Iryo ha asegurado que no existe ningún indicio que apunte a que el tren involucrado en el accidente ferroviario del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) tenga responsabilidad sobre el suceso, tras todas las comprobaciones realizadas desde ese momento.

Así lo ha trasladado su consejero delegado, Fabrizio Favara, durante su comparecencia este lunes en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado para debatir sobre el estado de la red ferroviaria en España y los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida (Barcelona) a principios de año.

El directivo ha afirmado que la investigación interna del estado del tren, así como del mantenimiento al que era sometido, no ha identificado ningún elemento que le otorgue responsabilidad sobre lo sucedido, algo que también corrobora la respuesta de los tripulantes, incluido el maquinista, que no detectaron ninguna anomalía durante la operación.

Favara ha detallado que el 15 de enero, tres días antes del accidente, el tren fue sometido a una revisión, y que el 31 de diciembre previo también se le realizó una perfilatura de ruedas. También ha descartado que el peso del tren tenga algo que ver con el accidente, al argumentar que ya había trenes de mayor peso operando en la red.

A preguntas de los senadores, el consejero delegado de Iryo ha confirmado que la investigación externa detectó tras el accidente varias muescas en las ruedas de dos trenes de la compañía que circularon inmediatamente antes del tren accidentado.

Sobre esto, ha señalado que el maquinista del último de esos dos trenes notó un golpe, pero no lo comunicó a Adif porque no lo vinculó a un problema grave en la infraestructura. Finalmente, los primeros cinco vagones del tren accidentado pudieron recorrer la vía, hasta que el sexto descarriló.

Falta de calidad pero no de seguridad

De igual forma que hicieron los representantes de Ouigo ante esta misma comisión, Favara ha insistido en que las advertencias que hizo la compañía a Adif antes del accidente se referían a la falta de calidad y confort de la infraestructura, pero en ningún caso a la seguridad.

En concreto, en marzo de 2025 Iryo advirtió del impacto del balasto en los trenes o de los problemas vinculados al arrollamiento de animales y, según Favara, Adif comenzó a tomar medidas y la incidencia de casos relacionados con esos temas se ha reducido.

Por último, el directivo ha indicado que el comité de investigación interna de la empresa, tras analizar todo lo ocurrido, no ha concluido por el momento que tenga que tomar medidas adicionales que puedan evitar accidentes como este.

La Dirección General de Consumo, de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha informado este domingo de que desde el próximo 17 de octubre las llamadas comerciales deberán realizarse a través de un número que comience con el código 400, sin que puedan utilizarse otros rangos de numeración. Así se da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) que incluía la necesidad de diferenciar de manera clara las llamadas de atención a clientela de las llamadas comerciales.

Los consumidores tendrán una nueva herramienta para identificar las llamadas comerciales. El prefijo 400 quedará reservado para las comunicaciones comerciales realizadas por teléfono, de manera que, cuando una llamada proceda de un número que comience por estas tres cifras, el usuario podrá reconocer que se trata de una comunicación de carácter comercial, ha explicado la Junta en una nota.

El nuevo sistema busca facilitar la identificación de este tipo de llamadas y diferenciarlas de aquellas que tienen como finalidad atender al cliente, gestionar una incidencia, tramitar una reclamación o realizar otras actuaciones relacionadas con un contrato. Los números que comiencen por 400 tendrán nueve cifras y se utilizarán únicamente para realizar llamadas comerciales salientes.

No podrán emplearse para recibir llamadas de los consumidores ni para prestar servicios de atención a la clientela. Lo operadores del servicio telefónico disponible al público podrán ofrecer a sus clientes, previa solicitud, la posibilidad de desconexión del servicio de llamadas comerciales prestado a través de este número.

Por otro lado, para los servicios de atención a la clientela se podrán utilizar los números gratuitos 800 y 900, números geográficos de tarifa estándar y determinados números cortos específicamente atribuidos a los operadores destinados a sus clientes, estando prohibida la utilización de numeración móvil. Estos números si podrán utilizarse para recibir las llamadas de los usuarios.

De esta forma, el consumidor podrá diferenciar, de manera sencilla, entre ambos tipos de comunicaciones: el 400 estará asociado a las llamadas comerciales, mientras que los números 800, 900, determinados números cortos y la numeración geográfica podrán utilizarse para la atención a la clientela.

Los presidentes de los consejos, federaciones y agrupaciones de hermandades y cofradías de Andalucía, reunidos en Almería, han reclamado una reunión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con los nueve consejos, federaciones y agrupaciones de las ocho capitales de provincia andaluzas y Jerez de la Frontera con “voluntad de abordar” el cobro de derechos de autor por las marchas procesionales “de forma constructiva” y a fin de “buscar un entendimiento desde el respeto a los autores y a la realidad de las hermandades y cofradías”.

En un comunicado, los máximos representantes de las cofradías han expresado su “máximo respeto y reconocimiento a los autores y compositores, cuya aportación artística constituye una parte esencial de la Semana Santa y las procesiones de Gloria”. “Comprendemos y respetamos su legítimo interés en percibir la remuneración que corresponda por sus obras”, han afirmado.

Sin embargo, han reconocido que les sorprende “profundamente” haber conocido estas medidas a través de los medios de comunicación, “sin ningún contacto previo y con una tarifa y un calendario de aplicación aparentemente ya definidos”. “Entendemos que el diálogo debía haber precedido al anuncio de estas medidas, especialmente cuando la propia SGAE ha manifestado su voluntad de mantener encuentros con los consejos, federaciones y agrupaciones”, han concluido.

La SGAE ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago.

La SGAE ha aclarado que la obligación de pago corresponderá a quien contrate la música para el cortejo. Puede tratarse de una hermandad, pero también de un ayuntamiento o de otra entidad organizadora, según cómo se gestione cada procesión. La banda, ha precisado, es únicamente la encargada de interpretar las composiciones.

“La banda es un ejecutante”, ha señalado Chaves para distinguir entre el pago por la actuación de los músicos y los derechos de quienes han compuesto las obras que interpretan. A su juicio, son conceptos diferentes que deben quedar reflejados cuando se contrata acompañamiento musical para una procesión.

Así, la tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. Chaves ha indicado que el criterio será la utilización de obras cuyos derechos de autor continúen vigentes, con independencia del tamaño de la localidad o de la entidad que organice el acto.

En este sentido, ha sostenido que gran parte de las marchas que se escuchan actualmente durante la Semana Santa siguen sujetas a derechos de autor. También ha defendido que remunerar a sus compositores favorece la creación de nuevas piezas, frente a la posibilidad de que las formaciones recurran únicamente a obras que ya se encuentran libres de derechos.

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. Chaves ha señalado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro, con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores.

La cantautora cordobesa Lourdes Pastor llevará su flamenco comprometido a Marruecos el próximo octubre, en el marco del Congreso Mundial del Flamenco del Instituto Cervantes, su espectáculo 'A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor', que presentará los días 6 y 7 del próximo mes en Casablanca y Rabat.

Así, la artista, según la información que ha facilitado a Europa Press, estará acompañada por el guitarrista Ángel Dobao en dos actuaciones que sitúan su propuesta artística en el ámbito de la programación internacional del flamenco.

Este viaje a Marruecos de la cantautora y socióloga cordobesa, reconocida por una trayectoria en la que el flamenco y la defensa de los derechos de las mujeres ocupan un lugar central, supondrá un nuevo paso en la trayectoria de una artista que ha construido un lenguaje propio en torno al flamenco, la poesía, el feminismo, la memoria y la defensa de los derechos humanos, y que ahora lleva su creación a un contexto internacional.

El 6 de octubre, Lourdes Pastor actuará en Casablanca, dentro de la programación del Congreso Mundial del Flamenco. Al día siguiente, el 7 de octubre, su propuesta llegará a Rabat. En ambas actuaciones estará acompañada por el mencionado guitarrista Ángel Dobao, en un formato que pone en primer plano la voz, la guitarra, la palabra y la dimensión poética del espectáculo.

Creado y dirigido por la propia Lourdes Pastor, el espectáculo 'A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor' propone una mirada amplia sobre uno de los momentos culturales más importantes de la historia contemporánea española. El espectáculo parte de la poesía y la creación artística de figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Concha Méndez, Carmen Conde y Lucía Sánchez Saornil, cuyas voces dialogan en escena a través del flamenco, la música popular, la canción de raíz y la palabra hablada.

La propuesta incorpora además la figura de Clara Campoamor y un fragmento de su histórico discurso en el Congreso en defensa del sufragio femenino, estableciendo un vínculo entre creación artística, memoria democrática y conquista de derechos. Para Lourdes Pastor, el 27 no puede entenderse únicamente desde los nombres de la literatura.

De este modo, su propuesta busca recuperar también el contexto social y político en el que aquellas obras nacieron y, para ello, se ha preguntado “qué estaba pasando realmente en aquel momento, no solo en los círculos literarios, sino también en las plazas de los pueblos, en las minas, en los campos y en la política. Había una energía cultural y social que atravesaba todo”.

Desde esa perspectiva, 'A la luz del 27' plantea “un encuentro entre las voces de mujeres y hombres de aquel periodo, alejándose de una visión fragmentada de la Generación del 27 y reivindicando un mismo tejido cultural en el que poesía, música, pensamiento, política y movimientos sociales estuvieron profundamente conectados”.

El viaje a Marruecos llega después del estreno de 'A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor' el pasado 14 de abril en el Ateneo de Madrid, donde el espectáculo alcanzó el lleno absoluto y recibió una notable respuesta del público. La nueva etapa internacional del proyecto se produce además tras la publicación de 'Serenidad', primer adelanto musical del espectáculo, en el que Lourdes Pastor pone música a un poema de la poeta ultraísta y anarcofeminista Lucía Sánchez Saornil.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha considerado tras la caída de los dos reales decretos ley de vivienda sometidos a votación en el Congreso el pasado viernes, 2 de octubre, que existe “una mayoría de partidos que votan con el rentismo y que están defendiendo a los especuladores” y ha señalado que PP y Vox han votado al lado de quienes hacen sufrir a nuestro pueblo“.

En un acto con motivo de la Jornada Municipalista de IU Andalucía celebrado en el Auditorio Sebastián Valero de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el coordinador general de IU-A ha asegurado que ambas formaciones “han votado contra 658.000 andaluces que están con la soga al cuello” y ha reivindicado el papel municipal de IU ante las próximas elecciones municipales. “No vamos a permitir que nuestros pueblos y ciudades sean activos financieros de nadie”, ha añadido en un audio remitido a los medios.

De este modo, el diputado en el Congreso ha apostillado que la votación de los decretos de vivienda ha dejado “muy claro de qué lado está cada uno” y ha acusado al Partido Popular y Vox de situarse junto a los intereses de los grandes propietarios y los especuladores. Así, Valero ha defendido que las últimas semanas también han demostrado que “la movilización es imprescindible” para conseguir avances en materia de vivienda.

En este sentido, ha sostenido que la presión social ha obligado al PSOE a moverse y ha reivindicado el papel de la izquierda dentro del Gobierno de España para incorporar a los decretos parte de las reivindicaciones planteadas por el movimiento por la vivienda. “Hace falta más izquierda. Gracias a que había izquierda en el Gobierno conseguimos meter en el decreto las demandas del movimiento por la vivienda”, ha afirmado.

En relación a las elecciones, Valero ha asegurado que IU está “absolutamente preparada” ante un eventual adelanto electoral y ha asegurado que su formación es “una fuerza de lucha y de gobierno”. “Nuestros pueblos y ciudades no son activos financieros”, ha añadido.

“Vamos a las próximas elecciones municipales para evitar que nuestros pueblos y ciudades caigan en manos de los especuladores”, ha señalado Valero, quien ha defendido la gestión de IU en municipios como Aguilar de la Frontera y en otros gobiernos locales de Andalucía.

“Donde gobierna Izquierda Unida se defiende la vivienda, se defienden los servicios públicos y se prioriza el interés general”, ha asegurado. Además, Valero ha advertido de que en las próximas municipales se decidirá “si la vivienda es un derecho o un activo financiero”, pero también qué modelo económico y territorial se desarrolla desde los municipios andaluces.

“Nos jugamos qué va a pasar con nuestras tierras fértiles, si se ponen al servicio de proyectos especulativos o de la economía local. Nos jugamos si prima el interés general o el interés de unos pocos”, ha explicado.

Frente a ello, ha resumido el proyecto municipalista de IU en la idea de que no van a permitir “que nuestros pueblos y ciudades sean activos financieros de nadie. Queremos pueblos y ciudades para vivir, para trabajar y para ser felices”, ha indicado. El dirigente andaluz ha defendido que IU cuenta con “un proyecto” y con una organización preparada para afrontar un escenario electoral anticipado y ha afirmado que, si se produjera ese adelanto, la formación estará “a la altura”.

“Tenemos la convicción de que este país no quiere caer en las garras de los fondos de inversión y de los especuladores”, ha señalado Valero, quien ha asegurado que IU ofrece a los votantes progresistas “la seguridad” de que trabajará para que el país “siga avanzando”.

Por último, Valero ha reivindicado el perfil propio de Izquierda Unida frente al PSOE y su capacidad para combinar movilización social y acción institucional. “Nosotros somos una fuerza de lucha y de gobierno. Somos una izquierda que sabe estar en la calle, sabe presionar desde la calle y sabe llevar esa presión a las instituciones”, ha abundado.

En suma, a su juicio, los acontecimientos de las últimas semanas han vuelto a demostrar que “ha sido el movimiento popular el que ha doblado el brazo al Partido Socialista” y que la izquierda integrada en Sumar ha sido la que ha trasladado al Gobierno parte de esas reivindicaciones. “Aquí está una izquierda coherente y valiente, que lo que dice lo hace y que se presenta a las elecciones con toda la convicción”, ha concluido.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha valorado de forma positiva el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la inclusión del eje de 400 kV entre Maguilla-Peñarroya-Lancha y una subestación en Peñarroya-Pueblonuevo en la propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, una infraestructura que, según ha apuntado, “era vital para la zona norte de la provincia, ya que permite aumentar la capacidad de desarrollo de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato”, a la vez que ha pedido al Gobierno que “atienda el resto de alegaciones”.

En este contexto, Fuentes ha reconocido que la inclusión del eje que afecta al norte de la provincia “abre expectativas muy importantes para el empleo y el crecimiento de nuestra tierra, fruto del trabajo de reivindicación colectiva que hemos realizado desde la Diputación, los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales”. En este sentido ha añadido que la rectificación del Gobierno central “es un reconocimiento a una necesidad inaplazable que, junto con el agua, marca el futuro de nuestra provincia”.

Fuentes, no obstante, ha reclamado que “se atienda el resto de alegaciones” que presentó la Diputación de Córdoba, entre las que estaban la repotenciación del eje Carmona-Villanueva del Rey-Almodóvar-Casillas-Lancha, junto con una nueva subestación en Lancha, “que es vital para todo el desarrollo industrial de la provincia en torno a la Base Logística”.

En definitiva, ha dicho, se trata de “un punto de partida fundamental pero ahora toca pasar del anuncio a los hechos, necesitamos concreción en los plazos y garantías”, ha apuntado el presidente de la institución provincial.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este jueves que “desde el Gobierno de España se han atendido las peticiones y reclamaciones que se hacían desde la Junta de Andalucía” para la inclusión del eje Maguilla-Peñarroya y su subestación como proyecto preferente en la Planificación Eléctrica 2025-2030, algo que “se incorpora ahora mismo en el papel, que siempre es el antecedente, y que luego se ejecute la actuación en sí misma”.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha resaltado que es “una magnífica noticia, porque eso es un condicionante sin el cual, lo hemos advertido en muchas ocasiones, no se podría seguir creciendo, porque llega un punto en el que la capacidad eléctrica es limitativa”. “Si no hay capacidad eléctrica, por mucha atracción de empresas que se hagan, no pueden trabajar”, ha remarcado.

Por tanto, el primer edil ha abundado en que “es una magnífica noticia” y se ha alegrado “mucho de que sea así”, a la vez que ha felicitado también a la Junta de Andalucía, “porque ha peleado desde primera hora que esto fuera así”.

En este sentido, Bellido ha señalado que “cuando se hacen bien las cosas por parte de la Junta de Andalucía, que lo ha reclamado, y se atienden esas reclamaciones por el Gobierno de España, son magníficas noticias”.

Un bebé de 18 meses de Villanueva del Arzobispo (Jaén) ha fallecido tras llevarse a la boca un puñado de legumbres --al parece habichuelas-- que cogió de un saco en la tienda que regentan los padres en el municipio.

Según ha indicado a Europa Press el alcalde de Villanueva del Arzobispo, Jorge Martínez, el suceso tuvo lugar este lunes por la tarde cuando el bebé --el menor de cuatro hermanos-- cogió del saco las legumbres y se las introdujo en la boca.

“Ha sido una desgracia, cogió un puñado de habichuelas y se las llevó a la boca y aunque se actuó rápido pues al final no ha podido ser”, ha dicho el alcalde.

Los padres rápidamente lo llevaron al centro de salud donde lograron estabilizarlo y desde donde se activó el helicóptero del 061 para su traslado al Hospital Reina Sofía de Córdoba donde falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

Aunque el deseo de los padres eran enterrarlo en Villanueva del Arzobispo, el cuerpo del bebé será trasladado hasta la Comunidad Valenciana donde sí hay cementerios musulmanes que puedan acoger los restos.

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado que su departamento investiga y hace “un seguimiento concreto” de cada una de las incidencias que pueda haber en comedores escolares de la comunidad para “establecer medidas de corrección y de sanción si es necesaria”.

Castillo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas tras las incidencias detectadas en tres comedores escolares de la provincia de Córdoba -donde se han denunciado menús insuficientes-, y otro en el municipio granadino de Albolote (Granada) tras el supuesto hallazgo de larvas de gusanos en el arroz.

La consejera ha hecho hincapié en que son más de 200.000 menús escolares diarios los que se sirven en el conjunto de la comunidad, ya sea en comedores de gestión directa o bien con empresas encargadas del servicio; y existe un seguimiento continuado.

Por un lado, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la cual inspecciona el cumplimiento por parte de las empresas de las condiciones del contrato y de que se sirvan los menús en las condiciones que están en los pliegos. Y por otra parte, con el programa Evacole de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, por el que inspectores de sanidad “comprueban” las comidas.

“Cuando hay una denuncia como ha ocurrido en este caso en el que al parecer había un menú que no estaba en buenas condiciones inmediatamente se mandan ambas inspecciones, la de Sanidad y la de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para comprobar qué es lo que está pasando”.

La consejera ha querido pedir “disculpas a las familias, porque muchas veces --ha dicho-- es verdad que eso nos pasa, que nos toca un menú que no es el más atractivo, que tiene algún tipo de problema”, aunque ha matizado que las redes sociales “lo magnifican todo” y “a veces cosas que dicen que están pasando en un comedor” luego no están ocurriendo de esa manera o en ese centro.

Preguntada sobre los casos concretos de la provincia de Córdoba y del CEIP Tínar de Albolote (Granada), Castillo ha dicho sobre el primero que se está investigando y en el segundo sí ha ido la inspección de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

En Córdoba, familias, AMPAS y centros han denunciado el menú que varios colegios recibieron el pasado viernes y al que alude un vídeo que se ha viralizado en redes sociales, que mostraba el contenido de una bandeja de pisto para 15 alumnos que apenas contenía dos cucharadas de vegetales mientras todo lo demás era caldo.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado la asistencia de peritos y técnicos de Adif en la inspección ocular y reportaje fotográfico iniciado este martes de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado, en las inmediaciones de la estación técnica de Adamuz hasta su conclusión en la estación de Villanueva de Córdoba.

Según recoge la providencia de la jueza, a la que ha tenido acceso Europa Press, dichos peritos y técnicos participan “exclusivamente en calidad de observadores, a fin de que puedan conocer y documentar las circunstancias que estimen relevantes” para la elaboración de un informe pericial de parte, a lo que añade que la intervención autorizada no comporta “facultad alguna de dirección o ejecución de la diligencia, ni habilita para la realización de pruebas, fotografías y demás actuaciones de carácter técnico sobre los vagones, conforme lo solicitado”.

Al respecto, se ha acordado dar traslado de la resolución a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba, a los efectos oportunos para que una vez practicada la diligencia, remita al órgano judicial la correspondiente acta, en la que se haga constar las circunstancias de su desarrollo, así como copia íntegra del reportaje fotográfico realizado para su unión a autos.

En concreto, los peritos judiciales han sido convocados este martes y miércoles, y el jueves si hiciera falta, para la inspección ocular y realización del reportaje fotográfico de los vagones: este martes, del 6 al 8, y el miércoles, del 1 al 5, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

En este sentido, participan investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si “¿intervendrá el Ministerio de Economía ante las autoridades japonesas para que estas pidan a la empresa Hitachi que respete los derechos laborales y atienda las justas reclamaciones de la plantilla de su fábrica en Córdoba?”.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie, también por escrito, sobre el conflicto laboral abierto en la factoría de Hitachi Energy en la capital cordobesa ante la falta de acuerdo entre empresa y sindicatos respecto al convenio colectivo y por las contrataciones externas que realiza la multinacional japonesa.

En este contexto el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados también ha preguntado al Gobierno de la Nación “¿cómo valora la actuación de vulneración de los derechos labores de los trabajadores de Hitachi Córdoba por la empresa?”, y “¿qué medidas adicionales planea tomar el Gobierno para que Hitachi devuelva cualquier subvención o exención fiscal recibida?”.

A este respecto y en la exposición de motivos de la pregunta registrada por Santiago esta misma semana, los trabajadores de Hitachi “se encuentran en una tensa situación tras una huelga indefinida que se suspendió a 7 de marzo” pasado, reivindicando “mejores condiciones, creación de empleo, renovación de convenio y mejor trato para la plantilla” y, “en medio de estas reivindicaciones, la empresa sancionó a 76 huelguistas” con “suspensión de empleo y sueldo” durante cuatro meses, si bien los juzgados de lo Social “ordenaron la suspensión de las medidas disciplinarias” y “cuestionaron la proporcionalidad de estas”.

Tras ello, según el relato de Santiago, “CCOO en el comité de empresa pidió un ejercicio de reflexión, tras los distintos reveses judiciales que están dejando claro que las actuaciones de la firma estaban vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, infringiendo el derecho a huelga mediante sanciones abusivas y presiones que obligan a la plantilla a renunciar a este derecho constitucional para evitar castigos económicos”.

El “largo conflicto laboral”, según ha lamentado el diputado de Sumar por Córdoba, “que acumula 21 meses en la planta de Hitachi por la negociación del convenio colectivo, vuelve a escalar tras un periodo en primavera en el que dio visos de poder encauzarse. Lo que empezó como un conflicto contra diferencias salariales se ha transformado en una situación en la que se sanciona directamente a los representantes de la plantilla y en el que se sustituyen trabajadores y empleos, externalizando tareas mediante subcontratas”.

Por ello, entiende Santiago que “se deben seguir realizando las gestiones necesarias para que no se perciba ninguna de las subvenciones millonarias pendientes por parte de la Administración del Estado, destinadas a la ampliación de su factoría en Córdoba, mientras no se respeten las leyes y la Constitución y no se cese la represión sindical”.

A su juidio, “es fundamental que se condicione el mantenimiento de estas ayudas a que la empresa atienda las resoluciones de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de 1o Social y lo Penal, los cuales están dando la razón a la plantilla y al sindicato CCOO frente a las denuncias y sanciones interpuestas por la dirección durante el actual conflicto laboral”.

Por último, el portavoz de IU en el Congreso ha afirmado en la exposición de motivos de su pregunta que “s imprescindible que la dirección” de la empresa “acceda a negociar de manera inmediata y comience a reconocer los derechos laborales de los trabajadores”, y a la vez “el Ministerio de Economía debería advertir mediante un mensaje claro a las autoridades competentes de Japón, para que tomen medidas para que una multinacional de esa nación respete los derechos de los trabajadores de su planta en Córdoba y cambie de actitud”.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha convocado a los peritos judiciales la próxima semana, desde el día 29 de septiembre para la inspección ocular y realización de reportaje fotográfico de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado.

Así se recoge en la providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista del oficio, derivado de las actuaciones principales, presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba del día 18 de septiembre por el que se da cumplimiento de lo ordenado por providencia del día 12 de agosto, informando al órgano judicial de las fechas previstas.

En dicho oficio se transmite que una vez puestos en contacto con las partes que han de participar en tal actuación, se ha previsto que la misma se lleve a cabo los días 29 --los vagones 6, 7 y 8-- y el día 30 de septiembre --de los vagones 1 a 5--, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

Al respecto, está prevista la participación de investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en ese acto, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.

Por otra parte, la UOPJ ha presentado un oficio el día 21 de septiembre aportando copia de las grabaciones recopiladas por dicha unidad perteneciente el proyecto 'TrainData' de la operadora ferroviaria Renfe, para que se una al caso y se dé traslado de las grabaciones a los peritos a los efectos oportunos.

El delegado de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta en Córdoba, Agustín López, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, para abordar la situación actual de la industria cordobesa y analizar los principales retos y oportunidades que afronta la provincia en materia de desarrollo económico e industrial, y en este contexto ha reclamado al Gobierno central una planificación eléctrica que garantice inversiones y empleo.

Durante el encuentro, ambas instituciones han coincidido en destacar el momento de crecimiento que atraviesa la economía cordobesa, impulsada por el aumento de la actividad industrial, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la capacidad exportadora de las empresas de la provincia.

En este sentido, López ha subrayado que Córdoba cuenta con “motivos para mirar al futuro con optimismo”, respaldados por indicadores que reflejan la fortaleza del tejido productivo provincial. Entre ellos, ha destacado el récord alcanzado por las exportaciones cordobesas, que han sumado 2.310 millones de euros en los siete primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 7,2 % respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa a la provincia cerca del 9 % del total de las exportaciones andaluzas.

El delegado ha señalado que estos resultados evidencian el potencial de Córdoba para seguir atrayendo inversiones y consolidando proyectos empresariales, especialmente en sectores estratégicos vinculados a la industria, la logística y la innovación. No obstante, el responsable de Industria de la Junta ha advertido de la necesidad de disponer de las infraestructuras energéticas necesarias para que ese crecimiento pueda mantenerse en el tiempo.

A este respecto, ha reiterado la reivindicación de la Junta de Andalucía para que el Gobierno de España apruebe de forma definitiva la planificación de la red de transporte eléctrico correspondiente al horizonte 2025-2030, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico de la provincia. “La planificación eléctrica prevista para 2030 continúa sin responder a las necesidades de Córdoba”, ha indicado López.

El delegado ha recordado que la propuesta trasladada por la Junta contempla inversiones por valor de 157 millones de euros en la provincia de Córdoba y presta especial atención a la ejecución de la línea eléctrica de 400 kilovoltios que conectaría las subestaciones de Maguilla, Peñarroya y Lancha, “un eje fundamental para garantizar el suministro energético de zonas con elevado potencial industrial y logístico, entre ellas el entorno de la Base Logística del Ejército de Tierra”.

Según ha explicado, la disponibilidad de capacidad eléctrica resulta imprescindible para facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales, favorecer la competitividad industrial y aprovechar las oportunidades de crecimiento que actualmente se están generando en Andalucía. “Si queremos más industria, más inversión y más empleo, necesitamos una red eléctrica que esté a la altura de las necesidades de Córdoba”, ha señalado.

Además, ha insistido en la necesidad de resolver cuanto antes esta planificación para evitar que proyectos industriales estratégicos puedan verse condicionados por la falta de infraestructuras energéticas adecuadas. El delegado ha valorado especialmente la colaboración que mantienen la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales cordobesas para impulsar el desarrollo económico de la provincia, destacando la coincidencia existente en el diagnóstico sobre las necesidades del sector industrial.

En este sentido, ha recordado el respaldo mostrado por CECO, la Cámara de Comercio, las organizaciones sindicales, la Diputación de Córdoba y la propia Junta a favor de las infraestructuras eléctricas necesarias para el crecimiento de Córdoba.

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha reiterado el apoyo del empresariado cordobés a aquellos proyectos industriales y energéticos que cumplan estrictamente con la normativa vigente, destacando especialmente “las oportunidades que representan las inversiones vinculadas a las plantas de biomasa, biometano y biogás para la economía circular y el aprovechamiento de recursos procedentes de sectores como el olivar o la ganadería”.

Tamibién ha defendido la necesidad de “acelerar proyectos logísticos e infraestructuras clave para la provincia” y ha vuelto a reclamar “una solución definitiva a las necesidades de suministro eléctrico”, al considerar que la disponibilidad energética constituye un factor determinante para atraer nuevas inversiones.

Díaz ha puesto como ejemplo el creciente interés empresarial por Córdoba, reflejado en iniciativas industriales de gran relevancia actualmente en desarrollo, así como en el impacto que está generando la futura Base Logística del Ejército de Tierra, como polo de atracción para empresas nacionales e internacionales.

Tanto la Junta de Andalucía, como CECO han coincidido en señalar que “la provincia se encuentra en un momento especialmente favorable para la captación de inversiones, con proyectos vinculados a la industria manufacturera, la tecnología, la logística y la defensa, además de un comportamiento económico que sitúa a Córdoba entre los territorios con mejores perspectivas de crecimiento”.

En este contexto, ambas partes han apostado por seguir reforzando la colaboración institucional y empresarial, “para consolidar las oportunidades de desarrollo que se están generando en la provincia y garantizar que Córdoba disponga de las infraestructuras energéticas y logísticas necesarias para aprovechar todo su potencial industrial”.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está vigilando un “leve incremento” de casos de gripe y covid en Atención Primaria y hospitales a fin de tomar medidas en caso de que el aumento continúe y se pudiera estar ante el “inicio de una onda epidémica”. “Todavía no. Los valores son bajos”, ha aclarado Sanz.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha explicado que la tasa de incidencia está, en estos momentos, en un “perfil bajo”. Valores incluso “inferiores” a los de la misma semana de temporadas pasadas. No obstante, “estamos haciendo un seguimiento muy específico y estamos valorando, con los datos de las próximas semanas, si este leve incremento pudiera tener una fluctuación al alza e incluso suponer el inicio de una onda epidémica”, ha sostenido Antonio Sanz.

Lo que sí ha comenzado este pasado lunes es la campaña de inmunización de niños menores de 6 meses frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias. El objetivo, según ha explicado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, es igualar la cobertura alcanzada en la edición anterior, cuando fueron inmunizados 55.000 lactantes, el 96% de todos los recién nacidos en Andalucía.

La estimación de menores que pueden ser inmunizados frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en base al número de niños nacidos el pasado de año sería la siguiente: Almería, 6.100; Cádiz, 7.200; Córdoba, 4.950; Granada, 6.300; Huelva, 3.350; Jaén, 3.800; Málaga 10.600 y Sevilla, 13.435, según los datos ofrecidos por la Junta en una nota de prensa.

La Administración destina a esta campaña 15,2 millones de euros, una inversión destinada a “prevenir de forma eficaz y segura la infección por este virus prevalente los meses de otoño e invierno”, ha explicado el consejero. Desde su puesta en marcha en 2023, esta campaña ha logrado inmunizar frente al VRS en Andalucía a 165.737 lactantes.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado a Europa Press que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago.

Chaves ha explicado que la tarifa fue aprobada en la última junta directiva de la SGAE y que se calculará sobre la cantidad que la entidad organizadora abone a la formación musical.

Además, el responsable de la SGAE ha aclarado que la obligación de pago corresponderá a quien contrate la música para el cortejo. Puede tratarse de una hermandad, pero también de un ayuntamiento o de otra entidad organizadora, según cómo se gestione cada procesión. La banda, ha precisado, es únicamente la encargada de interpretar las composiciones.

“La banda es un ejecutante”, ha señalado Chaves para distinguir entre el pago por la actuación de los músicos y los derechos de quienes han compuesto las obras que interpretan. A su juicio, son conceptos diferentes que deben quedar reflejados cuando se contrata acompañamiento musical para una procesión.

Así, la tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. Chaves ha indicado que el criterio será la utilización de obras cuyos derechos de autor continúen vigentes, con independencia del tamaño de la localidad o de la entidad que organice el acto.

En este sentido, ha sostenido que gran parte de las marchas que se escuchan actualmente durante la Semana Santa siguen sujetas a derechos de autor. También ha defendido que remunerar a sus compositores favorece la creación de nuevas piezas, frente a la posibilidad de que las formaciones recurran únicamente a obras que ya se encuentran libres de derechos.

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. Chaves ha señalado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro, con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores.

“Lo interesante de esto es que protege a los autores y compositores, porque si nos limitamos solamente a tocar a aquellos que están libres de derechos, no estamos dándole cabida a los nuevos autores jóvenes que están componiendo”, ha asegurado.

Según ha relatado, tras ese proceso la SGAE ha incorporado la nueva tarifa a su libro oficial. Ahora, la entidad trabaja en explicar cómo se aplicará y en establecer la colaboración necesaria con hermandades, bandas, ayuntamientos y otros organizadores para conocer qué composiciones se interpretan y poder repartir los derechos entre sus autores.

Chaves ha afirmado que ya están manteniendo contactos con distintos consejos de hermandades y con otros colectivos afectados. La SGAE desarrolla, además, encuentros divulgativos en distintos puntos de España para informar sobre la medida, que tendrá alcance nacional.

Preguntado por si el porcentaje aprobado admite modificaciones o si se contemplarán condiciones específicas para las hermandades con menos recursos, el director territorial ha señalado que esas situaciones deberán estudiarse durante las conversaciones. Ha explicado que existen ajustes en otras tarifas de la entidad, aunque ha insistido en que, en este caso, el punto de partida es el 7%.

Sobre la situación de las formaciones musicales que no emiten facturas o no tienen regularizada su actividad, Chaves ha precisado que la SGAE no les impone por esta tarifa una nueva obligación administrativa. Ha reconocido, no obstante, que su aplicación puede poner de manifiesto la situación en la que opera alguna banda, mientras que otras ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Aunque la tarifa está aprobada, Chaves ha diferenciado ese hecho de su puesta en práctica generalizada. Según ha explicado, la entidad se encuentra ahora en una fase de “pedagogía”, reuniones y diálogo, por lo que el cobro se implantará de forma paulatina y “no de la noche a la mañana”.

Así, pese a que la previsión de la SGAE es aplicar la tarifa durante la Semana Santa de 2027, su director territorial ha confirmado que aún no se sabe cuándo se reclamará el primer pago. También ha evitado concretar si se exigirá ya en las procesiones extraordinarias que puedan celebrarse antes de esa fecha, al señalar que la implantación requiere trabajar previamente con las entidades afectadas.

La delegada de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados, ha mantenido este martes en Palma del Río (Córdoba) una reunión de trabajo con representantes de los ayuntamientos cordobeses de Palma del Río, Hornachuelos, Fuente Palmera y Fuente Carreteros, cuya integración tarifaria en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba está prevista para 2027.

El encuentro se enmarca en el ciclo de reuniones que la Junta de Andalucía va a mantener con los ayuntamientos de los municipios que se incorporarán al sistema tarifario, con el objetivo de avanzar de forma coordinada en la planificación de su integración y conocer las necesidades específicas de movilidad de cada localidad.

La Junta prevé incorporar en 2027 a 14 nuevos municipios al sistema tarifario del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, una ampliación que permitirá extender las ventajas del transporte metropolitano a un mayor número de ciudadanos de la provincia.

Granados ha destacado durante la reunión la importancia de mantener una interlocución directa con los ayuntamientos durante este proceso para que la incorporación al sistema responda a las características y necesidades de cada localidad. “Queremos escuchar a los ayuntamientos, conocer las necesidades de movilidad de sus vecinos y empezar a planificar conjuntamente esta integración para que responda a la realidad de cada municipio”, ha señalado la delegada.

La integración tarifaria permitirá a los usuarios de los municipios incorporados acceder a las ventajas de la tarjeta del Consorcio, entre ellas un 30% de descuento en el precio del viaje, además de otras condiciones y beneficios asociados al sistema tarifario integrado. De este modo, la incorporación de nuevos municipios permitirá ampliar el acceso de los ciudadanos a un sistema de transporte público con tarifas bonificadas y favorecer una mayor conexión entre las localidades y Córdoba.

El proceso de ampliación del Consorcio se desarrolla en el marco del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. Plan de Movilidad Sostenible, que establece el marco para avanzar en la integración de nuevos municipios y en la mejora de la conexión mediante transporte público.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado que la incorporación al Consorcio responde a una demanda trasladada por los usuarios y promovida por el Ayuntamiento para mejorar la conectividad y la movilidad del municipio. Esteo ha señalado que Palma del Río es un centro de referencia para la comarca, con desplazamientos diarios por motivos sanitarios, formativos y laborales, y ha subrayado la importancia de contar con alternativas de transporte público ante los retrasos y cancelaciones que afectan al servicio ferroviario.

La alcaldesa ha considerado que la integración permitirá facilitar el acceso a tarifas reducidas y ofrecer a los vecinos “una opción de transporte público segura, accesible y adaptada a sus necesidades”. Durante el encuentro, los representantes municipales han trasladado sus planteamientos y necesidades en materia de transporte público, que serán analizados de cara a la planificación de la futura incorporación al sistema.

La Junta continuará durante las próximas semanas este ciclo de reuniones con los municipios que se incorporarán al Consorcio en 2027, avanzando conjuntamente con los ayuntamientos en los aspectos necesarios para hacer efectiva su integración tarifaria.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha señalado que el fenómeno de la migración es “una realidad muy compleja que ha de abordarse desde distintos ámbitos”, de modo que, “a nivel personal, hemos de apoyar a la población receptora en la reclamación de sus derechos, barriendo al mismo tiempo de la mente los prejuicios y abriendo los ojos y el corazón para descubrir en el migrante, especialmente en el pequeño, un hijo de Dios, un hermano”, para que, “como comunidad creyente, acojamos y apoyemos su integración y promoción”.

Así lo ha destacado el obispo en su carta semanal, recogida por Europa Press y e la que también insta a que, “como ciudadanos, exijamos a los responsables un mayor compromiso en la ayuda internacional, que favorezcan el derecho a no inmigrar, que luchen contra las mafias evitando la inmigración irregular y, en definitiva, que lejos de un uso partidista, creen condiciones respetuosas con su dignidad”.

En este contexto, ha recordado que el próximo domingo 27 de septiembre “la Iglesia celebra la 112ª Jornada Mundial del Migrante y Refugiado” y “lo hace bajo el lema evangélico 'Incluso uno solo de estos pequeños' (cf. Mt 18, 5), en un contexto señalado por la movilidad humana a gran escala. En este caso, el Papa León XIV nos invita a centrar la mirada en los niños y adolescentes” migrantes.

Ante ello, Jesús Fernández ha argumentado que “no nos hallamos ante una realidad aislada. Aun admitiendo que el hecho producido a finales de julio en la ciudad autónoma de Ceuta sobrepasa el ámbito migratorio, el hecho en sí certifica la migración de los menores como un fenómeno estructural”.

A juicio del obispo, “estos niños y adolescentes tienen derecho a gozar del cariño y el cuidado de su propia familia, sin embargo, por razones de todo tipo, se ven forzados a emprender viajes peligrosos viéndose expuestos, de esta manera, a la trata y otro tipo de violencias. Es más, con frecuencia, los que llegan al lugar soñado se encuentran con barreras legales, sociales e ideológicas, viviendo experiencias que marcan para siempre su desarrollo integral”.

Jesús Fernández ha añadido que el fenómeno migratorio “puede ser contemplado desde distintos puntos de vista y observado con varias miradas. Una de ellas, sumamente peligrosa y contagiosa, es la cuantitativa que reduce a un número a cada migrante. Es la mirada mayoritaria entre los gestores de la vida pública, los sociólogos, los responsables de los estudios estadísticos, preocupados de calcular cuántos llegan, cuánto nos cuestan, qué beneficio nos pueden aportar”.

Frente a ello, el obispo ha indicado que el lema de la 112ª Jornada Mundial del Migrante y Refugiado “nos invita a superar este reduccionismo y a descubrir el valor único e irrepetible de cada niño y adolescente migrante. Acabemos con la mirada pragmática que valora lo cuantitativo, la eficiencia”, pues, “como dice el Papa León XIV, cuando la eficiencia se vuelve medida de valor, el ser humano es tentado a considerarse como un proyecto que debe optimizarse más que como una criatura llamada a la relación y a la comunión (MH 112)”.

Cada menor inmigrante es “único”

En conclusión, el obispo ha instado a trabajar “por recuperar la dimensión de la dignidad humana que es propia de cada hombre y mujer, 'simplemente por el hecho de existir (MH 52-53)'. Esforcémonos también por atender a la dimensión personal”, pues “cada pequeño migrante es un ser único, con capacidades y aspiraciones, como cualquier niño o adolescente de nuestra propia familia”.

“A esta mirada cercana, familiar, incluso emotiva, hemos de añadir otra que movilice nuestra responsabilidad ética y, sobre todo, la que adopta la perspectiva evangélica”, porque “el Evangelio nos desvela que acoger a uno de estos pequeños no es solo un acto generoso y filantrópico, sino también un encuentro con el mismo Jesucristo (cf. Mt 18, 5)”, ha concluido el obispo.

El juicio por las muertes del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio en el lago artificial de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, realizado en la mañana del 21 de diciembre de 2023, que estaba previsto empezar el 26 de octubre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid, se ha aplazado a 2027.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han apuntado que previsiblemente se celebrará en el primer trimestre del año, después de que las partes han pedido un aplazamiento al coincidir con señalamientos de los letrados que ya estaban fijados.

Mientras, el abogado de la acusación particular de la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha manifestado, tras la notificación inicial del señalamiento del juicio, que “es uno de los procesos penales militares más relevantes de las últimas décadas”.

El juicio se celebrará contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el capitán Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero. “Por la gravedad de los hechos, por el resultado mortal y por la condición de los acusados, oficiales y jefes del Ejército, este procedimiento se sitúa entre los juicios penales militares más importantes de la historia contemporánea española”, ha resaltado.

Desde esta acusación particular se han solicitado penas de alrededor de diez años de prisión para el teniente coronel José Luis Zanfaño, el comandante Luis Fernando Velasco, el capitán Ignacio Zúñiga y el capitán Jaime Tato, así como la expulsión de la carrera militar, la imposición de costas y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.

Este caso pone de manifiesto, a juicio de la acusación particular, “la existencia de formas de proceder negligentes que deben desaparecer del Ejército español, tanto en su instrucción como en su formación y en su cultura interna”. Del mismo modo, considera que “ha vuelto a evidenciar la necesidad de integrar la jurisdicción penal militar en la jurisdicción ordinaria, reservando la jurisdicción militar para cuestiones estrictamente administrativas o disciplinarias de carácter interno”.

Denuncias y sanciones

También, el letrado ha destacado que, en el ejercicio de la acusación particular y como portavoz de la familia, “se promovieron denuncias e iniciativas sancionadoras por parte de algunas defensas, especialmente de los letrados del capitán Jaime Tato Garrido y del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, por las declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación, las ruedas de prensa convocadas y las opiniones vertidas sobre el desarrollo de la causa”.

Sin embargo, el Juzgado Togado Central archivó dichas actuaciones al considerar que “esa actuación estaba amparada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de información y de defensa”. Por otra parte, el Juzgado Togado Militar de Sevilla impuso una sanción de amonestación o advertencia, pero dicha resolución no es firme y, además, se encuentra prescrita.

En cuanto al desarrollo del juicio, Romero ha apuntado que “su complejidad es extraordinaria”, de modo que intervendrán diez partes con capacidad de interrogatorio: tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la representación de la compañía aseguradora y cuatro defensas.

Está prevista la declaración de más de cien testigos y peritos, además de los propios acusados. Ello supondrá más de mil interrogatorios, si se atiende al número de partes con posibilidad depreguntar y al elevado número de testigos, peritos y acusados que comparecerán en la vista. Si a ello se añade la duración de las cuestiones previas, la prueba documental, las conclusiones y los informes finales, “resulta razonable prever que la duración efectiva del juicio pueda extenderse incluso más allá de las 20 sesiones inicialmente fijadas”.

Al respecto, la familia de Carlos León pidió desde el primer día que “este caso no cayera en el olvido”, de modo que “ese compromiso sigue plenamente vigente, y esta acusación particular continuará trabajando para que se depuren todas las responsabilidades”, ha subrayado el abogado.

Padres del cabo

Los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar piden penas de nueve años y seis meses de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, así como el pago de indemnizaciones por 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, siendo responsable civil subsidiario el Estado.

Según recoge la calificación de la acusación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el capitán Zúñiga fue “el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio”, consistente en 'paso del río', “tomando una serie de decisiones de las que fue conocedor y participe, de forma activa y directa, el teniente Tato, sin que tales decisiones fueran comunicadas al entonces jefe de la Plana Mayor del Regimiento, teniente coronel Zanfaño, en comisión de servicio, o al comandante Velasco, nombrado en sustitución”.

“Pese a no comunicar estas decisiones por parte del capitán y el teniente a la Plana Mayor, la misma omitió el deber objetivo de cuidado que le está encomendado”, se indica, para apuntar que el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco no actuaron con la diligencia debida, no tuvieron en cuenta la obligación inherente al cargo de evitación de que el riesgo de una obligación se materializase en un resultado lesivo, y ello, porque la Plana Mayor no cumple su comitiva sólo con la recepción de la documentación de las maniobras, sino que ante esto, comienza su labor de diligenciar, custodiar y cuidar de las mismas“.

La Fiscalía

Y el Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Según recoge la calificación del Ministerio Público, aparece como responsable en concepto de autor por “su participación material y directa” el capitán procesado por dos delitos contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, así como el teniente.

Además, exige a los procesados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, “siendo responsable civil subsidiario el Estado”.

En concreto, se detalla en la calificación que el capitán Zúñiga, jefe de la Compañía en Período Básico de Instrucción (PBI) y jefe de actividad en las maniobras ALFA desarrolladas entre el 18 y 22 de diciembre de 2023, fue el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio.

El mismo consistió en 'paso de río' en el que fallecieron el cabo y el soldado. “En ningún momento, tanto en la preparación como en la ejecución del ejercicio, el capitán Zúñiga expuso a sus mandos las condiciones en las que se iba a ejecutar o desarrollar, no especificó que se tratara de una actividad que tuviera por objeto practicar la flotabilidad, tampoco explicó por dónde y de qué manera se iba a realizar el ejercicio consistente en 'paso de río', sino que actuando, bajo un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de 'nadar y evitar ir andando', buscó apoyo en su unidad orgánica, en base a la previsión de una circular, para que la práctica se realizase conforme había ideado”, según el fiscal.

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, encabezados por su presidente, Álvaro García (CCOO), para conocer la situación de la plantilla y abordar el conflicto laboral abierto con la dirección de la compañía japonesa, anunciando Santiago que hará gestiones ante los ministerios de Trabajo y de Economía.

Según ha informado IU en una nota, en el encuentro, que ha contado con la participación del secretario general de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, y de medio centenar de trabajadores de Hitachi, se ha informado sobre la situación actual de la planta cordobesa, tras “la nueva ruptura de las negociaciones por parte de la empresa” y, ante ello, Santiago ha avanzado que planteará al Ministerio de Economía que traslade a las autoridades de Japón la situación de la planta cordobesa, y que gestionará una reunión del comité de empresa con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha señalado que el conflicto ha incorporado nuevas cuestiones desde su inicio, vinculado a las diferencias salariales. “Lo que empezó como un conflicto contra las diferencias salariales, contra la clara discriminación salarial, se ha transformado en un conflicto en el que se sanciona directamente a los representantes de los trabajadores, y en donde se sustituyen trabajadores y puestos de trabajo externalizando mediante subcontratas”, ha explicado.

“Hitachi ha traspasado demasiadas líneas rojas”, ha afirmado Santiago, quien ha señalado que se trata de una empresa con beneficios y que recibe ayudas públicas. En este sentido, ha defendido que la compañía debe respetar los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Álvaro García, ha explicado la situación de 32 trabajadores que, según ha señalado, se encuentran actualmente en sus domicilios mientras una empresa subcontratada está desempeñando trabajos en la fábrica. “La subcontrata ha entrado en la fábrica por la puerta de atrás sin negociarlo con el comité de empresa y a día de hoy están trabajando en nuestros puestos de trabajo”, ha criticado.

García ha insistido en que la representación de los trabajadores mantiene su disposición a alcanzar un acuerdo con la empresa y, para ello, quieren “seguir negociando con la empresa”, si bien ha avisado que la plantilla contempla llevar a cabo movilizaciones y huelga ante la continuidad del conflicto, aunque ha remarcado que la voluntad del comité es evitar llegar a ese escenario.

Por su parte, la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), que intervenga ante la situación de la plantilla y ha puesto el foco en los beneficios fiscales que, según ha señalado, recibe Hitachi por parte del Ayuntamiento de Córdoba, además de las ayudas públicas procedentes de distintas administraciones.

“Lo que recibe esta empresa se tiene que traducir en respeto de los derechos de la clase trabajadora”, ha defendido Ruiz, quien ha reclamado que las administraciones hagan valer las medidas de apoyo concedidas a la compañía y favorezcan la recuperación de la negociación colectiva.

La concejala ha recordado que, cuando comenzó el conflicto, el comité de empresa y la plantilla facilitaron la negociación rebajando el nivel de movilización y, por eso, ahora “vamos a exigir a las administraciones que hagan valer los beneficios que se ha llevado esta empresa para que repercuta directamente en la clase trabajadora, en respetar sus derechos y en obligarles a que se sienten para volver a recuperar la negociación colectiva”, ha concluido.

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, y el diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, han preguntado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) si tiene previsto “realizar actuaciones para determinar el posible origen de los elevados niveles de fosfatos, amonio y del resto de parámetros anómalos detectados en los cauces del norte de la provincia de Córdoba, considerando que la contaminación es conocida desde hace años”.

En un escrito a la Mesa del Congreso, consultado por Europa Press, los diputados han planteado a la CHG si ha evaluado “las posibles consecuencias a medio y largo plazo que podría tener sobre los ecosistemas fluviales y la salud pública la persistencia de estos niveles de contaminación, especialmente en una zona catalogada como vulnerable a nitratos”.

Igualmente, han preguntado al Gobierno por las medidas que tiene previsto adoptar, a través de la CHG, para “identificar, controlar y revertir las causas de esta contaminación, más allá de las actuaciones de vigilancia, y garantizar la recuperación de la calidad de las aguas de los ríos del norte de la provincia”, así como “qué actuaciones concretas se llevan o se van a llevar a cabo para evitar que la contaminación siga aumentando”.

Según han expuesto, “dado que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía sigue sin tomar medidas y sin contestar al informe sobre la contaminación del arroyo Guadarramilla remitido en abril de 2024 por la CHG, ¿qué actuaciones puede llevar a cabo el Ministerio y la CHG contra la inacción de la Junta en materia de sus competencias de lucha contra la contaminación agraria?”.

Además, han cuestionado al Gobierno y a la CHG se piensan “denunciar ante la Fiscalía de Medioambiente la inacción de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ante el agravamiento de la contaminación y el incumplimiento de la normativa de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos”.

“Problema de contaminación multifactorial”

Entretanto, los diputados han explicado que la estación de control de calidad de las aguas de El Viso (Córdoba), que mide la calidad del agua de los cauces del norte de la provincia, ha registrado “una presencia muy alta de fosfatos, con un pico de 12,95 miligramos por litro”. Sin embargo, han aseverado que “la problemática no se limita a los fosfatos”, dado que “los datos de la sonda EAA-421, publicados en el portal SIRA Guadiana, reflejan también valores anómalos de amonio y otros parámetros, lo que evidencia un problema de contaminación multifactorial que afecta tanto a aguas superficiales como subterráneas”.

Al respecto, han indicado que “el protocolo de vigilancia establece que el umbral máximo de alerta para el fosfato es de 0,40 miligramos por litro, mientras que el umbral de alarma (riesgo grave) se sitúa en 1,00 mg/l”, al tiempo que han advertido de que “con registros que rozan los 13 mg/l, las mediciones multiplican por más de diez el límite de alarma y superan en hasta 32 veces el umbral de alerta”.

En este sentido, han manifestado que “la estación ha capturado valores críticos de forma ininterrumpida desde mayo, lo que indica que la contaminación no responde a un vertido puntual, sino que se mantiene de forma sostenida en el cauce”. Además, han añadido que “la conductividad --sales y minerales disueltos-- rebasó el límite máximo de alerta de 1.500 microsiemens/cm en todas las tomas de las últimas 24 horas”, entre otros aspectos.

Igualmente, Santiago y Valero han subrayado que “esta situación no es nueva”, apuntando que “la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Andalucía conocen esta contaminación desde hace años, pero a día de hoy siguen sin adoptarse medidas efectivas para controlar sus focos”.

En este caso, han remarcado que “la zona está catalogada como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos, y estos datos vienen a confirmar que, a pesar del conocimiento de las administraciones provinciales, autonómicas, estatales y europeas, los niveles de contaminación continúan aumentando tanto en aguas superficiales como subterráneas”.

En palabras de los diputados, “esto evidencia que, pese al conocimiento demostrado de la situación, no se realizan intervenciones efectivas, con el grave riesgo ecológico y sanitario para el norte de la provincia, su población y su espacio vital”.

Las consecuencias

Así, han recordado como “durante un período de tiempo la población consumió agua fuera de los parámetros sanitarios, poniendo en riesgo la salud, y como durante aproximadamente un año se prohibió el consumo de agua, teniendo que suministrarse en camiones cisterna a los municipios de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato”. En concreto, han mencionado que “más de 80.000 personas sufrieron esta crisis, con colas para conseguir agua y niños a los que se les decía que cerraran los ojos y la boca al ducharse”.

“También se ha prohibido el baño en el embalse de La Colada durante cuatro años debido a los altos y peligrosos niveles de contaminación por cianobacterias, ante el grave riesgo que suponía para la salud pública”, han manifestado, para apostillar que “la situación sigue siendo preocupante, ya que la Junta de Andalucía ha señalado que no disponía de información actualizada sobre la calidad de las aguas desde el 28 de julio de 2025, pese a que la CHG tiene la obligación de remitir estos controles trimestralmente”.

Igualmente, han dicho que “preocupantes son los informes públicos sobre el negativo resultado de la depuración de las aguas del norte de la provincia, donde las actuales infraestructuras de depuración son absolutamente deficientes y no abordan el problema de fondo”. A todo ello han agregado que “la Consejería de Agricultura de la Junta sigue sin tomar medidas y sin contestar al informe sobre la contaminación del arroyo Guadarramilla, remitido en abril de 2024 por la CHG, lo que evidencia una inacción que perpetúa la situación de riesgo”.

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha asegurado este viernes que la primera fase de las obras de la Ronda Norte avanza a “un ritmo razonable” y espera que desde octubre se empiecen a hacer pantallas en la zona de la Ronda de Poniente, en la Glorieta María de Maeztu.

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha aseverado que las obras “avanzan con coordinación con el Ayuntamiento principalmente”, de manera que “ahora se trabaja con servicios afectados y también con los desvíos de tráfico, que van cambiando continuamente y siempre coordinándose con el Consistorio”.

En cuanto a la segunda fase, Muñoz-Atanet ha aseverado que “habrá que darle continuidad”, pero ahora se centran en la primera fase, tras el inicio en octubre de 2025 para completar el anillo viario de la ciudad, con una inversión de 29,59 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

En relación con la actuación, desde el Gobierno regional resaltaron en su momento la solución técnica adoptada, tras verse obligada la Junta a retrasar las obras por el hallazgo de restos arqueológicos.

Los primeros trabajos se centran en un nuevo tramo de vía de 722 metros entre las glorietas Académica García Moreno y Santa Beatriz, paralelo a la avenida de la Arruzafilla. También se remodela el paso inferior en la Ronda de Poniente, bajo la glorieta María de Maeztu, en la intersección con la avenida de Trassierra. Y se va a reurbanizar el entorno del Brillante, adaptando la glorieta existente para mejorar su funcionalidad y seguridad.

Las obras comenzaron, precisamente, en la zona de la glorieta María de Maeztu, junto al centro comercial Hipercor. La primera fase sienta las bases del futuro cierre completo de la Ronda, con una vía moderna, segura y adaptada a los estándares urbanos actuales, incluyendo carril bici, nueva iluminación y mejora de los espacios peatonales. Con estas obras, la Junta reafirma su compromiso con Córdoba y con la mejora de las infraestructuras andaluzas que contribuyen al desarrollo económico y la calidad de vida de sus ciudadanos.