás trasladarlos al mes de agosto para evitar esa competencia, el gobierno respondió que los cordobeses se iban de vacaciones durante ese mes.

Tras el debate, se ha aprobado dejar sin efecto el reparo formulado por la Intervención General, lo que permite que el IMAE continúe la tramitación de la convocatoria de subvenciones para grandes festivales culturales. No obstante, antes del inicio de la sesión plenaria, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, fue un paso más allá y advirtió de que su grupo estudiará exigir “responsabilidades contables” por este expediente e incluso acudir al Tribunal de Cuentas.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente este jueves el proyecto de Reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del municipio, un órgano para fomentar la participación activa de este sector de población en la vida de la capital cordobesa. Esta aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Vox y la abstención de Hacemos Córdoba, con críticas de los grupos de la izquierda a la representatividad y la participación real que se vaya a llevar a cabo y que no se cree el órgano “para cubrir el expediente”. El gobierno municipal ha defendido que el modelo servirá “para escuchar a su infancia”, como “ciudadanos del hoy”.

Según el borrador del reglamento, el Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia del Ayuntamiento de Córdoba es un órgano de participación de estos sectores de la población cordobesa, compuesto por niños, niñas y adolescentes, como espacio específico de participación activa tanto del colectivo infantil como adolescente en la vida del municipio.

Este Consejo Local tiene como finalidad promover la participación de la infancia y la adolescencia del municipio de Córdoba en este órgano de participación ciudadana. Los objetivos pasan por favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Córdoba en las actuaciones de la vida municipal, considerando su plena capacidad de opinión y expresión, involucrándolos en la toma de decisiones que les afecten y haciéndolos partícipes de éstas; propiciar el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, así como los deberes de las familias y ciudadanía.

Asimismo, este órgano persigue promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de la ciudadanía.

Y también contribuir a la divulgación de los valores democráticos y constitucionales, en especial de la libertad y de la igualdad; y canalizar quejas, sugerencias y recomendaciones de la infancia y adolescencia a la que representan.

El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia estará compuesto por el presidente que será el alcalde o podrá en la persona concejal a la que se adscriba el Consejo; y habrá hasta 60 vocales, integrados por niños, niñas y adolescentes, que quieran participar en el mismo y que sean democráticamente elegidos: hasta 30 serán niños y niñas que cursen 1º a 6º curso de estudios de Educación Primaria y otros 30 vocales serán adolescentes que cursen los estudios de educación secundaria obligatoria. Habrá también una persona titular de la Secretaría del consejo, funcionaria del Ayuntamiento.

Funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia

Según se establece en el reglamento, serán funciones del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia las de promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia; y ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre los niños, niñas y adolescentes y el Ayuntamiento de Córdoba sobre los problemas específicos de la infancia y de la adolescencia.

También ofrecerá a los menores un cauce de participación institucional, donde se reciban y escuchen todas las demandas, propuestas y quejas que les hagan llegar los niños, niñas y adolescentes a través de sus representantes en el Consejo; promoverá el interés y la participación comunitarios en los aspectos generales de atención a la infancia y adolescencia fomentando el asociacionismo; y propondrá a la Administración Municipal las medidas que considere oportunas para lograr el bienestar y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la localidad, en especial, la elaboración de planes locales de la infancia y adolescencia.

Finalmente, tendrá las funciones que, en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, atribuya a los Consejos Sectoriales y cualquiera otras acciones participativas relacionadas con la infancia y adolescencia tendentes a conseguir una mayor atención y promoción de su bienestar.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves las bases reguladoras que establece el Ayuntamiento de Córdoba para la convocatoria de subvenciones para asociaciones, entidades y colectivos para la instalación y montaje de casetas de la Feria 2026, que podrán solicitar a partir de este viernes 24 de julio y durante un plazo de 15 días hábiles.

El Ayuntamiento destina a estas subvenciones 300.000 euros y el importe máximo a conceder por entidad, con independencia de las líneas a las que se presente, será de 15.000 euros.

Estas subvenciones tienen por objeto otorgar ayudas a favor de asociaciones, entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro, que montaron caseta en la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, con la finalidad de apoyar esta actividad.

Tratan de propiciar la continuidad de las instalaciones de Casetas de Feria por parte de asociaciones y colectivos de la ciudad; contribuir a la mejora en las infraestructuras de las Casetas de Feria y fomentar la incorporación de nuevas Casetas al Recinto Ferial, según las bases de la convocatoria.

Serán subvencionables los gastos relacionados con la instalación, montaje y desmontaje de carpas (estructuras y cubiertas), la instalación de los aseos públicos de las casetas, la instalación de aires acondicionados, la instalación, montaje y desmontaje de suelos y la instalación o montaje del cerramiento de las fachadas de las casetas.

Las bases completas de esta convocatoria de subvenciones se podrán consultar en el Tablón Electrónico de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Córdoba.

El número de autorizaciones para vehículos de transporte con conductor (VTC) en la provincia de Córdoba se ha triplicado en el último año. Según los datos del Ministerio de Transportes, el 1 de julio de 2026 había registradas 125 licencias, frente a las 40 contabilizadas en la misma fecha del año anterior.

No es la primera vez que la provincia registra un elevado número de autorizaciones VTC. Durante el periodo en el que Uber prestó servicio en Córdoba, entre el 3 de octubre de 2018 y el 19 de octubre de 2020, la cifra llegó a rozar el centenar de licencias a nivel provincial. Estas autorizaciones son competencia de la Junta de Andalucía y, tras la marcha del famoso servicio de conducción de la ciudad, el número decayó muy por debajo.

Así ha estado hasta este año, en el que las autorizaciones han pasado de 40 a 125. Sin embargo, el aumento actual no se corresponde con una expansión de la actividad en la provincia. Según fuentes del sector del transporte privado consultadas por este periódico, en Córdoba operan aproximadamente una treintena de conductores privados, distribuidos entre la capital y municipios como Lucena, Luque, Puente Genil o Hinojosa del Duque. No hablamos de conductores que trabajen para plataformas como Uber o Cabify, sino de autónomos o empresas pequeñas que ofrecen sus servicios como chófer privado.

Las mismas fuentes reconocen su sorpresa por el crecimiento experimentado durante el último año, aunque recuerdan que una licencia VTC permite trabajar para plataformas como Uber o Cabify en cualquier punto de Andalucía. En este sentido, consideran posible que parte del incremento responda a profesionales que buscan una salida laboral obteniendo una autorización que les permita operar en cualquier provincia andaluza.

Para obtener una autorización de transporte VTC en Andalucía, es necesario cumplir una serie de requisitos administrativos, económicos y técnicos verificados por Junta de Andalucía. Entre los principales se incluyen la constitución de una empresa, la capacitación profesional del transportista y la disponibilidad de un vehículo homologado. En estos momentos, no obstante, el plazo para solicitarla está cerrado desde hace más de un año, por lo que las autorizaciones expedidas en el último año se solicitaron todas ellas antes de 2025.

El estudio para aumentar licencias de taxi

La evolución de las VTC coincide con la intensificación del debate sobre la disponibilidad de taxis en Córdoba, después de que se hayan viralizado algunos vídeos de la actriz Macarena Gómez criticando la ausencia de servicio en la ciudad. No es algo nuevo. Hace ahora un año, el alcalde, José María Bellido, anunció un estudio para analizar si la ciudad necesitaba incrementar el número de licencias de taxi con el objetivo de atender en mejores condiciones tanto la demanda de los residentes como la de los visitantes. Doce meses después, ese informe aún no se ha encargado.

No obstante, fuentes del Ayuntamiento aseguran que el estudio “se va a hacer seguro” y reconocen que tiene que publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado (por lo que no será un trabajo rápido, sino más bien de varios meses hasta obtener el análisis).

Mientras tanto, el número de licencias de taxi en la capital permanece invariable. Córdoba cuenta actualmente con 509 licencias, la misma cifra que existe desde que el Ayuntamiento concedió las últimas autorizaciones en 2017. En octubre del pasado año sí se aprobaron 36 nuevos carnés de conductor de taxi, una medida destinada a facilitar el relevo generacional y aumentar la disponibilidad de profesionales, aunque sin incrementar el número de vehículos autorizados.

De este modo, la ciudad acumula ya cerca de diez años sin ampliar su parque de licencias de taxi, pese al crecimiento experimentado en ese periodo, tanto por la expansión urbana hacia nuevos barrios de Poniente como por la incorporación de infraestructuras como el aeropuerto y el aumento de la población y de la actividad turística.

La patronal del taxi, por su parte, siempre se ha posicionado en contra de aumentar el número de licencias y, durante el año pasado, trabajaron para introducir cambios orientados a facilitar la presencia de taxis en la calle. Entre otras cosas, se aprobó un nuevo calendario de actividad que eliminó el límite de 18 horas diarias por vehículo, una restricción que en 2025 se aplicaba de lunes a jueves, y que afectaba especialmente a taxis con conductores asalariados (que son uno de cada cuatro).

Además, también se introdujo un cambio en los descansos: los viernes, sábados y festivos a partir de las 20:00 puede trabajar toda la flota. Antes, esa liberación no se producía hasta las 22:00.

Un decreto firmado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

El sindicato CGT en el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto el foco en la tramitación de 725.902,39 euros destinados al pago de gratificaciones al personal de Policía Local y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento —SPEIS— por los períodos de Navidad, Semana Santa y Cruces de 2025. Del importe total autorizado, 537.705,47 euros corresponden a gratificaciones y 188.196,92 euros a cotizaciones a la Seguridad Social, según señalan en una nota.

CGT dispone del informe de fiscalización de la Intervención General, del informe de discrepancia elaborado por Personal y de las resoluciones por las que se levantó el reparo y se autorizó el pago. Y, según asegura, del examen de esta documentación se desprende que, pese a haberse autorizado el abono, permanecen observaciones jurídicas relevantes sin una respuesta expresa de los responsables de Personal.

Sobre ello, indica que Intervención formuló un reparo suspensivo relacionado con el cumplimiento de los límites legales de incremento retributivo y dejó incorporadas al expediente otras observaciones de especial importancia. Entre ellas señala el carácter extraordinario de los servicios: con apoyo en la normativa y en la jurisprudencia, Intervención advierte de que no todo servicio realizado fuera de la jornada normal puede calificarse automáticamente como extraordinario. Las gratificaciones deben responder a servicios extraordinarios, no periódicos y debidamente acreditados.

Desde este criterio, cuestiona que acontecimientos como Navidad, Semana Santa o Cruces, conocidos con antelación y repetidos cada año, puedan justificar por sí solos la consideración como extraordinarios de todos los servicios prestados durante esos períodos.

Asimismo, señala posibles duplicidades retributivas: el informe alerta de que podría producirse una duplicidad si unas mismas horas fueran abonadas como gratificación y, además, mediante conceptos como nocturnidad, festividad u otros complementos. Y también indica la necesidad de una justificación concreta: Intervención dice que no bastan explicaciones genéricas y que deben detallarse las horas, los trabajos realizados, la causa extraordinaria de cada servicio y las autorizaciones concedidas cuando se superen los límites establecidos.

Autorizar el pago no borra las dudas

El reparo suspensivo fue levantado y el pago autorizado. Sin embargo, CGT indica que no consta un pronunciamiento expreso de los responsables de Personal sobre las restantes observaciones formuladas por Intervención acerca del carácter extraordinario de los servicios, las posibles duplicidades retributivas y la justificación concreta de las gratificaciones.

Para el sindicato, poner el sello al pago no equivale a despejar las dudas del expediente ni a considerar automáticamente ajustados a Derecho los aspectos observados por el órgano fiscalizador. “Esas observaciones siguen ahí y requieren una respuesta completa, expresa y documentada”, exige. “Estamos hablando de más de 725.000 euros de dinero público. Autorizar el pago no sustituye las comprobaciones pendientes ni convierte las dudas en certezas. La ciudadanía y la plantilla tienen derecho a saber qué se ha pagado, por qué concepto y con qué controles”.

Ante ello, CGT exige una aclaración completa y reclama que el área de Personal responda de forma expresa y documentada a las observaciones de Intervención. Pide que se acredite la justificación concreta de cada gratificación; la ausencia de duplicidades retributivas; el cumplimiento de los límites de horas; las autorizaciones concedidas para superarlos; y la correcta aplicación de las excepciones invocadas.

“El sindicato no cuestiona que los trabajos efectivamente realizados deban abonarse ni el derecho de quienes los prestaron a percibir la retribución que legalmente les corresponda. Lo que exige es que cada pago esté debidamente acreditado y pueda comprobarse con todas las garantías”, argumenta.

Y advierte que si el Ayuntamiento no ofrece una aclaración completa y documentada, CGT trasladará el expediente a los órganos externos competentes para que examinen la tramitación de los pagos y la correcta utilización de los fondos públicos.

La Asociación Vecinal San Acisclo de Valdeolleros ha vuelto a denunciar que el barrio llega a otro verano sin que el Ayuntamiento haya resuelto ninguna de sus demandas frente al calor extremo. Ni la piscina pública que reclamamos desde hace años, ni unos refugios climáticos que merezcan ese nombre, ni un parque abierto en condiciones.

En un comunicado, señalan que “es un patrón que ya conocemos bien: reuniones que no llegan a convocarse, peticiones que se archivan, y alrededor de mil firmas vecinales ignoradas. Mientras tanto, las entradas a las piscinas municipales de la ciudad se agotan en cuestión de horas mientras aumenta el número de piscinas privadas. Una medida insostenible a lo largo del tiempo, ¿qué haremos cuando el año que viene sea de sequía?”, se preguntan.

A esto se suma, dicen, el recorte “silencioso” en los refugios climáticos existentes. Recuerdan que “en 2025 abrían en horario completo con la alerta naranja; ahora, en 2026, ese protocolo ya no se aplica. Y cuando abren, no son espacios pensados para estar: sin actividades, sin mobiliario adecuado, con un guardia de seguridad en la puerta como única atención. Un refugio climático no puede ser un local vacío que se abre por obligación administrativa. Seguimos preguntándonos por qué no se abren las bibliotecas, las salas de ludoteca o por qué no se replantean los espacios comunes del centro cívico para dar respuesta a una demanda que hasta ahora sólo está cubriendo los centros comerciales”.

En cuanto al Parque de la Asomadilla, el único refugio climático funcional, además, cierra a las dos de la madrugada, antes que buena parte de los bares de la ciudad. “En pleno verano, con noches que no bajan de temperatura, cerramos el único espacio público y gratuito donde la gente puede estar al aire libre. Y esto ocurre pese a que existe unanimidad en el Distrito para eliminar ese cierre, al menos en los meses de verano”.

“Cuando se trata de políticas y servicios públicos que mejoran la habitabilidad de la ciudad, no hay dinero; cuando se trata del Córdoba Live o el Califa Fest sí hay, hasta 1,2 millones de euros. Y hasta el punto de que Intervención ha rechazado ya cuatro veces la fórmula para financiarlo con fondos públicos. Ahí está la prioridad real del Ayuntamiento: sostener negocio privado antes que garantizar a los barrios un lugar donde no morirse de calor”, comparan.

Ante todo esto, exigen que se recupere el horario completo de apertura de los refugios climáticos con alerta naranja, que se invierta en hacerlos habitables, y que el parque permanezca abierto durante el verano, tal y como el propio Distrito ya ha reconocido que debería ser.

“Valdeolleros no puede seguir dependiendo de lo que cada vecino o vecina tenga un amigo con parcela, sino políticas públicas que protejan a la ciudadanía y le den servicio ante una necesidad básica que ya dura de mayo a octubre”, concluye el comunicado.

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) habría incumplido durante años el reglamento que regula la bolsa de trabajo de la entidad. Así ha quedado de manifiesto en una sentencia condenatoria después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya desgranado la conversación que el trabajador represaliado mantuvo con el director de Recursos Humanos de esta entidad pública.

En esa conversación de abril de 2024, reproducida en el fallo judicial, el director de Personal confesó que, durante los refuerzos realizados por la crisis sanitaria del Covid, “no se respetó la bolsa de trabajo”. Según sus propias palabras, la empresa decidió llamar de manera excepcional a seis trabajadores -entre ellos, el demandante- basándose únicamente en que eran quienes habían prestado servicios más recientemente. Este responsable de Recursos Humanos llegó a reconocer que “lo normal en esa bolsa era trabajar dos y tres meses”. El periodo de tiempo de empleabilidad quedó reflejado en el reglamento de la bolsa de trabajo de 2022, convocatoria en la que participó el demandante.

El directivo justificó este incumplimiento alegando que estos empleados ya contaban con formación previa, lo que evitaba que Emacsa tuviera que invertir tiempo y recursos en instruir a nuevos candidatos que, por orden riguroso de puntuación, tenían más derecho a ser llamados. Según lo recogido en la sentencia, esta gestión arbitraria se habría extendido desde 2020 hasta 2023.

La grabación revela que el directivo utilizó este “favor” para reprochar al trabajador su supuesta “deslealtad” por haber interpuesto una demanda previa por despido improcedente. Durante el encuentro, el responsable de Personal advirtió al operario que, debido a su reclamación judicial, “se le cerraban las puertas para fijo”. Además, el directivo llegó a asegurar que le sería “muy difícil puntuarlo bien en la entrevista” de futuros procesos selectivos, dado que él mismo formaba parte de los tribunales evaluadores.

Ante esta afirmación por parte del directivo de Personal, que se le presupone veracidad porque sería extraño que una persona se autoinculpe de una infracción administrativa, este periódico ha formulado varias preguntas a Emacsa: ¿Qué consecuencias ha tenido para este trabajador este incumplimiento? ¿El expediente disciplinario efectuado por la empresa es únicamente por la condena del TSJA o también por la infracción relativa a la bolsa de trabajo? ¿Emacsa ha analizado sus contrataciones para comprobar en cuántos casos se han producido estos incumplimientos?

La empresa pública no ha respondido a estas cuestiones trasladadas por este medio.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el “esperpento” vivido en el último Consejo de Administración extraordinario y urgente de Sadeco y considera que la sucesión de decisiones adoptadas en la empresa municipal confirma la necesidad de relevar a Miguel Ruiz Madruga de la Presidencia. Para la coalición, los acontecimientos de las últimas horas reflejan una gestión marcada por la “improvisación, las rectificaciones y la ausencia de criterio”.

El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz ha explicado que el Consejo fue convocado con carácter extraordinario y urgente para aprobar un nuevo informe jurídico encargado por la Gerencia que “contradecía el criterio avalado por el propio Consejo apenas quince días antes”. Sin embargo, “dos horas antes de la reunión, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento advirtió a los consejeros de las posibles consecuencias que podría acarrear respaldar esa propuesta”. Finalmente, el único punto que justificaba la convocatoria urgente fue retirado del orden del día.

Para Hacemos Córdoba, resulta “difícil de explicar” que se convoque un Consejo extraordinario para debatir un asunto que termina retirándose antes de votarse. La coalición también cuestiona por qué se encargó un segundo informe jurídico cuando ya existía otro aprobado por el Consejo y considera que todo ello alimenta las dudas sobre el intento de apartar de cualquier responsabilidad al exgerente de Sadeco en el procedimiento que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas por el presunto abono indebido de 35.000 euros.

“¿Qué teme el alcalde? ¿Por qué ese empeño en proteger una y otra vez a Francisco Ruiz?”, se ha preguntado Ruiz, quien ha recordado que el exgerente entró en la empresa adjudicataria del contrato de suministro de los nuevos contenedores, un expediente de cerca de 17 millones de euros cuya tramitación se inició durante su etapa al frente de Sadeco.

A juicio del grupo municipal, este episodio “no es un hecho aislado, sino una muestra más de una forma de gestionar la empresa basada en la falta de transparencia y en la improvisación”. Como ejemplo, Hacemos Córdoba ha denunciado la retirada de las juntas de goma de los nuevos contenedores, unos elementos incluidos en el contrato para garantizar “la estanqueidad y mejorar la higiene urbana”. La coalición considera “incomprensible” que, después de haberse abonado dentro del contrato de suministro, sea ahora el propio personal de Sadeco quien tenga que retirarlas, una decisión que “incrementará los olores en plena época estival” y que evidencia, a su juicio, una gestión basada en el “prueba y error”.

A esta situación se suma la propuesta de un nuevo organigrama directivo con la creación de cuatro direcciones, algunas de ellas con incrementos retributivos de hasta 21.000 euros más al año, “sin que previamente se haya informado ni debatido con el Comité de Empresa”, tal y como recoge el convenio colectivo. Para Hacemos Córdoba, “mientras continúan acumulándose los problemas en el servicio, el gobierno municipal vuelve a priorizar cambios en la estructura directiva en lugar de resolver las deficiencias que afectan al funcionamiento diario de la empresa”.

Ante esta sucesión de decisiones, Hacemos Córdoba insiste en que Sadeco necesita un “cambio de rumbo” y considera que Miguel Ruiz Madruga “no puede seguir al frente de la empresa municipal”. La coalición entiende que “corresponde al alcalde asumir responsabilidades y poner fin a una etapa caracterizada por decisiones contradictorias, falta de planificación y una gestión que continúa deteriorando un servicio esencial para la ciudad”.

El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido dar marcha atrás en la implantación de la Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAV) prevista para el barrio del Zumbacón. La Delegación de Movilidad ha acordado suspender la entrada en vigor del decreto que regulaba el estacionamiento preferente para residentes después de constatar que la medida ya no cuenta con un respaldo mayoritario entre la población del barrio, pese a que fue promovida inicialmente por la propia asociación vecinal y respaldada por la Junta Municipal de Distrito Levante.

La decisión supone un giro respecto a la posición mantenida por el Ayuntamiento apenas unos días antes, cuando aprobó la creación de esta nueva zona de estacionamiento regulado mediante un decreto fechado el 22 de junio de 2026. La implantación, sin embargo, nunca llegó a hacerse efectiva porque aún no se habían iniciado los trabajos de señalización necesarios para su entrada en vigor.

El informe-propuesta, firmado por la Subdirección General de Movilidad, explica que la iniciativa nació tras varias solicitudes registradas por la Asociación Vecinal Zumbacón y por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara. Ambas organizaciones venían denunciando desde 2024 las dificultades para encontrar aparcamiento debido al incremento de vehículos ajenos al barrio que ocupaban las plazas disponibles.

Siguiendo lo establecido en la Ordenanza Municipal de Circulación, la Delegación de Movilidad solicitó un pronunciamiento a la Junta Municipal de Distrito Levante, que en febrero de 2025 dio su visto bueno a la creación de la ZAV con una regulación horaria determinada. Ese respaldo institucional llevó al Ayuntamiento a entender que la propuesta contaba con un amplio consenso vecinal.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente después de la aprobación del decreto. Según recoge el informe municipal, la propia presidenta de la Asociación Vecinal Zumbacón remitió un escrito a la Delegación de Movilidad tras celebrar una reunión informativa con residentes, usuarios de Cruz Blanca, Casa Familiar San Francisco de Asís y vecinos de los antiguos pisos militares. En ese encuentro, asegura, “la mayoría de las personas” mostraron su desacuerdo con la implantación del aparcamiento restringido.

El documento añade que durante esa reunión se llegó incluso a plantear la recogida de firmas, la convocatoria de una rueda de prensa e impedir los trabajos de señalización de la zona. Ante ese escenario, la representante vecinal solicitó expresamente al Ayuntamiento que paralizara la ejecución del decreto para evitar un conflicto mayor.

Ese cambio de posición resulta determinante para la Delegación de Movilidad. El informe reconoce expresamente que la petición registrada el 27 de junio pone de manifiesto que la creación de la ZAV “no cuenta con un respaldo real entre la población residente”, circunstancia que genera “serias dudas en su aplicación efectiva”.

Por ello, el documento propone suspender “hasta nueva fecha” la entrada en vigor del decreto que creaba la Zona de Aparcamiento Vecinal del Zumbacón. La medida tiene además un efecto práctico inmediato: al no haberse ejecutado todavía la señalización horizontal y vertical prevista, la regulación nunca llegó a entrar en funcionamiento, por lo que la suspensión evita que el sistema llegue siquiera a aplicarse.

El caso del Zumbacón pone de manifiesto la división existente en el barrio respecto a una medida que había sido reclamada durante años para proteger las plazas de estacionamiento de los residentes, pero que terminó encontrando una fuerte contestación cuando se conocieron sus condiciones concretas de aplicación. La controversia enfrentó a vecinos favorables y contrarios a la regulación y obligó finalmente al Ayuntamiento a revisar su decisión.

Con esta marcha atrás, el Gobierno municipal deja en suspenso una de las nuevas zonas de aparcamiento vecinal previstas en la ciudad y abre la puerta a replantear la propuesta si en el futuro existe un consenso suficiente entre los residentes del barrio.

El Ayuntamiento culminará este jueves la apertura al tráfico del nuevo tramo de la calle Poeta Juan Jiménez Macías Mondeño, una actuación que permitirá conectar de forma directa las glorietas de Santa Beatriz y Rafael Bernier Soldevilla y que forma parte de la reorganización de la movilidad en esta zona de la ciudad para la puesta en marcha de la Ronda Norte.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha presentado este martes los trabajos ejecutados, que han supuesto una inversión de 261.841 euros, tras partir de un presupuesto base de licitación de 264.865 euros. Las obras han contado con un plazo de ejecución de cinco meses.

El objetivo principal de la intervención ha sido completar la conexión entre ambas glorietas, dando continuidad a la actuación desarrollada en 2012. Para ello se ha urbanizado el nuevo tramo de calle con la construcción de acerados de tres y cinco metros de anchura, ejecutados con baldosas de terrazo, el mismo material empleado habitualmente por el Ayuntamiento en este tipo de actuaciones. La nueva calzada dispone de 13 metros de anchura, con dos carriles de circulación y una banda de aparcamiento lateral, además de un nuevo firme asfaltado.

Los trabajos también han incluido mejoras en las infraestructuras básicas. En materia de saneamiento, se ha conectado la red de alcantarillado de esta segunda fase con la ya existente mediante una conducción unitaria de 400 milímetros, además de la construcción de un nuevo pozo y la instalación de cuatro imbornales para la recogida de aguas pluviales.

En cuanto al alumbrado público, se han instalado seis columnas de acero galvanizado de diez metros de altura equipadas con luminarias de tecnología LED. Asimismo, la actuación se ha completado con la creación de cuatro alcorques, la plantación de cuatro jacarandas y la instalación de un sistema de riego automatizado.

La apertura de este nuevo tramo conllevará también cambios en la circulación del entorno. La calle Poeta Juan Jiménez Macías 'Mondeño' pasará a tener sentido de circulación desde la glorieta de Santa Beatriz hacia la glorieta de Rafael Bernier Soldevilla, con dos carriles. Por su parte, la calle Joaquín Sama Naharro invertirá su sentido y canalizará el tráfico desde la glorieta de Rafael Bernier Soldevilla en dirección a la avenida de la Arruzafilla.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) planea ampliar la zona de embarque de la estación de tren de Córdoba Julio Anguita y reordenar también el control de equipaje, dado el aumento de la actividad con los nuevos operadores y trenes que circulan por dicha estación.

Adif acaba de licitar un contrato para la ejecución de este proyecto para “la nueva reordenación del embarque y operativa de control de equipajes en los trenes de Alta Velocidad de Córdoba - Julio Anguita”, según ha publicado la Plataforma de Contratación, por un valor de 157.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Adif recuerda que, dentro del conjunto de actuaciones que se vienen llevando a cabo en la Estación de Córdoba - Julio Anguita se encuentra la mejora en el vestíbulo, en la zona de embarque de la estación, de donde recientemente se retiró y trasladó el centro de servicios de Renfe, en el que se encontraba ubicado el control de billetes, ante el inicio de actividades en el corredor Madrid-Sevilla/Málaga de Alta Velocidad de otro operador ferroviario, que debía compartir las operaciones de control. “Con la nueva situación y ante las condiciones térmicas de la estación, especialmente en verano (donde se alcanzan temperaturas por encima de los 40ºC), se ha hecho necesario dotar a la zona de embarque de cuatro nuevas cabinas de control de acceso a trenes de Alta Velocidad, para que puedan ser utilizadas de forma independiente por cualquiera de las operadoras ferroviarias sin exclusividad alguna”, indican.

Asimismo, el administrador ferroviario constata que el aumento de circulaciones y de viajeros ha provocado que el área de seguridad de Adif-Alta Velocidad haya aumentado el número de radioscopias necesarias para el control de equipajes. “Estos factores provocan que el vestíbulo y el área destinada al embarque de viajeros se haya visto reducida y puedan provocarse situaciones, ya no incómodas para el viajero, sino que pueden afectar a la operativa del embarque y a la seguridad de las personas”.

Actuaciones

Ante ello, se acometerán trabajos “para dotar a la Estación de Córdoba - Julio Anguita de más espacio en el vestíbulo, de una zona de embarque más amplia y nuevos aseos públicos necesarias estas actuaciones por el aumento actual de circulaciones y viajeros actuales y para afrontar un alza aún mayor en el futuro”, indica el contrato de Adif.

Así, se pretende acometer el demolido las actuales vallas metálicas y delimitar una nueva zona de embarque en la que se reordenará el flujo de viajeros. También se acometerán trabajos de acceso a la zona referida mediante la demolición de un fijo de cristal en las puertas de acceso al vestíbulo principal de la estación y se ampliará el acceso por dicha puerta, para lo que será necesario recolocar una boca de incendio equipada.

Igualmente, es necesario realizar trabajos en la instalación eléctrica actual sustituyendo las acometidas aéreas provisionales de las casetas de checking y de radioscopia por una instalación definitiva que discurrirá bajo el forjado de la estación.

En el vestíbulo se demolerá la actual envolvente curva y se sustituirá por una cristalera en línea con la geometría de la estación. Además, se acondicionará nuevos aseos públicos en el área donde se ubican dos locales comerciales desocupados.

Todo ello conllevará además trabajos de modificación de la señalética de la estación y modificaciones en los encaminamientos podotáctiles que incluirán desmontaje de los actuales e instalación de nuevos encaminamientos.

Adicionalmente, a los trabajos anteriormente referidos se van a acometer la reparación de un muro derribado en los terrenos externos de la estación, la sustitución de una puerta de emergencia y la adaptación de un baño PMR para el personal de la estación.

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha iniciado una de las medidas incluidas en su plan de choque para mejorar la limpieza del entorno de los contenedores de residuos y reducir el abandono de bolsas en la vía pública. La actuación consiste en la retirada progresiva de las gomas instaladas en las bocas de los recipientes de las fracciones resto y orgánica.

La implantación del nuevo sistema introdujo un diseño que incorpora elementos de goma en los orificios de acceso. La experiencia acumulada ha permitido constatar que este sistema puede dificultar la introducción de las bolsas con restos, favoreciendo que, en algunos casos, sean abandonadas en el exterior de los contenedores incluso cuando estos disponen de capacidad suficiente.

Según informa en una nota, con el objetivo de facilitar el uso de los depósitos, mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la presencia de residuos, Sadeco ha comenzado la retirada de estos elementos de goma. Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva durante los meses de verano, unas 13 semanas, y continuarán hasta principios del próximo mes de octubre, siguiendo una planificación que permitirá actuar de manera ordenada en toda la ciudad.

En total, la actuación alcanzará a 2.167 contenedores, de los que 712 corresponden a la fracción resto y 1.454 a la de orgánica. Desde el punto de vista técnico, la intervención es sencilla y ya ha sido aplicada en otras ciudades. Su finalidad es favorecer un depósito más cómodo y ágil de los residuos, disminuir el número de bolsas abandonadas fuera de los recipientes y evaluar el comportamiento del sistema una vez eliminados estos elementos.

Así, Sadeco realizará un análisis comparativo de las incidencias registradas antes y después de la retirada de las gomas para comprobar la eficacia de la medida. El seguimiento será llevado a cabo por el Servicio de Inspección de la empresa municipal, que elaborará informes semanales sobre la evolución del funcionamiento y del número de bolsas depositadas en el exterior de los mismos. Esta iniciativa forma parte del plan de choque puesto en marcha por Sadeco para reforzar el servicio de recogida de residuos y mejorar la limpieza de la ciudad.

Entre las medidas ya implantadas destaca la incorporación completa de los 20 nuevos camiones con los que la empresa ha renovado y reforzado su flota de recogida. Gracias a ello, los 70 itinerarios diarios diseñados por la compañía se están desarrollando en su totalidad y sin incidencias destacables, garantizando una mayor capacidad de respuesta.

A este refuerzo se suma también la ampliación del dispositivo de limpieza del entorno de las islas de contenedores mediante dos vehículos carrozados adicionales en cada turno de trabajo, lo que permite actuar con mayor rapidez sobre los restos dejados junto a los contenedores, reduciendo su impacto visual y mejorando la imagen de estos espacios en los barrios de Córdoba. Asimismo, Sadeco continúa desplegando su nuevo plan de baldeo intensivo de calles, una actuación que se extenderá progresivamente por toda la ciudad. Esta misma semana los trabajos se desarrollan en las zonas de Agrupación Córdoba y Carlos III, dentro de un calendario que permitirá reforzar la limpieza viaria durante los próximos meses.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que “este plan de choque responde al compromiso de la empresa municipal por mejorar de forma continua el servicio que prestamos a la ciudadanía. Hemos escuchado las incidencias detectadas durante la implantación del nuevo modelo de contenedores y actuamos para facilitar el depósito de los residuos y reducir el abandono de bolsas en la vía pública”.

También ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para que estas acciones redunden en una mejora de la imagen de los contenedores repartidos por la ciudad. Ha añadido que esta medida se suma “al importante esfuerzo realizado con la incorporación de la nueva flota de recogida, el refuerzo de la limpieza en las islas de contenedores y el plan intensivo de baldeo. Nuestro objetivo es seguir mejorando la imagen de Córdoba y ofrecer un servicio cada vez más eficaz, eficiente y adaptado a las necesidades de los cordobeses”.