Hay debates que no surgen por casualidad. Se construyen, se empujan poco a poco y, cuando la ciudadanía se da cuenta, ya están sobre la mesa como si fueran inevitables. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Córdoba con el escudo de la ciudad.

Conviene empezar por el rigor. El denominado “león rampante” no es un símbolo cualquiera ni neutro: es un emblema histórico vinculado al Reino de León, posteriormente integrado en la Corona de Castilla, y asociado a la heráldica medieval que acompaña a la conquista cristiana de la ciudad en 1236 por Fernando III, conocido como “el Santo”. No es un detalle menor, porque lo que se pretende recuperar no es solo un escudo, sino una determinada lectura del pasado.

Frente a ello, el escudo con el que hoy se identifican la mayoría de cordobeses y cordobesas —el que incorpora la Mezquita, el río Guadalquivir, el Puente Romano o la noria— no es un capricho moderno. Fue adoptado por la primera corporación democrática tras la dictadura, en un momento en el que la ciudad decidió mirarse a sí misma desde una identidad más amplia, más plural y más reconocible.

Pero hay algo aún más relevante. Córdoba no es una ciudad cualquiera. Es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Mezquita- Catedral (1984), el casco histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y Medina Azahara (2018). Y el escudo actual, precisamente, refleja parte de ese patrimonio por el que Córdoba es conocida internacionalmente. Es un símbolo que conecta directamente con lo que somos y con cómo nos ve el mundo.

El “león rampante”, sin embargo, no representa esa Córdoba. Representa otra cosa: una visión parcial, centrada en un episodio histórico concreto y en un relato que algunos quieren volver a colocar en el centro.

Y no estamos ante hechos aislados. Lo que en su día comenzó con un informe que el propio alcalde se apresuró a desautorizar ante el rechazo ciudadano, no ha desaparecido. Ha mutado. Se expresa hoy en pequeños gestos: la presencia creciente del león en actos públicos, el reparto de pines durante la Semana Santa, o su aparición en espacios simbólicos como el cartel de la Feria de Mayo de 2026.

Nada de esto es casual. Es una estrategia de normalización. Un intento de desplazar, poco a poco, el símbolo compartido por la ciudadanía hacia otro que responde a una visión más estrecha de la historia y de la propia ciudad.

Y en este punto, el debate deja de ser estético para convertirse en político.

Porque cuando hablamos de símbolos, hablamos de memoria. De cómo una sociedad decide honrar su pasado y construir su relato colectivo. Las calles, las estatuas, los escudos… no son neutros. Son decisiones conscientes sobre qué y a quién se reconoce.

Y aquí es donde aparece la gran contradicción.

Se nos dice que no hay recursos para cumplir con la memoria democrática, para retirar símbolos del franquismo o para honrar a quienes defendieron la democracia y fueron víctimas del fascismo. Pero, sin embargo, sí parece haberlos para levantar estatuas de medio millón de euros dedicadas a un rey medieval o para reabrir debates simbólicos que la ciudad ya había superado.

No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de prioridades.

Porque al final, lo que se está decidiendo no es qué escudo es más bonito. Lo que se está decidiendo es qué pasado se quiere recordar y cuál se quiere dejar en la sombra. Qué ciudad queremos ser y qué relato queremos construir.

Las prioridades son las prioridades. Y cuando un gobierno prefiere mirar al siglo XIII antes que al siglo XXI, cuando elige homenajear a un rey medieval en lugar de a quienes defendieron la democracia, está diciendo claramente qué memoria considera digna de ser recordada.

Y también cuál prefiere olvidar.

En este mes de abril de 2026 se produce la plena entrada en vigor de la ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria. Aunque la ley entró en vigor en el momento de su publicación en el BOE en abril de 2025, contenía una disposición final vigésima que establecía que las obligaciones generales contenidas en el art. 6 entrarían en vigor al cabo de un año. A partir de ahora, todos los agentes de la cadena alimentaria (salvo las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias) tienen que cumplir esas obligaciones (respetar la jerarquía de prioridades de la ley, tener un plan de prevención del desperdicio, establecer acuerdos de donación de excedentes a entidades sociales, entre otras cosas).

Esta ley quiso dar respuesta a un problema en torno al cual ha ido creciendo la preocupación en los últimos diez o doce años, a partir de los datos que ha ido poniendo de relieve la FAO: un tercio de los alimentos que se producen para consumo humano se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena alimentaria. Además de los costes económicos y sociales, esto tiene unos impactos ecológicos brutales, en términos de emisiones asociadas de gases de efecto invernadero (casi un 10% del total), de degradación de suelos, de consumo de agua dulce, de desperdicio de fertilizantes, semillas, energía y otros recursos.

En España se estima que alrededor del 40% del desperdicio alimentario se produce en el eslabón del consumo final, principalmente en nuestras casas. La realidad que ha constatado Enraíza Derechos en diferentes estudios e investigaciones que ha realizado, es que muchas personas -la mayoría- no son conscientes de su propio desperdicio y mucho menos de los impactos ambientales que tienen. Por eso, desde hace más de una década, venimos trabajando en la sensibilización y concienciación sobre esta problemática. Una de las iniciativas ha sido la creación de un portal web que aporta información y herramientas para aquellas personas que se quieren comprometer en la reducción del desperdicio alimentario: Yonodesperdicio.

En Córdoba hemos hecho exposiciones, hemos dado formaciones, hemos colaborado con centros educativos, con otras organizaciones, como EcoCórdoba o IDEAS, con la Universidad Loyola, con SADECO, con el FAMSI… Con la plena entrada en vigor de la ley, seguimos abiertos a ampliar estas colaboraciones y a acompañar a los agentes de la cadena alimentaria que quieran ponerse al día con las obligaciones que les tocan.

Durante mis prácticas como estudiante de turismo en el Casco Histórico de Córdoba escuché una pregunta repetirse una y otra vez: “¿Dónde puedo encontrar un tablao flamenco auténtico? ¿Dónde comen los cordobeses? ¿Qué lugares tienen la verdadera esencia de Córdoba?”.

Estas preguntas reflejan un interés creciente por conocer una ciudad más genuina, más allá de los recorridos turísticos habituales. Sin embargo, las opciones más visibles suelen ser tablaos pensados para el visitante, con una estética artificial y precios elevados, o restaurantes del centro con menús en varios idiomas, más orientados al turismo que a las costumbres locales.

Ante esta realidad surge una cuestión inevitable: ¿dónde está realmente la esencia de Córdoba? Y, más importante aún, ¿cómo conservarla si la ciudad se transforma cada vez más para responder únicamente al turismo?

La creciente orientación turística del casco histórico no solo cambia su oferta, sino también la vida de quienes lo habitan. Poco a poco, el carácter residencial se va perdiendo: vecinos que se marchan, viviendas convertidas en alojamientos turísticos y negocios tradicionales que desaparecen para dar paso a tiendas pensadas para el visitante. Todo ello pone en riesgo la identidad de la ciudad.

Córdoba es uno de los grandes destinos culturales de España, con un patrimonio excepcional que va mucho más allá de sus monumentos. No solo hablamos de la Mezquita-Catedral o Medina Azahara, sino también de sus tradiciones, su vida cotidiana, sus barrios y su gente. Esa es la verdadera riqueza que da sentido a la ciudad.

El turismo ha traído beneficios evidentes, como la generación de empleo o la restauración de edificios históricos. Pero también plantea retos. En determinados momentos del año, el casco histórico se satura, dificultando la vida diaria de los residentes. El aumento de los alquileres y la transformación del comercio local son consecuencias cada vez más visibles.

Las fiestas populares tampoco han sido ajenas a este cambio. Celebraciones como las Cruces de Mayo, que nacieron como encuentros vecinales, se han convertido en eventos multitudinarios donde, en ocasiones, se pierde su sentido original. Cuando la fiesta se adapta únicamente al turismo, corre el riesgo de perder su esencia.

El reto no está en rechazar el turismo, sino en gestionarlo con equilibrio. Apostar por un modelo que respete la identidad local, que valore la cultura y que piense también en quienes viven la ciudad cada día.

Córdoba es admirada en todo el mundo por su patrimonio y su historia, pero su verdadera esencia está en su gente y en su forma de vida. Conservarla no es solo proteger sus

monumentos, sino también cuidar lo que la hace única. Solo así podrá seguir siendo una ciudad auténtica, habitable y viva.

Alicia preguntó al conejo ¿” Cuánto tiempo es para siempre”? A lo que el conejo contestó: ”A veces, es solo un segundo”

Como cada año, la próxima madrugada del sábado a domingo, o sea a las 2:00 horas del domingo, los españoles debemos de adelantar los relojes una hora y situarlo a las 3:00 horas.

En mi artículo La Búsqueda del Meridiano: Del Camino de Santiago al Telégrafo (2023), contaba las vicisitudes y luchas políticas que tuvieron lugar para establecer un Meridiano de Referencia, que se estableció en 1854 finalmente en Greenwich (Inglaterra) a escala terrestre, y que dividió la Tierra en 24 Husos horarios.

Para medir el tiempo, se ha recurrido históricamente, a dispositivos o fenómenos que entrañan algún tipo de actividad cíclica: la rotación de la tierra, el péndulo de un reloj, la frecuencia radioeléctrica de un oscilador estable, etcetera. El calendario representa la acumulación de tiempo y fue concebido para poder situar sucesos pasados o acontecimientos futuros. Para entender el calendario es necesario conocer los conceptos de la época que indica un instante determinado de tiempo, el intervalo o tiempo transcurrido entre dos épocas y el estilo que es la fecha que se utiliza como punto de partida de cada ciclo anual.

Los primeros calendarios fueron lunares, empleados por Babilonia y Egipto e introducidos por Metón de Atenas el cual observó que 235 meses lunares cubrían exactamente 19 años (ciclo metónico). Este fue el calendario del mundo antiguo hasta que 46 años a. de C. Julio Cesar con la ayuda de Sisógenes, estableció el calendario Juliano tomando como origen la época iniciada a mediodía del año 4713 a. de C. y basándose en un año de 365,25 días, o sea, tres años de 365 días y el cuarto bisiesto de 366. Este calendario también era erróneo pues representaba una acumulación de tres días cada 400 años y en la reforma establecida por el papa Gregorio XIII en 1582, que es el calendario que aún está vigente, se parte de un año de duración media de 365,2425 días con lo cual el error acumulado respecto al año solar durante cuatrocientos años es de sólo unas horas.

Las fechas del calendario se determinan con respecto a una época, por ejemplo la fecha del nacimiento de Cristo que se dividen en a. de C. y E.C. (Era Cristiana) y se emplean desde hace unos 1400 años ya que antes la referencia era la de la fundación de Roma.

Los estilos han sufrido muchas variaciones. En Inglaterra el estilo de Navidad, según el cual el año comenzaba el 25 de diciembre, fue cambiado en el siglo XIV por el estilo de la Anunciación donde el año comenzaba el 25 de marzo y al adoptarse tardíamente el calendario gregoriano en 1752 fue sustituido por el estilo de la Circuncisión que empieza el día 1 de enero.

De todas maneras, al basarse los calendarios en el movimiento irregular de los cuerpos planetarios no se pueden determinar con precisión la duración de los años, meses, días, segundos, etcetera. Diversos científicos han tratado de utilizar otros patrones de referencia dejando a un lado la astronomía; así Galileo Galilei utilizó el principio del péndulo al observar la estabilidad de las oscilaciones de un candelabro en la catedral de Pisa. En la actualidad el TA (Tiempo Atómico), se basa en la superestabilidad de la oscilación de los átomos de cesio que es de 9.192.632.770 veces por segundo.

La necesidad de sincronizar con precisión los sistemas de telecomunicaciones vía terrestre o por satélite, para transmitir datos cuyos impulsos pueden durar solamente una milimillonésima de segundo, provoca que organismos internacionales como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), con sede en Francia, sea la máxima autoridad mundial en metrología, encargada de garantizar la uniformidad de las mediciones, incluyendo el tiempo. El BIPM gestiona el Sistema Internacional de Unidades (SI), definiendo el segundo como la unidad básica del tiempo basada en relojes atómicos de cesio, garantizando la precisión global. Igualmente, el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha dedicado especial atención a la medida del tiempo.

En 1960, varias entidades instituyeron y difundieron una escala de Tiempo Universal Coordinado TUC, que fue finalmente adoptado después de algunas modificaciones por el CCIR, entrando en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta y dos. Con el nuevo sistema todos los relojes funcionan con un desplazamiento nulo, no siendo su marcha conmensurable con la duración del día. Al igual que el calendario gregoriano introdujo el año bisiesto, ahora podemos mantener nuestros relojes patrón aproximadamente de acuerdo con el Sol, al añadir o suprimir un segundo a lo largo de intervalos llamado segundo intercalar. El organismo responsable del TUC es la Oficina Internacional de la Hora ubicada en París.

Mientras las mediciones que se hacen con base en las vibraciones de los átomos es estable, la rotación de la Tierra varía ya que esta ha reducido su velocidad. Para solventar esa pequeña desviación, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM), responsable de la norma internacional que fija los relojes el mundo, decidió añadir periódicamente el segundo intercalar cuando la diferencia entre el tiempo astronómico y el universal se aproxima a 0,9 segundos. Desde 1972 se ha añadido en 27 ocasiones, la última vez en 2016.

Aunque para la población el segundo adicional pasa desapercibido, en los sistemas que precisan una medición extremadamente precisa, como los satélites, las telecomunicaciones o incluso dispositivos asociados a los viajes espaciales, puede causar alteraciones. 

De todas formas, hay que señalar que actualmente, teniendo en cuenta los pros y los contras, se está estudiando abandonar la inserción de un segundo al menos con tanta frecuencia.

Nicolás Puerto Barrios. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Exjefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Ya sabemos que vivir en el casco histórico de nuestra ciudad tiene grandes ventajas, pero cada día esta apuesta se hace más difícil por los inconvenientes que conlleva, debido en parte a los criterios estéticos y tipológicos protegidos por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH), que establece la obligatoriedad de utilizar determinados materiales y elementos, sobre todo en patios, fachadas y cubiertas. Estamos de acuerdo aún suponiendo gastos añadidos que no ven compensados, ya que no existen ayudas ni rebajas impositivas por parte de la administración.

Desde el año 2022, las asociaciones vecinales del Casco Histórico estamos reivindicando la posibilidad de tener el mismo derecho que los residentes en el resto de los barrios de Córdoba, e incluso que los locales y establecimientos turísticos (pisos, apartamentos, bares, restaurantes, hoteles), ubicados en el Casco y para los que sí se permite prácticamente cualquier ocupación de vía pública, toldos de colores, carteles y banderolas, luminarias, aires acondicionados y estufas, antenas parabólicas y televisores, cableado de todo tipo y hasta flores y arbustos de plástico, que por lo visto, forman parte de la “libertad individual ”, figura que desconocemos en relación con la legislación y normativa y que nos ha descubierto recientemente nuestro excelentísimo alcalde, sin ningún reparo, al afirmar que él no puede impedir que se incumpla la normativa del PEPCH en cuanto a fachadas y cubiertas.

En relación con la movilidad y accesibilidad, también se nos discrimina. La industria turística, una vez más, disfruta de la posibilidad de carga y descarga, de tránsito de vehículos incluso de grandes dimensiones, mientras la vecindad, no podemos estacionar nuestro vehículo, ni tan siquiera para descargar la compra, ni trasladar a familiares mayores, enfermos y con movilidad reducida (últimamente nos comunican residentes que han sido multados por estacionar con este motivo).

Están haciendo todo lo posible e imposible por “expulsarnos” del Casco. Cada vez son más las personas que abandonan el barrio donde han nacido, crecido, vivido y cuidado durante muchos años o toda su vida. La situación es absolutamente injusta y supone que la despoblación en nuestro casco histórico se multiplica.

No podemos entender esta política por parte de nuestro ayuntamiento y le exigimos que ponga en marcha medidas que reviertan está situación de abandono. Es su obligación y responsabilidad velar y posibilitar por todos los medios que nuestro casco histórico sea un entorno habitable y lleno de vida, promoviendo la rehabilitación integral del mismo y apostar por mantener su valor patrimonial y residencial.

No nos resignamos a dejar abandonada esta riqueza, su belleza, su historia, su vida y su valor. Y no nos resignamos a ser ciudadanos sin derechos.

*Junta Directiva de la Asociación Vecinal La Axerquía.

Para ejercer el gobierno de una administración hay que tener muy claro cuales son los objetivos que se pretenden alcanzar y hacerlos públicos para que la ciudadanía pueda valorarlos y hacer un seguimiento de su ejecución. Esa es la norma. En el caso de un ayuntamiento es necesario que se tenga un modelo de ciudad, en ese modelo su mantenimiento debe ser uno de los objetivos prioritarios. Es fundamental el aspecto que presenten sus calles, plazas, fuentes, jardines, bancos, farolas y el resto del mobiliario urbano, además de su limpieza, especialmente si la ciudad tiene cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad y recibe más de 2 millones de visitas anuales, como ocurre en Córdoba. Aunque debería valer solamente el que los cordobeses disfrutáramos cuando la paseamos, eso bastaría para que estuviese cuidada y limpia.

Un ejemplo de que ese mantenimiento no se hace de forma adecuada, o simplemente no se hace, lo tenemos en el Paseo del Gran Capitán.

Seguramente se desconoce que esa zona es un caso único, los bancos , los tipos de farolas, el pavimento y todos los elementos que la componen, fueron diseñados por el arquitecto Juan Serrano, perteneciente al Equipo 57 y fabricados exclusivamente para ese espacio.

En una visita a la ciudad que hizo el alcalde de La Louviere, ciudad belga, con la que Córdoba mantenía una relación estrecha motivada por las ferias del cómic que se celebraban en ambas ciudades, en un paseo que dimos por el Gran Capitán se maravilló del mobiliario, me preguntó dónde podía adquirirlo para su ciudad, le dije que en ningún sitio, son únicos, pero le prometí que le enviaría un banco y una farola para su ciudad. Al poco tiempo de recibir el envío me mando una foto y los había colocado en una rotonda como si fueran una obra de arte.

Hoy se encuentra en un estado lamentable de conservación, el pavimento con destrozos, bancos rotos, algunos apilados sin poder usarse y las farolas llenas de suciedad. Son las consecuencias de instalar una calle del infierno por las fiestas de navidad y, sobre todo, por una falta evidente de mantenimiento.

Su situación en el centro de la ciudad, transitada diariamente por miles de personas, es un escaparate importante, eso motivó que se tomara la decisión de que tuviese una imagen singular que no existe en ningún otro lugar. El estar fuera del centro histórico hizo posible que se innovara de manera singular, añadiendo a la ciudad una imagen nueva.

Las ciudades deben conservar los elementos valiosos que cada época aporta porque eso enriquece y diversifica su aspecto. La apertura de esta avenida en 1862, diseñada por el arquitecto Pedro Nolasco, supuso una extraordinaria intervención para la ciudad, se hizo con el fin de dar acceso a la estación de ferrocarril. Su renovación en 1989 fue una obra que aportó significativamente una importante innovación, como lo fue también el paseo de Renfe, renovando las instalaciones ferroviarias de 1859.

Nuestro patrimonio es el atractivo principal de nuestra ciudad, que no sólo se reduce al Casco Histórico y sus monumentos, sino a las aportaciones que en el transcurso del tiempo se han ido construyendo, que son ejemplos de una época y que los distintos Planes Generales protegen para su conservación. No se pueden destruir o maltratar, por el contrario deben ser cuidados para que las nuevas generaciones los conozcan y los valoren. Una ciudad mal cuidada, además de su mala imagen, invita a que los ciudadanos también la descuiden y degraden su aspecto. Ese no debe ser el modelo que se merece Córdoba.

Hasta hace bien poco los árboles en nuestras ciudades eran un elemento más del paisaje urbano, como podrían ser las farolas o las señales de tráfico. Sin embargo, una larga lista de investigaciones científicas ha demostrado en los últimos 20 años que son mucho más que eso. Especialmente en el campo de la salud pública, es un hecho contrastado que el arbolado urbano, en suficiente calidad y cantidad, reduce los factores de riesgo de mortalidad en las ciudades. Dicho en llano, los árboles salvan vidas. Repasemos brevemente algunos servicios que nos prestan:

Por todo ello, es el momento de que el arbolado en el medio urbano sea considerado infraestructura verde al servicio de la salud pública y el bienestar social en todas sus dimensiones. Más allá de ideologías, es indudable que las administraciones públicas deben abordar el fomento de las zonas verdes con suficiente arbolado. Nos va en ello la vida.

En mayo del año pasado nació la plataforma ciudadana Málaga por la Regeneración, al calor del éxito de las proyecciones del documental “HOPE: Estamos a tiempo”, apoyada por más de 50 colectivos. Nada más empezar fueron conscientes de los acontecimientos “típicos” del verano en gran parte de Andalucía (golpes de calor, incendios forestales, falta de sombra, sequías y problemas de acceso de agua). Por ello, surgió la idea de realizar un borrador de ley no solo para proteger los árboles, sino para mejorar nuestra salud. Málaga por la Regeneración formó un grupo de trabajo técnico para impulsar una ley de protección y fomento del arbolado urbano. La plataforma invitó al Partido Verde andaluz (Verdes Equo) a formar una mesa de trabajo conjunta sobre una iniciativa tan necesaria y urgente para salvar vidas en nuestras ciudades. El fruto de ese trabajo conjunto fue la presentación hace un mes en el Parlamento andaluz de una proposición de ley pionera, coherente y arraigada en el marco jurídico autonómico.

Si todo este esfuerzo ciudadano diera frutos y la ley pudiera ver la luz (y el BOJA), algunos cambios importantes tendrían lugar en nuestras ciudades en los años siguientes. Para empezar, habría una nueva y eficaz forma de proteger el arbolado urbano ya que, si bien es cierto que hay algunas buenas ordenanzas municipales, es bien sabido que la amenaza viene algunas veces precisamente de quienes tienen la obligación de proteger a nuestros árboles. Y es que la Junta de Andalucía tendría por fin herramientas para vigilar e intervenir en la acción o inacción de los ayuntamientos en casos justificados, algo que acabaría con la impunidad de ciertos políticos arboricidas locales.

Los municipios tendrían, además, la obligación de poner en marcha políticas globales de integración, conservación y desarrollo del arbolado urbano a través de los inventarios municipales y los planes de conservación y fomento, con un plazo concreto. Estos planes se basarían en un estudio de indicadores medibles objetivamente para cumplir los fines establecidos en materia de salud pública, adaptación al cambio climático, absorción de carbono y contaminantes atmosféricos, creación de zonas verdes o fomento de la biodiversidad.

La tala y las podas drásticas se considerarían, a diferencia de hoy, la última solución aplicable, permitiéndose solo en circunstancias justificadas por personal funcionario competente. Además, la tala siempre supondría la obligación de trasplantar, reponer o compensar económicamente, en ese orden de prioridades. La compensación económica, en concepto de indemnización a la ciudad, conllevaría la creación de un fondo municipal que solo se podría dedicar a los nuevos compromisos de forestación que la ley atribuye a los municipios.

Estas líneas de actuación requerirían de un ambicioso plan de sensibilización, de formación y de información para que la ciudadanía contemple los árboles como seres vivos y valore los servicios que nos prestan. Porque, como nos dice la ciencia y la realidad, a más árboles, más vidas.

Les escribo como vecino del barrio Parque Azahara, en Córdoba, para trasladarles el estado de abandono en el que se encuentra esta zona de la ciudad. 

Adjunto varias fotografías donde se pueden ver árboles caídos, vegetación sin mantener, suciedad, aceras rotas y un abandono general evidente. Además, las pistas deportivas del barrio están completamente destrozadas y seguimos sin una pasarela decente que permita a los vecinos cruzar el puente del Open Arena, aceras rotas, sin toldo, sin luces… la vía del tren nos separa de todo. 

En definitiva, el barrio está sucio, descuidado y totalmente abandonado. Denunciamos el estado de abandono que sufren muchos barrios de Córdoba, especialmente cuando todos los vecinos cumplimos pagando nuestros impuestos.

Andalucía es memoria viva de nuestra historia, es la voz de nuestros antepasados, es el reflejo de nuestras tradiciones y el orgullo de una tierra que nunca olvida su origen.  

Andalucía es también aroma de nuestra infancia, es gastronomía: pan con aceite. 

Andalucía es tierra de fortuna, de fortuna artística. Cuna de poetas que forjaron nuestro legado con el alma, cuna de pintores que dieron a nuestra bandera el color, cuna de talento que transformó nuestro territorio en patrimonio heredado de generación en generación. 

Andalucía, punto de encuentro. En ti convergen culturas y tradiciones. En ti aprendimos a respetarnos y enriquecernos unos a otros, haciendo de la diversidad una de nuestras mayores fortalezas. Andalucía es mezcla, es herencia y es futuro al mismo tiempo. 

Andalucía, por fuerza invencible. Nunca podrá ser reducida ni silenciada. Jamás podrán arrebatar la dignidad de nuestro acento quienes no alcanzan a comprender que en él late la memoria de quienes nos levantaron y nos forjaron; de aquellos que, siendo injustamente cuestionados y llamados “vagos”, hicieron de Andalucía una tierra de trabajadores incansables y perseverantes. 

Ser andaluz no es cuestión de nacimiento; ser andaluz es reconocer en nosotros una herencia que trasciende del origen y queda arraigada en el alma. Es llevar el sur en la mirada, en la palabra, en el corazón. Es esa alegría que se comparte, la que nos hace únicos, ese arte y esa gracia, ese compromiso que nos honra, ese respeto que se cultiva, y sobre todo, esa pasión que perdura. 

Andalucía es personalidad. Es carácter. Es identidad. Es pertenencia. 

Hoy, con orgullo, alzamos la voz para afirmar que seguimos caminando con la fuerza de nuestro pasado y la esperanza que ponemos en nuestro futuro. Porque somos los herederos de una historia inmensa, somos protagonistas de un pasado lleno de talento, de un presente comprometido y constructores de un futuro mejor. 

Querida Andalucía, dueña de mi corazón, hoy te celebro nombrándote completa: desde Jaén – cuna de olivos que perfuma la memoria -; Córdoba –donde la Mezquita escribe con sus arcos un poema eterno-; Sevilla - alma luminosa que late en el Guadalquivir-; Huelva –tierra de marismas y puente de descubrimiento-; Cádiz –infinito atardecer milenario-; Málaga –refugio del arte en el Mediterráneo-; Granada –reino coronado por la Alhambra-; y Almería –desierto vivo soñado-. Querida Andalucía en tu diversidad, la unidad de un pueblo. En ti, la belleza de ocho nombres que comparten un mismo espíritu. 

¡Viva Andalucía!

Las personas que trabajamos en la Universidad tenemos un privilegio y una responsabilidad. Estamos amparados por un derecho fundamental, la libertad de cátedra, muy conectado con otras libertades públicas consagradas en el transcendental artículo 20 de nuestra actual Constitución, como son la libertad de pensamiento y la de expresión.

Pero también tenemos una responsabilidad, ejercer dichas libertades para una formación democrática de nuestro alumnado, atendiendo al objetivo general para el derecho a la educación que marca otro artículo clave, el 27, que expresa que dicho derecho, con naturaleza jurídico-constitucional de fundamental (con las máximas garantías de protección y efectividad), tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En este sentido, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 1985, dejó claro como criterio interpretativo de dicho precepto “la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquélla adquiere para el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia en sociedad, que se ve reforzada mediante la enseñanza de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, necesarios para establecer una sociedad democrática avanzada, como reza en el preámbulo de nuestra Constitución”.

Es la Universidad un espacio para la libertad de pensamiento y para la expresión libre de ideas y propuestas; para la investigación libre; para la publicación editorial de los resultados de dicho proceso investigador; para compartir con nuestro alumnado, en el marco de las programaciones y guías docentes, dichos trabajos y resultados académicos; para debatir en clase sobre sus conclusiones en los trabajos prácticos que realizan; o para orientarlos en la parte final de su formación, en los trabajos de fin de grado, ya sobre sus propias investigaciones.

Y, en todo ese proceso, no debemos obviar el objetivo de tener presente el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que, como bien sabemos, es parte esencial de todo texto constitucional actual, pues, el constitucionalismo hemos de entenderlo, no solo como organización de los poderes, sino también como protección de los derechos del individuo, también frente a dichos poderes constituidos.

El espacio universitario, como un terreno de libertad y para la libertad, ha de ser también un entorno propicio para formar a profesionales comprometidos con la idea democrática, con el respeto a los derechos humanos universalmente declarados desde hace décadas, y que, en nuestro caso, se concretan en nuestro propio sistema constitucional de derechos y libertades. Partiendo, desde luego, de la libertad ideológica del artículo 16 de nuestra Constitución, que debe tener un límite en el mandato constitucional del artículo 27, no debiendo ser posible atacar al concepto democrático de nuestro Estado, con el que todos debemos estar implicados, especialmente desde este espacio de libertad de pensamiento y de cátedra que es la Universidad. No podemos olvidar la primera gran proclamación de nuestro texto constitucional actual: España es un Estado social y democrático de Derecho.

En todo caso, sin un derecho a la educación debidamente garantizado con un robusto sistema público educativo, los derechos de participación política derivados de nuestro importante artículo 23 de la Constitución quedarían en meras declaraciones formales. La educación aporta libertad a la ciudadanía para participar de forma consciente y eficaz en el proceso de decisión política democrática, para evitar y/o saber detectar posibles manipulaciones que incidan en su decisión democrática.

Cada vez tengo más claro que es muy importante cuidar y potenciar la idea democrática, el ideal constitucional, como proyecto común de vida y como patrimonio público colectivo, siendo clave para este objetivo la educación en general, y la formación e investigación universitaria en particular, el pensamiento crítico debidamente expresado, con respeto a los principios y valores constitucionales y democráticos.

Es claro que las personas que formamos parte de la comunidad universitaria tenemos una especial responsabilidad: cuidar y defender la democracia.

*Ángel B. Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Pocos aspectos de la vida social, económica y cultural podrían concebirse en la actualidad sin el importante soporte que representan los recursos de diferentes ámbitos del dominio público. Sobre el espacio urbano, interurbano y ultraterrestre se planifican y desarrollan todo tipo de actividades que, junto al aprovechamiento del acervo de conocimientos, debidos a los avances científico-técnicos de la humanidad en su conjunto, utilizan bienes limitados y a veces escasos como el agua, el aire, los minerales y el petróleo, el espectro de frecuencias etc., etc. El uso de estos bienes materiales que por su actual deterioro precisan cada vez más de especial protección, o al menos de un empleo racional para su disfrute social justo y equilibrado, debe planificarse cuidadosamente para no alterar sus ciclos de recuperación y con miras a la necesidad que de ellos tendrán las futuras generaciones. De ahí que su carácter comunitario sea aún ineludible.        

Igualmente, muchas de las industrias y empresas que se establecen, no podrían funcionar si, para la producción y distribución para el consumo de las mercancías que fabrican o servicios que suministran, no se sirvieran del dilatado espacio de lo público, como son las infraestructuras de transportes y comunicaciones, los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, los acopios de grandes volúmenes de agua, o bien los valores añadidos que suponen las concentraciones urbanas y las redes culturales, educativas y de salud.

El cibernético, sesudo y prepotente capitalismo de nuestro tiempo, se encuentra ahora que no sabe avanzar sin el fácil concurso masivo de estos bienes de capital, de trabajo y de relación humana de propiedad colectiva. Para seguir desviando hacia grupos minoritarios la mayor parte de los beneficios a escala nacional o de un grupo de países, no le basta con adquirir a menor precio cada día las mejores habilidades y aptitudes, ¿competitividad?, sino que se fundamenta primordialmente en poner a su servicio aquella otra habilidad llamada “ingeniería financiera”, a cuyas órdenes se disponen las técnicas de la sociología de masas y no muy distante la técnica militar en su caso.

Pero la novedad del capitalismo de masas, hoy día imperante, no es solo que tiene que ocupar, dominar y hasta esquilmar más amplios espacios del patrimonio comunitario en diversos países bajo su mega estrategia de mundialización; a más de ello, necesita requisar aquella parcela del espacio-tiempo reservada hasta ahora para el desarrollo personal del ciudadano en sus facetas creativas y recreativas, de reflexión y de relajo. Esta intromisión, proyectada para invadir los micro ámbitos individuales de grandes extensiones de población, e integrarlos en los actuales mecanismos productivos, se apoya en los medios de comunicación de masas y las técnicas del multimedia hoy tan en boga. En este sentido, tanto la riqueza histórico-artística, como la lengua hablada y escrita y el resto de los sistemas socioculturales de un país, sobre los que se conforma su identidad, que con la inteligencia y el trabajo del hombre como ser social han ido decantándose a lo largo de muchos siglos, suponen la delicada oblea simbólica sobre la que actúan sin recato las modernas industrias culturales para obtener sus plusvalías.

Las llamadas autopistas de la información y los nuevos servicios, que según nos anuncian van a revolucionar nuestros modos de trabajo y comportamiento en el siglo XXI, al igual que la radio, la televisión o el teléfono tienen que recurrir para su funcionamiento a muchos medios adscritos hasta ahora a la esfera de lo público. Así, las frecuencias hertzianas y el segmento espacial de las órbitas geoestacionarias para los satélites de comunicaciones, asignados a cada país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); la servidumbre de paso urbana e interurbana de que gozan los cables y sistemas de comunicaciones que representan un bien esencial por su carácter estratégico, de seguridad, económico y de articulación del estado; y las infraestructuras de transporte de señales de telecomunicaciones, que como las redes de Telégrafos, Telefónica, RTVE e Hispasat en España, se deben a las grandes inversiones de billones de pesetas realizadas por el propio Estado o las Empresas Públicas. En su desarrollo han gozado del amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, fundamentado en el servicio público que debían prestar, y ahora constituyen un atractivo territorio para las multinacionales del sector. Para ello, y arguyendo las ventajas de la globalización del mercado, las nuevas corrientes liberalizadoras justifican en pos de la modernidad, la competitividad y la eficacia, la total desregulación de estas redes y servicios, al objeto de que nuevos operadores encuentren un terreno abonado en nuestro país y entren en el negocio, tanto de los clásicos como de los servicios avanzados de telecomunicación y el multimedia. 

En estos proyectos, que derivan en pérdida de soberanía de los estados, la colaboración de los gobiernos nacionales está siendo fundamental al objeto de romper el llamado“ proteccionismo”, pero puede suceder -como ocurrió tras la aparición de la televisión privada en España, que para dar más de lo mismo, o peor, se facilitó la venta de la Red de Transporte y Difusión de RTVE a precio de saldo- que estos nuevos sistemas de telecomunicación accedan a las infraestructuras de red existente y/o instalen otras, al serle concedido todo o parte del patrimonio público en esta materia, solo con el objetivo económico.

Muchas preguntas se nos plantean al respecto, como por ejemplo: ¿Se va a incrementar, sustancialmente con estas medidas el empleo en nuestro país, en los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual? ¿Redundarán estas redes en beneficio de la colectividad, garantizándose la universalidad de los servicios a prestar?, ¿Se va a definir de forma plural la prioridad en cuanto servicios y contenidos a producir? ¿Quiénes podrán producir contenidos, cómo serán estos y quién controlará que sus fines sean pacíficos, solidarios y democráticos?. ¿O lo que se pretende, con el argumento de la pluralidad, es generar ruido para dificultar la libre percepción y elección de los ciudadanos ante las ofertas económica y políticas que se le presentan? Este tipo de cuestiones deben ser planteadas y solventadas desde el mayor conocimiento posible de los ciudadanos y sus organizaciones. Si es que tenemos que ceder para el mercado nuestro pecunio social, habrá que sopesar los pros y los contras y valorar, si como generalmente sucede, lo que interesa a pocos nos pueda costar muy caro a la mayoría.  

*Nicolás Puerto Barrios, ingeniero técnico de Telecomunicaciones 

La forma importa. Los procedimientos y las normas son clave para evitar la arbitrariedad y la ocurrencia. Prácticamente, es así en multitud de ámbitos de la vida en sociedad, pero, especialmente, en lo referente a la organización política y social, que cada vez se presenta con mayor complejidad.

Especialmente es importante la forma y el procedimiento en el ejercicio del poder político en el Estado democrático. Es garantía de control y límite de la propia manifestación de dichas facultades públicas de soberanía, posibilitando al elemento pueblo de todo Estado, la ciudadanía, poder participar en el espacio público, y poder controlar, directa o indirectamente, a los representantes públicos.

Es importante, pues, que la ciudadanía conozca bien, con toda la precisión y rigurosidad posible, el esquema orgánico de ejercicio del poder, que como todos sabemos, en los estados democráticos es parte esencial de las constituciones, textos fundamentales y fundantes que, además contienen otros dos grandes bloques de contenidos, los derechos y libertades, y los objetivos sociales y económicos del Estado, las denominadas, respectivamente, parte orgánica, dogmática y programática de los textos constitucionales.

También es clave que la ciudadanía conozca que las constituciones, también la nuestra de final de los años setenta del pasado siglo, son documentos jurídicos modificables, adaptables, sustituibles incluso en su totalidad, por supuesto siguiendo las normas de reforma que las propias constituciones incluyen para el ejercicio del denominado poder de reforma, una variante del poder constituyente. 

Como en su día afirmó, con sabiduría, el profesor Tomás y Valiente (1932-1996), “la promulgación de una Constitución, el ejercicio del poder constituyente para la constitución de un Estado no significa la pérdida de la soberanía por parte del pueblo, pues, una nación políticamente organizada puede en adelante cambiar su Constitución sustituyéndola por otra, o reformándola parcialmente”, idea que conecta con el afamado artículo 28 de una de las primeras constituciones de la historia universal, la francesa de 1793, que proclamó que “un pueblo tiene siempre derecho a revisar, reforma o cambiar su Constitución”, añadiendo que “una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras”.

Con la pretensión de abordar los dos grandes objetivos que acabo de esbozar, conocer el funcionamiento del Estado democrático, y la posibilidad de reformarlo para defenderlo, adaptándolo a la realidad actual, recientemente (enero 2026) la editorial Atelier, radicada en Barcelona, me ha publicado el trabajo Instituciones democráticas y estructura del Estado en España, que, a modo de curso básico bajo la modalidad de ciencia jurídica abierta (https://atelieropenaccess.com/products/instituciones-democraticas-y-estructura-del-estado-en-espana), expone el funcionamiento de los órganos constituciones, y propone hasta treinta bases temáticas para un nuevo Estado democrático, con la esperanza de que las personas jóvenes lo conozcan y lo defiendan, para lograr, en todo caso, que sea una organización racional para el ejercicio del poder que mire al bien común, pero partiendo de la voluntad del pueblo.

*Ángel B. Gómez Puerto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Me siento muy dolido tras leer la noticia: hace unos días, el 3 de este febrero borrascoso, murió de cáncer a los 56 años de edad, Carlos Hernández, periodista de eldiario.es. Y confieso que yo, aunque estoy suscrito a este digital desde su fundación, no me explico por qué se me escaparon sus buenos artículos durante años. Puede ser debido a que sus trabajos no ocupaban las páginas preferentes que suelen llenar Ignacio Escolar, Neus Tomás, Andrés Gil, Juan Luis Sánchez, Esther Palomera, Sáenz de Ugarte, Laura Olías, Pedro Águeda, José Precedo y varios más que siguen haciendo buen periodismo “a pesar de todo”.

 También me siento avergonzado. A Carlos Hernández solo le he podido conocer por su “Carta desde el más allá”, que la dejó escrita para que fuese publicada en eldiario.es tras su muerte. Pero me ha bastado leer su contenido para darme cuenta de que era un periodista fuera de serie. Y ahora voy a reseñar algunos de sus méritos que yo desconocía al igual que muchos lectores.

1.-Su CV abreviado.- Nació en Madrid. Fue periodista y escritor. Cronista parlamentario y corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak. Premio Víctor de la Serna al mejor periodista de 2003 y Premo Ortega y Gaset de periodismo otorgado a los enviados especiales a Irak. Autor de los libros: “Los últimos españoles de Mauthausen” y “ Los campos de concentración de Franco”. Su última obra es la novela “¡Créeme! No es una novela, Es vuestro futuro”.

2.-Su fortuna.- Nos dice que se ha sentido afortunado por haber nacido en un país europeo y, tras el franquismo, vivir en una democracia y por haber crecido en una familia humilde donde le enseñaron valores de honradez y esfuerzo. Pero se nubla su suerte viendo lo ocurrido en Africa, Ucrania, Gaza e Irán; aunque tampoco puede comprender que la comunidad internacional haya estado impasible mientras Israel comete un genocidio sobre Gaza transmitido en directo.

3.- El buen periodismo.- Decidió ser periodista porque creía que informando con rigor y honestidad se podía mejorar el mundo. “Nunca he mentido, ni manipulado ni ocultado información”. Vaya lección. Ser periodista, escribe, no es contar la versión de ambas partes (agresor y agredido, víctima y verdugo), sin plantearse la veracidad de las mismas, o lo que es peor y más frecuente, sabiendo que una de ellas es incierta. Hay que ser buena persona y actuar con ética profesional.

4.- El mal periodismo.- A los periodistas e informadores que no actúan con la verdad los llama “mercenarios de la información” y les reprocha: ¿os compensa el dinero y/o la fama que ganáis a cambio del daño que provocáis? ¿Podéis dormir tranquilos después de hacer lo que hacéis?

5.- Todo es política.- La ha conocido de cerca y de lejos y afirma que todos los políticos NO son iguales. Hay hombres y mujeres empeñados en mejorar la calidad de todos; y otros, demasiados, solo se dedican a sus propios intereses y a falsear. Y contra estos últimos hay que luchar, pero desde la propia política para evitar que la democracia se convierta en dictadura. Por eso hay mucho que mejorar, pero el camino NO es el que nos muestra la extrema derecha mundial.

6.- Su adiós final.- Es inolvidable: se va agradeciendo la inteligencia y bondad de su eterna compañera de vida por toda la ayuda que siempre le prestó. Y el culmen de todo es su elogio por lo público, que me resulta conmovedor y lo añado tal cual él lo escribe:

 “Me voy dando las gracias a la que ha sido mi oncóloga hasta el final, una persona admirable y una profesional inmensa, la doctora Verónica Calderero. Gracias a todos y todas por el trato y la atención exquisita que me habéis dado. Me concedísteis una prórroga que he aprovechado al máximo. Gracias también a los científicos que trabajan para mejorar y alargar nuestra existencia. Gracias, en general, a lo que llamamos ”lo público“. La sanidad, la educación y el resto de servicios públicos marcan la diferencia entre una sociedad justa e igualitaria y una masa de individuos gobernados por la ley de la selva”.

Acostumbrado ya a las preguntas al “sabio Salomón”, como le llama mi centenaria madre, le pedí a una aplicación de inteligencia artificial que me diera algo relacionado con el título de este artículo, y fue certera: “un título potente”, así comienza su respuesta, … y así concluye, “Roma ganó la guerra, pero perdió algo más importante: el monopolio del relato moral”.

Con esto podría ya dejar de escribir lo que a continuación comparto porque quien lee sabe que nos encontramos ante los últimos coletazos de un imperio herido, con un relato moral por los suelos, generando pánico por los golpes erráticos de sus aletas. Eso sí, con capacidad para destruir el mundo.

Numancia forma parte de la historia de este país hoy llamado España. En el siglo II a.c. esta pequeña ciudad muy cercana a la actual Soria resistió, hasta inmolarse, a un emperador romano, Escipión Emiliano, que diseñó un cerco perfecto con una superioridad abrumadora del agresor.

La historia y las leyendas están llenas de “numancias”, resistencias heroicas ante enemigos desproporcionados David y Goliat, Asterix y Julio Cesar… Nuestro momento actual también, y muy cerca, por ejemplo, Palestina y el sionismo.

Quien me conoce sabe que tengo un vínculo muy fuerte con Cuba, con más de 30 años de relación profesional, de cooperación, de solidaridad y también familiar. He visto y he vivido como en los años 90 se sobrevivía en el llamado periodo especial desayunando agua con azúcar. He visto (aunque no pude estar) como los Rolling Stones “regalaban” un concierto de leyenda (2016), multitudinario y gratuito en tiempos de Obama, cuando la isla estaba iluminada, florecía y crecía saliendo del túnel, con más de 4 millones de turistas al año (2018), siendo estadounidenses más de 600 mil y casi 1 millón europeos.

En la gran pandemia de COVID esta pequeña isla gigante fue capaz de darle al mundo cuatro vacunas en tiempo récord. Ni que decir la cultura, el deporte, las brigadas médicas llegadas a 165 países desde 1963. Más de 11.000 nuevas pequeñas empresas privadas han nacido desde 2021 hasta hoy, pero no pueden operar con normalidad porque el control estadounidense del tráfico bancario no se lo permite. Hay apagones de entre 8 y 20 horas diarias porque no hay combustible para poder trabajar con normalidad y las energías renovables aun no cubren las necesidades del país.

Se le atribuye a Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, una de las más acertadas metáforas que he conocido sobre Cuba: “Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, ni alquilar o arrendar, entonces usted me encierra en mi casa, no me deja salir para ir al supermercado ni a la farmacia ni al banco, y me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito…al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar…entonces dirán que el gobierno de mi casa está en crisis…pero nunca dirán que lo que le interesa es quedarse con mi casa…”.

Trump no es Escipión Emiliano, no es un imperio emergente, es un imperio en decadencia conducido a la deriva con coletazos erráticos.

Cuba tiene poco petróleo y malo, no tiene gas, no es una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. O tal vez sí, porque tiene el relato moral de la resistencia del débil contra el fuerte. Estoy convencido, o quiero estarlo, de que sea cual sea el siguiente escenario no puede ser el de una agresión militar. La cubanía regada por el mundo (la nacida y la amiga) se desgarraría, América Latina, continente ajeno a las guerras desde hace años, se incendiaría. No puede ser, no puede ocurrir. Pero la locura con poder es muy peligrosa.

Paz con dignidad. Y tengamos el relato claro.

Ya en 1974, en el capítulo “Cotos y montería” de El hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente advertía algo que hoy sigue siendo incómodo de escuchar: la naturaleza posee mecanismos propios de autorregulación y, salvo excepciones muy concretas, “nunca pasa nada” cuando el ser humano no interviene. Lo que sí suele pasar —y él lo decía con crudeza— es que, desde nuestro profundo desconocimiento, actuamos “como un grupo de niños con globos llenos de pintura en un museo”. Su alarma ante la posible extinción del lobo, el gran depredador que estructura la pirámide ecológica, resuena hoy con una vigencia dolorosa.

Nuestro deseo de cazar por deporte responde a un impulso competitivo impostado, muy alejado de la esencia primitiva que nos permitió sobrevivir: cazar para alimentarnos y encontrar la felicidad en la conexión respetuosa con el entorno. La ciencia ecológica lo ha mostrado una y otra vez: los ecosistemas funcionan mejor cuando cada especie cumple su papel sin interferencias artificiales. Los depredadores regulan a los herbívoros, los herbívoros modelan la vegetación y la vegetación sostiene al resto de la vida. Cuando sustituimos ese equilibrio por decisiones humanas guiadas por intereses recreativos, el resultado no es más estabilidad, sino más desorden.

La paradoja del jabalí es un ejemplo claro. A pesar de que numerosos estudios señalan que la presión cinegética desestructura los grupos sociales, elimina hembras adultas experimentadas y dispara la reproducción temprana —aumentando la proporción de juveniles—, muchos cazadores siguen defendiendo que su actividad es una herramienta eficaz de control. Sin embargo, la evidencia es tozuda: las poblaciones sometidas a caza intensa responden con mayor fecundidad, ciclos reproductivos más cortos y camadas más numerosas. Cuanto más se caza, más se acelera la dinámica poblacional. Y cuanto más se acelera, más se justifica seguir cazando. Un círculo vicioso difícil de sostener.

La situación en Sierra Morena de Córdoba resulta desalentadora para quienes solo queremos disfrutar del campo. No basta con encontrar fincas completamente valladas que fragmentan el territorio y dificultan el movimiento natural de la fauna —un problema reconocido en toda la Península—; además, debemos asumir que no podemos planificar una ruta con tranquilidad. En cualquier momento pueden aparecer advertencias que nos amedrentan incluso en zonas de dominio público. Esta fragmentación no solo limita nuestra libertad como ciudadanía: también compromete a especies que necesitan grandes áreas continuas para mantener poblaciones sanas, desde el lince ibérico hasta los propios ungulados que la caza dice gestionar.

En este clima de permanente defensiva, estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Somos primates hechos para vivir en colectividad, pero la falta de cumplimiento de las normas —y la permisividad ante quienes las vulneran— erosiona la convivencia y nos enfrenta. Defender el acceso responsable al medio natural no es una cuestión ideológica: es una necesidad ecológica y social.

A ello se suma un problema institucional grave. Según me explica el Coordinador de la UB‑1, en el año 2000 había 100 Agentes de Medio Ambiente en la provincia de Córdoba; en 2026 quedan 78. Próximamente, se jubilan 27, lo que reducirá la plantilla a 51: la mitad de los históricos. En la Unidad de Córdoba, de 12 Agentes se pasará en breve a tan solo uno, sin reposición prevista. Según la normativa andaluza, estos Agentes —funcionarios de la Junta— son la autoridad responsable del control y vigilancia de la actividad cinegética, a veces con apoyo del Seprona, también mermado y obligado a desplazarse desde puntos remotos. Con esta falta de personal, dejamos en abandono extremo nuestro patrimonio forestal y faunístico. Esta situación es extrapolable a toda Andalucía.

La situación invita a preguntarse si los beneficios económicos derivados de la actividad cinegética cumplen los requisitos que se exigen a cualquier otra actividad empresarial: beneficios declarados, impuestos pagados, IVA incluido. La normativa existe, pero sin personal suficiente para verificar su cumplimiento, queda en papel mojado. Un ejemplo elocuente: la norma contempla controles de alcoholemia a los participantes en las cacerías, pero los Agentes de Medio Ambiente no disponen de los dispositivos necesarios para realizarlos.

El 7 de diciembre de 2025, mientras caminaba por el arroyo Bejarano —en plena Reserva Natural Fluvial del mismo nombre, en Córdoba— me topé con una tortuga que no encajaba del todo en el paisaje. A simple vista sospeché que no era un galápago leproso, nuestra especie autóctona, sino quizá una mascota abandonada por alguien que creyó estar “devolviéndola a la naturaleza”. La intuición se confirmó después: se trataba de una tortuga mapa de Ouachita (Graptemys ouachitensis), una especie exótica originaria de Norteamérica.

Gracias al asesoramiento de especialistas, el hallazgo quedó documentado en la revista Trianoi de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural como el primer registro confirmado de esta especie en la provincia. Un dato que, más allá de la anécdota, subraya la creciente amenaza que representan las invasiones biológicas en ecosistemas especialmente frágiles como la cuenca del Guadalquivir.

La tortuga mapa de Ouachita es un reptil acuático de tamaño medio, con un caparazón serrado que en las hembras puede alcanzar los 28 centímetros. Su presencia no es inocua: compite con especies nativas y altera la diversidad local. De hecho, modelos ecológicos recientes señalan la cuenca del Guadalquivir como un área de alto riesgo para su establecimiento, debido a la similitud climática con su hábitat original. El ejemplar que encontré —de apenas 95 × 70 × 35 mm— se suma a otro registro previo del género Graptemys en el Guadalquivir cordobés en 2023, un indicio preocupante de que la presión sobre la fauna autóctona va en aumento.

La parte más desconcertante llegó después. Ni las autoridades locales ni las autonómicas asumían la responsabilidad de recibir al animal, de modo que asumí su manejo por mi cuenta. Tras trasladarla a Madrid, al Centro Félix Rodríguez de la Fuente —donde previamente me habían asegurado que la aceptarían—, también la rechazaron por tratarse de una especie incluida en el convenio CITES. Solo me facilitaron un correo electrónico de contacto. Finalmente, y gracias a la buena voluntad de un veterinario de Tragsatec, que presta asistencia técnica a la autoridad administrativa CITES (MITECO), y la buena predisposición de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad de Toledo, la tortuga pudo ser acogida en este centro.

Este recorrido absurdo para un solo ejemplar revela algo más profundo: la ausencia de protocolos eficaces para gestionar especies alóctonas incluso dentro de reservas naturales, pese a que los propios informes científicos insisten en la necesidad de un monitoreo periódico.

En los últimos días, he solicitado formalmente al Ayuntamiento de Córdoba y a la Consejería de Medio Ambiente que establezcan un servicio claro y accesible para la recepción de fauna exótica. No puede recaer en la ciudadanía la responsabilidad de suplir la inacción institucional.

Los expertos que firman el artículo, vinculados a la Universidad de Córdoba, reclaman también medidas de control y seguimiento en el arroyo Bejarano, similares a las aplicadas a otras invasoras como Trachemys scripta. La protección de estos espacios de alto valor ecológico exige una implicación administrativa real y sostenida.

La gestión de las invasiones biológicas no puede depender de la buena voluntad de quienes se encuentran con el problema por casualidad. Si queremos proteger nuestros espacios naturales, necesitamos administraciones que asuman su responsabilidad y actúen con la diligencia que estos casos requieren.

Escribo este artículo con un doble objetivo:  primero, demostrar lo poco que le importa la vida de las personas al PP y segundo, exponer una serie de hechos trágicos para que no se olviden y para que no se vuelvan a repetir.

La necropolítica es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo otras deben morir o también el derecho a exponer a otras personas (incluidos los propios ciudadanos de un país) a la muerte, aunque sea de forma negligente, por ignorancia o falta de voluntad.

Muchos millones de ciudadanos rechazamos la desgracia de tener en nuestro sistema político un partido de derechas (PP, de origen franquista) que está aliado, porque se lo pide su afán de poder, en todo el entorno social, político y financiero con lo más rancio y reaccionario de nuestra sociedad: un partido de extrema derecha (VOX) que reivindica lo más oscuro y sanguinario de nuestra terrible y asesina dictadura.

El Partido Popular da pasos agigantados acercándose a los planteamientos de VOX (como ha hecho en Valencia, en otras comunidades y ayuntamientos y como hará en la Comunidad Extremeña), creyendo que con eso le quitará los votos que necesita para gobernar. Es una derecha extrema que ha vilipendiado, atacado sin piedad a los independentistas catalanes, pero que se ha rebajado ante ellos para que presten su apoyo y. con sus votos, quitar al gobierno. Como el PP no tiene o no quiere dar a conocer su proyecto de país, la única opción que pone en marcha es hacer una oposición destructiva con el objetivo de desgastar al Ejecutivo y forzar su dimisión, utilizando la mentira, la manipulación y el insulto. Así desde hace años.

El Partido Popular lleva todo su tiempo de existencia con una enorme mochila de corrupción, con cientos de implicados, algunos condenados (como el propio partido) y salvados de muchos de sus desastres y corruptelas por algunos jueces que libran de posibles condenas a los máximos representantes que han formado parte de sus tramas ilegales. Además, como partido, es responsable, por acción u omisión, de graves accidentes que han costado la vida a miles de personas.

Hay que recordar que el PP fue y es protagonista de algunos de los desastres más trágicos de nuestra historia durante los últimos veinte años. Veamos:

1.-El 26 de mayo de 2003 un avión (Yak-42) con 62 militares y 13 personas de la tripulación se estrelló en Turquía. Todos murieron. El Gobierno de José Mª Aznar quiso ocultar la tragedia, pero los familiares de los fallecidos exigieron saber la verdad de lo ocurrido. Recibieron todo tipo de amenazas para que callaran, pero no lo hicieron. Ellos han denunciado repetidamente que la tragedia ocurrió por la contratación irregular (precio más barato) de un avión que no reunía las condiciones necesarias de seguridad para volar y su final trágico era casi inevitable.

2.-El 20 de marzo de 2003 comenzó la guerra de Irak. Fue un conflicto bélico originado por una coalición de países, encabezado por EEUU (G. W, Bush) y en la que la España de Aznar se involucró. Su objetivo era derrotar el régimen de Saddan Hussein, con la excusa que este país poseía “armas de destrucción masiva”. Se demostró que era completamente falso y el conflicto originó una gran destrucción del país con muchos miles de muertos, entre ellos el periodista español Julio Anguita y el asesinato de otro periodista español, José Couso. Tras años de bombardeos y devastación, el país se ha convertido en un estado fallido. Las grandes manifestaciones contra la guerra crearon una conciencia social contra ella e hicieron caer al gobierno de Aznar en 2004. El PP pagó con su derrota el belicismo y la sumisión a EEUU.

3.-El 11 de marzo de 2004 ocurrió el más grave ataque terrorista en suelo español. Un total de diez bombas explotaban en cuatro trenes en poblaciones alrededor de Madrid. Esta tragedia ocasionó la muerte a 192 personas y provocaron heridas a 2084, algunas de ellas con secuelas y limitaciones de por vida. Desde los primeros momentos la búsqueda policial y judicial centraron sus pesquisas en un atentado yihadista. Como así fue. La investigación llevó al juez de la Audiencia Nacional, Luis del Olmo, a encausar a 116 imputados y posteriormente condenó a 29 de ellos. Faltaban tres días para las elecciones generales y este duro golpe hundía más al PP que, con sus líderes a la cabeza y medios de comunicación afines, querían desligar el atentado de su responsabilidad en la guerra. Su estrategia era acusar a ETA, cuando ya públicamente se sabían los autores. Intentaban así revertir las encuestas que daban por perdido el Gobierno de Aznar. Pero no lo consiguieron y su mentira (que todavía colea) los llevó a perder las elecciones.

4.-El accidente de Metrovalencia ocurrió el 3 de julio de 2006 cuando gobernaba el PP. Dos unidades de tren de la línea 1, perteneciente a Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), con 150 pasajeros descarrilaron en una curva muy cerca de la estación de Jesús. Este gravísimo accidente causó la muerte a 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Según la versión oficial, el accidente se produjo por un exceso de velocidad, pero la investigación (basada en la caja negra) pudo dilucidar que, aunque el tren entró en curva con exceso de velocidad (81 Km/h) en un segundo fue activado el freno de servicio y en otro después el freno de emergencia, sin embargo, no disminuyó apenas la velocidad, produciéndose el desastre. El sistema de seguridad de esta línea era el llamado Frenado Automático Puntual (FAP) que avisa al conductor e incluso detiene el tren si es necesario. Si embargo, este sistema sólo está presente en puntos críticos, como cambios de agujas, pero no en todo el recorrido. Empleados del metro ya habían reclamado el sistema de seguridad ATP (Protección Automática de Trenes) que habría evitado el accidente, pero el gobierno valenciano no lo tuvo en cuenta por su costo. Lo más grave de este accidente es que a pesar quedar demostrado que la línea 1 no era segura, sólo se condenaron a cuatro responsables de FGV y no a altos políticos.

5.-El 24 de Julio de 2013, con el gobierno de M. Rajoy, se produjo el descarrilamiento del tren Alvia que hacía el recorrido de Madrid a Ferrol a unos tres kilómetros de Santiago de Compostela. Viajaban 224 personas de las cuales 80 fallecieron y 144 resultaron heridas. El tren viajaba a 191 kms/h. El maquinista no reparó en las señales para reducir el exceso de velocidad. Cuando se percató, en la curva de Angrois, era demasiado tarde. Aunque accionó el freno de emergencia no pudo evitar el descarrilamiento de los 13 vagones del tren y el volcado de cuatro de ellos. En el lugar del accidente el sistema de seguridad utilizado era el Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA). Bajo el mando y supervisión del director de seguridad y circulación de ADIF se había desactivado, sin motivo alguno, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) que habría detenido automáticamente el tren al detectar exceso de velocidad.

6.-En plena pandemia del coronavirus, entre marzo y abril de 2020 murieron 7291 personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid, que presidía la Sra. Ayuso. El 18 de marzo el director de coordinación sanitaria Carlos Mur firmó, con la aprobación de la Consejería de Sanidad, los llamados “Protocolos de la Vergüenza”.  En ellos se prohibía derivar a los hospitales a aquellos ancianos con deterioro cognitivo o un determinado nivel de dependencia. Esto supone negarle la obligada atención sanitaria que toda persona debe recibir en condiciones de enfermedad, sin tener en cuenta su situación física o anímica. Esta lamentable decisión condenó a esos 7291 ancianos a morir en unas condiciones indignas, pues tampoco se medicalizaron las residencias como tendrían que haber hecho. Su derivación a hospitales no sólo podía haber salvados la vida de bastantes de ellos, sino que todos hubieran recibido medicación para su curación, cuidados paliativos y un acompañamiento de los sanitarios en esas horas tan difíciles. De hecho, de los más de 6300 enfermos derivados a hospitales privados (tenían seguro), sólo fallecieron 2179 (33 %). Según la Comisión Ciudadana por la Verdad, si se hubieran derivado los enfermos, se podrían haber salvados más de 4000 personas. Esta desastrosa gestión de una situación tan grave, como fue la pandemia, demuestra lo poco que la importa a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid la vida de las personas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de su partido y los medios de comunicación afines, llevan cinco años intentando con bulos y mentiras eludir sus responsabilidades, pero más temprano que tarde tendrán que asumirlas y deberán pagar por ello. Así lo exigen los familiares de las víctimas que piden justicia y reparación. Después de cinco años de lucha y denuncias en diferentes juzgados por fin, en este mes de diciembre de 2025, tres altos cargos sanitarios declararán como imputados por la muerte de los ancianos en residencias. Pero lo importante y obligatorio, por justicia, es que la máxima responsable del gobierno madrileño, Sra. Ayuso, rinda cuentas. Esperemos que se haga justicia y reparen el daño causado a tantas familias.

7.-El 29 de octubre de 2024 comenzaron las inundaciones por una gota fría (DANA) que afectaron mucho más al este de España, a la Comunidad Valenciana, que a otras Comunidades Autónomas. La terrible tormenta provocó lluvias torrenciales que acumularon más de 700 l/m2, lo que produjo el desbordamiento de varios ríos y barrancos en la vertiente mediterránea con una serie de inundaciones relámpago, especialmente catastróficas en la provincia de Valencia. Las localidades situadas al sur de la capital fueron anegadas por el desbordamiento de los barrancos del Poyo, de la Saleta y Picasent, lo que supuso que altas zonas muy urbanizadas quedaran totalmente inundadas y el agua de los torrentes no desaguara en la Albufera.

Las previsiones de lluvias torrenciales en la provincia de Valencia de nivel rojo se habían activado entre las 7,36 y las 9,41 de la mañana de ese día 29 por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A las 12,01 la meteoróloga llama al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informándole que lo “peor” de la tormenta llegaría entre las 15,00 y las 18,00 horas, como así acabó ocurriendo. Además, que seguían vigentes los avisos de nivel rojo (máximo) y que las precipitaciones torrenciales iban hacia el norte e interior de la Comunidad. En todo momento AEMET estuvo informando a la unidad de emergencia 112 de la grave situación, e incluso, amplió el nivel rojo hasta las 22 horas de ese fatídico día 29.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante la información publicada por la Generalitat de no haber recibido información sobre el barranco del Poyo por un apagón del sistema, aclaró en un comunicado que en “todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estuvo funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos, incluidos datos sobre el caudal de la rambla del Poyo, que cruza algunos de los municipios más afectados, como Paiporta, Catarroja o Picanya. No hubo interrupción alguna en ningún momento”, insiste el comunicado. La CHJ explica que envió 18 correos y 330 referencias hidrológicas sobre el barranco del Poyo la tarde de la Dana, por lo tanto, el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana estuvo recibiendo mucha información continuamente sobre pluviometría y caudales en ríos y barrancos el día de la Dana.

La consellera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, convocó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a las 17.00 (casi 10 horas después del aviso rojo de Aemet). En la primera hora, cada uno de los organismos participantes de la reunión (Fuerzas Armadas, Delegación del Gobierno, Aemet, CHJ, Protección Civil, entre otras) dieron un informe de la situación. En estas primeras horas de reunión, cuando lo peor estaba pasando, el presidente, Sr. Mazón, no estaba presente ¿Dónde se encontraba en estos momentos tan críticos en los que estaban muriendo tantas personas? Después de muchas y contradictorias versiones asegura que llegó al CECOPI a las 20,28.

En ausencia del presidente, máximo responsable de la Comunidad Valenciana, el aviso de emergencia a la población no se envió hasta la 20,11, cuando ya las inundaciones de las cuencas y barrancos, desde poco después de mediodía, había ocasionado una auténtica tragedia con muchos muertos, desaparecidos, pueblos inundados y coches arrastrados por las riadas. Mientras, el Sr, Mazón, comía tranquilamente en el Ventorro con una periodista. Estuvo desaparecido durante cinco horas y ni siquiera su consejera pudo contactar con él, durante tres horas, mientras estaba reunido el Comité de Emergencias.

Resulta sorprendente la inacción de los responsables de la Comunidad Valenciana, cuando la Universidad de Valencia (UV), ese día 29, suspendió las clases para evitar daños a su personal docente y no docente. Justo Herrera coordinador del Comité de Emergencias de la UV en el informe que ha remitido a la jueza instructora de la causa, ha asegurado que manejaba la información pública que generaban las “instituciones competentes en las materias objeto de la emergencia” y cita explícitamente los “avisos” de la Aemet y de la propia Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana.

¿Cómo es posible tanta insensatez, incompetencia e irresponsabilidad de un presidente, que desaparece en plena catástrofe pluviométrica, mientras sus ciudadanos mueren por las lluvias torrenciales que arrasan con todo? Este “señor” se negó a dimitir durante más de un año, a pesar de las multitudinarias manifestaciones de valencianas y valencianos exigiéndolo, porque sienten un profundo dolor por la tragedia y saben que el Sr. Mazón no quiso o no fue capaz de ponerse al frente del Comité de Emergencias, avisar a tiempo a la ciudadanía de la grave situación que se avecinaba y, por ello, la posibilidad de salvar vidas. La reciente renuncia del sr. Mazón no ha calmado la angustia y el dolor de los familiares, pues sigue de parlamentario y porque su sucesor, Pérez Llorca, su mano derecha durante toda la tragedia, es el nuevo presidente con el apoyo y exigencias políticas y sociales reaccionarias de VOX.

La reconstrucción de todo lo destrozado está ralentizado. Todavía hay escuelas, centros de salud, infraestructuras, miles de viviendas y negocios que no han podido abrir ¿Qué está haciendo la Generalitat con los millones presupuestados y los miles de millones recibidos del Gobierno Central? En agosto de este año aún quedaba por utilizar el 74 % de todo lo destinado a la reconstrucción. Además, siendo aún presidente, el sr. Mazón designó contratos millonarios a dedo para la reconstrucción tras la Dana a siete empresas vinculadas a casos de corrupción: caso Taula, caso Gürtel y caso Azud.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, instructora de la causa, está haciendo una admirable labor de investigación, con recopilación de datos, entrevistas y vídeos sobre la catástrofe a todos los organismo e instituciones intervinientes, así como a personas particulares que han vivido la tragedia. Está llamando a declarar a los máximos responsables y a personas relacionadas con el presidente durante ese 29 de octubre para aclarar las diferentes versiones dadas. Ha citado a Salomé Pradas, Justo Herrera (UV), Jorge Suárez (subdirector general de emergencias), José Manuel Cuenca (secretario autonómico del Gabinete de Presidencia) y a la periodista Maribel Vilaplana que comió con Mazón en el Ventorro. También ha llamado al chófer y escoltas que llevaron al bar y después al Cecopi al presidente. Lógicamente la Sra. Jueza pide saber todos los movimientos, consultas, llamadas y conocimiento de la catástrofe que tenía Mazón. En los últimos días, ha citado a declarar como testigo al presidente del PP, Sr. Feijoo, para que aclare sus manifestaciones que “estuve informado en tiempo real”, cuando en el listado de llamadas hecho público, el President no lo llamó hasta las 21,27 horas del martes 29, cuando ya había pasado lo peor de la catástrofe.

Pero lo más grave y lo que Nuria Ruiz quiere aclarar, son las múltiples versiones del paradero (todavía sin aclarar) del sr. Mazón, desde la hora de la comida hasta su aparición en el Cecopi. Hay una laguna negra que el indigno presidente no ha explicado ¿Qué hizo el día de la tragedia entre las 18,45 y las 19,45 cuando llegó al Palau? En ese tiempo los municipios valencianos se estaban inundando y decenas de personas morían ahogadas.

Para declinar responsabilidades y no aceptar el compromiso de la catastrófica gestión llevada a cabo por las autoridades autonómicas, los diferentes responsables han dado diferentes versiones de los desastres y muertes ocurridos. Han culpado al Gobierno Central, a la AEMET, a la CHJ, sólo con el propósito de eludir sus competencias y no reconocer su negligencia ante la catástrofe.

Los familiares de los fallecidos y vecinos valencianos, seguirán manifestándose hasta que se haga justicia y que los culpables máximos paguen por su desidia e irresponsabilidad ante la muerte de 229 personas, algunas de las cuales se podían haber salvado si la alerta hubiera llegado a tiempo.

8.- El grave problema ocasionado en Andalucía, en los últimos años, con los “los cribados de cáncer de mamas” ha generado una enorme alarma con las 2317 victimas reconocidas por la Junta, aunque para Amama (asociación de víctimas) han sido más de 4000. Desde que la noticia salió a la luz, se han manifestado en la calle miles de personas exigiendo responsabilidades y la renuncia del presidente, que ha eludido su responsabilidad, dimitiendo la consejera de Salud y a los últimos gerentes del SAS (Servicio Andaluz de Salud). También ha cesado al delegado territorial de Salud de Sevilla, gerente del Hospital Virgen del Rocío cuando se cometieron los fallos y el jefe de radiodiagnóstico del mismo hospital.

Ante esta gravísima situación, el Sr Moreno Bonilla, responsable directo del grave deterioro del SAS, tiene la desvergüenza de declarar en Barcelona que la afectación del cribado sólo aqueja a 23 mujeres y que el problema está casi solucionado. La indignación y la falta de respeto a las víctimas, ha llevado a Amama a revelar que son más 300 las afectadas (posiblemente algunas ya habrán fallecido). Esta asociación de víctimas ha manifestado que continuarán con las movilizaciones y denuncias para que dimitan todos los responsables, incluido el sr. M. Bonilla y que paguen por su negligencia e irresponsabilidad.

Siempre fui torpe en el baile. Carecía de sentido del ritmo, mis piernas no tenían movimientos gráciles, mis brazos no se acomodaban suaves a la cadencia, mi torso era más propio de un oficinista sedentario que de un bailarín.

Pero hace unas semanas descubrí DanzIA, una aplicación que me ha convertido en lo que veis en vuestras pantallas. Soy yo; es mi cara y es mi cuerpo. Bueno, sublimados, perfeccionados, pero soy ese, el que baila. Le doy a la aplicación mis fotografías, mis vídeos, y ella me los devuelve así, haciéndome bailar como un ángel bello y armonioso, materializando mi sueño hasta hace nada irrealizable, disipando generosamente mi gran frustración, mi miseria. Ahora puedo gritarlo al mundo: soy bailarín.

Miradme bien: soy yo quien mueve mi cuerpo, mis músculos. Yo doy las coordenadas, elijo el escenario, cuándo llega el arabesque, el grand jeté, el giro en el aire, el port de bras, o como se llame. Ahí estoy, soy yo quien baila. Admirad la hermosura de mis músculos, el empaque de mis pasos de baile.

No entiendo por qué esa turba de envidiosos intentan quitar mérito a mi arte. Bailo mejor que el mejor bailarín. Id a ver ballet en directo, no importa cuán profesional, cuán virtuoso sea el bailarín principal, y me daréis la razón: comete pequeños errores, la sincronía no es perfecta, le tiemblan los tobillos al aterrizar... Pero mi baile es tan perfecto, tan mágico, que hasta yo me emociono viéndome a mí mismo excelso, ingrávido como la más elegante de las aves.

Miradme, admiradme: ¿no sentís la misma emoción que siento yo? Decidme que también palpitáis de entusiasmo con el fulgor de mi apolínea figura, con la majestad de mis cabriolas. No escuchéis a esa caterva de tristes envidiosos. Han eliminado mis vídeos de las plataformas de streaming dedicadas al ballet. Sé que están maravillados con mi arte, pero dicen que hago trampa, que no es real, que es un truco. Me cancelan, me censuran por envidia. Miradme bien: el que baila soy yo, nadie puede negarlo, nadie conseguirá borrar mi talento.

Los vídeos aún no tienen sonido, pero acabo de descubrir MusiqIA, una aplicación gracias a la que podré firmar las músicas más bellas con las que acompañar mi danza. No sé distinguir un acorde mayor de otro menor, no sé lo que es un compás de 4/4 ni un intervalo de quinta, pero da igual, te registras y la música brota como del más hermoso de los sueños. Además, los músicos son unos pelmazos insoportables: que si la intro y la coda, que si la tensión armónica, que si las séptimas mayores... Riéndome de ellos, yo estoy sólo a un clic de componer piezas de impecable factura.

Me dicen que mi arte es plano y aburrido, que carece de emoción, de conciencia, de intuición, de inspiración y de no sé qué más; que lo hace una base de datos. Pobres infelices. Me vengaré.

Álvaro Tarik

(Texto generado por EscribIA)

El accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, merece un periodismo riguroso, no sensacionalismo disfrazado de valentía. Y mucho menos que bulos y desinformación circulen por las Redes Sociales sin control gracias a aportes dudosos de los medios. Y Finbarr O'Reilly, fotógrafo del New York Times y docente de fotografía, ha cruzado una línea que ningún profesional debería traspasar: publicar información no contrastada sobre una tragedia que aún necesita respuestas.

Como antiguo alumno suyo, confieso mi profunda decepción. En sus clases aprendimos sobre la audacia necesaria en el fotoperiodismo, la posibilidad de saltarse las barreras cuando la historia lo requiere, capturar lo que otros no se atreven a mostrar. Pero también debimos aprender algo fundamental que en esta ocasión he echado de menos en su trabajo: la diferencia abismal entre el coraje periodístico y la irresponsabilidad informativa.

Saltarse un perímetro policial para documentar la realidad es una cosa. Publicar información sin verificar, difundir datos que pueden estar equivocados, contribuir a la desinformación en medio del caos y el dolor de las familias... es algo muy diferente. Es negligencia profesional y gasolina para que difusores de bulos, pseudomedios y pseudoperiodistas tergiversen aún más los hechos. ¿Quién no ha visto titulares, tertulias y videos de Instagram y TikTok en los que se ha hablado sobre la irresponsabilidad e ineficacia de los investigadores, la Guardia Civil, el Gobierno y de cualquiera que pasaba por allí? Y todo por una fotografía de un bogie en un canal que, de hecho, ya había sido localizada e identificada

Quiero pensar que todo esto ha sido un error, y no una demostración de lo que Byun Chul-Han definió como la infocracia. Un error que no solo afecta al autor de la fotografía, sino también al medio que la ha publicado. El New York Times, un medio que presume de sus estándares de verificación, ha permitido que se publique contenido sobre el accidente sin el debido contraste.

O'Reilly nos enseñó a ser intrépidos con la cámara, pero hay algo que es más importante: nuestra obligación no es solo capturar la imagen o conseguir la historia, sino servir a la verdad y respetar a quienes sufren. Por tanto, la decepción es doble: la del alumno que descubre que su profesor no practica lo que predica u olvida practicarlo, y la del ciudadano que ve cómo un medio de referencia mundial falla en lo más básico. En Córdoba no se necesitaban fotógrafos temerarios ni titulares apresurados. Se necesitaba periodismo serio, verificado, humano.

*Mario Martija, fotógrafo

En un país se nota la tragedia por detalles mínimos: cuando hay más termos en la mesa, más mantas dobladas en los brazos, más puertas abiertas sin preguntas.

Nadie sabe qué decir del todo. Pero casi todo el mundo sabe qué hacer. Como si la vida hubiera tirado al suelo nuestros nombres propios y ahora nos tocara agacharnos, sin hacer ruido, para recogerlos.

Porque hay un momento en el que una noticia deja de ser cifra o titular y acaba siendo nombres. Tantos como personas. Y entonces pasa algo bonito, aunque duela decirlo: el pueblo se vuelve más pueblo.

En días así, la bondad no hace ruido. No posa. No escribe hilos. Casi no deja fotos. Solo se nota: en un coche ofrecido, en un “cuando puedas, dime”, en una silla apartada, en un “ven conmigo” a tiempo.

Y uno aprende —a la fuerza— una lección sencilla: la vida no nos pide que lo entendamos todo, nos pide que estemos. Hay cosas que no dependen de nosotros; lo que sí depende es no endurecernos, no convertir el dolor en espectáculo, no usar la herida como excusa para odiar más. Mantener el pulso sereno, la palabra justa, la mano cerca.

Todas las tragedias dejan dolor, sí, y también una verdad incómoda: vivimos demasiado como si no fuéramos a perder nada. Por eso, en estas horas, lo único decente es el cuidado: el duelo sin espectáculo, la información sin ruido, la empatía sin propaganda. Que el dolor no se convierta en costumbre.

Como escribió Benjamín Prado, “aparten sus oscuras banderas de las víctimas”. Y yo añado: que a nadie se le olvide qué era hacer política cuando de verdad importaba—buscar un suelo común, bajar el tono, cuidar el consenso—y no convertir el dolor en un campo de batalla.

Quizá lo mejor que pueda hacer cualquiera —también quien gobierna— es eso: no abandonar. No opinar. Y recordar —con respeto— que la vida no se merece nuestra prisa, sino nuestra atención (y luchar por que sea así). Con eso, el país se parecería un poco más a un nosotros.