Aunque visualmente ya se ve el cielo, las partículas PM10 que han trasladado el humo de los incendios del centro de la Península hasta el Valle del Guadalquivir permanecen sobre la ciudad de Córdoba, dejando unos niveles de contaminación muy altos. Desde el domingo por la tarde, las estaciones de medición de la calidad del aire en Córdoba están atisbando niveles muy altos.

El Ayuntamiento ya dispone de una herramienta para proteger a la población de este contaminante y también para tratar de rebajar su nivel. Sin embargo, el plan solo está aprobado inicialmente a la espera de varios trámites antes de su definitiva entrada en vigor. El documento señala, entre otras medidas, que se limite el tráfico en su acceso al centro de la ciudad, que se rebaje la velocidad máxima permitida en las principales vías o que se fomente el teletrabajo para evitar que la población de riesgo salga a la calle.

La situación en Córdoba es preocupante. Desde el pasado domingo, la concentración de partículas PM10 no ha bajado de los 50 microgramos por metro cúbico, un nivel que el Plan de Acción a Corto Plazo identifica como el Umbral de Información. El lunes fue especialmente crítico: debido al humo de los incendios forestales de Madrid, se llegaron a registrar picos de 141 microgramos por metro cúbico durante más de 12 horas. Para poner estas cifras en perspectiva, el plan establece el Umbral de Alerta en una media diaria de 80 microgramos por metro cúbico cuando se mantiene durante tres días consecutivos.

Aunque Córdoba ha mostrado una mejoría progresiva en los últimos años, persiste el riesgo de alcanzar niveles diarios superiores a los límites legales, especialmente por causas naturales como el polvo sahariano o, como ocurre ahora, por incendios forestales externos. Además, datos recientes de 2025 ya advertían que la capital superó el futuro límite legal de dióxido de nitrógeno (NO₂) que la Unión Europea exigirá en 2030, registrando 22 microgramos por metro cúbico frente al umbral de 20 microgramos por metro cúbico.

¿Qué medidas debería estar tomando el Ayuntamiento?

De estar el plan plenamente en vigor, la persistencia de niveles superiores a 50 microgramos por metro cúbico durante tres días obligaría a activar las Medidas por Superación del Umbral de Información (MSUI). El objetivo es reducir el riesgo inmediato y la duración de la exposición de la población a este aire insalubre.

En cuanto al tráfico rodado, la principal fuente de contaminación local, el plan prevé la limitación temporal de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ejes principales, permitiendo solo el paso a residentes, transporte público, emergencias y vehículos con etiqueta “cero emisiones”. También se contempla la reducción adicional de la velocidad en las vías urbanas y el refuerzo de las líneas de autobús para ofrecer alternativas al coche.

Una de las medidas más innovadoras es el fomento del teletrabajo. El plan insta a las administraciones y empresas a promover que los empleados realicen su jornada desde casa para evitar desplazamientos innecesarios y reducir la exposición de la población de riesgo. Asimismo, se restringirían las tareas de carga y descarga en las horas de mayor contaminación.

El plan no se detiene en los coches. En situaciones como la actual, deberían limitarse las actividades de construcción y demolición que generen polvo (excavaciones o raspado de pavimento). En el sector servicios, se prohibiría el uso de sistemas de limpieza viaria por soplado y se incrementaría el baldeo de calles para evitar que el material particulado vuelva a quedar en suspensión en el aire.

Un riesgo real para la salud de los cordobeses

La urgencia de activar estas medidas radica en la protección de la salud pública. La contaminación por partículas y gases como el dióxido de nitrógeno debilita la respuesta inmunológica y aumenta la vulnerabilidad a infecciones. Solo en 2023, se estima que el NO₂ fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España.

Con los niveles registrados este miércoles (superiores a 50 microgramos por metro cúbico), el plan recomienda que los grupos de riesgo (niños, ancianos y personas con asma o enfermedades cardíacas) consideren reducir las actividades físicas intensas al aire libre. En el caso del pico de 141 microgramos por metro cúbico del lunes, la recomendación para estos colectivos es evitar toda estancia prolongada en el exterior y acudir a urgencias si su estado empeora.

El documento especifica que, si el episodio es de origen natural o externo (como el humo de los incendios de Madrid), la actuación obligatoria es informar a la población y realizar recomendaciones de salud, pudiendo el Ayuntamiento justificar la no activación de medidas restrictivas de tráfico si considera que no hay causalidad directa. No obstante, la persistencia de niveles altos por el tráfico local tras el paso del humo obligaría a poner en marcha toda la maquinaria del plan para proteger a los más de 305.000 habitantes expuestos en la zona urbana de Córdoba.

El Ayuntamiento de Córdoba pagó durante el ejercicio de 2024 un total de 1.288.800,86 euros a los miembros de la corporación municipal entre retribuciones, asistencias e indemnizaciones. Sin embargo, el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de estas percepciones económicas concluye que, pese a que con carácter general los pagos se ajustaron a la normativa, persisten importantes deficiencias en materia de control interno, transparencia, publicidad de los acuerdos e incompatibilidades que obligan al Consistorio a introducir cambios.

El informe, aprobado dentro de una fiscalización realizada sobre seis grandes ayuntamientos españoles, sitúa a Córdoba entre las administraciones locales que presentan “amplios márgenes de mejora” tanto en la regulación como en el control de las percepciones económicas de sus cargos electos. Entre las incidencias detectadas figura desde la celebración de dos plenos extraordinarios separados únicamente por cinco minutos, cuyos asistentes cobraron dos indemnizaciones distintas, hasta la falta de publicación de declaraciones de bienes de varios concejales o la ausencia de autorización expresa para la acumulación de cargos en empresas municipales.

El órgano fiscalizador recuerda que el Ayuntamiento de Córdoba está integrado por 29 concejales. Al cierre del ejercicio había 16 ediles con dedicación exclusiva, cinco con dedicación parcial y ocho sin régimen de dedicación, estos últimos remunerados mediante el sistema de asistencias a órganos colegiados.

Casi 1,3 millones de euros en un año

La mayor parte del gasto correspondió a las retribuciones fijas de alcalde y concejales con dedicación exclusiva o parcial, que ascendieron a 1.161.247,25 euros. A ello se sumaron 102.036,18 euros por asistencias a órganos colegiados y 25.517,43 euros en indemnizaciones por desplazamientos, manutención y otros gastos de servicio, que el Tribunal considera, en términos generales, correctamente justificados.

El Pleno municipal aprobó en 2024 un incremento retributivo del 8%, elevando el salario anual del alcalde hasta 69.578,46 euros. Además, las empresas y entidades municipales —entre ellas Aucorsa, Sadeco o Emacsa— abonaron otros 84.510,96 euros en concepto de asistencias a los consejos de administración en los que participaban distintos concejales. A ello se añade que siete miembros de la corporación percibieron igualmente retribuciones de la Diputación de Córdoba al ejercer simultáneamente como diputados provinciales.

Una de las incidencias más llamativas recogidas por el informe se produjo el 3 de octubre de 2024. Ese día el Ayuntamiento celebró dos sesiones plenarias extraordinarias consecutivas separadas únicamente por cinco minutos. Al tratarse de dos convocatorias diferentes, los concejales sin dedicación percibieron dos asistencias independientes, de 407,57 euros cada una, por lo que cobraron 815,14 euros entre ambas sesiones. Aunque el Tribunal no cuestiona la legalidad formal del pago, sí destaca este hecho como una incidencia dentro de su análisis de las asistencias económicas percibidas por los miembros de la corporación.

Dedicaciones que incumplían el reglamento

El informe también detecta varias irregularidades relacionadas con el régimen de dedicación de los concejales. Así, el Ayuntamiento concedió una dedicación parcial del 80% a dos tenientes de alcalde y a un concejal delegado, cuando el Reglamento Orgánico del Pleno vigente entonces establecía un límite máximo equivalente a dos tercios de la jornada, es decir, aproximadamente el 67%.

Asimismo, cuatro concejales que fueron nombrados diputados provinciales con dedicación exclusiva pasaron a figurar oficialmente sin dedicación en el Ayuntamiento, pese a mantener responsabilidades de gobierno como concejales delegados, una situación que el Tribunal considera que no estaba prevista en la regulación municipal.

A ello se suma otro incumplimiento de carácter formal: el decreto de Alcaldía que asignaba nominativamente los distintos regímenes de dedicación no fue publicado ni en el Boletín Oficial de la Provincia ni en la página web municipal, como exige la legislación.

Errores contables y datos incompletos

El Tribunal aprecia además diversas deficiencias en la gestión administrativa y contable. Entre ellas figura la contabilización de determinados trienios en partidas presupuestarias destinadas a altos cargos en lugar de imputarlos al concepto correspondiente de antigüedad. También detectó que algunos pagos por asistencias fueron registrados en un grupo funcional presupuestario incorrecto.

Otra incidencia afecta a la información remitida al sistema estatal ISPA, utilizado para elaborar estadísticas sobre salarios públicos. El Ayuntamiento omitió comunicar el importe correspondiente a las pagas extraordinarias de los concejales, dejando fuera de la información oficial más de 150.000 euros percibidos durante el ejercicio. Otro de los aspectos cuestionados afecta a la participación de los concejales en los consejos de administración de empresas y organismos dependientes del Ayuntamiento.

El Tribunal señala que 14 concejales con dedicación exclusiva y dos con dedicación parcial fueron designados para formar parte de más de dos consejos de administración, una circunstancia para la que la normativa exige una autorización expresa del Pleno. Sin embargo, el órgano municipal se limitó a tomar conocimiento de esos nombramientos sin aprobar formalmente la autorización excepcional prevista por la ley.

Declaraciones de bienes con importantes lagunas

La fiscalización también pone el foco sobre el control de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos. Según el Tribunal, el Ayuntamiento realiza únicamente un control formal, sin desarrollar comprobaciones materiales sobre el contenido de las declaraciones. Entre las incidencias detectadas figura que tres concejales sustitutos incorporados durante el mandato no vieron publicadas sus declaraciones en el Portal de Transparencia ni en el BOP. Además, una concejala que abandonó la corporación no presentó la declaración final de bienes pese a haber sido requerida para ello.

El informe añade otro caso concreto: una concejala con dedicación parcial, consejera delegada de una empresa agrícola familiar, omitió inicialmente esa actividad en su declaración de incompatibilidades, aunque posteriormente procedió a su subsanación.

El Tribunal considera igualmente insuficiente la información ofrecida por el Portal de Transparencia municipal. Entre otras cuestiones, señala que no existe un apartado específico donde consultar las retribuciones anuales de los cargos electos, remitiéndose simplemente al presupuesto municipal, y que la información relativa a los ceses de concejales no se encontraba correctamente actualizada.

Paridad en el Pleno, pero no en las empresas municipales

En materia de igualdad, el informe ofrece una valoración más positiva respecto a la composición de los órganos políticos municipales.

El Pleno estaba integrado por 13 mujeres (45%) y 16 hombres (55%), mientras que la Junta de Gobierno Local presentaba incluso una mayoría femenina, con seis mujeres y cuatro hombres. También entre las tenencias de Alcaldía predominaban las mujeres, con seis frente a tres hombres.

No obstante, la situación cambia al analizar las entidades dependientes del Ayuntamiento.

De las 13 empresas y organismos municipales, nueve incumplían el principio de presencia equilibrada, bien por exceso de representación masculina o femenina. Además, ocho estaban presididas por hombres y cinco por mujeres.

Recomendaciones del Tribunal

El Tribunal de Cuentas concluye que los ayuntamientos fiscalizados, entre ellos Córdoba, deben reforzar los mecanismos de control interno, mejorar la publicidad activa de la información, revisar la regulación de incompatibilidades y establecer procedimientos más rigurosos para supervisar las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos.

El organismo considera que estas medidas permitirán incrementar la transparencia y reforzar las garantías sobre el uso de recursos públicos destinados a retribuir a los representantes municipales.

La provincia de Córdoba afronta uno de los veranos más complicados de los últimos años en materia de incendios forestales. Cuando todavía resta por delante el mes de agosto al completo, buena parte de septiembre y el periodo de alto riesgo no concluirá hasta mediados de octubre, el fuego ya ha arrasado 1.083 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS-Copernicus), correspondientes al 28 de julio.

La cifra convierte a 2026 en el peor ejercicio desde 2021 y sitúa la campaña actual por encima del conjunto de superficie afectada durante los tres años posteriores. El dato resulta especialmente significativo porque el grueso de la temporada de incendios todavía está por delante, coincidiendo con las semanas en las que históricamente se registran las condiciones meteorológicas más extremas.

Los datos reflejan un cambio radical respecto a los años inmediatamente anteriores. Después de varias campañas relativamente contenidas, la provincia vuelve a superar la barrera psicológica de las mil hectáreas quemadas, un umbral que únicamente se había rebasado durante el grave verano de 2021.

La evolución de los incendios forestales durante el último lustro muestra enormes diferencias de un año para otro. En 2019 la campaña concluyó con unas 216 hectáreas afectadas, una cifra claramente inferior a la media histórica provincial. La mayor parte de la superficie calcinada correspondió a matorral —casi 150 hectáreas— mientras que el arbolado apenas representó unas 66 hectáreas.

Un año después, en 2020, la superficie quemada descendió hasta unas 80 hectáreas. Aquella campaña estuvo profundamente condicionada por la pandemia del coronavirus y las restricciones de movilidad, que redujeron notablemente el número de siniestros registrados.

El panorama cambió por completo en 2021. La provincia sufrió uno de los veranos más devastadores de las últimas décadas, con más de 1.067 hectáreas quemadas. Buena parte de esa cifra correspondió al gran incendio originado en el puerto del Calatraveño, en el término municipal de Alcaracejos, que por sí solo arrasó más de 600 hectáreas.

En 2022 la superficie afectada volvió a descender, aunque continuó siendo elevada. La combinación de sequía extrema, temperaturas récord y combustible vegetal muy seco provocó una campaña complicada que terminó con alrededor de 550 hectáreas calcinadas y obligó a un importante despliegue del Plan INFOCA.

El contraste llegó en 2023. Las abundantes lluvias registradas durante mayo y junio cambiaron completamente el escenario y permitieron cerrar una campaña considerada prácticamente anecdótica, con menos de 50 hectáreas afectadas, lo que supuso una reducción cercana al 91% respecto al año anterior.

Ahora, apenas cinco semanas después del inicio oficial del periodo de máximo riesgo, 2026 ya ha superado todas esas campañas salvo la de 2021.

Dos grandes incendios explican buena parte del balance

La estadística de este año está marcada por dos grandes incendios registrados prácticamente de forma consecutiva en el entorno de Cerro Muriano.

El primero de ellos tuvo lugar en la base militar situada en el término municipal de Obejo. El fuego afectó a 559 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio forestal registrado este verano en la provincia y obligando a desplegar un amplio dispositivo de extinción durante varias jornadas.

Pocos días después se produjo un nuevo incendio en Cerro Muriano, originado tras arder un camión cargado de paja. Las llamas calcinaron 198 hectáreas, volviendo a movilizar numerosos medios terrestres y aéreos.

Entre ambos siniestros suman 757 hectáreas, es decir, cerca del 70% de toda la superficie afectada en la provincia durante 2026. El resto del balance hasta alcanzar las 1.083 hectáreas corresponde a diversos incendios de menor entidad registrados en distintos puntos de la provincia.

El peor dato cuando el verano aún no ha terminado

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas no es únicamente la cifra absoluta de superficie quemada, sino el momento del calendario en el que se alcanza.

Los registros de EFFIS corresponden al 28 de julio, cuando todavía resta por delante el periodo tradicionalmente más crítico para los incendios forestales. Agosto suele concentrar las olas de calor más intensas, una humedad ambiental muy reducida y episodios de viento que favorecen una rápida propagación de las llamas.

Además, el Plan INFOCA mantiene activado el periodo de máximo riesgo hasta mediados de octubre, por lo que aún quedan más de dos meses de campaña.

En consecuencia, el balance definitivo dependerá de la evolución meteorológica durante las próximas semanas, especialmente de la llegada de nuevas olas de calor o de episodios de viento que incrementen el peligro de propagación.

La provincia de Córdoba reúne una combinación de factores que la convierten en uno de los territorios andaluces más sensibles al fuego. La existencia de grandes masas forestales, extensas superficies de dehesa, monte mediterráneo y una amplia interfaz entre espacios naturales y zonas habitadas obliga a mantener una vigilancia constante durante todo el verano.

La experiencia demuestra además que, aunque la mayor parte de los incendios se extinguen en sus primeras fases, basta un único gran incendio para alterar completamente las estadísticas anuales, como ocurrió en 2021 y vuelve a suceder en 2026.

El precedente de la Sierra de Córdoba

La preocupación por los incendios forestales adquiere una dimensión especial en el entorno de la capital cordobesa. La Sierra de Córdoba ha protagonizado algunos de los episodios más graves registrados en Andalucía durante las últimas décadas y constituye una de las zonas con mayor concentración de viviendas en contacto directo con el monte.

Los grandes incendios sufridos históricamente en este enclave han condicionado la planificación de emergencias, la mejora de los sistemas de vigilancia y las campañas de prevención impulsadas por las distintas administraciones. La cercanía entre la masa forestal y numerosos núcleos residenciales convierte cualquier incendio de gran magnitud en una amenaza que trasciende el impacto ambiental y puede afectar directamente a miles de vecinos, como ya ha ocurrido en diferentes ocasiones.

La experiencia acumulada durante más de cuatro décadas de grandes incendios ha llevado a reforzar los protocolos de evacuación, los trabajos preventivos y la coordinación entre el Plan Infoca, los servicios de emergencias y los cuerpos de seguridad. Sin embargo, los episodios registrados este verano vuelven a poner de manifiesto que el riesgo continúa muy presente en una provincia donde las condiciones climáticas y la abundancia de combustible vegetal favorecen la rápida propagación de las llamas.

La Encuesta de Población Activa (EPA) deja una lectura positiva para el mercado laboral cordobés durante el segundo trimestre de 2026, aunque con importantes matices. La provincia registró 8.800 desempleados menos que entre enero y marzo y ganó 4.000 ocupados, situando la tasa de paro en el 14,52%, la más baja del último año. Sin embargo, tras estos datos subyacen varios factores que invitan a la cautela: la pérdida de población activa, la fuerte dependencia del sector servicios y el retroceso del empleo industrial.

Según la EPA, Córdoba cerró el trimestre con 314.900 personas ocupadas y 53.500 desempleadas, frente a los 310.900 ocupados y 62.300 parados del trimestre anterior. La población activa, no obstante, también descendió, al pasar de 373.100 a 368.400 personas, una circunstancia que contribuye igualmente a explicar la reducción del paro y que vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la pérdida de población en edad de trabajar y del envejecimiento demográfico que arrastra la provincia.

Aunque la evolución es favorable, Córdoba continúa situándose entre las provincias con peores indicadores laborales del país. Su tasa de paro del 14,52% la convierte en la quinta provincia española con mayor desempleo, solo por detrás de Cádiz, Granada, Ciudad Real y Jaén, y casi cinco puntos por encima de la media nacional, situada en el 9,87%.

El empleo crece gracias al sector servicios

Uno de los aspectos más destacados de la EPA es el comportamiento de los distintos sectores económicos. El incremento de la ocupación durante la primavera se concentró prácticamente en el sector servicios, que incorporó 10.000 trabajadores coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística y el aumento de la actividad en la hostelería y el comercio. En cambio, la industria perdió 4.200 empleos durante el trimestre, un dato que ha despertado la preocupación de los representantes sindicales.

Desde CSIF consideran que el descenso del desempleo debe interpretarse con prudencia porque buena parte de la creación de empleo responde a contrataciones temporales ligadas al turismo. El presidente provincial del sindicato, Antonio Rafael López, recuerda que muchas de esas incorporaciones “no tienen continuidad durante el verano” debido a la reducción de la actividad turística una vez finalizada la primavera.

El sindicato pone especialmente el foco en la pérdida de empleo industrial. La destrucción de 4.200 puestos de trabajo en este sector evidencia, a su juicio, la escasa fortaleza del tejido manufacturero cordobés y la necesidad de impulsar proyectos industriales que permitan generar empleo estable y de mayor calidad. En este sentido, cita iniciativas como la Base Logística del Ejército de Tierra o la futura planta de cobre verde de Cunext como oportunidades para reforzar el peso de la industria en la economía provincial.

CCOO: menos paro, pero también menos población activa

Desde CCOO la valoración de los datos también es positiva, aunque el sindicato advierte de que la reducción del paro “no puede interpretarse como el resultado exclusivo de la creación de empleo”. Su secretaria de Empleo en Córdoba, Ana Belén Acaiña, subraya que el descenso simultáneo de la tasa de actividad demuestra que la provincia continúa teniendo dificultades para incorporar y retener población en edad de trabajar.

La responsable sindical considera que Córdoba no puede conformarse con celebrar una bajada del desempleo mientras pierde población activa y mantiene una de las tasas de paro más elevadas del país. A su juicio, la provincia necesita ofrecer oportunidades laborales suficientemente atractivas para evitar la marcha de los jóvenes y favorecer que quienes abandonaron Córdoba puedan desarrollar aquí su proyecto de vida.

CCOO insiste en que la excesiva dependencia de actividades estacionales sigue condicionando la evolución del mercado laboral. La organización sostiene que el dinamismo registrado durante la primavera no siempre responde a una transformación real del modelo productivo, sino a la concentración de contrataciones vinculadas a campañas concretas, especialmente en el sector servicios. Por ello, reclama una estrategia de desarrollo económico basada en la industria, la logística y unas infraestructuras capaces de generar empleo estable durante todo el año.

La mejora continúa, pero persisten los desequilibrios

La comparación con el mismo periodo del año anterior confirma que el mercado laboral cordobés mantiene una evolución favorable. En doce meses se han creado 6.800 empleos, mientras que el número de desempleados se ha reducido en 7.800 personas, situando la tasa de paro más de dos puntos por debajo de la registrada en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, tanto los datos de la EPA como las valoraciones sindicales coinciden en señalar que la recuperación sigue apoyándose en sectores con una elevada estacionalidad y que Córdoba continúa arrastrando importantes debilidades estructurales. La escasa diversificación económica, el reducido peso de la industria, la pérdida de población activa y una tasa de paro que sigue siendo una de las más altas de España mantienen abierto el principal reto del mercado laboral cordobés: transformar el crecimiento puntual del empleo en una creación de puestos de trabajo estables y de calidad.

El viento sur ha ido retirando poco a poco del Valle del Guadalquivir el humo de los incendios del centro de la Península que habían enturbiado los cielos desde el domingo pero especialmente en la jornada de este lunes. No obstante, la calidad del aire respirado en la ciudad sigue siendo “desfavorable”, según el observatorio de la Junta de Andalucía.

La calidad del aire comenzó a mejorar en la tarde de este lunes, cuando se retiró gran parte de la humareda. Entonces, la estación instalada en la avenida Al Nassir llegó a medir más de 140 microgramos por metro cúbico de partículas PM10. En la madrugada, poco a poco, los valores fueron mejorando. Pero durante todo este martes no han bajado de 50 microgramos por metro cúbico, un valor que está por encima del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, en Córdoba capital y provincia, ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía han alertado a la población de lo perjudicial que puede ser la exposición al aire libre a este tipo de contaminante.

Las partículas PM10 son uno de los principales indicadores utilizados para medir la contaminación atmosférica. Se trata de partículas con un diámetro inferior a diez micras que pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar en el aparato respiratorio. En este episodio, su origen se encuentra principalmente en el humo generado por los grandes incendios forestales declarados en el centro peninsular, cuya columna de humo fue transportada por los vientos del sur hasta el valle del Guadalquivir.

Aunque el episodio más intenso ya ha pasado y la humareda prácticamente ha desaparecido del cielo de Córdoba, los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire muestran que las concentraciones continúan por encima de los niveles que la OMS considera recomendables para proteger la salud. La guía del organismo internacional fija en 45 microgramos por metro cúbico el valor recomendado para la concentración media de PM10 durante 24 horas. Los aproximadamente 50 microgramos registrados este martes en la estación de la avenida Al Nassir siguen superando esa referencia, aunque suponen una mejora muy significativa respecto al máximo de más de 140 microgramos alcanzado durante la tarde del lunes.

Las otras estaciones de medición de la capital también reflejaron una evolución similar. Los valores descendieron conforme el viento fue dispersando la nube de humo, pero la calidad del aire continuó clasificada durante buena parte de la jornada como “desfavorable”, una categoría que aconseja extremar la precaución entre los colectivos más sensibles.

Los expertos en salud pública advierten de que las personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), patologías cardiovasculares, los niños, los mayores y las embarazadas son quienes presentan un mayor riesgo durante episodios de elevada concentración de partículas. Entre los síntomas más frecuentes figuran la irritación de garganta y ojos, la tos, la sensación de falta de aire y el empeoramiento de enfermedades respiratorias preexistentes.

Durante el episodio más intenso, numerosos cordobeses describieron precisamente esas molestias. La densa nube de humo redujo de forma notable la visibilidad sobre la ciudad, hasta el punto de dificultar la visión de Sierra Morena desde distintos puntos de la capital, además de dejar un persistente olor a madera quemada.

A pesar de la mejoría registrada desde la noche del lunes, la persistencia de concentraciones superiores a las recomendadas por la OMS ha mantenido un riesgo sanitario que no ha ido acompañado de avisos específicos dirigidos a la población. Ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la Junta de Andalucía difundieron durante estas jornadas recomendaciones para reducir la exposición al aire libre o evitar actividades físicas intensas en los momentos de mayor contaminación.

La evolución de las próximas horas dependerá de las condiciones meteorológicas y, especialmente, de la dirección e intensidad del viento. Si continúa la dispersión de la masa de humo procedente de los incendios del centro peninsular, las concentraciones de partículas deberían seguir descendiendo hasta recuperar los niveles habituales para estas fechas.

El mercado laboral cordobés cerró el segundo trimestre de 2026 con una de sus mejores fotografías de los últimos años. La Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que el paro descendió en 8.800 personas respecto al primer trimestre del año, mientras que el número de ocupados aumentó en 4.000 trabajadores, consolidando una tendencia positiva que también se aprecia en el conjunto de Andalucía y de España.

No obstante, la mejora de las cifras no oculta una realidad estructural que sigue situando a Córdoba entre las provincias con mayores dificultades del mercado laboral español. Con una tasa de paro del 14,52%, la provincia ocupa el quinto puesto nacional con mayor desempleo, únicamente por detrás de Cádiz, Granada, Ciudad Real y Jaén, y mantiene una diferencia de casi cinco puntos respecto a la media española, situada en el 9,87%.

Según la EPA, Córdoba cuenta actualmente con 314.900 personas ocupadas, frente a las 310.900 registradas en el primer trimestre. Paralelamente, el número de desempleados baja desde los 62.300 hasta los 53.500, lo que supone el mayor descenso trimestral del último año y deja el paro en su nivel más bajo de la serie reciente.

Sin embargo, la reducción del desempleo no responde únicamente a la creación de empleo. Los datos muestran que la población activa también disminuye, pasando de 373.100 a 368.400 personas, es decir, 4.700 activos menos en apenas tres meses. Esa reducción de la población que participa en el mercado laboral contribuye igualmente al descenso del número de desempleados y coincide con el contexto de pérdida demográfica y envejecimiento que viene registrando la provincia desde hace años.

El mejor dato del último año

La comparación con el mismo trimestre del año anterior confirma la evolución positiva del mercado laboral cordobés. En doce meses, la provincia ha creado 6.800 empleos, al pasar de 308.100 a 314.900 ocupados, mientras que el número de desempleados se ha reducido en 7.800 personas, desde las 61.300 hasta las 53.500 actuales. Como consecuencia, la tasa de paro ha descendido desde el 16,6% hasta el 14,52%, una reducción superior a dos puntos porcentuales.

La evolución de los últimos cinco trimestres evidencia, además, una recuperación sostenida tras el empeoramiento registrado durante el verano de 2025. Después de alcanzar los 66.900 desempleados en el tercer trimestre del pasado año, el paro ha encadenado tres descensos consecutivos hasta situarse por debajo de las 54.000 personas. Al mismo tiempo, la ocupación vuelve a superar ampliamente los 314.000 trabajadores, muy cerca de los máximos registrados en los últimos ejercicios.

Pese a esta evolución favorable, Córdoba continúa figurando entre las provincias españolas con mayor desempleo.

Su tasa de paro del 14,52% prácticamente coincide con la media andaluza (14,56%), pero sigue situándose muy por encima del conjunto del país. La diferencia respecto a la media nacional alcanza los 4,65 puntos porcentuales, lo que pone de manifiesto que la provincia continúa soportando un desempleo estructural muy superior al promedio español.

De hecho, solo cuatro provincias presentan actualmente una tasa de paro superior a la cordobesa, lo que sitúa a Córdoba como la quinta provincia con mayor desempleo del país.

Más empleo, pero también menos activos

Uno de los aspectos más relevantes que deja la EPA es el comportamiento de la población activa. Mientras el empleo aumenta y el paro disminuye, el número de personas que participan en el mercado laboral se reduce ligeramente. Este fenómeno explica que el descenso del desempleo sea superior al incremento del empleo y constituye una tendencia que los economistas suelen seguir con atención, ya que una reducción de la población activa puede moderar artificialmente la caída del paro.

Actualmente, Córdoba registra 368.400 activos, frente a una población inactiva de 289.400 personas, lo que sitúa la tasa de actividad en el 56,01%, ligeramente inferior a la media andaluza y claramente por debajo de la española.

Los datos del segundo trimestre vuelven a poner de manifiesto el peso que tienen las actividades estacionales en la economía provincial. La creación de empleo durante la primavera suele venir impulsada por el incremento de la actividad en el sector servicios, especialmente la hostelería y el turismo, junto con determinadas campañas agrícolas. Esa circunstancia explica buena parte de la mejora que tradicionalmente registra la EPA entre abril y junio.

Aun así, la comparación interanual demuestra que la evolución de este año es más favorable que la simple estacionalidad, ya que tanto el empleo como la tasa de paro mejoran respecto al mismo periodo de 2025.

Este lunes ha sido un mal día para salir al aire libre en el Valle del Guadalquivir. El viento sur comenzó a trasladar a la provincia de Córdoba el humo de los incendios que están quemando las sierras de Ávila y Madrid, en una de las mayores catástrofes medioambientales de la Península. La inversión de la llegada de la noche ha provocado que el humo se quedase encajado en el Valle del Guadalquivir y que incluso con el cambio de viento, muy leve, apenas se moviese.

La enorme boina de la humareda ha provocado un episodio inédito de contaminación del aire en Córdoba. Los informes sobre la calidad del aire de las tres estaciones de la ciudad marcaban niveles “muy desfavorables” durante este episodio. Tanto que el umbral máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se había superado por tres veces. Muchos cordobeses notaban la humareda no solo porque apenas se distinguía la sierra desde la ciudad, sino por el picor de garganta y ojos, e incluso por la aparición de tos. Los más perjudicados han sido las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, para quienes este tipo de episodios supone un riesgo añadido.

Los registros de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Junta de Andalucía reflejan que la estación de medición de la avenida Al-Nasir alcanzó durante la tarde una concentración máxima de 140,35 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas PM10, uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la contaminación atmosférica. Las otras dos estaciones de la capital, Lepanto y Asomadilla, también registraron valores elevados, suficientes para situar la calidad del aire en la categoría de “muy desfavorable”.

Las partículas PM10 son fragmentos sólidos o líquidos microscópicos con un diámetro inferior a diez micras. Pueden estar formadas por polvo mineral, cenizas, hollín, compuestos orgánicos o metales y, en episodios como el vivido este lunes, proceden en gran medida del humo generado por los incendios forestales. Su reducido tamaño permite que penetren en las vías respiratorias y alcancen los bronquios, provocando irritación e inflamación y agravando patologías previas.

Tres veces por encima del umbral máximo

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la concentración media diaria de PM10 no supere los 45 microgramos por metro cúbico. El pico registrado en Córdoba durante la jornada multiplicó por más de tres esa referencia sanitaria, un nivel que, aunque no implica necesariamente un riesgo grave para toda la población sana tras una exposición puntual, sí incrementa la probabilidad de sufrir molestias respiratorias y cardiovasculares, especialmente entre niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o problemas cardíacos.

El contaminante más perjudicial para los ciudadanos es el relacionado con las partículas PM 10. Su nivel se mide en en microgramos por metro cúbico de aire respirado. El plan aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Córdoba establece tres umbrales de superación: a partir de 40 microgramos, un segundo por encima de los 50 y un tercero en los 80.

El plan establece un sistema de gestión basado en tres niveles de actuación según la gravedad del episodio. El primero es el umbral de activación, que se dispara cuando la media diaria de PM10 supera los 40 µg/m³ durante tres días consecutivos, sirviendo para preparar los medios necesarios. El segundo es el umbral de información, que se activa con 50 µg/m³ de PM10 o 200 µg/m³ de NO₂, obligando a informar de inmediato a la población y adoptar medidas de atenuación. Finalmente, el umbral de alerta representa la situación más grave, activándose con 80 µg/m³ de PM10 o 400 µg/m³ de NO₂, lo que requiere medidas excepcionales e inmediatas. El episodio actual casi ha duplicado el máximo fijado por el propio Ayuntamiento.

Los efectos comenzaron a apreciarse desde primera hora de la tarde del domingo. La nube de humo redujo notablemente la visibilidad sobre la capital hasta difuminar el perfil de Sierra Morena. El característico olor a madera quemada se extendió por numerosos barrios y las redes sociales se llenaron de fotografías en las que el cielo aparecía cubierto por una densa capa grisácea. Muchos ciudadanos relataron irritación de garganta, escozor de ojos y sensación de dificultad para respirar durante los momentos de mayor concentración de partículas.

A diferencia de otros episodios de contaminación registrados en Córdoba, normalmente asociados a intrusiones de polvo sahariano, en esta ocasión el origen de las partículas se encuentra en la combustión de grandes masas forestales. El humo de los incendios contiene, además de partículas sólidas, numerosos compuestos procedentes de la quema de biomasa, lo que convierte este tipo de situaciones en un problema de salud pública cuando las condiciones meteorológicas favorecen su acumulación cerca del suelo.

La configuración atmosférica resultó determinante. El flujo de viento del sur transportó la pluma de humo desde los incendios declarados en el centro peninsular hasta el valle del Guadalquivir. Posteriormente, la estabilidad atmosférica y la inversión térmica favorecieron que la contaminación quedara atrapada sobre la ciudad durante horas, impidiendo su dispersión incluso cuando la dirección del viento comenzó a modificarse ligeramente al caer la tarde.

Los especialistas en calidad del aire recomiendan durante este tipo de episodios evitar el ejercicio físico intenso en el exterior, reducir el tiempo de permanencia al aire libre, mantener cerradas las ventanas cuando la concentración de partículas sea elevada y prestar especial atención a las personas más vulnerables. En caso de tener que permanecer en la calle durante un periodo prolongado, el uso de mascarillas FFP2 puede disminuir de forma significativa la inhalación de partículas finas.

Aunque las concentraciones de contaminación descienden habitualmente cuando cambia la situación meteorológica o desaparece la fuente emisora, los expertos recuerdan que la exposición repetida a niveles elevados de partículas constituye uno de los principales factores ambientales relacionados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por ello, la vigilancia de estos episodios y la información a la población resultan esenciales cuando fenómenos extraordinarios, como los grandes incendios forestales, terminan afectando a territorios situados a cientos de kilómetros del foco del fuego.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha solicitado varios informes periciales sobre el origen del incendio que este viernes quemó unas 200 hectáreas en las inmediaciones de Cerro Muriano. Según ha podido saber este periódico, los agentes que investigan el siniestro tratan de dilucidar si ha habido alguna imprudencia o se ha tratado de un accidente fortuito.

El fuego se inició cuando un camión cargado de paja comenzó a arder, por causas que aún se desconocen. El vehículo sufrió el siniestro a la altura del kilómetro 255 en dirección a Badajoz de la carretera N-432. El camión quedó junto a la cuneta, por lo que el fuego en su interior prendió rápidamente al monte cercano, el paraje conocido como Torreárboles (el punto más alto del término municipal de Córdoba). Además, el incendio devoró muy rápidamente el camión y el fuego provocó varias explosiones de los neumáticos del vehículo, lo que hizo que se extendiera rápidamente por el monte.

Los agentes del Seprona han solicitado informes periciales tanto a los agentes de Medio Ambiente, especializados en analizar este tipo de siniestros, como a otros expertos que permitan saber qué pudo ocurrir con el camión y cómo se incendió. También se ha solicitado documentación al propietario del vehículo sobre su estado y sus últimas revisiones.

De momento, los agentes no han citado a ninguna persona en calidad de investigado, hasta que no se determinen las causas que pudieron provocar el incendio en el camión cargado de paja, que justo acababa de superar un importante desnivel en la carretera N-432.

Mientras tanto, agentes del Infoca siguen en la zona del incendio. El fuego no se ha dado por extinguido, ya que sigue habiendo rescoldos que vuelven a humear y que tienen riesgo de una regeneración del fuego. Además, se ha investigado ya el interior del incendio y se ha determinado que hay zonas que no han ardido completamente, y arboleda que incluso ha podido sobrevivir.

El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas, especialmente de la zona de Torreárboles. El incendio quedó acotado entre la nueva N-432 y la antigua carretera. Esta antigua carretera actuó como una especie de cortafuegos y facilitó mucho al Infoca los trabajos de extinción, ya que se pudo movilizar rápidamente maquinaria pesada. Los bomberos forestales también usaron fuego técnico para frenar el avance del incendio y evitar que pudiese superar la carretera y encajarse en la sierra, camino incluso de Córdoba capital.

Cada verano, cuando los incendios devoran la Península Ibérica, nos acordamos del campo. Que si los pueblos están vacíos, que si se ha dejado de cuidar el bosque, que si algo hay que hacer para evitar que arda todo sin control. Este jueves, por primera vez, se ha decretado el máximo nivel de emergencia en España, el 3, solo activado durante el apagón, por una sucesión de fuegos sin control que están entrando en Madrid. Y esto que es una tragedia no deja de ser también una metáfora.

En su último libro La fosa abierta. Anarchivo emocional de un milagro económico (Anagrama), Brigitte Vasallo, se interesa por la ruralidad y por esas comunidades “campesinas” que durante siglos han convivido en su entorno sin provocar desastres naturales ni cambios climáticos. Vasallo reflexiona sobre el mito franquista del campo, idealizado pero del que todo el mundo huye. Y del supuesto milagro económico que supuso una emigración masiva a las ciudades que vació los pueblos.

De todos los movimientos sociales, el trasvase del campo a la ciudad (y en ocasiones de las ciudades al mundo rural) es el que ha marcado el ritmo de la historia planetaria. De las primeras enfermedades en la prehistoria, con la fundación de los primeros núcleos urbanos donde se hacinaban personas y animales, al ultracapitalismo actual en el que se construyen megalópolis a la vez que se vacía el interior de los países.

España, obviamente, no es una excepción, aunque con sus singularidades. Una población que se concentra en la extraña capital (la única europea justo en el centro, sin un gran río) o en la costa (turismo y a servir). Y que se marcha de los pueblos en un país en el que lo rural siempre tiene un adjetivo peyorativo o condescendiente. Lo rural como sinónimo de inculto, cateto, salvaje o pobre. Cuando muchas veces es justamente al revés.

Con los incendios se vuelve a mirar a los pueblos pero de nuevo desde las ciudades, como si fueran culpables en lo rural de lo que pasa. De que se abandone el monte o la tierra de cultivo. Sin pensar en que cuando eso ocurre casi siempre es por decisiones que se toman desde la supuesta comodidad de una ciudad.

Si el monte no se pastorea es precisamente por la falta de rentabilidad de una actividad económica tan antigua como cuando el homo sapiens dejó de ser cazador recolector. La ganadería extensiva no es rentable. Nadie en su sano juicio, salvo enamorados de lo rural, se plantea una actividad en la que no solo va a perder dinero. Es probable que también la salud.

Si la superficie agrícola ya no se cultiva es precisamente por esa falta de rentabilidad. El cereal, tan popular en Castilla hace décadas, se paga hoy a un precio cuatro veces más barato que en los años ochenta.

Ambas faltas de rentabilidades tienen que ver mucho con la acción ciudadana en las grandes urbes, con ese quererlo todo ya y barato, en el que se vive al margen de lo que ocurre a solo una decena de kilómetros. La producción de proximidad, dicen, es cara. Puede ser. Es más barato producir comida en el tercer mundo donde a cualquier campesino se le paga una miseria que en el pueblo de al lado en el que se cobra algo digno. Pero es más rentable a largo plazo.

Un sistema rural fuerte es una frontera que protege a las ciudades. Por muchos incendios, por mucho cambio climático, si el país colapsa siempre será mejor vivirlo desde el campo que desde la ciudad, donde rápidamente se acabará todo. El campo actúa como una especie de amortiguador de golpes que le evita a las grandes ciudades. Hasta que llega un momento en el que se abandona. Y es entonces cuando esos incendios o esos efectos salvajes del cambio climático, sin nadie que los combata, entran en las ciudades. Y ahí sí que ya no hay nada que hacer.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba están investigando ya las causas que han provocado el fuego en un camión cargado de paja que a su vez ha prendido al monte y ha provocado el que es el mayor incendio de la sierra en los últimos años.

Según ha podido saber este periódico, los agentes investigan ya las circunstancias del vehículo siniestrado, un camión cargado de paja que circulaba en dirección Badajoz a la altura del kilómetro 255 de la carretera N-432. Los guardias civiles están analizando todos los detalles antes de formular una hipótesis concreta sobre el origen del siniestro.

Mientras, en la zona han trabajado hasta una treintena de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, en una intensa jornada. La Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera N-432. Actualmente, está abierta en un carril en la zona del siniestro, ya que el Infoca y los bomberos siguen trabajando sobre el vehículo siniestrado. La paja tarda mucho en arder y será complicado retirar pronto el vehículo siniestrado. Eso sí, se da paso alternativo en la zona.

No obstante, la carretera que sigue cortada es la antigua N-432. El fuego ha llegado a traspasar la carretera en dirección este y la vía es actualmente una zona de trabajo de extinción por agentes del Infoca, que tratan de contener el avance de las llamas.

La Diputación asegura que el incendio de Cerro Muriano “no presenta riesgo”

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano “no presenta riesgo” en estos momentos y ha destacado que el objetivo prioritario es “colaborar con el operativo” desplegado para su extinción.

Así lo ha señalado tras desplazarse hasta la zona afectada para conocer de primera mano la evolución del incendio y seguir junto a los servicios de emergencia las labores de control y extinción del fuego.

Fuentes, además, se ha dirigido hasta el albergue provincial de Cerro Muriano, donde se desarrolla el programa de Ocio y Tiempo Libre de la institución provincial, desde donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que “no existe riesgo para los niños”. El presidente ha añadido que, no obstante, “todo está preparado por si hubiera que actuar de manera ordenada y planificada”.

La Diputación de Córdoba mantiene activados los recursos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. En estos momentos trabajan sobre el terreno seis efectivos y dos vehículos nodriza para reforzar las labores de apoyo al dispositivo.

El presidente de la Diputación ha señalado que “el objetivo prioritario es colaborar con el operativo para controlar el incendio lo antes posible y garantizar la seguridad de las personas en permanente coordinación con el resto de administraciones y servicios de emergencia”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado la labor del Infoca y la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Córdoba.

Eran las 14:40 de este viernes. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba recibe el aviso de que un camión de paja está ardiendo en la N-432, dentro del término municipal de Córdoba y muy cerca de Cerro Muriano. Lo que parecía un simple suceso, las llamas se propagaron hacia la vegetación que había en los aledaños de la carretera y pronto los efectivos del Plan Infoca tuvieron que unirse para coordinar un operativo que ha desembocado en uno de los peores incendios que ha vivido la Sierra de Córdoba en los últimos años.

En primera instancia, la Guardia Civil optó por cortar el tráfico de la carretera N-432 en el tramo comprendido entre Córdoba y Cerro Muriano. Rápidamente, hasta nueve medios aéreos del Plan Infoca rondaban el cielo de Córdoba tratan de que las llamas no llegasen a las viviendas del entorno. Pese a ello, las autoridades decidieron desalojar de manera preventiva las parcelaciones de Torreárboles y Villa Alicia, y se incidió en la vigilancia sobre el casco urbano de Cerro Muriano.

Porque la principal preocupación es el núcleo poblacional que hay en Cerro Muriano. Las llamas avanzaban sin control y el trabajo principal de los medios aéreos se centró en tratar de frenar que el incendio se pudiera dirigir a esta zona. Las labores estaban focalizadas en que el fuego cogiera rumbo hacia el oeste de Torreárboles a la espera de que la intensidad del viento menguara, aunque eso no estaba en sus manos.

Situación operativa 1 en la fase de emergencia

Conforme el incendio iba avanzando, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Córdoba. La preocupación era máxima y, de hecho, las autoridades solicitaron a la población que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Además, el Ayuntamiento abrió el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas que han sido desalojadas de forma preventiva.

Por otro lado, el puesto de mando avanzado estaba situado en pleno Cerro Muriano, más concretamente en el aparcamiento de la Feria. Mientras que muchos observaban desde la glorieta de entrada al barrio, el Plan Infoca seguía aumentando su dispositivo, esta vez con 70 efectivos por tierra y cinco autobombas. Asimismo, a los ocho medios aéreos iniciales se sumaron otros más, mientras que se completó con una Unidad Médica para prestar asistencia sanitaria en caos de necesidad.

Las horas de luz se acababan, la noche ya se acercaba. El viento hacía que el fuego marchase, esta vez, en dirección Alcolea, aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer y era el momento de paliar el avance de las llamas. Es por ello que el Plan Infoca decidió aumentar los medios sobre el terreno, con hasta 145 efectivos, ocho autobombas, tres buldóceres, dicha Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones. Además, el apoyo aéreo también incrementó, con más de 20 medios entre helicópteros y avionetas.

El incendio en el Castillo de la Albaida en el recuerdo

El último suceso de este estilo que ha sucedido en la Sierra de Córdoba tuvo lugar en 2025 cuando la chispa de un vehículo o la colilla de un conductor imprudente provocó un incendio que quemó 84 hectáreas y obligó a desalojar a medio millar de personas. Más de 300 personas pasaron la noche del 22 de julio de 2025 -apenas un año y dos días antes- fuera de sus casas. Aunque es un incendio que guarda algunas similitudes con el actual.

Como el actual, el incendio del Castillo de la Albaida se originó en una cuneta de la carretera que sube a Trassierra y como en 2025 también hubo una primavera bastante lluviosa, la vegetación hizo que se propagase unas llamas que estuvieron candentes, al menos, por dos días. El resultado fue que se quemaron 84 hectáreas y el susto en el cuerpo para muchas personas que vieron como sus viviendas estaban en peligro en apenas segundos.

Además, y como ya se comentó entonces, esto es un aviso para lo que resta del verano. La situación tras las lluvias de primavera es especialmente sensible. En el monte y en el campo abunda el pasto seco, de grandes dimensiones y que nadie ha retirado. A poco que vuelva a saltar una chispa en un día caluroso y seco, y con viento, se podrá provocar un enorme fuego, con consecuencias incluso peores.

Un error administrativo e informático ha obligado a la Junta de Andalucía a reiniciar desde cero la tramitación de 53 actuaciones hidráulicas consideradas estratégicas para la comunidad autónoma. Las obras nunca llegaron a ejecutarse porque los procedimientos de contratación quedaron bloqueados en un punto clave: su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), un trámite obligatorio para los contratos sujetos a regulación armonizada.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha comenzado a publicar las resoluciones de desistimiento de estos expedientes después de constatar que todos ellos adolecen de un defecto insubsanable. La consecuencia es que deberán volver a licitarse, aunque podrán conservarse algunos trámites administrativos ya realizados para agilizar el nuevo procedimiento.

Entre las actuaciones afectadas figuran dos proyectos especialmente relevantes para la provincia de Córdoba: la obra de abastecimiento en alta desde El Cerrillo hasta Cerro Muriano, con un presupuesto de licitación de 12,67 millones de euros, y el proyecto de agrupación de vertidos y construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almodóvar del Río, valorado en 10,24 millones de euros. Ambos procedimientos quedan ahora anulados y tendrán que comenzar nuevamente su recorrido administrativo.

Un error que pasó inadvertido durante dos años

El origen del problema se remonta a febrero de 2024, cuando la Unión Europea modificó la plataforma utilizada para remitir los anuncios de licitación destinados al Diario Oficial de la Unión Europea.

Según el informe elaborado por la Secretaría General del Agua, durante el proceso de alta se creó por error una cuenta en la plataforma de pruebas denominada TED eNotices2 EU Tender Preview en lugar de hacerlo en la plataforma oficial de producción, TED eNotices2 EU Tender. Ese error inicial nunca fue detectado y se fue transmitiendo entre los distintos funcionarios encargados de la contratación conforme se producían relevos de personal.

La equivocación resultó especialmente difícil de descubrir porque ambas plataformas eran prácticamente idénticas, según consta en los diferentes informes de desestimiento, publicados por el gobierno andaluz en la plataforma de contratación. Además, el sistema de pruebas generaba exactamente la misma documentación y enviaba un correo electrónico de confirmación muy similar al definitivo, sin advertencias visibles de que se trataba únicamente de una publicación de prueba. En la práctica, los funcionarios recibían un mensaje que daba a entender que el anuncio había sido publicado correctamente, cuando en realidad nunca abandonaba el entorno de previsualización.

La alerta llegó cuando no aparecían los anuncios

El fallo permaneció oculto durante meses hasta que un funcionario de nueva incorporación trató de descargar uno de los anuncios desde el DOUE y comprobó que el enlace no funcionaba.

Tras abrir una incidencia ante la propia plataforma europea, recibió la respuesta definitiva: todos los anuncios habían sido enviados al entorno de pruebas y, por tanto, jamás habían sido publicados oficialmente. Incluso los números de referencia remitidos automáticamente por el sistema eran ficticios y no correspondían a publicaciones reales.

A partir de ese momento, la Secretaría General del Agua comunicó la incidencia a la Viceconsejería y cifró el alcance del problema en 53 expedientes de contratación que comprendían 105 contratos de distinta naturaleza administrativa. Entre ellos se encuentran las 55 obras ahora afectadas por los desistimientos, además de contratos de dirección de obra, asistencias técnicas y coordinación de seguridad y salud.

El propio informe interno señala que el error pudo mantenerse durante tanto tiempo por varios factores: la continuidad de la plataforma de pruebas una vez finalizado el periodo de adaptación, la elevada rotación del personal del servicio de contratación, la presencia mayoritaria de funcionarios interinos y la ausencia de personal con experiencia suficiente para detectar la anomalía.

El Gabinete Jurídico de la Junta concluyó que no existía margen para mantener vivos los procedimientos. Al tratarse de contratos sujetos a regulación armonizada, la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea constituye un requisito obligatorio cuya ausencia supone un vicio insubsanable. Por ello, los letrados consideran que no cabe ninguna excepción basada en el interés general y que todos los procedimientos deben ser objeto de desistimiento antes de volver a convocarse.

Las resoluciones publicadas recuerdan además que la Ley de Contratos del Sector Público establece expresamente que el desistimiento procede cuando existe una infracción no subsanable de las normas de preparación o adjudicación del contrato y que ello no impide iniciar inmediatamente una nueva licitación.

Dos proyectos clave para Córdoba

En la provincia de Córdoba, el proyecto más importante afectado es el abastecimiento en alta entre El Cerrillo y Cerro Muriano, una infraestructura llamada a garantizar el suministro de agua potable a la barriada cordobesa mediante su conexión con la red de la capital. El contrato había salido a licitación por 12,67 millones de euros y llegó incluso a recibir 36 ofertas de empresas interesadas antes de descubrirse el error que ahora obliga a reiniciar todo el procedimiento.

La otra gran actuación afectada es la agrupación de vertidos y la construcción de la nueva depuradora de Almodóvar del Río, presupuestada en más de 10,2 millones de euros. Esta infraestructura resulta fundamental para mejorar el tratamiento de las aguas residuales del municipio y adaptarlo a las exigencias medioambientales.

Ambos proyectos deberán regresar ahora a la casilla de salida administrativa. Aunque la Junta sostiene que podrán aprovechar parte de la documentación ya elaborada, será necesario volver a publicar correctamente los anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea y reiniciar el proceso de licitación antes de que las obras puedan adjudicarse y comenzar su ejecución.

Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en fase inicial un plan de acción para proteger a los vecinos cuando la calidad del aire que respiran empeore gravemente. El plan aún no está en vigor, a la espera de superar el trámite definitivo y que se publique en todos los boletines oficiales. Pero con el documento en la mano, la ciudad lleva respirando durante tres días un aire muy perjudicial a causa de la calima y el polvo en suspensión. Tan perjudicial es que según el propio plan el Ayuntamiento estaría obligado a limitar el tráfico en la ciudad para cuidar de la salud de los vecinos.

En Córdoba hay tres estaciones de medición del aire respirado: en la Asomadilla, en Lepanto y en la avenida Al Nassir (Vial Norte). Estos días, solo esta última estación está ofreciendo valores por horas y concretos sobre la calidad del aire. Y los datos no son buenos.

El contaminante más perjudicial para los ciudadanos es el relacionado con las partículas PM 10. Su nivel se mide en en microgramos por metro cúbico de aire respirado. El plan aprobado inicialmente por el Ayuntamiento establece tres umbrales de superación: a partir de 40 microgramos, un segundo por encima de los 50 y un tercero en los 80.

El plan establece un sistema de gestión basado en tres niveles de actuación según la gravedad del episodio. El primero es el umbral de activación, que se dispara cuando la media diaria de PM10 supera los 40 µg/m³ durante tres días consecutivos, sirviendo para preparar los medios necesarios. El segundo es el umbral de información, que se activa con 50 µg/m³ de PM10 o 200 µg/m³ de NO₂, obligando a informar de inmediato a la población y adoptar medidas de atenuación. Finalmente, el umbral de alerta representa la situación más grave, activándose con 80 µg/m³ de PM10 o 400 µg/m³ de NO₂, lo que requiere medidas excepcionales e inmediatas.

Un aire contaminado desde el miércoles

La ciudad lleva superando los 40 microgramos de PM10 desde las 19:00 del miércoles de esta semana. A las 21:00 del jueves se superaron ya los 50 microgramos. Y a las 2:00 de la madrugada de este viernes se han superado los 60 microgramos. Desde ese momento, no se ha bajado de esa cifra.

Con el plan en la mano, el documento contempla medidas drásticas en el tráfico. En caso de superarse los umbrales de información, se limitará temporalmente el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ejes viarios principales, permitiendo solo el paso a residentes, transporte público, emergencias y vehículos “cero emisiones”. Si se alcanza el nivel de alerta, la restricción de acceso se ampliará incluso a los residentes y al transporte de mercancías que no cuente con etiqueta de cero emisiones.

Además, se prevé la reducción de la velocidad máxima permitida en las vías de la zona urbana y el refuerzo de las líneas de transporte público para ofrecer alternativas a los ciudadanos. Otra medida innovadora es el fomento del teletrabajo; el plan insta a las empresas a promover que sus empleados realicen la jornada desde casa cuando se prevea la superación de los umbrales de contaminación. También se establecerán limitaciones horarias estrictas para la carga y descarga de mercancías en función de las etiquetas ambientales de los vehículos.

De momento, no se ha activado ninguna de estas medidas. Tampoco se ha avisado a la población de que tenga cuidado, de que limite sus actividades al aire libre, especialmente a las personas en situación de riesgo o con afecciones respiratorias. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que debilita el sistema inmunológico y fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España en 2023. Los grupos de riesgo, como personas con asma o enfermedades cardíacas, recibirán recomendaciones específicas, como reducir actividades enérgicas al aire libre o seguir estrictamente sus planes de medicación durante los picos de contaminación.

Tradicionalmente, la historiografía ha retratado la “crisis del siglo III” del Imperio romano como un periodo de colapso absoluto, marcado por guerras, epidemias y decadencia urbana. Sin embargo, la investigación titulada Where there is an ox, there is a way: multidisciplinary approach to the relevance of bovine livestock in the Roman town of Torreparedones (Baena, Spain), publicada en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports (volumen 74, 2026), ofrece una visión mucho más compleja y resiliente de este periodo. El estudio, liderado por Santiago Guillamón-Dávila, Rafael M. Martínez Sánchez y Richard Madgwick, demuestra cómo la ciudad de Torreparedones supo reorganizar sus recursos para seguir funcionando a pesar de las dificultades políticas y económicas del Imperio.

Situada en el Cerro de las Vírgenes, entre las actuales Baena y Castro del Río, Torreparedones fue una próspera ciudad de la Bética que dominaba tierras agrícolas de fertilidad excepcional. A finales del siglo II y durante el siglo III, diversos edificios públicos comenzaron a ser abandonados, pero esto no significó el fin de la ciudad. Las termas orientales, el complejo termal más grande de la urbe, dejaron de usarse como baños para convertirse en un enorme vertedero urbano rico en desechos domésticos e industriales.

En este vertedero se han recuperado en los últimos años de excavaciones casi 10.000 restos óseos, de los cuales unos 4.400 fueron identificados taxonómicamente. Lo más sorprendente es que, mientras en otros yacimientos de la época predominan ovejas o cerdos, en Torreparedones el ganado vacuno constituía el 50% de la cabaña ganadera principal.

El buey como motor de la economía

El análisis reveló que los bovinos no se criaban principalmente por su carne, sino como una inversión a largo plazo. Más del 70% de los animales alcanzaron edades adultas avanzadas, superando los seis años, y algunos llegaron a vivir más de quince años. Esta longevidad extrema es incompatible con una producción cárnica exclusiva, lo que indica que estos bueyes eran auténticos “motores” utilizados para arar los campos de cereal y transportar mercancías.

La evidencia física del trabajo quedó grabada en sus huesos: los científicos detectaron patologías articulares y alteraciones biomecánicas (exostosis y eburnaciones) en las falanges y extremidades, marcas inequívocas de un intenso esfuerzo físico prolongado en labores de tiro y tracción.

Uno de los descubrimientos más fascinantes del estudio, obtenido mediante el análisis de isótopos de estroncio (87Sr/86Sr), es que no todos los bueyes eran de origen local. Algunos ejemplares procedían del centro-oeste de la Península Ibérica, lo que implica movimientos de animales vivos a lo largo de cientos de kilómetros a través de la red de calzadas romanas. Esto sugiere que la economía de Torreparedones era lo suficientemente sólida como para importar “tecnología de tracción” de calidad desde otras regiones para mantener su productividad agrícola.

Incluso después de su vida útil en el campo, el buey seguía aportando valor. Los restos muestran una actividad de carnicería altamente sistemática y profesionalizada, con marcas de despiece estandarizadas para separar cabezas, desarticular extremidades y extraer médula ósea.

Nada se desperdiciaba: tras el consumo de la carne, los huesos (especialmente los metapodiales por su forma compacta) se reciclaban como materia prima artesanal. Casi el 40% de los residuos de la industria ósea de la ciudad pertenecían a bovinos, transformados en agujas, mangos, alfileres y otros utensilios cotidianos.

Identidad y símbolo: Bora Cerealis

Esta dependencia vital del buey podría estar ligada a la identidad misma de la ciudad, identificada posiblemente con Bora Cerealis. El nombre ya alude al cultivo de cereal, pero las monedas acuñadas en este municipio refuerzan la conexión: muestran un buey en el reverso, convirtiendo al animal en el emblema oficial de la riqueza local, al mismo nivel que el trigo en Carmo o el atún en Gades.

El estudio concluye que Torreparedones no sufrió un colapso repentino, sino que demostró una notable capacidad de adaptación. A pesar de la desaparición del lujo urbano y la monumentalidad del Alto Imperio, la ciudad mantuvo una economía ganadera especializada y tecnificada que le permitió sobrevivir hasta el siglo V después de Cristo, cuando factores como la escasez de agua pudieron forzar su abandono definitivo.

Un decreto firmado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha rechazado ejercer el derecho de tanteo para la adquisición de tres de los cines de verano de la ciudad. Hace unas semanas, el propietario del Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, Antonio Amil Corredera, trasladó al Ayuntamiento que había recibido una segunda oferta para la adquisición de estos tres espacios. La oferta procedía de la asociación cultural Espacio Artístico Protegido y elevaba la cuantía a 850.000 euros.

Hace meses, el propio Ayuntamiento ya renunció a ejercer el derecho de tanteo para la compra de los cines. Esta vez fue tras la compra de los espacios por el empresario Antonio Amil a los herederos de Martín Cañuelo, el histórico empresario que mantuvo vivos los cines de verano durante décadas en el corazón del casco histórico. Entonces, solo constaba la renuncia. Ahora, el decreto del alcalde viene acompañado por un informe firmado por la jefa de la Unidad de Patrimonio y Equipamiento del Ayuntamiento de Córdoba.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de tanteo sobre estos equipamientos. De hecho, esta funcionaria insta al empresario a acudir a la Junta de Andalucía, que es la que sería competente en función de la Ley de Patrimonio de la región. El decreto del alcalde recoge la propuesta de esta técnica e inadmite el escrito presentado el 13 de julio por Amil. Ese escrito también está firmado por la asociación cultural Espacio Artístico Protegido.

El fundamento jurídico principal del rechazo municipal reside en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El informe de la Jefa de la Unidad de Patrimonio subraya que, según el artículo 17 de dicha norma, las transmisiones de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz —o situados en Conjuntos Históricos e incluidos en catálogos urbanísticos, como es el caso de estos cines— están sujetas al derecho de tanteo y retracto. No obstante, la ley establece que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene un carácter preferente sobre el municipio para ejercer este derecho.

El documento técnico advierte que, al no constar que los propietarios hayan notificado de forma fehaciente su voluntad de vender a la Administración autonómica con los dos meses de antelación que exige la ley, se estaría incurriendo en un incumplimiento legal. Por este motivo, el Ayuntamiento sostiene que no puede pronunciarse sobre si ejerce o no su derecho subsidiario hasta que la Junta de Andalucía lo haga primero. En consecuencia, el decreto del alcalde inadmite el escrito presentado por Antonio Amil y la asociación interesada, instándoles a que trasladen formalmente la oferta a la Junta.

Un conflicto de competencias

Recientemente, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Junta que valore el derecho de retracto sobre la primera operación de compraventa (realizada en marzo por 300.000 euros), al entender que no se cumplió con la notificación previa obligatoria. Sin embargo, el propietario actual, Antonio Amil, ha mantenido que la Junta carece de tales facultades preferentes porque los inmuebles no gozan de una protección individualizada en el catálogo autonómico, considerando que la postura municipal es una estrategia para “ganar tiempo”.

Por su parte, la nueva oferta de 850.000 euros presentada por la asociación Espacio Artístico Protegido incluía el compromiso expreso de mantener la actividad cinematográfica estival y ampliar el uso de los recintos para otras artes escénicas durante el resto del año. Amil defendió esta propuesta como una “vía” para que el Consistorio se hiciera con los locales si existía voluntad política, igualando las condiciones de la asociación.

El informe jurídico municipal es tajante al señalar que la competencia de adquisición preferente es irrenunciable y debe seguir el orden jerárquico establecido por la legislación andaluza.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de dos años y dos meses de cárcel para la antigua directora del centro de mayores de la calle Frailes de Córdoba por los delitos de fraude y estafa. La mujer, que ha reconocido los hechos, tendrá que devolver más de 170.000 euros.

En concreto, el fallo señala que la antigua directora ocultó la muerte de uno de los residentes para seguir cobrando su pensión. También habría creado una plaza “fantasma” en la residencia para desviar el dinero de los familiares a su propia cuenta bancaria.

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, la acusada aprovechó su cargo para lucrarse mediante dos operativas distintas. En la primera de ellas, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la mujer no comunicó la defunción a la Seguridad Social para continuar percibiendo la pensión en la cuenta que el fallecido compartía con su esposa, también residente en el centro. Posteriormente, contrató una nueva cuenta bancaria a nombre de la viuda —quien padecía una discapacidad mental— y vinculó a ella un teléfono personal para operar con una tarjeta de débito. A través de esta maniobra, realizó 20 operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias a una cuenta de su propia hija menor de edad, apoderándose de un total de 37.808 euros.

La segunda trama delictiva se extendió durante casi una década, entre 2013 y 2022. La condenada, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ideó la creación de una plaza adicional en la enfermería del centro que no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía. La mujer firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en una cuenta bancaria personal o compartida con su hija. Para evitar que el fraude fuera detectado por la institución, la directora no inscribía a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios. Mediante este sistema de “plazas fantasma”, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes.

El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que la acusada reconoció los hechos antes del juicio y realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado. Finalmente, la condena se divide en cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado este martes a Adolfo Molina como delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Córdoba, de manera que continuará al frente de la máxima representación institucional de la Administración autonómica en el territorio, cargo que desempeña desde septiembre de 2022. La decisión forma parte de la configuración del nuevo Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno tras el inicio de la nueva legislatura.

Con este nombramiento, el dirigente popular nacido en Cabra mantiene la responsabilidad de coordinar la acción de todas las delegaciones territoriales de la Junta en la provincia y de ejercer como principal representante del Gobierno andaluz en Córdoba. Entre sus funciones figuran la coordinación de las políticas autonómicas, el seguimiento de los proyectos estratégicos impulsados por la Junta y las relaciones institucionales con el resto de administraciones y agentes sociales y económicos de la provincia.

Tras conocerse su continuidad en el cargo, Molina agradeció la confianza depositada por el presidente de la Junta y por el conjunto del Ejecutivo autonómico. “Gracias al presidente por la confianza depositada en mí, a todo el Gobierno y vamos a seguir trabajando por Córdoba. Que esta tierra siga creciendo”, manifestó en sus primeras declaraciones tras la ratificación.

Adolfo Molina afronta así un nuevo mandato al frente de la Delegación del Gobierno después de casi cuatro años desempeñando esta responsabilidad. Fue designado por primera vez en agosto de 2022, sustituyendo a Antonio Repullo, quien pasó a ocupar la Secretaría General del Partido Popular de Andalucía. Desde entonces ha ejercido como máximo representante del Ejecutivo andaluz en Córdoba, coordinando la actividad de las distintas consejerías en la provincia y defendiendo proyectos como las inversiones sanitarias, educativas, patrimoniales, hidráulicas e industriales impulsadas por la Junta.

Antes de acceder a la Delegación del Gobierno, Molina desarrolló una amplia trayectoria política en el Partido Popular. Fue diputado en el Parlamento de Andalucía entre 2012 y 2022, secretario general del PP de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento de Cabra, municipio del que es natural.

La agricultura y la ganadería cada vez es más costosa. Al menos en origen. En la Península Ibérica, el gran cultivo y el que siempre ha tenido la imagen de ser muy rentable, es el olivar, una producción milenaria que ya hizo rica a Hispania. En Roma sobrevive un monte artificial, el Testaccio, que creció por las ánforas arrojadas allí y que habían llegado llenas de aceite de oliva procedentes de la Península.

Hace unos 20 años, los agricultores consideraban que un buen precio para su cosecha era cobrar unos tres euros por kilo de aceite de oliva producido. Pero en las dos últimas décadas, los costes de producción han aumentado tanto que un reciente estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) considera que para que el cultivo siga siendo rentable los agricultores tienen que percibir un mínimo de cinco euros por kilo de aceite producido. Y eso es algo que actualmente no está pasando.

Este alarmante diagnóstico forma parte de la sexta actualización del estudio Aproximación a los Costes del Cultivo del Olivo, coordinado por José María Penco y actualizado a julio de 2026. El informe revela una escalada de gastos sin precedentes: los costes medios de producción se han elevado alrededor de un 57% en apenas los últimos seis años. Esta subida se ha producido en dos tramos; un incremento cercano al 40% entre 2020 y 2023, al que se ha sumado un 12% adicional detectado entre 2023 y 2026. Para entender la magnitud de la crisis, lo que en el primer estudio de 2010 se consideraba un precio satisfactorio —los ya mencionados tres euros por kilogramo— es hoy totalmente insuficiente para cubrir los gastos de la mayoría de los sistemas de cultivo.

La realidad del mercado en julio de 2026, con un precio medio ponderado de 3,265 euros por kilo, sitúa a gran parte del sector por debajo de la rentabilidad. Pero eso es algo que solo ocurre en España. En el resto de países productores es raro ver precios en origen por debajo de los cuatro euros el kilo. Es más, en Italia incluso se paga de media a nueve euros, algo que siempre ha demandado AEMO: concienciar a los consumidores del precio real de la producción de algo tan valioso como el aceite de oliva.

El estudio de costes según el tipo de olivar

La metodología empleada por AEMO, en colaboración con expertos de la Universidad de Córdoba y el Ifapa, ha analizado cuatro grandes sistemas de cultivo para determinar sus umbrales de supervivencia económica. El sistema más castigado es el Olivar Tradicional No Mecanizable (OTNM), típico de sierra o montaña con pendientes superiores al 20% que impiden el uso de maquinaria para la recolección. En estas explotaciones, el coste total de obtención de un kilo de aceite se dispara hasta los 5,31 euros por kilo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad extrema. Le sigue el Olivar Tradicional Mecanizable (OTM), con pendientes más moderadas que permiten cierta mecanización, pero que aun así presenta costes de 4,67 euros en secano y 4,18 euros en regadío. Estos dos sistemas tradicionales son el corazón del sector, ya que representan más de la mitad de la superficie de olivar cultivada en España.

El estudio de 2026 introduce como gran novedad la inclusión sistemática de la renta de la tierra y los costes de amortización de la plantación, calculados para un periodo de 25 años. Por ejemplo, en el olivar de seto en regadío, la inversión inicial necesaria alcanza los 11.986 euros por hectárea, incluyendo la preparación del terreno, la instalación del emparrado y el sistema de riego. Estos factores elevan el precio necesario para no perder dinero. Incluso en los sistemas más eficientes, como el Olivar Superintensivo o en Seto (OS), que permite una recolección integral con cosechadora, los costes totales no bajan de los 3,08 euros por kilo en regadío y 3,17 euros en secano. El olivar intensivo, con densidades de entre 200 y 600 árboles por hectárea, se sitúa en un punto intermedio con costes de 3,52 euros en secano y 3,20 euros en regadío.

La composición del gasto diario del agricultor también ha sufrido una transformación profunda. Los precios unitarios de la mano de obra se han fijado en este estudio según la media de los convenios del campo de Córdoba y Jaén para 2025: un trabajador cualificado (tractorista o podador) percibe 10,46 euros por hora, mientras que el peón cobra 9,85 euros a la hora. A esto se suma el coste de la energía y la maquinaria; operar un tractor de 95 caballos cuesta actualmente 47,20 euros por hora, una cifra que ya incluye la amortización, el combustible, el mantenimiento y el propio salario del operario.

Dentro de las labores de cultivo, la recolección sigue siendo la partida más pesada, suponiendo cerca del 40% de los costes totales en los sistemas tradicionales. La optimización de esta tarea mediante la máxima mecanización posible es, según AEMO, la clave absoluta para buscar la rentabilidad. Por otro lado, los costes de riego, que a menudo son ignorados por los propietarios debido a la mayor producción que generan, representan ya en torno al 20% del total de gastos en las explotaciones que cuentan con suministro de agua. La fertilización, por su parte, supone aproximadamente el 15% del total, aunque los expertos advierten que muchos agricultores gastan más de lo necesario al no realizar análisis foliares previos que indiquen las carencias reales del árbol.

El olivar de sierra en peligro de extinción

La situación es especialmente dramática para el olivar de sierra, donde la alta pendiente impide el cambio de sistema o el aumento de la mecanización para recortar gastos. Ante este escenario, AEMO propone que la única salida para estas explotaciones de sierra es la diferenciación: aumentar el valor añadido del aceite aprovechando su alta intensidad aromática y su contenido en biofenoles, así como apostar por la producción ecológica. Además, el informe sugiere potenciar el oleoturismo vinculado a estos paisajes singulares como una fuente de ingresos complementaria y reclama ayudas públicas adicionales que reconozcan el valor social y medioambiental que este tipo de olivar aporta a las comarcas más desfavorecidas.

El sector se enfrenta a una encrucijada vital. Con unos costes que han crecido de forma estable y desproporcionada frente a unos precios en origen marcados por la volatilidad, la supervivencia del olivar tradicional —que sustenta a miles de familias y municipios en España— depende de tres vías: el aumento del precio del aceite mediante la promoción y el fomento de la demanda, la reducción de costes a través de una mecanización extrema o la reconversión racional hacia sistemas más intensivos. Sin un escenario de precios que ronde los cinco euros por kilo, la mayoría de las explotaciones tradicionales españolas se verán forzadas a producir bajo el umbral de la rentabilidad, poniendo en riesgo el futuro de este cultivo milenario.

El Ministerio de Sanidad ha activado para los tres próximos días el riesgo de nivel naranja en el tercio norte de la provincia de Córdoba. En cambio, es amarillo en el Valle del Guadalquivir y la Campiña, y nulo (verde) en el tercio sur, según ha difundido a través de su canal oficial.

La provincia de Córdoba afronta la llegada a partir de este martes de un nuevo episodio de calor intenso. Eso sí, el nivel de aviso difiere con respecto a los umbrales que establece la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Aemet ha activado el aviso naranja solo en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña de Córdoba, y amarillo en el resto. En el Valle del Guadalquivir la agencia prevé temperaturas máximas de 41 ºC. Mientras, tanto en el norte como en el sur de la provincia, las máximas serán de 39 ºC, aunque no se descarta que puntualmente se puedan alcanzar los 40 ºC.

En Córdoba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene que prever al menos tres tardes consecutivas con temperaturas máximas superiores a los 41,3 ºC para que el Ministerio de Sanidad active el aviso a la población. El año pasado el sistema apenas funcionó, a pesar de que el umbral era un grado inferior: 40.4 ºC durante tres tardes seguidas.

En el nuevo mapa, Sanidad ha dividido la provincia en tres: Norte, centro y sur. El centro incluye al Valle del Guadalquivir y la Campiña. El sur, a la Subbética. Para esta comarca, el umbral es el mismo que para el Valle del Guadalquivir, donde históricamente hace más calor. En el norte de la provincia, el umbral se activará a partir de los 38,2 ºC previstos durante al menos tres tardes consecutivas.

Tercer verano de cambios

En la primavera del 2024, el Gobierno decidió elevar el umbral de calor en Córdoba y hacerlo para toda la provincia. Así, se fijó en 41,4 ºC durante, al menos, tres días consecutivos. Y se hizo para toda la provincia. Daba igual que en el norte o en el sur, lejos del Valle del Guadalquivir, las temperaturas no sean tan extremas. Pero después, en 2025, se propuso y aprobó una rebaja de un grado y activar el plan especial a partir del momento en el que el estudio ha concluido que se dispara la mortalidad en Córdoba con un objetivo claro: evitar que muera gente por las altas temperaturas.

La provincia de Córdoba se sitúa en el top de territorios españoles que más sufre las peores consecuencias del calor: es la provincia andaluza con la tasa de mortalidad más alta (la tercera de España) y la cuarta provincia en número de muertes por las altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las nuevas bases que regularán las autorizaciones para el desarrollo de actividades de expresión artística en la vía pública a partir de 2027, un cambio que supone una modificación profunda del sistema vigente hasta ahora. La principal novedad es que las bases pasarán a tener vigencia indefinida, de forma que desaparecerá el modelo de convocatorias cuatrienales y los artistas podrán renovar anualmente sus licencias siempre que sigan cumpliendo los requisitos exigidos.

El decreto, firmado por el concejal delegado de Seguridad, Vía Pública y Fondos Europeos, Jesús Manuel Coca, justifica este cambio en la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del sistema anterior. Según recoge el documento, la adjudicación por periodos de cuatro años había terminado dejando fuera a artistas que llegaban con posterioridad al inicio de la convocatoria, una circunstancia derivada de la movilidad propia de este tipo de actividad. Por ello, el Ayuntamiento opta ahora por un modelo de renovación anual, sometido a la comprobación periódica de que los titulares mantienen las condiciones exigidas para ejercer la actividad.

Las nuevas bases también incrementan el número de autorizaciones disponibles. Si hasta ahora el Ayuntamiento ofertaba 55 espacios para artistas callejeros, la convocatoria de 2027 contempla un máximo de 60 autorizaciones anuales, de las que 55 estarán destinadas a cualquier modalidad artística y cinco se reservarán para actividades artesanales.

Entre las disciplinas que podrán acceder a estas licencias figuran la música —en solitario o en grupos de hasta cuatro integrantes—, la mímica, las estatuas humanas, el teatro, los títeres, la danza, las actividades circenses como malabares, la magia, la globoflexia, la pintura, el retrato, la caricatura, la fotografía artística y la artesanía, además de otras manifestaciones que el Ayuntamiento considere asimilables.

El plazo arranca en octubre

Otra de las novedades es la fijación de un calendario estable para tramitar las autorizaciones. Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 y el 31 de octubre de cada año, mientras que las licencias concedidas tendrán vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio siguiente, respondiendo así a una petición que los propios artistas venían trasladando al Consistorio, ya que hasta ahora el procedimiento se desarrollaba durante el verano.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene el sistema de concurrencia competitiva cuando el número de solicitudes supere las autorizaciones disponibles y prevé recurrir al sorteo para resolver posibles empates. Asimismo, las bases reorganizan y clarifican los requisitos exigidos para cada modalidad artística e introducen mejoras en la declaración responsable que deberán presentar los solicitantes.

El documento también mantiene la distribución de las actuaciones por diferentes zonas de la ciudad, entre ellas el Centro, el entorno de la Ribera, San Basilio o el Casco Histórico, e incorpora un sistema de rotación obligatoria para evitar la ocupación permanente de un mismo espacio. Los artistas deberán cambiar periódicamente de ubicación y de zona, una medida con la que el Ayuntamiento pretende favorecer la convivencia ciudadana y repartir el uso del espacio público.

En la exposición de motivos, el Consistorio defiende que el arte callejero constituye una aportación a la vida cultural de Córdoba y a su atractivo turístico, pero subraya la necesidad de compatibilizar estas actividades con el descanso vecinal, la accesibilidad y el uso común de la vía pública. El objetivo de las nuevas bases, añade, es ordenar estas manifestaciones artísticas, impulsar actuaciones de calidad y facilitar un acceso más flexible a las autorizaciones sin renunciar al control municipal sobre el dominio público.