La noche del día 8 de agosto de 2025 pasara a la historia de la ciudad y quedará grabada en la memoria de los cordobeses. Las redes sociales difundieron unas imágenes sobrecogedoras, la Mezquita Catedral estaba ardiendo. Las llamas sobresalían de los tejados y el humo podía verse desde toda la ciudad. Una profunda angustia se apoderó de los cordobeses, nuestra Mezquita ardiendo no, no, eso sí que no. Pero sí, estaba ocurriendo, nuestra Mezquita, Patrimonio de la Humanidad y Monumento de Valor Excepcional, orgullo de la ciudad, muestra de la grandeza de su pasado histórico, estaba ardiendo. La rápida y entrenada actuación de los bomberos impidió que el daño fuese catastrófico. Pero hubo daño y susto, mucho susto. Un hecho que ha sido destacado por los medios de comunicación no solamente españoles.

Un monumento de la categoría de nuestra Mezquita, único en el mundo, requiere una atención, vigilancia y dedicación muy especial, porque la consideración de Patrimonio Universal es un galardón que requiere la exigencia, en primer lugar de mantener y no modificar las condiciones por las que alcanzó la denominación. El Cabildo no ha cesado de “cristianizar” su interior, con constantes añadidos, disfrazando el templo original y hasta ocultando el nombre de Mezquita. Lo último ha sido ignorar la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a reponer la celosía de Rafael de la Hoz que fue destruida. En segundo lugar cuidar de la seguridad del monumento. No se puede habilitar un cuarto lleno de muebles en el mismo lugar dónde se cargan las baterías de aparatos eléctricos. Una negligencia imperdonable que ha estado a punto de provocar una catástrofe.

No es primer incendio que se produce. En el año 2001 hubo otro en el archivo, próximo al mihrab, que contiene documentos datados desde el siglo XIII y ardieron 25 legajos a causa de otra negligencia al dejarlos abandonados en una ventana.

Es muy preocupante que la gestión que se hace del monumento, en manos del Cabildo, produzca estos accidentes que ponen en serio peligro nuestra joya arquitectónica andalusí. Un monumento de estas características no debe ser gestionado por el Cabildo en solitario, porque no es solamente de la Iglesia es un monumento con unas características singulares y lo que le suceda nos afecta a todos, por tanto deben participar también en su gestión las administraciones públicas que nos representan. Es la garantía de que se tomen medidas y controles para que circunstancias como las que han provocado los incendios, no se repitan. Esta reivindicación de que su gestión sea pública se viene produciendo desde hace tiempo por parte de un gran número de ciudadanos, no solo cordobeses, agrupados en la Plataforma Mezquita Córdoba, preocupados por las tendenciosas actuaciones y graves abandonos que sufre nuestro Monumento de Valor Excepcional.

Cuenta Javier Aroca en su libro Democracia en Alerta que Emilio Romero, conocido e influyente periodista del régimen franquista, escribió que la derecha gobierna para doscientas familias y no tiene votos suficientes para ganar unas elecciones, por tanto tiene que mentir. Hoy sabemos por experiencia que las mentiras forman parte del ADN de estas derechas herederas de la dictadura donde las mentiras eran utilizadas habitualmente.

En una sociedad que utilizara la razón como herramienta de análisis, las mentiras no tendría recorrido y serían desenmascaradas rápidamente, pero la realidad nos dice que las sociedades, en su mayoría, no funcionan con razonamientos, lo hacen con sentimientos que previamente han arraigado y conformado una forma de ver el mundo que nos rodea. El razonamiento no conduce al odio, el sentimiento sí. Razonar conduce a comprobar la veracidad de los hechos, si no se razona, simplemente se constata si coinciden con los sentimientos que se tienen. Por tanto lo importante para la derecha no es ceñirse a la verdad, lo que importa es alimentar a la parroquia. Para ello es necesario señalar a un adversario como un peligro, si además se le añade la sensación de ser atacados, el adversario pasa a ser enemigo y surge el odio que, debidamente cultivado, arraiga en el sentimiento ya predispuesto y la consecuencia, si no se pone freno a la escalada, puede desembocar en actos de violencia. Ya han comenzado a producirse.

Una democracia para que funcione correctamente debe basarse en la libertad y el respeto a la verdad. Javier Cercas afirma con razón, que la mentira es letal para la democracia. La verdad es limitada, solo se ciñe a la realidad de lo que ocurre. Las mentiras, por contra, pueden ser infinitas dependiendo de la imaginación y maldad de sus fabricantes. Las más creíbles son las que pueden ser verdad, esas son las más peligrosas porque pasan el análisis y las comprobaciones superficiales. Las derechas, que utilizan estas mentiras para atacar al adversario político lo hacen al principio de su estrategia. Una vez que se ha creado el ambiente que se pretende de desprestigio, ya deja de ser importante que las mentiras sean creíbles. Y comienza una escalada en la que se consigue profundizar en un ambiente de crispación que les favorece. Hemos visto comportamientos de este tipo en personas que destilan odio contra Pedro Sánchez. Si se les pregunta la razón, o no responden o repiten los bulos y las mentiras que han provocado la intoxicación.

Este es un sistema que no es nuevo, Josep Goebbels, responsable de propaganda del partido nazi, lo definió en sus famosos once principios, entre los cuales destacan: Principio de enemigo único, centrar los ataques en un sólo enemigo (Pedro Sánchez). Principio de transposición, cargar sobre el adversario tus propios defectos (Corrupción, mafia). Principio de orquestación,utilizar un numero pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Principio de silenciación, ocultar todos los logros del adversario contraprogramando con ayuda de los medios afines. Principio de unanimidad, hablar en nombre de toda la ciudadanía.

Podemos constatar como el PP y VOX practican esos principios nazis.

Un eje fundamental de esta estrategia es la difusión de los mensajes. Ya se tiene muy rodada la comunicación a través de los medios tradicionales afines, o creados exprofeso, sin embargo ahora la información a través de las redes sociales es el procedimiento habitual por el que se informa la mayoría de la población, especialmente joven. En este terreno no existen reglas ni deontología profesional, aquí todo vale y ahora la utilización de la IA viene en ayuda de la fabricación de “verdades alternativas”. Es el terreno abonado para que crezcan las mentiras, y se consiga expandir el odio. Basta con ver las reacciones que contienen las redes y los insultos que se prodigan para demostrar que el trabajo realizado por las derechas es muy eficaz.

Este ambiente de enfrentamiento y crispación tiene que ser respondido por los que nos consideramos demócratas. El manifiesto de los cien es el comienzo de una respuesta que hay que apoyar, no solamente con su difusión, sino con la participación activa en las redes sociales en la denuncia de las mentiras y en apoyo a las realizaciones que está haciendo este gobierno en empleo, libertades sociales, avances económicos, que son ocultadas por el conglomerado de las derechas. Nos jugamos la supervivencia de un régimen, que si llegan al poder, corre serio peligro de retroceder en derechos y libertades, basta con leer sus programas electorales, escuchar lo que dicen y ver cómo actúan.

La mentira alcanza su nivel más increíble en la imputación que hace el juez Hurtado al Fiscal General del Estado. Ya no se guardan ni las formas , ni las apariencias. Ya no se respeta la profesionalidad que se debe tener, especialmente los representantes de la Justicia. El descaro con que se produce la falta de ética y de profesionalidad es propio de un régimen fascista. Si un representante del poder democrático que tiene que garantizar el buen funcionamiento del sistema, se salta descaradamente su obligación con el ánimo de desestabilizar al Gobierno con acusaciones falsas y sin pruebas, es de una enorme gravedad. Acusar sin pruebas con un interés político es una práctica fascista.

En unas condiciones en las que todos respetaran las reglas de la democracia, esta situación no se podría haber producido. En España estamos acostumbrados a que los jueces, no todos, actúen políticamente, se manifiesten contra las leyes que emanan del poder legislativo y apliquen la legislación en favor de los intereses de Partido Popular. Pero se ha producido un avance en sus actuaciones, ahora lo hacen con el más absoluto descaro, sin importarles el descrédíto que conlleva sus escandalosas decisiones. Los Hurtado, Peinado, y un largo etcétera actúan sin recato alguno. Siguen fielmente la consigna de su inmoral Jefe: “quién pueda hacer, que haga”. Y lo hacen.

Es necesario denunciar públicamente y con la mayor fuerza posible este duro atentado que, junto al avance de la extrema derecha, pone en serio peligro nuestro sistema de libertades, basado en el equilibrio de poderes que define nuestra Constitución.

Una librería, La República de las Letras, anuncia su cierre para final de mayo. Su apertura hace ya diez años supuso una novedad. Su hermoso nombre ya lo era y además de libros ofrecía también un servicio de cafetería y bar, se podían hojear los libros al mismo tiempo que se podía tomar un café o un refresco. También se prodigó en la presentación de libros, recuerdo que aquí estuvo Josep Borrell con su último libro. Es decir, añadió una serie de atractivos que ampliaban el concepto tradicional que teníamos de una tienda de libros.

Hace pocos días se publicaba también el cierre en Salamanca de una librería tradicional para hacer pisos turísticos. ¿Cuántas más se cerrarán sin que tengamos conocimiento de ello? No puedo evitar sentir una sensación de tristeza y fracaso cuando cierra una librería. Doy por sentado que el interés por la lectura de libros nunca ha sido una preferencia para la mayoría de la gente. A esto se une el cambio que ha sufrido una sociedad que en gran parte está abandonando la costumbre de comprar directamente en las tiendas y lo ha sustituido por la compra on line, que casi ha acabado con el comercio de proximidad.

Para la mayoría, la compra de un libro no tiene prioridad no es necesario como pueden ser unos zapatos o una prenda de vestir, pero comprarlo requiere la misma liturgia que cualquier otro producto. Para comprar lo mejor es ir a una tienda ver modelos y calidades, probárselos y elegir el que más nos convenza. Comprar en una librería supone ver los libros que tienen expuestos, elegir al autor o el tema, leer la contraportada y al final decidirnos por uno o dos, eso requiere que le dediquemos un tiempo. Este rito es el que se pierde cuando desaparece una librería y para nuestra desgracia nos estamos quedando sin esa posibilidad los que aún disfrutamos informándonos, aprendiendo o relajándonos con la lectura de un libro.

Hoy se editan más libros que nunca, las editoriales se han multiplicado, los libros se anuncian en los medios de comunicación. Estos son signos de que leemos muchos libros, el 65% de la población lee en sus ratos libres, sin embargo las librerías están desapareciendo. Hoy todo se anuncia y se compra por internet, así convertimos en mil millonarios a gente como Jeff Bezos y arruinamos a los pequeños comerciantes. Es más cómodo y te lo sirven en tu casa, no te tienes que molestar en ir a la tienda.

En esta nueva sociedad a la que nos han conducido, están triunfando aquellos que quieren tenernos controlados y para ello nos facilitan al máximo las comodidades para que nos movamos lo menos posible.

Decía Peter Thiel (Milmillonario fundador de PayPal e ideólogo del trumpismo) “Yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Esta es la filosofía que impregna la nueva Administración de mil millonarios que gobierna el corazón del imperio. Lleva razón, “su” libertad y la democracia no son compatibles, por tanto, es preciso inmovilizar a la ciudadanía e “instruirla” en cómo  tiene que pensar, actuar y votar. Para ello controlan los nuevos sistemas de comunicación y al mismo tiempo hacen más cómoda la vida del ciudadano, y procuran que no se levante del sofá. En esa tarea llevan actuando hace tiempo con la implantación de publicidad, redes y plataformas, con lo que han conseguido el objetivo de alcanzar “su” libertad que les ha hecho muy ricos y además alcanzar el poder político de la primera potencia mundial.

Mientras tanto en nuestra ciudad se cierra otra ventana de “nuestra” libertad.

Todavía resiste la Luque, el día que también cierre habrá cambiado todo.

Dada la situación que se está atravesando con el protagonismo tan negativo de las decisiones judiciales, sería necesario echar la vista atrás, como siempre que ocurre cuando se llega a situaciones extremas, para repasar los fundamentos que sustentan nuestra sociedad, nuestra convivencia y nuestra estructura de gobierno, para reivindicar esos valores.

La ambición del ser humano siempre ha sido, y continúa siendo acaparar todo el poder posible: el poder absoluto. Desde la revolución francesa se abrió un camino para el reparto de ese poder. Su estructura y la forma de ejercerlo se lo debemos, en primer lugar al barón de Montesquieu, que puso en el siglo XVIII los pilares del sistema de separación de poderes frente a los absolutismos existentes.

Nuestro sistema democrático definido en la Constitución de 1978, establece ese reparto del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, a la vez que define claramente que todos emanan del pueblo. La convivencia democrática se basa, fundamentalmente, en el respeto a este reparto. A veces es necesario refrescar lo obvio para ver las tropelías que se cometen y diferenciar a los demócratas de los que no lo son.

Volviendo al barón de Montesquieu en la definición de las funciones de cada poder, decía: “No hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Porque el poder sobre la vida y la libertad del ciudadano sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador”.

He recordado a este personaje histórico, tantas veces citado y tantas traicionado, a raíz de lo que está aconteciendo en España con las decisiones escandalosas de algunos jueces que en sus decisiones pretenden ocupar el poder legislativo y el ejecutivo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo en la aplicación de la Ley de Amnistía al caso del “proces”, a fuerza de interpretarla para su conveniencia ha terminado modificando su contenido, en lugar de aplicarla con el espíritu y la letra del legislador. Pero de haberlo hecho correctamente no se podía imputar a Puigdemont, verdadero objetivo político del PP. Es el enésimo caso en el que dictan resoluciones de contenido político del ideario de la derecha, obedientes al mandato del máximo ideólogo y jefe, José María Aznar, “Quien pueda hacer, que haga. Quién pueda mover, que mueva”,

Lo escandaloso es que lo hacen con el mayor descaro. (El juez Joaquín Aguirre: “ La ley de amnistía se tumbó por mí. El Gobierno dura dos telediarios. A tomar por culo.” ) Los jueces de Sala Segunda del Tribunal Supremo (la que el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó dijo que el PP controlaba desde atrás), podían hacerlo gracias a que habían aupado a Manuel Marchena para presidirla, un magistrado que siempre que puede manifiesta la dependencia de sus decisiones a los intereses del Partido Popular.

El caso de los ERES fue utilizado por la jueza instructora, Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial de Sevilla y la famosa Sala Segunda del Tribunal Supremo, para tapar los escándalos de corrupción del PP, con el concurso interesado de sus fieles medios de comunicación. El Tribunal Constitucional ha tenido que aclarar algo que era obvio y que venían repitiendo las defensas de los acusados y juristas cualificados, de que una ley aprobada por el Parlamento, órgano legislativo, no podía ser juzgada y condenada por ningún tribunal. Sólo el Constitucional podía apreciar si su contenido se ajustaba a los derechos fundamentales. Pues bien se condenó a prisión a relevantes cargos políticos del PSOE por ese hecho. Otra cosa era la ejecución que se hiciera de esa ley, que es cuando debe intervenir la Justicia, y se hizo mal en algunos casos. Ahora el Tribunal de Garantías, como era obvio, ha resuelto el entuerto y corregido la injusticia cometida. Decía Javier Pérez Royo “El juez que dice una barbaridad en la interpretación de una norma jurídica, no solamente hace el ridículo, sino que comete un delito”. A lo que habría que añadir que se debía proceder contra ellos de oficio, porque ha habido ciudadanos y ciudadanas que han pasado un tiempo en prisión al haber sido condenados por un hecho que no podían juzgar.

El descaro sin límites llega al “Caso Peinado”, un juez mediocre, pero obediente a las directrices del PP, que da cobertura a la denuncia de los franquistas de Manos Limpias contra la esposa del Presidente del Gobierno. Ni el resultado negativo de la investigación de la Guardia Civil, ni el informe igualmente negativo de la fiscalía, ni el sentido común, le disuaden de archivar el caso. Al contrario, lo prolonga de forma torticera hasta el extremo de citarla a declarar como investigada sin haber formulado cargo alguno.

La enumeración de los casos dónde estos personajes han actuado deliberadamente para beneficiar intereses políticos sería demasiado largo. Seguro que todos recordamos más de uno.

Al menos sería de agradecer que guardaran las formas. Ya conocemos que su ideología es de derechas, pero se presume que tienen, o deben tener, una ética profesional que le obligue a no utilizar su posición para apoyar posturas políticas de forma descarada. Eso no es hacer justicia, es hacer política partidaria.

Es absolutamente inasumible, escandaloso e inconstitucional el comportamiento que tienen estos nefastos representantes del poder judicial, que actúan con la mayor impunidad, ignorando con maldad, los principios profesionales y éticos de su profesión que les obliga a juzgar con arreglo a la leyes que emanan del pueblo a través del poder legislativo. En ningún caso a modificar su contenido. Eso no se puede hacer porque entonces el juez sería el legislador y eso solo se produce en las dictaduras. Parece que es eso lo que estos sujetos añoran.

El término de “clase media trabajadora” utilizada últimamente por el Presidente Pedro Sánchez, viene a precisar una realidad que rompe con el concepto que definía las clases sociales. Tradicionalmente los considerados obreros, ahora trabajadores, ocupaban el nivel más bajo de la escala social. El crecimiento del nivel de vida les posibilitó alcanzar bienes que estaban considerados como de la clase media: vivienda, electrodomésticos, coches, vacaciones... Naturalmente la tradicional clase media también mejoró los que tenía, obligando esto a que se estableciera una nueva clasificación, clase media alta, la de siempre, y clase media baja, denominación dedicada a los recién ascendidos de la clase trabajadora. El crecimiento del nivel económico de estos contribuyentes ha hecho que su aportación al erario público aumente y sea un pilar imprescindible en la economía del país.

El ascensor ha funcionado mientras ha habido un crecimiento económico continuado que engordaba cada vez más la clase media. Pero últimamente las crisis se han sucedido con inusitada rapidez. La Gran Recesión de 2008 puso en un serio aprieto al mercado. Cuando se estaba saliendo de ella , vino la pandemia del Covid que paralizó la economía y por último, sin dar tiempo a la recuperación, llegó la guerra de Ucrania con el efecto terrible del brutal incremento del precio de la energía produciendo una galopante inflación.

Esto ha hecho que los ascensos sociales, no solo se hayan parado, sino que se ha iniciado un deterioro serio de las condiciones de vida de los ascendidos. A esto se añade que a las nuevas generaciones se les presenta un futuro sin esperanzas de crecer y en muchos casos de poder sobrevivir por si mismos, sin ayuda del Estado.

Por el contrario, la clase alta, los ricos, son los grandes ganadores de esta situación. En un informe de Oxfam Intermon con motivo de la última reunión de Davos nos dice que las 10 personas más ricas del mundo, todos hombres, han duplicado su riqueza en los dos últimos años, mientras el 99 % de la población se han visto afectados negativamente. En España, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, el número de los que declaran una fortuna superior a los seis millones de euros ha aumentado un 3,74% con un total de 295 nuevos millonarios.

Mientras tanto el empobrecimiento de la clase media trabajadora ha aumentado de forma tan alarmante que hasta los defensores del sistema se han dado cuenta de la gravedad de esta situación. Saben que, cargarse a la clase media es frenar  el motor de la economía; que el enriquecimiento sin límite de unos pocos lleva al colapso; que para que se pueda mantener y aumentar el consumo, base del crecimiento económico, los consumidores han de tener dinero para poder comprar bienes.

Es la Unión Europea, de la que nadie puede dudar de su política liberal, la que ha recomendado que los Estados consigan sus recursos subiéndole los impuestos a los ricos y que se aumenten los tributos a las grandes Corporaciones de la energía y además que se tope su precio, como han hecho los Gobiernos de España y Portugal. Esto lo han recomendado los partidos de derecha, mayoritarios en el gobierno de la UE, que tan reacios son al intervencionismo del poder político en la economía. ¡Cómo habrán visto la situación! La crisis del 2008 está aún fresca y el susto que se pasó con sus nefastas consecuencias.

También la UE ha creado los fondos Next Generation para apuntalar los recursos de los países miembros y así evitar el desmoronamiento de sus economías. En momentos como éste es cuando los defensores del mercado miran al poder político para que los saque del apuro. Pero los recursos que pueden aportar los gobiernos son lo que recauden de los impuestos que salen del bolsillo de todos los contribuyentes. De todos. Es de justicia que pague más quién más tiene, así consta en el artículo 31 de la Constitución “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”

Nuestro Gobierno ha rebajado el impuesto de sociedades a las Pymes y autónomos, en cambio lo ha aumentado a las grandes empresas. Ha rebajado el IRPF a los salarios más bajos y lo ha aumentado a los más altos. Está en marcha un impuesto a las grandes fortunas además de otras medidas que benefician a toda la población. Estos incrementos a los ricos son de justicia y de sentido común si el sistema quiere sobrevivir. Está claro que ahora más que nunca es cuando se necesita que el Estado reparta las cargas con justicia y que disponga de recursos para poder apuntalar a la clase media trabajadora. Esto no se resuelve con gestos de caridad sino de justicia social, porque ya no se trata de que podamos llegar a fin de mes sin pasar hambre, se trata de salvar el sistema.

Pero nuestra derecha en su afán de oponerse a cualquier medida que adopte el Gobierno, sea la que sea, se empeña en defender todo lo contrario, aunque en este caso ponga en peligro el sistema de mercado ( antes capitalista), del que es su máximo defensor. En las comunidades que gobierna les rebaja los impuestos a los ricos, a cuyos hijos además los premia con generosas becas.

El ejemplo del Reino Unido lo deja bien claro, el intento del gobierno de los tory de hacer lo que defiende el PP, rebajar los impuestos a los ricos, ha recibido la dura respuesta del mercado y de la bolsa, que detecta mejor que nadie cuando las medidas políticas se equivocan y amenazan el status quo, por tanto han tenido que dar marcha atrás. Hasta los correligionarios europeos del PP se lo han advertido, a los ricos hay que aumentarle los impuestos, no rebajarlos. Esta postura de nuestra ciega derecha, caso de ganar las próximas elecciones generales, si aplica esta demente política económica, conducirá al desastre a la clase media trabajadora.

Por otro lado los grandes beneficiados de las crisis, deben entender que ahora les toca a ellos pagar porque han ido demasiado lejos en su avaricia. Es necesario y urgente que lleguen a un pacto de rentas con los sindicatos para repartir con más justicia los beneficios que obtienen de esta situación. Ahora toca que ganen menos y que el resto de ciudadanos no pierdan para poder seguir manteniendo vivo el mercado. Pero esa es otra historia.

En una encuesta sobre la acción del Gobierno de coalición PSOE-UP publicada recientemente la mayoría de los entrevistados valoraban positivamente las medidas que se habían tomado: Los ERTES, la subida del salario mínimo, la Reforma Laboral con la que se ha conseguido una espectacular subida del empleo, indexar el aumento de las pensiones al IPC, el ingreso mínimo vital, la bonificación de los combustibles, la reducción del IVA, la ayuda de 200 euros a los que que ganan menos de 14.000 euros anuales, el transporte gratis en cercanías y media distancia, los impuestos extraordinarios a la Banca y las compañías energéticas… Es decir, que se reconoce que la tarea del Gobierno se ha fundamentado en ayudar a las clases más desfavorecidas con la aplicación de unas claras políticas de igualdad. Esto pese a que la derecha hace todo el ruido que puede, y puede mucho, para tapar estos logros.

Sin embargo en la misma encuesta se censura que el POSE se haya aliado con UP. Está claro que los ataques brutales contra la fuerza política minoritaria del Gobierno, machaconamente reiterados por las terminales mediáticas del PP, sí han calado en la opinión pública.

Si algo hemos aprendido es que las políticas que se hacen desde la izquierda tienden a conseguir una sociedad más igual, fortalecer el Estado y potenciar su papel de distribuidor de la riqueza, favorecer las políticas de igualdad y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Mientras que las medidas que adopta la derecha debilitan el poder del Estado, profundizan las desigualdades sociales y favorecen a los que más tienen (becas para los ricos).

Efectivamente, este es un análisis de cartilla primaria pero los que saben mucho de los cambios que se producen en la sociedad nos dicen que ahora no nos fijamos tanto en esas cosas, que las redes sociales y la abundancia de medios de comunicación nos distraen con mensajes que nos parecen más atractivos y nos dejamos convencer sin analizar si nos dicen la verdad. Es la era de los influencers. La vanalidad como eje del conocimiento.

Si nos hubiéramos leído los programas electorales de los partidos que forman el Gobierno y los 48 folios del pacto acordado entre ambos, hubiéramos visto que las medidas progresistas que se han tomado no las hubiera podido hacer el PSOE en solitario, pese a ser todas de carácter socialdemócrata. Ya tenemos la experiencia de gobiernos socialistas que tienden a relajar las medidas que les son propias. El hecho de gobernar, por primera vez a nivel de Estado, en coalición con una fuerza política a su izquierda ha hecho posible que su carácter socialdemócrata se manifieste con más nitidez, para satisfacción de la mayoría de sus militantes y votantes. A su vez UP ha tenido que renunciar a parte de sus principios en aras de ser útil a la sociedad. Han aprendido algo fundamental en política, sólo se puede cambiar la realidad desde el gobierno. ¡Por fin!

La incongruencia que manifiestan los encuestados es evidente. Las medidas que se valoran positivamente son posibles por la presencia del UP en el Consejo de Ministros. Si la coalición se hubiera hecho con Ciudadanos, como se intentó antes, estas medidas no existirían. ¿Por qué entonces se valora negativamente la presencia de UP en el Gobierno? ¿Por qué se censura al PSOE que haya hecho esta alianza?

El poder económico y sus terminales políticas y mediáticas hacen un trabajo excelente. Sus constantes ataques con bulos y mentiras propagadas por sus comeollas, consiguen crear opinión en amplios sectores de la sociedad que, acostumbrada a la simpleza de los twiter, ha perdido la capacidad de analizar los mensajes y no dejarse engañar. Propagan un eslogan que el Roto reflejaba en una de sus viñetas, “El odio te necesita”.

También influye el hecho de que la izquierda que se dice plural, lo es más que nada en su fragmentación. Esto debilita su imagen ante la opinión pública y divide a sus seguidores con nefastas consecuencias que se reflejan en las urnas. Último ejemplo, la elecciones andaluzas. Las diferencias de criterios son aireadas dando un espectáculo que regocija a la derecha y sume en el desconcierto a sus seguidores. Lo más grave es que desvían la atención de los logros que consiguen desde el Gobierno. Sería deseable que esas discrepancias se llevasen a cabo en el seno interno de la organización u organizaciones. ¿Acaso se piensa que en los demás partidos no existen discrepancias y opiniones diferentes entre sus miembros? Pero la norma básica es evitar que afloren y buscar el consenso interno sin ruido, siendo conscientes que el electorado soporta mal las luchas civiles dentro de los partidos.

Si el Gobierno está haciendo una labor espléndida, y da respuestas a los numerosos contratiempos que le ha tocado sortear con indudables avances sociales, no conviene darles bazas al enemigo para que lo desprestigie, harto tiene que soportar con los ataques de los poderes económicos, mediáticos y hasta judiciales (la implacable persecución que lleva a cabo el juez García Castellón contra PODEMOS).

La última guinda como ejemplo: En respuesta a las cifras de empleo del último trimestre que ha marcado un hito en la bajada del paro, las declaraciones del líder del PP ha sido que el índice de desempleo que tenemos es el más alto de Europa. No dan cuartel, van a degüello.

Las arqueólogas Camino Fuentes y Ana Zamorano han organizado diversos actos estos días para recordar que se cumplen 30 años de la aparición de los restos arqueológicos de Cercadilla y su destrucción, en parte, para construir la estación del AVE. Reabren de esta manera un tenso debate que tuvo lugar entonces sobre la oportunidad de construir la estación o mantener los restos que aparecieron y que pertenecían a un gran edificio de tiempos del emperador romano Maximiano. Entonces tenía sentido, se trataba de tomar una decisión que afectaba seriamente al futuro de la ciudad. Ignoro los motivos por las que ahora se vuelven a repetir los mismos argumentos aunque las descalificaciones no superan a las que recibimos entonces. Quizás sea necesario recordar las razones que sostuvieron la decisión de hacer la Estación. Ya adelanto que no fue el deseo irrefrenable de ejercer el vandalismo, arrasando nuestro pasado histórico, como parece deducirse de sus exposiciones, al menos las que he visto publicadas. También conviene aclarar que lo que se encontró fueron los restos de un edificio romano de grandes dimensiones, para nada comparable con el palacio de Buckingham como se ha publicado. Quizás por su juventud no sean conscientes de lo que supuso para Córdoba el nuevo trazado ferroviario. Pueden consultar la hemeroteca de los años 80 y encontrarán la información más abundante jamás publicada sobre un asunto de la ciudad, también lo pueden explicar los cordobeses que vivían al norte de las vías, comunicados solo por dos pasos a nivel y un viaducto en ruinas que soportaba el mismo tráfico que el Paseo de la Castellana de Madrid. Pueden consultar también al Movimiento Ciudadano que organizó movilizaciones llegando al extremo de que sus dirigentes se encadenaron a las vías y cortaron el tráfico ferroviario, por lo que tuvieron que pasar por el juzgado.

La posición de las Administraciones, en relación a los restos arqueológicos hallados, la expliqué en un artículo publicado en el Diario Córdoba del 20 de mayo de 1992. Lo explico otra vez. Vaya por delante que respeto y comprendo la posición que mantienen ambas arqueólogas y no se me ocurriría acusarlas de intentar mancillar la obra más importante llevada a cabo en la ciudad durante el siglo XX, como algunos interpretan.

Para comprender la decisión tomada de hacer la Estación, hay que conocer la historia y las circunstancias que concurrieron. Las resumiré aquí brevemente. Hacerlo en profundidad requeriría mucho más espacio del que puede ocupar este artículo. Su desarrollo pormenorizado será el contenido de una publicación que verá la luz próximamente.

Primero. El proyecto de la RAF de Córdoba fue redactado por el Ministerio de Transportes y aprobado por el Ayuntamiento. Para Córdoba suponía desarrollar un modelo de ciudad diseñado en el PGOU, en el que la Estación era la pieza de un engranaje mucho más amplio que configuraba una visión nueva de un espacio central de la ciudad (que es el que tiene en la actualidad). Previamente se habían realizado catas arqueológicas por la Junta de Andalucía. Se detectaron unos enterramientos romanos a la altura del Pretorio que fueron trasladados y otros de la época islámica que los arqueólogos los calificaron sin interés para su conservación.

Segundo. Las obras de la Estación estaban programadas para hacerlas en último lugar porque antes había que preparar la zanja por donde transitarían los trenes, de esta manera cuando las excavadoras llegaron al lugar donde estaban ocultos los restos arqueológicos que no habían sido detectados, la zanja estaba ya cerca del lugar en el que aparecieron.

Tercero.  Se ordenó la paralización de la obra y se encargó un estudio de urgencia por la Consejería de Cultura. Los arqueólogos trabajaron sin descanso durante varios meses en turnos agotadores para analizar la naturaleza y dimensión de los restos. Su conclusión fue que eran de gran importancia y que requerían un estudio más pormenorizado. Mientras tanto la obra continuó paralizada y así estuvo durante año y medio que duraron las excavaciones y los estudios que se hicieron.

Cuarto. Las administraciones responsables mantuvimos una reunión en Sevilla al más alto nivel posible, el Delegado del Gobierno en Andalucía, el Secretario de Estado del Ministerio, los Consejeros de Obras Públicas y Cultura de la Junta y el Alcalde y Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento. Previamente se habían requerido diversos informes técnicos para contemplar la posibilidad de modificar el trazado ferroviario. Todos coincidieron en la imposibilidad de hacerlo. El radio que se requería para el desvío hacía que se vieran afectadas las viviendas de la Colonia de la Paz, además de dejar sin ubicación a la Estación, es decir requería un nuevo proyecto, un nuevo plan parcial, un nuevo convenio y una nueva financiación, además sin saber qué hacer con los casi dos kilómetros de zanja ya realizada.

Quinto. En esa reunión y ante la imposibilidad de modificar el trazado, se optó de forma unánime por modificar el proyecto de la Estación para salvar la mayor parte de los restos. Se creó un comité internacional de expertos con importantes arqueólogos, arquitectos e ingenieros para que elaboraran un informe sobre cómo había que actuar. (Entre ellos había un catedrático de arqueología italiano que manifestó “si en Roma hubiera que conservar todo lo que aparece, la ciudad no existiría”).

Sexto. Con las directrices que nos dieron se modificó el proyecto de la Estación y el Plan Parcial. Se retranqueó la Estación cuatro metros por el norte, se quitó un andén y una vía. El Ayuntamiento modificó el Plan Parcial, se suprimió el vial que discurría paralelo, el terreno municipal dónde se iban a construir dos manzanas de viviendas, se modificó su calificación y se dejó libre para salvar los restos. Todo ello porque el informe de los expertos nos decía que la parte más importante de los restos estaba en la zona norte y era lo que había que salvar. Y así se hizo.

Séptimo. Salvar gran parte de los restos, supuso a la ciudad un incremento importante del costo económico que ya se había aprobado, para lo que fue necesaria una ampliación del convenio ya firmado entre las tres administraciones. Conviene señalar que todos los trabajos arqueológicos que se hicieron fueron sufragados por las administraciones firmantes del acuerdo. También supuso un retraso de dos años en la finalización de la obra, lo que hizo necesario mantener los pasos a nivel y el viaducto en ruinas todo ese tiempo, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. 

Esto es exactamente lo que pasó, contado de forma muy resumida. Nos tocó en ese momento tomar una decisión difícil, pero había que hacerlo por el bien de la ciudad y con miras a poder realizar el proyecto de la ciudad moderna que habíamos diseñado.

Sería de agradecer que se exigiera que los restos arqueológicos dejaran de ser un lugar abandonado y se hiciera un proyecto para su recuperación y puesta al servicio y conocimiento de la ciudadanía. Y que se pusiera el mismo empeño que el empleado en denunciar la obra de la Estación. A Córdoba le costó un gran sacrificio salvarlos para que ahora estén completamente olvidados. No quiero pensar si se hubiera decidido no hacer la Estación para conservar los restos y se encontraran ahora en el estado de abandono que padecen los que se salvaron. Y además no tendríamos la Red Arterial Ferroviaria que disfrutamos ahora, ni la Estación.