El artículo 152 de la Constitución, con relación al sistema institucional de las comunidades autónomas, dispone que contarán necesariamente con una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas, cuyos miembros no tienen que ser diputados autonómicos; y un Presidente, elegido por la Asamblea Legislativa autonómica, de entre sus miembros (a diferencia de la investidura del Presidente del Gobierno, que no requiere la condición de diputado), al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla, estableciendo dicho precepto que el Presidente autonómico y sus consejeros responden políticamente ante la Asamblea Legislativa.

Hay que recordar también, como dato previo, que, en España, el Poder Legislativo lo componen por un lado las Cortes Generales (Congreso y Senado), y por otro, las asambleas legislativas (con diferentes nombres) de las comunidades autónomas constituidas. Por tanto, hay diferentes centros legislativos en función de reparto competencial de un Estado compuesto como es el nuestro.

La Junta de Andalucía, institución en que se organiza políticamente el autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma, está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno (artículo 99 EAA). Elegida ya por el pueblo, en elección directa, circunscripción provincial y sistema de listas electorales cerradas, las personas que ocuparán los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, toca ahora proceder, una vez constituida la nueva legislatura, a la investidura del Presidente de la Junta de Andalucía.

El Presidente de la Junta de Andalucía tiene importantes funciones como dirigir y coordinar la actividad del Consejo de Gobierno; coordinar la Administración de la Comunidad Autónoma; designar y separar (libremente) a los consejeros; ostentar la suprema representación de la Comunidad Autónoma; así como la representación ordinaria del Estado en Andalucía.

El procedimiento de su investidura (elección parlamentaria) es el siguiente. El Presidente de la Junta de Andalucía será elegido, de entre sus miembros, por el Parlamento. Por tanto, a diferencia de la investidura del Presidente del Gobierno, ha de ser diputado o diputada el candidato a la investidura parlamentaria como Presidente de la Junta de Andalucía. El Presidente del Parlamento de Andalucía, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la Junta.

El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.

Caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.

Una vez elegido, el Presidente será nombrado por el Rey y procederá a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas.

En cuanto al aforamiento procesal, la responsabilidad penal del Presidente de la Junta será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ante el mismo Tribunal será exigible la responsabilidad civil en que hubiera incurrido el Presidente de la Junta con ocasión del ejercicio de su cargo.

Las personas que han ocupado la Presidencia de la Junta de Andalucía desde 1982 hasta la actualidad, por orden cronológico, son los siguientes: Rafael Escuredo Rodríguez (1º). PSOE; José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán (2º). PSOE; Manuel Chaves González (3º). PSOE; José Antonio Griñán Martínez (4º). PSOE; Susana Díaz Pacheco (5ª). PSOE; y Juan Manuel Moreno Bonilla (6º). PP.

Una vez investido por el Parlamento de Andalucía el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía, por Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía se configura el Consejo de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determinándose las posibles Vicepresidencias del Gobierno (opcional) y las Consejerías en la que se organizará departamentalmente la acción de gobierno.

Tanto su número como su denominación es variable en los diferentes mandatos, incluso durante la legislatura puede haber cambios, pues depende de la libre voluntad de la persona que ocupa la Presidencia de la Junta de Andalucía. También dependerá de si el gobierno es de un solo partido, o de coalición.

Normalmente suele haber Consejerías de Presidencia, de Justicia, de Administración Pública, de Empleo, de Hacienda, de Educación, de Agricultura, de Economía, de Salud, de Igualdad, de Políticas Sociales, de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de Medio Ambiente, o de Cultura, entre otros departamentos, pero como hemos dicho, es variable.

Suele haber un portavoz del Gobierno (uno de los titulares de Consejería), que comparece después de cada sesión del Consejo de Gobierno para informar a los medios de comunicación y a la sociedad de los acuerdos semanales, que en todo caso acaban publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno está integrado por la Presidencia, los vicepresidentes en su caso, y los consejeros. El Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma; dirige la Administración; desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía; y le corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria.

En cuanto al control sobre la acción de gobierno, el Parlamento de Andalucía puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que habrá de ser propuesta, al menos, por una cuarta parte de los parlamentarios y habrá de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta.

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Parlamento, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente de la Junta.

Asimismo, el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Junta. El principio fundamental es que el Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión.

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del Presidente.

El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. Es justo el momento político en el que nos encontramos tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en espera de la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía, de la ronda de consultas por parte de que sea designado como Presidente del Parlamento en su sesión constitutiva del próximo 11 de junio, y del inicio del procedimiento de investidura, que, dados los resultados electorales (sin mayoría absoluta) requerirá de algún tipo de acuerdo entre grupos parlamentarios.

Astérix y las 12 pruebas es una una animación deliciosa y ácida. La más ardua de las pruebas que debe superar junto a Obélix es, en mi opinión, la obtención de la forma A-38 (el formulario, o el documento A-38, en castellano) en la Casa que Enloquece. Es aparentemente simple: hacer cola en la ventanilla de información, dirigirse al departamento correspondiente y solicitarlo. Fin. Sin embargo, los malentendidos, formularios previos, desinformación, duplicidades, etc., se convierten en una trampa para la cordura.

Todo ciudadano se enfrenta, en mayor o menor medida, a la Casa que Enloquece a lo largo de su vida, desde los trámites de registro de un neonato a los de defunción. Como la postrera sombra, tampoco nadie escapa de la lenta y pegajosa burocracia. El certificado digital podría haber sido la poción mágica que ayudase a recorrer el laberinto pero, aunque ayude, se queda muy corto en sus efectos. Sigan a Astérix en esta aventura:

Astérix y familia se han mudado por trabajo a una comunidad autónoma colindante con Andalucía y descubren que, para el servicio de salud de ésta, tienen menos pasado que Jason Bourne. Deben pedir todos sus historiales e informes, en papel, y pedir cita con los médicos especialistas para los que ya estaban en lista de espera en Andalucía. Pasa un año, vuelven a Córdoba sin que hayan sido atendidos y deben comenzar los trámites a la inversa de nuevo. Afortunadamente, ninguno tiene nada grave, pero llevan dos años para ser atendidos. -¿Dónde consigo la forma A-38?, -pregunta. -El puerto se encuentra a la orilla del mar-, le responde un funcionario.

El galo tiene un tercer galito y ya son familia numerosa. Necesitan que se les reconozca como tal, pues compran una vivienda en Córdoba y la bonificación al 50% del ITP depende de ello. Son miles de euros de diferencia; no es baladí. Podría pagarse ahora todo y reclamar la mitad más adelante, claro, pero no se atan los jabalís con longanizas en esta casa. Tras ir a suplicar a varias oficinas, consiguen que se agilice su trámite y obtener el reconocimiento diez días antes de la fecha de compraventa. -¿Pero no es sabido que ya somos cuatro en casa y que acaba de nacer un quinto?, -se pregunta. -¿Por qué debemos hacer un trámite que debería concederse de forma automática? -¡Le digo que el puerto sigue a la orilla del mar!

Astérix debe tramitar documentación para comprar una vivienda y coincide con la renovación del certificado digital. Ya lo renovó una vez online, por lo que debería ser sencillo, pero esta vez, por cambio de normativa, debe hacerlo presencialmente. En la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre consulta dónde puede hacerlo, y se encuentra con que el listado oficial de oficinas está desactualizado. El 80% de ellas ya no realizan este trámite. Los vigilantes de seguridad, voluntariosos, excedidos en funciones e infrarremunerados. -Llame a este número, -le dicen. -No existe. -No, ese ya no es, pruebe con éste otro. -No contestan. -Vaya usted a Diputación. -Y Astérix va, sólo para comprobar que es la hora del desayuno y que casi todas las mesas están vacías.

¿Y las ayudas a la infancia? Necesitan estar empadronados. La solicitud se cursó en verano y, en enero siguiente, sin haberse resuelto aún, necesitan modificarla. Gracias a Tutatis, el piso ya está reformado y se pueden mudar a su nuevo hogar. -Oiga, no deben solicitar un nuevo empadronamiento sin más: deben adjuntar a la primera solicitud de empadronamiento una solicitud de desistimiento y, a continuación, iniciar un proceso nuevo. ¡Si no lo hacen así esto podría ocasionar un retraso! -Astérix y su familia llevan viviendo más de medio año aquí, pero para el ayuntamiento siguen figurando allende Despeñaperros.

¿Y qué hay del voto? Según el censo electoral, constan registrados en Córdoba desde finales de enero pero las listas que manejan las mesas electorales están actualizadas a 1 de enero, por lo que les sugieren que vayan al ayuntamiento a solicitar un certificado que acredite que están en el censo electoral. Astérix recuerda que es un trámite que puede hacer con su certificado digital, lo descarga y lo muestra triunfante. -Lo siento, sólo en papel. Vaya a una copistería, aunque sea domingo a las 19:40. Creo que hay una que no cierra. Debe de seguir en el puerto, a la orilla del mar.

Creamos modelos lógico-matemáticos, con fórmulas, ecuaciones, gráficos y vectores, para operar con estas copias de la realidad y obtener resultados con los datos de la experimentación. De esta forma, fueron surgiendo las distintas ramas del conocimiento y las aplicaciones técnicas. Así era hasta mediados del siglo XX el Pensamiento Analógico. 

La lógica binaria fue establecida por dos matemáticos, el alemán Leibniz (siglos XVII-XVIII) y el inglés George Boole (siglo XIX), que en principio solo dio lugar a rudimentarias máquinas de calcular con palancas y engranajes o a los telares de Jacquard con tarjetas perforadas. Fue a partir de la invención del Telégrafo Eléctrico por el pintor estadounidense Samuel Morse a mediados del siglo XIX, cuando se empleó la duración corta o larga (puntos y rayas) de la corriente eléctrica que discurre por un conductor, para transmitir letras y números entre dos puntos distantes. 

Así, conviniendo previamente su significación (códigos), utilizando unas señales no continuas, o sea discretas, de impulsos eléctricos de “unos” y “ceros”, se comprobó que eran más útiles para transmitir y operar que las señales analógicas. Fue a partir de esos momentos, cuando particularmente yo considero que se inició el nacimiento de la Ciencia y la Técnica Digital. 

La aparición del transistor patentado por el físico estadounidense Shockley en 1947, basado en otros descubrimientos, permitió no solo la transmisión, sino además el procesamiento y almacenamiento de datos digitales. La aportación del Ingeniero Eléctrico y Matemático también estadounidense Claude Shannon en 1949, (hace casi ochenta años) con su Teoría Matemática de la Comunicación y la asignación del vocablo “bit”, abreviatura de “binary digit”, como unidad mínima de información dentro del marco de la ingeniería de las telecomunicaciones, fueron fundamentales.

Posteriormente la creación de códigos binarios: BCD, Hexadecimal, ASCII, NRZ, etc.., permitió la conversión de cualquier señal analógica en conjuntos de unos y ceros, (de cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos o sesenta y cuatro bits), que son tratados hoy día por “chips”, o circuitos eléctricos con gran escala de integración fabricados con semiconductores, cada vez más veloces y reducidos en tamaño. 

Pero esta digitalización casi total, la dependencia de las Redes de Telecomunicaciones y la aparición de la Inteligencia Artificial (IA), que están revolucionado nuestra forma de trabajar y vivir, conlleva riesgos que no pensamos en ellos.

Riesgos según la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Una fuerte tormenta solar podría inutilizar satélites, interrumpir los sistemas de navegación y desestabilizar las redes eléctricas, con tiempos de recuperación que se medirían en meses. Las temperaturas extremas podrían saturar los centros de datos, provocando interrupciones en los servicios de telefonía móvil, así como fallos en los sistemas sanitarios y las transacciones financieras. Mientras tanto, terremotos u otros desastres naturales pueden interrumpir las conexiones vitales a internet, ralentizando las operaciones comerciales y dejando a países enteros sin conexión durante semanas. 

Cualquier escenario concreto puede parecer aislado e improbable, no lo suficientemente alarmante como para provocar una respuesta global inmediata. Sin embargo, las vulnerabilidades digitales son reales y es inevitable que ocurran incidentes inesperados. 

Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (1), pone de relieve otra vulnerabilidad: las sociedades se han vuelto dependientes de los sistemas digitales sin mantener las habilidades analógicas ni garantizar alternativas adecuadas. Cuando los grandes sistemas fallan, las alternativas fuera de línea ya no siempre están disponibles.

«Afrontar los riesgos sistémicos implica ir más allá de los datos y trabajar de forma interdisciplinaria», afirmó Arancha González, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en Sciences Po. «Este informe muestra cómo la formulación de políticas basadas en la evidencia puede ayudarnos a desarrollar resiliencia en un mundo cada vez más interconectado».

Convertir el conocimiento en acción

«La resiliencia debe estar integrada en el ADN de las tecnologías de las que dependemos», declaró Doreen Bogdan-Martin, Secretaría General de la UIT. «Este informe nos insta a considerar la naturaleza sistémica de los riesgos y a replantearnos cómo protegemos los sistemas que conectan y empoderan a la humanidad».

El informe insta a los responsables políticos, al sector privado y a la sociedad civil a actuar de inmediato para evitar que estos riesgos se conviertan en una pandemia digital; y hace un llamamiento a un compromiso global y a una acción coordinada.

Los autores sugieren considerar seis prioridades para salvaguardar la infraestructura digital crítica:

-Profundizar el conocimiento: identificar vulnerabilidades, mapear las dependencias intersectoriales, desarrollar modelos para posibles reacciones en cadena y mantener habilidades analógicas.

-Modernizar la gestión de riesgos: Tratar las interrupciones digitales no intencionadas como un riesgo fundamental mediante la actualización de los marcos legales y de gestión de riesgos de desastre, así como de los incentivos.

-Reforzar las normas y la planificación: Establecer sistemas de respaldo sólidos y llevar a cabo una planificación conjunta de escenarios multisectoriales.

-Mejorar la coordinación en materia de riesgos críticos: Coordinar de forma proactiva los riesgos de alto impacto que afectan al clima espacial, los cables submarinos, los satélites y los centros de datos.

-Fomentar la resiliencia social: Capacitar a las comunidades y organizaciones para resistir y recuperarse de las disrupciones digitales mediante el desarrollo de capacidades de adaptación.

-Fomentar la confianza y la colaboración: Desarrollar capacidades, convocar a las partes interesadas y promover la concienciación y la rendición de cuentas compartidas entre sectores y fronteras.

Los resultados son fruto de un proceso de colaboración en el que han participado expertos de 12 países, en representación de autoridades nacionales, el sector privado, el mundo académico y organizaciones internacionales.

*Nicolás Puerto Barrios. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba. Primer Premio Nacional de Prensa en 1983. El “Año Mundial de las Comunicaciones”, convocado por la UIT a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

(1)When digital systems fail: The hidden risks of our digital world– an expert report

(2026). The UN agency for digital technologies

Nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprobado por el pueblo andaluz en referéndum el 18 de febrero de 2007), incluye en un importante precepto, el artículo 37, una relación de hasta veinte y cinco principios rectores de las políticas públicas, y encomienda a los poderes de la Comunidad Autónoma a trabajar por su aplicación efectiva, para conseguir que el catálogo estatutario de derechos sea real y efectivo, así como para alcanzar los objetivos generales proclamados en el artículo 10 del propio Estatuto de Autonomía.

Configuran los contenidos de dichos principios asuntos sociales tan relevantes como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida.

Por otro lado, en ese conjunto de objetivos sociales se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

Establece también el artículo 37 un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.

Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.

La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los veinte y cinco principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.

El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía en ese clave artículo 37: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.

En realidad, esos transcendentales principios rectores de las políticas públicas que establece dicho precepto del Estatuto de Autonomía debieran constituir el auténtico mandato/programa político para las 109 personas andaluzas que resulten electas el 17 de mayo de 2026 como componentes de nuestro Parlamento de Andalucía, que debieran concretarse en acciones legislativas, y en planes de actuación para los distintos departamentos de la administración autonómica. Y, que el nuevo Consejo de Gobierno debiera impulsar en su acción diaria para el período 2026-2030.

PD. En la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, imparto una asignatura denominada Instituciones Públicas de Andalucía (optativa de tercer curso del Grado en Derecho), en la que se abordan, entre otras materias, algunas políticas públicas que nuestro Estatuto de Autonomía regula específicamente.

A lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado y la primera década de este, nuestro sistema sanitario experimentó un impresionante desarrollo que lo situó en la vanguardia de los sistemas sanitarios mundiales. Andalucía destacó de una forma muy especial con la implantación de los equipos de atención primaria, que pusieron en marcha programas de prevención y atención comunitaria en centros de salud y consultorios distribuidos por toda la geografía andaluza, hasta la última aldea. Se construyeron numerosos hospitales comarcales y de alta resolución. En Córdoba pilotamos las primeras experiencias de tarjeta sanitaria e historia clínica informatizada, que hoy día están implantadas en todo el estado español. La percepción ciudadana respecto a los servicios sanitarios públicos era muy favorable y los profesionales presentaban con orgullo nuestros avances en los congresos nacionales e internacionales.

Ahora, sin embargo, las encuestas de opinión reflejan que la sanidad es actualmente la principal preocupación de las andaluzas y andaluces, por delante del empleo y la vivienda. Según el barómetro sanitario, la sanidad pública andaluza es la peor valorada del estado español. El volumen de personas en lista de espera para consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas ha alcanzado cifras récord y ocupa cada vez más titulares en los medios y tiempo en los debates políticos. Cualquiera que pida cita para visita médica en un centro de salud puede comprobar la increíble demora que ofrecen. Todos estos datos dibujan el perfil de un sistema sanitario público cuyo funcionamiento se ha deteriorado extraordinariamente en los últimos años.

Pero lo realmente grave es que ese deterioro se está traduciendo en un daño evidente en la salud y calidad de vida de la población andaluza. Los indicadores de prevalencia y mortalidad en las principales enfermedades crónicas son significativamente superiores a la media española. La tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ajustada por edad, es la más alta de todas las comunidades autónomas. Y la crisis de los cribados de cáncer de mama no ha sido más que la punta del iceberg de un serio problema en la detección precoz y atención general a los cánceres.

Esta misma semana se han publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria, los resultados de una rigurosa investigación que demuestra que en el periodo 2019 a 2024 las muertes por cáncer en Andalucía fueron muy superiores a las esperadas según la tendencia estadística, a diferencia de los seis años anteriores (2013-2018) en que Andalucía registró tasas de mortalidad inferiores a las esperadas. Los autores del estudio han destacado que este incremento de mortalidad coincide con la profundización en el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza, impulsado por los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Además, han señalado que los programas de cribados de cáncer que lleva a cabo la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía tienen una baja cobertura, por lo que no llegan a muchas de las personas que podrían beneficiarse de la detección precoz.

No podemos continuar por más tiempo con esta situación. Andalucía necesita un gobierno que priorice la prevención, el cuidado y la atención a la salud de toda la ciudadanía, con calidad y eficacia. No se trata solo de incrementar el presupuesto en sanidad sino, sobre todo, decidir a qué se dedica y cómo se gestiona.

Antes de recurrir a contratar con centros privados, es necesario aprovechar toda la capacidad y experiencia de los profesionales del sistema sanitario público, poniendo los hospitales y centros de salud a funcionar en horarios de mañana y tarde, dotándolos del personal y los medios necesarios.

Es imprescindible garantizar la estabilidad y unas mejores condiciones laborales del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, equiparándolas a las de otras comunidades autónomas, para que puedan permanecer en nuestros centros sanitarios, incentivando profesional y económicamente a quienes opten por una dedicación exclusiva al sistema sanitario público.

La atención primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario, porque proporciona atención en todo el territorio andaluz de forma mantenida en el tiempo. Por ello debe reforzarse de forma decidida, especialmente en el medio rural y en las zonas de interior menos cubiertas actualmente. Habrá que garantizar una financiación suficiente (como mínimo, el 20 por ciento del presupuesto sanitario), aumentar las plantillas de personal médico y de enfermería, mejorar la dotación de medios y la capacidad de resolución asistencial de los profesionales, así como gratificar especialmente los puestos de trabajo en las poblaciones más alejadas de las capitales y la costa. Además, la incorporación de otros profesionales como matronas, fisioterapeutas o psicólogos permitirá extender las actividades preventivas, de promoción de la salud comunitaria, de atención domiciliaria, cuidados paliativos, así como tratamientos no farmacológicos que muchas veces son más eficaces que los medicamentos.

Desarrollar nuevos servicios de prevención y atención a la salud mental infantojuvenil y de adultos, establecer estrategias específicas para garantizar el acceso de las personas en condiciones socioeconómicas más vulnerables, potenciar la perspectiva de género en la asistencia y la atención a las personas con enfermedades raras son otras tantas de las muchas medidas que pueden implantarse para mejorar la calidad del sistema sanitario público andaluz, haciéndolo más eficaz, más equitativo y, al mismo tiempo, más eficiente porque se ahorran gastos innecesarios y se previenen las enfermedades y muertes evitables. Solo hace falta voluntad política y podemos conseguirlo. Por nuestra gente y por Andalucía.

Salustiano Luque. Médico experto en gestión y evaluación de servicios sanitarios.

El caso del buque Hondius no es solo un episodio sanitario puntual: es un espejo incómodo de una de las actitudes más arraigadas —y menos reconocidas— en nuestras sociedades. El rechazo a su atraque por el posible riesgo de hantavirus no responde únicamente a la prudencia, sino a una combinación explosiva de miedo, egoísmo y desconocimiento que encaja perfectamente en lo que se conoce como efecto NIMBY: “Not In My Back Yard”, o “no en mi patio trasero”.

El patrón es conocido. Ante una situación que requiere una respuesta colectiva —en este caso, la atención sanitaria de pasajeros potencialmente expuestos a un virus—, la reacción no es de cooperación, sino de desplazamiento del problema. Nadie discute que esas personas deben ser atendidas. Pero, inmediatamente, surge la cuestión clave: que lo haga otro.

Este reflejo no es casual. El NIMBY no es solo una postura política o administrativa; es, en esencia, una reacción profundamente humana basada en la autoprotección. El problema es cuando esa autoprotección degenera en egoísmo puro, disfrazado de prudencia o de “preocupación por la salud pública”.

Porque conviene decirlo con claridad: el riesgo asociado al hantavirus en un entorno controlado, con protocolos sanitarios activos, es limitado y perfectamente gestionable. No estamos ante una enfermedad de transmisión masiva por contacto casual ni ante una amenaza incontrolable. Sin embargo, la percepción social del riesgo se dispara en cuanto aparecen palabras como “virus”, “barco” o “aislamiento”.

Ahí entra en juego un segundo factor clave: la ignorancia científica. En ausencia de información clara —o, peor aún, en presencia de desinformación—, el miedo ocupa todo el espacio. Y el miedo, cuando no se entiende, se traduce en rechazo.

El problema no es que la ciudadanía no tenga formación especializada en epidemiología. Eso es lógico. El problema es la facilidad con la que se construyen narrativas alarmistas que distorsionan la realidad. Se equiparan riesgos incomparables, se exageran probabilidades y se ignoran por completo los mecanismos de control sanitario que llevan décadas funcionando precisamente para evitar crisis.

En este contexto, el buque Hondius deja de ser un caso médico y se convierte en un símbolo. Un símbolo de cómo la combinación de egoísmo individual y desconocimiento colectivo puede bloquear soluciones razonables.

No es la primera vez que ocurre. Ni será la última. Lo vimos durante la pandemia, con el rechazo a centros de aislamiento. Lo vemos con la instalación de infraestructuras necesarias: plantas de tratamiento de residuos, centros de acogida, incluso hospitales. La lógica es siempre la misma: todos reconocen su necesidad, pero nadie los quiere cerca.

Este comportamiento tiene consecuencias muy reales. Retrasa decisiones, complica la gestión de crisis y, en última instancia, puede agravar los problemas que se intentan evitar. En el caso de una emergencia sanitaria, cada hora cuenta. Convertir la gestión en una disputa territorial basada en percepciones y no en datos es, simplemente, irresponsable.

Además, hay un elemento de hipocresía difícil de ignorar. Las mismas sociedades que exigen sistemas sanitarios robustos y respuestas rápidas ante cualquier crisis son las que, llegado el momento, ponen obstáculos cuando esas respuestas implican una mínima incomodidad o percepción de riesgo.

Se reclama seguridad absoluta, pero sin asumir ningún coste. Se exige intervención pública, pero lejos de casa. Se pide solidaridad, pero siempre en abstracto.

El caso del Hondius pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a actuar como una comunidad real cuando la situación lo exige? Porque la solidaridad no se mide en declaraciones, sino en decisiones concretas, especialmente cuando implican asumir riesgos gestionados.

Las autoridades, por su parte, tampoco están exentas de responsabilidad. La falta de pedagogía pública en cuestiones científicas y sanitarias deja un vacío que se llena rápidamente con especulación y miedo. Comunicar bien no es opcional: es una herramienta esencial para evitar que el NIMBY se convierta en la respuesta automática ante cualquier situación compleja.

Pero incluso con una comunicación impecable, hay un límite. Porque el NIMBY no se combate solo con datos; también exige una reflexión colectiva sobre nuestras prioridades como sociedad.

El buque Hondius no es una amenaza. Es una prueba. Una prueba de si somos capaces de responder con racionalidad y sentido común o si, una vez más, el miedo y el egoísmo dictarán nuestras decisiones.

Y, a juzgar por la reacción inicial, la respuesta sigue siendo preocupantemente clara: sí, hay que actuar… pero que lo haga otro.

A mayo de 2026 Córdoba se está completando la digitalización total de Emacsa a través del proyecto #REDES_EMACSA 5.0. Los nuevos contadores inteligentes y los «gemelos digitales» permiten gestionar nuestra red con una precisión nunca vista. Es un avance necesario para detectar fugas en una ciudad que ya roza los 50 grados, pero si miramos la historia de nuestras calles, descubriremos que la tecnología a veces sirve para ganar transparencia y otras, lamentablemente, para que el ciudadano pierda el control sobre su propia realidad.

El mapa en la memoria: La era de los Bonilla

Para entender dónde estamos, hay que recordar que Córdoba fue, durante siglos, una ciudad de “secretos líquidos”. Hasta finales del siglo XIX, el conocimiento sobre el agua no estaba en los planos, sino en la memoria de una estirpe: los Bonilla. Estos maestros fontaneros formaban un gremio cerrado que transmitía el saber de padres a hijos.

Su poder no era poseer el agua, sino poseer la información. Solo ellos conocían la ubicación exacta de las minas de la Sierra y la traza de los atanores de barro que recorrían el subsuelo. Eran los únicos que sabían dónde estaban los registros para verificar pérdidas o cómo aforar las aguas para controlar su volumen. Su pieza clave eran los cauchiles y los partidores, elementos esenciales de la red que se encargaban de distribuir los caudales hacia fuentes, palacios, conventos y casas particulares. Sin planos escritos, la ciudad era rehén de su memoria. Ese secreto de oficio permitió a una familia privatizar el conocimiento del flujo para enriquecerse, hasta que la ciudad obligó a documentar lo que los fontaneros guardaban solo en su memoria.

Con el siglo XX, el modelo cambió. El agua pasó a depender de los pantanos construidos para tal fin y el saber se hizo público. Pero hoy, en 2026, nos enfrentamos a un nuevo “Punto de Quiebre”: el momento en que la información que genera nuestro consumo vale tanto o más que el propio agua.

El agua como “Caballo de Troya” de la especulación

¿Para qué quiere un inversor saber cuánta agua gastamos? En la era digital, el capital busca el rastro de nuestra vida. El agua se ha convertido en el termómetro que decide el destino de las inversiones. El rastro del consumo permite a los grandes fondos detectar dónde es rentable construir hoteles o grandes promociones, creando desequilibrios habitacionales. Incluso el comercio tradicional sufre: el mapa del agua revela el potencial comercial de cada calle, permitiendo que las grandes franquicias decidan dónde implantarse, compitiendo con ventaja contra nuestras tiendas de toda la vida y extrayendo el valor añadido fuera de Córdoba.

La trampa del alquiler: 1,2 millones de euros al año

Hoy, el “cerebro” que nos gestiona es bicefálico. Emacsa tiene sus ojos en la calle de los Plateros, pero su memoria y su capacidad de pensar están alquiladas. Actualmente, pagamos unos 1,2 millones de euros anuales a multinacionales tecnológicas por el software y la “nube” donde se procesan nuestros datos.

Es un alquiler perpetuo que no genera patrimonio para la ciudad. Además, mientras pagamos, la Inteligencia Artificial de estas empresas “aprende” de nuestras tuberías y hábitos. Ese aprendizaje —una sabiduría técnica que vale millones— se lo quedan ellos. Córdoba pone los datos y el dinero; ellos se quedan con la inteligencia estratégica para vendérsela a otros.

El “Dividendo de Soberanía”: Árboles y empleo

¿Hay alternativa? Ciudades como Barcelona ya han demostrado que sí. Si Córdoba invirtiera unos 2,5 millones de euros en crear su propia «Nube Municipal» y utilizara programas de código abierto, la inversión estaría pagada en poco más de cinco años.

A partir de ahí, Córdoba recuperaría un ahorro neto de 750.000 euros cada año. ¿Qué significan 750.000 euros para un vecino? Ese dinero, que hoy sale de la ciudad, permitiría contratar a 10 jardineros y plantar 1.600 árboles maduros cada año, asegurando su riego y cuidado. Podríamos enfriar nuestros barrios con el dinero que hoy regalamos por alquilar un software que debería ser nuestro.

Exigencia de soberanía algorítmica al Consejo de Administración de Emacsa

Ante esta realidad, y en el ejercicio de mi soberanía como ciudadano cordobés, exijo al Consejo de Administración de Emacsa los siguientes compromisos:

1. Exijo una Auditoría de la Custodia: Emacsa debe certificar que las llaves criptográficas de nuestros datos residen en servidores físicos bajo control municipal directo. Las llaves de la ciudad deben estar en la ciudad, no en una “nube” extranjera.

2. Propongo que la Universidad de Córdoba (UCO) actúe como nodo observador independiente: La lógica con la que una máquina decide bajarnos la presión o priorizar un sector no puede ser un «secreto comercial». La UCO debe poder auditar el código para garantizar que no haya discriminación entre barrios y que la tecnología sirva al interés público.

3. Exijo la Propiedad del Aprendizaje: Cualquier mejora en la IA derivada de los datos de Córdoba debe ser propiedad de la ciudad. No aceptamos que nuestra experiencia hídrica sea un activo comercial para terceros.

4. Exijo el fin de los “Silos Tecnológicos”: Córdoba no puede seguir pagando licencias redundantes para Emacsa, Sadeco o Aucorsa. Exijo un plan para unificar la infraestructura de datos municipal, recuperando una soberanía que hoy está fragmentada y en manos ajenas.

Si hace un siglo luchamos para que el mapa del agua no fuera el secreto de una familia, no debemos aceptar hoy que sea el secreto de un algoritmo. El mapa del agua debe volver a ser, de verdad, de todos los cordobeses.

*Por Pancho Gamero Gutiérrez. Doctor Ingeniero Agrónomo y Graduado en Historia del Arte.

Las declaraciones de D. Miguel Ángel Torrico en relación con la pretensión del PP de destinar el espacio de Caballerizas Reales a una subsede del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona (MEAM), nos obligan a la pedagogía.

Es cierto que la ciudad cuenta con diversos espacios para albergar exposiciones temporales de variado carácter, a los que el antiguo Convento de Regina podría incorporarse en un futuro inmediato. Caballerizas, por tanto, podría tener otra finalidad más fija y permanente, más museística.

El modelo de gestión cultural compartida entre la esfera pública y la privada, tampoco es necesariamente rechazable. Para una empresa siempre será más fácil resolver las dificultades burocráticas que genera la producción de cualquier evento. La aceptación generalizada que suscitó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación de Francesca Thyssen-Bornemisza nos informa que, cuando hay excelencia, se obvian las reticencias. 

La base sobre la que se asienta el MEAM suscita una cierta perplejidad. Este Museo, inaugurado en junio de 2011 en el punto más turístico de la ciudad de Barcelona, es una creación de la Fundació de les Arts i els Artistes y en los estatutos de esta Fundació privada se detalla que tiene como objetivo “lograr influir en el rumbo del arte contemporáneo, para que éste deje de consistir de forma exclusiva en tendencias experimentales, abstracciones y video montajes, y vuelva de nuevo a la figuración”.

Esta combativa declaración de evidente posicionamiento reaccionario y contraria al libre desarrollo del arte es, señor Torrico, lo que suscita el rechazo de una gran mayoría del mundo cultural cordobés. Cualquier colectivo privado puede partir de esa posición ultramontana como emblema ideológico de funcionamiento, pero no parece una noble aspiración para una ciudad, para una colectividad abierta. Porque un museo nunca puede ser un dique para nada ni para nadie, ni una trinchera para alimentar hipotéticos resentimientos artísticos. Si quiere detentar el espíritu y la historia de un lugar, si quiere dejar constancia de la vivacidad de la sociedad sobre la que se asienta, un museo de arte contemporáneo ha de estar abierto a una multiplicidad de opciones y relatos.

Dice usted que el proyecto significaría tener “un museo capaz de atraer arte de primer nivel”. Definir el primer nivel en el arte contemporáneo es bastante correoso, pero no cabe duda que cuando un proyecto cuenta con una bibliografía crítica de prestigio y sus artistas se desenvuelven en la escena internacional de bienales y exposiciones de resonancia, podemos llegar a admitir ese primer nivel. En mi conocimiento no es el caso del MEAM, y una visita a su página web nos indica que tanto sus contenidos como sus continentes museológicos son bastante planos. Las exposiciones celebradas, sus fondos expuestos en Barcelona y los artistas que protege, créame, son de un nivel tirando a discreto. Aunque también le digo que esto es una apreciación personal de un artista que milita en otra liga.

Y para terminar, permítame que nuevamente le llame al orden. Dice usted que el objetivo es “traer artistas y obras de relevancia que generarán un importante flujo turístico”. Parece que no hay manera de meterle en la cabeza que su obligación, como munícipe, debería priorizar que la cultura sea un motor de activación formativa entre los ciudadanos. Lo del flujo turístico es un efecto secundario, padre mío. 

En un sistema democrático como el nuestro, cuando se ocupan cargos de responsabilidad política, se tiene la obligación de resolver los problemas de la ciudadanía, mejorar su situación y facilitar en todo lo posible la convivencia, en eso consiste la política, aunque ya se nos haya olvidado. Sin duda la derecha defiende y apuesta por privilegiar al sector privado en detrimento de lo público, de ahí su bajada de impuestos, para que le paguemos a las empresas privadas que nos prestan los servicios. Las políticas de izquierdas se basan en potenciar el sector público, como garantía, control, eficacia y asumiendo la responsabilidad directa de la prestación de los servicios esenciales. Hasta aquí lo conocido que conviene recordar.

Desde la llegada de la democracia al Ayuntamiento de Córdoba, los distintos gobiernos municipales, mayoritariamente de izquierdas, modernizaron la prestación de los servicios municipales en un proceso de descentralización, mediante la creación de empresas públicas municipales. Así se fueron constituyendo hasta siete empresas y organismos autónomos, que se unieron a la ya existente Emacsa, creada en la etapa predemocrática. La empresa de saneamiento Sadeco fue de las primeras que se pusieron en funcionamiento y se hizo bajo mi mandato.

Entiendo que una de las principales obligaciones de un Ayuntamiento, para mí una de las más importantes, es mantener una imagen limpia y ordenada de la ciudad. De ahí la necesidad de volcar la atención y recursos en conseguir ese objetivo. Para alcanzarlo con la mayor eficacia creamos la empresa de saneamiento. Se le proporcionó el material necesario, personal, vehículos modernos, se hizo un nuevo vertedero, se dotó la ciudad de papeleras (el mismo modelo que había en la ciudad de París) y de un servicio eficaz de limpieza viaria, además de la recogida de enseres, tareas de desratización, etc. Se comenzó una labor de concienciación ciudadana y de educación en colegios, se editaron folletos y se hicieron programas específicos para crear una conciencia de que la ciudad debía estar limpia y mantenerla era tarea de todos. El resultado fue que tuvimos una ciudad cuya limpieza era resaltada por los visitantes en comparación con otras ciudades. Fuimos ejemplo y los empleados de su staff técnico fueron reclamados desde distintos lugares de España para explicar cómo lo estaban haciendo. Quedó demostrada fehacientemente que desde el sector público se puede hacer una gestión eficaz.

Ahora conocemos por los trabajadores que en los últimos siete años no se ha renovado el material, no se reparan los vehículos averiados y se contratan otros fuera de la empresa, que además no se limpian las calles por falta de personal, algunas presentando un aspecto penoso, las bolsas de basura amontonadas por la incapacidad de los contenedores. Todo ello dan una imagen de abandono impropia de una ciudad como Córdoba. Que en los últimos años haya habido cuatro gerentes en la empresa, denota una falta absoluta de dirección política.

A los que contribuimos a crear en el pasado esa imagen tan positiva de Córdoba, nos duele ver la situación que atraviesa Sadeco y como consecuencia la imagen descuidada y sucia de la ciudad. Si la empresa ha funcionado eficazmente y ahora no lo hace solo puede ser debido a una mala gestión, consecuencia de una voluntad política para acabar con ella y privatizar el servicio en beneficio de alguna poderosa empresa que ya lo gestiona en otras ciudades.

Un servicio que se prestaba con eficacia y solvencia en beneficio de los ciudadanos, no se puede, no se debe, desmantelar por la aplicación de una ideología política. Si el mal servicio se debe solamente a la mala gestión, pido al Alcalde que intervenga directamente y si es preciso tome las riendas.

Los cordobeses tenemos que recuperar la confianza en nuestra empresa de saneamiento y recuperar la imagen de una ciudad modelo.

La Asociación 'Annius Verus vuelve a alzar la voz ante lo que es ya un deterioro imparable de uno de los inmuebles más emblemáticos de Espejo: la Casa de la Cadena. Este edificio, ejemplo destacado de la arquitectura civil del siglo XVIII, no es solo una fachada en la Plaza de la Constitución; es un edificio con grado de protección estructural que, además, alberga elementos con la máxima protección legal, catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y está incluido en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura desde 1979.

Desde nuestra fundación hace más de una década, hemos mantenido diversas reuniones con representantes municipales. Sin embargo, a día de hoy, la solución sigue sin llegar. Ya en 2021, el cronista oficial de la localidad lanzaba un SOS en prensa que, lamentablemente, continúa plenamente vigente: el inmueble presenta un estado de deterioro avanzado, con daños visibles y un riesgo real de pérdida de elementos históricos irrecuperables.

Desde la asociación consideramos que la conservación de nuestro legado colectivo no puede quedar supeditada a la inacción por intereses particulares. Existen mecanismos legales suficientes para evitar que este bien se pierda para siempre.

Hacemos un llamamiento a la opinión pública y a las instituciones para mantener la atención sobre esta cuestión y evitar que la resignación gane la partida a la preservación y recuperación de nuestro patrimonio. Asimismo, reiteramos la plena disposición a colaborar en cuantas iniciativas contribuyan a alcanzar este objetivo.

* Pablo Ruiz Luque, presidente de la Asociación para la defensa del patrimonio histórico de Espejo 'Annius Verus'

Como bien saben los militares, toda operación bélica precisa de objetivos precisos. Los enfrentamientos armados sin ton ni son constituyen, como ha quedado evidente en la guerra de Trump contra Irán, un desastre sin paliativos.  En el ámbito del arte esos objetivos han de ser sensata y escrupulosamente fundamentados. Facere quidem aliquid certa cum ratione artis est (hacer algo con una razón cierta es lo propio del arte) decía el arquitecto renacentista Leon Battista Alberti. Los artistas documentan la diversidad y complejidad de su tiempo con lenguajes, herramientas y métodos novedosos y los museos cuentan la historia del lugar en un amplio contexto universal. Nada de estas premisas parece que impregne la tontuna pretensión del equipo de José María Bellido al entregar un espacio municipal, como Caballerizas Reales, a una empresa cultural privada radicada en Barcelona.

El denominado Museo Europeo de Arte Contemporáneo de Barcelona se basa en una idea de llamativa simpleza. En su condición de proyecto empresarial privado, y como les ocurre a todos los museos de cera que en el mundo son, tiene todas las argumentaciones para existir siempre que su viabilidad económica quede garantizado por la afluencia de público. Esa afluencia la facilita un producto de consumo fácil. Y nada más fácil y oportunista que una pintura hiperrealista en la que los atrevimientos más llamativos consistan en colocar tres brazos a un retrato de Palomo Spain.

 Como indican mis compañeros, y cuantos han firmado la carta pública que circula por la ciudad con ocasión de esta decisión del equipo de Bellido, el arte contemporáneo hace mucho tiempo que superó la dialéctica del “presunto” enfrentamiento entre realismo y abstracción. En los discursos artísticos actuales es válida tanto la impronta realista como la abstracta, a condición de que la mirada del creador aporte novedades semánticas y elimine estereotipos. Por ello es incuestionablemente indecente que parte del patrimonio municipal se ofrezca a empresas privadas que desdeñen toda esta compleja casuística y persigan solo el beneficio económico.

Después de tanto tiempo dedicado a la gestión municipal, Bellido debería saber que las iniciativas culturales de los ayuntamientos deben estar orientadas en la formación de los ciudadanos. Y que no hay mayor beneficio, ni satisfacción ni felicidad, que la autoestima que proporciona una ciudadanía educada y formada. En la diversidad y la complejidad, en el rigor y la excelencia. Los árboles de los parques no rinden beneficios económicos pero nos facilitan una existencia más placentera y saludable, y de ahí que invirtamos en su cuidado y mantenimiento.

*Mi tío Bartolomé Barrios Herruzo

Después de su lucha en el frente republicano y su huida a Francia en el invierno de 1939, mi tío Bartolomé fue confinado a la interperie en la playa de Argeles Sur-Mer, en la que murieron muchos españoles. De allí pasó a un Campo de Trabajo para Extranjeros (CTE) francés en Dijon, de donde fue apresado por los nazis, en abril de 1941 y trasladado al Campo de Mauthausen (AUSTRIA), siendo uno de los pocos supervivientes al ser liberado este Campo por el ejército estadounidense el 5 de mayo de 1945. ¡Nueve años sin saber la familia nada de él, desde que salió de Obejo (Córdoba)! Mi sobrina francesa Christine Andreu, su nieta, profesora de español en el instituto Pablo Picasso de Toulouse, presentó en el Ayuntamiento de Carbonne, un libro en los dos idiomas, sobre las vicisitudes y sufrimientos de su abuelo desde 1936 a 1945, que escribió con ayuda de su padre José Barrios Gómiz (fallecido el pasado 3 de marzo), a la que yo asistí el 18 de junio de 2024. Algunos datos de su libro, en el que tuve una modesta colaboración, muestran como un ser humano aún convertido en un número, logra mantener y recuperar su identidad.

“La última etapa protocolar de la llegada de los prisioneros a Mauthausen era la identificación. El secretario del campo los recibía en un despacho para apuntar su nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento y les asignaba un número. Al entrar en los campos de concentración alemanes, los deportados perdían de inmediato su identidad y se convertían en una matrícula. Mi padre llevaba el número 3818”.

“Parece que en Mauthausen la matrícula no estaba tatuada en el brazo de los presos como en otros campos, sino marcada en pequeñas placas de metal. Tengo en mi posesión las dos placas que mi padre llevó en la muñeca durante su deportación. Son los únicos objetos que volvieron del infierno del campo y para mí tienen un gran valor. Estas dos placas de metal las talló mi propio padre que siempre fue muy hábil y meticuloso. En la primera placa, en medio de ella y de tamaño grande, mi padre puso su número de matrícula: 3818, con un corazón arriba y un corazón abajo. Arriba a la izquierda puso: KLM (KL es la abreviatura de Konzentrationslager, que en alemán significa campo de concentración y la M es la primera letra de Mauthausen). Debajo, las cifras ”1.4.41“ correspondientes a la fecha de su entrada en el Campo de Mauthausen. Añadió una rosa arriba a la derecha y otra rosa abajo a la izquierda”.

Quisiera finalmente destacar, que el haber sido requerido por su profesiòn para la herrería del campo, le permitió, poco a poco, ir labrando en varias placas con gran habilidad artística, distintas letras agrupadas que son las siglas de los muchos de sus familiares, padre y madre, herman@s, esposa e hij@s, que yo ayudé a mi sobrina Christine a descifrar y que relaciona en su libro. Destaca en una de las placas, las pequeñas poblaciones austriacas de Ternberg y Vocklabruck, en las que había dos Subcampos de Concentración dependientes de Mauthausen y donde posiblemente tuvo que desplazarse Bartolomé con frecuencia para herrar caballos. Finalmente, quizá en la duda de que no pudiera salir vivo de allí. En otra placa, Bartolomé también realza en sus orejetas, las siglas de su provincia de nacimiento y origen: Córdoba y España.

*Nicolás Puerto Barrios, escritor y periodista Primer Premio Nacional de Prensa de 1983.

La palabra “Madre” se desborda en cualquier intento de definirla, al pronunciarla intentamos abarcar algo tan inmenso que roza lo infinito: una presencia que no se mide en tiempo ni en gestos, sino en huellas profundas que forman el latido de nuestro corazón. Y el Día de la Madre no es excepción, no se trata de una fecha, sino de una pausa necesaria para admirar nuestro origen.

Una madre es una mujer fuerte, valiente y resiliente, pero esas palabras apenas rozan la superficie de lo que realmente es. Es entrega sin medida, sin descanso, sin reservas. Es sustento incluso cuando todo parece quebrarse; es quien se reconstruye en silencio para seguir siendo refugio. Su amor no conoce límites ni condiciones; es una llama constante y serena que trasciende los límites del alma.

En ella nacen todas las profesiones, porque en ella comienza la vida. Es la primera albañil que levanta con paciencia y manos invisibles, los cimientos de nuestro ser. Es también la primera maestra, la que escribe las lecciones más importantes en el lenguaje del cariño y el ejemplo. Mamá es la médica que alivia dolores sin diagnóstico; es la ingeniera que diseña con precisión los planos de nuestros sueños; esa psicóloga que entiende el lenguaje silencioso de nuestras emociones y tormentas interiores. Y también, es la abogada que defiende nuestra inocencia ante el mundo; la artista que pinta de esperanza los días grises; científica que observa, aprende y transforma cada caída en aprendizaje; limpiadora que armoniza el desorden del alma; costurera que remienda silencios y une lo que parecía perdido. En cada una de ellas, late la misma esencia: la de una madre que, antes que cualquier título, ya lo ha sido todo.

En su mirada aprendemos el valor del esfuerzo, la vocación y la ternura. En cada logro que celebramos, en cada meta alcanzada, hay una parte de ella latiendo en segundo plano. Porque una madre no sólo acompaña los triunfos: los hace posibles. Es el centro invisible que impulsa, el motor silencioso que nunca deja de creer, incluso cuando nosotros dudamos. Su fe en nosotros se convierte, con el tiempo, en nuestra propia voz interior.

Y, sin embargo, su grandeza más profunda habita en lo invisible: en esas victorias silenciosas tejidas con sacrificio, dedicación y amor inquebrantable. Una madre es el reflejo de algo inmenso, de algo etéreo: la capacidad de dar sin esperar, de amar sin medida. Y en ese amor —el más puro que puede experimentarse— encontramos, siempre, nuestro verdadero hogar.

Para todas las madres que son guía y raíz, por recordarnos que sin ellas no seríamos.

Y especialmente a la mía: Te quiero MAMÁ.

Hay algo profundamente cómodo en creer que el karma se encargará de todo. Que, de alguna manera, el daño causado acabará volviéndose contra quien lo provoca sin que nadie tenga que hacer nada. Es una idea reconfortante… y completamente inútil.

Porque el karma no vota.

Mientras algunos esperan esa especie de justicia automática, en Andalucía hay gente esperando meses para una cita médica, familias atrapadas en un limbo burocrático para acceder a la dependencia y aulas donde cada recorte se traduce en menos oportunidades. Esa es la realidad. No una metáfora. No una opinión. Una realidad que tiene responsables políticos concretos.

Y esos responsables no van a desaparecer por arte de magia.

Juanma Moreno Bonilla no va a dejar la Junta porque “la vida ponga las cosas en su sitio”. No va a caer por el peso moral de sus decisiones. Si sigue gobernando, será por algo mucho más simple: porque alguien le vota… o porque demasiada gente decide no hacerlo.

Aquí es donde conviene dejar de lado las excusas.

Decir que “todos son iguales” no es una postura crítica, es una renuncia. Decir que “mi voto no sirve para nada” no es realismo, es resignación. Y la resignación, en política, siempre juega a favor de quien ya está en el poder.

Cada vez que alguien se queda en casa el día de las elecciones, está facilitando que las políticas que dice criticar continúen. Así de claro. No hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la sanidad pública, la educación o la atención a las personas más vulnerables.

Porque no, no es verdad que todo dé igual.

No da igual apostar por reforzar la sanidad pública o dejar que se deteriore mientras crecen los intereses privados. No da igual invertir en educación o recortar recursos. No da igual proteger a quienes dependen de lo público para vivir con dignidad o mirar hacia otro lado.

Y, sin embargo, seguimos escuchando lo del karma.

Como si bastara con indignarse en una conversación, compartir un mensaje o quejarse en redes sociales. Como si eso, por sí solo, cambiara algo. No lo hace. Nunca lo ha hecho.

Lo único que cambia gobiernos son los votos.

Votos conscientes, votos críticos, votos que entienden que no participar también tiene consecuencias. Porque cada papeleta que no se introduce en una urna es una oportunidad perdida para frenar políticas que están haciendo daño.

No se trata de épica ni de grandes discursos. Se trata de responsabilidad. De asumir que si algo no te gusta, la única forma real de cambiarlo es actuando cuando toca.

Y eso ocurre un día muy concreto: el de las elecciones.

Ese día no vota el karma. No vota la indignación acumulada. No votan los comentarios en redes. Votan las personas. O no votan.

Y entre una cosa y la otra se decide todo.

Quien de verdad quiera acabar con esta situación en Andalucía tiene que entenderlo de una vez: no basta con desear un cambio. Hay que provocarlo.

Metiendo una papeleta en la urna.

Con el transcurrir de los años tengo la percepción individual que existen “muchas córdobas”. Observo la Córdoba de los patrimonios históricos, la de sus barrios, la asociativa, la de las desigualdades sociales, la emprendedora, la del medio ambiente, la que posee una ciudadanía diversa... Y estas, en muchos casos, se fusionan, se mezclan, se amontonan... Por momentos cohabitan, también se distancian y otras quedan en el olvido.

Y, entre todas, destaca -con mucha luz y alguna sombra- la Córdoba de nuestra sanidad pública, que, personalmente, me resulta uno de los patrimonios más importantes de esta ciudad, un pilar esencial de la sociedad y un logro colectivo para todas las personas.

En próximas fechas, debo ir concluyendo la estancia en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Reina Sofía, que tiene una enorme trascendencia e impacto, y debería ser uno de los objetivos principales de las estrategias de la Sanidad. Sus profesionales me han posibilitado una mejoría de la salud general, de las emociones, ¡ah!, y del corazón, que se me averió un poco.

La vida, a veces, es caprichosa en las formas con el juego de los encuentros y desencuentros y, para este caso, me conduce al refranero popular para recordar aquello de “no hay mal que por bien no venga”, porque me encantó conoceros tras descubrir vuestra sensibilidad y humanidad. Os deseo lo mejor. Un abrazo.

Por Decreto del Presidente 2/2026, de 23 de marzo, quedó disuelto el Parlamento de Andalucía que elegimos el 19 de junio de 2022, y se convocaron elecciones para elegir a las 109 personas que conformarán la cámara legislativa andaluza de la decimotercera legislatura.

Como sabemos, las elecciones tendrán lugar el domingo 17 de mayo, fecha en la que quedará decidido la composición del órgano de representación del pueblo andaluz, el centro de la vida democrática en Andalucía. Constituye el Parlamento Andaluz una de las instituciones que conforman la Junta de Andalucía, junto al Consejo de Gobierno y a la Presidencia. La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de nuestro Estatuto de Autonomía de 2007

Las funciones del Parlamento de Andalucía, que se relacionan en el artículo 106 del texto estatutario, las podemos agrupar en legislativas (aprobación de leyes autonómicas o la capacidad de presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados en los términos establecidos en el artículo 87 de la Constitución); institucionales (investidura del Presidente/a de la Junta de Andalucía, la designación de senadores autonómicos, o la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Estado que afecten al ámbito de competencias de la comunidad autónoma de Andalucía); de orientación e impulso a la acción del Consejo de Gobierno; de fiscalización o control de la actividad del Consejo de Gobierno (preguntas parlamentarias, moción de censura, la cuestión de confianza, control de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad Autónoma); así como funciones de dirección económica de nuestra comunidad autónoma (examen, enmienda y aprobación de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, planes económicos de la comunidad autónoma, potestad de establecer y exigir tributos, aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma).

Como podemos concluir, son transcendentes los cometidos que tienen encomendado el Parlamento de Andalucía, cuya composición (109 personas diputadas) se distribuye por las ocho provincias andaluzas en función de la población, con algunos mecanismos correctores, pues, ninguna provincia debe tener el doble de diputados que otra y todas las provincias tendrán al menos ocho diputados. Para esta convocatoria electoral de 2026, Almería elegirá doce diputados, Cádiz quince, Córdoba doce, Granada trece, Huelva once, Jaén once, Málaga diecisiete y Sevilla dieciocho. Se exige un mínimo del 3% de votos válidos en cada circunscripción provincial para que una candidatura pueda obtener representación parlamentaria. Es importante señalar que las personas candidatas al Parlamento de Andalucía han de tener la condición política de andaluz o andaluza, en los términos establecidos en el artículo 5 de nuestro Estatuto de Autonomía (requisito de la vecindad administrativa en algún municipio andaluz), de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1986 Electoral de Andalucía. Esta misma norma, en su artículo 23, establece que las listas electorales alternarán hombres y mujeres (conocidas periodísticamente como “listas cremallera”). Las candidaturas completas que concurren en las ocho provincias andaluzas han sido publicadas el 15 de abril en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Una vez elegidos estas 109 personas el 17 de mayo, unas semanas después, el 11 de junio, deberá constituirse el nuevo Parlamento de Andalucía según dispone el Decreto del Presidente 2/2026, y en esa sesión de constitución, deberá elegirse a la persona que presidirá la institución parlamentaria andaluza, así como la Mesa del Parlamento de Andalucía, órgano colegiado de dirección.

El nuevo Presidente/a del Parlamento de Andalucía, segunda autoridad de la comunidad autónoma deberá, a continuación, iniciar una ronda de consultas (similar a la que desarrolla el Jefe del Estado para la investidura del Presidente del Gobierno de España) con los grupos parlamentarios, para designar a la persona, de entre los 109 diputado/as, que someterá su programa político de gobierno a la cámara y solicitará su investidura como Presidente/a de la Junta de Andalucía. 

La investidura del Presidente deberá obtener, en primera votación, la mayoría absoluta de la cámara (al menos 55 diputados). Si no se alcanza esa mayoría absoluta en primera votación, a partir de las cuarenta y ocho horas, deberá obtener al menos la mayoría simple (que los votos afirmativos superen a los negativos), para lo que se llevarían a cabo sucesivas votaciones con el límite de dos meses desde la primera votación de investidura. Si se sobrepasa ese límite temporal, se disuelve automáticamente el Parlamento, y el Presidente de la Junta de Andalucía en funciones convocará nuevas elecciones.

Desde que se constituyó el primer Parlamento de Andalucía, en 1982, han sido investidos parlamentariamente para el alto cargo de Presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo Rodríguez (1º), José María Rodríguez de la Borbolla (2º), Manuel Chaves González (3º), José Antonio Griñán Martínez (4º), Susana Díaz Pacheco (5º), y Juan Manuel Moreno Bonilla (6º). La institución del Presidente de la Junta de Andalucía ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma y la representación ordinaria del Estado en Andalucía, además de dirigir y coordinar la actividad del Consejo de Gobierno, cuya composición decide.

Lo que acabo de exponer es el sentido de lo que votaremos el 17 de mayo. Y, es parte del contenido de la asignatura Instituciones Públicas de Andalucía, adscrita al Área de Derecho Constitucional, correspondiente al plan de estudios del Grado en Derecho de la Universidad de Córdoba, materia que tengo la fortuna de impartir y coordinar desde hace ya una decena de cursos académicos.

Hay debates que no surgen por casualidad. Se construyen, se empujan poco a poco y, cuando la ciudadanía se da cuenta, ya están sobre la mesa como si fueran inevitables. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Córdoba con el escudo de la ciudad.

Conviene empezar por el rigor. El denominado “león rampante” no es un símbolo cualquiera ni neutro: es un emblema histórico vinculado al Reino de León, posteriormente integrado en la Corona de Castilla, y asociado a la heráldica medieval que acompaña a la conquista cristiana de la ciudad en 1236 por Fernando III, conocido como “el Santo”. No es un detalle menor, porque lo que se pretende recuperar no es solo un escudo, sino una determinada lectura del pasado.

Frente a ello, el escudo con el que hoy se identifican la mayoría de cordobeses y cordobesas —el que incorpora la Mezquita, el río Guadalquivir, el Puente Romano o la noria— no es un capricho moderno. Fue adoptado por la primera corporación democrática tras la dictadura, en un momento en el que la ciudad decidió mirarse a sí misma desde una identidad más amplia, más plural y más reconocible.

Pero hay algo aún más relevante. Córdoba no es una ciudad cualquiera. Es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Mezquita- Catedral (1984), el casco histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y Medina Azahara (2018). Y el escudo actual, precisamente, refleja parte de ese patrimonio por el que Córdoba es conocida internacionalmente. Es un símbolo que conecta directamente con lo que somos y con cómo nos ve el mundo.

El “león rampante”, sin embargo, no representa esa Córdoba. Representa otra cosa: una visión parcial, centrada en un episodio histórico concreto y en un relato que algunos quieren volver a colocar en el centro.

Y no estamos ante hechos aislados. Lo que en su día comenzó con un informe que el propio alcalde se apresuró a desautorizar ante el rechazo ciudadano, no ha desaparecido. Ha mutado. Se expresa hoy en pequeños gestos: la presencia creciente del león en actos públicos, el reparto de pines durante la Semana Santa, o su aparición en espacios simbólicos como el cartel de la Feria de Mayo de 2026.

Nada de esto es casual. Es una estrategia de normalización. Un intento de desplazar, poco a poco, el símbolo compartido por la ciudadanía hacia otro que responde a una visión más estrecha de la historia y de la propia ciudad.

Y en este punto, el debate deja de ser estético para convertirse en político.

Porque cuando hablamos de símbolos, hablamos de memoria. De cómo una sociedad decide honrar su pasado y construir su relato colectivo. Las calles, las estatuas, los escudos… no son neutros. Son decisiones conscientes sobre qué y a quién se reconoce.

Y aquí es donde aparece la gran contradicción.

Se nos dice que no hay recursos para cumplir con la memoria democrática, para retirar símbolos del franquismo o para honrar a quienes defendieron la democracia y fueron víctimas del fascismo. Pero, sin embargo, sí parece haberlos para levantar estatuas de medio millón de euros dedicadas a un rey medieval o para reabrir debates simbólicos que la ciudad ya había superado.

No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de prioridades.

Porque al final, lo que se está decidiendo no es qué escudo es más bonito. Lo que se está decidiendo es qué pasado se quiere recordar y cuál se quiere dejar en la sombra. Qué ciudad queremos ser y qué relato queremos construir.

Las prioridades son las prioridades. Y cuando un gobierno prefiere mirar al siglo XIII antes que al siglo XXI, cuando elige homenajear a un rey medieval en lugar de a quienes defendieron la democracia, está diciendo claramente qué memoria considera digna de ser recordada.

Y también cuál prefiere olvidar.

En este mes de abril de 2026 se produce la plena entrada en vigor de la ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria. Aunque la ley entró en vigor en el momento de su publicación en el BOE en abril de 2025, contenía una disposición final vigésima que establecía que las obligaciones generales contenidas en el art. 6 entrarían en vigor al cabo de un año. A partir de ahora, todos los agentes de la cadena alimentaria (salvo las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias) tienen que cumplir esas obligaciones (respetar la jerarquía de prioridades de la ley, tener un plan de prevención del desperdicio, establecer acuerdos de donación de excedentes a entidades sociales, entre otras cosas).

Esta ley quiso dar respuesta a un problema en torno al cual ha ido creciendo la preocupación en los últimos diez o doce años, a partir de los datos que ha ido poniendo de relieve la FAO: un tercio de los alimentos que se producen para consumo humano se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena alimentaria. Además de los costes económicos y sociales, esto tiene unos impactos ecológicos brutales, en términos de emisiones asociadas de gases de efecto invernadero (casi un 10% del total), de degradación de suelos, de consumo de agua dulce, de desperdicio de fertilizantes, semillas, energía y otros recursos.

En España se estima que alrededor del 40% del desperdicio alimentario se produce en el eslabón del consumo final, principalmente en nuestras casas. La realidad que ha constatado Enraíza Derechos en diferentes estudios e investigaciones que ha realizado, es que muchas personas -la mayoría- no son conscientes de su propio desperdicio y mucho menos de los impactos ambientales que tienen. Por eso, desde hace más de una década, venimos trabajando en la sensibilización y concienciación sobre esta problemática. Una de las iniciativas ha sido la creación de un portal web que aporta información y herramientas para aquellas personas que se quieren comprometer en la reducción del desperdicio alimentario: Yonodesperdicio.

En Córdoba hemos hecho exposiciones, hemos dado formaciones, hemos colaborado con centros educativos, con otras organizaciones, como EcoCórdoba o IDEAS, con la Universidad Loyola, con SADECO, con el FAMSI… Con la plena entrada en vigor de la ley, seguimos abiertos a ampliar estas colaboraciones y a acompañar a los agentes de la cadena alimentaria que quieran ponerse al día con las obligaciones que les tocan.

Durante mis prácticas como estudiante de turismo en el Casco Histórico de Córdoba escuché una pregunta repetirse una y otra vez: “¿Dónde puedo encontrar un tablao flamenco auténtico? ¿Dónde comen los cordobeses? ¿Qué lugares tienen la verdadera esencia de Córdoba?”.

Estas preguntas reflejan un interés creciente por conocer una ciudad más genuina, más allá de los recorridos turísticos habituales. Sin embargo, las opciones más visibles suelen ser tablaos pensados para el visitante, con una estética artificial y precios elevados, o restaurantes del centro con menús en varios idiomas, más orientados al turismo que a las costumbres locales.

Ante esta realidad surge una cuestión inevitable: ¿dónde está realmente la esencia de Córdoba? Y, más importante aún, ¿cómo conservarla si la ciudad se transforma cada vez más para responder únicamente al turismo?

La creciente orientación turística del casco histórico no solo cambia su oferta, sino también la vida de quienes lo habitan. Poco a poco, el carácter residencial se va perdiendo: vecinos que se marchan, viviendas convertidas en alojamientos turísticos y negocios tradicionales que desaparecen para dar paso a tiendas pensadas para el visitante. Todo ello pone en riesgo la identidad de la ciudad.

Córdoba es uno de los grandes destinos culturales de España, con un patrimonio excepcional que va mucho más allá de sus monumentos. No solo hablamos de la Mezquita-Catedral o Medina Azahara, sino también de sus tradiciones, su vida cotidiana, sus barrios y su gente. Esa es la verdadera riqueza que da sentido a la ciudad.

El turismo ha traído beneficios evidentes, como la generación de empleo o la restauración de edificios históricos. Pero también plantea retos. En determinados momentos del año, el casco histórico se satura, dificultando la vida diaria de los residentes. El aumento de los alquileres y la transformación del comercio local son consecuencias cada vez más visibles.

Las fiestas populares tampoco han sido ajenas a este cambio. Celebraciones como las Cruces de Mayo, que nacieron como encuentros vecinales, se han convertido en eventos multitudinarios donde, en ocasiones, se pierde su sentido original. Cuando la fiesta se adapta únicamente al turismo, corre el riesgo de perder su esencia.

El reto no está en rechazar el turismo, sino en gestionarlo con equilibrio. Apostar por un modelo que respete la identidad local, que valore la cultura y que piense también en quienes viven la ciudad cada día.

Córdoba es admirada en todo el mundo por su patrimonio y su historia, pero su verdadera esencia está en su gente y en su forma de vida. Conservarla no es solo proteger sus

monumentos, sino también cuidar lo que la hace única. Solo así podrá seguir siendo una ciudad auténtica, habitable y viva.

Alicia preguntó al conejo ¿” Cuánto tiempo es para siempre”? A lo que el conejo contestó: ”A veces, es solo un segundo”

Como cada año, la próxima madrugada del sábado a domingo, o sea a las 2:00 horas del domingo, los españoles debemos de adelantar los relojes una hora y situarlo a las 3:00 horas.

En mi artículo La Búsqueda del Meridiano: Del Camino de Santiago al Telégrafo (2023), contaba las vicisitudes y luchas políticas que tuvieron lugar para establecer un Meridiano de Referencia, que se estableció en 1854 finalmente en Greenwich (Inglaterra) a escala terrestre, y que dividió la Tierra en 24 Husos horarios.

Para medir el tiempo, se ha recurrido históricamente, a dispositivos o fenómenos que entrañan algún tipo de actividad cíclica: la rotación de la tierra, el péndulo de un reloj, la frecuencia radioeléctrica de un oscilador estable, etcetera. El calendario representa la acumulación de tiempo y fue concebido para poder situar sucesos pasados o acontecimientos futuros. Para entender el calendario es necesario conocer los conceptos de la época que indica un instante determinado de tiempo, el intervalo o tiempo transcurrido entre dos épocas y el estilo que es la fecha que se utiliza como punto de partida de cada ciclo anual.

Los primeros calendarios fueron lunares, empleados por Babilonia y Egipto e introducidos por Metón de Atenas el cual observó que 235 meses lunares cubrían exactamente 19 años (ciclo metónico). Este fue el calendario del mundo antiguo hasta que 46 años a. de C. Julio Cesar con la ayuda de Sisógenes, estableció el calendario Juliano tomando como origen la época iniciada a mediodía del año 4713 a. de C. y basándose en un año de 365,25 días, o sea, tres años de 365 días y el cuarto bisiesto de 366. Este calendario también era erróneo pues representaba una acumulación de tres días cada 400 años y en la reforma establecida por el papa Gregorio XIII en 1582, que es el calendario que aún está vigente, se parte de un año de duración media de 365,2425 días con lo cual el error acumulado respecto al año solar durante cuatrocientos años es de sólo unas horas.

Las fechas del calendario se determinan con respecto a una época, por ejemplo la fecha del nacimiento de Cristo que se dividen en a. de C. y E.C. (Era Cristiana) y se emplean desde hace unos 1400 años ya que antes la referencia era la de la fundación de Roma.

Los estilos han sufrido muchas variaciones. En Inglaterra el estilo de Navidad, según el cual el año comenzaba el 25 de diciembre, fue cambiado en el siglo XIV por el estilo de la Anunciación donde el año comenzaba el 25 de marzo y al adoptarse tardíamente el calendario gregoriano en 1752 fue sustituido por el estilo de la Circuncisión que empieza el día 1 de enero.

De todas maneras, al basarse los calendarios en el movimiento irregular de los cuerpos planetarios no se pueden determinar con precisión la duración de los años, meses, días, segundos, etcetera. Diversos científicos han tratado de utilizar otros patrones de referencia dejando a un lado la astronomía; así Galileo Galilei utilizó el principio del péndulo al observar la estabilidad de las oscilaciones de un candelabro en la catedral de Pisa. En la actualidad el TA (Tiempo Atómico), se basa en la superestabilidad de la oscilación de los átomos de cesio que es de 9.192.632.770 veces por segundo.

La necesidad de sincronizar con precisión los sistemas de telecomunicaciones vía terrestre o por satélite, para transmitir datos cuyos impulsos pueden durar solamente una milimillonésima de segundo, provoca que organismos internacionales como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), con sede en Francia, sea la máxima autoridad mundial en metrología, encargada de garantizar la uniformidad de las mediciones, incluyendo el tiempo. El BIPM gestiona el Sistema Internacional de Unidades (SI), definiendo el segundo como la unidad básica del tiempo basada en relojes atómicos de cesio, garantizando la precisión global. Igualmente, el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha dedicado especial atención a la medida del tiempo.

En 1960, varias entidades instituyeron y difundieron una escala de Tiempo Universal Coordinado TUC, que fue finalmente adoptado después de algunas modificaciones por el CCIR, entrando en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta y dos. Con el nuevo sistema todos los relojes funcionan con un desplazamiento nulo, no siendo su marcha conmensurable con la duración del día. Al igual que el calendario gregoriano introdujo el año bisiesto, ahora podemos mantener nuestros relojes patrón aproximadamente de acuerdo con el Sol, al añadir o suprimir un segundo a lo largo de intervalos llamado segundo intercalar. El organismo responsable del TUC es la Oficina Internacional de la Hora ubicada en París.

Mientras las mediciones que se hacen con base en las vibraciones de los átomos es estable, la rotación de la Tierra varía ya que esta ha reducido su velocidad. Para solventar esa pequeña desviación, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM), responsable de la norma internacional que fija los relojes el mundo, decidió añadir periódicamente el segundo intercalar cuando la diferencia entre el tiempo astronómico y el universal se aproxima a 0,9 segundos. Desde 1972 se ha añadido en 27 ocasiones, la última vez en 2016.

Aunque para la población el segundo adicional pasa desapercibido, en los sistemas que precisan una medición extremadamente precisa, como los satélites, las telecomunicaciones o incluso dispositivos asociados a los viajes espaciales, puede causar alteraciones. 

De todas formas, hay que señalar que actualmente, teniendo en cuenta los pros y los contras, se está estudiando abandonar la inserción de un segundo al menos con tanta frecuencia.

Nicolás Puerto Barrios. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.