La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha anunciado que va a implantar el próximo curso 2026-27 un proyecto piloto en las ocho provincias andaluzas para que jóvenes de 21 años que “hayan alcanzado la edad máxima de permanencia en el sistema educativo escolarizado en aulas específicas de educación especial en centros ordinarios o específicos cursando el Programa para la Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL) con la finalidad de facilitar su inserción sociolaboral y su progresión formativa”. Ahí, Córdoba entra en escena con un instituto de la capital.

En la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press, el departamento que dirige en funciones María del Carmen Castillo explica que la propuesta -Avanza +21- “tiene por objeto articular nuevas oportunidades de cualificación dirigidas al alumnado que ha superado el PTVAL o ha cumplido los 21 años en aulas específicas de educación especial en centros ordinarios o en centros específicos de educación especial. Para ello se incorporan resultados de aprendizaje vinculados a ofertas formativas de Grado B, conforme a la ordenación del sistema de Formación Profesional”.

La Consejería defiende que este nuevo programa “se configura como un sistema formativo de carácter flexible y eficiente que posibilita al alumnado que curse estas enseñanzas la obtención de una acreditación profesional al tiempo que garantiza la continuidad de su itinerario formativo orientado al desarrollo competencial necesario para su transición a la vida adulta y su inserción sociolaboral”.

La permanencia máxima en el programa será de dos cursos y “en ningún caso, se permitirá la permanencia una vez cumplidos los 23 años en el año natural en que finalice el programa”. El periodo de solicitud será del 18 al 30 de junio de 2026 cada curso. Los centros que participarán en 2026/2027 en esta experiencia piloto del Avanza +21 son: en Almería, el IES Alhamilla, que ofrecerá formación en servicios comerciales; en Cádiz, en el IES Francisco Romero Vargas de Jerez de la Frontera con servicios administrativos; en Córdoba, en el IES Blas Infante con informática de oficina; en Granada, en el IES Virgen de las Nieves con carpintería y mueble; en Huelva, en el IES La Marisma con agrojardinería y composiciones florales; en Jáen, en el IES San Felipe Neri de Martos con servicios administrativos; en Málaga en el IES Martín Rivero de Ronda con servicios administrativos; y en Sevilla, en el IES Macarena con actividades domésticas y limpieza de edificios.

Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero han lamentado que, cinco meses después, siguen “sufriendo en silencio y sin el apoyo y el sostén de las administraciones” no solo secuelas físicas, sino también psicológicas. Además, han vuelto a pedir que la modificación del Real Decreto asociado a los seguros de viaje debe modificarse para “garantizar la protección de las víctimas”.

En un vídeo remitido a los medios de comunicación narrado en primera persona por una de las víctimas y médica de profesión, esta ha señalado que esa noche gestionó y organizó por “primera vez” en su vida la atención inmediata de los heridos en un accidente. “Lo que esa noche aconteció hasta pasadas las doce de la noche, momento en el que ya se habían trasladado numerosos operativos y entendí que mi actuación improvisada había finalizado, se quedó guardado y grabado en mi cabeza para siempre. Pero esa historia no va de mí. Esta historia va de todos los pasajeros que, como yo, presenciaron escenas para las que nadie está preparado”, narra la protagonista.

Asimismo, ha señalado que, cinco meses después de la tragedia, “aún con secuelas físicas irrecuperables que limitan la movilidad, la autonomía e independencia de los heridos”, también “permanecen las secuelas psicológicas en forma de imágenes recurrentes que nos impiden conciliar el sueño, miedo manifestado de múltiples formas, ansiedad y depresión, ataques de pánico o incluso el desarrollo de fobias”.

Por ello, según recuerda en el material audiovisual, a la llegada a Atocha en la mañana del 19 de enero se desplazaron equipos de psicólogos de emergencia “formados expresamente para abordar con nosotros lo vivenciado y que nos atendieron los días y semanas posteriores para gestionar emociones, reorganizar recuerdos, resignificarlos”. “Es que no se puede negar la potencial afectación de la esfera emocional en todos los que lo vivenciamos. Tampoco se puede negar que el proceso no se pueda recrudecer en las semanas o meses después del accidente”, señala.

Además, ha indicado que la recuperación tras un trauma “no son procesos lineales” y “no se puede negar que existe un duelo en todos los viajeros que vivenciaron el último aliento de su familiar o compañero de viaje y a todos, en definitiva, a los que se les rompió algo en el interior esa noche”. “Sin embargo, aún habiendo sido ampliamente descrita, esta herida emocional en ocasiones es irreparable y que menoscaba el desempeño en nuestro día a día, no está reconocida de ninguna forma, como si no existiera, ni siquiera habiendo documentado visitas a psiquiatras o habiendo tomado medicación a consecuencia del impacto psicológico”.

Asimismo, en el vídeo se insiste en que las ayudas prometidas “no llegan a quienes han necesitado e incluso siguen necesitando una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas”.

Gracias a esto, ha apuntado a que el Real Decreto 627/2014, que trae causa del Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, “debe modificarse para garantizar la protección de las víctimas, cuya herida emocional impacta en nuestra vida día tras día”. “Porque cinco meses después del accidente seguimos sufriendo en silencio, sin el apoyo y el sostén de las administraciones”, finaliza la narradora en el vídeo.

El académico Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) ha ingresado este lunes 15 de junio en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyLE), convirtiéndose en el único intelectual en la actualidad miembro de número de tres reales academias integradas en el Instituto de España, ya que, además de ser académico de la RAE desde 2013, pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) desde 2012.

El director de la Real Academia Española donde desde ahora ostenta la medalla número 19, con un discurso sobre la “amenaza” de la revolución digital y la Inteligencia Artificial en el derecho. La vacante que ocupará a partir de ahora Muñoz Machado estaba libre por el pase a la condición de emérito de Lorenzo Martín Retortillo.

En el acto de ingreso, el jurista ha leído el discurso 'El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo', que ha sido respondido en nombre de la RAJyLE -institución presidida por Luis María Cazorla Prieto- por Tomás Ramón Fernández Rodríguez, tal y como publica la RAE en su página web.

En su discurso Muñoz Machado analiza cómo el poder ejecutivo y, en particular, la Administración pública nacida tras la Revolución Francesa y la Constitución de Cádiz de 1812 concentraron un poder “sin precedentes”, que el Derecho Administrativo se ha esforzado en “controlar” durante dos siglos para someter la Administración a la “legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos”.

La revolución digital y la IA, en su discurso

Sin embargo, ha advertido de que esa construcción jurídica está hoy “amenazada” por la revolución digital y la IA, que cambian los parámetros tradicionales de control del poder, obligan a repensar las relaciones entre ciudadanos y poderes públicos y exigen nuevos mecanismos globales de protección de derechos fundamentales y de transparencia y control de los algoritmos.

Al tiempo, Muñoz Machado ha planteado el reto de frenar el poder de grandes actores privados “carentes” de legitimidad democrática, con un mensaje final de optimismo sobre la posibilidad de contener los usos “perversos” de la IA.

Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo, abogado, escritor, académico, historiador, investigador y editor. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española, de la que es director --cargo para el que fue elegido en diciembre de 2018 y reelegido en diciembre de 2022--.

Además, es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), consejero nato de Estado y fue presidente del Instituto de España en 2019.

Es autor de una extensa y variada bibliografía, que abarca casi un centenar de libros y artículos y estudios sobre diversas materias. Es Premio Nacional de Ensayo (2013) por 'Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo' y Premio Nacional de Historia (2018) por 'Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias'.

Por lo que se refiere a su especialidad como jurista, destacan sus obras 'Derecho Público de las Comunidades Autónomas' y 'Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público general'.

En el seno de la Real Academia Española ha dirigido el 'Diccionario del español jurídico' (2016), el 'Diccionario panhispánico del español jurídico' y el 'Libro de estilo de la Justicia' (2017).

Además, dirige el desarrollo de la 'Plataforma Jurídica Iberoamericana', el 'Diccionario histórico de la lengua española', el programa de lenguaje claro y accesible y la nueva 'Crónica de la lengua española, de periodicidad anual'.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por Renfe contra la providencia denegatoria de pedir que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía aportara las llamadas relacionadas con los hechos acontecidos, “manteniendo íntegramente todo su contenido”, toda vez que el fiscal también ha pedido desestimar el recurso y confirmar la resolución.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en las presentes diligencias, seguidas por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario entre los trenes Iryo y Alvia, se denegó la práctica de las diligencias interesadas por la representación procesal de Renfe Viajeros, consistente en requerir al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía las grabaciones, informe final del despliegue de emergencias e información sobre “si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

Contra la citada resolución se interpuso por dicha representación, en tiempo y forma, recurso de reforma, para que en su virtud se revocara la resolución impugnada y se acordara la práctica de la diligencia de prueba solicitada. Mientras, el Ministerio Público ha solicitado la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, a la vez que distintas partes personadas han formulado escritos de impugnación y oposición al recurso de Renfe.

Dos son los argumentos fundamentales que emplea el letrado de Renfe para “atacar la providencia recurrida”, a saber, uno de forma, “la falta de motivación de la resolución impugnada”, y otro de fondo, “al entender que la diligencia de prueba solicitada es necesaria y pertinente”.

Por lo que se refiere al primer argumento, la jueza explica que “la resolución impugnada se encuentra mínimamente motivada y cumple suficientemente los requisitos exigidos al efecto por el artículo 248.2 de la LOPJ, pues en la misma se expresan meridianamente los argumentos en base a los cuales se dicta, pues lo cierto es que el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución no exige una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, pues ello conduciría a dictar resoluciones sumamente extensas que nada añadirían a los argumentos de fondo que, en definitiva, les sirven de fundamento”. En cualquier caso, asegura que “dicho defecto queda subsanado con la presente resolución”.

Tiempo de asistencia a los trenes

En cuanto al fondo del asunto, en el recurso se alega que la diligencia cuya práctica se interesa por Renfe tiene como objeto “aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, tomando como base la información contenida en el informe de la Guardia Civil del día 20 de abril”.

Pues bien, la jueza detalla que “la práctica de diligencias de investigación durante la fase de instrucción constituye una facultad exclusiva del juez instructor como 'director' del procedimiento en esta fase, actividad jurisdiccional que sin embargo no es ajena a las propias partes del proceso, a cuya instancia pueden ser ordenadas diligencias de prueba o para el esclarecimiento de los hechos tal y como dispone el artículo 311 LECrim”.

En este caso, apunta que “el referido derecho de las partes a solicitar diligencias de investigación no es ilimitado, fijando el precepto citado como único límite, que el juez no las considere inútiles o perjudiciales para la investigación”.

Así, la jueza remarca que “en la fase de instrucción del procedimiento penal --sea abreviado o procedimiento ordinario--, la necesidad y/o pertinencia de las diligencias de investigación habrá de guardar relación directa con la finalidad esencial que la ley procesal penal atribuye a dicha fase, de modo que estén encaminadas a preparar el juicio y averiguar y hacer constar la perpetración del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los delincuentes, o encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.

La magistrada advierte de “investigación prospectiva”

En el caso de autos, la jueza argumenta que “la prueba propuesta por el recurrente es totalmente inútil e innecesaria en el estadio procesal en el que se encuentra la presente instrucción y ninguna luz arrojaría para el esclarecimiento de los hechos, e incluso podría considerarse perjudicial sirviendo para dilatar de forma innecesaria el procedimiento, además de que es reproducción de la pedida anteriormente, no por el recurrente, sino por la CIAF y denegadas por providencia del día 7 de abril”.

En efecto, la presente instrucción se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes consecuencia del accidente ferroviario, “siendo como es de entender el objeto del procedimiento determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales y, en ningún caso, y por ahora, aclarar los motivos por los que los servicios de emergencia no tenían constancia de que eran dos y no uno los trenes siniestrados y si ello supuso que tardaran más de una hora en llegar al tren Alvia sin prestar auxilio a las víctimas que se encontraban atrapadas, como expone expresamente en su escrito el recurrente”, subraya la jueza en el auto.

“Ello, a la vista notoria, de que en ese caso la instrucción se seguiría por delitos distintos a los que están siendo objeto de instrucción, asimismo extender el objeto del procedimiento a las incidencias en la prestación de los servicios de salvamento y rescate, sería dar comienzo a una investigación prospectiva y no procedente, teniendo en cuenta, que por el momento y a la vista del resultado de las actuaciones tanto policiales como judiciales no existen mínimos indicios de ilicitud penal en dicho sentido, visión ésta compartida por el Ministerio Fiscal, y sin que valga para sostener la petición de prueba del recurrente las manifestaciones hechas por la Guardia Civil en su informe en el estadio en el que se encuentra la instrucción”, declara la jueza.

Por tanto, mantiene que la prueba propuesta por Renfe es “impertinente e inútil, de tal manera que no se encuentra relacionada con el objeto de la instrucción ni ayudarían a clarificar la causa, únicamente a su dilación indebida, sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente hayan desvirtuado el contenido de la resolución impugnada”, de ahí que desestime el recurso de reforma interpuesto por Renfe.

En relación con ello, el fiscal de caso asegura que las diligencias pedidas por Renfe “no son pertinentes”, porque se trata de “un procedimiento penal y la causa busca dirimir posibles responsabilidades penales individuales”.

Al hilo, añade que “extender el objeto del procedimiento a las incidencias del rescate posterior, que es lo que parece inferirse de la finalidad de las diligencias propuestas, por el momento, no parece procedente a la vista de las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo de los que no resultan por el momento unos mínimos indicios de ilícito penal”.

El 38,76% de universitarios andaluces se han planteado en alguna ocasión abandonar sus estudios, siendo el estrés o la ansiedad el principal motivo señalado por el 75,6% de entre quienes han contemplado esta posibilidad; un dato que sitúa el “bienestar emocional” del estudiantado como una “dimensión clave” para cualquier política universitaria de conciliación.

Así se desprende de las conclusiones alcanzadas a través del primer estudio interuniversitario sobre conciliación y corresponsabilidad en la comunidad universitaria andaluza elaborado por las universidades de Almería, Córdoba y Pablo de Olavide que ha sido presentado en la UAL.

A través de encuestas a 1.498 personas en los tres campus andaluces, el informe constata que la brecha de género en el reparto de los cuidados persiste en la universidad ya que, según sus cifras, las mujeres dedican una hora y media más al día que los hombres al cuidado de personas dependientes y sufren en mayor medida el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales.

El estudio incorpora también la perspectiva del estudiantado, sentido en el que pone de relieve que las dificultades de conciliación no afectan únicamente al personal universitario. El 48,4 por ciento del alumnado considera que no puede compaginar adecuadamente sus estudios con el resto de sus responsabilidades.

Los cuestionarios se han dirigido tanto a alumnos como a Personal Docente e Investigador (PDI/PI) y a Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas) de los tres campus, junto con grupos de discusión y entrevistas semidirigidas a agentes clave.

El diseño coordinado y la aplicación simultánea en las tres universidades permiten, por primera vez en Andalucía, ofrecer una lectura comparada y transferible de la situación, identificando tanto los patrones comunes como las particularidades de cada institución.

Brecha de género

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la persistencia de la brecha de género en el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado. En los tres campus, las mujeres del PDI/PI y del Ptgas dedican, en promedio, cinco horas y once minutos al cuidado de personas dependientes frente a las tres horas y 38 minutos de los varones. Asimismo, destinan 14 minutos más a las tareas del hogar.

Entre el estudiantado, las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto al estudio como a las tareas domésticas, mientras ellos disponen de mayor tiempo de ocio. Esta sobrecarga tiene consecuencias directas sobre las trayectorias profesionales femeninas.

Así, el 67 por ciento de las mujeres del PDI/PI considera que la maternidad o la paternidad ha perjudicado su carrera, frente al 47,9 por ciento de los hombres. Además, las mujeres renuncian en mayor medida a actividades académicas clave: el 77,4 por ciento ha rechazado estancias de investigación nacionales o internacionales (frente al 66,2 por ciento de los hombres) y el 52,9 por ciento ha renunciado a elaborar publicaciones científicas (frente al 34,2 por ciento).

El impacto es igualmente significativo en el colectivo Ptgas: el 50,8 por ciento de las mujeres Ptgas considera que la maternidad ha perjudicado su desarrollo profesional, frente al 32,3 por ciento de los hombres.

Cultura de la 'hiperdisponibilidad'

El personal docente e investigador de las tres universidades muestra niveles “preocupantes” de “desbordamiento laboral”. El 91,4 por ciento afirma llevarse trabajo a casa habitualmente, y solo el 23,3 por ciento logra desconectar al terminar la jornada.

El 74,5 por ciento considera que no existe un equilibrio adecuado entre sus responsabilidades docentes y el tiempo necesario para investigar. El agotamiento emocional afecta al 47,9 por ciento del total, con una brecha de género significativa: el 50,2 por ciento de las mujeres declara agotamiento frente al 43,8 por ciento de los hombres. El estrés o la ansiedad alcanzan al 91,6 por ciento del PDI/PI.

El informe busca sentar las bases para el diseño de los Planes de Conciliación y Corresponsabilidad de cada una de las tres universidades. Entre las medidas más valoradas por la comunidad universitaria figuran la flexibilidad horaria, el teletrabajo excepcional por cuidados, las ayudas de acción social y el apoyo a la salud mental.

El estudio identifica también los principales obstáculos: la escasa difusión de las medidas existentes, la cultura de presentismo, el temor a la estigmatización por solicitar permisos y la rigidez normativa.

La dimensión compartida y comparada del documento permite ver qué problemas son estructurales y atraviesan a las tres universidades, y también qué matices o necesidades específicas aparecen en cada campus.

Una base para avanzar en conciliación

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UAL, Maribel Ramírez, ha explicado que el informe “no es solo un diagnóstico, sino una base real para seguir avanzando en políticas de conciliación y corresponsabilidad dentro de la universidad”.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, ha destacado que la mayor parte de los problemas detectados son estructurales y comunes en las tres universidades, si bien es cierto que cada una tiene sus peculiaridades.

“Hay problemas que hay que abordar desde la política regional y nacional y del propio sistema universitario. Hemos también analizado buenas prácticas que se pueden replicar en las tres universidades. Notamos que hay demandas comunes entre el Personal Docente e Investigador, el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios y el estudiantado”, ha indicado.

La delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez, ha indicado que “hemos percibido que lo estructural predomina de lo particular porque al final esto es una cuestión de género y queda muy patente en este estudio”.

En cuanto a reivindicaciones específicas, Domínguez ha advertido problemas en la difusión de medidas que ya existen y no son conocidas así como la situación en la que hay mujeres que “muchas veces no piden los permisos por miedo al qué dirán”.

Tras la finalización del acto, el informe completo ya se encuentra accesible para toda la ciudadanía y puede ser consultado de manera abierta a través de la página web de la Unidad de Igualdad.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que “a la mayor brevedad” informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que “han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados”.

Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”.

En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe “si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto”.

Ante ello, el documento lo formula la entidad “con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados”.

Al hilo, la empresa explica que es “el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas”. Por ello, asevera que dispone del “conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica”.

En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero “dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente”, indican desde la entidad.

El perito designado

Sobre los conocimientos del perito designado para la instalación de la licencia o software. A juicio de la empresa, “debe distinguirse entre la instalación, configuración o uso básico de una licencia o herramienta de software, y la interpretación técnica-operativa de los datos contenidos en los registradores jurídicos”.

En este sentido, expone que “un perito o técnico designado para la instalación de la licencia o software puede disponer de conocimientos suficientes para instalar la herramienta, abrir los ficheros, visualizar gráficas, ordenar señales y consultar eventos, siempre que reciba el soporte técnico necesario del fabricante del registrador”.

No obstante, aclaran que “esa no equivale, por sí sola, a disponer de los conocimientos necesarios para interpretar de forma completa y causal los datos registrados por los trenes Iryo y Alvia”, de modo que “la interpretación y sincronización materialmente útil de los datos, entendida como correlación de señales y eventos para explicar el comportamiento de las unidades ferroviarias y las circunstancias del accidente, requiere la intervención de los actores que conocen la arquitectura, configuración, lógica funcional, operación y mantenimiento de cada tren”.

Por tanto, para que la diligencia pueda realizarse “con rigor técnico y para evitar que la visualización de datos sea confundida con una interpretación causal completa”, la empresa considera conveniente que participen, al menos, la propia empresa, como fabricante del registrador jurídico, para prestar soporte en la carga, visualización, identificación de señales y explicación técnica de la herramienta y del sistema de registro; el fabricante o integrador de cada una de las unidades de tren implicadas, por ser quien conoce la arquitectura integrada del tren, las interfaces entre subsistemas y la lógica funcional del vehículo.

Asimismo, el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, por disponer del historial de mantenimiento, configuración real, intervenciones y estado material de las unidades --solicitud que realiza el juzgado ahora--; el operador ferroviario correspondiente, en la medida en que pueda aportar el contexto operativo, procedimientos de explotación, condiciones de servicio y cualquier información relevante sobre la circulación, y los peritos judiciales o técnicos designados por el órgano judicial, que deberán valorar la información aportada por los distintos actores y emitir las conclusiones que procedan dentro de su mandato.

En particular, explican que “el informe interpretativo destinado a explicar qué sucedió en el tren mediante la correlación de señales y eventos debería ser elaborado por el fabricante/integrador del tren y por el mantenedor de cada una de las unidades implicadas, con el auxilio de la empresa únicamente en lo relativo al correcto acceso, visualización y comprensión técnica de los registros desde la perspectiva del registrador jurídico”.

En definitiva, la empresa reitera “su plena disposición a colaborar con el órgano judicial dentro de su ámbito de competencia técnica como fabricante del registrador jurídico”. En ese ámbito, la entidad puede “facilitar la carga y visualización de los datos, explicar el funcionamiento del sistema de registro, identificar las señales disponibles y configurar vistas o cronologías que permitan una consulta estructurada de la información almacenada”.

No obstante, subrayan que “la interpretación de los datos para determinar el comportamiento global de las unidades ferroviarias, reconstruir la secuencia causal del accidente, valorar la normalidad o anormalidad de la interacción entre subsistemas y emitir conclusiones sobre causas raíz, factores contribuyentes o responsabilidades no corresponde al fabricante del registrador jurídico”. Así, puntualizan que “dicha interpretación exige un conocimiento completo del tren como sistema integrado, de su configuración real, de su historial de mantenimiento y de su operación”.

En consecuencia, la empresa de las cajas negras considera que “el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante/integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas”. La entidad debería actuar como “facilitador técnico del acceso, carga, visualización y comprensión funcional de los registros, pero no como responsable del análisis causal o interpretativo del accidente”.

En este caso, aseveran que “esta delimitación protege la fiabilidad técnica de la diligencia, evita atribuir a cada actor conocimientos o responsabilidades que no le corresponden y permite que el órgano judicial reciba una interpretación fundada por quienes están en mejor posición técnica para correlacionar los datos registrados con el comportamiento integral de las unidades ferroviarias”.

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha acordado incluir en la causa el escrito emitido por el secretario del Área Técnica del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) de 8 de agosto de 2025 dirigido a Adif y en el se comunicaba “la preocupación por el estado general de las líneas”, y en particular de la red de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, junto a otras.

Así lo recoge la jueza en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de haberlo solicitado el día 2 de junio una de las partes personadas en el procedimiento. Dicho escrito lo dirigió el Semaf en agosto de 2025 al director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al director corporativo de Seguridad en la circulación de Adif y al subdirector de Circulación AV Adif.

Al respecto, los maquinistas advirtieron hace un año de la existencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.”, que estaban produciendo “una falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes” y una “degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías”. Asimismo, se dejaba constancia de que los maquinistas reportaban estas incidencias “diariamente a los responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida”.

Ante “la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores”, en la misma comunicación, Semaf solicitó expresamente la adopción de “una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior”.

En este caso, la Asociación Liberum también presentó una denuncia en el Juzgado de Montoro dos días después del siniestro por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores” contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”.

En la referida denuncia incluyeron el escrito del Semaf, subrayando que “pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de una medida correctora específica, razonable y proporcionada, los denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”, al tiempo que apostillaron que “no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas”.

Así, señalaron que “el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados”, a lo que añadieron que “la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias”.

Análisis de carriles fracturados

Por otra parte, la jueza ha acordado unir al caso un oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil por el que se remite expediente de contratación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) requerido por el juzgado mediante providencia del día 2 de junio, a la vez que se da traslado al Ministerio Fiscal para que informe a los efectos oportunos.

En concreto, la CIAF ya ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el siniestro ferroviario.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Benemérita, al que ha tenido acceso Europa Press, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

Dos laboratorios independientes

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de la pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y por lo tanto alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

La Letrada de la Administración de Justicia de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha pedido a los peritos designados para elaborar informes en el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, que procedan, en el plazo de cinco días, a la formulación de una nueva propuesta económica excluyendo la solicitud de provisión de fondos.

Así lo recoge una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía haya emitido un escrito en respuesta al librado en su día por el juzgado en relación a la aprobación del presupuesto pericial presentado.

En dicho escrito, consultado por Europa Press, se apunta que en el presupuesto enviado por los peritos hay un apartado denominado propuesta económica, “con una estimación de gastos a la que la Delegación Territorial no muestra oposición”. No obstante, en el mismo apartado figura la solicitud de los peritos designados de que “se constituya una provisión de fondos de un 30% del importe de honorarios y de un 50% del importe de gastos”.

Al respecto, precisa que conforme a las normas que regulan los pagos que han de realizarse por la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, “la comprobación material del gasto consiste en verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las prestaciones de servicios financiadas con fondos públicos”.

Además, agrega que el Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes, en su artículo 10.1 señala que “la Administración de la Junta abonará el importe de los informes periciales y de las traducciones e interpretaciones a las entidades adjudicatarias de los contratos y a los profesionales privados a la conclusión de los trabajos”, por lo que “no cabría la provisión de fondos solicitada en la propuesta económica”.

En este sentido, se resalta que “se observa en el presupuesto elaborado por los peritos, a efectos de la justificación de la inclusión de la provisión de fondos, el argumento, en relación con el procedimiento iniciado, de que 'resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento'”.

Ante ello, desde la Junta aclaran que “para la realización del pago no es preciso esperar a que se dicte una sentencia que incluya pronunciamiento sobre las costas, sino que, una vez realizado el servicio y certificado por el órgano judicial, se procederá a ordenar el pago del gasto aprobado”.

Por tanto, “y tal como se advertía en el oficio de fecha 20 de febrero, por el que esta Delegación Territorial comunicaba a esa plaza judicial del Tribunal de Instancia de Montoro que una vez emitido el presupuesto por los peritos designados se enviara para su aprobación, no resulta posible la provisión de fondos”, por lo que se ruega a la jueza que “ponga tal circunstancia en conocimiento de los peritos para que procedan, en su caso, a la formulación de una nueva propuesta económica excluyendo la solicitud de provisión de fondos”.

Unos 250.000 euros

Los tres peritos designados estiman tener dictamen sobre el caso en un plazo de nueve meses, con una provisión de fondos inicial para el trabajo valorada en unos 250.000 euros.

Según recoge el escrito al juzgado, se prevé desarrollar el dictamen inicial en “un período de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento”. No obstante, aseguran que “dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado”.

En cuanto a la propuesta económica, teniendo en cuenta “la extensión y complejidad de los trabajos periciales necesarios para la emisión del informe solicitado, y la dedicación en términos de tiempo y recursos que implicará el desarrollo de dichos trabajos, y considerando, por otro lado, que, habida cuenta de la naturaleza de este procedimiento, resulta previsible que el mismo se prolongue durante un período de tiempo especialmente elevado y que la sentencia en la que se resuelva sobre las costas del proceso sólo podrá producirse una vez haya finalizado dicho procedimiento”, ven “necesaria una provisión de fondos para llevar a cabo los trabajos solicitados, a efectos de evitar que el desarrollo de los mismos suponga un perjuicio económico relevante a los peritos como consecuencia de las circunstancias”.

Habida cuenta del “volumen y complejidad” de los antecedentes a examinar, “la dedicación intensiva requerida por el trabajo durante los seis meses en los que se estima que el mismo tendrá que desarrollarse, dado el tiempo disponible, y la naturaleza del dictamen a emitir”, estiman una dedicación de unas 1.500 horas de trabajo, con un coste de 125 euros/hora, lo que totaliza unos honorarios inicialmente previstos de 187.500 euros más IVA.

Igualmente, una estimación de gastos para viajes, desplazamiento y asistencia a pruebas, ensayos y diligencias varias del 10% de los honorarios estimados por 18.750 euros más IVA. Y la intervención o participación de otros técnicos necesarios para la confección de la pericial definitiva serán propuestos al juzgado para su consideración, no incluyéndolos en el coste del dictamen.

Honorarios y gastos iniciales

En cualquier caso, los peritos expresan que, “en este momento, es imposible determinar con exactitud --por la ingente cantidad de documentación puesta a su disposición y la previsible nueva que se generará en forma de pruebas, ensayos, dictámenes complementarios y estudios de terceros-- la cuantía exacta de la dedicación a necesitar”.

Por tanto, subrayan que estos honorarios y gastos son “iniciales, tentativos y susceptibles de que, conforme se realice el trabajo, deban ser ampliados para la terminación satisfactoria de la pericia”. Asimismo, y “habida cuenta de la dedicación, gastos y duración que requerirá la pericia”, creen “necesario que se reconsidere la previsión inicial de no hacer una provisión de fondos al comienzo de los trabajos”.

Así, estiman “de justicia solicitar el abono de una provisión de fondos por un importe igual a dicha cuantía”, de forma que en el momento del inicio de los trabajos esté un 30% del importe de honorarios, 56.250 euros más IVA, y un 50% del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 65.625 euros más IVA, 79.406,25 euros con IVA incluido.

Y a la entrega del dictamen, la restante cantidad, el 70% restante del importe de honorarios, 131.250 euros más IVA, y el 50% restante del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizan 140.625 euros más IVA, siendo 170.156,25 euros con IVA incluido.

En el importe solicitado en el escrito queda incluida “la dedicación necesaria para la comparecencia ante el juzgado o posteriores instancias para la ratificación del dictamen y la respuesta a las preguntas que fueran formuladas por las distintas partes intervinientes”.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado este martes que la provincia de Córdoba “afronta una campaña de almendra favorable, en lo que a producción se refiere”, pues se estima que alcanzará las “11.000 toneladas, lo que representa un incremento del 30% respecto a la campaña anterior”.

A través de una nota, Adell ha precisado que “son estimaciones y quedan unos meses importantes aún, pero si todo va bien se podría alcanzar la cifra prevista”, señalando que, a nivel nacional, “se estima una cosecha de 135.250 toneladas de almendra grano, un 6,58% superior a la de la campaña anterior y un 32,89% por encima de la media de los últimos cinco años”.

Este aumento de la producción viene impulsado por dos factores clave, como son “las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, pero también porque los años anteriores no fueron buenos y el efecto vecería tiene mucha importancia”, según ha subrayado Adell.

De este modo, las lluvias “han permitido recuperar las reservas hídricas, tanto en los suelos, como en los embalses, que presentan niveles muy elevados tras varios años marcados por la sequía, lo que garantiza también unas buenas dotaciones de agua para el riego durante el desarrollo final del cultivo, y contribuye a mejorar las expectativas de cosecha en las principales zonas productoras de la provincia”.

Por tanto, Adell ha destacado que la evolución del cultivo ha sido favorable, en términos generales, gracias a la disponibilidad de agua y al buen estado vegetativo de las plantaciones. No obstante, ha recordado que “las condiciones de elevada humedad registradas durante esta campaña también han favorecido la aparición de enfermedades fúngicas, por lo que será fundamental mantener una adecuada vigilancia fitosanitaria para preservar el potencial productivo hasta la recolección”.

Ello ha conllevado que los tratamientos, entre ellos los fungicidas, “han sido superiores y, por ende, el gasto en el cultivo, además de los daños en las infraestructuras de las fincas por las borrascas y el plus de gasto en fertilizante, a causa de la subida por los conflictos bélicos”.

Bajada de superficie

Junto a ello, Adell ha expresado su preocupación por “las grandes cifras de bajada de la superficie de almendro, debido únicamente a la proliferación exponencial de la plaga conocida como gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis), que provoca la muerte de los árboles”, y ha lamentado que, “desde que eliminaron del mercado materias activas eficaces y redujeron el número de aplicaciones, la superficie no deja de bajar”.

De hecho y según datos de la Junta de Andalucía que maneja Asaja, “la superficie en Córdoba ha bajado en dos años más de 2.500 hectáreas”. De hecho, en la última semana, Asaja Córdoba ha tenido conocimiento del arranque de dos plantaciones de almendro de sus asociados.

Para el presidente de la organización agraria, esta situación “está acabando silenciosamente con las plantaciones de almendros en Córdoba”, por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura “que pongan soluciones”, ya que “esto es solo el principio de lo que pasará si se sigue prohibiendo el uso de fitosanitarios en este y otros cultivos”.

De hecho, ha afirmado que “la Junta de Andalucía reconoce el gran problema que tienen los agricultores e incluso en su web afirma que, en los últimos años, el gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) ha pasado de ser una plaga secundaria a convertirse en una de las principales amenazas para el cultivo del almendro en Andalucía debido, entre otros motivos, a los periodos de sequía, restricciones en las dotaciones de agua y prohibición de materias activas para su control”.

En este sentido, “su incidencia es tan grave que pone en riesgo la viabilidad de algunas explotaciones, una realidad que se agudiza con la reducción de materias activas autorizadas para su control químico”.

Es por ello, que Asaja Córdoba solicitará a la Consejería de Agricultura la “autorización excepcional de materias activas para que, a su vez, lo trasladen al Ministerio de Agricultura, y ayudas específicas para los agricultores que han tenido que arrancar las plantaciones, similares a las que el año pasado se publicaron para el mildiu en la viña y el algodoncillo en el olivar, ya que se está poniendo en peligro, en muchos casos, la continuidad y supervivencia de las explotaciones agrarias y este fue el principal argumento de la existencia de esas ayudas”.

La delegada de Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este martes sobre el plan de refugios climáticos ante las altas temperaturas del verano, con la apertura de ocho centros cívicos, centros de participación activa y espacios municipales en todo el horario permitido, de 9:00 a 21:00, cuando haya aviso rojo, mientras que en el naranja se activa el plan con el horario normal de apertura y en el amarillo se realizan labores de prevención y contacto.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que llevan ya “dos años poniendo en marcha refugios climáticos para intentar paliar en lo posible las horas de calor de los vecinos y todas aquellas personas que nos visitan en estas fechas”.

Al respecto, ha recordado que el año pasado no llegaron ni a 50 personas las que visitaron los espacios que estuvieron abiertos durante todo el verano, al tiempo que ha comentado que este año se ha hecho un reparto de refugios climáticos “más dentro de la línea de lo que la propia ciudad demanda, pero teniendo en cuenta que puede haber repartidos por toda la ciudad”.

En función de las alertas meteorológicas y sanitarias, en la amarilla, sobre los 38 grados, se establece una prevención de estar pendientes y contactar con mayores que viven solos “para ver cómo se encuentran, si tienen sus viviendas adecuadas”; a partir de los 40 grados, con la naranja, se ponen en marcha los refugios climáticos, para descansar o realizar “algún tipo de actividad que no sea muy bulliciosa”, como lectura y juegos de mesa.

Y con la alerta roja, de 44 grados en adelante, la apertura de los centros como refugios climáticos ya varía en su horario y pasaría de 9:00 a 21:00, “teniendo en cuenta también las horas centrales del día, las horas de la siesta, que son las más tórridas y estarán abiertos estos centros para la atención y que las personas puedan hacer uso de ellos”.

Los refugios

En concreto, los ocho espacios repartidos por toda la ciudad son los centros cívicos Fuensanta, Norte y Poniente Sur, el Centro de Mayores Huerta de la Reina, el Jardín Botánico --las salas Amparo Pernichi y Raíces--, la Biblioteca Central, el edificio de La Normal --la sala de lectura de la planta baja-- y el Centro de Recepción de Visitantes, de cara a atender a los turistas para que se refugien del calor.

Al respecto, la información sobre los refugios climáticos habilitados se va a poner en la página web del Ayuntamiento y en cada uno de los espacios municipales, “no solamente de los que sean refugios climáticos, sino cualquier espacio municipal”, con un código QR.

El consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha aclarado este lunes que el proyecto minero de estaño Oropesa, previsto en el término municipal cordobés de Fuente Obejuna, “solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la sede de la institución provincial, Paradela ha recordado que “es un proyecto que está en tramitación ambiental”, pues “se hicieron una serie de observaciones al proyecto, que son conocidas por la compañía” promotora, Minas de Estaño de España (Mespa), empresa española filial de la australiana Elementos Limited.

Por tanto, en la Junta confían en que “el proyecto se ajuste para hacer posibles los permisos pertinentes, pero, evidentemente, hay que cumplir, no solo el marco legal, sino los parámetros que se exijan en esa posible autorización ambiental”.

A juicio de Paradela, quien ha estado acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, “el estaño es un metal muy interesante”, hasta el punto de que es “un mineral crítico, tanto para Estados Unidos, como para Canadá y para Australia. No lo es actualmente para la Unión Europea (UE), pero pensamos que en sucesivas actualizaciones desde esa lista el estaño estará incluido”.

De hecho, según ha argumentado, “poner esa mina en marcha multiplicaría por 14 ó 15 veces la disponibilidad de ese metal en la Unión Europea. Así que, desde luego que es un proyecto interesante, pero solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria”, no queriendo Paradela dar plazos sobre cuándo se puede resolver esa autorización medioambiental.

El proyecto

El proyecto minero Oropesa, según ha informado recientemente Mespa, a través del manager del proyecto y director facultativo, Antonio Ortega, “es el resultado de más de una década de trabajos de investigación minera y una inversión de 25 millones de euros”.

Este trabajo, según ha precisado Ortega, ha permitido definir “un yacimiento con unas reservas estimadas en 15,9 millones de toneladas y una capacidad de producción de 3.350 toneladas al año de estaño contenido en el concentrado”. Esta cifra equivale a casi el 10% del consumo anual de estaño primario en la UE y al 1% de la producción mundial.

Ortega ha expuesto también que “Oropesa es el único proyecto integrado de la mina al metal en Europa, dado que el concentrado se fundirá en las instalaciones de Iberian Smelting en Robledollano (Cáceres)”.

La localidad cordobesa de Dos Torres se prepara un año más para convertirse, los días 31 de julio y 1 de agosto, en el tablero de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches, un evento multitudinario que en esta ocasión alcanza los 68 equipos --65 equipos inscritos, dos equipos invitados y un equipo inclusivo-- y que pasa de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros.

Según informa la web del evento, consultada por Europa Press, en la edición de 2025 se dieron cita 65 equipos con un total de 585 jugadores, que, llegados de toda la geografía española, lanzaron los dados y recorrieron las casillas ubicadas a lo largo de la localidad usía para lograr el gran objetivo: ser los primeros en llegar al final. Además, la partida contó con cerca de 350 voluntarios que velaron por el buen desarrollo de la partida y unos 8.000 visitantes.

Este año se celebra la decimotercera edición, que cuenta como principal novedad con la ampliación de la participación hasta los 68 equipos, la cifra más alta registrada desde el nacimiento de esta iniciativa. En concreto, el tablero estará integrado por 65 equipos inscritos, dos equipos invitados y un equipo inclusivo, reforzando así el compromiso de la organización con la accesibilidad y la integración.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el próximo 10 de junio y los equipos podrán acceder al tablero a través de dos vías: el sistema de baremo, mediante la participación en diferentes retos virtuales organizados en redes sociales, y el tradicional sorteo, que completará las plazas disponibles.

Otra de las novedades es la ampliación del tablero, que pasará de las 46 casillas habituales a un total de 50, incorporando una nueva zona de juego y aumentando el recorrido hasta 2,5 kilómetros. La competición crecerá también en número de desafíos, pasando de 33 a 36 pruebas, con una reorganización de diferentes espacios destinada a mejorar la logística del evento, agilizar el tránsito de los equipos y ofrecer una experiencia más dinámica tanto para los participantes como para el público.

La organización, encabezada por Dionisio Cuenca, presidente de la Asociación del Juego de la Oca de Dos Torres, ha destacado que estas modificaciones “responden al objetivo de seguir mejorando el desarrollo del juego sin perder la esencia” que ha convertido a la oca en “una de las actividades más reconocidas y multitudinarias de Los Pedroches”.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de diferentes paquetes de inscripción. Los equipos podrán optar por la modalidad básica o combinar su participación con la adquisición anticipada de merchandising oficial de la XIII edición, entre el que se incluyen artículos como vasos conmemorativos, mochilas o calcetines personalizados.

Asimismo, la organización modificará el sistema de avituallamiento. Por primera vez, cada equipo recibirá al inicio de la prueba un lote de productos de la comarca para consumir durante el recorrido. Esta medida permitirá mejorar la comodidad de los participantes y, al mismo tiempo, reforzar la promoción de la gastronomía de Los Pedroches, convirtiendo los productos locales en protagonistas activos del desarrollo del juego.

Cabe destacar que la XIII edición de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches servirá también para rendir homenaje al fallecido Juanlu Dorado, colaborador estrechamente vinculado al crecimiento y consolidación de la imagen del evento durante los últimos años. Como muestra de reconocimiento a su aportación al proyecto, la organización ha decidido incorporar su figura a las camisetas oficiales que vestirán tanto los participantes como los voluntarios durante el desarrollo de la prueba.

Con estas novedades, El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches afronta una nueva edición marcada por el crecimiento, la innovación y la consolidación de una iniciativa que, trece años después de su nacimiento, continúa reuniendo a cientos de personas y proyectando el nombre de Los Pedroches más allá de los límites de la comarca.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha informado sobre la adjudicación provisional de los contratos con los laboratorios metalúrgicos para el análisis de los carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde en la tarde del domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

Según recoge el oficio de la CIAF a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press y trasladado al Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, el proceso de selección y contratación de laboratorios “se halla en su última fase”, una vez reunida la Junta de Contratación el día 20 de mayo. Se ha tramitado como contrato de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad (según el artículo 168 b) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y por tramitación de urgencia.

No obstante, habida cuenta de que “las muestras a ensayar han sido encomendadas a la CIAF por el juzgado al cargo de la investigación, la adjudicación definitiva y la ejecución del contrato con los laboratorios queda supeditada a la validación y permiso por parte de la autoridad judicial, que deberá asimismo conceder su permiso para el traslado de las muestras, su entrega a los laboratorios, la extracción de las probetas y los ensayos a realizar”.

Dichos condicionantes han sido incluidos en las prescripciones del contrato. Para el procedimiento negociado han sido invitadas tres empresas de laboratorios metalúrgicos previamente seleccionadas por la CIAF en base a “su acreditación, solvencia técnica y ausencia de conflictos de intereses”, si bien una de ellas desistió antes de la Junta de Contratación, por lo que el procedimiento ha sido negociado con Cenim, entidad pública adscrita al CSIC, con sede en Madrid, y Aimen, empresa privada con sede en O Porriño (Galicia).

Al respecto, se asegura que “ambas empresas cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada”.

En este sentido, el objetivo del contrato es “contar con dos laboratorios independientes que realicen los ensayos necesarios en paralelo, de modo que se refuerce la independencia de los análisis y la fiabilidad de los resultados”. Sin embargo, se puntualiza que “algunas de las pruebas y trabajos a realizar están condicionados inevitablemente por el hecho de que sólo hay un lote de muestras sobre el que trabajar, por lo que sólo las podría ejecutar un laboratorio”.

Se trata, por una parte, de las pruebas no destructivas iniciales, “a realizar sobre las muestras inalteradas, sin tampoco alterarlas --inspección visual, toma de fotografías, escaneo--”, y por otra parte, de la extracción de probetas a partir de las muestras, algo que “implicará corte y mecanización, y, por lo tanto, alterará las muestras de manera inevitable e irreversible”.

Aún con todo, la CIAF explica que “en ambos casos puede estar presente un técnico del segundo laboratorio que supervise la ejecución”. Asimismo, el segundo laboratorio recibirá una copia de las imágenes u otras inspecciones realizadas por el primero para analizarlas por separado. Una vez extraídas las probetas por el primer laboratorio, el segundo dispondrá de un lote de probetas con las que realizar el resto de ensayos, “de manera paralela e independiente”.

Las labores

Por este motivo y con las premisas expuestas, el contrato licitado ha sido dividido en dos lotes para su ejecución, de forma que el Lote 1, del primer laboratorio, incluirá la realización de pruebas no destructivas sobre las muestras de carril, “sin alterarlas”, para lo cual estará presente como observador un representante del segundo laboratorio, “al que se hará entrega de una copia de las imágenes o lecturas obtenidas”.

También, se encuentra la extracción de probetas a partir de las muestras para la realización de ensayos, en lo que estará presente como observador un representante del laboratorio y se extraerán dos lotes probetas para los siguientes ensayos, y uno de esos lotes será entregado al segundo laboratorio. Asimismo, la realización de pruebas sobre las probetas extraídas y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores.

Y en el Lote 2, del segundo laboratorio, se incluye la supervisión de las pruebas no destructivas realizadas por el primer laboratorio sobre las muestras de carril, ante lo cual se recibirá copia de las imágenes o lecturas obtenidas por el primer laboratorio, para su estudio e interpretación.

La supervisión de extracción de probetas por parte del primer laboratorio, de modo que se recibirá uno de los lotes para la realización de los siguientes ensayos. La realización de pruebas sobre las probetas --recibidas del primer laboratorio--, y la realización de informes sobre los trabajos y resultados de las fases anteriores. La parte referente a los ensayos no destructivos de la primera fase se realizará a partir de la información entregada por el primer laboratorio.

“Solvencia y capacidad”

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha elaborado el expediente de contratación con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público --incluyendo las correspondientes memorias justificativa y económica, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas--.

En este caso, desde la CIAF se subraya que “acreditada y validada la plena solvencia y capacidad técnica de ambos laboratorios para la realización de todos los trabajos requeridos”, la Junta de Contratación ha valorado las ofertas y en ambos lotes la mayor puntuación, según las fórmulas aplicadas, ha sido obtenida por Aimen. De acuerdo con las cláusulas del expediente de contratación, “no es posible adjudicar al mismo licitador los dos lotes --para cumplir el objetivo de que ambos sean realizados por laboratorios diferentes--”.

En previsión de dicha eventualidad se requirió, al inicio del procedimiento, que los licitadores expresasen un orden de preferencia sobre los lotes, resultando que ambos --Aimen y Cenim-- manifestaron su preferencia por el primer lote. En consecuencia, en aplicación de las cláusulas de contratación y la legislación establecida, correspondería la adjudicación del Lote 1 a Aimen y del Lote 2 a Cenim.

Se pone todo esto en conocimiento del Tribunal --a través del presente oficio a la Policía Judicial-- con el objeto de que “pueda valorar la idoneidad de la adjudicación y conceder, si así lo considera, su visto bueno para la adjudicación definitiva del contrato”. En caso de que el Tribunal lo considere necesario para hacer su valoración, se le podrá facilitar la documentación pertinente del expediente de contratación.

Al hilo de ello, desde la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado se ha acordado enviar a la pieza separada dicho oficio del día 22 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita para que la jueza acuerde lo procedente.

El cantante de Palma del Río (Córdoba) Antonio José será uno de los artistas que actúen en la tarde de este sábado en la vigilia de oración que presidirá el Papa León XIV en Madrid, hasta donde también se desplazan distintos grupos de cordobeses que acuden a la capital ante la visita del pontífice.

El palmeño Antonio José se integra en la nómina de artistas que actuarán a lo largo de la tarde, junto a Lola Tuduri, Ignacio Serrano, Depol, Inazio y Hey Kid, Besmaya y Malmö, Beret y Mr. Rain, Siloé y del número Samaritano del musical Godspell, de Antonio Banderas.

Desde primera hora de la tarde, cientos de jóvenes han comenzado a ocupar sus posiciones en la madrileña Plaza de Lima para asistir en la tarde de este sábado a la vigilia de oración, que será el primer gran acto multitudiario del viaje apostólico del Papa a España. Entre ellos se encuentran por ejemplo, un grupo de los Salesianos de San José de Pozoblanco (Córdoba), que salían desde su localidad a primera hora de este sábado y esperaban “vivir una tarde especial” en el acto que preside León XIV esta tarde.

La Diócesis de Córdoba había informado de que son cerca de 4.000 personas las que han viajado desde esta provincia a Madrid para asistir a la visita del Papa en Madrid. Desde la Delegación Diocesana de Juventud han viajado en 19 autobuses, de la Delegación Diocesana de Familia y Vida en otros dos, del Movimiento Cursillo de Cristiandad dos más y a eso se suma quienes van por libre, desde comunidades del Camino Neocatecumenal.

Ambiente desde primera hora de la tarde

Aunque el acto no dará comienzo hasta las 18.30 y la llegada del Pontífice no se espera hasta las 20.30, el ambiente en los alrededores ya estaba repleto de emoción, alegría y entusiasmo antes de la apertura de las puertas, a las 16.30. A las 16:45, ha empezado a sonar en la plaza Picasso la canción 'Hakuna Matata', que ha dado paso a la apertura de puertas para acceder a los sectores fijados.

Así, en las cercanías del Paseo de la Castellana se preparan miles de jóvenes para acceder al acto como Antonio (24 años) Juanmi (24 años) y Javi (23 años), tres amigos de Málaga que están “orgullosos” de que el Papa visite España al inicio de su pontificado.

“Esperamos que mande un mensaje de esperanza para los jóvenes que estamos en un momento complicado porque nos prometieron que podríamos formar una familia y tener una vivienda y no podemos”, aseguran en declaraciones a Europa Press.

Especialmente emocionada está la familia de Inmaculada (49 años) que acude a la vigilia para acompañar a su hija Esther (19 años), una joven con discapacidad. “Si tuviera que enviarle un mensaje sería 'tengo sed, danos de beber'”, afirma esta madrileña, madre de seis hijos.

Por su parte, Mercedes (40 años), una religiosa de Madrid acude al acto en la Plaza de Lima acompañada de su parroquia, espera que el Pontífice mande un mensaje que ayude a “renovar la fe de todos los españoles”.

Tras las primeras actuaciones, tendrá lugar la entrada procesional de la Virgen de la Almudena y el rezo rosario, así como las actuaciones del grupo Hakuna y Tuyo. Para este acto, se han inscrito 240.000 jóvenes.

Tras visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', sobre las 18.00, el Papa realizará su segundo recorrido en papamóvil para presidir la Vigilia de Oración con los jóvenes, donde pronunciará un discurso y responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida.

La localidad cordobesa de Cañete de las Torres se prepara para vivir el próximo 27 de junio una noche de música y espectáculo con la celebración de 'Cañeteando 2026', que en este ocasión contará con las actuaciones, con entrada libre, de Nancys Rubias y Queen Revolution, banda tributo al legendario grupo encabezado por Freddie Mercury.

Según informa el Ayuntamiento de Cañete de las Torres en su web, consultada por Europa Press, 'Cañeteando' se ha convertido en “una de las citas culturales y musicales más esperadas del calendario provincial”, y volverá a convertir al municipio en “punto de encuentro para miles de visitantes”. Así pues, la noche del sábado 27 de junio promete “emoción, diversión y una experiencia única” para todos los públicos.

Por un lado, llegará a la localidad Queen Revolution, la reconocida banda tributo internacional que revive con extraordinaria fidelidad la música y la esencia de Freddie Mercury y Queen. Procedentes de Italia y en plena gira internacional, ofrecerán un espectáculo cargado de energía, grandes éxitos y una cuidada puesta en escena que hará vibrar al público con himnos inolvidables como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You' o 'Don't Stop Me Now'.

Además, el festival contará con la actuación de Nancys Rubias, una de las formaciones más populares y desenfadadas del panorama musical español. Liderados por Mario Vaquerizo, el grupo aterrizará en Cañete de las Torres con un concierto gratuito lleno de diversión, personalidad y algunos de sus temas más conocidos.

Desde el Ayuntamiento de Cañete de las Torres se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta gran cita musical, que vuelve a apostar por artistas de primer nivel y por una programación diversa y atractiva capaz de dinamizar la actividad cultural, turística y económica del municipio.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha propuesto a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, instalar cuatro contenedores de acero en su Base de Mantenimiento de Hornachuelos para introducir en ellos el material depositado en la base y bajo custodia de Adif, de cara a “mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación”.

Así lo expone Adif en un escrito al juzgado del día 22 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que mediante providencia de 18 de marzo, notificada el día 20 de marzo, se designó a Adif como depositaria del material recogido, precintado y trasladado a la Base de Hornachuelos, “con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial”.

Al respecto, pone en conocimiento del órgano judicial que la Base de Mantenimiento de Hornachuelos se encuentra ubicada dentro de la Línea 010 Madrid-Sevilla, que tiene un único acceso desde la carretera A-431 y se encuentra perimetralmente cerrada mediante un cerramiento con muro, así como las zonas laterales con malla galvanizada.

En relación con los contenedores que proponen, explican que quedarán instalados en la misma ubicación donde se encuentra el material depositado actualmente para emplear el mismo sistema de videovigilancia implantado y estarán cerrados con candados.

En este sentido, Adif detalla que dispone de una vigilancia interna con tres cámaras IP de alta resolución conectadas en tiempo real con el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Sevilla. Todas las imágenes captadas por estas cámaras se grabarán en un equipo digital que permitirá su recuperación con una antigüedad de hasta 30 días.

Ante ello, indican que si la jueza autoriza esta propuesta, bajo las medidas que estime oportunas, Adif informará con carácter previo al órgano judicial y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil del momento exacto del traslado del material ya acopiado al interior de los contenedores, por si se estimara necesaria la presencia de los agentes en este acto.

Como respuesta, la Letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del día 22 de mayo, por el que se proponen estas medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

La Fiscalía solicita una pena de prisión de ocho años para un varón acusado de un delito de agresión sexual con penetración supuestamente cometido sobre una mujer con la que había estado conversando. El juicio se prevé celebrar el próximo 16 de junio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron cuando el acusado “estuvo conversando” con la víctima hasta que, “en un momento determinado, éste le hizo tocamientos en los pechos” y le dio “besos no consentidos, llegando a mantener relaciones sexuales plenas con penetración sin” la aprobación de la mujer.

Por todo ello, además de los ocho años de prisión, el fiscal solicita que se le imponga al acusado la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. A todo ello, se suma la petición de seis años de libertad vigilada.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha condenado este jueves “la agresión sufrida ayer por una delegada del sindicato en Hitachi Energy, por parte del chófer del jefe de Recursos Humanos de la fábrica”, lo cual, según ha precisado el sindicato, ocurrió “a mediodía de ayer, cuando el conductor, miembro del equipo” de una empresa de seguridad contratado por Hitachi, “increpó a la delegada y llegó a amenazarla con que tuviera cuidado en la calle”.

Según ha informado el sindicato en una nota, “la agresividad mostrada por el chófer fue tal que dos vigilantes de seguridad tuvieron que retenerlo y sacarlo varias veces de las instalaciones al tiempo que otros cuatro trabajadores de la planta se interponían en defensa de la trabajadora”.

El secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, presente en el altercado, ha relatado que “varios delegados del comité de empresa, entre ellos la trabajadora agredida y él mismo, estaban hablando sobre cuestiones de carácter sindical. La delegada se despidió de los compañeros para ir a por su almuerzo, momento en que el conductor se acercó a ella y le increpó porque consideraba que le había hecho un gesto feo, cuando ella en ningún momento se había dirigido al chófer, que llevaba un rato deambulando por los alrededores, haciendo como que hacía fotos y hablaba por teléfono”.

Jiménez ha afirmado que “la agresividad fue tal que cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que intervenir para contener al conductor del jefe de Recursos Humanos y expulsarlo varias veces del recinto mientras profería insultos y amenazas a la delegada”.

La trabajadora “requirió atención médica y medicación, ante el estado de ansiedad generado por la violencia verbal utilizada” por el trabajador de la empresa de seguridad, y acompañada por otros delegados de CCOO, el propio Agustín Jiménez, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, “interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya se había personado en la fábrica para levantar atestado”.

Agustín Jiménez ha lamentado que “el jefe de Recursos Humanos de Hitachi, Pedro Anguita, no se haya dirigido aún a la delegada para interesarse por su estado, y se haya limitado a echar balones fuera, diciendo que el presunto agresor no es trabajador de Hitachi y que se produjo una discusión, cuando lo que hubo fue una agresión”.

La Junta de Andalucía ha resuelto aprobar por un total de 1.980 euros más IVA, el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado mes enero, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

Según se recoge en la resolución de la Secretaria General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un software de cuya licencia de instalación y uso es propietaria la empresa Hasler Rail, de manera que la “pericia solo puede realizarse por esta”.

El escrito detalla que “el citado gasto no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos, los cuales se recogen en la Resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero (BOJA 16, de 3 de enero), por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la administración de la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes”.

En este sentido, desde el Gobierno autonómico andaluz se ha solicitado presupuesto a la empresa Hasler Rail, que lo ha emitido de forma detallada por un importe de 1.980 euros, IVA excluido.

Por otro parte, la letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del pasado 22 de mayo, por el que se proponen medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.

Asimismo, a acordado enviar a la pieza separada el oficio del pasado 21 de mayo presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, adjuntando oficio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) informando sobre la contratación de los laboratorios para la práctica de los análisis metalúrgicos, para que la jueza acuerde lo procedente.

La Fiscalía pide penas de tres años de cárcel y multa de 2.700 euros para una mujer acusada de un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal al presentar un documento “falso” en un proceso de indemnización. El juicio se prevé celebrar el viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, una entidad interpuso contra otra una demanda en ejercicio de acción civil de responsabilidad de su órgano de administración y una reclamación por indemnización, siendo emplazada la procesada para contestar, si bien se opuso a la misma mediante escrito.

Al respecto, se detalla que aportó como documento PDF escaneado, “a sabiendas de su falsedad”, un supuesto contrato privado en el que presuntamente “los socios expresaban que la sociedad constituida era una entidad ficticia en la que cada socio continuaría gestionando su propio patrimonio aportado a la misma”.

Posteriormente, el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda de responsabilidad promovida contra la acusada, “siendo fundamental y decisivo el documento aportado por ésta en su contestación, el cual resulta ser falso, al haber sido manipulado por ella u otra persona a su ruego”.