Con menos tensión que en la sesión de la mañana, el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba en la tarde de este jueves fue también intenso. La sesión se convocó a instancias de los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba, y se convirtió en un cruce de reproches y acusaciones. Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba acusaron al gobierno local de no haber construido ni una vivienda pública ni de alquiler en estos ocho años de gobierno del PP. Los populares se defendieron asegurando que ni el PSOE ni IU hizo vivienda pública alguna durante su mandato entre 2015 y 2019. Y el PP y Vox coincidieron en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser el culpable de la situación de la vivienda en España, de la crisis de precios y la vulnerabilidad de los inquilinos y propietarios.

El debate sirvió para reflejar dos visiones totalmente contrapuestas de cómo tiene que ser el mercado de la vivienda en España. Protegido y regulado, para el PP y Hacemos. O libre, sin trabas burocráticas y mucha más construcción para el PP y Vox. Finalmente se aprobó la enmienda a la totalidad que presentó el PP, gracias a la mayoría absoluta de sus concejales y a la abstención de Vox. Hacemos y el PSOE votaron en contra.

La primera intervención del Pleno corrió a cargo de Catalina Ortega, portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, que puso el foco en las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda o que viven bajo la amenaza de perderla. Ortega recordó que detrás de las cifras hay personas, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven con la angustia de recibir una notificación de desahucio.

“La vivienda no es un negocio, es un derecho”, defendió, antes de cuestionar el argumento de que la solución pasa exclusivamente por construir más casas. La portavoz recordó que España ya atravesó un boom inmobiliario en el que se construyeron numerosas viviendas sin que eso garantizara el acceso a un hogar digno para toda la población.

Ortega apuntó que Andalucía cuenta con más de medio millón de viviendas vacías y que en la provincia de Córdoba hay más de 50.000. A su juicio, el problema no se puede abordar sin afrontar la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como activo de inversión, una práctica que, según denunció, acaba expulsando del mercado a quienes no pueden asumir los precios.

Por ello, reclamó que el Ayuntamiento impulse más vivienda pública en alquiler, mejore las condiciones de las viviendas destinadas al alquiler social y desarrolle políticas que permitan movilizar las casas vacías hacia el alquiler asequible.

La portavoz de Stop Desahucios también dirigió sus críticas a la Oficina Municipal de la Vivienda, que, según afirmó, se encuentra desactivada y carece de presupuesto y personal suficientes para desarrollar una actuación efectiva. Ortega exigió que este servicio intervenga antes de que se produzcan los desahucios, para evitar que las familias lleguen a perder su hogar sin recibir una respuesta de las administraciones.

Entre sus demandas figuraron la puesta en marcha de un plan municipal de emergencia habitacional, el incremento del parque público de alquiler asequible, un programa eficaz para movilizar viviendas vacías y la publicación de datos transparentes sobre la situación de la vivienda en Córdoba.

“Ninguna familia debería acabar en la calle porque las administraciones no han podido acudir a tiempo”, advirtió. Ortega cerró su intervención con un mensaje dirigido al Ayuntamiento: dentro de un año, dijo, no quieren volver a escuchar promesas sobre miles de viviendas que se construirán en el futuro, sino comprobar qué soluciones se han puesto en marcha para quienes necesitan una casa ahora.

Hacemos Córdoba acusa al PP de desactivar la Oficina de la Vivienda

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, recogió buena parte de las reivindicaciones de Stop Desahucios y centró sus críticas en la gestión del gobierno municipal. El concejal reivindicó el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y reprochó al PP que no defienda ese principio desde las instituciones.

Hidalgo sostuvo que el debate extraordinario se había convocado junto al PSOE precisamente porque, a su juicio, el gobierno municipal evita abordar la vivienda como un derecho y como una responsabilidad de las administraciones públicas. “El PP no quiere hablar de lo público ni de derechos”, resumió.

El edil denunció que la Oficina de la Vivienda lleva siete años desactivada y consideró que podría desempeñar un papel relevante frente a los fondos de inversión que, según su diagnóstico, están expulsando a familias de sus hogares. También vinculó el problema del acceso a la vivienda con la proliferación de apartamentos turísticos y acusó al gobierno municipal de favorecer la conversión de la ciudad en un negocio inmobiliario.

En este punto, afirmó que se habían concedido más de 200 licencias para apartamentos turísticos en los nueve meses anteriores. Asimismo, cifró en un 32% el incremento de los desahucios respecto al año pasado y aseguró que se habían producido más de 70 en la ciudad durante el año, sin que el Ayuntamiento hubiera ofrecido una respuesta suficiente. Hidalgo citó expresamente a Loli y Maricarmen como ejemplos de personas a las que, según denunció, el Consistorio no está defendiendo ante sus problemas de vivienda.

El concejal de Hacemos Córdoba amplió sus críticas a la política autonómica del PP y a la gestión de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la que acusó de no atender adecuadamente a sus inquilinos. También censuró la gestión de Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda, al considerar que ha dejado de cumplir el papel que debería desempeñar en la promoción de vivienda asequible.

Vox responsabiliza al Gobierno central y reclama más construcción

La portavoz de Vox, Marta León, cuestionó que PSOE y Hacemos Córdoba plantearan el debate y acusó a la izquierda de ser responsable de buena parte de los problemas que denuncia. Su intervención se centró en las dificultades de los propietarios, la reducción de la oferta de alquiler y la necesidad de agilizar la construcción.

León defendió que el problema afecta tanto a los jóvenes que no pueden encontrar una vivienda a un precio asumible como a los propietarios que han trabajado durante décadas para adquirir una casa. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a estos últimos en sospechosos y no ha ofrecido soluciones después de años en el poder.

La concejala aseguró que, entre 2020 y 2025, la oferta de viviendas en alquiler había caído un 53%, mientras los precios seguían aumentando. A su juicio, la reducción de la oferta y el encarecimiento de los alquileres constituyen una realidad que sufren los vecinos de Córdoba.

Frente a las propuestas de la izquierda, León reclamó facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias y revisar las trabas administrativas que, según sostuvo, pueden mantener una promoción paralizada durante años. También defendió una mayor seguridad jurídica y el impulso de vivienda protegida para quienes realmente la necesitan.

La edil de Vox acusó al PSOE de ofrecer “propaganda y anuncios” en lugar de soluciones y rechazó que se responsabilice a los propietarios de las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, durante la réplica reconoció que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tienen responsabilidades en esta materia.

El PSOE denuncia que la Junta no ha construido vivienda social en Córdoba

El concejal socialista José Antonio Romero rechazó los argumentos del PP y Vox y defendió que la vivienda debe abordarse desde las obligaciones que establece el marco constitucional. En su intervención, recordó el artículo 47 de la Constitución y el reparto de competencias entre administraciones, con especial atención a las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Romero citó el artículo 148.1 de la Constitución y el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía para subrayar la responsabilidad de la Junta en la ordenación del territorio, el urbanismo y la promoción pública de viviendas.

A partir de ese marco, preguntó al Gobierno andaluz cuántas viviendas sociales había construido durante los ocho años de mandato del PP. Su respuesta fue tajante: según afirmó, en Córdoba no se había construido ninguna vivienda social ni de protección pública durante ese periodo.

El edil socialista también denunció un incremento del 40% en el precio máximo por metro cuadrado de la vivienda protegida en Andalucía y cuestionó el destino previsto para el inmueble de Manríquez 2, que, según señaló, se utilizará como hotel en lugar de destinarse a un uso público.

Romero preguntó además qué había hecho la Junta con los 1.600 millones de euros que, según indicó, habían llegado del Gobierno de España para políticas de vivienda y cuánto se había invertido en Córdoba en la construcción de casas sociales o públicas.

El concejal también criticó la gestión del bono de alquiler joven, cuya tramitación por parte de la Junta, aseguró, había permanecido paralizada durante meses pese a contar con financiación estatal.

Las críticas socialistas se dirigieron igualmente al alcalde, José María Bellido, y a Vimcorsa. Romero sostuvo que el Ayuntamiento tampoco había construido vivienda pública durante el mandato del actual gobierno municipal y puso en cuestión que los anuncios realizados por los populares se hayan traducido en promociones terminadas.

Torrico defiende la gestión municipal y acusa a la izquierda de dejar cero proyectos

El presidente de Vimcorsa y concejal del PP, Miguel Ángel Torrico, respondió a las críticas apelando a la necesidad de abordar el problema con “responsabilidad y empatía”, además de con rigor y datos. El edil popular rechazó que Córdoba pueda analizarse de manera aislada del contexto nacional y responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez y a las fuerzas de izquierda de la crisis de vivienda.

Torrico afirmó que el encarecimiento de la vivienda en Córdoba había sido del 27% en los últimos cuatro años y destacó que la ciudad se encontraba entre las capitales españolas donde menos había subido el precio, al situarla en el puesto 46 de un total de 50. Sostuvo que los precios habían aumentado en todas las capitales, con independencia del partido que gobernara.

El concejal también reprochó al anterior gobierno municipal de PSOE e IU que, entre 2015 y 2019, retirara suelo residencial y no pusiera en marcha ningún proyecto de vivienda pública. Según su versión, aquel mandato terminó sin promociones municipales de este tipo.

En relación con el mercado del alquiler, Torrico aseguró que la oferta había caído un 15% en Córdoba tras los decretos impulsados en esta materia y defendió que la solución pasa por incrementar el número de viviendas disponibles mediante la construcción.

Frente a las acusaciones de Stop Desahucios sobre la Oficina Municipal de la Vivienda, el edil popular sostuvo que el servicio existe y trabaja en coordinación con los servicios sociales. Según los datos que aportó, se habían realizado 389 actuaciones para evitar desahucios y 124 familias habían sido propuestas para recibir una solución habitacional.

Torrico añadió que el Ayuntamiento había concedido 3.496 ayudas al alquiler y que el PP había destinado 9,6 millones de euros a estas políticas, con 1,5 millones adicionales previstos para 2026. En su comparación con el anterior gobierno municipal, afirmó que el Ejecutivo de Isabel Ambrosio había destinado 1,2 millones.

El concejal defendió que la construcción de nuevas viviendas es la principal vía para responder a la demanda y rechazó que el gobierno municipal haya permanecido inactivo en materia residencial.

El PSOE cifra en más de 8.000 los demandantes de vivienda asequible

En el turno de réplica, Romero insistió en que el PP debía demostrar con resultados sus anuncios de nuevas promociones. Preguntó cuántas viviendas había construido Vimcorsa durante el actual mandato y respondió que ninguna.

El socialista recordó que en el consejo de administración de la empresa municipal se había planteado la construcción de 60 viviendas en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, en su mayoría en régimen general y con precios máximos regulados. Sin embargo, denunció que esas promociones no se habían materializado.

Romero también cuestionó que los presupuestos municipales incluyeran recursos suficientes para cumplir los compromisos anunciados por el gobierno local. A su juicio, las promesas de construir 2.000 viviendas en alquiler por 300 euros al mes y en venta por 90.000 euros tampoco se habían traducido en resultados.

Para ilustrar la dimensión de la demanda, el concejal aportó las cifras de 4.048 solicitantes de vivienda en alquiler y 4.074 interesados en comprar una vivienda asequible. En total, más de 8.000 demandantes a los que, según denunció, el Ayuntamiento no había ofrecido una solución.

El socialista reprochó al alcalde que no estuviera respondiendo a las dificultades de los cordobeses para llegar a final de mes y vinculó esa situación con las subidas de las tarifas municipales del agua y la basura.

También contrapuso la política andaluza de vivienda protegida con la aplicada en Dos Hermanas, donde, aseguró, el PSOE había rebajado un 12% el precio máximo de este tipo de viviendas, frente al incremento del 40% que atribuyó a la Junta de Andalucía.

Hacemos Córdoba acusa al PP de convertir Vimcorsa en una inmobiliaria

La réplica de Juan Hidalgo volvió a poner el foco en las competencias autonómicas y municipales. El portavoz de Hacemos Córdoba reprochó a Vox su planteamiento sobre el reparto de responsabilidades y sostuvo que la vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Hidalgo acusó a la derecha y a la ultraderecha de no querer defender la vivienda como un derecho y dirigió sus críticas tanto a AVRA como a Vimcorsa. Sobre la primera, aseguró que se había convertido en “el peor casero de Andalucía”, por el estado de las viviendas y la atención a sus inquilinos. En cuanto a la empresa municipal, consideró que había abandonado su función de promoción pública para comportarse como una inmobiliaria más.

El concejal popular Torrico había señalado que el anterior gobierno de PSOE e IU no dejó proyectos preparados para su desarrollo. Hidalgo rechazó esa versión y recordó que las 308 viviendas de Huerta de Santa Isabel se iniciaron en 2015, mientras que el proyecto de las viviendas de Sama Naharro databa de 2017.

Con estos ejemplos, el edil de Hacemos Córdoba cuestionó que el PP pudiera atribuir la falta de promociones a la ausencia de trabajo previo y reiteró que, a su juicio, el gobierno municipal no había impulsado nuevas viviendas públicas suficientes.

El PP anuncia 784 alojamientos para jóvenes y defiende las promociones previstas

En su última intervención, Torrico volvió a cargar contra la gestión de los anteriores gobiernos municipales y aseguró que durante el mandato de PSOE e IU se registraron 249 desahucios, frente a una cifra que, según afirmó, se ha reducido un 90% con el actual gobierno.

El concejal popular negó que el anterior Ejecutivo hubiera dejado preparadas las promociones que ahora se están desarrollando y citó distintas actuaciones, entre ellas las de San Jerónimo, con 104 viviendas en una primera fase y 103 en una segunda, además de Sama Naharro y los alojamientos para mayores de Don Rodrigo.

Torrico anunció asimismo que el lunes 26 de octubre se llevaría a la Junta de Gobierno Local una encomienda de gestión para licitar 784 alojamientos para jóvenes en Córdoba. La actuación, según explicó, forma parte de los proyectos con los que el Ayuntamiento pretende ampliar la oferta residencial.

El edil también comparó los compromisos de construcción del Gobierno central con los del Ayuntamiento y afirmó que Pedro Sánchez había anunciado la construcción de 183.000 viviendas sin haber levantado ninguna. En el ámbito local, aseguró que el Consistorio pondrá en carga dos millones de metros cuadrados de suelo y citó los 200.000 metros cuadrados previstos en el sector O-4 de Córdoba.

Mientras Torrico intervenía, los activistas de Stop Desahucios abandonaron el salón de plenos entre acusaciones de que el concejal estaba diciendo “mentiras”. La salida de los representantes de la plataforma evidenció el malestar de quienes habían reclamado al comienzo de la sesión una respuesta inmediata a las familias que atraviesan una situación de emergencia habitacional.

En la última réplica, Romero calificó de “demagogia barata” las afirmaciones del concejal popular y volvió a poner el acento en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. “El precio de la vivienda sube dos veces más rápido que los sueldos”, sostuvo.

El PP saca adelante su enmienda con la abstención de Vox

El debate concluyó con la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y el PP. La propuesta de Vox contó con el apoyo de la propia formación, pero fue rechazada por los votos contrarios de Hacemos Córdoba y el PSOE y la abstención del PP.

A continuación, el Pleno aprobó la enmienda a la totalidad presentada por los populares. La mayoría absoluta del PP permitió sacar adelante el texto, con la abstención de Vox y los votos en contra de los dos grupos de izquierda.

El resultado cerró una sesión marcada por las diferencias sobre el papel de las administraciones, la regulación del mercado inmobiliario y la eficacia de las políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Mientras PSOE y Hacemos Córdoba reclamaron más promoción pública y acusaron al Ayuntamiento de no haber construido vivienda social durante los ocho años de gobierno popular, el PP defendió las ayudas municipales, las actuaciones realizadas para evitar desahucios y los proyectos previstos. Vox coincidió con los populares en atribuir al Gobierno central buena parte de la responsabilidad por el encarecimiento de la vivienda, aunque defendió que también deben actuar la Junta y el Ayuntamiento.

La sesión dejó así sin resolver el principal desacuerdo político: si la respuesta a la crisis residencial debe pasar prioritariamente por ampliar el parque público y regular el mercado o por aumentar la oferta mediante nuevas construcciones, agilizar los trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

El XIX Congreso de la Fundación Blas Infante ha dado comienzo este jueves en la Universidad de Córdoba (UCO) con un reconocimiento a la figura del desaparecido veterinario, médico, historiador, arabista y político andalucista cordobés, Rafael Castejón y Martínez de Arizala, en un acto que ha servido como preámbulo del encuentro que se desarrollará en la capital cordobesa durante los próximos tres días y en el que se ha realizado una ofrenda floral frente al busto que le recuerda en los jardines del Rectorado de la institución académica, obra de Pedro Berjillos Ruiz.

Según ha informado la UCO en una nota, el acto, en el que se han presentado los distintos contenidos del congreso, ha contado con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante; el secretario del Congreso, Miguel Santiago, y el vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Manuel Rich, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la institución universitaria ejerza como anfitriona del evento y ha definido a Rafael Castejón, no sólo como “un hombre de ciencia que contribuyó a situar a los estudios de Veterinaria en Córdoba como uno de los más prestigiosos de España”, sino también como alguien “comprometido socialmente con el andalucismo”.

El homenaje ha concluido con la lectura, por parte del investigador de la UCO y patrono de la Fundación Blas Infante, Antonio Manuel Rodríguez, de un capítulo del libro 'Activistas, militantes y propagandistas'. Concretamente, el profesor de la Universidad de Córdoba ha leído uno de los capítulos redactado por él mismo, titulado 'Rafael Castejón (1893-1986): republicano y andalucista', en el que afirma que el veterinario cordobés “es a Córdoba lo que Blas Infante a Andalucía”.

Ambos, ha destacado “clavaron en la médula de su discurso social y político la necesidad prioritaria de restaurar la memoria colectiva de Córdoba y Andalucía, y los dos tenían muy claro que solo completando el mosaico del pasado andaluz podrían hallar la raíz de sus males presentes y las medidas adecuadas para afrontarlo”, ha concluido.

Rafael Castejón, fallecido en 1986, fue un veterinario, médico, historiador, arabista y político andalucista cordobés. Además de su actividad docente, fue un precursor de la investigación en química veterinaria. Más allá de su carrera profesional, durante el homenaje también se ha destacado su vertiente política, en la que fue elegido presidente del Centro Andaluz de Córdoba, una institución clave para el andalucismo histórico. Militante del Partido Republicano Radical, perteneció a la Junta Liberalista y participó en los debates del Anteproyecto de Bases del Estatuto de Autonomía de Andalucía durante el Congreso Regionalista de Córdoba en 1933.

El congreso, que se inaugura oficialmente esta tarde en el Salón de Columnas edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, en un acto presidido por el rector de la institución académica, Manuel Torralbo, se articulará a lo largo de los próximos tres días en torno a cuatro sesiones, en las que se abordará el soberanismo como pilar andalucista, la solidaridad internacionalista, el humanismo del andalucismo y las músicas populares. Además de estos espacios, el encuentro contará con dos sesiones de comunicaciones relacionadas con la temática del congreso, según ha explicado el secretario del congreso, Miguel Santiago.

El evento, que se celebra tanto en la Universidad de Córdoba, como en la Sala Polifemo del Teatro Góngora, concluirá con la actuación musical de la comparsa El Patriota, agrupación finalista del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz en 2026 y que conquistó las tablas del teatro Falla con un repertorio netamente andalucista y un integrante que encarnó a la figura de Blas Infante.

El próximo martes 3 de noviembre, podrás saber si te ha tocado o no estar en una mesa electoral el próximo 29 de noviembre. Ese es el domingo en el que se celebrarán las elecciones generales, que necesitan del dispositivo habitual para los comicios.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado este jueves, durante el Pleno Ordinario, que, dado que el plazo para hacer el sorteo va del 31 de octubre -sábado- al 4 de noviembre, lo cual coincide con un domingo y un festivo -el lunes, 2-, el martes 3 de noviembre será el día más idóneo para llevar a cabo la sesión de elección de cordobeses que participarán en la fiesta de la democracia.

Por cada mesa se elegirán a un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes, que serán dobles. Por ley, el ciudadano está obligado a acudir a la mesa electoral. De hecho, si no lo hace puede enfrentarse hasta ser considerado el autor de un delito.

Están llamados a formar mesa todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70, aunque los mayores de 65 pueden renunciar al puesto. El requisito indispensable para todos ellos es que sepan leer y escribir. Además, el presidente de la Mesa debe tener el Graduado Escolar o título de Bachiller.

Los presidentes y los vocales de cada mesa electoral, al igual que los suplentes que resulten finalmente como titulares recibirán una dieta de 70 euros por colaborar en las elecciones, además de tener derecho a una reducción de jornada laboral de cinco horas el día posterior a las elecciones.

Cuatro mociones sobre distintas infraestructuras para Córdoba que dependen del Gobierno central y cuatro acuerdos aprobados por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento este jueves, con la vista puesta en que estas reivindicaciones se le hacen ahora al Ejecutivo actual pero se trata de asuntos que tendrá que ver el próximo Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre.

Los cuatro asuntos los había planteado inicialmente el grupo del PP pero, finalmente, se han aprobado cuatro mociones conjuntas firmadas por de PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, que atañen a la autovía A-4, a la Variante Oeste, a los apeaderos de tren en la capital y a los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Aunque el grupo de Hacemos no se encontraba en el Pleno para este punto del orden del día al haber abandonado la sesión en protesta por el desalojo vivido al inicio de la mañana, la moción ya contaba con su respaldo y firma.

Así, sobre la Autovía del Sur A-4, el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España a impulsar, sin más demoras, la redacción de los correspondientes proyectos de construcción de las actuaciones contempladas en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la A-4 que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos de la capital, especialmente las comprendidas entre los puntos kilométricos 383 y 407. Y solicitar al Gobierno que remita un calendario concreto y detallado de las actuaciones que afectan al término municipal de Córdoba y a los principales accesos a la capital, indicando para cada una de ellas su situación administrativa, previsión para la redacción y aprobación del proyecto de construcción, fecha prevista de licitación y calendario estimado de ejecución de las obras, de manera que la aprobación del anteproyecto de 2025 se traduzca en compromisos concretos y verificables.

Mientras tanto, sobre los apeaderos del tren de cercanías, se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y a Adif a formalizar, con carácter prioritario, el correspondiente convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, recogiendo el compromiso de prestación del servicio ferroviario con parada en el futuro apeadero del Parque Joyero una vez esté ejecutada la infraestructura por parte del Ayuntamiento.

Y, junto a ello, se solicita al Gobierno y a Adif que concreten y comuniquen al Ayuntamiento de Córdoba la ubicación definitiva del futuro apeadero del Este de la ciudad, así como las condiciones de prestación del servicio ferroviario y un calendario cierto para la redacción, aprobación y ejecución de la actuación.

En cuanto a los terrenos de la antigua prisión en el barrio de Fátima, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a agilizar los trámites para ejecutar la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, ya que es un paso previo y necesario para que Vimcorsa pueda acometer la posterior promoción municipal de viviendas. Y se insta también al Ejecutivo central a remitir al Ayuntamiento, en un plazo de tres meses, el estado de cada expediente, presupuesto actualizado, financiación por anualidades y calendario de licitación, inicio y terminación, con información trimestral de cumplimiento.

Por último, sobre la Variante Oeste, todos los grupos políticos han dado luz verde a instar al Gobierno de España a que establezca un calendario cierto para la ejecución de la Variante Oeste y un compromiso firme de llevarlo a efecto. Y a que fije la financiación necesaria para el desarrollo de esta infraestructura viaria, de manera que no haya incertidumbre en el plano económico. Asimismo, le piden al Ejecutivo que agilice la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para cerrar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la Variante Oeste.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde definitiva este jueves a la aprobación de la subida de las tasas de las empresas municipales Sadeco y Emacsa para el presente ejercicio, lo que supone la tercera subida de los recibos de la basura y del agua en este mandato del gobierno municipal del Partido Popular. En el Pleno, el gobierno local del PP se ha quedado solo para aprobar estas subidas, al sumar en contra los votos de la oposición: PSOE y Vox -Hacemos Córdoba ha abandonado la sesión plenaria en protesta por el desalojo del salón de Plenos-, tanto en el punto sobre Emacsa como en el de Sadeco.

Así, de un lado la subida en la tasa de basuras que ya aprobó el consejo de administración de Sadeco y la Junta de Gobierno Local será de un 2,2%, después de que en el año 2023 se subiera un 35% y en 2024 un 10%. Con el incremento para este año 2026, la previsión de la empresa municipal es que cada vecino pague una media de 0,63 euros más al mes y 7,56 euros al año en el recibo de la basura. Con las subidas en este mandato, desde 2023 el recibo medio se habrá encarecido en 55,03 euros al año, unos 4,58 euros cada mes.

Por su parte, el incremento en la tarifa de Emacsa será del 2,1%, lo que supone unos treinta céntimos al mes por usuario medio. Anteriormente, el recibo del agua subió un 5% en 2024 y un 10% en 2025. Sí se mantiene la gratuidad para las personas que se beneficien del bono social por su situación de vulnerabilidad.

Debate en el Pleno sobre las subidas en Emacsa y Sadeco

En la sesión plenaria, la presidenta de Emacsa, Cintia Bustos, ha defendido que la actualización de las tasas buscan mantener el servicio esencial del suministro del agua para que sea “seguro y sostenible garantizando el equilibrio financiero de la entidad”. Así, las cuentas previstas para la empresa prevén la “continuidad del servicio, el mantenimiento y mejora de las instalaciones -12,7 millones en inversiones- y el servicio para la ciudadanía”.

Bustos ha destacado las bonificaciones sociales y para personas con discapacidad reconocida que recogen las tarifas, así como las inversiones en obras en redes y colectores, la transformación digital de Emacsa y la obra del tanque de tormenta. Asimismo, ha dicho que se trata de “una tasa bastante ajustada” que busca el equilibrio financiero de la empresa municipal. Finalmente, ha defendido las inversiones para ofrecer “un servicio de calidad” en la actualización de la ordenanza “pensando en el correcto servicio que hay que prestarles a los ciudadanos de Córdoba”.

El concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha afeado la subida de las tarifas “casi un 20% en los últimos tres años” y ha criticado que el gobierno municipal “justifique la subida de la tarifa por las inversiones: nada tiene que ver con eso” y ha señalado que Emacsa vuelva a “tocar el bolsillo de los cordobeses”.

Vox, en boca de su edil Marta León, ha trasladado su oposición a que “las familias, los comerciantes y los autónomos paguen más aunque mantengan el mismo consumo”. “Aumenta el precio del agua consumida pero también la parte fija por la parte del servicio”, ha criticado y ha destacado que la ordenanza “encarece el servicio”.

Mientras, en cuanto a la subida de la tasa de Sadeco, su presidente, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido que “esta subida sirve para financiar mejoras” en medios materiales como la compra de nuevos camiones e instalaciones de la empresa municipal y, en medios humanos, para las contrataciones realizadas para refuerzo de servicios o cubrir vacaciones. El edil ha señalado que la subida de la tarifa busca “darle el músculo financiero que la empresa necesita”.

Desde el PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha criticado que el gobierno municipal justifique la subida de la tarifa en las inversiones y ha recordado que esta es el tercer incremento en el mandato del gobierno del PP. También ha afeado que no se haya establecido un sistema para que “pague más quien más contamine” y ha señalado que la gestión financiera de Sadeco no se puede basar en “un sistema incrementalista” en cuanto a sus tasas.

Por parte de Vox, la concejala Marta León ha cuestionado “¿por qué pagamos cada vez más cuando la ciudad está cada vez más sucia?”, y ha señalado cómo “los cordobeses juzgan lo que ven: la suciedad, la basura acumulada en los acerados y los malos olores”. Por eso, ha criticado la gestión de la empresa municipal -“la responsabilidad política”- y ha pedido resolver las incidencias que se detectan.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado provisionalmente las ordenanzas fiscales para 2027 que contemplan la congelación del paquete de impuestos municipales para ese año, el último del actual mandato antes de las elecciones locales en mayo. El gobierno municipal del PP en solitario ha dado luz verde al documento, con el voto en contra de PSOE y Vox, mientras Hacemos no ha estado presente tras abandonar la sesión por el desalojo del salón de Plenos ordenado por el alcalde por las protestas de trabajadores.

La votación en el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de las ordenanzas presentadas por el PSOE y también por Hacemos Córdoba, así como a las 21 enmiendas parciales del PSOE y las cinco de Vox. El expediente ha salido adelante tal y como lo traía al Pleno el PP, solo con sus votos a favor.

El documento aprobado prevé congelar los tributos municipales, aunque aplicará nuevas bonificaciones y reducciones de cuotas. En conjunto, supondrán una reducción real ponderada del 0,12% de la fiscalidad municipal, afecta a 19 ordenanzas fiscales, además de la Ordenanza Fiscal General, e incorpora modificaciones de carácter técnico, adaptaciones normativas y cambios tarifarios, junto a nuevas medidas de gasto.

El cálculo de la reducción global del 0,12% procede de la suma del efecto de las distintas medidas fiscales incorporadas al proyecto, entre ellas las relacionadas con el ICIO y la vivienda protegida, las licencias de determinados locales comerciales y las bonificaciones vinculadas a los vehículos menos contaminantes. Así, entre las principales novedades se encuentra el refuerzo de las medidas relacionadas con la vivienda protegida. El proyecto contempla una bonificación del 50% en el ICIO para la construcción de viviendas protegidas, tanto destinadas al alquiler como a la compra, además de mantener las reducciones asociadas a los programas de rehabilitación.

La propuesta también mantiene las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas, que pueden alcanzar el 90%, así como diferentes beneficios fiscales relacionados con la eliminación de barreras arquitectónicas y determinadas actuaciones dirigidas a personas con discapacidad.

En materia de actividad económica y empleo, el Ayuntamiento mantiene las bonificaciones existentes en los diferentes tributos y tasas municipales, que pueden llegar hasta el 95% en función de la creación de empleo indefinido y de la declaración de especial interés o utilidad municipal. Otra de las medidas destacadas afecta a la movilidad. El documento de ordenanzas fiscales mantiene una reducción del 50% de la tasa de autorización anual para carga y descarga cuando se trate de vehículos con distintivo ambiental Cero o Eco.

Debate en el Pleno

La aprobación provisional de las ordenanzas ha sido debatida en el Pleno por los grupos políticos presentes, que han mantenido su posición ya expuesta en la aprobación inicial del documento. El PP ha expuesto las bonificaciones que se incluyen en el documento, así como la congelación de impuestos, mientras que PSOE y Vox han criticado -cada uno según su punto de vista-, la política fiscal de los populares.

La delegada de Hacienda, Blanca Torrent (PP), ha defendido que el documento presentado mantiene el rumbo marcado en estos años por el gobierno local y que la fiscalidad propuesta beneficia al tejido empresarial, comercial y a la ciudadanía en general. “La fiscalidad municipal tiene que ser responsable con las cuentas del Ayuntamiento y sensible con los ciudadanos”, ha dicho, tras enumerar los porcentajes de impuestos y bonificaciones. Y ha dicho que “se continúa una política construida desde hace años para generar más empleo y oportunidades”.

Desde el PSOE, el concejal José Antonio Romero, ha tachado de “mentira” la “política del relato” del PP sobre bajada de impuestos en estos años de mandato que “solo beneficia a quien más tiene”, mientras “sube las tasas de basura y agua a todos los mortales”. “¿Cuál es la bajada real de impuestos? ¿En qué va a redundar en los vecinos?”, ha preguntado.

Y finalmente, desde Vox, la concejala Marta León ha tachado de “poco valiente” al gobierno del PP: “Se podría hacer mucho más por el bolsillo de los cordobeses” ha dicho para cuestionar si “de verdad creen que los cordobeses necesitan pagar más para recibir servicios que dejan mucho que desear”.

Tras la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales en el Pleno, se abrirá el periodo legal de exposición pública y presentación de alegaciones. Una vez concluido ese plazo, el Ayuntamiento deberá analizar y resolver las reclamaciones antes de llevar de nuevo el expediente al Pleno para su aprobación definitiva, que el equipo de gobierno espera esté listo antes de que arranque el 2027 para su aplicación a partir de entonces.

“¿Quién se fía de José María?”. Este ha sido el grito coreado por las personas que llenaban el Salón de Plenos al inicio de la sesión de este jueves 15 de octubre en el Ayuntamiento de Córdoba, en referencia al alcalde, José María Bellido.

El salón municipal se ha llenado de las reivindicaciones de policías locales, delegados sindicales, personal municipal, funcionarios jubilados y otras protestas que, antes de que se iniciara el Pleno, han gritado contra el alcalde. “Paga tus deudas si no quieres guerra”, le han espetado, por los retrasos en los pagos.

Las interrupciones de los manifestantes han jalonado la primera parte del Pleno, entre gritos dirigidos al alcalde, que ha llamado en dos ocasiones al orden para requerir silencio, advirtiendo de que la siguiente vez desalojaría el Salón y, asimismo, que el reglamento contempla sanciones económicas. Finalmente, sobre las 11:25 y ante nuevas protestas que hacían imposible seguir con el debate, Bellido ha ordenado a la Policía Local que desalojara el Salón de Plenos. La sesión ha quedado interrumpida mientras tanto.

Antes, ante los gritos y pitos de los asistentes, el alcalde había recordado que el artículo 56 del Reglamento de Pleno prohíbe las interrupciones y ha requerido que dejaran continuar la sesión. Tras varios minutos de gritos, de nuevo se había reanudado el orden del día, aunque poco después han vuelto a interrumpir: “Bellido, alcalde, esto está que arde”.

Poco después, se ha vuelto a seguir el ritmo de la sesión con el debate de los grupos políticos, aunque el salón de Plenos permanece lleno con las reivindicaciones, que han ido interrumpiendo las intervenciones. “Moroso, moroso”, ha sido otro de los calificativos dedicados a Bellido.

De hecho, el testigo de las protestas lo han recogido en sus intervenciones los concejales de Hacemos Córdoba y el PSOE. Desde Hacemos, la edil Irene Ruiz ha señalado que los trabajadores presentes en el Salón de Plenos lo hacían “en defensa de sus derechos” y ha criticado el “despliegue de seguridad” ordenado por el gobierno municipal ante estas protestas.

Ruiz ha afeado “las promesas continuas, que no cumplen” con el personal municipal al que se les debe la actualización de los salarios, los premios por jubilación o las horas extras en el caso de los agentes de la Policía Local. “Se han cansado de promesas vacías. Escúchelos y atiéndalos”, ha pedido al alcalde.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado ha afirmado que el clima de protestas de este Pleno es “consecuencia de las sucesivas mentiras del gobierno municipal” y “consecuencia de su populismo, que le ha estallado en las narices”. Ha reclamado la actualización de los salarios -que en otras administraciones se ha hecho a inicios de año- para los trabajadores del Ayuntamiento, así como que se paguen los atrasos por horas extras en servicios especiales a la Policía Local.

Por parte del gobierno municipal, la responsable de Recursos Humanos, Cintia Bustos, ha tomado la palabra para tratar precisamente el punto del orden del día que abordaba un suplemento de crédito por importe de 1.452.571,99 euros para el abono de retribuciones y costes asociados al personal del Ayuntamiento de Córdoba. Y ha argumentado que se hacía uso de un mecanismo legal para afrontar esos pagos pendientes. Todos los grupos municipales han votado a favor de este punto, a excepción de la abstención del PSOE.

Reanudación del Pleno: Hacemos abandona la sesión en protesta

El Pleno se ha reanudado tras el desalojo de los manifestantes, si bien los grupos políticos han participado en una Junta de Portavoces previa y han tomado la palabra sobre lo sucedido. Por parte de Hacemos Córdoba, han explicado que abandonaban la sesión “por coherencia” con la defensa de los derechos de los trabajadores que habían protestado y ante lo que consideraban “criminalización de la actividad sindical” y “coacciones” por mencionar el alcalde que se podía identificar a los responsables de la alteración del Pleno.

Ante ello, Bellido ha repetido que en la orden de desalojo leyó el reglamento textualmente citando que “cuando legalmente proceda se identifique a los responsables” de la protesta, pero aclarando que, finalmente, “no se ha identificado a nadie, porque no procedía legalmente”. Asimismo, ha querido señalar su “respeto máximo a la actividad sindical, protesta, discrepancia, pero en los espacios donde corresponde, según el reglamento y la ley”. Ha recordado que las sesiones del Pleno son abiertas al público, si bien este no puede interrumpir el normal desarrollo de la sesión. “Ha habido margen de tolerancia y bastante”.

Por parte del PSOE, el portavoz, Antonio Hurtado, ha explicado que su grupo se quedaba en el Pleno por la importancia de los debates que iba a haber, si bien criticaba al alcalde por no tener “un gesto de empatía con los trabajadores y sus reivindicaicones”. “La respuesta no puede ser una amenaza”. Asimismo, ha creído que no procedía “la identificación” de nadie “porque no ha pasado nada especial”, en referencia a las protestas y a la interrupción del Pleno.

Facua Córdoba ha cuestionado, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, los criterios que está aplicando el Ayuntamiento de Córdoba para conceder reservas de estacionamiento de uso exclusivo para personas con movilidad reducida. Lo hace después de que varios afectados hayan recibido resoluciones desfavorables en las que el Consistorio justifica la denegación de sus solicitudes en la necesidad de ordenar este tipo de estacionamientos ante el incremento de peticiones y la limitada oferta de aparcamiento en la vía pública.

En las resoluciones notificadas, el Departamento de Movilidad rechaza conceder las plazas exclusivas solicitadas y plantea como alternativa instalar plazas genéricas para movilidad reducida en las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas. Sin embargo, no concreta la ubicación de estas plazas ni la distancia a la que se encontrarán de las viviendas, por lo que se desconoce si estarán a cinco, diez o cincuenta metros, o incluso en otra calle de la zona. Facua Córdoba considera que esta información es relevante para poder valorar si la alternativa ofrecida responde adecuadamente a las necesidades de accesibilidad de cada persona solicitante.

Por otro lado, la asociación no ha cuestionado que el Ayuntamiento deba ordenar el uso del espacio público y compatibilizar los distintos usos de la vía. Sin embargo, ha apuntado que la limitación de plazas disponibles no debería sustituir la valoración de las necesidades particulares de accesibilidad de cada solicitante ni justificar, por sí sola, una respuesta que no explique por qué la alternativa ofrecida resulta adecuada en cada caso.

Más transparencia sobre los criterios municipales

Facua Córdoba considera necesario que el Ayuntamiento aclare si ha modificado su política de concesión de estas reservas, desde cuándo aplica el cambio y qué razones justifican que unas solicitudes se autoricen y otras se denieguen.

La asociación recuerda que el artículo 97.1.a de la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento otorgue reservas específicas de estacionamiento a personas con movilidad reducida. La asociación es consciente de que el término “podrá” no reconoce un derecho automático a obtener una plaza exclusiva, pero considera necesario conocer cómo ejerce el Consistorio esa facultad y qué circunstancias tiene en cuenta para resolver cada petición.

Asimismo, ha añadido que el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, reconoce en sus artículos 22 y 23, el derecho a la accesibilidad universal y establece la obligación de garantizar condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Este marco debe tenerse presente al valorar las medidas municipales que afectan a la movilidad y al acceso al entorno urbano de las personas con discapacidad.

Dudas sobre el acceso al procedimiento municipal

Facua Córdoba ha explicado que también es relevante que la web municipal mantenga publicada la ficha informativa del procedimiento denominado “Solicitud de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida”, destinado a solicitar una plaza de uso exclusivo próxima a la residencia habitual y en el que se detallan los requisitos y la documentación necesaria.

No obstante, al intentar acceder a la página de la sede electrónica el 14 de octubre de 2026, la asociación ha comprobado que aparece un mensaje de “Acceso denegado”, por lo que no ha podido verificar si actualmente es posible tramitar estas solicitudes por esa vía.

La asociación considera necesario que el Ayuntamiento aclare la situación del procedimiento y los canales habilitados para presentar estas peticiones, así como los criterios que aplica para resolverlas.

Facua Córdoba también ha instado a comprobar que las plazas genéricas anunciadas para las inmediaciones de los domicilios de las personas afectadas se instalan efectivamente y que su ubicación y características responden a sus necesidades de accesibilidad.

La asociación continuará defendiendo que las políticas municipales de movilidad y accesibilidad deben atender a las necesidades reales de las personas con movilidad reducida, con criterios claros, transparentes y debidamente justificados. Por ello, ha reclamado que las resoluciones estén suficientemente motivadas y expliquen por qué la solución alternativa propuesta responde a las circunstancias concretas de la persona afectada.

Izquierda Unida Córdoba ha aprobado sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales, con el actual coordinador provincial de la organización, Sebastián Pérez, natural de Hinojosa del Duque, al frente de la lista al Congreso, y María Luisa Rodas, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, como cabeza de lista al Senado.

IU Córdoba apuesta por personas que “conocen la provincia porque viven en ella, trabajan en ella y comparten los problemas de sus vecinos y vecinas”. “No necesitamos que nadie nos explique lo que le pasa a Córdoba. Lo vemos cada día en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestras propias familias. Lo que queremos es llevar esa realidad a Madrid y pelear para que se nos escuche”, es la idea que resume la apuesta de la organización por unas candidaturas pegadas al territorio.

Las listas cuentan con representación de todas las comarcas cordobesas y combinan renovación y experiencia municipal, con perfiles que conocen de “primera mano las dificultades de sus municipios”. Junto a Sebastián Pérez, figuran en la candidatura al Congreso Ana Ramos, de Palma del Río; Rubén Bello, de Espejo; Natalia León, de Pozoblanco; Jesús David Sánchez, de Puente Genil, y Alba Uceda, de Fernán Núñez. Al Senado acompañan a María Luisa Rodas nombres como Miguel Ángel Peña y Luis Naranjo, de Córdoba capital, y Estrella Soriano, de Villa del Río.

La organización considera que “Córdoba necesita representantes que no se acostumbren a escuchar siempre las mismas promesas mientras los problemas siguen sin resolverse”. “Nuestra provincia no puede resignarse a perder población, oportunidades y servicios mientras otras avanzan. Hace falta gente que conozca lo que está pasando y que vaya a Madrid a dar la batalla”.

Entre las prioridades que IU quiere poner sobre la mesa están las conexiones ferroviarias, la llegada de industria que genere empleo estable, las oportunidades para que la gente joven pueda quedarse en sus municipios y las soluciones al problema del agua en el norte de la provincia. Cuestiones que, a juicio de la organización, “requieren compromisos e inversiones y no pueden seguir quedando relegadas”. “En Córdoba sabemos lo que cuesta sacar adelante un negocio, encontrar un trabajo digno, pagar una vivienda o conseguir que nuestros pueblos tengan los servicios que necesitan. La política tiene que servir para cambiar esas cosas, y para eso hace falta gente que hable claro y que no pierda el contacto con la calle”, defiende IU Córdoba.

Con estas candidaturas, la organización quiere aportar “aire fresco a la representación política cordobesa y reivindicar una forma de hacer política inconformista, cercana y dispuesta a plantar cara cuando los intereses de la provincia quedan en segundo plano”.

La aprobación de las listas abre ahora una nueva fase en la que IU Córdoba abordará las posibles alianzas con otras organizaciones de izquierdas dentro del proceso de construcción de un frente amplio. La voluntad es contribuir a una candidatura unitaria que defienda los derechos de la mayoría social y sitúe las necesidades de Córdoba en el centro de la agenda política estatal.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha informado de la solicitud formal al Ayuntamiento de Córdoba para que garantice una partida presupuestaria específica en las cuentas municipales de 2027 que dé continuidad a las labores de exhumación de represaliados de las fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael.

La iniciativa, según ha comunicado el consejo en una nota de prensa, busca terminar con el año de parón en los trabajos, y ante la evidencia de que desde otras administraciones, como el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, no considere ya su participación en el proceso. Se trataría de aprovechar que estas tareas, sin embargo, podrían contar con una aportación económica del Gobierno Central.

Capítulo aparte, y contando con el presupuesto de 2026, el Ayuntamiento debería haberse contemplado ya “la continuidad de los trabajos, que tendrían que retomarse por el mecanismo de urgencia, ya que existe una partida para el presente ejercicio junto a la aportación posiblemente ya ingresada de la Administración Central (no así la Autonómica)”. Sin embargo, la asignación de las labores se encuentra aún en contratación, habiéndose registrado un parón que, estima el CMC, debe subsanarse cuanto antes.

El CMC, máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento, ha reclamado también una “oficina dotada de medios para atender con eficacia a las familias de las víctimas y coordinar los trabajos de identificación de los restos a través de las pruebas que se encuentren o de análisis de ADN”. El objetivo es responder a una cuestión que es “absolutamente de justicia” como el que los familiares de las víctimas puedan recuperar lo que queda de quienes sufrieron la represión franquista, poder darle un trato digno a sus restos y cerrar una herida que continúa abierta para muchos cordobeses.

El Consejo ha recordado que el proceso de exhumación cobra urgencia desde el mismo momento en que ya los familiares más directos cuentan con una edad avanzada, en “la que no deben perder la esperanza de poder encontrar los restos de sus seres queridos”, explican desde el órgano de participación ciudadana.

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha actuado esta pasada noche en el túnel de Ibn Zaydun para retirar la suciedad acumulada por el paso de vehículos, una intervención que no forma parte de la planificación habitual de limpieza dadas las especiales características que presenta el lugar.

De hecho, para su desarrollo ha sido necesario el corte del tráfico, que se ha realizado en horario nocturno para minimizar las molestias, y se han tenido que emplear métodos y herramientas adecuados al espacio, dado que era necesario actuar en altura.

En total se han empleado tres vehículos, concretamente una cuba de baldeo con tres operarios (conductor, manguero y peón), una barredora con conductor y un vehículo ligero con conductor para la retirada de residuos sólidos como trozos de faros, parachoques, plásticos, etcétera. En un plazo de quince días se procederá a realizar una segunda intervención en este túnel, que igualmente consistirá en limpiar las paredes -que tenían graffitis- con las mangueras a presión y aplicar desengrasante, además de retirar restos sólidos.

Este tipo de intervención se replicará en otros espacios, como el túnel situado bajo la glorieta que une la Avenida de la Igualdad con Carlos III.

Iván Fernández ha sido elegido candidato de Podemos a la Alcaldía de Córdoba para las elecciones municipales de 2027 con el 84,29 % de los votos emitidos en las primarias de la formación. Graduado en Historia, experto en Archivística y con formación en Educación, está vinculado a Podemos desde 2015, donde ha asumido distintas responsabilidades locales y provinciales. Desde 2023 es concejal de la formación en el grupo municipal Hacemos Córdoba, donde ha desarrollado su labor política en ámbitos como la cultura, el patrimonio, los barrios y la defensa de los servicios públicos.

Tras conocerse los resultados, Fernández ha agradecido la participación en las primarias de su formación y la confianza depositada en su candidatura, a la par que ha señalado que “ahora toca seguir trabajando junto a las compañeras y compañeros de Hacemos Córdoba para construir la candidatura más amplia posible, en contacto directo con los barrios y los movimientos sociales, que permita ofrecer una alternativa al Gobierno del Partido Popular y a las políticas de José María Bellido”.

La candidatura elegida en las primarias se completa con una lista que reúne a personas con experiencia institucional y vinculadas a distintas reivindicaciones ciudadanas. En el segundo puesto figura Ana Calzada, vinculada al movimiento LGTBIQ+ y a la defensa de los derechos y la diversidad. Le sigue ‘Franky’ López, relacionado con la memoria democrática y con la lucha de las familias que reclaman la recuperación e identificación de las personas represaliadas cuyos restos permanecen en fosas.

El cuarto puesto lo ocupa Cristina Pedrajas, que ya fue concejala en el Ayuntamiento de Córdoba. A continuación figura Adrián Valenzuela, presidente de una asociación vecinal y vinculado a la defensa de los barrios, especialmente de la periferia cordobesa.

La lista continúa con Josefa Molina, vinculada a la defensa de la sanidad pública; Carlos Aranda y Rosario Gatón, relacionados con la defensa de los derechos sociales y las pensiones; y Moisés Antequera, vinculado a Rebeldía y a la participación política de la juventud. Cierra la lista Rafael Serrano, también relacionado con la periferia cordobesa y las reivindicaciones de sus barrios.

Con esta candidatura, Podemos Córdoba inicia el camino hacia las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de “desalojar a José María Bellido y al Partido Popular del Ayuntamiento” y promover un cambio en las políticas municipales, “priorizando el acceso a la vivienda, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida en los barrios”.

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, acaba de sacar a licitación el contrato para encargar la retirada de fibrocementos con amianto y otros materiales contaminantes que se encuentren en vertidos incontrolados en el término municipal de la capital cordobesa.

El contrato señala que, “con frecuencia se producen vertidos ilegales en el término municipal de Córdoba, generalmente inferiores a un metro cúbico”, donde puede haber materiales contaminantes. Por ello, para la empresa municipal es necesario “disponer de un servicio que retire y gestione estos pequeños vertidos en un plazo reducido de tiempo y, por tanto, evitar que puedan producir daños medioambientales, o personales y produzcan efecto llamada, provocando más vertidos ilegales de cualquier tipo”.

Así, el objeto del servicio es la “retirada de vertidos irregulares de materiales de aislamiento o construcción que contienen amianto en el término municipal de Córdoba, incluidos los residuos que se encuentren contaminados en su presencia”. Además, Sadeco también contrata este servicio para gestionar la retirada de estos materiales depositados en el Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla.

Los trabajos que deberá la empresa adjudicataria establecen la necesidad de realizar labores de extracción, acopio y transporte para la posterior eliminación y gestión administrativa de estos vertidos incontrolados contaminados por la presencia de amianto. El servicio de retirada de estos materiales se realizará en vertidos en Córdoba capital y en las barriadas periféricas, así como en el complejo medioambiental de Sadeco.

Labores de retirada, gestión y trazabilidad

Específicamente, la empresa especializada debe hacerse cargo de la retirada y gestión de los residuos que contengan fibrocemento, incluyendo el transporte hasta vertedero autorizado; la tramitación de todos los permisos necesarios para el transporte y gestión de residuos según normativa vigente; la notificación de la gestión de la incidencia, indicando la trazabilidad del proceso llevado a cabo; y la generación del justificante de gestión de residuos anual de los residuos gestionados a Sadeco.

El adjudicatario actuará en todo caso como 'operador de traslado', siendo responsable de la generación de las Notificaciones de Traslado (NT), de los Documentos de Identificación (DI) de los residuos y de las solicitudes necesarias en la plataforma SIRA, así como la certificación de las cantidades retiradas, identificando códigos LER y operaciones de tratamiento.

Sadeco licita este contrato con un presupuesto base sin IVA de 41.961,92 euros por un año y, al ser prorrogable por otro año adicional, de 83.923,84 euros. La fecha prevista de inicio de ejecución del contrato comenzará el 8 de enero de 2027.

El servicio de retirada de los residuos se realizará de lunes a viernes. Sadeco tramitará la necesidad de contratación del servicio de recogida y tratamiento, existiendo la obligación por parte del adjudicatario de realizar contestación en el periodo de 12 horas desde la notificación de necesidad. El trabajo deberá realizarse en un plazo menor o igual a cinco días naturales desde la petición de contratación de servicio, a excepción de recogidas de residuos con un peso mayor de 501 kilos en las que sean necesaria la utilización de servicios especiales de retirada, para los que se amplía el periodo a siete días naturales.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, defenderá este jueves que la ciudad ha resistido mejor la crisis de la vivienda que el conjunto de España durante el pleno extraordinario y monográfico dedicado a este problema, convocado para las 18:00. El regidor sostiene que las políticas municipales han permitido amortiguar una situación que considera cada vez más preocupante y que, a su juicio, se ha agravado en todo el país desde 2018.

Bellido ha avanzado que el gobierno municipal aprovechará la sesión para poner sobre la mesa datos sobre la evolución del precio de la vivienda, los alquileres, la oferta disponible y el número de inmuebles construidos en Córdoba, en comparación con el conjunto nacional. El objetivo, según ha explicado, es abordar el debate con cifras y transparencia, sin dejar de lado las dificultades que afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda.

El alcalde ha defendido que la crisis requiere responsabilidad por parte de todas las administraciones y empatía con quienes tienen problemas para comprar o alquilar una casa. Sin embargo, ha atribuido el agravamiento de la situación a las políticas del Gobierno central y ha reclamado un cambio de planteamiento para evitar que el problema siga creciendo.

“Dentro del mal momento que vive la vivienda en toda España, en Córdoba hemos sabido resistir mejor”, ha asegurado Bellido, que ha vinculado esta evolución a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y a su distanciamiento de las políticas estatales y de anteriores gobiernos locales.

El regidor ha situado el origen del problema en la evolución registrada desde 2018 y ha recordado que la vivienda ha pasado a ocupar un lugar destacado entre las principales preocupaciones de los españoles, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Bellido ha cuestionado las medidas impulsadas por el Ejecutivo central y ha advertido de que, pese a las iniciativas legislativas aprobadas, los precios y las dificultades de acceso a una vivienda continúan siendo motivo de preocupación. También ha señalado que algunos propietarios tienen cada vez más reticencias a poner sus inmuebles en el mercado del alquiler, una circunstancia que, en su opinión, reduce la oferta disponible.

“Las cosas se han hecho rematadamente mal y, sobre todo, se han hecho con mucha demagogia”, ha afirmado el alcalde, que considera que determinadas políticas han tenido efectos contrarios a los que pretendían conseguir.

En el ámbito local, Bellido ha recordado que, cuando llegó al gobierno municipal, existían planteamientos para desclasificar suelo y limitar el desarrollo urbanístico de la ciudad. A su juicio, esa estrategia habría dificultado la construcción de nuevos barrios y la generación de más viviendas.

Más vivienda protegida y agilización de las licencias

Más allá de las críticas, el alcalde ha adelantado que el pleno servirá también para exponer las medidas municipales en marcha y las actuaciones previstas para los próximos años. Entre ellas, ha destacado la aceleración del crecimiento urbanístico de Córdoba, el aumento de la vivienda de protección oficial (VPO), la regeneración de los barrios mediante las normas urbanísticas aprobadas y la agilización de los procedimientos para conceder licencias.

Sobre este último punto, Bellido ha asegurado que el sistema implantado por el Ayuntamiento está despertando el interés de otras ciudades, que se han puesto en contacto tanto con la Administración local como con el Colegio de Arquitectos para conocer su funcionamiento.

El alcalde considera que facilitar los procedimientos administrativos y promover nuevos desarrollos residenciales son herramientas fundamentales para aumentar la oferta y responder a las necesidades de los ciudadanos. No obstante, ha advertido de que las actuaciones de los gobiernos locales y autonómicos no serán suficientes si no se produce un cambio en la política estatal de vivienda.

“Si no hay un cambio en España, por mucho que hagamos los gobiernos locales y autonómicos, el problema de la vivienda va a seguir siendo un problema que se va a agravar en el futuro”, ha señalado.

El grupo municipal Hacemos Córdoba denuncia que el Partido Popular pretende impedir que el Pleno del Ayuntamiento debata la moción contra las violencias machistas que la coalición quiere llevar a la sesión del próximo jueves. La concejala Irene Ruiz ha explicado en rueda de prensa que, tras registrarse la iniciativa con cuatro minutos de retraso por problemas con la plataforma, el PP ha comunicado que “no apoyará su tramitación por vía de urgencia, lo que impediría abordar su contenido”.

Ruiz ha criticado que el gobierno municipal se escude en una cuestión formal para bloquear una iniciativa que considera necesaria. “Estamos hablando de una moción para combatir la violencia machista, no de un asunto menor que pueda dejarse pasar por un problema técnico”, ha señalado.

La propuesta, impulsada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista y asumida por Hacemos Córdoba, se presenta habitualmente en octubre para que el Ayuntamiento pueda participar en las actividades organizadas durante noviembre y preparar los compromisos vinculados al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La concejala ha recordado que, desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, han sido asesinadas 1.383 mujeres en España. En lo que va de 2026, según los datos expuestos por Ruiz, son 42 las víctimas, 12 de ellas en Andalucía. Además, desde 2003 han sido asesinados 68 menores en casos de violencia vicaria, tres de ellos durante este año. “Detrás de estas cifras hay mujeres y menores cuyas vidas han sido arrebatadas. Las instituciones tienen la obligación de actuar y de alcanzar acuerdos para combatir esta violencia”, ha defendido.

Ruiz también ha cuestionado el argumento del PP sobre el retraso en el registro de la moción y ha recordado que en otras ocasiones se han llevado al Pleno asuntos por vía de urgencia, incluso con importantes consecuencias económicas y documentación pendiente, que la oposición ha respaldado por responsabilidad. “No se puede utilizar el reglamento como excusa cuando se trata de debatir medidas contra la violencia machista y actuar con responsabilidad ante las víctimas”, ha señalado.

La concejala ha relacionado esta postura con el acuerdo del PP y Vox en Andalucía y ha criticado el papel que, según ha denunciado, se está otorgando a una formación que niega la violencia machista en ámbitos relacionados con la atención y protección de las víctimas. “El PP quiere hacerse fotos y presumir de acuerdos contra la violencia machista, pero después impide que se debatan iniciativas que buscan reforzarlos”, ha afirmado.

Hacemos Córdoba advierte de que, si el PP mantiene su rechazo a la urgencia, la moción quedará sin debate en el Pleno del jueves. En ese caso, la coalición volverá a presentarla en noviembre para que el Ayuntamiento pueda abordar las propuestas de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista.

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Córdoba va a presentar cuatro mociones en el Pleno ordinario del próximo jueves sobre cuatro infraestructuras que reivindica al Gobierno central y que, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas, dirige al Ejecutivo actual y -asegura- también al nuevo que surja de las urnas.

El portavoz del PP y del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que se trata de cuatro infraestructuras “pendientes” por parte del Gobierno de España en Córdoba y que pretende “tanto reivindicarlas hasta el último minuto” al actual Ejecutivo como “seguir apostando por las mismas en el caso de que haya un cambio en el Gobierno” tras las elecciones del 29N.

La primera moción se refiere a dar un impulso a las actuaciones de adecuación integral en la autovía del Sur A4 a su paso por Córdoba, una vía que “se está convirtiendo en ronda urbana y necesita unas condiciones de mantenimiento para el uso que tiene”. Como complemento, la segunda moción pide la ejecución de la Variante Oeste, “de tal forma que tengamos la autovía y se mejoren las condiciones de conservación en el tramo actual de la A-4 para que sirva como la ronda urbana que es a día de hoy”.

Como tercera moción se solicita la puesta en servicio de los apeaderos de tren en el Parque Joyero -el PP sostiene que es necesario para la cantidad de personas que acuden al Centro de Convenciones y ofrece la colaboración del Ayuntamiento-, así como el de la zona de Levante en Fátima,

Y, por último, el PP insta al Gobierno a culminar las obras de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde Vimcorsa tiene comprometida la adquisición de una parte para la construcción de 90 viviendas y los populares critican que lleve “tres años de retrasos” la actuación del Ejecutivo.

Sadeco no encuentra empresa para encargarse del servicio de recogida y auxilio de animales en espacios públicos de la ciudad de Córdoba en el horario en que no están disponibles los medios de la propia empresa municipal. El contrato que había sacado a licitación para ello ha quedado desierto al no cumplir los requisitos las dos empresas que habían presentado su oferta para hacerse con este servicio.

Así, la resolución publicada en la plataforma de contratación por Sadeco -a la que ha accedido este periódico-, opta por “declarar desierta la licitación correspondiente al expediente relativo al contrato del servicio de recogida y auxilio de animales en espacios públicos de la ciudad de Córdoba, al no existir ofertas admisibles susceptibles de adjudicación”.

El contrato, licitado por un valor de 215.820 euros que incluye posibles prórrogas, había tenido dos ofertas de sendas empresas pero la primera no acreditó suficientemente el cumplimiento de la obligación legal de disponer de un plan de igualdad aprobado e inscrito en los términos legalmente exigibles y, la segunda, no acreditó la inscripción en el registro de transporte de animales vivos ni la correspondiente autorización del medio de transporte exigida en el contrato.

El objeto del contrato es el servicio de recogida y auxilio de animales en espacios públicos de la ciudad de Córdoba en aquellos horarios en los que, por indisponibilidad de medios propios, la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba S.A. lo requiere, es decir franja nocturna de lunes a domingo todos los días del año, y tardes de sábados, domingos y festivos.

Se trata, por tanto, de la prestación de un servicio que incluye la recogida y auxilio de los animales domésticos que se encuentren sueltos en la vía pública en el término municipal de Córdoba durante los períodos de tiempo en los que no está operativo el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal (SBA).

La fecha de inicio de ejecución del contrato debía comenzar el 28 de noviembre de 2026 y el plazo de duración inicial del contrato será de un año, pudiendo prorrogar por dos años más, mediante dos prórrogas adicionales de duración anual.

Animales que recoger

Los animales que sería objeto de este servicio incluyen los perros y hurones perdidos y abandonados, entendidos como tales lo que se encuentren o circulen por las vías y/o espacios públicos sin estar acompañado de ninguna persona que se responsabilice de su tenencia, además de los gatos perdidos y abandonados, es decir, aquellos que no están adaptados a la vida fuera del ámbito doméstico, no incluyéndose en este apartado los felinos pertenecientes a colonias de gatos asilvestrados.

También se harían cargo de équidos y/o pequeños rumiantes cuando su estancia en la vía pública o zonas abiertas suponga un riesgo para la seguridad de las personas o el tráfico rodado a juicio de la Policía Local o de los mandos de Sadeco; y animales de fauna silvestre errante o que accidentalmente hayan podido introducirse en viviendas o locales públicos y que generen una situación de peligro para las personas o de riesgo de provocar accidentes de tráfico.

Y junto a ellos, cualquier animal exótico o salvaje que aparezca dentro del término municipal de Córdoba errante o que accidentalmente hayan podido introducirse en viviendas o locales públicos y que generen una situación de peligro para las personas o de riesgo de provocar accidentes de tráfico; y también podrán ser objeto de intervención veterinaria y/o recogida los animales de las especies anteriormente mencionadas cuando su estado físico lo requiera y, especialmente, en el caso de que estén siendo objeto de maltrato flagrante previa valoración de los agentes de Policía Municipal actuantes.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha abogado este lunes por que la subida de la cuantía del presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) contemplada para el próximo año 2027 revierta en “mejores servicios deportivos” para la ciudad.

En una nota, el edil ha comentado así el proyecto de Presupuesto del Imdeco para 2027, que alcanza los 14,47 millones de euros --lo que equivale a 676.609 euros más que en 2026--, que, a su juicio, “vuelve a evidenciar la distancia entre los anuncios del gobierno de José María Bellido y su capacidad para convertirlos en mejoras reales para la ciudadanía”. Además, el edil socialista ha señalado que el expediente incorpora “advertencias de Intervención sobre la prudencia de determinados ingresos, las inversiones, las subvenciones y el personal”.

“¿En qué va a mejorar este presupuesto la vida de los cordobeses? ¿Qué instalación estará en mejores condiciones y qué necesidad de un barrio quedará resuelta? Presupuestar más no sirve de mucho si después no se ejecutan las inversiones ni se cuenta con personal suficiente”, ha señalado Ortiz.

El socialista cuestiona que el Imdeco prevea aumentar un 93,68% los ingresos de programas deportivos y un 45,60% los procedentes de instalaciones de gestión directa respecto a la liquidación de 2025. En la piscina de Figueroa, los ingresos pasarían de 22.743,91 euros en 2025 a 128.268,90 euros en 2027, un incremento del 463,97%, ha detallado.“¿Qué estudio de usuarios, ocupación, tarifas o demanda justifica multiplicar por 5,6 los ingresos de Figueroa?”, ha preguntado Ortiz, que también cuestiona los 85.000 euros previstos de la Diputación para gestionar la IDM Figueroa, una partida que, “según Intervención, nunca se ha llegado a liquidar pese a presupuestarse desde 2023”.

Desde el PSOE remarcan que, en 2025, el Imdeco dispuso de 4,36 millones de euros de crédito definitivo para inversiones, pero “solo reconoció obligaciones por 752.093 euros, el 17,2%”. “Los ciudadanos no viven de las cifras de un documento, sino de los servicios que reciben y de las mejoras que llegan a sus barrios. Si de cada cien euros previstos para inversiones solo se ejecutan algo más de diecisiete, hay un problema de gestión que no se soluciona anunciando más dinero”, ha afirmado el edil.

Ortiz también ha reclamado una “planificación” para construir una piscina municipal de 50 metros y una “mayor coordinación” entre el Imdeco y la Gerencia Municipal de Urbanismo “para evitar retrasos en proyectos como el Pabellón de la Juventud”. “La política municipal debe resolver problemas concretos, no mantenerlos indefinidamente en la lista de promesas”, ha defendido el concejal.

“Menos personal, más retrasos y externacionalizaciones”

De igual modo, el PSOE ha alertado de “29 vacantes sobre las 70 plazas que figuran en la plantilla presupuestaria”. Además, Ortiz ha advertido de que “la modificación de la relación de puestos de trabajo contempla crear una plaza de adjunto de dirección amortizando dos plazas de mantenimiento”.

“Llevan años prometiendo cubrir las vacantes, pero hay que convocar las plazas y dar estabilidad a la plantilla. La falta de personal acaba repercutiendo en los servicios que reciben los cordobeses”, ha indicado el concejal del PSOE, quien también ha señalado “retrasos en licitaciones y programas, incertidumbre sobre las escuelas deportivas y las actividades para mayores, y la externalización del estudio de solicitudes de subvenciones”.

“Es el círculo vicioso perfecto: menos personal, menos capacidad, más retrasos y más externalizaciones”, ha comentado Ángel Ortiz, quien, finalmente, ha reclamado “un plan de recursos humanos, seguimiento trimestral de ingresos y ejecución presupuestaria, y una estrategia de infraestructuras con prioridades, financiación y plazos definidos”.

“Los cordobeses deben preguntarse qué está haciendo Bellido para mejorar su vida y la de su barrio. Gobernar no consiste en anunciar que hay más dinero, sino en conseguir que ese dinero sirva para resolver problemas. Córdoba necesita instalaciones adecuadas, una piscina de 50 metros y proyectos que se ejecuten, no promesas que se eternizan”, ha concluido el concejal socialista.

La Asociación Vecinal Regina Magdalena (AVRM) ha elaborado y remitido oficialmente al alcalde un Programa de viviendas de alquiler asequible para el Casco Histórico que contiene una serie de propuestas concretas para facilitar el acceso a alquileres asequibles en esta zona, en un momento de alza de precios de alquiler de larga temporada y de profunda turistificación. 

La AVRM plantea estas medidas en el marco de una emergencia habitacional-social, más evidente ahora que nunca que también padece la ciudad de Córdoba y requiere una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento. 

En el escrito remitido al alcalde y facilitado a los medios, la AVRM pone de manifiesto la urgencia de actuaciones municipales que garanticen el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, y que podrían ponerse en marcha desde ahora y en los próximos 4 años. 

El Programa propone tres medidas concretas: 

Estas medidas pretenden posicionar el Casco Histórico como área asequible donde desarrollar un proyecto de vida, frente a una situación actual en la que los alquileres de larga duración experimentan subidas de precio y escasean en número, debido en gran parte a la presión turística y a la especulación que se produce reteniendo y no construyendo o rehabilitando solares y edificios sin uso. También pretenden frenar su turistificación, dado que el Casco es el distrito que concentra el 60% de todas las plazas turísticas de la ciudad, con claros indicios de saturación en varias calles o zonas, donde ya se registran más alojamientos turísticos que vecinos residentes.  

La propuesta se ha enviado al alcalde para que impulse de forma urgente este Programa, a los grupos municipales para que la estudien y apoyen y al resto de asociaciones vecinales del Casco Histórico para su conocimiento y posibles iniciativas coordinadas.

El grupo municipal Hacemos Córdoba pide al alcalde, José María Bellido, que reflexione sobre los presupuestos de 2027 de la Gerencia Municipal de Urbanismo y le exige “un calendario concreto para ejecutar las inversiones pendientes”.

Según ha considerado la coalición en una nota, “no basta con volver a incluir proyectos en las cuentas si después no se materializan, especialmente cuando siguen sin atenderse necesidades de la ciudad en materia de vivienda pública, recuperación del patrimonio y equipamientos para los barrios”.

En concreto, de los aproximadamente 40 millones de euros previstos, casi 25 millones proceden de remanentes, alrededor del 62% del total, mientras que la ejecución presupuestaria de 2026 se sitúa en el 34%.

Para Hacemos Córdoba, estos datos reflejan la “incapacidad” del equipo de gobierno para convertir las previsiones presupuestarias en actuaciones reales, una situación que se aprecia en proyectos como el Anillo Verde de Parque Chinales, la adecuación del Puente de Hierro, la remodelación de Claudio Marcelo o las actuaciones de conservación del casco histórico, que continúan pendientes pese a figurar en las cuentas de distintos ejercicios.

“No pueden seguir anunciando inversiones año tras año mientras los proyectos continúan sobre el papel. La Gerencia tiene que explicar qué actuaciones va a ejecutar y cuándo”, ha reclamado la coalición, que considera “imprescindible establecer plazos concretos para que la ciudadanía pueda conocer cuándo se llevarán a cabo los proyectos y comprobar su cumplimiento”.

Además, Hacemos Córdoba ha advertido que los presupuestos no contemplan fondos para adquirir solares y edificios sin uso en el casco histórico que puedan destinarse a viviendas municipales de alquiler asequible. También reclama recursos para adquirir la casa número 4 de la plaza de San Agustín y rehabilitar la número 5, donde el vecindario demanda un equipamiento público.

A esto se suma el caso del inmueble de la calle Manríquez, número 2, cuya adquisición ha considerado que “debería haberse impulsado para estudiar posibles usos de interés público, incluido el residencial, en lugar de avanzar hacia una modificación urbanística que permitiría destinarlo a apartamentos turísticos”.

En suma, la coalición ha pedido al alcalde que revise las prioridades de la Gerencia y garantice que las inversiones presupuestadas cuenten con una planificación definida, plazos de ejecución y seguimiento. “Córdoba necesita saber cuándo van a hacerse realidad los proyectos que se anuncian y que las cuentas municipales respondan también a las necesidades de vivienda y de los barrios”, ha concluido Hacemos Córdoba.