La cultura siempre ocasiona quebraderos de cabeza a quienes no la disfrutan ni cultivan de forma habitual. Recelosos de sus mecanismos y maneras, el entramado creativo se convierte en fastidio. Leer exige tiempo y atención y también escuchar música o ver cine lo precisa. La pintura, en cambio, no precisa de tiempo para ser percibida. Un simple vistazo parece suficiente para captar su contenido. Pero, ay, el problema surge con el arte contemporáneo, cuando lo que vemos se escapa a nuestra comprensión y cuestiona los valores de nuestro pequeño mundo burgués.

La imagen del alcalde Bellido desprende tener una vida plana. No digo yo que la tenga, sino que esa percepción es la que desprende. No imaginamos que sea un voraz lector ni un adicto de la literatura, porque la práctica de la lectura fomenta el encantamiento de la palabra y reviste a tus razonamientos de matices dialécticos. Tampoco lo imagina uno extasiándose ante un cuadro de Rothko. Y no es que no haya tenido oportunidades para entrar en contacto con el arte contemporáneo. En el catálogo de la primera exposición que organicé en la Sala Vimcorsa (Equipo 57. Esculturas) allá por 2002, Bellido Roche figuraba ya como representante del PP en su Consejo de Administración. 

Puede que para los políticos españoles conservadores la cultura no sea una asignatura exigible. Con nostalgia añora uno aquella recomendación que recibiera Jacques Chirac de Valéry Giscard d’Estaing de que adquiera mayores brillos de sofisticación cultural si quería llegar algún día a representar a la ciudadanía francesa.

Ya sé que está feo comparar, pero para eso lo hago. A Francisco de la Torre lo puedes introducir en cualquier ágora cultural sin que ponga cara de boniato. Unos amigos míos, votantes de Podemos, se desplazaron hasta Málaga porque quisieron conocerlo. Hechas las presentaciones, De la Torre empezó a disertar de lo divino y humano con una naturalidad aplastante. Francisco de la Torre siempre se ha distinguido por su excelente ojo para seleccionar asesores. He ahí la clave de su inteligencia. En Córdoba residen un notario (¡un notario!) y un abogado (¡un abogado!) que disponen de un amplio conocimiento sobre arte contemporáneo. O sea que el ideario conservador (que se le suponen a ambas profesiones) no es óbice para disponer de criterios y sensibilidad en esa materia tan espesa para algunos que es el arte contemporáneo.

Imaginemos que Bellido contara con el asesoramiento de alguno de ellos. Sin dudarlo, y por motivos de higiene institucional en una ciudad con tantas declaraciones patrimoniales, le instaría a rechazar de inmediato el convenio de colaboración con el Museo Europeo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Porque esa colección se articula sobre bases muy reaccionarias, muy obsoletas en el discurso de las artes visuales y muy ñoñas en el relato de la contemporaneidad. Y porque es una colección churriburri.

El dilema no es colaborar o rechazar a una empresa privada. El problema es que esa empresa privada parece ofrecer muy chatos beneficios a la ciudad. Pero Bellido Roche no se baja del burro. Y no solamente eso sino que empieza a mercadear ofreciendo el espacio de Regina a los opositores críticos a su plan. Lo que denota que para él la cultura es el caramelo que se le ofrece al niño para que no moleste y olvidando que la cultura es el principio para obtener una sociedad más armónica y aventurera, el método para lograr mayores cotas de razonamiento, el sistema para crecer y mejorar como personas y, sobre todo, el eje vertebrador de toda acción política.

¡El eje vertebrador de toda acción política! A Bellido esta premisa le debe sonar a pamemas. ¡Un poco de sofisticación cultural y algo de implicación personal y criterio en su gestión, padre mío! 

Estas palabras pronunciadas por el Papa a las pocas horas de haber dado un discurso a congresistas y senadores, con representación de los poderes del Estado, mostraban el júbilo del jugador que ha sentenciado el partido. El lunes 8, Prevost, con el sermón del Congreso en el que se erigió en referente moral de los poderes del Estado español, aplaudido hasta la extenuación por todos ellos, marcó un golazo por toda la escuadra derecha a la democracia y a la aconfesionalidad proclamada en la constitución. Ese gol marcó la victoria del catolicismo y de su Iglesia sobre derechos humanos como la libertad de conciencia y la nodiscriminaciónn ni privilegios por razón de creencias. El gol ha sido tan magnífico que dejó hundido y humillado al equipo de la laicidad del Estado, de la soberanía popular representada en los legisladores, de la separación de poderes y de la separación del Estado y las religiones.

En la jugada se han impuesto todos los argumentos del equipo visitante: la supeditación de las leyes a la supremacía moral; el ataque a la legislación sobre libertades sexuales, sobre los derechos reproductivos, sobre el derecho a una muerte digna; la libertad de las familias para exigir el adoctrinamiento a su gusto de los menores, pagándolo con dinero del común.

Apenas ha habido ataques del equipo de casa, a pesar de tener recursos tan potentes como: el expolio de gran parte del patrimonio nacional; los miles de bebes robados; las víctimas del patronato de protección a la mujer; el reclamo de verdad, justicia y reparación de las decenas de miles de víctimas de pederastia eclesiástica; la exigencia de perdón por la participación en el golpe contra la república y ser el soporte ideológico del franquismo.

Ninguno de estos posibles ataques han tenido efecto, ante el freno de defensas tan potentes como las palabras paz o inmigrantes. Los intentos de penetración de jugadores locales laicistas, las asistencias continuas a los grupos parlamentarios se han visto repelidos por ellos mismos, tan descoordinados que, salvo alguna excepción, disparaban sobre su propia meta.

También influyó el clamor del graderío, copado por hinchas leoninos o el apoyo descarado y cansino de los árbitros mediáticos. Sin minusvalorar el hecho de haberse encomendado al apóstol Santiago y a la virgen del Pilar.

Con este golazo la Iglesia consigue recuperar la copa del Estado Católico, que durante tantos años había ostentado. Esa que viene de la tradición de los Reyes Católicos, que simbolizan la unidad en la religión y la monarquía, y que destierra a quien no lo asuma. El premio tiene un gran valor ideológico, pero también inmensos privilegios económicos: la apropiación de unos 100.000 inmuebles, exenciones fiscales de todo tipo, cesión de una parte de la recaudación fiscal, convenios de gran parte de los servicios sociales, de hospitales, de escuelas, explotación del Patrimonio… Hasta 13.000 m€ anuales, casi un 0,8% del PIB. Ahora durante varios días debemos soportar el paseo triunfal por una buena parte del territorio, celebrando diversos eventos que dejen evidencia de su victoria.

Y esto nos lo hemos buscado nosotros mismos. No teníamos ninguna necesidad de traer a jugar a ese equipo en nuestro campo. Y mucho menos a darle todas las facilidades y recursos. Y sobre todo organizar el partido de manera tan favorable para él.

¿Tendremos que resignarnos a que esto sea “para siempre”? Si no queremos que sea así, debemos reorganizar y reforzar nuestro equipo. El club debe activarse. Habrá que poner a entrenar a la numerosa potencial cantera, el 40% de no creyentes, los creyentes no practicantes, 35%, y los laicos de entre el 18% de practicantes. Toda esa mayoría, sin duda, tiene capacidad para preparar una buena selección que nos represente y luche por los colores de la libertad de conciencia, la igualdad y el bien común. Que recupere el buen juego de la verdadera democracia laica. Y conseguir, por fin, la Copa del Estado Laico.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica.

El pasado 24 de mayo publiqué en este mismo medio un artículo bajo el título de “Democracia versus socialismo”. En él, tras una serie de reflexiones, me atreví a proponer la abstención del PSOE en el debate de investidura del próximo presidente de la Junta de Andalucía. Primero, porque el vencedor de las últimas elecciones autonómicas ha sido el Partido Popular, por holgada mayoría, y le corresponde gobernar. Segundo, porque al no tener mayoría absoluta, precisa del apoyo o de la abstención de otras formaciones políticas para lograr la investidura. Tercero, porque frente a la eventualidad de un pacto de mayor o menor alcance entre el PP y la extrema derecha antidemocrática que representa Vox, el PSOE debería sacrificarse, aceptar su derrota, facilitar esa investidura y luego hacer una oposición responsable, como establecen las reglas del juego democrático.

Comprendo que a más de un militante y votante socialista le haya parecido desacertada e inadecuada la propuesta que sugerí. Pero vuelvo a insistir en ella cuando se aproxima el momento de la verdad en el Parlamento autonómico. Al escribir estas líneas el previsible pacto PP-Vox, que ya es realidad en otras Comunidades, no se ha producido en Andalucía. Esto quiere decir que estamos a tiempo de impedir que se produzca aquí, con las nefastas consecuencias que aparejaría a la calidad democrática y a la pérdida de muchos de los valores que contempla nuestra Constitución.

Hasta hace poco llegué a creer que lo escrito el 24 de mayo era solo producto de mis reflexiones o simples elucubraciones derivadas de mi edad. Pero observo que no estoy solo. El portavoz socialista en el Parlamento de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha dicho en la cámara regional que su grupo está dispuesto a apoyar y salvar los presupuestos autonómicos a cambio de que el PP rompa con Vox y sean cesados sus consejeros, proponiendo la firma de siete grandes acuerdos estratégicos en áreas fundamentales. Es más o menos lo que señalé en mi artículo. Como era previsible, el PP ha respondido diciendo que la propuesta socialista ha llegado tarde y después de haber votado en contra de la señora Guardiola en su investidura como presidenta de Extremadura. Esta fue la postura del entonces candidato, Miguel Ángel Gallardo, después de haber conseguido el peor resultado para su partido en unas elecciones autonómicas. No carecen de razón los populares extremeños porque esa propuesta debió haberse producido en la investidura y no después, cuando los pactos PP-Vox se han consumado.

Si en Extremadura parece muy difícil romper con la deriva que ha supuesto la entrada de los antidemócratas en el Gobierno regional, en Andalucía aún hay tiempo para evitarlo. Por ello aplaudo las declaraciones de Óskar Martín, secretario general de UGT-Andalucía, que acaba de señalar la necesidad de un acuerdo estratégico entre PP y PSOE para posibilitar el Gobierno de Juanma Moreno sin las ataduras de Vox. O sea, romper con la equivocada política de bloques antagónicos que hoy impera en España y “tender puentes entre demócratas de verdad”. Si ese acuerdo es aceptado por el PP de Andalucía, nadie podrá poner en duda su compromiso con la democracia por encima de intereses personales y partidistas. Si lo hace el PSOE habrá reafirmado que la DEMOCRACIA es su principal seña de identidad. Ya lo dijo Indalecio Prieto al manifestar que era “socialista a fuer de liberal”. Porque no se puede ser liberal y garantizar el disfrute de la libertad sin ser socialista, ni esta militancia es posible sin poner por encima de todo a la libertad –la verdadera y no la de tomar cañas- y a la democracia.

Estoy de acuerdo con esa política de tender puentes. Primero, porque es lo que señala el raciocinio, no lo que demandan las vísceras. Segundo, porque siempre es preferible un entendimiento en aquello que de verdad nos une, para evitar a quienes propagan la destrucción de nuestro orden democrático. Y tercero, porque es lo que nos enseña a Historia.

En esto me van a permitir que les hable como historiador y les señale dos ejemplos a considerar para intentar ver más allá de la cortedad que hay ante nuestras narices. El primero de ellos nos lleva a la reconstrucción de Europa tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue necesario, entre otras cosas, un gran acuerdo entre la democracia cristiana y la socialdemocracia para evitar que reverdeciera el fascismo o se impusiera el totalitarismo stalinista. Gracias a ese gran acuerdo Europa alcanzó unas cotas de estabilidad política y de bienestar que aún perviven.  

El otro ejemplo hay que buscarlo en el Reino Unido, con la reforma electoral preconizada en 1884 por el premier liberal William Ewart Gladstone y pactada con los conservadores. Aquello creó tensiones en su propio partido y le perjudicó momentáneamente, hasta el punto de perder las elecciones de 1886. Pero no dudó en hacerla porque con esas reformas se ampliaba el derecho al voto y se evitaban los movimientos revolucionarios que asolaban al resto de Europa. Así, el Reino Unido continuó sin sobresaltos su camino para conseguir pasar de un régimen liberal controlado por las minorías a otro cada vez más democrático.

La opinión que traslado en estas líneas no deja de ser la de un simple ciudadano que cree en los valores de nuestra Constitución y en la democracia. Un ciudadano que conoció lo que fue España bajo una dictadura en la que la libertad fue suplantada por la tiranía. Un ciudadano que ha dedicado su trayectoria profesional a la investigación y a la docencia de la Historia. Buena parte de ella ha abarcado lo que fue el pasado del socialismo cordobés en particular y español en general. Su historia no ha sido la de los maximalismos –aunque de todo ha habido- sino la de un partido y una organización sindical que han contribuido más que nadie a hacer de España un país democrático que preconiza como sus valores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Si ha contribuido a este logro, tiene ahora la responsabilidad de preservarlo cuando se asoman nubarrones sobre su futuro. Por ello aplaudo las palabras de Álvaro Sánchez Cotrina y Óskar Martín que han sabido imponerse a quienes hoy deberían callar y dar un paso atrás después de haber sufrido las mayores derrotas electorales de su partido en Extremadura y Andalucía. Los perdedores en ambos territorios han de asumir la lección de reconocer sus fracasos. No les queda más alternativa que permitir la llegada de una savia nueva que anteponga el sentido del Estado y la prioridad de la defensa de la democracia a todo lo demás. Aún hay tiempo para ello. Esto es más sencillo que lo que hicieron otros socialistas que les precedieron: pagar con sus vidas la defensa de la libertad.

Se señalaba en el medio local Baena Hoy el pasado 31 de mayo, en un interesante artículo, la opacidad con que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena ha tratado todo lo relativo a la macroplanta de biometano proyectada en el término municipal. Porque desde 2024, en que se iniciaron los trámites, algunos de ellos en el propio Ayuntamiento de Baena, el vacío informativo ha contribuido a exacerbar los recelos de la opinión pública sobre un proyecto que ha percibido que se movía en lo que podríamos denominar un “punto ciego” o “ángulo muerto”. Ambas denominaciones se refieren al campo que queda fuera de la visión que un conductor tiene a través de los retrovisores central y laterales del automóvil. En ese espacio, fuera del campo de visión de los ciudadanos, se ha movido todo el proyecto. Hasta ahora.

Pero creo que esta política de apagón informativo no puede ya resultar rentable, menos que a nadie al equipo de gobierno. Sobre todo cuando la respuesta ciudadana en contra del proyecto ha comenzado a articularse, el equipo de gobierno no tendrá más remedio que pronunciarse. Y, obviamente, la oposición también.

Gracias a la indicación de José Cortes de los Ríos, que localizó el pleno donde se discutió una moción sobre las plantas de biogás, la cual fue aprobada por unanimidad de la corporación baenense, a finales de marzo pasado, inicio de la Semana de Pasión. Todos los plenos están en YouTube, por lo que es fácil de localizar, si alguien tiene interés en verlo. Yo llevaba tiempo sin ver uno, la verdad.

Lo primero que me llama la atención es que a estas alturas, hace escasamente dos meses, el pleno se entretenga con una moción abstracta, que se aprueba por unanimidad, más o menos a favor de las energías renovables, “no estamos en contra de las mismas, se afirma, pero con garantías”. Así todo, en plan genérico y abstracto. 

Porque a estas alturas de la película, no es si las plantas de biogás o biometano son buenas o malas. Evidentemente, dependerá de cada caso. Si se plantean a pequeña escala como en Alemania (donde el modelo es de pequeña instalación casi en cada granja para sus propios residuos) o a gran escala como aquí, donde sólo prima al interés económico. Y así, al amparo de las subvenciones europeas, vemos surgir proyectos desmesurados, propios de lo que Antonio Turiel ha definido como megalomanía ibérica.

 Ya no es el tiempo de discutir en abstracto sobre el biogás o el biometano. El debate es otro más concreto:

1. Si con lo que ya sabemos, que es bastante, está corporación municipal está a favor o en contra de la macroplanta de biogás proyectada en Baena. Estamos hablando concretamente de esta.

2. Si el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias que tiene respecto a autorizar la planta, está por apoyar el proyecto, pararlo o seguir mareando la perdiz.

Otro debate tiene poco interés ya, como tampoco lo tenía hace dos meses. Es ganas de perder el tiempo. Como por cierto lo perdí yo visualizando un debate carente de contenidos concretos sobre el proyecto que se está tramitando en Baena. Se lo pueden ahorrar el visionado.

Ya no es posible ocultar más el debate concreto. Porque la ciudadanía finalmente se ha organizado para mostrar su oposición al macroproyecto. El pasado sábado 6 de junio, a pesar de una convocatoria confusa y defectuosa, ochenta personas se concentraron en la plaza del paseo del Ayuntamiento. Y, lo que es más importante, han empezado a organizarse y articular la protesta ciudadana. Para ello ha sido determinante el asesoramiento de las plataformas ya constituidas en los pueblos colindantes, de las que una nutrida representación acudió a Baena el pasado sábado. A lo largo de esta semana se distribuirán hojas de firmas en los comercios de Baena y Albendín, para que la ciudadanía empadronada y mayor de edad, puedan reflejar con su firma su oposición a la macroplanta. Y de esta manera solicitar a las autoridades competentes “que no autoricen estos proyectos sobredimensionados en zonas incapaces de proporcionar la materia prima necesaria” (Es decir, la basura que traerán desde fuera).

Para que la producción de una macroplanta sea posible, tienen que traer suficientes residuos orgánicos de otras zonas. Por ejemplo, trasiego de purines, un considerable volumen de líquidos contaminantes que deben ser transportados desde la granja de origen a la planta en camiones cisterna.

Como recientemente señalaban dos eminentes científicos del CSIC, Antonio Turiel y Fernando Valladares, hay sobradas razones para oponerse a las macroplantas de biogás y biomasa. Máxime, dicen, cuando el consumo de electricidad “está en su punto más bajo en 17 años. Sí, han leído bien: el consumo de electricidad lleva cayendo desde 2008, sobre todo a causa de la intensa desindustrialización que ha sufrido el país”. La mayor parte de la industria española, los grandes chupones de electricidad, ha tiempo que duerme el sueño de los justos.

Cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Un día como ese del mes de junio de 1972 comenzó la histórica Cumbre Mundial por el Medio Ambiente en Estocolmo, organizada por la ONU, primera alerta de que el modo de vida y de producción debía cambiar. Se iniciaba un camino imparable de políticas y legislación para el cuidado de los valores ambientales. Al año siguiente, las entonces denominadas Comunidades Europeas aprobaron el I Programa de Acción Medioambiental 1973-1976, estando en esta fase en desarrollo el VIII Programa de Acción en materia medioambiental, que se aprobó a través de la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030.

Como vemos, el espacio de integración que supone la Unión Europea ha sido, es, y debiera seguir siendo un elemento activo en las políticas ambientales, sobre todo en un contexto histórico, este de la tercera década del siglo XXI, en el que crecen las opciones políticas que niegan que el medio ambiente esté amenazado, intentando poner en cuestión (con falsedades) a la evidencia científica sobre la materia, y que está siendo objeto de debate programático en los recientes procesos electorales y en la conformación de gobiernos en las diferentes escalas administrativas. Sigue siendo muy necesaria la educación ambiental.

Hagamos algo de balance histórico y perspectiva de futuro. Durante la primera década del siglo XXI y buena parte de la segunda, se había hablado muy poco de la importancia de proteger los valores ambientales. La crisis económica de final de la primera década de siglo, sus causas y sus consecuencias provocó el olvido de cuestiones como el medio ambiente. No obstante, en el año 2019 se reactivó el debate y el interés por la protección global del medio ambiente, sobre todo desde que en el año 2018 se iniciara un movimiento juvenil (los viernes por el futuro) para reclamar un cambio, un mayor compromiso de los Estados contra el cambio climático, siendo uno de sus iconos la joven estudiante sueca Greta Thunberg.

Todo empezó, como hemos apuntado, a partir de la cumbre de Naciones Unidas de Estocolmo de 1972 (del 5 al 12 de junio), y, sobre todo, tras la Cumbre de Río de 1992, cuando las políticas medioambientales y las normas jurídicas de protección experimentaron un avance notable, que lamentablemente en la primera década y parte de la segunda del presente siglo habían caído bastante en el olvido. Desde esa fecha, se celebra el Día Mundial de Medio Ambiente el 5 de junio.

Un concepto clave en el trabajo global por el entorno es el de desarrollo sostenible. El libro “Nuestro Futuro Común” (1987), que lideró la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, constituyó el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. La generación de la preocupación social por la protección del medio ambiente, y la incorporación de esta nueva demanda social y sentimiento colectivo en los ordenamientos jurídicos occidentales se producen durante el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, como hemos apuntado. La toma de conciencia sobre el grado de deterioro de los recursos naturales hizo necesario que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales se enfrentaran al dilema entre desarrollo económico de los territorios y la protección del medio ambiente. 

En este proceso histórico, un punto de inflexión determinante lo constituyó la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano que tuvo lugar, como hemos dicho, en Estocolmo en junio de 1972. A partir de esta fecha, sobre todo en el ámbito de las instituciones de las Comunidades Europeas, se inicia una intensa labor de elaboración y aprobación de normas de protección ambiental que determinará de forma notable el cambio de los ordenamientos jurídicos de los Estados en materia ambiental, y el inicio de un cambio social en cuanto a la sensibilización ciudadana hacia el medio ambiente. 

También, entre final de los años sesenta y principios de los setenta, se promueven, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los llamados Derechos Humanos de Tercera Generación, entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente, como un derecho inherente a la persona y con el objetivo del progreso social y elevación del nivel de vida de todos los pueblos.

Precisamente, nuestra Constitución de 1978 se aprueba pocos años después y está inmersa en este nuevo escenario internacional y europeo, aunque todavía no éramos Estado miembro de las Comunidades Europeas. Por tanto, la introducción del artículo 45 en nuestra Constitución (derecho constitucional al medio ambiente y deber de conservar el entorno), con rango de principio rector de la política económica y social, hay que leerlo e interpretarlo en ese nuevo contexto político y jurídico internacional favorable a lo ambiental y en el marco del nuevo constitucionalismo social del momento. Nuestro artículo 45 tiene también una clara influencia de la Constitución de Portugal de 1976, producto jurídico-político de la denominada Revolución de Los Claveles (25 de abril de 1974).

En la evolución histórica de la protección jurídica del medio ambiente es central el papel de la Unión Europea, que supuso la adaptación jurídico-ambiental de España con su incorporación en enero de 1986. Con la vigencia de las normas ambientales comunitarias, estatales y autonómicas, se generó en nuestro Estado una compleja trama de normas y políticas ambientales. En este escenario competencial, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales están siendo determinantes tanto en la generación de nuevas normas, como en la ejecución de medidas tendentes a conseguir los objetivos constitucionales de protección del medio ambiente.

En este proceso histórico es muy importante el año 2015, con varios acontecimientos globales de capital trascendencia, ante la evidencia científica de los graves problemas ambientales que nos amenazan. Uno de ellos fue la cumbre de París sobre cambio climático, cuyas medidas están en fase de desarrollo con demasiada lentitud y a la que nos referiremos más adelante. 

En ese año 2015, se produce un hecho absolutamente inédito. La Iglesia Católica, a través del Sumo Pontífice el Papa Francisco, se pronuncia sobre el medio ambiente, en la Encíclica Laudato Si “Sobre el cuidado de la casa común”, documento vaticano en que se llega a afirmar “hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás”. 

También en 2015, en sesión de 25 de septiembre, aprobó la Asamblea General de la ONU la Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para trabajar en diferentes ámbitos de actuación y de manera transversal, con 169 metas de carácter integrado, que abarcan las esferas económicas, social y ambiental. Estos son los ODS:

Objetivo 1: fin de la pobreza.

Objetivo 2: hambre cero.

Objetivo 3: salud y bienestar.

Objetivo 4: educación de calidad.

Objetivo 5: igualdad de género.

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento.

Objetivo 7: energía asequible y no contaminante.

Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico.

Objetivo 9: industria, innovación e infraestructura.

Objetivo 10: reducción de las desigualdades.

Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles.

Objetivo 12: producción y consumo responsables.

Objetivo 13: acción por el clima.

Objetivo 14: vida submarina.

Objetivo 15: vida de ecosistemas terrestres.

Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas.

Objetivo 17: alianzas para lograr los objetivos.

En este recorrido, como hemos apuntado, en agosto de 2018, ante la parálisis casi de la voluntad de los Estados para dar cumplimiento a los acuerdos de París, en Suecia se inicia el movimiento de la juventud mundial a favor de la lucha frente al cambio climático, con la estudiante Greta Thunberg como “portavoz” mundial, los viernes por el futuro, que tuvo su culminación en la huelga mundial por el clima en septiembre de 2019, coincidiendo con la nueva cumbre de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. En la Cumbre de Glasgow de noviembre de 2021 se retomó la agenda mundial contra el cambio climático.

Afortunadamente, el medio ambiente está de nuevo en agenda política e institucional gracias sobre todo a que la sociedad civil, la gente joven en especial, los científicos que con sus datos han evidenciado los problemas sin resolver, las personas que con compromisos e iniciativas ciudadanas han mantenido acciones de información y concienciación, y también gracias al compromiso de muchas ciudades con políticas locales determinadas por el medio ambiente. Otro hito muy importante que evidencia que el medio ambiente ha entrado con empuje en la agenda política fue la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo, aprobada en 2019, o el Pacto Verde Europeo que se puso en marcha al inicio de la tercera década de siglo.

Las consecuencias políticas y jurídicas de este proceso ha sido la vigencia en la actualidad de un cuerpo normativo ambiental amplio en diversos Estados, así como unas estructuras administrativas ambientales especializadas, con el reto común de garantizar el cumplimiento efectivo de dichas normas, para lo cual es estratégico contar con la implicación y la participación de la sociedad y de los colectivos implicados. 

Esperemos que todo este nuevo compromiso se traduzca en un cambio de tendencia global, y los seres humanos empecemos a cuidar de verdad a nuestro bien común medioambiental, no tenemos alternativa como dicen nuestros jóvenes. Necesitamos que la protección del medio ambiente sea un valor ético, un compromiso personal, una nueva solidaridad con los bienes comunes que nos rodean. El objetivo no es fácil, pues, también en esta tercera década de siglo se han desarrollado movimientos políticos y sociales que niegan la problemática medioambiental, propugnando una actividad humana sin límites y sin respeto por la conservación de la naturaleza.

Es importante además desarrollar programas de formación reglada en diferentes ámbitos de enseñanza, incluida la universitaria. En particular, el Grado en Derecho debería contener materias obligatorias para la enseñanza e investigación de la protección constitucional del medio ambiente, así como de la normativa de desarrollo y organización administrativa, el Derecho Ambiental, en definitiva. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba hemos dado ya algunos pasos en ese sentido, insertando temas en varias asignaturas del Área de Derecho Constitucional.

La formación y la implicación ciudadana en el cuidado del medio ambiente es clave para la efectividad de la protección, y para un deseable cambio del modelo productivo y de relación entre los seres vivos. Como constitucionalistas, los docentes e investigadoras del Derecho Constitucional tenemos una especial responsabilidad, debemos aportar elementos pedagógicos para que en los textos constitucionales del futuro inserten más preocupaciones globales como puede ser la salud planetaria, el cuidado del medio ambiente y de los seres vivos que habitamos el planeta, la pedagogía de los cuidados, en definitiva.

Como elemento de esperanza, es de destacar que las políticas ambientales están cada vez más legitimadas por los datos científicos, que vienen a corroborar de manera inequívoca la necesidad de actuar sin demora a pesar de los intentos negacionistas interesados que pretenden con noticias falsas deslegitimar las acciones públicas de protección del entorno. Por esta razón es tan importante la información y la formación sobre la necesidad de proteger nuestro derecho colectivo al medio ambiente, nuestro derecho, en definitiva, a la vida.

Sin proteger el medio ambiente, el Estado social y democrático de derecho quedaría obsoleto, desconectado de los problemas actuales reales. España debe plantearse, una vez consolidada la democracia, el objetivo de conseguir una sociedad respetuosa con los valores de nuestro entorno, como un desarrollo de esa sociedad democrática avanzada que proclama el preámbulo de nuestro texto constitucional. En definitiva, debemos evolucionar hacia un modelo de constitucionalismo centrado en la naturaleza, un constitucionalismo ambiental, que mire de manera comprometida al interés general, a los bienes comunes de la humanidad, al cuidado de la vida.

(*) La Tesis Doctoral del autor de este artículo lleva por título La protección constitucional del medio ambiente. Implicación de la ciudadanía en el cuidado del bien común medioambiental (Universidad de Córdoba, 2020 https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/19624 )

Hay incendios que destruyen madera, hierro y pintura. Y hay incendios que parecen calcinar algo más difícil de nombrar. Hace unos días ardió un viejo carrusel de una plaza de Córdoba, al lado de mi casa. Al verlo después del siniestro, con los caballitos convertidos en sombras negras de sí mismos, uno tenía la sensación de estar contemplando el esqueleto de una infancia.

Los caballos seguían allí, erguidos sobre sus barras metálicas, pero habían perdido la alegría del galope inmóvil. Ya no parecían animales de feria, sino fósiles del Carbonífero rescatados de una catástrofe antigua. El fuego les había arrancado el color y les había dejado una pátina de noche y de tizne. Algunos conservaban todavía la forma exacta del sueño que fueron, como esos juguetes encontrados en los desvanes que guardan la memoria de unas manos desaparecidas.

Durante meses aquel carrusel había permanecido cerrado. La música dejó de sonar, los niños dejaron de dar vueltas y las luces dejaron de perseguir la tarde. Entonces apareció un hombre. Un indigente. Llegaba empujando un carro cargado de mantas, bolsas y objetos sin valor para los demás, pero imprescindibles para él. Entraba y salía de la atracción como quien cruza la puerta de su casa. Había convertido aquel reino abandonado de la infancia en una vivienda improvisada.

La imagen poseía una extraña belleza triste. Mientras los caballitos aguardaban pasajeros que nunca llegaban, aquel hombre ocupaba el centro de la pista. Donde antes giraban los sueños infantiles, habitaba ahora la supervivencia. El carrusel había cambiado de función sin que nadie lo anunciara: dejó de ser una fábrica de recuerdos para convertirse en refugio contra la intemperie.

Quizá por eso las fotografías del incendio resultan tan conmovedoras. No muestran solamente una atracción destruida. Muestran dos derrotas simultáneas. La derrota de la infancia y la derrota de la pobreza. Las cenizas parecen haber caído por igual sobre ambas.

Al contemplar esos caballos carbonizados me vino a la memoria aquella melancolía luminosa que Serrat depositó en El carrusel del Furo. En aquella canción el carrusel era una pequeña máquina del tiempo que seguía girando mientras la vida se alejaba por otros caminos. Cada vuelta era una estación perdida, un amor que se marchaba, una calle que ya no existía. También este carrusel cordobés parece haberse detenido en medio de una canción. Como si la música se hubiera apagado de pronto y los caballitos hubieran quedado suspendidos para siempre en el último compás.

Las ciudades suelen creer que están hechas de avenidas, edificios y estadísticas. No es verdad. Las ciudades están hechas de lugares donde alguien fue feliz alguna vez. Un banco, una heladería, un cine, una plaza o un carrusel. Cuando desaparecen, no perdemos un objeto urbano; perdemos una pequeña patria sentimental.

Ahora los caballos negros permanecen inmóviles, achicharrados bajo el sol de junio, escapados de un bosque calcinado. Y uno imagina que, cuando cae la noche y la plaza se vacía, todavía conservan en sus lomos el eco remoto de las risas infantiles. Quizá también el recuerdo silencioso de aquel mendigo que encontró entre ellos un techo provisional contra la soledad.

Porque al final los carruseles se parecen mucho a la vida: dan vueltas sobre el mismo eje mientras nosotros creemos avanzar. Y cuando la música termina, descubrimos que lo único que permanece es el temblor de las imágenes. Un caballo de madera. Una canción de Serrat. Un hombre empujando un carro. Un puñado de cenizas flotando en la tarde de Córdoba. Y esa tristeza suave, casi dulce, que deja siempre el humo cuando se lleva algo que amábamos sin saberlo.

Entre el 6 y el 12 de junio León XIV, jefe de la Iglesia católica, realizará en nuestro país una visita “apostólica”. Según la conferencia episcopal es, ante todo, un acontecimiento de fe. Viene a reforzar la fe de los creyentes y a evangelizar la sociedad española, anunciando a Jesucristo “en las familias, en las parroquias, en la cultura y en el servicio a los más vulnerables”. Según las propias palabras del Papa, viene a remover las conciencias de los fieles para que eleven la mirada (el eslogan es “alzad la mirada”) hacia la fe, pero se comprometan en la misión en la tierra, para extender la fe a su alrededor. Se trata de un plan de reconversión al catolicismo de un país que está cada vez más secularizado y el 40% de la población se declara no creyente.

Si esto es así, ¿qué pinta el Gobierno y las distintas administraciones de un Estado aconfesional preparando, promoviendo, apoyando por todos los medios este viaje? Y lo que es más sangrante, ¿a cuento de qué la mesa del Congreso y del Senado, por unanimidad, invitan al Papa a dar un discurso a congresistas y senadores en sede parlamentaria?.

En pura lógica, se puede deducir que el Gobierno español forma parte del proyecto de reforzamiento de la fe y la misión de reconversión del papa. No tiene reparo en proclamar “el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para asegurar que la visita sea un éxito”. Algo evidente, con visitas frecuentes al Vaticano del ministro de Presidencia en los últimos meses y del propio presidente del Gobierno recientemente, con entrevistas habituales con la Conferencia Episcopal; con un sinfín de medidas, medios y recursos facilitadas por todas las administraciones; organizando dispositivos de seguridad y movilidad que se activarán durante esos días en España, considerados “sin precedentes”; declarando la visita como “evento de especial interés público”, lo que conlleva grandes deducciones fiscales en las donaciones. No repetimos todas las cifras de millones de euros aportados por las distintas administraciones, la cesión de servicios y espacios públicos y la completa disposición de todas las instituciones públicas que se estimen necesarias para el éxito del evento.

Parece que estuviéramos en el medievo, en el “reino cristiano” de España, recibiendo al jefe de la Iglesia que viene a visitar uno de sus reinos. Así lo pueden pensar y desear los partidos de derechas que entienden la patria como un rey y una religión.

Pero el Gobierno y la mayoría de los partidos que lo apoyan, más allá de las propias declaraciones del Papa o del propio programa ya conocido, intentan transformar esta visita en un acto de Estado. Quieren hacer ver a la gente progresista que se trata de una hábil jugada política, que el jefe de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, vendría a corroborar las posiciones del Gobierno respecto a la inmigración y la paz o sus políticas sociales. Supongo que piensan incluso que les va a ayudar electoralmente. Es el Papa 'progre' que dice que no hay que hacer guerras y que las personas inmigrantes y las pobres deben ser tratadas con caridad cristiana.

Quizás no se han parado a pensar que ese discurso lo han repetido todos los papas, son palabras vacías que no se traducen en hechos, ni acuerdos. Y no sienten ridículo al poner como ejemplo de la buena conexión los últimos acuerdos alcanzados: el renunciar a la recuperación del patrimonio expoliado; la resignificación de Cuelgamuros, dejando la cruz sobre las víctimas de la “cruzada” y metiendo a la Iglesia en la Comisión de la pretendida “resignificación”; el cobro de algunos impuestos como el ICIO, exigido por la UE y que se reduce al 5% por las exenciones de la ley de Mecenazgo; el acuerdo con la CEE y las órdenes religiosas para indemnizar a las víctimas de pederastia eclesial, sin cuantificar cantidades, sin plantear la imprescriptibilidad, sin plantear justicia, poniendo límites temporales para la reclamación, que estará en manos de una comisión con presencia de miembros de la Iglesia. Esos “magníficos acuerdos” bien valen una misa, por eso nuestro presidente asistiría a la misa en la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, y hará una visita al papa en la Nunciatura, además de participar en las recepciones oficiales.

Por supuesto, ni la Iglesia Católica plantea ni el gobierno demanda la eliminación de los inmensos privilegios de que disfruta: acabar con los acuerdos de 1976 y 79; devolución del patrimonio immatriculado sin certificación de propiedad; anunciar la autofinancian a la que se comprometieron hace 50 años; pedir perdón, aplicar justicia y reparación a las víctimas de pederastia eclesial, a los bebés robados, a las víctimas del patronato de la mujer, a los cientos de miles de víctimas del golpe a la República y de la represión del franquismo promovidos y apoyados por la Iglesia Católica. Nada de esto está previsto, pero hace unos días el Vaticano aprobó el proceso de beatificación de otros 80 “mártires de la revolución socialista” de 1936.

Lo que sí está previsto es la movilización de decenas de miles de fieles, fundamentalmente conservadores y de jóvenes ultraconservadores.

Europa Laica, junto con docenas de colectivos y más de cien personalidades, ha promovido un manifiesto denunciando estos aspectos y demandando la ruptura de los acuerdos de 1976 y 1979. Hemos denunciado la aberración antidemocrática y contraria a la aconfesionalidad constitucional de erigir un púlpito en la sede de la soberanía popular, solicitando la eliminación de este acto o la ausencia del mismo de los y las representantes de la ciudadanía (hasta ahora sólo el BNG y PODEMOS han asumido esta petición).

Todas las posibles actividades o esfuerzos de los colectivos laicistas por intentar estos u otros razonamientos democráticos están siendo sepultados, y lo serán aún más, por los cientos de horas y las miles de páginas diarias de todos los medios “informativos” privados o públicos, porfiando por adular al personaje y divinizar (nunca mejor dicho) el evento.

Después de esta visita los privilegios de la Iglesia Católica quedarán aún más consolidados y nuestra democracia más debilitada. Y el gobierno más progresista de la democracia habrá contribuido aplicadamente al retroceso hacia el Estado confesional propio de las monarquías absolutistas, abandonando la senda de la modernidad, el humanismo y la libertad de conciencia que con muchas dificultades empezaba a transitar la sociedad española. Estaremos dando un paso más hacia los fundamentalismos, renegando del laicismo, garantía de respeto y convivencia.

La única esperanza está en la concienciación personal que conduzca a la movilización social. Europa Laica, en red con todos los colectivos y movimientos que comparten los valores de la libertad de conciencia, la racionalidad y el humanismo, seguiremos en ello.

*José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica.

La visita del Papa, lejos de tratarse de un hecho aislado o un acontecimiento puntual, se sitúa como una llamada concreta a cada uno de nosotros, se trata de la actualización de un mensaje que vuelve a hacerse presente hoy y que pone en el centro la importancia del ‘sí’ como decisión fundamental en la vida cristiana; pero este “SÍ” no implica una ausencia absoluta de dudas, sino la voluntad de caminar en medio de ellas.

Esta visita supone un cambio de paradigma. En un contexto social marcado por la inmediatez, la fragilidad de los vínculos afectivos, el ruido social, las prisas del día a día y las exigencias personales; Dios nos llama a “frenar” y sentir, a escuchar y aprender del silencio. La presencia de los jóvenes en torno a este acontecimiento sugiere una realidad significativa: la persistencia en la búsqueda de sentido que no ha desaparecido en las nuevas generaciones, y que lejos de menguar en número, revela una numerosa juventud inquieta y valiente dispuesta a llevar la palabra de Jesús a cualquier lugar del mundo. Pero esta visita no solo convoca a quienes ya viven la fe, sino también a aquellos que observan a distancia, el Señor nos recuerda que nos llama a todos, creyentes y buscadores, dejando claro que la fe no es un ámbito cerrado, sino una invitación abierta a despertar nuevas preguntas.

Desde esta perspectiva, la fe no puede entenderse como conjunto de creencias sino como una forma de vida. Incluso en una sociedad que nos invita a la superficialidad, y donde lo visible y lo verificable parecen ocupar el centro, la fe se presenta como una experiencia espiritual que sostiene una verdad: la elección de ser cristiano. Y no es tarea fácil, puesto que ser cristiano implica la renuncia, en parte, a uno mismo; la carga de la cruz cada día sin garantías humanas de recompensa. Pero, aun así, con total certeza puedo afirmar que este camino merece la pena, porque en esa entrega se revela lo divino y es donde uno descubre la libertad más verdadera: el amor de Dios.

Una frase resume a la perfección la idea de ser cristiano es: “No estamos hechos para la Tierra, porque nuestra meta es el cielo”. Esta expresión sintetiza una visión antropológica en la que la vida no se agota en lo inmediato, sino que guarda una nueva promesa cada día y revela su sentido paso a paso. Es en definitiva una vida que merece ser vivida, y que nos regala cada día la oportunidad de acercarnos más al cielo.

En este sentido, la próxima visita del Papa se convierte en un recordatorio vivo de esta forma de entender la fe. Y su presencia no solo confirma que este camino, aunque exigente, sigue siendo fértil, sino que también nos invita a mirar más allá de lo superficial y a reconocer que la vida cristiana se despliega en una dimensión que trasciende lo visible y nos invita a ser mejores cada día. No se trata, por tanto, de un evento de carácter religioso, sino de un signo que renueva la esperanza y nos impulsa a comprender nuestra existencia desde una perspectiva más amplia.

En el número 1 de la calle de los Plateros, sede central de Emacsa, se está ejecutando una reconfiguración profunda de la ciudad. Tras analizar un registro de 48 páginas con la facturación real de Córdoba entre 2021 y 2025, junto a la descripción técnica de la red de abastecimiento (firmada por los ingenieros Cañadillas y Gimeno) y los acuerdos del Boletín Oficial de la Provincia, la conclusión es inapelable: Córdoba está sacrificando la autonomía de su sistema hídrico para convertirlo en el soporte vital de la futura Base Logística del Ejército (BLET).

Alcolea: 81 millones de litros para un escenario vacío

Los registros oficiales de consumo revelan una anomalía técnica de gran escala. En la zona de Alcolea y la barriada del Ángel, el consumo de agua para usos industriales y oficiales creció un 47% en solo tres años. El dato más revelador ocurre en 2024, cuando esa zona consumió 81 millones de litros de agua adicionales.

Lo sorprendente es que en 2024 no se había construido ni un solo edificio de la Base Logística. Ese volumen de agua —que equivale a llenar 33 piscinas olímpicas— se evaporó literalmente en las obras de urbanización: mover 500.000 metros cúbicos de tierra y humectar el terreno para evitar el polvo. El sistema ha desviado una cantidad masiva de agua, que habitualmente forma parte del sistema de captación de emergencia desde el río, solo para preparar el suelo de un proyecto que aún no ha empezado a funcionar.

El aseguramiento del perímetro militar

La reciente decisión de Emacsa de asumir la gestión de la red de la urbanización Encinares de Alcolea y de la barriada del Ángel no responde a un criterio de ayuda vecinal. Es una operación de aseguramiento del perímetro militar. El organismo municipal no puede permitirse que redes privadas o envejecidas, con sus previsibles fugas y averías, resten presión o generen inestabilidad en el suministro de la Base. Al “nacionalizar” estas redes, Emacsa toma el control total del flujo en la zona. El objetivo es eliminar cualquier “ruido” técnico en los alrededores de la Base para que el suministro militar sea impecable, aunque el coste de reparar esas tuberías viejas se traslade ahora al recibo de todos los cordobeses.

La urgencia de los 30 millones y el cuello de botella

Emacsa ha adjudicado un contrato marco de 30,5 millones de euros para el mantenimiento de las redes. Aunque se presenta como una inversión para toda la ciudad, la prioridad es el Este. La rehabilitación del colector de Alcolea se ha realizado con una urgencia inaudita: turnos de 48 horas ininterrumpidas. Esta prisa se explica por la fragilidad del sistema: Alcolea se abastece a través de un único conducto (la arteria de Tejavana) de entre 400 y 800 mm de diámetro. Es el punto más débil de la red. El sistema sabe que esta tubería no soportaría el estrés de la construcción de los 34 edificios de la Base que comienza en septiembre. Se está reforzando el sistema a contrarreloj para que la infraestructura militar no falle, mientras otros barrios reciben una atención desproporcionadamente menor.

El Sector Sur y el Centro: la anemia y el turismo

Mientras el Este se refuerza, los barrios del Sector Sur muestran una caída del 10% en el consumo. Esto no es solo ahorro; es el resultado de gestionar una red vieja reduciendo la presión para evitar que las tuberías estallen. Es una realidad invisible: el vecino del Sur pierde fuerza en su grifo para que el sistema pueda garantizar el caudal necesario hacia el nuevo polo militar. La inversión en la zona de la Base es hoy inmensamente superior a la que recibe un vecino del Sur. Por su parte, el Casco Histórico refleja otro cambio de prioridades. Mientras los residentes se marchan, el consumo de hoteles y negocios ha subido un 27%. Con temperaturas de 42ºC, los hoteles utilizan sistemas de refrigeración que enfrían el aire evaporando agua potable que no vuelve a la red. Un solo turista gasta hoy el triple de agua que un vecino, y el nuevo sistema de gestión digital prioriza este consumo comercial frente a la estabilidad de las viviendas.

El imán de los fondos: El agua como indicador de riqueza

Este despliegue tecnológico ha convertido el registro del agua en un imán para fondos de inversión internacionales y grandes grupos inmobiliarios. Al analizar el consumo agregado de cada zona, estos inversores pueden radiografiar la rentabilidad de la ciudad con una precisión quirúrgica. No es una hipótesis: es el modelo de negocio de SOCIMIs y fondos como Blackstone (a través de su filial logística Logicor) o Azora, que monitorizan la capacidad de carga de las infraestructuras antes de desembarcar en un territorio. Para ellos, el dato del agua es un termómetro que marca dónde hay dinero y dónde hay oportunidad de negocio.

Un ejemplo claro lo encontramos en la barriada del Brillante, donde el consumo doméstico supera los 119.000 metros cúbicos anuales. Al entregar estos datos a la nube gestionada por multinacionales como Schneider y AVEVA, Emacsa actúa involuntariamente como un 'broker' de información. Estamos regalando la biografía económica de nuestros barrios a entidades que, asesoradas por consultoras como CBRE o JLL, buscan predecir la gentrificación y especular con el valor de nuestras calles incluso antes de que el propio Ayuntamiento sea consciente de ello.

El Granadal y el algoritmo de la escasez

El polígono de El Granadal consume casi medio millón de metros cúbicos al año, un gasto enorme comparado con la eficiencia del Parque Tecnológico de Rabanales 21. Además, la modernización hacia el sistema digital REDES 5.0 entrega la gestión a software de multinacionales externas como Schneider y su plataforma AVEVA. En la próxima sequía, un algoritmo decidirá las prioridades. Con una Base Militar que tiene blindada por ley una potencia eléctrica de 10,89 MVA y su propio depósito de 8,2 millones de euros, el software protegerá la actividad estatal y sacrificará la presión de las casas particulares.

La inercia de la ubicación estratégica

Esta subordinación de los recursos locales al interés estatal no es un fenómeno nuevo, sino una constante en la evolución urbana de Córdoba marcada por la búsqueda del enclave logístico perfecto. En 1568, Felipe II ya eligió la zona más noble y estratégica de la ciudad, la antigua huerta califal junto al Alcázar, para sus Caballerizas Reales, tomando para sí el caudal de los veneros de la Sierra. Siglos después, el patrón se repitió en el Marrubial con la cesión gratuita de terrenos municipales para el Cuartel de Alfonso XII, aprovechando un nodo de expansión clave que el Estado obtuvo sin coste de suelo.

Sin embargo, el precedente que mejor explica el presente es el del Cuartel de San Rafael en 1900. Si hoy la Base Logística se proyecta junto a la Autovía del Sur (N-IV) para garantizar su conectividad, hace un siglo el enclave crítico era la proximidad a la línea del ferrocarril. Para asegurar aquel despliegue en Cercadilla, el Ayuntamiento no solo aportó 250.000 pesetas, sino que ejecutó el desvío del Arroyo del Moro hacia el Oeste. Aquella obra de ingeniería eliminó un obstáculo natural que 'molestaba' al flujo militar, de la misma forma que hoy se reconfigura la red de Emacsa para eliminar cualquier 'ruido' técnico en el suministro de la Base.

La historia revela que el Estado siempre elige los nodos vitales de Córdoba —ayer el Alcázar y el tren, hoy la autovía—, pero delega en la ciudad el coste de adaptar el territorio. Si en 1900 se movieron cauces de arroyos para atraer regimientos, en 2024 se aceptan peajes de mantenimiento de carreteras nacionales y se compromete la estabilidad de la red pública. La diferencia es que la servidumbre actual ya no es solo física, sino digital: antes se sacrificaba el trazado de un arroyo; hoy se entrega la soberanía de nuestros datos de consumo a la lógica de los mercados globales.

El peaje de la carretera y la conclusión

Como remate, la ciudad ha tenido que aceptar la propiedad de 12 kilómetros de la antigua carretera N-IV. El Estado ha traspasado este gasto a los cordobeses, que ahora deberán pagar 2 millones de euros anuales de su presupuesto municipal para mantener una vía que sirve de acceso alternativo a la Base.

Este peaje final confirma que el Ayuntamiento y Emacsa, lejos de pilotar el futuro de la ciudad, están siendo succionados por la inercia de una historia que se repite. Córdoba vuelve a comportarse como una ciudad-huésped, incapaz de imponer sus propias necesidades biológicas frente a las urgencias del soberano de turno. Bajo el barniz de la digitalización y los algoritmos de Schneider, late la misma sumisión que cedió veneros en 1568 y movió arroyos en 1900. El agua, rastro físico de esta transformación, delata que estamos financiando con nuestro recibo un enclave de seguridad nacional mientras permitimos que la red de nuestros barrios se degrade por puro agotamiento institucional. No es modernización; es la vieja servidumbre de siempre, ahora monitorizada en la nube. Estamos pagando la puesta a punto de un sistema que garantiza el futuro de la Base Logística, sacrificando la red y la estabilidad de los barrios donde realmente vive la gente.

Basado en datos de facturación de Emacsa, la descripción técnica de la red de abastecimiento y el BOP nº 120, la Real Academia de Córdoba.

*Pancho Gamero. Doctor Ingeniero Agrónomo

España es un país que funciona a base de ruido. El silencio aquí es inusual, incluso incómodo. Es como si la sinapsis entre las neuronas de los españoles no se activara si no es con las ondas del estrépito. Así ha sido desde que tengo uso de razón. Por eso, lo primero que llama la atención cuando entras a un restaurante o a cualquier otro espacio público es que todo el mundo habla a voces. En el parque o en el supermercado, los padres responden con gritos a los gritos de los hijos. En el ascensor, el vecino me habla del tiempo como si nos separaran cuatro o cinco metros de distancia. Y si, en espacios comunes, decidimos renunciar a la comunicación verbal, nos sumergimos en la bronca que, a través la pantalla del móvil, ruge desde las redes sociales.

Un país realmente civilizado es aquel donde se escucha más que se habla, donde los turnos de habla en las conversaciones no se solapan y, sobre todo, donde el nivel de ruido es ínfimo.

Las obras de arte excelsas, los grandes flashes de lucidez científica, las principales ideas filosóficas, surgen del silencio. El silencio es inspirador y nos hace más inteligentes, por eso reina en las bibliotecas y en los museos. Incluso la música más bella necesita de él para su creación. A la algarabía acaso se ha de recurrir para la mera diversión o para la protesta airada. Así activamos nuestro primitivo cerebro reptiliano, con muchos decibelios.

Pero no nos dejemos aturdir por el alboroto. Fijémonos bien: hay escándalos que se silencian y otros a los que se les da volumen. Como moscas atraídas por el olor del excremento, acudimos al ruido, pero tendemos a obviar lo que se ha cubierto con la gruesa manta del mutismo. También es de país civilizado no dejarse engañar por eso.

Álvaro Tarik es músico y pintor

El artículo 152 de la Constitución, con relación al sistema institucional de las comunidades autónomas, dispone que contarán necesariamente con una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas, cuyos miembros no tienen que ser diputados autonómicos; y un Presidente, elegido por la Asamblea Legislativa autonómica, de entre sus miembros (a diferencia de la investidura del Presidente del Gobierno, que no requiere la condición de diputado), al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla, estableciendo dicho precepto que el Presidente autonómico y sus consejeros responden políticamente ante la Asamblea Legislativa.

Hay que recordar también, como dato previo, que, en España, el Poder Legislativo lo componen por un lado las Cortes Generales (Congreso y Senado), y por otro, las asambleas legislativas (con diferentes nombres) de las comunidades autónomas constituidas. Por tanto, hay diferentes centros legislativos en función de reparto competencial de un Estado compuesto como es el nuestro.

La Junta de Andalucía, institución en que se organiza políticamente el autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma, está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno (artículo 99 EAA). Elegida ya por el pueblo, en elección directa, circunscripción provincial y sistema de listas electorales cerradas, las personas que ocuparán los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, toca ahora proceder, una vez constituida la nueva legislatura, a la investidura del Presidente de la Junta de Andalucía.

El Presidente de la Junta de Andalucía tiene importantes funciones como dirigir y coordinar la actividad del Consejo de Gobierno; coordinar la Administración de la Comunidad Autónoma; designar y separar (libremente) a los consejeros; ostentar la suprema representación de la Comunidad Autónoma; así como la representación ordinaria del Estado en Andalucía.

El procedimiento de su investidura (elección parlamentaria) es el siguiente. El Presidente de la Junta de Andalucía será elegido, de entre sus miembros, por el Parlamento. Por tanto, a diferencia de la investidura del Presidente del Gobierno, ha de ser diputado o diputada el candidato a la investidura parlamentaria como Presidente de la Junta de Andalucía. El Presidente del Parlamento de Andalucía, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta.

El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.

Caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.

Una vez elegido, el Presidente será nombrado por el Rey y procederá a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas.

En cuanto al aforamiento procesal, la responsabilidad penal del Presidente de la Junta será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ante el mismo Tribunal será exigible la responsabilidad civil en que hubiera incurrido el Presidente de la Junta con ocasión del ejercicio de su cargo.

Las personas que han ocupado la Presidencia de la Junta de Andalucía desde 1982 hasta la actualidad, por orden cronológico, son los siguientes: Rafael Escuredo Rodríguez (1º). PSOE; José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán (2º). PSOE; Manuel Chaves González (3º). PSOE; José Antonio Griñán Martínez (4º). PSOE; Susana Díaz Pacheco (5ª). PSOE; y Juan Manuel Moreno Bonilla (6º). PP.

Una vez investido por el Parlamento de Andalucía el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía, por Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía se configura el Consejo de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determinándose las posibles Vicepresidencias del Gobierno (opcional) y las Consejerías en la que se organizará departamentalmente la acción de gobierno.

Tanto su número como su denominación es variable en los diferentes mandatos, incluso durante la legislatura puede haber cambios, pues depende de la libre voluntad de la persona que ocupa la Presidencia de la Junta de Andalucía. También dependerá de si el gobierno es de un solo partido, o de coalición.

Normalmente suele haber Consejerías de Presidencia, de Justicia, de Administración Pública, de Empleo, de Hacienda, de Educación, de Agricultura, de Economía, de Salud, de Igualdad, de Políticas Sociales, de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de Medio Ambiente, o de Cultura, entre otros departamentos, pero como hemos dicho, es variable.

Suele haber un portavoz del Gobierno (uno de los titulares de Consejería), que comparece después de cada sesión del Consejo de Gobierno para informar a los medios de comunicación y a la sociedad de los acuerdos semanales, que en todo caso acaban publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno está integrado por la Presidencia, los vicepresidentes en su caso, y los consejeros. El Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma; dirige la Administración; desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía; y le corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria.

En cuanto al control sobre la acción de gobierno, el Parlamento de Andalucía puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que habrá de ser propuesta, al menos, por una cuarta parte de los parlamentarios y habrá de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta.

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Parlamento, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente de la Junta.

Asimismo, el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Junta. El principio fundamental es que el Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión.

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del Presidente.

El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. Es justo el momento político en el que nos encontramos tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en espera de la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía, de la ronda de consultas por parte de que sea designado como Presidente del Parlamento en su sesión constitutiva del próximo 11 de junio, y del inicio del procedimiento de investidura, que, dados los resultados electorales (sin mayoría absoluta) requerirá de algún tipo de acuerdo entre grupos parlamentarios.

Astérix y las 12 pruebas es una una animación deliciosa y ácida. La más ardua de las pruebas que debe superar junto a Obélix es, en mi opinión, la obtención de la forma A-38 (el formulario, o el documento A-38, en castellano) en la Casa que Enloquece. Es aparentemente simple: hacer cola en la ventanilla de información, dirigirse al departamento correspondiente y solicitarlo. Fin. Sin embargo, los malentendidos, formularios previos, desinformación, duplicidades, etc., se convierten en una trampa para la cordura.

Todo ciudadano se enfrenta, en mayor o menor medida, a la Casa que Enloquece a lo largo de su vida, desde los trámites de registro de un neonato a los de defunción. Como la postrera sombra, tampoco nadie escapa de la lenta y pegajosa burocracia. El certificado digital podría haber sido la poción mágica que ayudase a recorrer el laberinto pero, aunque ayude, se queda muy corto en sus efectos. Sigan a Astérix en esta aventura:

Astérix y familia se han mudado por trabajo a una comunidad autónoma colindante con Andalucía y descubren que, para el servicio de salud de ésta, tienen menos pasado que Jason Bourne. Deben pedir todos sus historiales e informes, en papel, y pedir cita con los médicos especialistas para los que ya estaban en lista de espera en Andalucía. Pasa un año, vuelven a Córdoba sin que hayan sido atendidos y deben comenzar los trámites a la inversa de nuevo. Afortunadamente, ninguno tiene nada grave, pero llevan dos años para ser atendidos. -¿Dónde consigo la forma A-38?, -pregunta. -El puerto se encuentra a la orilla del mar-, le responde un funcionario.

El galo tiene un tercer galito y ya son familia numerosa. Necesitan que se les reconozca como tal, pues compran una vivienda en Córdoba y la bonificación al 50% del ITP depende de ello. Son miles de euros de diferencia; no es baladí. Podría pagarse ahora todo y reclamar la mitad más adelante, claro, pero no se atan los jabalís con longanizas en esta casa. Tras ir a suplicar a varias oficinas, consiguen que se agilice su trámite y obtener el reconocimiento diez días antes de la fecha de compraventa. -¿Pero no es sabido que ya somos cuatro en casa y que acaba de nacer un quinto?, -se pregunta. -¿Por qué debemos hacer un trámite que debería concederse de forma automática? -¡Le digo que el puerto sigue a la orilla del mar!

Astérix debe tramitar documentación para comprar una vivienda y coincide con la renovación del certificado digital. Ya lo renovó una vez online, por lo que debería ser sencillo, pero esta vez, por cambio de normativa, debe hacerlo presencialmente. En la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre consulta dónde puede hacerlo, y se encuentra con que el listado oficial de oficinas está desactualizado. El 80% de ellas ya no realizan este trámite. Los vigilantes de seguridad, voluntariosos, excedidos en funciones e infrarremunerados. -Llame a este número, -le dicen. -No existe. -No, ese ya no es, pruebe con éste otro. -No contestan. -Vaya usted a Diputación. -Y Astérix va, sólo para comprobar que es la hora del desayuno y que casi todas las mesas están vacías.

¿Y las ayudas a la infancia? Necesitan estar empadronados. La solicitud se cursó en verano y, en enero siguiente, sin haberse resuelto aún, necesitan modificarla. Gracias a Tutatis, el piso ya está reformado y se pueden mudar a su nuevo hogar. -Oiga, no deben solicitar un nuevo empadronamiento sin más: deben adjuntar a la primera solicitud de empadronamiento una solicitud de desistimiento y, a continuación, iniciar un proceso nuevo. ¡Si no lo hacen así esto podría ocasionar un retraso! -Astérix y su familia llevan viviendo más de medio año aquí, pero para el ayuntamiento siguen figurando allende Despeñaperros.

¿Y qué hay del voto? Según el censo electoral, constan registrados en Córdoba desde finales de enero pero las listas que manejan las mesas electorales están actualizadas a 1 de enero, por lo que les sugieren que vayan al ayuntamiento a solicitar un certificado que acredite que están en el censo electoral. Astérix recuerda que es un trámite que puede hacer con su certificado digital, lo descarga y lo muestra triunfante. -Lo siento, sólo en papel. Vaya a una copistería, aunque sea domingo a las 19:40. Creo que hay una que no cierra. Debe de seguir en el puerto, a la orilla del mar.

Creamos modelos lógico-matemáticos, con fórmulas, ecuaciones, gráficos y vectores, para operar con estas copias de la realidad y obtener resultados con los datos de la experimentación. De esta forma, fueron surgiendo las distintas ramas del conocimiento y las aplicaciones técnicas. Así era hasta mediados del siglo XX el Pensamiento Analógico. 

La lógica binaria fue establecida por dos matemáticos, el alemán Leibniz (siglos XVII-XVIII) y el inglés George Boole (siglo XIX), que en principio solo dio lugar a rudimentarias máquinas de calcular con palancas y engranajes o a los telares de Jacquard con tarjetas perforadas. Fue a partir de la invención del Telégrafo Eléctrico por el pintor estadounidense Samuel Morse a mediados del siglo XIX, cuando se empleó la duración corta o larga (puntos y rayas) de la corriente eléctrica que discurre por un conductor, para transmitir letras y números entre dos puntos distantes. 

Así, conviniendo previamente su significación (códigos), utilizando unas señales no continuas, o sea discretas, de impulsos eléctricos de “unos” y “ceros”, se comprobó que eran más útiles para transmitir y operar que las señales analógicas. Fue a partir de esos momentos, cuando particularmente yo considero que se inició el nacimiento de la Ciencia y la Técnica Digital. 

La aparición del transistor patentado por el físico estadounidense Shockley en 1947, basado en otros descubrimientos, permitió no solo la transmisión, sino además el procesamiento y almacenamiento de datos digitales. La aportación del Ingeniero Eléctrico y Matemático también estadounidense Claude Shannon en 1949, (hace casi ochenta años) con su Teoría Matemática de la Comunicación y la asignación del vocablo “bit”, abreviatura de “binary digit”, como unidad mínima de información dentro del marco de la ingeniería de las telecomunicaciones, fueron fundamentales.

Posteriormente la creación de códigos binarios: BCD, Hexadecimal, ASCII, NRZ, etc.., permitió la conversión de cualquier señal analógica en conjuntos de unos y ceros, (de cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos o sesenta y cuatro bits), que son tratados hoy día por “chips”, o circuitos eléctricos con gran escala de integración fabricados con semiconductores, cada vez más veloces y reducidos en tamaño. 

Pero esta digitalización casi total, la dependencia de las Redes de Telecomunicaciones y la aparición de la Inteligencia Artificial (IA), que están revolucionado nuestra forma de trabajar y vivir, conlleva riesgos que no pensamos en ellos.

Riesgos según la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Una fuerte tormenta solar podría inutilizar satélites, interrumpir los sistemas de navegación y desestabilizar las redes eléctricas, con tiempos de recuperación que se medirían en meses. Las temperaturas extremas podrían saturar los centros de datos, provocando interrupciones en los servicios de telefonía móvil, así como fallos en los sistemas sanitarios y las transacciones financieras. Mientras tanto, terremotos u otros desastres naturales pueden interrumpir las conexiones vitales a internet, ralentizando las operaciones comerciales y dejando a países enteros sin conexión durante semanas. 

Cualquier escenario concreto puede parecer aislado e improbable, no lo suficientemente alarmante como para provocar una respuesta global inmediata. Sin embargo, las vulnerabilidades digitales son reales y es inevitable que ocurran incidentes inesperados. 

Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (1), pone de relieve otra vulnerabilidad: las sociedades se han vuelto dependientes de los sistemas digitales sin mantener las habilidades analógicas ni garantizar alternativas adecuadas. Cuando los grandes sistemas fallan, las alternativas fuera de línea ya no siempre están disponibles.

«Afrontar los riesgos sistémicos implica ir más allá de los datos y trabajar de forma interdisciplinaria», afirmó Arancha González, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en Sciences Po. «Este informe muestra cómo la formulación de políticas basadas en la evidencia puede ayudarnos a desarrollar resiliencia en un mundo cada vez más interconectado».

Convertir el conocimiento en acción

«La resiliencia debe estar integrada en el ADN de las tecnologías de las que dependemos», declaró Doreen Bogdan-Martin, Secretaría General de la UIT. «Este informe nos insta a considerar la naturaleza sistémica de los riesgos y a replantearnos cómo protegemos los sistemas que conectan y empoderan a la humanidad».

El informe insta a los responsables políticos, al sector privado y a la sociedad civil a actuar de inmediato para evitar que estos riesgos se conviertan en una pandemia digital; y hace un llamamiento a un compromiso global y a una acción coordinada.

Los autores sugieren considerar seis prioridades para salvaguardar la infraestructura digital crítica:

-Profundizar el conocimiento: identificar vulnerabilidades, mapear las dependencias intersectoriales, desarrollar modelos para posibles reacciones en cadena y mantener habilidades analógicas.

-Modernizar la gestión de riesgos: Tratar las interrupciones digitales no intencionadas como un riesgo fundamental mediante la actualización de los marcos legales y de gestión de riesgos de desastre, así como de los incentivos.

-Reforzar las normas y la planificación: Establecer sistemas de respaldo sólidos y llevar a cabo una planificación conjunta de escenarios multisectoriales.

-Mejorar la coordinación en materia de riesgos críticos: Coordinar de forma proactiva los riesgos de alto impacto que afectan al clima espacial, los cables submarinos, los satélites y los centros de datos.

-Fomentar la resiliencia social: Capacitar a las comunidades y organizaciones para resistir y recuperarse de las disrupciones digitales mediante el desarrollo de capacidades de adaptación.

-Fomentar la confianza y la colaboración: Desarrollar capacidades, convocar a las partes interesadas y promover la concienciación y la rendición de cuentas compartidas entre sectores y fronteras.

Los resultados son fruto de un proceso de colaboración en el que han participado expertos de 12 países, en representación de autoridades nacionales, el sector privado, el mundo académico y organizaciones internacionales.

*Nicolás Puerto Barrios. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba. Primer Premio Nacional de Prensa en 1983. El “Año Mundial de las Comunicaciones”, convocado por la UIT a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(1)When digital systems fail: The hidden risks of our digital world– an expert report

(2026). The UN agency for digital technologies

Nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprobado por el pueblo andaluz en referéndum el 18 de febrero de 2007), incluye en un importante precepto, el artículo 37, una relación de hasta veinte y cinco principios rectores de las políticas públicas, y encomienda a los poderes de la Comunidad Autónoma a trabajar por su aplicación efectiva, para conseguir que el catálogo estatutario de derechos sea real y efectivo, así como para alcanzar los objetivos generales proclamados en el artículo 10 del propio Estatuto de Autonomía.

Configuran los contenidos de dichos principios asuntos sociales tan relevantes como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.

Por otro lado, en ese conjunto de objetivos sociales se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

Establece también el artículo 37 un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.

Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.

La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los veinte y cinco principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.

El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía en ese clave artículo 37: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.

En realidad, esos transcendentales principios rectores de las políticas públicas que establece dicho precepto del Estatuto de Autonomía debieran constituir el auténtico mandato/programa político para las 109 personas andaluzas que resulten electas el 17 de mayo de 2026 como componentes de nuestro Parlamento de Andalucía, que debieran concretarse en acciones legislativas, y en planes de actuación para los distintos departamentos de la administración autonómica. Y, que el nuevo Consejo de Gobierno debiera impulsar en su acción diaria para el período 2026-2030.

PD. En la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, imparto una asignatura denominada Instituciones Públicas de Andalucía (optativa de tercer curso del Grado en Derecho), en la que se abordan, entre otras materias, algunas políticas públicas que nuestro Estatuto de Autonomía regula específicamente.

A lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado y la primera década de este, nuestro sistema sanitario experimentó un impresionante desarrollo que lo situó en la vanguardia de los sistemas sanitarios mundiales. Andalucía destacó de una forma muy especial con la implantación de los equipos de atención primaria, que pusieron en marcha programas de prevención y atención comunitaria en centros de salud y consultorios distribuidos por toda la geografía andaluza, hasta la última aldea. Se construyeron numerosos hospitales comarcales y de alta resolución. En Córdoba pilotamos las primeras experiencias de tarjeta sanitaria e historia clínica informatizada, que hoy día están implantadas en todo el estado español. La percepción ciudadana respecto a los servicios sanitarios públicos era muy favorable y los profesionales presentaban con orgullo nuestros avances en los congresos nacionales e internacionales.

Ahora, sin embargo, las encuestas de opinión reflejan que la sanidad es actualmente la principal preocupación de las andaluzas y andaluces, por delante del empleo y la vivienda. Según el barómetro sanitario, la sanidad pública andaluza es la peor valorada del estado español. El volumen de personas en lista de espera para consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas ha alcanzado cifras récord y ocupa cada vez más titulares en los medios y tiempo en los debates políticos. Cualquiera que pida cita para visita médica en un centro de salud puede comprobar la increíble demora que ofrecen. Todos estos datos dibujan el perfil de un sistema sanitario público cuyo funcionamiento se ha deteriorado extraordinariamente en los últimos años.

Pero lo realmente grave es que ese deterioro se está traduciendo en un daño evidente en la salud y calidad de vida de la población andaluza. Los indicadores de prevalencia y mortalidad en las principales enfermedades crónicas son significativamente superiores a la media española. La tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ajustada por edad, es la más alta de todas las comunidades autónomas. Y la crisis de los cribados de cáncer de mama no ha sido más que la punta del iceberg de un serio problema en la detección precoz y atención general a los cánceres.

Esta misma semana se han publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria, los resultados de una rigurosa investigación que demuestra que en el periodo 2019 a 2024 las muertes por cáncer en Andalucía fueron muy superiores a las esperadas según la tendencia estadística, a diferencia de los seis años anteriores (2013-2018) en que Andalucía registró tasas de mortalidad inferiores a las esperadas. Los autores del estudio han destacado que este incremento de mortalidad coincide con la profundización en el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza, impulsado por los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Además, han señalado que los programas de cribados de cáncer que lleva a cabo la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía tienen una baja cobertura, por lo que no llegan a muchas de las personas que podrían beneficiarse de la detección precoz.

No podemos continuar por más tiempo con esta situación. Andalucía necesita un gobierno que priorice la prevención, el cuidado y la atención a la salud de toda la ciudadanía, con calidad y eficacia. No se trata solo de incrementar el presupuesto en sanidad sino, sobre todo, decidir a qué se dedica y cómo se gestiona.

Antes de recurrir a contratar con centros privados, es necesario aprovechar toda la capacidad y experiencia de los profesionales del sistema sanitario público, poniendo los hospitales y centros de salud a funcionar en horarios de mañana y tarde, dotándolos del personal y los medios necesarios.

Es imprescindible garantizar la estabilidad y unas mejores condiciones laborales del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, equiparándolas a las de otras comunidades autónomas, para que puedan permanecer en nuestros centros sanitarios, incentivando profesional y económicamente a quienes opten por una dedicación exclusiva al sistema sanitario público.

La atención primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario, porque proporciona atención en todo el territorio andaluz de forma mantenida en el tiempo. Por ello debe reforzarse de forma decidida, especialmente en el medio rural y en las zonas de interior menos cubiertas actualmente. Habrá que garantizar una financiación suficiente (como mínimo, el 20 por ciento del presupuesto sanitario), aumentar las plantillas de personal médico y de enfermería, mejorar la dotación de medios y la capacidad de resolución asistencial de los profesionales, así como gratificar especialmente los puestos de trabajo en las poblaciones más alejadas de las capitales y la costa. Además, la incorporación de otros profesionales como matronas, fisioterapeutas o psicólogos permitirá extender las actividades preventivas, de promoción de la salud comunitaria, de atención domiciliaria, cuidados paliativos, así como tratamientos no farmacológicos que muchas veces son más eficaces que los medicamentos.

Desarrollar nuevos servicios de prevención y atención a la salud mental infantojuvenil y de adultos, establecer estrategias específicas para garantizar el acceso de las personas en condiciones socioeconómicas más vulnerables, potenciar la perspectiva de género en la asistencia y la atención a las personas con enfermedades raras son otras tantas de las muchas medidas que pueden implantarse para mejorar la calidad del sistema sanitario público andaluz, haciéndolo más eficaz, más equitativo y, al mismo tiempo, más eficiente porque se ahorran gastos innecesarios y se previenen las enfermedades y muertes evitables. Solo hace falta voluntad política y podemos conseguirlo. Por nuestra gente y por Andalucía.

Salustiano Luque. Médico experto en gestión y evaluación de servicios sanitarios.

El caso del buque Hondius no es solo un episodio sanitario puntual: es un espejo incómodo de una de las actitudes más arraigadas —y menos reconocidas— en nuestras sociedades. El rechazo a su atraque por el posible riesgo de hantavirus no responde únicamente a la prudencia, sino a una combinación explosiva de miedo, egoísmo y desconocimiento que encaja perfectamente en lo que se conoce como efecto NIMBY: “Not In My Back Yard”, o “no en mi patio trasero”.

El patrón es conocido. Ante una situación que requiere una respuesta colectiva —en este caso, la atención sanitaria de pasajeros potencialmente expuestos a un virus—, la reacción no es de cooperación, sino de desplazamiento del problema. Nadie discute que esas personas deben ser atendidas. Pero, inmediatamente, surge la cuestión clave: que lo haga otro.

Este reflejo no es casual. El NIMBY no es solo una postura política o administrativa; es, en esencia, una reacción profundamente humana basada en la autoprotección. El problema es cuando esa autoprotección degenera en egoísmo puro, disfrazado de prudencia o de “preocupación por la salud pública”.

Porque conviene decirlo con claridad: el riesgo asociado al hantavirus en un entorno controlado, con protocolos sanitarios activos, es limitado y perfectamente gestionable. No estamos ante una enfermedad de transmisión masiva por contacto casual ni ante una amenaza incontrolable. Sin embargo, la percepción social del riesgo se dispara en cuanto aparecen palabras como “virus”, “barco” o “aislamiento”.

Ahí entra en juego un segundo factor clave: la ignorancia científica. En ausencia de información clara —o, peor aún, en presencia de desinformación—, el miedo ocupa todo el espacio. Y el miedo, cuando no se entiende, se traduce en rechazo.

El problema no es que la ciudadanía no tenga formación especializada en epidemiología. Eso es lógico. El problema es la facilidad con la que se construyen narrativas alarmistas que distorsionan la realidad. Se equiparan riesgos incomparables, se exageran probabilidades y se ignoran por completo los mecanismos de control sanitario que llevan décadas funcionando precisamente para evitar crisis.

En este contexto, el buque Hondius deja de ser un caso médico y se convierte en un símbolo. Un símbolo de cómo la combinación de egoísmo individual y desconocimiento colectivo puede bloquear soluciones razonables.

No es la primera vez que ocurre. Ni será la última. Lo vimos durante la pandemia, con el rechazo a centros de aislamiento. Lo vemos con la instalación de infraestructuras necesarias: plantas de tratamiento de residuos, centros de acogida, incluso hospitales. La lógica es siempre la misma: todos reconocen su necesidad, pero nadie los quiere cerca.

Este comportamiento tiene consecuencias muy reales. Retrasa decisiones, complica la gestión de crisis y, en última instancia, puede agravar los problemas que se intentan evitar. En el caso de una emergencia sanitaria, cada hora cuenta. Convertir la gestión en una disputa territorial basada en percepciones y no en datos es, simplemente, irresponsable.

Además, hay un elemento de hipocresía difícil de ignorar. Las mismas sociedades que exigen sistemas sanitarios robustos y respuestas rápidas ante cualquier crisis son las que, llegado el momento, ponen obstáculos cuando esas respuestas implican una mínima incomodidad o percepción de riesgo.

Se reclama seguridad absoluta, pero sin asumir ningún coste. Se exige intervención pública, pero lejos de casa. Se pide solidaridad, pero siempre en abstracto.

El caso del Hondius pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a actuar como una comunidad real cuando la situación lo exige? Porque la solidaridad no se mide en declaraciones, sino en decisiones concretas, especialmente cuando implican asumir riesgos gestionados.

Las autoridades, por su parte, tampoco están exentas de responsabilidad. La falta de pedagogía pública en cuestiones científicas y sanitarias deja un vacío que se llena rápidamente con especulación y miedo. Comunicar bien no es opcional: es una herramienta esencial para evitar que el NIMBY se convierta en la respuesta automática ante cualquier situación compleja.

Pero incluso con una comunicación impecable, hay un límite. Porque el NIMBY no se combate solo con datos; también exige una reflexión colectiva sobre nuestras prioridades como sociedad.

El buque Hondius no es una amenaza. Es una prueba. Una prueba de si somos capaces de responder con racionalidad y sentido común o si, una vez más, el miedo y el egoísmo dictarán nuestras decisiones.

Y, a juzgar por la reacción inicial, la respuesta sigue siendo preocupantemente clara: sí, hay que actuar… pero que lo haga otro.

A mayo de 2026 Córdoba se está completando la digitalización total de Emacsa a través del proyecto #REDES_EMACSA 5.0. Los nuevos contadores inteligentes y los «gemelos digitales» permiten gestionar nuestra red con una precisión nunca vista. Es un avance necesario para detectar fugas en una ciudad que ya roza los 50 grados, pero si miramos la historia de nuestras calles, descubriremos que la tecnología a veces sirve para ganar transparencia y otras, lamentablemente, para que el ciudadano pierda el control sobre su propia realidad.

El mapa en la memoria: La era de los Bonilla

Para entender dónde estamos, hay que recordar que Córdoba fue, durante siglos, una ciudad de “secretos líquidos”. Hasta finales del siglo XIX, el conocimiento sobre el agua no estaba en los planos, sino en la memoria de una estirpe: los Bonilla. Estos maestros fontaneros formaban un gremio cerrado que transmitía el saber de padres a hijos.

Su poder no era poseer el agua, sino poseer la información. Solo ellos conocían la ubicación exacta de las minas de la Sierra y la traza de los atanores de barro que recorrían el subsuelo. Eran los únicos que sabían dónde estaban los registros para verificar pérdidas o cómo aforar las aguas para controlar su volumen. Su pieza clave eran los cauchiles y los partidores, elementos esenciales de la red que se encargaban de distribuir los caudales hacia fuentes, palacios, conventos y casas particulares. Sin planos escritos, la ciudad era rehén de su memoria. Ese secreto de oficio permitió a una familia privatizar el conocimiento del flujo para enriquecerse, hasta que la ciudad obligó a documentar lo que los fontaneros guardaban solo en su memoria.

Con el siglo XX, el modelo cambió. El agua pasó a depender de los pantanos construidos para tal fin y el saber se hizo público. Pero hoy, en 2026, nos enfrentamos a un nuevo “Punto de Quiebre”: el momento en que la información que genera nuestro consumo vale tanto o más que el propio agua.

El agua como “Caballo de Troya” de la especulación

¿Para qué quiere un inversor saber cuánta agua gastamos? En la era digital, el capital busca el rastro de nuestra vida. El agua se ha convertido en el termómetro que decide el destino de las inversiones. El rastro del consumo permite a los grandes fondos detectar dónde es rentable construir hoteles o grandes promociones, creando desequilibrios habitacionales. Incluso el comercio tradicional sufre: el mapa del agua revela el potencial comercial de cada calle, permitiendo que las grandes franquicias decidan dónde implantarse, compitiendo con ventaja contra nuestras tiendas de toda la vida y extrayendo el valor añadido fuera de Córdoba.

La trampa del alquiler: 1,2 millones de euros al año

Hoy, el “cerebro” que nos gestiona es bicefálico. Emacsa tiene sus ojos en la calle de los Plateros, pero su memoria y su capacidad de pensar están alquiladas. Actualmente, pagamos unos 1,2 millones de euros anuales a multinacionales tecnológicas por el software y la “nube” donde se procesan nuestros datos.

Es un alquiler perpetuo que no genera patrimonio para la ciudad. Además, mientras pagamos, la Inteligencia Artificial de estas empresas “aprende” de nuestras tuberías y hábitos. Ese aprendizaje —una sabiduría técnica que vale millones— se lo quedan ellos. Córdoba pone los datos y el dinero; ellos se quedan con la inteligencia estratégica para vendérsela a otros.

El “Dividendo de Soberanía”: Árboles y empleo

¿Hay alternativa? Ciudades como Barcelona ya han demostrado que sí. Si Córdoba invirtiera unos 2,5 millones de euros en crear su propia «Nube Municipal» y utilizara programas de código abierto, la inversión estaría pagada en poco más de cinco años.

A partir de ahí, Córdoba recuperaría un ahorro neto de 750.000 euros cada año. ¿Qué significan 750.000 euros para un vecino? Ese dinero, que hoy sale de la ciudad, permitiría contratar a 10 jardineros y plantar 1.600 árboles maduros cada año, asegurando su riego y cuidado. Podríamos enfriar nuestros barrios con el dinero que hoy regalamos por alquilar un software que debería ser nuestro.

Exigencia de soberanía algorítmica al Consejo de Administración de Emacsa

Ante esta realidad, y en el ejercicio de mi soberanía como ciudadano cordobés, exijo al Consejo de Administración de Emacsa los siguientes compromisos:

1. Exijo una Auditoría de la Custodia: Emacsa debe certificar que las llaves criptográficas de nuestros datos residen en servidores físicos bajo control municipal directo. Las llaves de la ciudad deben estar en la ciudad, no en una “nube” extranjera.

2. Propongo que la Universidad de Córdoba (UCO) actúe como nodo observador independiente: La lógica con la que una máquina decide bajarnos la presión o priorizar un sector no puede ser un «secreto comercial». La UCO debe poder auditar el código para garantizar que no haya discriminación entre barrios y que la tecnología sirva al interés público.

3. Exijo la Propiedad del Aprendizaje: Cualquier mejora en la IA derivada de los datos de Córdoba debe ser propiedad de la ciudad. No aceptamos que nuestra experiencia hídrica sea un activo comercial para terceros.

4. Exijo el fin de los “Silos Tecnológicos”: Córdoba no puede seguir pagando licencias redundantes para Emacsa, Sadeco o Aucorsa. Exijo un plan para unificar la infraestructura de datos municipal, recuperando una soberanía que hoy está fragmentada y en manos ajenas.

Si hace un siglo luchamos para que el mapa del agua no fuera el secreto de una familia, no debemos aceptar hoy que sea el secreto de un algoritmo. El mapa del agua debe volver a ser, de verdad, de todos los cordobeses.

*Por Pancho Gamero Gutiérrez. Doctor Ingeniero Agrónomo y Graduado en Historia del Arte.

Las declaraciones de D. Miguel Ángel Torrico en relación con la pretensión del PP de destinar el espacio de Caballerizas Reales a una subsede del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona (MEAM), nos obligan a la pedagogía.

Es cierto que la ciudad cuenta con diversos espacios para albergar exposiciones temporales de variado carácter, a los que el antiguo Convento de Regina podría incorporarse en un futuro inmediato. Caballerizas, por tanto, podría tener otra finalidad más fija y permanente, más museística.

El modelo de gestión cultural compartida entre la esfera pública y la privada, tampoco es necesariamente rechazable. Para una empresa siempre será más fácil resolver las dificultades burocráticas que genera la producción de cualquier evento. La aceptación generalizada que suscitó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación de Francesca Thyssen-Bornemisza nos informa que, cuando hay excelencia, se obvian las reticencias. 

La base sobre la que se asienta el MEAM suscita una cierta perplejidad. Este Museo, inaugurado en junio de 2011 en el punto más turístico de la ciudad de Barcelona, es una creación de la Fundació de les Arts i els Artistes y en los estatutos de esta Fundació privada se detalla que tiene como objetivo “lograr influir en el rumbo del arte contemporáneo, para que éste deje de consistir de forma exclusiva en tendencias experimentales, abstracciones y video montajes, y vuelva de nuevo a la figuración”.

Esta combativa declaración de evidente posicionamiento reaccionario y contraria al libre desarrollo del arte es, señor Torrico, lo que suscita el rechazo de una gran mayoría del mundo cultural cordobés. Cualquier colectivo privado puede partir de esa posición ultramontana como emblema ideológico de funcionamiento, pero no parece una noble aspiración para una ciudad, para una colectividad abierta. Porque un museo nunca puede ser un dique para nada ni para nadie, ni una trinchera para alimentar hipotéticos resentimientos artísticos. Si quiere detentar el espíritu y la historia de un lugar, si quiere dejar constancia de la vivacidad de la sociedad sobre la que se asienta, un museo de arte contemporáneo ha de estar abierto a una multiplicidad de opciones y relatos.

Dice usted que el proyecto significaría tener “un museo capaz de atraer arte de primer nivel”. Definir el primer nivel en el arte contemporáneo es bastante correoso, pero no cabe duda que cuando un proyecto cuenta con una bibliografía crítica de prestigio y sus artistas se desenvuelven en la escena internacional de bienales y exposiciones de resonancia, podemos llegar a admitir ese primer nivel. En mi conocimiento no es el caso del MEAM, y una visita a su página web nos indica que tanto sus contenidos como sus continentes museológicos son bastante planos. Las exposiciones celebradas, sus fondos expuestos en Barcelona y los artistas que protege, créame, son de un nivel tirando a discreto. Aunque también le digo que esto es una apreciación personal de un artista que milita en otra liga.

Y para terminar, permítame que nuevamente le llame al orden. Dice usted que el objetivo es “traer artistas y obras de relevancia que generarán un importante flujo turístico”. Parece que no hay manera de meterle en la cabeza que su obligación, como munícipe, debería priorizar que la cultura sea un motor de activación formativa entre los ciudadanos. Lo del flujo turístico es un efecto secundario, padre mío. 

En un sistema democrático como el nuestro, cuando se ocupan cargos de responsabilidad política, se tiene la obligación de resolver los problemas de la ciudadanía, mejorar su situación y facilitar en todo lo posible la convivencia, en eso consiste la política, aunque ya se nos haya olvidado. Sin duda la derecha defiende y apuesta por privilegiar al sector privado en detrimento de lo público, de ahí su bajada de impuestos, para que le paguemos a las empresas privadas que nos prestan los servicios. Las políticas de izquierdas se basan en potenciar el sector público, como garantía, control, eficacia y asumiendo la responsabilidad directa de la prestación de los servicios esenciales. Hasta aquí lo conocido que conviene recordar.

Desde la llegada de la democracia al Ayuntamiento de Córdoba, los distintos gobiernos municipales, mayoritariamente de izquierdas, modernizaron la prestación de los servicios municipales en un proceso de descentralización, mediante la creación de empresas públicas municipales. Así se fueron constituyendo hasta siete empresas y organismos autónomos, que se unieron a la ya existente Emacsa, creada en la etapa predemocrática. La empresa de saneamiento Sadeco fue de las primeras que se pusieron en funcionamiento y se hizo bajo mi mandato.

Entiendo que una de las principales obligaciones de un Ayuntamiento, para mí una de las más importantes, es mantener una imagen limpia y ordenada de la ciudad. De ahí la necesidad de volcar la atención y recursos en conseguir ese objetivo. Para alcanzarlo con la mayor eficacia creamos la empresa de saneamiento. Se le proporcionó el material necesario, personal, vehículos modernos, se hizo un nuevo vertedero, se dotó la ciudad de papeleras (el mismo modelo que había en la ciudad de París) y de un servicio eficaz de limpieza viaria, además de la recogida de enseres, tareas de desratización, etc. Se comenzó una labor de concienciación ciudadana y de educación en colegios, se editaron folletos y se hicieron programas específicos para crear una conciencia de que la ciudad debía estar limpia y mantenerla era tarea de todos. El resultado fue que tuvimos una ciudad cuya limpieza era resaltada por los visitantes en comparación con otras ciudades. Fuimos ejemplo y los empleados de su staff técnico fueron reclamados desde distintos lugares de España para explicar cómo lo estaban haciendo. Quedó demostrada fehacientemente que desde el sector público se puede hacer una gestión eficaz.

Ahora conocemos por los trabajadores que en los últimos siete años no se ha renovado el material, no se reparan los vehículos averiados y se contratan otros fuera de la empresa, que además no se limpian las calles por falta de personal, algunas presentando un aspecto penoso, las bolsas de basura amontonadas por la incapacidad de los contenedores. Todo ello dan una imagen de abandono impropia de una ciudad como Córdoba. Que en los últimos años haya habido cuatro gerentes en la empresa, denota una falta absoluta de dirección política.

A los que contribuimos a crear en el pasado esa imagen tan positiva de Córdoba, nos duele ver la situación que atraviesa Sadeco y como consecuencia la imagen descuidada y sucia de la ciudad. Si la empresa ha funcionado eficazmente y ahora no lo hace solo puede ser debido a una mala gestión, consecuencia de una voluntad política para acabar con ella y privatizar el servicio en beneficio de alguna poderosa empresa que ya lo gestiona en otras ciudades.

Un servicio que se prestaba con eficacia y solvencia en beneficio de los ciudadanos, no se puede, no se debe, desmantelar por la aplicación de una ideología política. Si el mal servicio se debe solamente a la mala gestión, pido al Alcalde que intervenga directamente y si es preciso tome las riendas.

Los cordobeses tenemos que recuperar la confianza en nuestra empresa de saneamiento y recuperar la imagen de una ciudad modelo.

La Asociación 'Annius Verus vuelve a alzar la voz ante lo que es ya un deterioro imparable de uno de los inmuebles más emblemáticos de Espejo: la Casa de la Cadena. Este edificio, ejemplo destacado de la arquitectura civil del siglo XVIII, no es solo una fachada en la Plaza de la Constitución; es un edificio con grado de protección estructural que, además, alberga elementos con la máxima protección legal, catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y está incluido en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura desde 1979.

Desde nuestra fundación hace más de una década, hemos mantenido diversas reuniones con representantes municipales. Sin embargo, a día de hoy, la solución sigue sin llegar. Ya en 2021, el cronista oficial de la localidad lanzaba un SOS en prensa que, lamentablemente, continúa plenamente vigente: el inmueble presenta un estado de deterioro avanzado, con daños visibles y un riesgo real de pérdida de elementos históricos irrecuperables.

Desde la asociación consideramos que la conservación de nuestro legado colectivo no puede quedar supeditada a la inacción por intereses particulares. Existen mecanismos legales suficientes para evitar que este bien se pierda para siempre.

Hacemos un llamamiento a la opinión pública y a las instituciones para mantener la atención sobre esta cuestión y evitar que la resignación gane la partida a la preservación y recuperación de nuestro patrimonio. Asimismo, reiteramos la plena disposición a colaborar en cuantas iniciativas contribuyan a alcanzar este objetivo.

* Pablo Ruiz Luque, presidente de la Asociación para la defensa del patrimonio histórico de Espejo 'Annius Verus'