l Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha pedido a la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, que le conceda autorización para la ejecución de tareas de mantenimiento a unos metros de donde se produjo el accidente, en torno al kilómetro 318,681.

Según recoge el escrito de Adif, al que ha tenido acceso Europa Press, se consideran “tareas que no alteran la infraestructura ferroviaria”, si bien han solicitado “respetuosamente al Juzgado que autorice a Adif para la ejecución de trabajos en el sistema de detección del comportamiento dinámica del pantógrafo ubicado entre el perfil 317-35 (punto kilométrico 317,830) al perfil 317-39 (punto kilométrico 317,935), así como en otros elementos auxiliares asociados a su funcionamiento e infraestructura de soporte”.

Al respecto, se expone que “estos trabajos requerirán corte de alimentación en catenaria y programación en horario nocturno por ser condiciones indispensables para realizar la actuación con las debidas garantías de seguridad y compatibilidad con la explotación ferroviaria”. En caso de ser autorizadas, detallan que “las actuaciones serán llevadas a cabo por el personal de la empresa contratista (Elecnor) en coordinación con Adif”.

Previamente, recuerdan que el 27 de enero, el Juzgado autorizó a Adif y al personal de las empresas contratadas por ésta a “acceder a la zona afectada por el siniestro con maquinaria pesada, medios técnicos y personal especializado al objeto de ejecutar las labores de reconstrucción y reparación necesarias en la infraestructura para restablecer el servicio ferroviario, por tratarse de actuaciones urgente y de interés general, en la forma establecida en el Fundamento de Derecho Segundo de esta resolución”.

Con posterioridad, mediante providencia de 4 de marzo, se requirió a Adif para que, “sin perjuicio de la autorización concedida, se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial”, de ahí esta solicitud, fechada el día 23 de abril.

El Gobierno andaluz ha solicitado este miércoles las dimisiones tanto del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, como del presidente de Adif, Pedro Marco, tras el accidente de tren de Adamuz del pasado 18 de enero que se saldó con 46 fallecidos, y ha considerado que si estas no se producen, ni tampoco son cesados, quien debería dejar su puesto es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Así lo ha señalado la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico están “perplejos por las declaraciones” que este pasado martes realizó el presidente de Renfe durante su comparecencia en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en la que apuntó que la empresa pública operadora de trenes es “una víctima más” de los dos accidentes ferroviarios que ocurrieron el pasado mes de enero en Adamuz y Gelida (Barcelona).

“Renfe es una víctima más de dos siniestros que han afectado a nuestro personal y a nuestros viajeros. Y creo, sinceramente, que hemos atendido a la crisis como cabe esperar de una operadora pública responsable”, señaló el presidente de Renfe en unas declaraciones que han dejado “perplejos” al Gobierno andaluz, según ha manifestado la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Carolina España ha criticado que, “cien días después del accidente de Adamuz, no hay información” ni “transparencia por parte del Gobierno”, y “la única información” que se conoce es “la que procede de la comisión de investigación o de la propia investigación de la Guardia Civil, que apunta a una rotura de la vía con bastante antelación y, por lo tanto, apunta a una falta de mantenimiento”, ha remarcado.

La consejera ha criticado que, cien días después del accidente, “nadie ha asumido responsabilidades”, así como ha censurado que “el presidente de Renfe se ponga al mismo nivel que las víctimas” y que “las familias que han sufrido la pérdida tremenda de un familiar” en el marco de este siniestro.

“Lo que tenemos muy claro es que el presidente de Renfe tendría que dimitir hoy, y mañana el presidente de Adif”, ha aseverado la consejera antes de agregar que el Gobierno andaluz le hará llegar “al presidente” y “al ministro de Transportes un escrito solicitándole esta dimisión”. Finalmente, la consejera portavoz ha considerado que “si no dimite ninguno de los dos” presidentes, ni son cesados por el ministro, “el que se tiene que marchar” es el propio Óscar Puente, según ha sentenciado.

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, Cristina Pastor Recover, ha recibido el último informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero. El documento, de 34 páginas, reconstruye con precisión quirúrgica la secuencia del suceso a través de la sincronización de las “cajas negras” (JRU) de ambos trenes, audios de cabina y las grabaciones de las cámaras de seguridad del tren Iryo.

En las cámaras se ve al Alvia aproximarse. Las grabaciones son de los primeros coches del Iryo, los que no habían descarrilado. La CIAF logra identificar al tren por las ventanillas y saber exactamente a qué distancia estaba del Iryo en cuanto se produjo el descarrilamiento: a 188 metros, lo que hacía imposible la reacción del maquinista y el frenado automático.

La investigación ha determinado que el descarrilamiento del Iryo comenzó a las 19:43:34, cuando el primer eje de su coche 6 pasó sobre una rotura de vía en el punto kilométrico (PK) 318,681. Apenas tres segundos después, la infraestructura detectó los daños y cerró de forma intempestiva la señal S613, que en ese momento protegía el paso del Alvia en sentido contrario.

En el instante preciso en que la señal pasó a rojo, el morro del Alvia se encontraba a tan solo 188 metros de distancia del punto de parada (punto kilométrico 318,128). A pesar de que el sistema de seguridad LZB activó inmediatamente el frenado de emergencia, la distancia era insuficiente para detener el convoy, que circulaba a 217 kilómetros por hora. La colisión final se produjo a las 19:43:42, cuando el Alvia impactó contra la parte posterior del coche 6 del Iryo a una velocidad de 204 kilómetros por hora.

Pánico a bordo y “esquirlas incandescentes”

El análisis del circuito cerrado de televisión (CCTV) del Iryo, que cuenta con cuatro cámaras por vagón, ha permitido observar las reacciones de los viajeros durante el descarrilamiento. A las 19:43:35, solo un segundo después de la salida de vía, las cámaras del coche 8 captaron “esquirlas incandescentes” golpeando las ventanas. Estas partículas procedían presumiblemente del roce violento entre las ruedas descarriladas y las partes metálicas de la infraestructura ferroviaria.

Las imágenes muestran cómo, ante las fuertes vibraciones y movimientos laterales y verticales, los pasajeros y el personal de a bordo en coches como el 1, 3 y 5 intentaron agarrarse a los asientos para evitar caerse debido a la inercia del freno y la inestabilidad del tren. En el coche 7, los vídeos registraron movimientos verticales especialmente fuertes antes de que se cortara la grabación por el impacto.

La rotura del carril como única causa

La CIAF concluye en un informe de 34 páginas que “no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2”. Por este motivo, la CIAF concluye “como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318.681”.

La Comisión sigue a la espera de que con el nombramiento de los peritos independientes por parte de la jueza se puedan iniciar ya las pruebas de laboratorio sobre los carriles extraídos del punto exacto en el que se produjo la primera rotura. El objetivo es saber su estado y a qué se pudo deber la fractura de los mismos. Hasta que no concluyan esas pruebas no se podrá saber con más o menos certeza el motivo de la rotura: falta de mantenimiento o un defecto de fábrica, entre otras hipótesis, que incluyen, incluso, factores climáticos.

La Guardia Civil ha informado a la magistrada que, a fecha de 21 de abril, ADIF aún no ha respondido al requerimiento enviado en marzo para aclarar si los raíles, el balasto y las traviesas de ese tramo de la línea de alta velocidad eran de nueva instalación o materiales reciclados, así como su trazabilidad y certificación.

Además, el acceso a los datos ha sido técnicamente complejo. La Policía Judicial tuvo que recurrir a especialistas de la empresa Hasler Rail para extraer la información de los dispositivos USB, ya que los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil carecían del software específico y las licencias necesarias para interpretar los datos de estos trenes de alta velocidad.

El accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) dejó 46 fallecidos y a 155 personas heridas, muchas de gravedad. Una mujer sigue aún en la UCI del hospital de Málaga, en estado crítico.

Con un grito de “¡Vamos Córdoba!”, Silvia Mellado, la cabeza de lista del PSOE cordobés a las próximas elecciones autonómicas, Silvia Mellado, ha abierto este domingo en Córdoba un acto de precampaña a los comicios andaluces del próximo 11 de mayo. La cabeza de lista socialista por Córdoba, que ha ostentado la alcaldía de Fuente Obejuna durante los últimos 11 años, ha presentado su salto a la política autonómica como un compromiso personal con su tierra: “Voy a dejarme la piel como lo he hecho como alcaldesa. No me asusta el reto porque vengo de donde se conocen los problemas de verdad”.

Mellado ha centrado gran parte de su discurso en la realidad que viven los municipios pequeños frente a lo que ha definido como un abandono por parte de la Junta de Andalucía. “Sé lo que es gestionar con pocos recursos”, ha afirmado, denunciando el recorte de rutas de transporte que deja a las aldeas incomunicadas. Uno de los puntos más críticos ha sido su referencia a la crisis hídrica en la zona norte de la provincia. “Sé lo que es pelear por infraestructuras dignas, ver un pantano secarse y abrir el grifo y que no tengamos agua”, ha recordado con relación a la situación vivida en el Guadiato y Los Pedroches entre abril de 2023 y ese mismo mes de 2024. En este sentido, ha enfatizado en que “la solución vino del Gobierno de España y no de la Junta de Andalucía”, criticando que el proyecto de La Colada que pretende el PP solo sirve para “abastecer con agua contaminada y duplicar actuaciones”. En esta parte de su intervención, la cordobesa ha agradecido especialmente la labor de Rafi Valenzuela durante el tiempo que estuvo al frente de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Por otro lado, la candidata ha agradecido expresamente a la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, su compromiso firme para que las necesidades energéticas del norte de la provincia estén incluidas en la planificación estratégica 2026-2030. Para Mellado, este punto es innegociable, ya que “sin energía y sin servicios no hay desarrollo posible y no se puede combatir la despoblación”.

Además, Mellado ha acusado al gobierno de Moreno Bonilla de dar la espalda al mundo rural en áreas críticas como las comunicaciones, la educación (con la eliminación de aulas en colegios) y la sanidad pública. “Frente a quienes recortan nosotros garantizamos y frente a quienes privatizan nosotros defendemos los derechos”, ha sentenciado. Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para la gestión de Pedro Sánchez, destacando especialmente la regularización de migrantes como un acto que representa fielmente los valores socialistas.

Tras recordar sus inicios en la agrupación local de Fuente Obejuna y el apoyo de sus compañeros del Guadiato, Mellado se ha mostrado optimista de cara al 17 de mayo: “En 2015, tras ocho años de gobierno del PP en Fuente Obejuna, los socialistas logramos la mayoría. En las próximas elecciones andaluzas, vamos a conseguir que María Jesús Montero sea nuestra futura presidenta”. Por último, Mellado también ha recordado a Maribel Flores, una histórica socialista que falleció el pasado 2 de abril y que fue senadora y diputada autonómica.

En un ambiente cargado de entusiasmo y con el respaldo de la plana mayor del partido, el PSOE de Córdoba ha dado el pistoletazo de salida a la pre campaña para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El acto, marcado por constantes gritos de “presidenta, presidenta”, ha servido para que María Jesús Montero, la candidata de los socialistas a la Junta de Andalucía, lance su compromiso más ambicioso: garantizar por ley que cualquier ciudadano sea atendido por su médico de cabecera en un plazo máximo de 24 a 48 horas si logra el gobierno de la Junta.

“La primera medida que voy a adoptar cuando sea presidenta es garantizar por ley la asistencia en 24-48 horas”, ha afirmado en el polideportivo del Colegio Mayor La Asunción, recordando que Andalucía fue pionera en el pasado en hitos como “la investigación con células madre o la segunda opinión médica”. Para la candidata, el voto del 17 de mayo es, en esencia, “un referéndum por la sanidad pública”.

En la semana en la que se ha iniciado el proceso extraordinario de regularización de los migrantes que viven en España, Montero ha defendido la medida no como algo administrativo, sino como un acto de humanidad y realismo económico. En sus propias palabras, se trata de “personas que viven con nosotros, que cuidan de nuestros mayores, personas que trabajan en el campo y que nos traen la comida a la mesa”. La líder socialista ha recordado que estos ciudadanos también son fundamentales en sectores como “la construcción y la hostelería” y que son perfiles “que necesitamos para seguir haciendo crecer a este país”.

Frente a los discursos de la derecha y la ultraderecha, Montero ha situado el debate en el plano ético, sentenciando que “por encima está la dignidad” de cada individuo. Para la candidata, esta política es un ejemplo de cómo el crecimiento económico puede y debe ser compatible con la justicia social. “El crecimiento económico se reparte porque no hay progreso si no somos capaces de socializar lo que producimos entre todos”, ha subrayado ante un auditorio que incluía a un pequeño grupo de migrantes, que ha roto en aplausos.

Finalmente, Montero ha expresado su deseo de trasladar este modelo de gestión a la comunidad autónoma tras las elecciones del 17 de mayo. “Quiero hacer lo que tú haces en España, pero en mi tierra”, le ha dicho a Sánchez, concluyendo que su objetivo es “trabajar para la mayoría y no frente al interés de unos pocos que defiende la derecha”.

Durante su intervención, además, Montero ha ratificado su compromiso con el norte de la provincia, garantizando que las necesidades energéticas de la zona estarán incluidas en la planificación 2026-2030, algo vital para combatir la despoblación. En materia de vivienda, ha denunciado que los precios en Andalucía suben por encima de la media nacional y ha afeado a la Junta que no utilice los millones de euros “destinados por el Gobierno de España” para la construcción de parque público de vivienda.

Montero responde a Moreno Bonilla: “El lío lo tienen las familias andaluzas con los recortes y la privatización”

Por otro lado, la candida socialista ha respondido a las recientes declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien justificó la falta de cambios en el Sistema Andaluza de Salud (SAS) alegando que “era un lío”. “El lío lo tenemos las familias, eso sí que es un lío”, le ha respondido Montero, que ha asegurado que los verdaderos “líos” son los que sufren los andaluces.

“Es un lío que nos metan copagos en el sistema sanitario y es un lío que quiten quirófanos para dárselos a las privadas. El lío lo tenemos las familias”, ha recriminado la líder socialista. En esa línea, ha extendido la crítica al ámbito educativo, señalando que “es un lío que cierren aulas”.

La titular del Juzgado de Instancia número 2 de Montoro, Cristina Pastor Recover, ha dictado una providencia con el objetivo de reorganizar la causa del accidente de Adamuz, exigiendo que las 142 acusaciones particulares y las seis acusaciones personadas se unifiquen bajo una sola representación y dirección letrada.

Según la resolución judicial emitida el pasado miércoles, y dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las partes disponían inicialmente de un plazo de 15 días para designar un procurador y un letrado comunes. La magistrada advirtió de forma expresa que, en caso de no alcanzar un acuerdo entre las partes en el tiempo previsto, el órgano judicial procederá a realizar dicha unificación de oficio.

Sin embargo, en una providencia posterior fechada el 23 de abril, la jueza ha decidido abrir un paréntesis en este proceso para garantizar los derechos de los implicados. Con el fin de salvaguardar “el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento”, el juzgado ha concedido un plazo de diez días para que las acusaciones formulen las alegaciones que consideren oportunas sobre la procedencia y el alcance de esta unificación.

Esta nueva decisión conlleva la suspensión del cómputo de los 15días otorgados originalmente para la designación de defensa común. Dicho plazo se reanudará únicamente cuando recaiga una resolución definitiva tras el estudio de las alegaciones presentadas, lo que podría derivar en el mantenimiento, la modificación o incluso la anulación de la orden inicial de unificación.

A pesar de este nuevo trámite, la jueza ha ratificado que la providencia original del 22 de abril se mantiene vigente en todos aquellos puntos que no se vean afectados por esta reciente resolución de alegaciones.

Iryo ha encargado al despacho de abogados Uría Menéndez el asesoramiento integral en todos los aspectos derivados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), incluyendo la reclamación patrimonial de los daños.

Fuentes de la operadora explican a Europa Press que se trata del despacho con el que trabaja de forma habitual y, en este caso concreto, se encargará del asesoramiento de cualquier aspecto relacionado con este suceso en el que uno de sus trenes se vio involucrado al descarrillar y chocar con un tren Alvia de Renfe que circulaba en el otro sentido.

Este encargo, adelantado por Expansión, se circunscribe en el marco de la fase de instrucción que está llevando a cabo el Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba).

La matriz italiana de Iryo, la pública italiana Ferrovie dello Stato (Trenitalia), ya informó en su última cuenta de resultados que se había personado en el proceso judicial como acusación particular, algo que aceptó la jueza y supone considerar a la empresa como “perjudicado”.

En un documento escrito en inglés, la compañía cita que la investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa, y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es Adif, la empresa pública española que gestiona la red ferroviaria.

La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en el Juzgado de Montoro.

Otras partes se personan

En cuanto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia.

Tampoco se aceptó a los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, al partido político Iustitia Europa y al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).

En cambio, la jueza aceptó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción.

También admitió al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.

Los lectores de la revista Viajes National Geographic han elegido a Córdoba como Mejor destino urbano, un reconocimiento que ha dado a conocer la propia revista en la que es la cuarta convocatoria de estos galardones. En su argumentación, la organización de los premios expone que “pocas ciudades pueden presumir de un patrimonio y un espíritu urbano tan atractivos como Córdoba.

Sin duda, la Mezquita-Catedral es la gran carta de presentación de Córdoba, con su bosque de columnas y arcos de herradura, su mihrab, las capillas barrocas y el Patio de los Naranjos. Pero hay mucho más por descubrir: el Puente Romano o el Alcázar de los Reyes Católicos entre los monumentos históricos; y las calles de la Judería, con ventanas a rebosar de geranios, y la rectangular plaza de la Corredera que invita a sentarse al sol entre amigos y charlas“.

La revista indica también que, “en mayo, los Patios de Córdoba convierten la ciudad en un espectáculo de flores”. La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento y ha destacado que es concedido por el voto popular de los lectores de la revista, “lo que refuerza y consolida la imagen de destino de primer nivel que tiene Córdoba, algo en lo que seguimos trabajando día tras día de la mano del sector turístico”.

La ciudad, ha apuntado la delegada, “tiene mucho que ofrecer al turista y es muy satisfactorio comprobar cómo son los propios visitantes o potenciales visitantes los que reconocen que Córdoba es un destino de excepción”. Aguilar ha manifestado que “para nosotros es un aliciente para seguir trabajando y corrobora que vamos por la línea adecuada” y ha querido dedicar el premio a todos los empresarios del sector, ya que “gracias a su esfuerzo y trabajo diarios permiten que Córdoba esté consolidada como un destino prioritario a nivel nacional e internacional”.

Esta convocatoria de los premios ha recogido 98 candidatos englobados en 14 categorías, que incluían también mejor destino de playa, mejor destino natural, sostenible o gastronómico, entre otros. Precisamente este último premio, el de Mejor Destino Gastronómico, fue entregado a Córdoba por los lectores en 2024. Junto a Córdoba, había seis ciudades finalistas como Mejor Destino Urbano, concretamente Barcelona, Granada, Valencia, La Coruña, Melilla y Elche. Desde la revista destacan que estos galardones tienen “la voluntad de fomentar el espíritu viajero y el deseo de descubrir y disfrutar nuevos destinos dentro de nuestro país”.

Una de las supervivientes del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha pedido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, la recusación expresa de uno de los tres peritos y sea designado en su lugar un tercer profesional que jure el cargo y realice el informe en los términos convenidos.

Según recoge el escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el perito en cuestión es socio director de una entidad que, entre otras labores, realiza trabajos de peritaje y de certificados de calidad de diferentes proyectos. “Uno de estos trabajos ha sido la obra de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz”, indica la representación de la afectada.

Al respecto, explica que “se da la circunstancia de que esta reforma fue adjudicada a Ferrovial que es una de las empresas que formaban parte de la UTE que reformó el tramo de Adamuz, ocho meses antes del accidente”.

Por lo expuesto, esta parte considera que “los peritos designados no deben tener vinculación alguna con el siniestro o con las empresas vinculadas al mismo --en este caso Ferrovial-- para garantizar la imparcialidad absoluta de cara al informe a realizar”.

Ante ello, desde este mismo momento procesal, solicitan la revocación del citado perito y “por ende nueva designación de un tercer perito que supla las funciones de aquel que expresamente se impugna”.

La diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, apunta que han sido designados tres ingenieros y este martes debían comparecer “para la aceptación del cargo, traslado de información del procedimiento y de la pericial a practicar, así como de los requisitos para elaborar el presupuesto requerido por la Junta de Andalucía”.

Al respecto, la Fiscalía de Córdoba solicitó en febrero a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente.

Desde el Ministerio Público se propuso que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.

“Línea principal de investigación, la rotura”

Cabe recordar que un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz. A la vista de este informe, queda como “línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente”.

En dicho informe del día 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que “el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de 'ocupación'”, de modo que “en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento” de Adif.

En conclusión, se apunta que “el sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria”, a lo que se añade que “Adif a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”.

Al respecto, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz ya apuntó hace semanas a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello “a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi”, que se encarga del sistema de señalización.

En este sentido, el informe de la Benemérita indica que de la documentación aportada del sistema operado por Hitachi “se observan una serie de diagramas” en los que “se refleja que la tensión del circuito de vía se mantiene en el entorno de los dos voltios de tensión” del día 12 al 18 de enero. Sin embargo, desde las 21,46 horas del sábado 17 “se produce un descenso hasta el entorno de 1,5 voltios, no recuperándose dicha tensión hasta el accidente, sobre las 19,43 horas del día 18, en el que la tensión ya queda en cero”.

Así, “se confirma que la rotura de vía se produjo en el tramo contemplado entre los kilómetros 319,412 y 318,665, por lo que esta indagatoria corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el kilómetro 318,681 y que se produjo a las 21,46 horas del día 17 de enero”.

Además, se señala que “según la documentación, puede que fuera técnicamente posible detectar una rotura franca de carril” mediante los sistemas de señalización instalados, “aunque la fiabilidad de dicha detección depende de la configuración eléctrica de la vía”.

En base a la manifestación de la responsable del sistema --empresa Hitachi Rail GTS Spain SAU proveedora de servicios contratada por Adif, “era posible detectar una rotura franca de carril en la vía 1 entre el kilómetro 317 y el 319, pero la fiabilidad de esta detección mediante los sistemas de señalización en esta línea específica era muy baja debido a la configuración eléctrica de la infraestructura”.

Desde este lunes se repiten las colas a las puertas de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, en Córdoba, en las que decenas de migrantes esperan para hacerse con toda la documentación necesaria para su regularización, un proceso que se ha iniciado esta semana; una espera que se prolonga durante toda la noche.

Según ha denunciado el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, la situación este martes ha vuelto a ser crítica. La fila de ciudadanos esperando ser atendidos se extendía nuevamente desde la sede de este edificio municipal hasta la confluencia con la calle Gondomar. Ante ello, Hurtado ha criticado la “irresponsabilidad” del gobierno municipal por no haber previsto el colapso.

La precariedad de la situación queda reflejada en testimonios recogidos en la propia cola. A través de la red social X, Hurtado ha señalado el caso de una mujer que, para asegurar su turno, se encontraba esperando desde las “20:30” de este lunes.

El portavoz socialista ha utilizado esta red social para denunciar que su formación lleva “un mes avisando de lo que podía pasar” sin que se tomaran medidas preventivas. “Ni caso. Son unos auténticos irresponsables”, sentenció el portavoz, subrayando que la falta de previsión ha provocado una situación que afecta tanto a los migrantes que buscan regularizar su situación como al normal funcionamiento de los servicios ciudadanos.

La Asociación Alzheimer Córdoba celebrará el próximo 24 de abril la quinta edición de su desfile de moda Inclusivo, una iniciativa benéfica que tendrá lugar a las 18:30 en el Patio Barroco de la Diputación de Córdoba. La cita se desarrollará bajo el lema “No te olvides de ayudar a aquellos que olvidan” y tendrá como finalidad recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de personas con Alzheimer y otras demencias

La entidad organizadora ha previsto una programación centrada en la moda y la participación social, con desfiles, actuaciones de baile y sorteos. La entrada tendrá un precio de 15 euros e incluirá copa de bienvenida y aperitivo

El patrocinador oficial de esta edición será Smurfit Westrock, que vuelve a respaldar esta iniciativa solidaria. El acto contará además con el cantante Galvan Real como padrino del desfile. La presentación correrá a cargo de Inmaculada Pérez, de FEPC, y Josehouse, de Córdoba TV

En la pasarela participarán distintas firmas y comercios de la provincia vinculados a varios sectores. Entre ellos figuran MairEtta, especializada en moda de fiesta; Moonë, dedicada a moda juvenil; Pipiola, centrada en moda femenina; Córdoba a tu Vera, de moda flamenca; Etichetta, de moda masculina; Tuca Román, con joyas, tocados y diseño de novia; y Blackpier, especializada en trajes de novio

El fotógrafo oficial del evento será Juan Fernando González Navas. Además, la organización contará con la colaboración de entidades públicas, empresas privadas, centros educativos y asociaciones sociales. Entre ellas se encuentran la Diputación de Córdoba, La Bodega del Mercado, Recuperaciones y Servicios Diego Romero S.L., Peluquería y Maquillaje Ángela Vázquez, Imagen Personal El Tablero, Basi del Río, Sensilis, Floristería Puri León, Colegio Británico, Asociación Contra el Cáncer, Asociación de Autismo, ACPACYS, Miacórdoba, Síndrome de Down, Plataforma del Voluntariado, Colegio La Milagrosa, Centro de Mayores de Villarrubia, Castillo de Maimón y Viajar es Crecer

Las entradas podrán adquirirse en la sede de la Asociación Alzheimer Córdoba, situada en la calle Escritora Gloria Fuertes s/n, así como en los establecimientos participantes. También se ha habilitado una Fila Cero para quienes no puedan asistir y deseen colaborar mediante aportación económica

Casi de tres meses después de la tragedia de Adamuz, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha nombrado a los tres peritos judiciales independientes.

Estos tres profesionales tienen que hacer su propia investigación y analizar las tres que hay en marcha: la de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la que desarrolla la empresa estatal Adif, encargada de la gestión de las instalaciones ferroviarias de España.

La designación de los peritos se produjo el pasado 16 de abril y será este martes cuando estos tres profesionales deban comparecer en la oficial judicial del juzgado de Montoro para aceptar el cargo. Cuando esto se produzca, se les trasladará la información del procedimiento y la pericial que deben practicar.

Al respecto, la Fiscalía de Córdoba solicitó en febrero a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente.

Desde el Ministerio Público se propuso que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado a través de su perfil personal en X la puesta en marcha de una nueva web dedicada exclusivamente a desmentir bulos tras el accidente de Adamuz y el descarrilamiento de otro tren de Rodalies en Gélida (Barcelona)

Según fuentes del Ministerio, se han detectado hasta 36 “narrativas no veraces que contribuyen a generar alarma social y desconfianza sobre la seguridad del sistema ferroviario y el uso del tren”.

En relación con el accidente ocurrido en la provincia cordobesa, algunas de las informaciones que Transportes ha incluido entre los bulos están las que han afectado al cambio de los raíles en Adamuz, la supuesta falta de medios de Adif o la antigüedad de la vía sobre la que circulaba el Iryo siniestrado.

Otro bulo que aparece en este portal web es el relativo a que “se tardó dos horas en localizar el tren Alvia”. Para contrarrestar esta afirmación, Transportes ha difundido la secuencia oficial de los hechos: la colisión ocurrió a las 19:43:44 y la localización exacta del tren fue comunicada al 112 a las 20:00:26 , apenas 17 minutos después del suceso. Pocos minutos más tarde, a las 20:03:09, la Guardia Civil ya contaba con la información actualizada de la incidencia.

La coalición Por Andalucía ha presentado este miércoles su candidatura en Córdoba para las próximas elecciones autonómicas, una lista que ha nacido de la unión de siete fuerzas políticas que han escuchado el “mandato de unidad dictado por la ciudadanía”. El acto ha tenido lugar en la plaza de las Tres Culturas, un espacio que ha sido elegido por ser un “entorno emblemático” que alberga la estación Córdoba-Julio Anguita y que representa una ciudad de “puertas abiertas a todas las personas” frente a los “discursos excluyentes que pretenden sembrar odio y desconfianza”.

La candidata número uno, Rosa María Rodríguez Ruz, ha manifestado que, “desde la más absoluta modestia”, los integrantes de la lista se sienten “herederos y herederas de las políticas de honestidad y de honradez de Julio Anguita”. En su intervención, ha recordado que el entorno donde se encontraban “cambió radicalmente” gracias a dichas políticas, logrando la “integración de toda la ciudad de Córdoba” que antes estaba fragmentada por las vías del tren. Asimismo, ha destacado que este año 2026 se cumplen “40 años de que Julio fue candidato a la Junta de Andalucía por Córdoba”.

Rodríguez ha advertido que, en estos comicios, “las cordobesas y cordobeses se juegan la vida, nuestros derechos y el bienestar social”, elementos que, bajo su criterio, “con el gobierno del PP están francamente amenazadas”. En esa línea, ha denunciado que Córdoba es actualmente la provincia de España que “más población pierde”, lo cual considera una consecuencia de políticas que ven la sanidad o la educación como un “nicho de mercado muy importante con el que enriquecerse”.

Además, la candidata ha criticado duramente la situación de los servicios públicos, mencionando que la ciudadanía sufre el “tener que esperar 20 días para poder acceder a un médico de atención primaria” o la necesidad de gastar gran parte del sueldo en el “pago de la vivienda digna”. Según ha afirmado, el actual presidente de la Junta “ha decidido vender a trozos nuestra tierra y mercantilizar con nuestros derechos”.

Con relación a la candidatura, Rodríguez ha asegurado que se trata de un equipo compuesto por “gente del pueblo que pretende hacer política para gente del pueblo”. La lista, que incluye nombres como Antonio Jesús Morel Alcudia (2), Alexandra Aceituno Casas (3) e Iván Fernández Olivares (4), ha integrado diversos perfiles profesionales como “personal sanitario, personal docente, personal de hostelería”, una “fotógrafa”, una “jurista”, un “minero jubilado” y una “persona cooperante”. La candidatura la completan Rocío Cruz Gómez (5), Salustiano Luque Lozano (6), María del Valle López-Tello Jiménez (7), Miguel Ángel Peña Muñoz (8), Ana Belén Calzada Hombrado (9), José Antonio Muñoz Estepa (10), Lola Martínez Alcaide (11) y Rafael Del Castillo Gomariz (12), quien está como independiente.

Para concluir, la líder de la coalición ha asegurado que van a emplear todo su “empeño, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo” para que Córdoba vuelva a ser una “ciudad amable para vivir” y un referente en “igualdad, bienestar social y justicia social” donde nadie tenga que marcharse para buscar un futuro.

El PP de Juanma Moreno Bonilla revalidaría su mayoría absoluta en Andalucía de celebrarse ahora las elecciones autonómicas, según el Barómetro de Opinión Pública de la comunidad autónoma que publica la Fundación Centra.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 27 de febrero y 12 de marzo -antes de la convocatoria electoral acordada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 23 de marzo- a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad.

De acuerdo a este estudio, el PP sería la fuerza política más votada con el 42,8% de los apoyos, obteniendo entre 54 y 57 diputados en la Cámara autonómica. Actualmente, los populares ocupan 58 escaños. El PSOE, segunda fuerza política, obtendría el 21% de los votos y entre 26 y 27 escaños.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios -1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas-, superando a Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,3% de los apoyos, que le podrían suponer entre dos y tres escaños. El resto de las formaciones políticas no obtendrían representación en el Parlamento andaluz.

Por otro lado, en este barómetro, la gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía se califica como buena o muy buena por el 45,7% de los andaluces, siendo el líder político andaluz más conocido en un 94,9%, valorado con una media de 5,46 puntos y preferido como presidente de la Junta de Andalucía frente a otros posibles candidatos, con el 39,9%.

En relación con su porcentaje de conocimiento y grado medio de valoración, le siguen: María Jesús Montero (88,9% / 3,74 puntos); Antonio Maíllo (56% / 4,83 puntos); Manuel Gavira (21,7% / 4,08 puntos), José Ignacio García (15,4% / 5,56 puntos) y José Antonio Delgado (10,6% / 4,68 puntos).

Seis de cada diez andaluces creen que el coste de la vida ha subido mucho en el último año

El 63,9% de los andaluces considera que el coste de la vida ha subido mucho en el último año. Si bien un 37,4% dice haber podido ahorrar “poco” en este periodo, el 32,1% niega haber podido ahorrar, gastando “lo justo”, mientras que otro 17,8% ha tenido que “tirar de ahorros”. Estos son los datos que también arroja este martes este barómetro, en el que también se ha consultado sobre cuestiones que afectan a la economía familiar, entre otros temas de interés.

La cesta de la compra y la vivienda son los capítulos que concentran la mayor subida de precios en el último año, según el 47,5% y el 31,7% de los encuestados, respectivamente. Les sigue, a mayor distancia, el combustible, con el 7,1%. Tres de cada diez declaran, además, haber reducido gastos o haber renunciado a viajar (37,2%) y a salir a restaurantes (35,2%) por motivos económicos en los últimos doces meses.

Dispuestos a reducir gastos, más de la mitad de los andaluces suprimiría ocio y viajes (56,5%), mientras que, si dispusieran de más ingresos, los emplearían principalmente en comprar, reparar o ampliar la vivienda (27,4%).

Ante la posibilidad de tener que afrontar con carácter inmediato un gasto imprevisto de 3.000 euros, el 34,8% de los encuestados asegura que podría hacerlo “sin dificultades”; el 29%, “con algunas dificultades”; y el 18,1%, “con muchas dificultades”. Otro 18% asegura directamente que “no podría afrontarlo”.

Teniendo en cuenta su situación económica familiar, el 65,2% de los andaluces valora positivamente su calidad de vida. Para el 53,3%, pagar impuestos influye en su disminución, frente al 40,9% que opina que pagar impuestos la aumenta.

Madrid acogerá este miércoles 15 de abril una nueva movilización en memoria de las víctimas del descarrilamiento ferroviario de Adamuz. La concentración, convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, tendrá lugar a las 9:00 frente al Congreso de los Diputados, donde los organizadores prevén dar lectura a un manifiesto y solicitar formalmente que su contenido sea trasladado a la Cámara Baja.

La convocatoria, que se celebra por segunda vez —tras una primera movilización previa—, pretende “mantener viva” la memoria de las víctimas del siniestro ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, al tiempo que insiste en la necesidad de esclarecer completamente lo sucedido. Las familias afectadas denuncian que, meses después del accidente, siguen existiendo numerosos interrogantes sin resolver y reclaman “transparencia, responsabilidades y garantías” para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Uno de los aspectos más destacados de esta concentración será la participación de víctimas de otros grandes siniestros ocurridos en España, como el accidente ferroviario de Accidente ferroviario de Angrois y la tragedia vinculada a Incendio de Bejís. Su presencia simboliza la unión entre colectivos que comparten experiencias marcadas por la pérdida, el dolor y la reivindicación de justicia.

Desde la asociación organizadora subrayan el carácter cívico y abierto de la movilización, invitando a participar a ciudadanos, asociaciones y colectivos sociales. “La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día”, recuerdan, insistiendo en que su reivindicación trasciende el ámbito de las víctimas directas.

Asimismo, los convocantes han querido dejar claro que la protesta no responde a intereses políticos ni a contextos electorales. En este sentido, recalcan que exigir explicaciones y responsabilidades “no puede interpretarse como una acción partidista”, sino como un derecho fundamental tanto de las víctimas como del conjunto de la sociedad.

El acto incluirá también la lectura de un manifiesto a las puertas del Congreso, donde los organizadores esperan visibilizar su demanda de justicia y reforzar la presión institucional. Previamente, han remitido una carta a la Mesa del Congreso solicitando que su contenido sea leído en sede parlamentaria.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha concluido su llamamiento apelando a la solidaridad ciudadana, destacando que el respaldo social es clave para avanzar en sus reivindicaciones. “Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos”, señalan.

La empresa Redalsa, contratada por Adif, ha remitido un informe aclaratorio en el que rebate las conclusiones recogidas por la Guardia Civil en relación con la experiencia de los técnicos que verificaron las soldaduras en el tramo donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y 155 resultaron heridas. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía sostiene que ambos operarios contaban con la capacitación y experiencia exigidas, y atribuye la controversia a una “interpretación incorrecta” tanto de la normativa técnica como de los requisitos administrativos por parte de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación.

El origen de la discrepancia se encuentra en un punto concreto del informe elaborado por los guardias civiles, donde se cuestiona que los dos técnicos encargados de la auscultación ultrasónica cumplieran con el requisito de acreditar al menos dos años de experiencia en trabajos de análisis de material ferroviario. Según la Guardia Civil, los certificados aportados no demostraban de forma clara ese periodo mínimo, lo que motivó la apertura de gestiones para verificar su trayectoria profesional.

Frente a ello, Redalsa defiende que esta interpretación no se ajusta a la normativa vigente. En su respuesta, la empresa subraya que los trabajos de inspección se rigen por la norma “UNE-EN ISO 9712:2023”, que regula la certificación de los técnicos en ensayos no destructivos. Esta normativa establece que, para obtener la acreditación de nivel 2 en ultrasonidos, los profesionales deben haber superado un proceso que incluye formación teórica, examen oficial y, de forma imprescindible, la acreditación previa de experiencia industrial supervisada.

En este sentido, la compañía explica que esa experiencia no se computa únicamente desde la fecha de expedición del certificado, sino que incluye el periodo previo necesario para acceder a la certificación. En concreto, para alcanzar el nivel 2 se exige un mínimo de 240 días de experiencia —equivalentes a 1.920 horas—, lo que, según Redalsa, garantiza que el técnico ya dispone de la pericia necesaria antes incluso de obtener el título oficial.

A partir de este marco, la empresa sostiene que ambos trabajadores cumplían sobradamente con los requisitos. En el caso de uno de ellos, con certificación de nivel 2 desde 2004, su experiencia estaría fuera de toda duda. Respecto al segundo técnico, certificado en 2023, Redalsa detalla que contaba con la formación y la experiencia exigidas, además de desempeñar su labor bajo la supervisión directa de un técnico de nivel 2, tal como permite la propia normativa.

El informe también incorpora certificados laborales que acreditan horas de trabajo en ensayos ultrasónicos en distintos periodos, incluyendo más de mil horas en una empresa anterior y cerca de un millar adicional en Redalsa, siempre bajo supervisión cualificada. Para la compañía, estos documentos demuestran de forma “fehaciente” la trayectoria profesional del operario.

La interpretación del pliego

Otro de los puntos clave de la respuesta se centra en la exigencia de los dos años de experiencia mencionada por la Guardia Civil. Redalsa argumenta que ese requisito no tiene carácter técnico directo sobre la ejecución de los trabajos, sino que procede de un pliego de condiciones administrativas de una licitación de Adif. Según la empresa, dicho pliego fija criterios de solvencia para las empresas que concurren a concursos públicos —como disponer de personal cualificado en plantilla—, pero no establece condiciones adicionales para cada intervención concreta ni sustituye a la normativa técnica aplicable.

Así, la compañía insiste en que la investigación estaría confundiendo un requisito administrativo general con las exigencias reales para la realización de ensayos ultrasónicos, que son las recogidas en la norma UNE. En el caso de las actuaciones en Adamuz, Redalsa asegura que se cumplió estrictamente con esta normativa, al asignar un equipo formado por técnicos cualificados de nivel 2.

Además, la empresa recalca que los trabajos no solo fueron ejecutados por personal acreditado, sino que también estuvieron supervisados y validados por el responsable de calidad de la compañía, igualmente certificado en ultrasonidos de nivel 2. Este control adicional, según el informe, garantiza la trazabilidad y la fiabilidad técnica de las inspecciones realizadas.

Mientras tanto, el Juzgado de Instancia número dos de Montoro, encargado de la instrucción judicial del accidente, sigue a la espera del nombramiento de los tres peritos judiciales independientes que tienen que analizar e interpretar toda la información técnica que llegue.

Iryo se ha personado en el proceso judicial que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero como acusación particular, lo que supone considerar a la empresa con la mayor parte de su capital en manos del Estado italiano como “perjudicado”.

Así lo informa su matriz italiana, la pública Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), en su última cuenta de resultados, donde recoge los detalles del accidente en España, que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos al descarrillar uno de sus trenes y chocar inmediatamente después con un tren Alvia de Renfe que iba por la otra vía.

En un documento escrito en inglés, la compañía cita que la investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa, y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es Adif, la empresa pública española que gestiona la red ferroviaria.

La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en el Juzgado de Montoro (Córdoba).

La jueza del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ya ha permitido a Ilsa participar como acusación particular, por lo que se le considerará una parte perjudicada, según explica la compañía.

En cuanto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia. Tampoco se aceptó a los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, al partido político Iustitia Europa y al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).

En cambio, la jueza aceptó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción.

También admitió al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha registrado una petición formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para pedir que se investiguen los “gravísimos acontecimientos” ocurridos durante la gestión de la emergencia el pasado 18 de enero. El colectivo denuncia que fallos sistémicos en los servicios 061 y 112 pudieron agravar las consecuencias del accidente ferroviario.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, revela que el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba, que depende de la Junta de Andalucía -como el del resto de las provincias de la comunidad autónoma-, se vio obligado a atender la catástrofe “con papel y lápiz” debido a un bloqueo del sistema informático. Según la denuncia, los gestores tuvieron que utilizar sus “teléfonos particulares” y trabajar “sin contacto con el centro coordinador 112” tras el fallo de las herramientas habituales.

Desde la asociación se ha enfatizado que la situación no terminó en una tragedia mayor gracias a la pericia del personal: “Solo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos”. No obstante, recalcan que estos problemas no son nuevos y que los trabajadores sufren “múltiples carencias y deficiencias” desde que se implantó el sistema actual. Además, las víctimas han destacado “el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal” entre los “distintos operadores de emergencias: Centro de Emergencias 112 Andalucía, Centro de Emergencias 112 Madrid, Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS)”.

Confusión entre los trenes y falta de protocolos

De acuerdo al escrito, la gravedad de la situación se vio acentuada por la “confusión inicial” de la que ya ha dejado constancia la Guardia Civil. Debido al alto volumen de llamadas, todas las alertas se vincularon inicialmente al Iryo descarrilado, mientras que las informaciones sobre el tren Alvia se interpretaron como un accidente “de menor gravedad” o se confundieron con el primer convoy.

Por otro lado, la queja presentada ante Juanma Moreno señala que fuentes próximas al operativo aseguran que no se cumplieron los “protocolos básicos” de comunicación, como la identificación de los focos del siniestro y el estado de las víctimas. De hecho, los datos precisos sobre los afectados en el Alvia no se incorporaron al sistema hasta que la Guardia Civil llegó al lugar, “43 minutos después del accidente. La asociación advierte que esta ”falta de coordinación y asistencia inmediata“ podría haber provocado, presuntamente, ”más víctimas, más heridos y de mayor gravedad“.

Ante lo que las víctimas consideran una “función anormal de la Administración Pública”, la asociación ha formalizado cuatro solicitudes urgentes a Juanma Moreno. En primer lugar, la revisión inmediata del plan de actuación y corrección de las deficiencias para asegurar que el 061 y el 112 tengan un soporte informático adecuado en situaciones críticas. En segundo lugar, la entrega de un informe detallado y toda la documentación e información existente sobre lo sucedido el día del siniestro. En tercer lugar, las víctimas piden una investigación exhaustiva de lo sucedido para que se “depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto”. En cuarto y último lugar, solicitan el traslado de cuantas actuaciones se lleven a cabo en relación con estas peticiones.

Simultáneamente, las víctimas han presentado este escrito de denuncia ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y el Defensor del Pueblo Andaluz. Igualmente, se dará traslado de estos hechos y denuncia a la jueza que investiga el accidente, Cristina Pastor Recover.

El último atestado de la Guardia Civil arroja hasta siete líneas de investigación que tiene abiertas para dar con la causa o la concatenación de las mismas que provocaron la rotura de la vía, origen del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero. En el informe remitido a la jueza del caso a finales del pasado mes de marzo, los investigadores confirman que conocer el origen de la tragedia es aún prematuro hasta que no finalicen otras actuaciones de la Inspección Técnico Ocular (ITO), de los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de los informes periciales solicitados.

1. Problemas en la infraestructura ferroviaria

El raíl afectado pertenecía a un lote de fabricación de Ensidesa del año 2023, que formaba parte de los materiales nuevos instalados en la zona. La rotura pudo deberse a defectos de fabricación y metalúrgicos, como anomalías en la colada (inclusiones), tensiones residuales longitudinales excesivas generadas durante el enderezado en fábrica, o una composición química con exceso de carbono que aumenta la fragilidad del acero. En esta posible causa de la rotura de la vía, la Guardia Civil ha incorporado los testimonios de los 19 maquinistas que ese día circularon por ese tramo. Cabe recordar que a excepción de uno, “que notó un golpe en el lado derecho”, el resto “no reportó ningún tipo de incidencia o sensación extraña”. En esa línea, el examen de la rodadura de los trenes que circularon con anterioridad por el tramo arroja que varios de ellos “tienen muescas compatibles con una rotura de raíl”.

Dicha incidencia, a su vez, puede esconder diversas causas técnicas, como pueden ser“ defectos de fabricación y metalúrgicos, fatiga, por el uso contante de trenes -que puede producir escamaduras en la superficie que progresarían hacia el interior del carril; esfuerzos de flexión, que son críticos en el patín del riel (su base), pudiendo ocasionar una rotura total en poco tiempo; y frenado de trenes”. Esto último, según la Guardia Civil, produce “fisuras transversales en la cabeza del carriel que pueden desarrollarse en ambas direcciones”.

Será la ITO de los cupones recogidos la que arroje luz “sobre si existió algún tipo de defecto de fabricación o en la composición de los rieles, o cualquier de los anteriores defectos descritos”.

2. Deficiencias en las soldaduras aluminotérmicas

En esta línea se investiga específicamente la soldadura realizada en el punto kilométrico 318+681 la noche del 24 al 25 de mayo de 2025 por la empresa Maquisaba S.L. Inicialmente se detectó el uso de un kit de fuerza erróneo, aunque Adif presentó posteriormente una “fe de errata” alegando un error de anotación del soldador. Aunque inicialmente el sindicato CGT alertó sobre posibles deficiencias en las distancias de las soldaduras basándose en imágenes de prensa, las comprobaciones oculares determinaron que aquellas imágenes correspondían en realidad a grapas de sujeción de cables y no a soldaduras. Sin embargo, el verdadero problema surgió al revisar el parte de trabajo del soldador.

Según la normativa de Adif, para unir carriles usados con nuevos se debe emplear un Kit de fuerza R260. No obstante, en el reverso del parte original aparecían etiquetas del Kit 350H“, lo que indicaría que se utilizó un material erróneo para esa maniobra. Ante este hallazgo, Adif presentó una fe de erratas firmada el 29 de enero de 2026 por un inspector, alegando que el soldador cometió un simple error manual al anotar los kits en posiciones equivocadas del formulario. Según esta versión corregida, en el punto del accidente sí se habría aplicado el Kit R260 correcto. Para respaldar esta tesis, la empresa Ayesa realizó ensayos de dureza in situ sobre los cupones de vía afectados para demostrar que el material era el adecuado.

Con relación a esta documentación aportada por Ayesa, la CIAF puso en conocimiento del juzgado la detección de diversas incongruencias críticas. Así, los investigadores de esta comisión cuestionan la validez de las firmas que aparecen en los documentos, señalando que no son ni manuscritas ni electrónicas. Además, han detectado fallos graves en el control de versiones, con documentos que presentan fechas de creación posteriores a la supuesta fiscalización de la versión

3. Fuerzas que actúan sobre la infraestructura

Los elementos como los desvíos (agujas) suponen una discontinuidad en el camino de rodadura que genera importantes fuerzas dinámicas entre el tren y la vía. Estas cargas facilitan la aparición de “pequeñas fisuras que progresan hasta la rotura”. En configuraciones de alta velocidad, las tensiones se concentran en puntos críticos como los taladros de la mesa con timonera, los cuales son propensos a desarrollar fallos por fatiga de material si no se vigilan adecuadamente.

4. Factores de la infraestructura y ejecución y materiales

El estado del conjunto de la vía es un otro aspecto de interés para la Guardia Civil. Según el documento, el uso de “balasto reciclado o fijaciones desgastadas” reduce la capacidad de la vía para absorber vibraciones, trasladando sobrecargas directas al carril. Un factor crítico es la existencia de huecos bajo las traviesas; si estas no están bien asentadas, el riel sufre flexiones anormales que facilitan su fractura.

5. Factores ambientales y químicos

El acero de los raíles es susceptible a la corrosión por picaduras en ambientes húmedos o con presencia de cloruros, lo que puede servir como punto de inicio para una fractura. Por otro lado, las variaciones térmicas bruscas o una mala neutralización de las tensiones del carril pueden generar esfuerzos de tracción excesivos que el acero no logra soportar.

6. Falta de prevención

Esta línea investiga si fallaron los sistemas destinados a detectar riesgos antes del accidente. En este apartado, la Guardia Civil hace alusión a las tecnologías que se usan para la auscultación de la vía, cuyas micro fisuras, a menudo, no son visibles externamente. “Si no se realizan inspecciones ultrasónicas periódicas para vigilar su evolución, estas grietas crecen hasta causar la rotura súbita”, apunta la Guardia Civil, quien incide en la “experiencia” que deben tener los técnicos encargados de estas revisiones. En este punto, la investigación ha dejado constancia de que los dos técnicos que revisaron la auscultación de la soldadura del tramo del accidente no tenían la experiencia mínima requerida por la normativa de seguridad para llevar a cabo un trabajo de este tipo. Además, la Guardia Civil está investigando, incluso, si uno de ellos tenía la capacitación exigida.

En este apartado del informe se revela que, tras los recorridos de inspección de la superestructura, se detectaron “46 defectos relacionados con el carril y/o soldaduras eléctricas o aluminotérmicas localizados entre los Ppunto kilométricoK 316 a 319”, cerca del punto kilométrico 318, donde se produjo el origen de la rotura. A pesar de la cantidad de anomalías, el informe señala que a estos puntos “se les viene realizando un seguimiento visual, pendiente de verificar” mediante pruebas técnicas más exhaustivas que no llegaron a realizarse antes del choque.

Entre los fallos específicos registrados, los agentes destacan la presencia de “picaduras u otros defectos superficiales” en la cabeza del carril, así como múltiples casos de “huella con fisura esporádica” y una “huella con fisura en soldadura eléctrica” detectada a apenas 239 metros del lugar del accidente. Asimismo, en noviembre de 2025, se identificó un “defecto de aceleración vertical” justo en el punto de la rotura (punto kilométrico 318+680), el cual “fue integrado en las labores de seguimiento preventivo habitual” sin que se haya aclarado aún qué acciones de mantenimiento se tomaron al respecto. Este defecto alcanzó valores superiores a los 40 m/s², rebasando el límite de normalidad establecido en 30 m/s².

7. Un sistema de Adif que “no estaba configurado para alertar” detectó un problema en el carril de Adamuz un día antes del accidente

Sin duda, pese a ser la última que la Guardia Civil incorpora en su atestado, esta es una de las líneas de investigación más destacadas: el carril que provocó el accidente ya dio síntomas de anomalías 24 horas antes. En concreto, el informe se refiere al Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM), un dispositivo que Adif tiene conectado a las vías y que se puede consultar en su base de Hornachuelos (a unos 40 kilómetros del lugar del accidente). Este sistema “solo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ocupación (0,780V)”, según detallan los agentes encargados de la investigación. Es decir, ese umbral alertaría de una fractura y automáticamente el tráfico ferroviario quedaría frenado.

“En el caso de Adamuz, el sistema SAM registró una caída brusca de tensión (0,5V) la noche del 17 de enero de 2026, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento”, recogen los agentes, que agregan que por su propia “configuración” el sistema recogió el incidente de manera “pasiva”. “El sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria y Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”, agregan los investigadores.

Este sistema está configurado para alertar a partir de ciertos umbrales. Y solo es consultado cuando el umbral no ha saltado en los casos en los que se reporte una incidencia en la vía o por obras de mantenimiento.

Líneas de investigación excluidas

En este mismo informe, la Guardia Civil también analiza las líneas de investigación que, o bien son altamente improbables, o bien han sido descartadas. En el primer grupo se incluye la que afecta a la supuesta caída de piezas a la vía. Los investigadores no han podido constatar hasta la fecha ninguna incidencia relativa a pérdida de piezas de los trenes que circularon ese día por el tramo afectado. En el segundo grupo, las líneas de investigación descartadas, se incluyen la conducción negligente o imprudente de los maquinistas de los trenes Iryo y Alvia, así como cualquier acto de sabotaje o terrorismo.