Locura, amargura, pasión y desenlace agridulce. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ha logrado pasar del empate en su enfrentamiento ante Xota FS en un duelo cargado de alternativas y que estuvo marcado por la solidaridad y una lesión de gravedad en las filas blanquiverdes.

Más de 1.200 motoristas han compartido un fin de semana lleno de emoción en la edición del 2025 de la Xtreme Challenge en Córdoba, que este sábado ha acogido las tres pruebas de carretera. En este sentido, desde la República Avenida Argentina han partido los participantes, divididos en tres tandas: los Rookies, que completaron un recorrido aproximado de 350 kilómetros; los Pro, con 450 kilómetros; y el Ultra Xtreme, con más de 550.

Esta semana, además del ascenso de la joven política sevillana, también hemos conocido que el máximo referente de nuestro gobierno regional, José Antonio Griñán, dimitirá como Presidente de la Junta de Andalucía a final de agosto en beneficio de su pupila preferida sin que, por el momento, tenga pensado convocar elecciones autonómicas ni renunciar a la Secretaría General del PSOE andaluz. Ignoro aún si una hipotética imputación futura en el caso de los ERES irregulares ha sido uno de los motivos que han impulsado a Griñán a tomar esta decisión pero, en cualquier caso, lo cierto es que, al igual que sucedió con Joaquín Almunia y Josep Borrel a nivel nacional o con el propio Griñán y Manuel Chaves en la esfera autonómica, el PSOE vivirá en Andalucía una bicefalia cuyos antecedentes no han sido excesivamente halagüeños. Para quienes defiendan lo contrario argumentando que el duonvirato no dará lugar a conflicto alguno por el estrecho lazo que ha unido y une a Susana Díaz con, les recuerdo que éste y Chaves también eran íntimos amigos hasta que se suscitó un panorama idéntico al que próximamente tendremos la oportunidad de asistir. Por tanto, aunque el momentáneo líder socialista ha anunciado que no tiene previsto convocar elecciones anticipadas, créanme cuando les digo que éstas se vislumbran ya en el horizonte pues Griñán no querrá experimentar en sus propias carnes las tensiones y problemas que él mismo generó a su antiguo compañero. Mi apuesta personal es que los comicios coincidirán con las elecciones al parlamento europeo, allá por el mes de junio, una vez que Susana Díaz sea investida Presidenta de la Junta y logre, desde el poder, consolidarse en el cargo.

Si éste es el panorama por el que atraviesa el PSOE, no es menos inquietante la coyuntura que experimenta el PP al que el devenir de los acontecimientos apremia para designar al candidato o candidata que disputará a Susana Díaz la presidencia de la Junta de Andalucía. Muchos son los nombres que se han barajado pero este semana, que por lo visto ha sido prolija en noticias autonómicas, hemos sabido que una de las apuestas más seguras al respecto se ha autodescartado para este cometido. José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba y uno de los fijos en todas las quinielas populares, ha declarado públicamente que “no quiere ser candidato a la Junta de Andalucía por el PP”, dejando entrever que éste será nombrado antes de que el presente año culmine. Así pues, el círculo se va reduciendo pero lo que sí parece claro es que, en última instancia, la cabeza de cartel será decidida al alimón entre Sevilla y Madrid.

En cualquier caso, tal como reza en el título del presente artículo, no podré escribir sobre estos u otros asuntos. Los dos intensos años de estudio recluido en mi domicilio dieron su fruto y hace ya un año que aprobé unas oposiciones cuyo nombramiento oficial fue publicado en boletín la pasada semana. En breve me incorporaré a mi puesto de trabajo y su contenido y dedicación son incompatibles con la colaboración que semanalmente he estado llevando a cabo con sumo gusto en este medio. Confío en que mi opinión haya servido para aportar mi particular punto de vista sobre ciertos asuntos y, en caso de haber molestado a alguien por las manifestaciones vertidas, pido perdón de antemano pues, bajo ningún concepto, mi intención era ofender. Por último, quiero agradecer a la dirección de Cordópolis que, en un determinado momento, se acordara de mi persona para, una vez cada siete días, poder introducirme en sus ordenadores a través de esta página. En cualquier caso, la vida es muy larga, el mundo un pañuelo y, tal como he llegado a escribir en más de una ocasión, esto no es un “adiós”, sino tan sólo un “hasta luego”. Un fuerte abrazo.

El caso Bárcenas a nivel estatal, las irregularidades de los ERE en el ámbito autonómico o, tal como hemos tenido la oportunidad de conocer recientemente, las denuncias de la oposición municipal respecto a la gestión de la Copa Davis por parte del gobierno local, constituyen una mancha de aceite que va emponzoñando la conciencia de todos los cordobeses hacia sus representantes públicos. Paralelamente, las instituciones tampoco ofrecen una actitud ejemplar: la Corona y los sindicatos caen en descrédito por idénticos motivos que la clase política, la independencia del Poder Judicial continúa en entredicho y nuestra organización territorial hace aguas por todos los flancos por la intolerante postura de las fuerzas nacionalistas que, al parecer, olvidan que su autonomía no es independencia y que aquélla, en cualquier caso, queda matizada por el principio de solidaridad.

El sector privado tampoco es la panacea. Si la avaricia de las entidades bancarias fue uno de los detonantes de la actual coyuntura económica, actualmente, las despiadadas ansias de beneficio de una parte del empresariado hacen estragos en la ya débil situación de los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, nuestra sociedad es cada vez menos libre pues muchos medios informan al dictado de intereses espurios que contribuyen a malformar la opinión de la ciudadanía, creando movimientos o tendencias que en nada o muy poco se asemejan a la realidad objetiva.

En cualquier caso, quiero reseñar que no todas las culpas son ajenas a nosotros mismos. Las referencias éticas y valores que han de guiar nuestras actuaciones, en consonancia con las de aquellos que nos dirigen, son cada vez más difusas y erróneas. Sin ir más lejos, esta semana he conocido a un individuo, un ciudadano como tú o como yo, que era muy crítico con todo lo que le rodeaba menos con él mismo. Este personaje es titular de una extensión de olivos y vive todo el año con las rentas que percibe por los mismos en concepto de subvención, sin importarle la productiva, la modernización o la competitividad de su olivar. Llegado el momento de la recolecta, aunque no participan en ella, contrata a su mujer y a sus dos hijos, los cuales, gracias a esto, adquieren el derecho a cobrar el subsidio agrario durante el resto del año. Además, ya que en teoría la unidad familiar se halla en situación de desempleo, los dos hijos obtienen cuantiosas becas para sus estudios, las cuales son empleadas para la compra de un ciclomotor o, en otro caso, sufragar un viaje veraniego al extranjero. Obviamente, este cuadro que aquí he descrito no es una generalidad pero doy mi palabra de que es real y, además, me atrevería a decir que existe con la envidia de muchos que maldicen su suerte por no poder organizar su economía de igual manera, es decir, viviendo a costa del erario público al que todos los que pueden contribuyen con sus impuestos, impuestos que, a su vez, se sufragan con cargo a salarios cada vez más exiguos.

¿Cómo podríamos definir este sentimiento o comportamiento que subyace en el seno de nuestra conciencia colectiva?; ¿Por qué hemos llegado a esta crisis integral?; Sinceramente, no puedo dar una respuesta pero me preocupa que la ciudadanía no crea ya nada de lo que lee, oye o ve. En cualquier caso, quiero concluir este, mi penúltimo artículo en Cordópolis, con una reflexión positiva. Si bien el término crisis comporta dificultad y complicación, también es una oportunidad para corregir déficits y retomar el buen camino. En mi opinión, no es tarea fácil por el calado de la situación pero, aun así, anhelo la irrupción en la escena pública de un verdadero liderazgo (no confundir con populismo) que, en primer lugar, dé ejemplo con su proceder y, seguidamente, ponga orden en este desaguisado.

En primer lugar, si bien es cierto que los datos estadísticos constatan un descenso de la participación juvenil en los procesos electorales, quiero reseñar que la consideración del binomio “jóvenes-voto” como sinónimo del interés de éstos por la política es, en gran medida, pura retórica. Pueden darse casos en los que una persona acuda a votar pero no por ello significa que se interese por la realidad política más allá del trámite de diez minutos que lleva depositar la papeleta. Por el contrario, en contraposición, son muchos los jóvenes que no participan en las elecciones pero que mantienen una efervescente actividad política o social en el transcurso de su vida cotidiana. Así pues, ¿son necesariamente pasotas los jóvenes que no votan y comprometidos los que sí lo hacen? Ninguna de las dos opciones guarda una conclusión definitiva y, además, no son incompatibles entre sí. Es entonces cuando debemos estimar que existen otras formas de expresión política, más allá de la oficial, que a menudo son denostadas. La llamada política contenciosa, es decir, la política que actúa desde los márgenes de la oficialidad y excede el marco institucional, viene a ser cada vez más importante para nuestros jóvenes en una época de creciente desafección hacia la política representativa y la dinámica interna de las formaciones políticas. En este sentido, mientras que la sociedad y la Juventud demandan líderes en los que depositar su fe y confianza, la cainita lucha interna de los partidos suele ofrecer otro tipo de producto que en poco o nada satisface estas expectativas y que los jóvenes militantes tienden a imitar para garantizar así el progreso en su respectiva organización.

Precisamente, enlazando con esta última reflexión, cabe reseñar que el colectivo juvenil, al igual que la mayor parte de la sociedad, rechaza la actividad pública tal como actualmente está configurada y, además, también tiene una paupérrima consideración sobre los cargos públicos electos. Sinceramente, no culpo a los jóvenes de esta situación, sino a sus mayores, ya que son éstos los que han configurado el sistema político que hoy rige y los que han protagonizado -y protagonizan- casos de corrupción permanente, han incumplido –e incumplen- constantemente sus promesas y han ensalzado –y ensalzan- el corporativismo partidista que tanto daño hace a la Democracia.

La triste realidad que acabamos de describir genera una desafección generalizada hacia la política que se manifiesta, aún con mayor intensidad, entre la Juventud cuya innata rebeldía incrementa este sentimiento. En cualquier caso, no todo son excusas y justificaciones. El colectivo juvenil no puede desentenderse de la actividad política ya que ésta influye directamente en su presente e, indirectamente, en su futuro. Así pues, con independencia de las vías o medios empleados, lo más jóvenes han de estar presentes en los foros de decisión política. Ya sea a través de los partidos tradicionales, ya a través de plataformas cívicas o incluso empleando las múltiples posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, los jóvenes han de preocuparse de estar debidamente informados, representados y valorados pues, en caso contrario, tal como argumentaba el historiador británico Arnold Toynbee, “el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan por ella”.

Como primera reflexión que podemos extraer de la decisión personal que Griñán dio a conocer esta semana, es que, con casi total probabilidad, tendremos que pasar por las urnas antes de tiempo ya que se vislumbran en el horizonte elecciones anticipadas en Andalucía. Por más que los socialistas y sus socios de gobierno nieguen tal posibilidad, lo hacen con la boca pequeña pues saben a ciencia cierta que ningún político avezado abre un debate tan importante con más de dos años de antelación pues ello sólo acarrearía una estéril discusión que distraería de menesteres más importantes -como la acción de gobierno- y que sólo serviría para crear prematuramente obstáculos en la siempre difícil labor de mantenimiento de los equilibrios que han de existir entre las diferentes organizaciones provinciales de un partido político. Otro argumento a favor del adelanto electoral, radica en la apresurada decisión de celebrar primarias en julio para elegir al sucesor de Griñán. El escaso margen temporal hace pensar en la necesidad de cerrar con premura la crisis creada y esta urgencia sólo puede obedecer a dos cuestiones: la pronta celebración de comicios y el intento de evitar cualquier tipo de debate interno aunque este último extremo parece bastante complicado ya que las redes sociales y determinados movimientos internos han propiciado, por lo pronto, que ya se hayan presentado dos candidaturas. No obstante, sobre las primarias, habrá tiempo para un análisis más detallado conforme vayamos conociendo mayores detalles.

En cualquier caso, tal como he referido con anterioridad, el anuncio de Griñán ha producido efectos más allá de Despeñaperros. Que el presidente de la Comunidad Autónoma con mayor influencia en las filas socialistas haya decidido dar un paso atrás, sitúa al cuestionado Alfredo Pérez Rubalcaba en una situación complicada en los meses previos a la celebración de la Conferencia Federal que el PSOE tiene previsto celebrar en el próximo mes de octubre, el cual serviría, entre otras cuestiones, para aprobar una serie de medidas que vuelvan a conectar a los socialistas con el electorado perdido en los últimos comicios nacionales, así como para afianzar (o no) el liderazgo de Rubalcaba al frente de la organización. A este respecto, muchas son las voces que están invitando al que fuera Vicepresidente con Zapatero a que siga el camino emprendido por Griñán y opte por la regeneración interna. Así pues, la decisión del presidente andaluz es también una bomba de relojería en un partido acostumbrado a gobernar y que no remonta en las encuestas a pesar de las corruptelas populares y de las duras medidas acometidas por Rajoy y su equipo.

No obstante, los efectos del terremoto Griñán no sólo han hecho mella en el PSOE, sino que también han producido consecuencias en el seno del PP andaluz pues sus dirigentes, si bien respiran aliviados porque el asunto sirve para distraer temporalmente la atención pública sobre el caso Bárcenas, han de resolver sin dilación el problema que genera la sustitución de una figura como la de Javier Arenas cuya sombra es bastante alargada. Por lo pronto, el actual presidente regional popular, Juan Ignacio Zoido, parece que ha optado por no encabezar el próximo cartel electoral

autonómico ya que prefiere centrar sus esfuerzos en su labor como alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla. No obstante, el deseo del primer edil de la capital hispalense no coincide con el de un buen ramillete de referentes populares que llevan bastante tiempo postulándose como alternativas para liderar el próximo proyecto popular en Andalucía, destacando entre ellos a José Antonio Nieto, alcalde de esta ciudad, quien, al igual que sus competidores internos, deberá intensificar sus esfuerzos ya que el anuncio de Griñán, sin lugar a dudas, supondrá un adelanto de los tiempos que hasta la fecha se venían manejando. En definitiva, son muchas las interrogantes y los frentes abiertos por lo que aconsejo a mis lectores que sigan con avidez la actualidad política durante este verano y, si es a través de Cordópolis, mucho mejor.

Cada vez que repaso las principales propuestas que cada formación política municipal defiende como buque insignia de su proyecto, tengo la sensación de revivir un peculiar “Día de la Marmota” y, en mi humilde opinión, ésa no es una buena señal para el devenir de nuestra ciudad. La creación de empleo para reducir el alarmante índice de paro, el apoyo a los jóvenes emprendedores, la mejora del acceso a la vivienda… y, en esta semana, una vez más, (¿la enésima?) la construcción del Centro de Congresos.

La privilegiada ubicación de Córdoba en la geografía andaluza y su fluida red de medios de comunicación convierten a nuestra ciudad en un más que interesante punto de encuentro donde llevar a cabo citas congresuales. La puesta en marcha de una instalación moderna y adecuada para albergar este tipo de eventos ha sido siempre una prioridad para el desarrollo de Córdoba y, aunque llega un poco tarde, aún hay margen de maniobra para recuperar el terreno perdido a favor de otras urbes como Sevilla o Málaga. No obstante, a pesar de la trascendencia de este proyecto, su materialización se resiste. Ya sea por desidia, ya sea por incapacidad, las distintas Administraciones Públicas implicadas no llegan a ponerse de acuerdo y, esta circunstancia, redunda en un perjuicio final para la ciudadanía.

Durante los últimos siete días, hemos tenido conocimiento de que el gobierno local ha dado luz verde al controvertido proyecto de Palacio de Congresos en el Centro Sociocultural “Miguel Castillejo” del Parque Joyero por un total de veintiún millones de euros. De éstos, once habrán de salir de las ya depauperadas arcas municipales. La reacción a este anuncio no se ha hecho esperar y, junto con las críticas de la oposición municipal, la Junta de Andalucía ha vuelto a sacar del cajón la reforma de la vetusta instalación de la Calle Torrijos. La polémica se atisba pues en el horizonte de este importante proyecto donde las zancadillas políticas y las sospechas suponen una rémora insalvable. Respecto a las primeras, parece extraño que el gobierno autonómico, tras anunciar la ampliación del Centro de Congresos ubicado en el casco histórico y, paralelamente, dejarla en el olvido, retome esta iniciativa justo cuando los populares anuncian el primer paso en el proyecto del Parque Joyero. Por otro lado, en relación a las segundas, aún queda por dilucidar ciertas cuestiones como la propiedad de los terrenos circundantes cuyo valor urbanístico experimentará un importante crecimiento, así como las verdaderas causas que han impulsado a Cajasur a donar la instalación y, al Ayuntamiento, a aceptar tal liberalidad que, a simple vista, no parece que sea un chollo por el coste de su mantenimiento y las limitaciones funcionales y estructurales que presenta.

Así pues, en este contexto, no es extraño que el debate en torno al Palacio de Congresos sea nuevamente caballo de batalla político en Capitulares, repitiéndose, una vez más, como si de un indigesto refrigerio se tratara sin que las distintas instituciones hayan sido aún capaces de digerirlo. Si, desde hace años, los distintos partidos y formaciones han tenido claro cuáles son los principales déficits que presenta esta ciudad, aún no entiendo cómo estos –incluido el proyecto del Palacio de Congresos- siguen pendientes y, como no podía ser de otra manera, no puedo evitar preguntarme: ¿Por qué, por qué?

La repercusión del citado proceso ha sido de tal calibre que se han acreditado para su seguimiento más de 125 periodistas, cifra que contrasta con los tres o cuatro profesionales de la información que suelen cubrir la actividad diaria en la Audiencia Provincial. Obviamente, la vetusta instalación judicial no está preparada para albergar a tanto corresponsal por lo que ha sido necesario acometer ciertas reformas en la misma. Además, debido a las reducidas dimensiones de la sala en la que se desarrollará el litigio y con el fin de garantizar su seguimiento a todos los informadores asistentes, se televisará la vista oral por medio de una señal institucional que se le ha encargado a la federación de televisiones autonómicas (FORTA).

En medio de esta vorágine, no he podido evitar recordar el epílogo de la película “Tesis” que, por aquel entonces, dirigió un desconocido Alejandro Amenábar. Más allá de la interesante trama, el filme nos invita a reflexionar sobre la peligrosa relación “oferta-demanda” que puede suscitarse en el mundo audiovisual. En los últimos segundos de la película, los protagonistas avanzan por el pasillo de un hospital y comprueban estupefactos cómo los pacientes de las diferentes habitaciones observan con avidez las noticias que relatan el suceso que ellos mismos han vivido en primera persona: la desaparición de jóvenes que eran torturadas y asesinadas delante de una cámara de vídeo que grababa la escena para después vender la producción a seguidores del fenómeno conocido como “snuff-movie”. La totalidad de los enfermos seguían la información atentamente, sin pestañear, demostrando su interés por la misma. Seguramente, apenas habrían prestado atención a la programación televisiva durante el resto del día pero el morbo que rodeaba esa noticia les atraía de tal manera que nada más importaba a su alrededor. Así pues, a modo de conclusión, podríamos afirmar que, si el telespectador desarrolla un gusto por estos temas, los medios de comunicación prestarán una mayor atención a los mismos para incrementar y fidelizar su audiencia.

Al igual que sucedió con “Tesis”, el caso Bretón ha suscitado nuevamente el debate sobre la persecución del morbo en televisión, sobre si la cobertura de una tragedia de este calado responde más a la simple búsqueda de audiencia que a satisfacer el legítimo derecho a la información de los ciudadanos. El triste destino de Ruth y José se suma a las desgracias de Marta del Castillo, de Mari Luz Cortés… hasta llegar a las chicas de Alcásser. ¿Dónde termina la información y comienza el show? No estoy seguro de dónde termina la información, pero sí dónde comienza el show. Algunos argumentarán que el origen radica en los medios de comunicación pero, en mi opinión, está en nosotros mismos y no en aquéllos. Sí, en nosotros, los ciudadanos, los televidentes, los radioyentes, los lectores, los internautas… Estamos tan acostumbrados a echar la culpa a los demás que es difícil asumir la propia. El contenido de los medios de comunicación depende de la audiencia y ésta manda. La audiencia no es un monstruo extraterrestre que ha invadido nuestros cuerpos, sino que es un ente compuesto por una suma indefinida de sujetos y sus preferencias son el resultado de la suma de las preferencias individuales de aquéllos, es decir, de nosotros mismos. Algunos pueden defenderse intentado argumentar su postura en la empatía, en la solidaridad con el dolor. ¿De verdad? Espero que un día una sociedad educada, culta, realmente solidaria y empática respete el dolor ajeno, una sociedad en la que el morbo por el morbo no se convierta en un show. En nosotros está construir una sociedad distinta.

Según el citado precepto, “Todos tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (...), así como el deber de conservarlo”. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales...”.

Como señala el Catedrático de Filosofía del Derecho, Profesor Doctor Puy Muñoz, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber muestran un mismo fin en los elementos que los componen: el bien común. El bien común presenta un doble matiz, por un lado, como límite al ejercicio de un derecho mientras que, por otro, es la finalidad que han de alcanzar los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, ya sea a corto, medio o largo plazo. Así pues, las acciones y proyectos que lideren las administraciones no sólo afectan a derechos individualmente considerados, sino también a derechos de carácter colectivo y, dentro de éstos, podemos destacar los llamados derechos de las generaciones futuras, es decir, las expectativas y prerrogativas no de la sociedad presente, sino de la que está por llegar.

El derecho al Medio Ambiente no es una excepción. Si los ciudadanos o las Administraciones no extremamos la conservación de los parajes naturales, corremos el riesgo de generar un perjuicio para las generaciones futuras. Si nuestra relajación en el cumplimiento de las obligaciones que marca el artículo 45 arriba reseñado origina un perjuicio al Medio Ambiente, no sólo estaremos dañando nuestra calidad de vida, sino que también estaremos restringiendo el derecho al disfrute del medio ambiente de las generaciones venideras.

Córdoba es una privilegiada en cuanto a legado medioambiental se refiere pues ostenta un “tesoro verde” en forma Sierra que abarca prácticamente el 40% de su término municipal. Una gran parte de la Sierra de Córdoba ha sido declarada zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) por la Unión Europea, paso previo para la incorporación en la RED NATURA 2000 que recoge los espacios naturales con mayor valor medioambiental del viejo continente. La inclusión de nuestra Sierra en esta red reportaría importante beneficios para nuestra ciudad, pues sería zona preferente para la recepción de ayudas medioambientales europeas y, además, Córdoba estaría recogida en los diferentes catálogos turísticos de los países de la unión, lo cual sería un impulso muy importante para uno de los sectores económicos más importantes de nuestra ciudad: el sector servicios, cuya situación se encuentra íntimamente unida al devenir del turismo.

Sin embargo, para que dicha inclusión en la RED NATURA sea una realidad plena, es necesario poner en práctica un Plan de usos y aprovechamiento de la Sierra, instrumento que ha sido objeto de amplios debates en nuestra ciudad. A pesar de las promesas electorales del anterior equipo de gobierno municipal y de las buenas intenciones del actual cuando estaba en la oposición, el discurrir del Plan de la Sierra de Córdoba está siendo lento y tortuoso. No dudo de la buena intención de los políticos que nos gobiernan en esta materia pero los múltiples frentes abiertos y la maraña competencial existente entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento propician que, una vez más, tengamos que dar la razón al saber popular cuando afirma que “del dicho al hecho va mucho trecho”. Se han dado importantes pasos pero aún quedan pendientes de resolución múltiples cuestiones como la total y completa delimitación y amojonamiento de los caminos públicos, la situación medioambiental y urbanística de los Baños de Popea, la contaminación y sobreexplotación sin control de los acuíferos, las urbanizaciones sin licencia y sus planes de autoprotección contra incendios forestales, las talas y deforestaciones indiscriminadas, los impactos visuales por alambradas, vallados, construcciones, etc.

En definitiva, el Día Mundial del Medio Ambiente es una buena fecha para recordar la obligación legal y moral que los poderes públicos, y los propios ciudadanos, tenemos con la conservación y sostenibilidad del Medio Ambiente, siendo necesario que este sentimiento se mantenga vivo durante los 364 días restantes del año, aunque no haya fotos ni actos oficiales. Es nuestro derecho y el derecho de las generaciones futuras. Merece la pena que luchemos todos juntos por ello

Esta pasada semana, en plena feria, hemos tenido conocimiento de una sentencia dictada por el titular del juzgado de lo social número 2 de Córdoba, señor Manuel Oteros, en la que llama “burros” a los políticos en reiteradas ocasiones. Además, por si hubiere alguna duda acerca de la intencionalidad del magistrado, en el mismo fallo judicial pide perdón a la familia equina por compararla con la clase política. En la polémica sentencia, el juez da la razón a un empleado del Instituto Municipal de Deportes (IMDECO) que ha sido suspendido de empleo y sueldo por, según el señor Oteros, “hacer lo que decían los políticos”. No voy a valorar el trasfondo del fallo aunque cualquiera que conozca el funcionamiento del IMDECO –yo he sido miembro del mismo durante siete años- sabe que en éste y otros asuntos aún pendientes hay, si me permiten la expresión, “mucha tela que cortar”. En este artículo sólo me voy a centrar en el lenguaje empleado por el señor Oteros y, a este respecto, he de reconocer que no he podido evitar rememorar la opinión sobre la Justicia que profirió quien fuera primer edil de Jerez.

Soy Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y, durante mi instancia en la Facultad, tuve la oportunidad de conocer al señor Oteros como responsable de la asignatura de Derecho Procesal. Sinceramente, guardo gratos recuerdos de él y siempre me pareció una persona comedida por lo que la sentencia que ha suscrito me parece impropia de alguien como él. Mi antiguo profesor, al igual que en su momento sucedió con Pedro Pacheco, puede estar en lo cierto respecto al fondo de la cuestión pero hay ciertas manifestaciones personales que no pueden plasmarse en un fallo judicial. En este sentido, coincido plenamente con el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, señor Eduardo Baena, para quien los jueces deben emplear en sus sentencias un lenguaje jurídico, que no farragoso, evitando caer en excesos verbales.

Por otro lado, y el señor Oteros debería saberlo, es un error generalizar. No todas las personas que se dedican a la actividad política son “burras” aunque, como dicen los gallegos con relación a las “meigas”, haberlas, haylas. En cualquier caso, la política no es un compartimento estanco por lo que también podemos hallar especímenes análogos en otros ámbitos, incluido el judicial. ¿Ya nos hemos olvidado, por ejemplo, de lo que sucedió con Mari Luz Cortés, la niña que fue asesinada porque se cometió un grave error que permitió que un pederasta reincidente campara a sus anchas por las calles?; ¿Qué me dicen ustedes del juez almeriense que ha sido detenido este fin de semana por graves altercados durante la madrugada?; ¿Y qué opinan de la sentencia dictada por el Juez Olmo, para quien llamar “zorra” a la esposa no constituye menosprecio o insulto siempre que se utilice este término “para describir a un animal que debe actuar con especial precaución”? Así podría seguir durante un buen rato por lo que el señor Oteros, si quería plasmar en su fallo un sentimiento social, tal vez debería poner como ejemplo, en primer lugar, a sus propios colegas ya que, según todas las encuestas realizadas, es factible afirmar que el concepto que los ciudadanos albergan de la política es muy similar al que tienen de la Justicia.

En estos tiempos que vivimos, políticos, jueces, magistrados y, en general, todos aquellos que ostenten algún tipo de responsabilidad de carácter público, deberían extremar al máximo sus opiniones y actuaciones ya que el clima está suficientemente enrarecido como para echar más leña al fuego. No hay que ocultar los errores que puedan existir, sino asumirlos y corregirlos con seriedad y madurez. Por tanto, mientras no exista propósito de enmienda y éste sea realmente palpable por la ciudadanía, de nada servirá la crítica vacía y pueril pues, en este caso, el presunto aludido siempre podrá argumentar: “y tú más”, “y tú también” o, tal como cantaba Peret, “borriquito como tú”.

Si alguien ignoraba los gustos balompédicos del primer el edil de la ciudad, el señor Carlos González los dio a conocer en una reciente rueda de prensa para expresar irónicamente su desacuerdo con unas declaraciones del señor Nieto en las que cuestionaba la calidad del proyecto blanquiverde para la presente temporada. Sinceramente, creo que el dirigente popular podría haberse ahorrado sus palabras -pues era obvio que éstas iban a escocer al empresario tinerfeño- aunque ello no justifica la penúltima subida de tono del señor González. Y escribo penúltima porque el Córdoba C.F culminó su semana de confrontación con el gobierno de la ciudad a través de un comunicado de prensa en el que acusaba a empleados municipales de un presunto acceso a las instalaciones del estadio El Arcángel “sin las correspondientes autorizaciones”, hecho que el club considera parte del “hostigamiento que está recibiendo del Ayuntamiento”. Como detallo al principio, aunque lo parezca, no es un chiste.

Vayamos por partes. Personalmente, sabía que el alcalde era culé, al igual que también conocía la debilidad merengue del señor González, quien formó parte del equipo de Onieva a la presidencia del Real Madrid. El fútbol es pasión pero que el presidente del club de una ciudad diga del máximo representante de la misma que su opinión no le importa “porque es culé” creo que es pasarse de la raya. Hay muchos cordobesistas que son aficionados o simpatizantes del Barça y me parece una falta de respeto para ellos. Concretamente, el que suscribe este artículo es seguidor blaugrana y, además, lleva 27 años siendo socio blanquiverde por lo que aprovecho estas líneas para exigirle al señor González que, en lugar de utilizar el equipo como plataforma en la que hacer gala de su madridismo, cumpla con su promesa de ascenso a primera división, la cual, visto lo visto esta temporada, aún dista mucho de materializarse. Si tan interesado está el mandatario blanquiverde en la eterna rivalidad existente entre los dos principales clubes de fútbol de este país, le recuerdo que aproveche la oportunidad pues este año hay elecciones en la “Casa Blanca”.

Aclarado este extremo, ha llegado el momento de analizar el ridículo comunicado emitido por el club por la entrada sin permiso de operarios municipales en el estadio. Suponiendo que un hombre de empresa como el señor González siempre está bien asesorado, es inevitable pensar que existe un trasfondo que motiva la emisión del comunicado. En primer lugar, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el Córdoba CF tan sólo goza de una cesión puntual de uso de la instalación municipal por lo que las potestades del club sobre ésta son precarias y limitadas. Dicho de otro modo, el Ayuntamiento no tiene que pedir permiso al Córdoba CF para entrar en el estadio porque es su legítimo titular ya que el club no parece estar interesado en asumir la concesión administrativa de la instalación con “todas las de la ley” por los costes que acarrearía. Así pues, como normal general, es el Córdoba CF el que tiene que solicitar autorización municipal para llevar a cabo cualquier actuación en la instalación, y no al revés. Cabe reseñar que esta circunstancia ha sido formalmente obviada en proyectos como la emisora de radio del club (por la que se perciben ingresos en concepto de publicidad sin que exista autorización para su instalación en las dependencias del estadio) o, más recientemente, con el concierto de Miguel Bosé (el Córdoba, al no tener la concesión administrativa del estadio, debería tener la autorización expresa del Instituto Municipal de Deportes y, además, abonar un canon en concepto de alquiler de la instalación).

Ante estos incumplimientos, que son sobrada y perfectamente conocidos en Capitulares, se mira hacia otro lado porque este gobierno municipal, al igual que los anteriores, no quiere enfrentamiento alguno con una entidad que arrastra una masa social tan significativa. Conscientes de esta actitud timorata y temerosa, los rectores del club están aprovechando cualquier ocasión para presionar a Nieto y a su equipo de gobierno, posiblemente, con la intención de desbloquear la recalificación y usos de los terrenos de la futura ciudad deportiva del Córdoba CF, verdadera batalla que el señor González lleva librando soterradamente desde hace mucho tiempo sin obtener la respuesta municipal que desea, lo que, al parecer, constituiría la verdadera causa del presente enfrentamiento entre el máximo rector del Córdoba CF y el primer edil. Por lo visto, culés y merengues tampoco se ponen de acuerdo en cuestiones urbanísticas

Mientras que, como regla general, los clubes masculinos de las distintas modalidades deportivas que compiten en esta ciudad aún están muy lejos de alcanzar sus respectivas máximas categorías, la ciudadanía, a lo largo del último lustro, ya ha podido disfrutar, entre otros, de dos equipos de Voleibol femenino en Superliga (Volley Córdoba y Adecor) y de un conjunto de Fútbol Sala femenino que llegó a ser campeón nacional en División de Honor (Deportivo Córdoba). Además, a partir de la próxima temporada, los aficionados al deporte también tendrán la oportunidad de acompañar al Adesal La Fuensanta en su nueva andadura en la ABF, categoría reina del balonmano femenino español. En mi opinión, demasiado premio para la poca inversión y menor interés que las instituciones públicas y entidades privadas han demostrado por el deporte femenino cordobés.

Centrándome en el último éxito alcanzado, puedo afirmar que, como amante del balonmano, he seguido con suma atención la excelsa temporada que han protagonizado las chicas de Adesal y, como el resto de aficionados a este deporte, he sufrido en los partidos de la fase final para lograr el ascenso a la ABF. En aquéllos que se disputaron en el Pabellón de La Fuensanta, lo hice “in situ”, mientras que, para los que tuvieron lugar en Valladolid, me vi obligado a recurrir a las redes sociales. A tenor de la apretada agenda institucional que el club Adesal tuvo durante la semana posterior a la consecución de su ansiado objetivo, parece ser que no he sido el único que ha otorgado a la hazaña de las fuensantinas la importancia que se merece. Los actos protocolarios, incluyendo uno con el propio Alcalde de la ciudad, se agolparon en la agenda de este humilde club. En virtud de las declaraciones que trascendieron a los medios de comunicación, parece que han existido buenos deseos, nobles intenciones y promesas de apoyo. Desgraciadamente, esta secuencia de acontecimientos no es novedosa. Si personas como Javier Bonache (Volley Córdoba), Carmen Prieto (Adecor) o Ricardo Ruiz (Deportivo Córdoba) leyeron la prensa deportiva local durante la pasada semana, me atrevería a afirmar que experimentaron un “flash back” ya que, si bien los actores políticos son otros y aún queda resquicio para la esperanza traducida ésta en un cambio de proceder, la triste historia del deporte femenino cordobés parece seguir el mismo camino que hasta la fecha, es decir, palmadita en la espalda al concluir la temporada, insuflo de ánimo cuando llega el momento de iniciar el nuevo ejercicio deportivo y, finalmente, durante la competición, cuando las necesidades económicas acucian el día a día de la entidad, puerta cerrada. Por el bien del deporte de élite en nuestra ciudad, ojalá me equivoque.

En cualquier caso, no todas mis reflexiones son negativas. Es más, me van a permitir la licencia de plantear una propuesta que, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, redundaría en un indudable beneficio para el deporte cordobés. Si tenemos en cuenta que las últimas alegrías en este ámbito han sido protagonizadas por féminas, el señor Nieto, aprovechando la nueva remodelación de su equipo de gobierno, debería sopesar la posibilidad de confiar la presidencia del Instituto Municipal de Deportes a una mujer para que, aplicando el sentido común y una perspectiva de género, pueda conseguir en los despachos los mismos éxitos que, recientemente, se han logrado en las pistas. Para ello, no me cabe la menor duda, se requiere una reformulación de la política deportiva de la ciudad, tanto en sus prioridades como en sus ya anquilosadas prácticas, pues es de justicia dar un mayor protagonismo y respaldo a los clubes y entidades que, con su trabajo de base y sus resultados deportivos, verdaderamente se lo hayan ganado. No es tarea fácil pero, tal como reza el título del presente artículo, las chicas no sólo son guerreras. Han demostrado ser excelentes competidoras y, a buen seguro, aportarían aire fresco a la política deportiva cordobesa.

Nadie dudaba que la declaración de la Unesco de la fiesta de Los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad fuera a generar un efecto multiplicador sobre el turismo. No obstante, ni las previsiones más optimistas se han acercado a la realidad. Si con anterioridad al inicio del certamen se esperaban unas 350.000 visitas a lo largo del primer fin de semana, esta cifra se ha duplicado, hecho que supone un éxito inesperado que hay que saber administrar para garantizar, por el bien de la ciudad, su permanencia. En mi opinión, se ha superado con buena nota este primer reto aunque, tal como posteriormente indicaré, hay algunos aspectos a mejorar que, en cualquier caso, no pueden empañar un sentimiento general de satisfacción -que no de autocomplaciencia-. Creo que la implantación del sistema de pases para evitar aglomeraciones (ojo, que no su gestión), la diversificación de los recorridos (potenciando zonas como San Lorenzo y San Pedro), la emisión diaria de más de 15.000 correos electrónicos dirigidos a todas las personas que habían reservado pases para suministrar información de última hora sobre la ciudad, el permanente contacto con los propietarios, etc., han sido un completo acierto, impregnando de un marchamo de calidad la fiesta de Los Patios.

No obstante, también existen algunos puntos negros, por ejemplo, el cuerpo de voluntarios. Mis reparos no van dirigidos a la altruista labor de las personas que han dedicado parte de su tiempo libre a satisfacer las dudas de los turistas, sino al escaso acierto que ha tenido la organización ya que, si bien no ha habido bastante tiempo, la formación ha sido insuficiente, especialmente en materia de idiomas. Personalmente, fui testigo de cómo un voluntario que carecía de conocimientos básicos en lengua inglesa era incapaz de explicar cierta información a una pareja extranjera que no hablaba castellano.

En cualquier caso, el mayor déficit que observo está en la planificación de futuro. Con esta reflexión, no pretendo flagelar el ilusionante presente pero, si la fiesta de Los Patios no es abordada con seriedad y profesionalidad, mucho me temo que aquello que hoy es un rabioso éxito pueda ser mañana un evento desfasado y monótono que no ha sabido o no ha podido arraigar en la agenda turística nacional e internacional. Además, hay que reseñar que la declaración de la Unesco resalta, no la belleza estética de los Patios, sino la convivencia colectiva que su fisonomía permite y, a este respecto, las instituciones aún no han presentado ni un solo programa o proyecto. Por otro lado, ¿qué propuestas se han planteado para recuperar los inmuebles con patios vecinales vacíos o desvencijados que abundan por doquier en el Casco Histórico?

No creo necesario recordar que el mes de mayo es también el de las Cruces, como en Granada, y el de la feria, como en Jerez de la Frontera y antes en Sevilla, pero ninguna otra ciudad puede presumir de la fusión de colores y sentidos que ofrecen Los Patios. Este tesoro sólo lo tenemos en Córdoba, por lo que debe convertirse en uno de los principales ejes de nuestra actividad turística y cultural. No obstante, el peso de esta responsabilidad no puede -ni debe- recaer exclusivamente sobre las espaldas de los propietarios o sobre las del Ayuntamiento, ya que ambos carecen de los recursos necesarios, y, además, la Corporación Municipal tampoco tiene título competencial pleno en la materia. En cualquier caso, el futuro de los patios no sólo estará garantizado con el compromiso de las instituciones públicas sino que, además, en su configuración, será necesaria la participación de los propietarios de aquéllos, de los empresarios cordobeses y de la ciudadanía en general. Todos estos agentes, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, han de aportar su granito de arena para que el reclamo novedoso que ha supuesto la fiesta de Los Patios no llegue a convertirse con el paso del tiempo en una moda pasajera. En definitiva, la ciudad se halla, una vez más, ante una nueva oportunidad de futuro que no debe obviar por un excesivo conformismo presente.

El concepto de servicio público no ha sido siempre tal como hoy lo conocemos. A lo largo de su evolución histórica, ha experimentado una progresión extensiva en su significado, integrando paulatinamente en él un elenco de actividades cada vez más amplio. A modo de resumen, podemos indicar que, hasta el siglo XVIII, el Estado apenas prestaba servicios públicos, salvo algunos de carácter social y asistencial. Esta circunstancia cambió durante la siguiente centuria ya que la Administración asume como propios aquellos servicios de carácter esencial donde la actividad privada no actuaba. Por último, ya en el siglo XX, el concepto de servicio público vuelve a engrosar pues la Administración opta por prestar todo tipo de servicios, no sólo los de carácter esencial, pudiendo incluso concurrir con la iniciativa privada en el mismo sector de actividad. Así pues, aclarado este extremo, tal como recogen los distintos estudios y trabajos en la materia, podemos definir actualmente el servicio público como aquella prestación realizada por la Administración Pública, ya sea directamente, ya mediante terceros. Por tanto, el hecho de que sea una entidad privada la que preste el servicio no implica que éste deje de ser público. Varía la forma de gestión, que pasaría de directa a indirecta pero, aun así, la Administración continúa manteniendo un importante control sobre el servicio, pudiendo, llegado el caso, incluso rescatar la gestión. Así pues, aunque sea generalmente utilizada, resulta poco afortunado el empleo de la expresión “privatización” para hacer referencia a la gestión indirecta ya que la coordinación, seguimiento y control del servicio sigue bajo responsabilidad pública.

Delimitado el objeto de esta reflexión que hoy comparto con ustedes, procede la siguiente pregunta: ¿Puede ser rentable un servicio público? Antes de responder, he de aclarar que, en mi opinión, un servicio público, a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, no ha de tener como finalidad esencial su rentabilidad y sí la consecución del interés general aunque éste no puede servir de pretexto para justificar un despilfarro de recursos humanos y económicos pues las Administraciones Públicas no sólo operan bajo el principio de eficacia, sino también bajo el de eficiencia. Es decir, no sólo basta con lograr los objetivos, sino que hay que alcanzarlos empleando los mínimos recursos disponibles.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, vuelvo a plantearme las interrogantes que ya he adelantado: ¿Qué es mejor, la gestión pública o privada de los servicios que prestan las distintas Administraciones Públicas?; ¿Puede ser rentable un servicio público? Mi respuesta es que sí, que un servicio público puede ser rentable y que la gestión pública puede ser mejor que la privada pero, con la actual configuración, ambas premisas difícilmente coexistirán en la inmensa mayoría de Administraciones y, sobre todo, de las entidades instrumentales sometidas a Derecho Privado, las cuales presentan unos mecanismos de control bastante más laxos. ¿Legitima, pues, la caótica organización del Sector Público la sustitución de la gestión directa por indirecta?; En mi opinión, no siempre. La gestión indirecta, sobre todo en la prestación de servicios básicos, sólo ha de tener lugar cuando se logre con ella mejorar la calidad del servicio, optimizar la organización y los recursos y poner punto final al despilfarro. Si estos objetivos se logran con la gestión directa, prefiero ésta ya que, como he referido con anterioridad, la rentabilidad no es el único factor a tener en cuenta en la actuación administrativa.

Por último, centrándonos en el caso de SADECO, quiero expresar mi hastío respecto a ciertos debates que deberían estar superados aunque, desgraciadamente, la demagogia y el sentimentalismo ideológico lo eviten. Con independencia y más allá de las causas que pueden motivar la entrada de capital privado en la aludida empresa municipal, no puedo evitar cierta crispación cuando leo o escucho algunas declaraciones políticas sobre este asunto. IU y PSOE, que se alzan como firmes defensores de la gestión pública directa, parecen olvidar las fórmulas que han empleado allá donde han gobernado. La Diputación de Córdoba, durante mandato socialista, optó por gestionar la recogida y tratamiento de residuos en la provincia mediante una empresa pública, EPREMASA, la cual, a su vez, tiene concedidos la mayor parte de sus servicios a sociedades mercantiles pertenecientes a grandes multinacionales. Por otra parte, durante los años de gobierno de IU al frente del Ayuntamiento de Córdoba, llegado el momento de organizar la gestión de las distintas instalaciones deportivas municipales, se consideró conveniente ceder éstas a entidades deportivas privadas en lugar de gestionarlas de forma directa. Asimismo, al constituir MERCACORDOBA, también se optó por la entrada de capital privado madrileño para la prestación de este servicio municipal, creando con tal fin una sociedad de economía mixta. Por tanto, al igual que comencé el presente artículo, lo termino también con una pregunta: ¿Por qué los principales partidos de la oposición municipal critican al PP por proponer la gestión indirecta de SADECO si ellos mismos, cuando han tenido responsabilidades de gobierno, han empleado está fórmula en el mismo u otros servicios?

Con motivo de la publicación durante la pasada semana de los datos que confirmaban el imparable incremento del paro, tanto la oposición como el gobierno municipal se han enfrascado en un estéril debate sobre planes de empleo o similares. Por un lado, el alcalde, José Antonio Nieto, defiende un proyecto titulado “Córdoba Emplea”, mientras que Juan Pablo Durán, portavoz del grupo socialista, ampara otro rubricado “Rescata Córdoba”. No dudo de las buenas intenciones de ambos pero me parece ridículo que los principales espadas municipales pierdan su tiempo intentando convencer a la ciudadanía acerca de su capacidad para afrontar un problema sobre el que carecen de título competencial alguno. Tal como recoge la normativa local española y andaluza, los ayuntamientos apenas gozan de competencias en materia de empleo, cuestión que corresponde a las administraciones estatal y autonómica. Las atribuciones municipales a este respecto son nimias y, por tanto, cualquier disgresión que pueda generarse en Capitulares sobre este asunto me resulta ridícula, tanto por las pretensiones de sus emisores, como por la posible credulidad de sus receptores. Pero es que la desazón de nuestros políticos locales y provinciales por demostrar su preocupación por el desempleo no queda ahí. Hace ya algunos años, José Antonio Ruiz Almenara, actual alcalde de Palma del Río, vinculó su reelección como Secretario General del PSOE cordobés a la reducción del número de parados en la provincia. Llegado el momento de renovar su mandato, no había logrado tan noble objetivo aunque ello no le importó para seguir liderando su partido en la provincia. En esta misma línea, el actual primer edil, José Antonio Nieto, anunció que, si el desempleo no disminuía en la ciudad, no volvería a concurrir como candidato del PP a la alcaldía de Córdoba. Aún restan dos años para unos nuevos comicios municipales pero la tendencia no invita al optimismo. Llegado este caso, ¿qué hará Nieto?; ¿mantendrá su promesa o actuará como hizo en su día el señor Almenara? Sea cual sea su decisión, habrá tiempo de enjuiciarla y compararla en su momento aunque a día de hoy puedo afirmar que ambos estuvieron poco acertados con las promesas que realizaron pues vincular su futuro político a una realidad sobre la que no pueden incidir directamente me parece, cuando menos, temerario y populista.

No piense usted, querido lector, que soy insensible ante el drama que nos rodea. No obstante, como ciudadano que ha ostentando responsabilidades públicas en Ayuntamiento y Diputación, conozco sus atribuciones y, entre ellas, no figura el empleo. A este respecto, un municipio puede crear empleo directo, mediante el incremento del personal a su servicio, o de forma indirecta, implantando medidas que lo estimulen aunque éstas, por sí solas, sin apoyo estatal o autonómico, nunca alcanzarían el efecto deseado pues los recursos municipales son limitadísimos y su capacidad normativa para incidir en esta materia, también. Me refiero a medidas como subvenciones directas por contratación indefinida, supresión de impuestos municipales durante los primeros años de actividad, ofrecer suelo industrial barato que sea atractivo para la instalación de nuevas empresas, etcétera.

En definitiva, tal como queda constatado, el margen del que disfrutan nuestros responsables municipales para generar empleo es escaso y, si realmente se quiere optimizar, no hace falta tanta algarabía mediática, sino verdadero compromiso, tanto por parte del gobierno, como por la oposición. En cualquier caso, aunque éste no se suscite, que ningún cargo público se preocupe, pues mucho me temo que los cordobeses seguiremos con estoica atención y cierta credulidad todos los planes y medidas en materia de empleo que nos propongan.

Como ya habrán adivinado por el título, hoy pretendo analizar la problemática suscitada por la posible reconversión de la cementera (anteriormente perteneciente a las sociedad ASLAND y hoy a la entidad luso-brasileña COSMOS-CIMPOR) en incineradora o, como dicen los técnicos, en valorización energética de residuos. La historia de este conflicto es larga y extensa por lo que me intentaré centrarme en aquellos aspectos más relevantes.

A pesar de los consejos recibidos, en el presente artículo no podré obviar mi particular análisis jurídico ya que éste es esencial para desmontar una sinrazón que lleva varios años coleando y a la que no han querido, o no han sabido dar solución, ni el anterior, ni el nuevo gobierno municipal. Hay que remontarnos 8 décadas para recordar la construcción e inicio de actividad de la referida instalación que, si bien en su momento se hallaba en el extrarradio de la ciudad, hoy se eleva en pleno corazón de un barrio habitado, ejerciendo, además, su radio de influencia a un número mucho mayor de familias. Como decía al principio, si hubiera sentido común, no sería necesario proseguir este artículo. Si los últimos años del siglo XX y los primeros de la presente centuria se han caracterizado por una profusa legislación de carácter ambiental tendente a proteger, entre otras cuestiones, la salud de la ciudadanía, la existencia de una instalación fabril en pleno casco urbano parece algo propio de otra época. A pesar de lo sucedido con otras empresas cordobesas, como Carbonell, a las que el desarrollo urbanístico obligó a buscar nueva ubicación por las molestias que generaba su actividad, la cementera ha soportado el envite del tiempo y sigue emitiendo sus humos en medio de una ciudad de más de 350.000 habitantes. De locos. Pero la cuestión no queda ahí, ya que la empresa titular de la fábrica ha solicitado la reconversión de parte de la actividad cementera para instalar una incineradora con la que incrementar sensiblemente los efluvios lanzados a nuestra atmosfera y que todos tenemos el derecho y el deber de respirar.

Desgraciadamente, a pesar de que el tejido industrial no abunda en nuestra ciudad, la calidad del aire en Córdoba no es buena. Según un análisis efectuado por la Junta de Andalucía durante 2007 a través de las estaciones que tiene operativas para este fin en Asomadilla y Lepanto, los niveles de calidad del aire son inadmisibles en nuestra ciudad alrededor del 30% de los días del año. Exactamente, en la referida anualidad, la ciudad rebasó el límite establecido en la normativa cuyo objeto es la mejora de la calidad del aire. Dicho límite está situado en 35 días al año como máximo pero, sin embargo, las dos estaciones de medición han superado notablemente ese tope legal. En la instalación de Asomadilla, fueron 51 los días que excedían el límite de contaminación, mientras que, en la estación de Lepanto, más influida por la actividad de la cementera, el número se incrementa a 75. Por tanto, a tenor de estas cifras, no parece que autorizar una incineradora sea la decisión más conveniente para la salubridad de la ciudadanía.

Para concluir, como último fundamento justificativo de la atrocidad que supondría la autorización de una incineradora, permítanme que, debido a mi deformación profesional, acuda al Derecho. En primer lugar, cabe reseñar que el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (PGOU) actualmente vigente distingue cuatro categorías de suelo industrial. Las dos primeras categorías, que son las únicas compatibles con la zonificación residencial, sólo permiten los siguientes usos industriales: fabricación, elaboración, reparación y/o tratamiento de productos de consumos doméstico, talleres de carpintería, transporte e industria auxiliar del automóvil y almacenamiento y comercio mayorista. Por tanto, el suelo sobre el que se asienta la actual cementara e hipotética futura incineradora, no puede encuadrarse en ninguna de estas dos categorías y, por tanto, no debería estar rodeado de viviendas. Aunque el PGOU no lo mencione expresamente, la instalación que nos ocupa se halla en la cuarta categoría que aglutina las industrias que, por su potencial peligrosidad para las personas o los bienes, deben estar alejadas de las áreas urbanas. A tal efecto, el PGOU establece que serán consideradas como pertenecientes a esta categoría las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el cual recoge las actividades cuya autorización está sometida a informe de evaluación de impacto ambiental. La propia administración autonómica ha recogido en varios documentos (por ejemplo, la Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Delegación Provincial de la Consejería de Medioambiente de Córdoba) que el proyecto de varolización de la cementera ha sido sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, lo que supone reconocer que dicha actuación se halla encuadrada en el Anexo I de la Ley 7/1994 y, por tanto, en la cuarta categoría de suelo industrial fijada en el PGOU, por lo que la cementera y futura incineradora deberían estar alejadas de las áreas urbanas. Este tipo de suelos en los que no se cumplen los usos permitidos por el planeamiento son catalogados por la normativa urbanística vigente como “fuera de ordenación” y en ellos no cabe otorgar autorizaciones o licencias para nuevas actividades. Así pues, ni el sentido común ni el Derecho avalan un proyecto de incineradora que, aunque algunos intenten justificar, no se sostiene por su propio peso ya que la salud y el interés general prevalecen sobre intereses personales, más o menos comprensibles, que pudieran existir.

En mi opinión, el principal problema que vivimos radica en la situación económica que atravesamos y sus consecuencias, circunstancia que sirve para incrementar aún más una paulatina pérdida de valores sociales que nos ha hecho perder la fe en el sistema y sus instituciones. En la temática objeto de este artículo, la crisis ha mostrado que nuestras entidades financieras estaban más interesadas en la promoción de vivienda y en la celebración de hipotecas que en velar por la solvencia de sus cuentas, las cuales no han resistido las continuas embestidas que la coyuntura económica ha propiciado, originando así unos más que preocupantes números rojos que ahogan por completo la economía del país. Simplificando mucho la realidad, podemos afirmar que, si no fluye el crédito en estos momentos de dificultad, las empresas no pueden abonar sus deudas y se ven obligadas a reducir sus costes, entre ellos, los salariales, dando lugar a múltiples despidos. Por su parte, los trabajadores que han perdido su empleo no pueden hallar otro nuevo por lo que, una vez agotadas todas las prestaciones, carecen de recursos para hacer frente al pago de las exorbitantes cuotas hipotecarias que en su día suscribieron, pensando, tal vez, que la época de vacas flacas nunca llegaría.

Alcanzado este punto, la decimonónica y abusiva legislación hipotecaria española propicia que las entidades financieras incrementen sus activos con los inmuebles cuyas hipotecas no han sido satisfechas, mientras que el ciudadano, además de perder su vivienda, aún mantiene la deuda con el banco. En cualquier caso, esta situación de privilegio que ostentan las entidades financieras no sirve para aliviar su situación a corto plazo ya que, por un lado, pierden los ingresos derivados del pago de las cuotas hipotecarias y, a cambio, obtienen unos inmuebles que en su día valoraron muy por encima de su precio actual y a los que, por las circunstancias concurrentes, no puedes dar salida en el mercado. Así pues, según ha quedado expuesto, todo son problemas y contratiempos sin que se vislumbre una solución justa y con carácter de permanencia.

Continuando con la definición de la política que hizo en su día el mayor de los Hermanos Marx, una vez determinado el problema, corresponde a nuestros dirigentes hacer un diagnóstico y aplicar una solución. La protección del derecho a la vivienda de aquellos ciudadanos que se ven desprovistos de su hogar por carecer de recursos suficientes para hacer frente al pago de su hipoteca me parece un certero diagnóstico aunque, a diferencia de la postura del gobierno andaluz, recogida en el recientemente aprobado Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, no comparto la expropiación como solución al problema ya que, en mi opinión, se trata de una medida populista y jurídicamente inviable que persigue un efecto político más que una solución real. Un claro ejemplo de mi argumento, lo hallamos en que una vez publicada la referida norma, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), entidad pública dependiente de la mismísima Consejería de Fomento, retiró de su página web la información relativa a las más de 8.000 viviendas que posee vacías, evitando cualquier petición para su expropiación por parte de afectados. Así pues, si la propia Junta de Andalucía no piensa aplicar el Decreto Ley en su propio parque de viviendas, sospecho que tampoco lo hará en el de bancos o inmobiliarias porque, entre otras cuestiones, el presupuesto autonómico carece de créditos suficientes para hacer frente a los gastos derivados del procedimiento expropiatorio. Además, el hecho de que el Decreto Ley haya sido anunciado coincidiendo con la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular sobre modificación de la Ley Hipotecaria, impulsada por la plataforma Stop Desahucios, no me parece una mera coincidencia, sino una jugada de estrategia política muy bien orquestada, por cierto.

No obstante, con independencia de lo expuesto, hay aspectos de la norma aprobada por el cogobierno regional que, además de ser jurídicamente viables, sí me parecen un acierto. En concreto, me refiero a la medida que permite alquilar las viviendas vacías para su ocupación por las familias en situación de exclusión social abonando a sus legítimos titulares, como contraprestación, una renta mensual equivalente al 2% del valor del justiprecio del inmueble. Ignoro si el presupuesto autonómico albergará recursos suficientes para este fin pero, sin lugar a dudas, esta medida sirve para que la ciudadanía pueda recuperar parte de la confianza perdida en la política, demostrando así que Groucho Marx no era siempre infalible.

En la coyuntura que nos ha tocado vivir, como jurista, puedo llegar a entender la dificultad  de dictar nomas con carácter retroactivo pero, como ciudadano, también comprendo el creciente hastío y desconfianza que existe hacia la clase política e instituciones que, lejos de ofrecer soluciones en estos tiempos tan difíciles, no están a la altura de las circunstancias y tampoco dan ejemplo con su actuación. No obstante, como demócrata, no puedo justificar que, para la defensa de un derecho, se proceda a la vulneración de otros que están igual o incluso más protegidos en nuestro ordenamiento jurídico, como son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. En un estado de Derecho, el fin nunca puede justificar los medios. Quien argumente lo contrario, respetando su postura, debería reflexionar profundamente sobre sus convicciones políticas, pues su posicionamiento obedece a otro tipo de regímenes que poco o nada tienen que ver con la Democracia. He leído y escuchado declaraciones públicas y privadas de ciertos sujetos que me ponen los vellos de punta, no por su contenido, sino por la diferente vara de medir que aplican. Para estos individuos, por ejemplo, los ciudadanos que recientemente se han manifestado en contra del aborto serían “unos fachas” si recurrían a un “Escrache” para fortalecer sus argumentos pero, no obstante, defiende y jalean a aquéllos que han aporreado la puerta de un domicilio particular insultando a sus ocupantes. Si un Estado democrático se caracteriza por la libertad ideológica, el respeto y la tolerancia, ¿cómo es posible amparar racionalmente una escala de valores tan contrapuesta? Dicho de otro modo y en términos coloquiales, “lo que no quiero para mí o los míos, no debo quererlo para los demás”. Pero, lo más preocupante, es que paulatinamente se incrementa el número de personas que también realizan este mismo razonamiento pero a la inversa y, en lugar de “fachas”, hablan de “rojos” o “perros flauta”, circunstancia que, a mi juicio, supone un grave deterioro para la convivencia cívica.

En cualquier caso, para que nadie se equivoque sobre los fundamentos ideológicos sobre los que sustento estas líneas, recuerdo que, con fecha 25 de octubre del año pasado, escribí en este mismo medio un artículo titulado “Desahucios: normativa injusta e insolidaria”. En él, manifestaba que “en ningún Estado de la Unión Europea existe una normativa tan restrictiva para los derechos de la ciudadanía como la que rige en nuestro país…” por lo que exigía al legislador estatal su modificación. Asimismo, poco después, concretamente el 15 de noviembre, en una nueva colaboración semanal rubricada “Stop Desahucios: La sociedad toma la iniciativa”, felicitaba “a todas las personas que han participado activamente en el movimiento Stop Desahucios” y Stop Desahucios“les animaba y sigo animando ”para que, dentro de la legalidad y bajo el mismo espíritu de responsabilidad, continúen en su lucha“, condenando y alejándose de comportamientos que, lejos de fortalecer sus causa, la deslegitima.

En base a lo expuesto, los “Escraches” no son una solución, sino, incluso aunque lograran su hipotético objetivo, un problema. En este último supuesto, en caso de lograr su cometido,  entrañarían una perniciosa consecuencia lógica ya que, para futuras eventualidades, todos aquellos que no estuvieran a favor de las decisiones adoptadas por un gobierno (central, regional o local, ¡ojo!) democráticamente elegido ya sabrían qué tienen que hacer para salirse con la suya. Si a pesar de todos mis argumentos, usted, querido lector, sigue justificando los “Escraches” como un instrumento legítimo y válido, procedamos  a sustituir la Democracia por la Anarquía y todos tan contentos.

Salvando las distancias propias del transcurso del tiempo y de las circunstancias concurrentes, no sería exagerado reseñar los puntos en común existentes entre Gonzalo Fernández y nuestro alcalde, José Antonio Nieto. Ambos nacieron en la provincia de Córdoba, alcanzaron un elevado status en sus respectivas organizaciones, las responsabilidades de gobierno no le han sido ajenas y, además, a raíz de las noticias publicadas a lo largo de estos últimos días lluviosos, también  les une la contabilidad. A tal respecto, el primer edil convocó un pleno extraordinario la pasada semana para que la Corporación tomara conocimiento de la liquidación del Presupuesto del año 2012. Los resultados reflejados tras el cierre del último ejercicio no son para lanzar campanas al vuelo pero sí muestran una importante reducción del déficit municipal.

Si las arcas municipales finalizaron el 2010 con una deuda de 33 millones de euros (más de 40 si tenemos en cuenta el resultado presupuestario ajustado), ésta se ha reducido a “tan sólo” 24 millones en el año 2012 (más de 27 si nos atenemos al resultado presupuestario ajustado). Es decir, desde que el PP dirige los designios de la ciudad, el déficit se ha reducido en unos 9 millones de euros. Esta circunstancia ha permitido tanto acceder al crédito, como solicitar diversas ayudas públicas para, entre otras cuestiones, abonar todas las deudas vivas de ejercicios anteriores -cuyo montante ascendía a 58 millones de euros- y proceder al pago de aquellos proveedores municipales que tenían facturas pendientes con el Ayuntamiento -por una cantidad que supera los 22 millones-. Además, también se ha logrado el aplazamiento y fraccionamiento de deudas con otros organismos públicos como la Agencia Tributaria y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cada una de ellas por una cuantía que excede los 3 millones de euros.

Teniendo en cuenta que la oposición municipal, responsable en gran medida de la situación económica y presupuestaria que heredó Nieto, no ha negado las grandes cifras que acabo de exponer y sólo ha centrado su crítica en aspectos formales, presumo la veracidad de aquéllas. Así pues, sobre el frío papel, las conquistas económicas del Gran Capitán popular y su lugarteniente en la materia, José María Bellido, concejal delegado de Hacienda, parecen inapelables. No obstante, no sólo de contabilidad viven los votantes por lo que estos supuestos logros han de traducirse en políticas concretas que redunden en la mejora de los servicios públicos, así como en el incremento de la calidad de vida en los barrios de nuestra ciudad.

El papel de los dirigentes políticos no puede reducirse al de meros ahorradores. No son empresarios, sino gestores públicos, estando obligados, no sólo a evitar todo tipo de despilfarro, sino también a optimizar los recursos disponibles para satisfacer con ellos el mayor número de necesidades. Por tanto, si bien es cierto que nos hallamos en una compleja coyuntura social y económica, el supuesto rebaje del déficit ha de servir para algo más que para quedar reflejado en el acta de un pleno extraordinario ya que, en caso contrario, algunos mal pensados podrían argumentar que los logros económicos presentados simplemente son… “las Cuentas del Gran Capitán”

En el ámbito patrio, como persona dotada de alguna que otra neurona, considero patético el comportamiento de las principales fuerzas políticas pues su actitud parece laminar la ya poca credibilidad que la ciudadanía, harta de padecer los efectos de la crisis, aún mantenía en sus representantes públicos. Desgraciadamente, la actuación de unos y otros sigue la misma y paupérrima pauta: centrar los esfuerzos en criticar la ética del rival y minimizar –o, en algunos casos, incluso ignorar- los graves errores que sus correligionarios han cometido. Mientras que para los populares las palabras “Bárcenas” y “Gurtel” parecen ser sólo reminiscencias de terribles pesadillas de antaño que nunca han sucedido, las huestes socialistas siguen intentando convencernos que el escándalo de los “ERE” falsos no es tal y sólo supone una campaña de desprestigio. A tal respecto, traigo aquí unas palabras del poeta sevillano Antonio Machado que bien podrían aplicarlas a fuego en la conciencia de toda persona que jure o prometa un cargo público: “¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela”. En cualquier caso, si verdaderamente hay una cita que esté de moda, es aquélla que suscribía de forma incansable un Presidente del Gobierno durante la década de los noventa y que dice así: “yo me enteré por la prensa”.

Por otra parte, centrándonos ya en el espectro internacional, son muchos los focos que han reclamado mi atención. La crisis chipriota, la situación de Siria, la nueva etapa en el Vaticano o la inestabilidad política en Venezuela han ocupado muchos de mis minutos de cautiverio febril. No obstante, sin lugar a dudas, es la coyuntura que atraviesa la República Centroafricana la que me ha producido una mayor zozobra, especialmente por el vínculo que une a este Estado con nuestra ciudad pues, como bien saben ustedes, el obispo de Bangassou, una de las principales ciudades de la antigua colonia francesa, es desde hace 15 años un misionero cordobés, Juan José Aguirre Muñoz. Pese a los innumerables recursos minerales -como oro y diamantes- con los que cuenta la República Centroafricana, este país vive sumido en la pobreza y, desde su independencia en 1960, ha sido escenario de varias rebeliones y golpes de Estado. En esta ocasión, es el grupo de rebeldes Seleka, apoyado por países como Sudán y Chad y con la pasividad de la comunidad internacional,  el que pugna por imponer un régimen islamista en la joven nación y, para ello, no ha reparado en contemplaciones, destruyendo y saqueando todo cuanto han encontrado a su paso, incluidos los hospitales y las escuelas que, tras varios años de recaudación de fondos, se habían construido. La labor humanitaria de nuestro paisano en el que se considera tercer país más pobre del mundo ha sido ingente. Siendo cargo público, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en un acto benéfico y, cuando terceras personas alabaron su actuación, él contestó con gran humildad que “sólo soy un simple pincel en la mano del pintor”. Más allá de consideraciones espirituales, comprendan ustedes que, acostumbrado como estaba uno a un mundo en el que prima aparecer en primera fila de una fotografía o imputarse el mayor número de méritos, me impresionó de sobremanera la sencillez del obispo la cual, sea dicho de paso, también contrasta con la que exhiben la mayoría de sus colegas del hemisferio norte.

Aunque no soy excesivamente cofrade, una vez recuperado de toda dolencia y siempre que la lluvia lo permita, confío en poder disfrutar de las distintas estaciones de penitencia con familia y amigos. En cualquier caso, cual domingo de gloria, espero que en breve se solvente la situación de la República Centroafricana y que Juan José, con el mayor apoyo económico posible, pueda retomar su labor. Asimismo, también deseo que algún día cambien los parámetros éticos de la clase política en nuestro país pues, si las energías invertidas por los partidos en destruir al oponente se dedicaran a sanear sus estructuras, los votantes recuperarían con mayor rapidez la fe perdida. No obstante, desgraciadamente, cada vez estoy más convencido de que la tan necesitada transformación no se forjará en el seno de los organizaciones políticas, sino que habrá de implantarse desde fuera, mediante la reivindicación y el movimiento social. Ojalá acierte en ambas cuestiones y pueda dar algún día carpetazo definitivo a mi particular semana de pasión.