La madre de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, ha comenzado este miércoles una huelga de hambre, cuando se cumplen 15 meses desde que fueron detenidos ambos y teniendo en cuenta que ella tiene 83 años de edad y ha dejado de tomar su medicación hace varios días.

En una nota, la familia ha lamentado que las administraciones y autoridades no hayan conseguido “algo efectivo a favor de su hijo Javier y de su compañero de trabajo David, encarcelados injustamente desde hace 15 meses en Guinea Ecuatorial”. El caso aparece en un informe de Amnistía Internacional, según ha explicado el hermano de Javier, Aarón.

La progenitora, “que además de su avanzada edad padece varias patologías y ha sufrido operaciones hace unos meses”, se encuentra en “un delicado estado de salud”, pero ha decidido dar este paso ante “la incompetencia y los nulos resultados de las posibles gestiones que haya hecho el Ministerio de Exteriores/Gobierno y autoridades de exteriores europeas”.

Después de 15 meses, los dos trabajadores --un administrativo y un técnico de vídeo-- continúan en las mismas condiciones en la cárcel de Black Beach. “Su situación es cada vez más grave y concretamente, Javier, ha estado a punto de morir dos veces”, ha advertido de la familia.

En este sentido, han reprochado que “las autoridades no han conseguido su libertad, pero ni tan siquiera han conseguido que se respeten los mínimos derechos fundamentales: están incomunicados, sin derecho a visitas familiares, sin derecho a que contacten de ninguna manera con su abogado, sin derecho a que pasen una revisión médica seria en un centro hospitalario, tras haber sufrido distintas enfermedades, además de las crónicas que ya padecían, y sin juicio.... del que no se sabe nada”.

Además, “conociendo el anuncio de esta huelga de hambre, las autoridades no se han interesado en ningún momento por tener contacto con la familia, para poder darnos alguna noticia esperanzadora que tuviésemos como argumento para convencer a nuestra madre de tomar esta fatal decisión”, han remarcado.

Al respecto, han aseverado que intentarán “por todos los medios convencer” a su madre de que “no llegue hasta el final de esto”, mientras siguen “esperando a que las autoridades se pongan en contacto con nosotros y nos den algún resultado positivo pronto”. “No sólo la vida de Javier y David están en peligro, ahora también es la de nuestra madre”, han avisado, para suplicar “ayuda ya”.

Citas en el Congreso

Cuando estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso ambas familias fueron recibidas por varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que “iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen”.

Sobre la situación de los dos detenidos, Aarón ha explicado que “no hay ninguna novedad”, de manera que “siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia” que tiene su hermano allí, “ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión”.

Además, ha remarcado que “no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo”, de ahí que haya lamentado que “la perspectiva es que todo siga igual, a no sé qué alguna autoridad o administración consiga algo efectivo”.

Más de 60.000 firmas

Hace un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que “intervenga con urgencia y de forma directa” para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron “a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta”, según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que “negocie” y haga “lo que tenga que hacer para traerlos” y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que “se han volcado” apoyando su petición. “Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando”, reclamó.

Sin respuesta del Vaticano ni de la Casa Real

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no hiciera escala en Guinea Ecuatorial esta semana durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estima oportuno, pueda “interesarse” por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o “trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso”. Incluso, le propusieron “descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones”.

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice “la dramática situación” de sus familiares para que “se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación”. Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de “una figura de la autoridad espiritual y humanitaria” como la del Papa podría contribuir “de forma decisiva” a proteger la vida de David y Javier.

“Son trabajadores inocentes”

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

“Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier “pueden morir si no se actúa ya”. Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son “inhumanas”, aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las “inaceptables” condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que “no ha habido ningún resultado”.

Iryo ha encargado al despacho de abogados Uría Menéndez el asesoramiento integral en todos los aspectos derivados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), incluyendo la reclamación patrimonial de los daños.

Fuentes de la operadora explican a Europa Press que se trata del despacho con el que trabaja de forma habitual y, en este caso concreto, se encargará del asesoramiento de cualquier aspecto relacionado con este suceso en el que uno de sus trenes se vio involucrado al descarrillar y chocar con un tren Alvia de Renfe que circulaba en el otro sentido.

Este encargo, adelantado por Expansión, se circunscribe en el marco de la fase de instrucción que está llevando a cabo el Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba).

La matriz italiana de Iryo, la pública italiana Ferrovie dello Stato (Trenitalia), ya informó en su última cuenta de resultados que se había personado en el proceso judicial como acusación particular, algo que aceptó la jueza y supone considerar a la empresa como “perjudicado”.

En un documento escrito en inglés, la compañía cita que la investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa, y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es Adif, la empresa pública española que gestiona la red ferroviaria.

La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en el Juzgado de Montoro.

Otras partes se personan

En cuanto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación, de fecha 7 de abril, a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia.

Tampoco se aceptó a los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, al partido político Iustitia Europa y al Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).

En cambio, la jueza aceptó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción.

También admitió al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.

Una de las supervivientes del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha pedido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, la recusación expresa de uno de los tres peritos y sea designado en su lugar un tercer profesional que jure el cargo y realice el informe en los términos convenidos.

Según recoge el escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el perito en cuestión es socio director de una entidad que, entre otras labores, realiza trabajos de peritaje y de certificados de calidad de diferentes proyectos. “Uno de estos trabajos ha sido la obra de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz”, indica la representación de la afectada.

Al respecto, explica que “se da la circunstancia de que esta reforma fue adjudicada a Ferrovial que es una de las empresas que formaban parte de la UTE que reformó el tramo de Adamuz, ocho meses antes del accidente”.

Por lo expuesto, esta parte considera que “los peritos designados no deben tener vinculación alguna con el siniestro o con las empresas vinculadas al mismo --en este caso Ferrovial-- para garantizar la imparcialidad absoluta de cara al informe a realizar”.

Ante ello, desde este mismo momento procesal, solicitan la revocación del citado perito y “por ende nueva designación de un tercer perito que supla las funciones de aquel que expresamente se impugna”.

La diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, apunta que han sido designados tres ingenieros y este martes debían comparecer “para la aceptación del cargo, traslado de información del procedimiento y de la pericial a practicar, así como de los requisitos para elaborar el presupuesto requerido por la Junta de Andalucía”.

Al respecto, la Fiscalía de Córdoba solicitó en febrero a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente.

Desde el Ministerio Público se propuso que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.

“Línea principal de investigación, la rotura”

Cabe recordar que un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz. A la vista de este informe, queda como “línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente”.

En dicho informe del día 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que “el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de 'ocupación'”, de modo que “en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento” de Adif.

En conclusión, se apunta que “el sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria”, a lo que se añade que “Adif a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió”.

Al respecto, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz ya apuntó hace semanas a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello “a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi”, que se encarga del sistema de señalización.

En este sentido, el informe de la Benemérita indica que de la documentación aportada del sistema operado por Hitachi “se observan una serie de diagramas” en los que “se refleja que la tensión del circuito de vía se mantiene en el entorno de los dos voltios de tensión” del día 12 al 18 de enero. Sin embargo, desde las 21,46 horas del sábado 17 “se produce un descenso hasta el entorno de 1,5 voltios, no recuperándose dicha tensión hasta el accidente, sobre las 19,43 horas del día 18, en el que la tensión ya queda en cero”.

Así, “se confirma que la rotura de vía se produjo en el tramo contemplado entre los kilómetros 319,412 y 318,665, por lo que esta indagatoria corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el kilómetro 318,681 y que se produjo a las 21,46 horas del día 17 de enero”.

Además, se señala que “según la documentación, puede que fuera técnicamente posible detectar una rotura franca de carril” mediante los sistemas de señalización instalados, “aunque la fiabilidad de dicha detección depende de la configuración eléctrica de la vía”.

En base a la manifestación de la responsable del sistema --empresa Hitachi Rail GTS Spain SAU proveedora de servicios contratada por Adif, “era posible detectar una rotura franca de carril en la vía 1 entre el kilómetro 317 y el 319, pero la fiabilidad de esta detección mediante los sistemas de señalización en esta línea específica era muy baja debido a la configuración eléctrica de la infraestructura”.

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este martes de que si la comunidad pierde uno de sus puntos fuertes el domingo 17 de mayo, “como es la estabilidad política, la mayoría de estabilidad que hay ahora mismo, tendremos un problema los andaluces, porque perderemos herramientas para poder enfrentarnos a los retos que hay por delante”.

Así lo ha declarado en su intervención en el Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba celebrado en la Sala Cultural del Mercado de Abastos del municipio cordobés de Puente Genil, junto al director de campaña del partido y candidato por Córdoba, Antonio Repullo; el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura por la provincia cordobesa, José María Bellido, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina.

En este sentido, Moreno ha trasladado que a diferencia de sus adversarios políticos, en el PP dedican “el 90% del tiempo a gestionar y el 10% a hacer política”, mientras que “ellos dedican el 90% del tiempo a hacer política, si se le puede llamar política a incentivar bulos, a introducir intoxicaciones, a falsear los datos, a crear plataformas fantasmas”. “Si eso es hacer política, yo no quiero hacer política de ese tipo”, ha apostillado.

Al respecto, ha relatado que hay algunos más a su izquierda y otros más a su derecha, “desde el punto de vista político”, que entienden que “hacer política es insultar, mentir, faltar a la verdad, intoxicar y enfrentar a los andaluces”, algo para lo que ha pedido que “no cuenten con el PP ni con Juanma Moreno”, tras haber conseguido en la región “una mayoría de convivencia, una mayoría donde los andaluces tenemos la capacidad de avanzar sin enfrentarnos entre nosotros”. “Otro no”, ha zanjado, para agregar que “sólo pueden avanzar en términos egoístas, personales y partidistas enfrentando a unos españoles con otros”. En su formación, ha añadido, no participan de esa estrategia. “Por eso somos diferentes, por eso somos singulares”, ha indicado.

Ante ello, Moreno ha expresado que “en estas elecciones los ciudadanos tendrán que elegir entre estabilidad y los líos de otro sitio”, al tiempo que ha remarcado “los ciudadanos saben perfectamente” y van a “decidir libremente si quieren un modelo de estabilidad y de convivencia y de gobierno para todos los ciudadanos”, tras estos siete años y medio “con nuestras luces y sombras”, porque se han hecho “cosas mejores y otras quizás no tan mejores”, pero “es un modelo que funciona, honesto, transparente” y que no se mete “en el lío”, que “es tener que pactar con otras fuerzas políticas que pueden tener meses bloqueándote hasta que le apetezca”.

De este modo, ha aseverado que confía “plenamente en el pueblo andaluz y en que adopten la única opción eficaz y útil, que es concentrar el apoyo en la fuerza política que representa mejor que nadie los intereses de Andalucía y defiende mejor que nadie los intereses de Andalucía, que no es otra que el PP-A”.

Y en cualquier caso, ha pedido tener “ojo con las encuestas, que tenemos una amarga experiencia”, citando las de las últimas elecciones generales de 2023. Así, ha remarcado que el PP-A “todavía no está en la mayoría suficiente”. Por eso, “que nadie se quede en casa, que nadie se confíe, que no está todo ganado, como algunos dicen, ni que esto está hecho, como otros me dicen por las calles”, ha expresado, enfatizando que “aquí hay que sudarlo, trabajarlo”, porque “el voto es un voto prestado y hay que ganarlo”.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha lamentado que, en el ámbito mundial, “no predomina la paz, sino el conflicto”, pues “estamos sufriendo guerras sangrientas, como la de Rusia frente a Ucrania y la de Estados Unidos e Israel contra Irán”, mientras que, “a nivel político, también entre nosotros, se está imponiendo un discurso polarizador, donde se demoniza al que piensa distinto, convirtiéndolo en enemigo”.

Así lo ha destacado Fernández en su carta semanal, recogida por Europa Press y en la que ha señalado como el Papa León XIV “denuncia también que la relación entre los pueblos, en vez de basarse en el derecho, la justicia y la confianza, se está apoyando en el miedo y en el dominio por la fuerza. A partir de ahí, se entiende perfectamente la llamada a incrementar el gasto militar. De hecho, en el año 2024, ese gasto a nivel mundial aumentó más de un 9% respecto al año anterior”.

Además, según ha avisado el obispo de Córdoba, “añade gravedad al asunto la aplicación de la IA en los conflictos armados, lo que contribuye a descargar las responsabilidades personales y a disminuir el peso de tantas y tan graves tragedias”, recordando en este punto Jesús Fernández la postura del Papa Juan XXIII, quien “recordaba la necesidad de un desarme integral, que debe comenzar por la conversión personal del corazón y de la inteligencia”.

Ello implica, según ha subrayado el obispo de Córdoba en su carta semanal, que “la paz es un regalo de Cristo resucitado, un don que tenemos que preservar y hacer crecer desde la misma raíz del corazón superando la desconfianza, el odio y la violencia”.

Educación y justicia universal

A juicio de Jesús Fernández, es preciso “apostar también por la educación”, pues, como “recordaba el Papa Francisco, invertir en cultura ayuda a que disminuya el odio y aumente la civilización y la prosperidad”, de modo que “a los jóvenes hay que ayudarles a entender que no deben rendirse a las seducciones del materialismo, del odio y de los prejuicios, que deben reaccionar ante la injusticia y defender los derechos de los demás con el mismo vigor con el que defienden sus derechos”.

“El mismo Papa recordaba --ha proseguido-- que la paz muere cuando se divorcia de la justicia, pero la justicia es falsa si no es universal. Por lo tanto, es necesario trabajar por implantarla en todos los ámbitos”, concluyendo el obispo de Córdoba con un “llamamiento al mundo de la política, para que eche mano del diálogo y la diplomacia, para que defienda el derecho internacional y que no vuelva la mirada a otro lado cuando en un determinado país se violan de forma sistemática los derechos humanos”.

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido este martes de “un poco de complicación” en la tramitación de la regularización de inmigrantes con unas 420 solicitudes en un par de días, cuando en todo el año 2025 se registraron 340, después de que “el Ministerio ha hecho un decreto ley y es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde va al final a recaer este trabajo”.

En rueda de prensa para informar sobre el Concurso de Cruces de Mayo en los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, la concejal ha asegurado que “el problema es que esta ley ha venido a traer más incertidumbre, tanto a los propios usuarios, que están en muchos casos muy nerviosos, porque se les ha dado dos meses solamente para hacer esta regularización y no saben muy bien dónde acudir, si a los ayuntamientos o a las entidades sociales”.

Mientras que “dentro del propio Ayuntamiento, se está dando una media de 300 citas diarias, un número importante de atenciones, que es además rápido”, y aunque “se forman colas”, las citas son “atendidas rápidamente y no hay ningún problema”, ha aseverado.

Según ha detallado, “en los Servicios Sociales se hacen las peticiones para saber cómo tienen que solicitar el informe de vulnerabilidad”, si bien “el problema es que en los últimos días ha habido un cambio en el propio reglamento que han mandado”, dado que “primeramente se hablaba de un informe de personas vulnerables y ahora se habla de un certificado de personas vulnerables, que parece que es lo mismo, pero no, porque cambia quiénes firman ese certificado”.

“Para el informe de personas vulnerables, que es lo que habitualmente se da en los Servicios Sociales cuando cualquier usuario de Servicios Sociales viene a solicitarlo, hay una historia social de esa persona, la trabajadora social evalúa y da ese informe”, ha detallado.

Sin embargo, ha apuntado que “en este momento hay dos situaciones”, de manera que “una es que llegan personas de las que no hay constancia en los Servicios Sociales, con lo cual ya la trabajadora social tiene que hacer un informe sobre una situación que no conoce, y además, al ser un certificado, no es que lo tiene que firmar la trabajadora social, sino un secretario del Ayuntamiento”.

Por tanto, ha remarcado que “ahora mismo hay mucho descontrol, no solamente a nivel nacional”, al tiempo que ha comentado que este lunes en las jornadas de Servicios Sociales que se realizaron en Córdoba a nivel de toda Andalucía era “un clamor de todos los trabajadores sociales de pueblos pequeños, de ciudades más grandes, de diputaciones”, que “no saben muy bien cómo actuar ante una situación de una persona que viene a pedir un certificado y que no conoces”.

En su opinión, “por lo pronto el Ministerio ha sacado un proyecto muy bonito en sus papeles, pero está trayendo mucha incertidumbre tanto a los ayuntamientos y las diputaciones, como, sobre todo, a los usuarios”, de manera que cree que “trae mucha desazón, porque son personas que están en una situaci que se les está dando unas perspectivas que luego no sabes cómo tienes que realizar”.

Al respecto, ha abundado en que son personas que “no hay ninguna empadronada”, sino que “están de forma irregular”, al tiempo que ha augurado que las peticiones “se van a seguir multiplicando”, y teniendo en cuenta que “no se sabe si son personas que están ya arraigadas en Córdoba o que están llegando de otros sitios”.

Además, la edil ha indicado que se van a reunir con las entidades sociales para “ceder, si necesitan incluso espacios, para trabajar”, pero “es una ley muy improvisada”, ha remarcado, subrayando que “hablamos de personas, muchas de ellas en situaciones muy extremas”.

Así, ha defendido “hacerlo bien y pensar en las personas, pero también en los ayuntamientos, que es donde va a recaer esta carga de trabajo para también, como se hace con otro tipo de proyectos y programas, reforzar los ayuntamientos o las entidades con las que se va a trabajar”, advirtiendo de “la avalancha” que ha llegado “de pronto”.

Y ha recordado que “cuando se ponen en marcha otro tipo de trabajos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía o a veces incluso con el Ministerio, lo normal es que si se prevé que va a haber un exceso de trabajo o un incremento, se amplíe o refuerce la plantilla con personal especializado en ese ámbito y con dotación económica para esa contratación”. A su juicio, “es también una estrategia política”.

Vox ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) por la presunta modificación y/o destrucción de pruebas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el domingo 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, por la supuesta comisión de delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento.

El escrito se basa en un informe de la Guardia Civil que recoge actuaciones sobre material probatorio ya intervenido y precintado, que “no contaban con autorización judicial expresa ni con supervisión de los responsables de la custodia”. Según la denuncia de Vox, dicho material quedó “debidamente agrupado, cubierto, señalizado y precintado”, aunque posteriormente los agentes constatan que quedó “sin vigilancia, tanto de personal como de grabación”.

Vox sostiene que estas actuaciones “introducen un riesgo cierto de alteración, contaminación o pérdida de integridad de la prueba”, algo que “podría comprometer la investigación del siniestro”. Asimismo, el escrito señala que las instrucciones “venían dirigidas de forma directa de la Presidencia de Adif” y se habrían ejecutado “sin dar cuenta a la autoridad judicial”.

Por ello, la formación solicita la práctica de diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, al considerar que “lo ocurrido podría haber afectado de forma grave a la investigación del accidente y al derecho a conocer la verdad de lo sucedido”. Vox advierte de que “la posible alteración o retirada de pruebas compromete el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades”.

Renfe Viajeros ha pedido este lunes a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que el Servicio de Emergencias de 112 de Andalucía aporte las llamadas relacionadas con el siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, así como un informe final del despliegue de emergencias e información sobre “si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el procurador de la entidad ha solicitado las grabaciones completas de las llamadas entrantes y salientes que gestionaron durante la atención del accidente, “incluyendo hora, duración y contenido íntegro de las comunicaciones”.

Entre ellas se demanda “expresamente que se identifique y, en su caso, se explique, si se produjo una llamada entre el Servicio 112 de Madrid y el de Andalucía donde, al parecer, se descartó por los jefes de sala la posibilidad de que hubiera dos trenes involucrados en el accidente, lo cual pudo tener incidencia en el operativo de rescate y auxilio a las víctimas del Alvia, entre las que se encuentran trabajadores de Renfe”.

También, pide un informe final del despliegue de emergencias “con inclusión del operativo activado y la secuencia de actuaciones llevadas a cabo durante la gestión del accidente”; información de “cuál es el sistema de localización de llamadas provenientes del Alvia utilizado por el Servicio 112”, agregando que “un sistema adecuado hubiese permitido establecer la ubicación del tren de forma precisa e inmediata”.

De igual modo, Renfe reclama “información sobre si funcionaban correctamente los sistemas informáticos del Servicio 112 utilizados en la gestión de la emergencia”.

“Importante confusión inicial”

Al respecto, dichas peticiones se realizan después de que el día 8 de abril se ha notificado diversa documentación, entre la que se encuentran informes de la Guardia Civil en los que se actualiza el estado de la investigación. En estos informes se analiza, entre otras cuestiones, el momento en el que se conoce el accidente de los dos trenes.

En dicho análisis, se incluye una secuencia cronológica de las llamadas por las que se fue informando de la existencia del siniestro y se indica por parte del instructor que del estudio inicial de las grabaciones y a falta de ampliar la investigación con las manifestaciones de los operadores: “se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo”.

Además, se añade que “las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado del tren Iryo”.

Por otra parte, dentro de la documentación notificada el día 8 de abril se incluye la solicitud efectuada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la Benemérita con fecha 11 de marzo, para que se les proporcionase por parte del Servicio de Emergencias de Andalucía 112 las grabaciones completas de las llamadas entrantes y salientes gestionadas por el referido Servicio y relacionadas con el accidente.

Y también un informe final del despliegue de emergencias, relativo al operativo activado ya la secuencia de actuaciones llevadas a cabo durante la gestión del accidente. Esta petición de la CIAF ha sido sometida al criterio de la jueza y ha conllevado que en la providencia de 7 de abril se indique que no ha lugar a lo solicitado “por no ser de interés para la instrucción de la causa”.

“Transcurrió un tiempo llamativo”

No obstante, desde Renfe Viajeros exponen que sin perjuicio de que tienen “certeza de que la Guardia Civil continúa investigando, es conveniente poner de manifiesto que para obtener un conocimiento pleno de qué es lo que ocurrió en el lamentable accidente del que trae causa la presente instrucción, también es necesario acceder a cómo tuvo lugar la gestión de los servicios de emergencia del 112”.

Al hilo, señalan que “la mera lectura de la secuencia cronológica que efectúa la Guardia Civil respecto de las comunicaciones que tuvieron lugar en el momento del accidente, evidencia que transcurrió un tiempo llamativo desde que se enviaron patrullas de la Guardia Civil al lugar del accidente, ubicando como tal únicamente donde se encontraba el tren IRYO (19,47:28 horas), hasta que hubo constancia de que la Guardia Civil también acudía 'a otro tren distinto al inicialmente informado' (20,31:58 horas)”.

A juicio de la entidad, “es importante conocer, entre otras cuestiones, cuáles fueron las causas de esta confusión señalada en el informe del Instituto Armado”, al tiempo que apuntan que “se antoja necesario tener conocimiento en el marco de este procedimiento de las incidencias que pudieron tener lugar en la gestión de la emergencia y así calibrar los efectos que pudieran haber tenido en las consecuencias derivadas del siniestro”.

“La diligencia que se propone no es una reiteración automática de la petición que realizó la CIAF, sino que se formula a la vista de los hechos concretos ya reflejados en los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa y está conectada con el esclarecimiento de cómo fue la prestación de auxilio a las víctimas del Alvia entre las que se encuentran trabajadores de Renfe”, según se remarca en el escrito.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que absuelve a un varón de 58 años de edad de los delitos de agresión sexual, maltrato, maltrato habitual y amenazas sobre su expareja, que por su parte ha sido absuelta de un delito de maltrato del que estaba acusada supuestamente sobre él.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la procesada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que el varón mantenía a la fecha de los hechos denunciados una relación sentimental con la acusada, iniciándose dicha relación sobre el 30 de diciembre de 2020 y terminando el día 4 de junio de 2021.

Mientras duró la relación, ella residía, por motivos laborales, en una vivienda de un municipio de la provincia, donde prestaba servicios como cuidadora de una persona de edad avanzada, y él residía en otra vivienda en una barriada periférica de la capital a donde se trasladaba ella los días que descansaba de sus obligaciones laborales.

“No ha resultado acreditado que la acusada le haya dado un puñetazo” al hombre o que “el acusado haya proferido las palabras y frases que constan en los escritos de acusación, ni que la haya maltratado o agredido, ni la haya obligado, con violencia y/o intimidación, a tener relaciones sexuales con él”, exponen los jueces.

Al respecto, detallan que ella “sufrió lesiones que no precisaron objetivamente para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico que tardaron en curar cinco días de perjuicio personal básico, sin que le hayan quedado secuelas, no habiendo resultado acreditado que dichas lesiones se las haya causado él”, a la vez que “no han resultado acreditados el resto de hechos por los que se ha ejercido acusación”.

Entretanto, indican que el procesado, según resulta de su hoja histórico penal unida a la causa, resultó ejecutoriamente condenado por sentencia firme, de 9 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba por un delito de amenazas, por unos hechos cometidos el día 6 de enero de 2020, imponiéndole, entre otras, la pena accesoria de prohibición de acercamiento y de comunicación a sus víctimas, la cual quedó definitivamente extinguida el día 1 de mayo de 2021.

La coalición Por Andalucía ha valorado la resolución de la Junta Electoral de Zona de Córdoba, que da la razón a la denuncia presentada frente al uso partidista de recursos públicos por parte del Partido Popular en pleno periodo electoral.

Tal y como ha asegurado la formación en una nota, el órgano electoral ha determinado que las publicaciones difundidas por el Partido Popular de Córdoba y por el delegado del Gobierno de la Junta vulneran la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al constituir una campaña de logros en periodo electoral, “quebrando así los principios de neutralidad, objetividad e igualdad entre las fuerzas políticas”.

Desde Por Andalucía se ha subrayado que “esta resolución confirma el intento del Partido Popular de utilizar la apertura del tercer punto de urgencias del centro de salud de Levante Sur como herramienta de propaganda electoral”. En este sentido, la coalición ha señalado que “este tipo de prácticas evidencian una estrategia basada en el marketing político, en la que el Gobierno andaluz trata de vender supuestos avances mientras oculta deliberadamente la situación real de la sanidad pública”.

Al hilo, la propia resolución recoge la “especial relevancia” tiene el mensaje difundido en las redes sociales del PP de Córdoba donde se vincula explícitamente la apertura del servicio público con expresiones de “éxito político y el hashtag '#JuanmaPresidente'”. En concreto, dicha publicación afirma que el centro sanitario es un 'proyecto que se hace realidad para seguir mejorando la vida de los cordobeses', lo que constituye una alusión directa a logros de gestión con una carga electoralista evidente dirigida a movilizar el voto“.

Por ello, Por Andalucía ha criticado que, frente a estas campañas de autopromoción, la ciudadanía sufre a diario las consecuencias del “deterioro del sistema sanitario”, con centros de salud “con demoras de entre quince y 20 días, servicios de urgencias colapsados, listas de espera interminables y un evidente caos en la gestión de pruebas y cribados”.

Asimismo, la coalición ha criticado que “el Partido Popular trate de impedir que se conozca la realidad, poniendo trabas a la proyección del documental de las Mareas Blancas, donde se refleja con claridad la situación de la sanidad pública andaluza”. Para Por Andalucía, “este intento de silenciar lo que está ocurriendo solo demuestra la distancia entre el relato oficial del Gobierno y la experiencia cotidiana de la ciudadanía”, al tiempo que han considerado que “la resolución de la Junta Electoral supone un toque de atención claro al Partido Popular” y exige que “se ponga fin al uso partidista de los servicios públicos”.

Finalmente, Por Andalucía ha reiterado su compromiso con la defensa de una sanidad “pública, universal y de calidad”, y advierte de que “seguirá vigilante ante cualquier intento de manipulación o utilización electoralista de los recursos públicos”.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido que se ponga en marcha el Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba que “lleva aprobado definitivamente ocho meses y sin noticias sobre las actuaciones a desarrollar y su calendario de ejecución”.

En una nota, Hurtado ha relatado este domingo que la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Plan de Gestión del Casco Histórico de Córdoba en septiembre del 2025.

Ha aclarado que en el plan de gestión se incluye la creación de un órgano consultivo, de coordinación y seguimiento del plan, integrado por el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta, el Consistorio y el Cabildo de la Mezquita-Catedral, con el fin de “contribuir a la gobernanza junto a la Delegación del Casco Histórico, para tener un seguimiento de todas las acciones que se van a llevar a cabo”.

Después de ocho meses, “ni se ha constituido la Comisión ni se han desarrollado actuaciones”, ha señalado Hurtado, quien ha defendido que este Plan de Gestión es “muy importante para poner freno a la turistificación del casco histórico, para recuperar su carácter residencial, para seleccionar eventos que se puedan allí celebrar, reduciéndolos y evitando malestar a los vecinos, y para evitar la imagen deplorable con las flores de plástico cada día más abundantes e impulsar planes de limpieza y mantenimiento del patrimonio histórico artístico”.

El socialista también se ha solidarizado con las quejas de los vecinos como consecuencia de “meter los coches del rally Sierra Morena en pleno centro de la ciudad, con los riesgos importantes en la seguridad y con el malestar evidente para quienes allí habitan, cada día menos personas”, según ha remachado.

La campaña de recolección de aceituna se ha cerrado este ejercicio con la detección por parte de la Guardia Civil de un nuevo modus operandi para introducir aceitunas robadas en las almazaras y, con ello, en los canales comerciales de este fruto y el aceite de oliva.

Y es que el dispositivo de seguridad llevado a cabo durante esta campaña agrícola por parte de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa el nuevo método desarrollado en el fraude de la aceituna robada, por el que se introducen frutos de procedencia ilícita en almazaras y puestos de compra.

Este sistema cuenta con la colaboración de determinados agricultores -en algunos casos, incluso propietarios de almazaras- que dejan bateas vacías en sus fincas. Dichas bateas “son cargadas durante la noche con aceituna sustraída por grupos organizados de diversa procedencia y, a continuación, los propios agricultores trasladan la mercancía simulando que procede de sus fincas”, según han explicado el delegado del Gobierno de España, Pedro Fernández, y el general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, al ofrecer este jueves los resultados del dispositivo de seguridad frente a robos y fraudes en el olivar en la comunidad autónoma.

A partir de ahí, con la aceituna robada que simula haber sido recogida en fincas, “elaboran la documentación necesaria para dotarla de una apariencia de legalidad, facilitando así su entrada en el circuito comercial”.

Ante esta situación, Fernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, “ya que el daño se lo hacen al propio sector, que puede ver mermada su calidad y su reconocimiento en los mercados”, al tiempo que ha advertido del “peligro que supone para la salud pública dotar de legalidad un alimento cuyo origen es desconocido”. Solo desde la responsabilidad y la concienciación de la excelencia de nuestro producto estrella, podremos mantener la fortaleza que sitúa a Andalucía como un actor estratégico en el mercado global del aceite de oliva, capaz de atender tanto la demanda nacional como la internacional“, ha insistido.

El general Luis Ortega ha detallado que el dispositivo de la Guardia Civil para la campaña 2025-2026 ha incorporado sistemas de alta tecnología para la prevención, vigilancia y resolución de delitos, como drones y cámaras térmicas que han facilitado el esclarecimiento de los hechos. Algo que ha contribuido a que “haya sido la campaña de la aceituna con menor número de delitos e infracciones de los últimos cuatro años”.

618 toneladas de aceitunas robadas y 49 detenidos

En Andalucía, la campaña de recolección de la aceituna se ha cerrado con la sustracción de 618.225 kilos, un 27,5% menos respecto a la anterior, mientras que los robos han bajado en más de un 40%. Además, se ha detenido a 49 personas, lo que supone un incremento del 36%.

Estas son algunas de las cifras que han ofrecido sobre el operativo de este año, por el que el delegado del Gobierno ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil que han participado en este dispositivo por los resultados obtenidos, fruto de un amplio despliegue de medios y unidades, como Seguridad Ciudadana, Equipos Roca, Protección de la Naturaleza, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información, unidades Fiscales, la Unidad Aérea y el escuadrón de caballería.

También ha destacado el trabajo previo y la colaboración con diferentes actores del sector agrícola o vinculados a éste para, por un lado, reforzar las medidas de autoprotección y de prevención de los delitos e infracciones y, por otro, planificar los dispositivos de seguridad atendiendo a la información recabada.

En este proceso se ha implicado a agricultores, responsables de almazaras y centros de compra, empresas de vigilancia privada, guardas de campo, colectivos de agricultores, entidades locales y oficinas comarcales agrarias.

Con respecto a los resultados del dispositivo, Fernández ha indicado que desde noviembre hasta el cierre de la campaña, se ha detectado el robo de 618.225 kilos de aceitunas, un 27,5% menos respecto al año anterior, “de los que más de un tercio se ha localizado en la provincia de Jaén” (226.150 kilos). De todos ellos, se han recuperado 165.294 kilos. Han disminuido, además, un 41,8% los robos, un 19,14% los hurtos y un 55,56% los daños.

En la comunidad, se han desarrollado hasta el momento 21 operaciones de relevancia, en las que, además de los 49 detenidos, están siendo investigadas 242 personas (122 en Jaén) como responsables de 393 hurtos y diez robos.

En cuanto a datos sobre delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas en toda Andalucía, más allá del ámbito olivarero, “en lo que va de trimestre, se han detectado 809 infracciones penales, cifra menor que el pasado año, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 869, es decir, hemos bajado un 6,9 por ciento, según ha aportado el general Luis Ortega.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres integrantes de un grupo especializado en delitos denominados como 'hurtos cariñosos', que consisten en la sustracción de efectos personales, especialmente joyas, “mediante uso de contacto físico cercano, simulación de confianza y fingimiento de afecto”, sin que la víctima pueda percibir el momento exacto en el que se comete este hurto, y actuaban en Huelva, Córdoba y Sevilla.

Según ha expresado el Cuerpo en una nota de prensa, la actuación policial se ha desarrollado en el marco de la operación 'Honey' y ha culminado con la detención de dos personas como presuntas autoras de delitos de hurto, robo con violencia y agresión sexual. Además, se han intervenido diversos efectos y dinero en efectivo.

Tras la actuación se han esclarecido varios hechos delictivos cometidos en la provincia de Sevilla. La operación ha sido resultado de una investigación conjunta con las Comisarías Locales de Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra. No obstante, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará el domingo 19 de abril en Córdoba, junto al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en un acto con alcaldes del partido de todas las provincias, que se enmarca en la precampaña por los comicios autonómicos del 17 de mayo.

Según han informado a Europa Press fuentes del PP-A, el acto de esta Intermunicipal del partido se desarrollará desde las 10:00 y las intervenciones de Feijóo y Moreno se producirán a partir de las 12:00. El lugar del encuentro está aún por concretar.

La reunión contará con todos los alcaldes del PP-A y presidentes de diputaciones, en una muestra del “poder municipal” del partido de cara a las autonómicas, según las mismas fuentes.

Este será el primer acto de Feijóo en la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 mayo. La campaña oficial se desarrollará desde el 1 al 15 de mayo y está prevista de nuevo la presencia del presidente del PP en actos con Moreno.

Feijóo elogió ayer los “logros” de Juanma Moreno en sus años al frente del Gobierno andaluz y confió en que pueda completar sus proyectos, si bien admitió que en estos tiempos la mayoría absoluta es “muy difícil” y, en el caso de Andalucía, dependerá del reparto de restos en las ocho provincias.

Feijóo hizo esta reflexión a puerta cerrada en la reunión plenaria del Grupo Popular con sus diputados y senadores, a los que ha trasladó que el fin de semana viajará a Andalucía para participar en la precampaña, según señalaron a Europa Press fuentes presentes en ese encuentro.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se ha concentrado este miércoles ante el Congreso de los Diputados en Madrid, donde sus portavoces han leído un manifiesto en la que trasladan su “vergüenza dolorosa y corrosiva” hacia la clase política, denunciando que se les intenta silenciar y utilizar como “arma arrojadiza”.

Los víctimas han asegurado que, en contra de lo que se defiende desde la política, la noche del accidente “hubo confusión y descoordinación” y posteriormente “altas precipitadas o esperas eternas en la identificación de los fallecidos y en la comunicación a sus familiares”.

También han denunciado que se tardase “más de una hora en darse cuenta” de la presencia del Alvia o que el dinero europeo destinado a la renovación de la línea Madrid-Sevilla “no se utilizase debidamente”, al entender que el aumento del 20% en las auscultaciones registrado desde 2020 no es suficiente para el crecimiento del tráfico de trenes experimentado en los últimos años.

Por todo ello, han pedido a los políticos que “dejen de presumir de la marca ferroviaria España”, al asegurar que “son demasiados los hechos que demuestran que los políticos no manejan correctamente un sistema en el que cada día se transporta a miles de ciudadanos”. “Debe pagar del primero al último responsable, han reclamado.

Pese a que admiten que en su propia asociación también se 'copian' de los políticos y abren fuegos cruzados con sesgo partidista, aseguran que siguen unidos por encima de sus posibilidades y sus ideologías.

En varias ocasiones han hecho alusión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, echándole en cara el presumir de haberse sentado hace dos meses y pidiéndole que salga a recibir a todos. No obstante, han añadido que “no basta con decir que Puente no es Mazón”, que aseguran que no lo es, pero añaden que “las comparaciones son odiosas”, al tiempo que le han preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “una vez más, ¿dónde está?”.

La lectura de esta carta se ha llevado a cabo como parte una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, a la que también se han unido víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís.

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y “seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas” del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos, así como cientos de heridos, así como para mostrar la “firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna”.

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha informado este martes de que se va a elaborar un plan económico-financiero para “hacer una ordenación de la evolución del gasto, ajustar indicadores formales y seguir garantizando la capacidad de inversión y prestación de los servicios”, todo ello “mirando siempre al futuro en un contexto económico que exige una planificación con rigor y capacidad de adaptación”.

Así lo ha asegurado la concejal en una rueda de prensa, en la que ha informado de que el Pleno tomará conocimiento el jueves del decreto de liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025, que incorpora el informe de Intervención que analiza tres variables principales y que recoge que “no se alcanzan los objetivos de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto”.

Dicho informe, según ha detallado, analiza el cumplimiento de las reglas fiscales que “se concretan en el análisis de la estabilidad presupuestaria, en el análisis de la regla de gastos y en la sostenibilidad financiera, que incluye la sostenibilidad de la deuda comercial, el cumplimiento del período medio de pago”.

En relación con los citados objetivos que no se alcanzan, la edil ha comentado que “se produce en una necesidad de financiación de 5,6 millones de euros, un ajuste técnico en términos de estabilidad”, a la vez que “el gasto computable ha experimentado un crecimiento del 6,66%, que supera la tasa de referencia, que es del 3,2%”, de modo que “ese exceso de gasto supone 6,24 millones respecto al límite establecido”.

En palabras de Torrent, “no es un problema de falta de recursos ni desequilibrio financiero real”, sino “unos indicadores que se calculan conforme a criterios de contabilidad nacional, que incorpora ajustes técnicos que no responden directamente ni a la caja ni a la liquidez del Ayuntamiento, que podría poner en duda esa salud financiera del Consistorio, que sí tiene”.

Al respecto, la concejal ha explicado que “las causas que han provocado esta inestabilidad son el incremento de ejecución de inversiones de la ciudad, como pueden ser los parques, un ejemplo muy palpable”; el tema de personal, tras “ofertas congeladas que han permitido la entrada de funcionarios y laborales necesarios y ha supuesto también un incremento”, para “crear empleo de calidad”.

También, ha citado “el incremento de transferencias, tanto a Aucorsa como a Sadeco, por las bonificaciones de billetes y la puesta en valor de la tasa de residuos, que han exigido un esfuerzo municipal”, a lo que ha agregado “la disminución de los derechos recaudados por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a la hora de elaborar el presupuesto de 2025”. “Se tomaron como previsiones las comunicadas por el Ministerio y luego han sido menores a las comunicadas”, ha advertido.

Las medidas

Según ha expuesto, “ante esta inestabilidad que se ha presentado en el informe de Intervención no es necesario tomar medidas radicales”, de manera que “no será necesario tocar el capítulo 1 del gasto de personal”, sino que “las medidas se van a enfocar básicamente en la mejora de la coordinación con las inversiones de organismo autónomos y sociedades, acompasando esas obligaciones que se asumen desde el Ayuntamiento con los derechos que se reconocen y así se evitan ajustes por transferencias internas que inciden en la inestabilidad”.

Entretanto, la edil ha subrayado que “el Consistorio mantiene una situación financiera con más de 153 millones de liquidez, un endeudamiento del 38,65%, muy por debajo de los límites legales, y un ahorro neto positivo”, con “la liquidación del resultado presupuestario positivo por 6,6 millones de euros”, a lo que ha agregado “se ha producido una amortización anticipada de deuda por 37 millones de euros, que reduce la deuda y fortalece el futuro del Ayuntamiento, que es muy importante”. La delegada ha manifestado que “el incumplimiento de la estabilidad se produce en un contexto de equilibrio presupuestario real”.

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido este lunes después de herir con un arma de fuego a otro varón en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 en el municipio cordobés de Posadas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que han detallado que el detenido ha pasado en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Desde el Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han precisado que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El hombre afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno, con heridas que no revestían gravedad, según las fuentes.

Un hombre ha resultado herido este lunes por arma de fuego en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 en el municipio cordobés de Posadas, en circunstancias todavía por determinar y que ya investiga la Guardia Civil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación y también del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, precisando que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El herido, cuya gravedad no ha sido precisada, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno.

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Centro Histórico del Consistorio cordobés, Lourdes Morales, han dado cuenta este lunes de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local, entre los que destacan la aprobación de la adenda al convenio de colaboración de 2026 con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, por un importe de 360.000 euros.

De esta forma, según ha señalado Torrico en rueda de prensa, el Ayuntamiento apoya “la actividad de organización de la Semana Santa, que es una actividad también social y caritativa que realizan las distintas hermandades de Córdoba, que se ha visto como han brillado con todo su esplendor, afortunadamente, gracias a la ausencia de problemas meteorológicos, durante esta Semana Santa”.

Igualmente, se ha otorgado a favor de la Asociación Centro Filarmónico de Córdoba, Eduardo Lucena, la cesión un inmueble municipal, en este caso el antiguo Centro de Educación Infantil Los Azahares, por un plazo de cinco años, “para que en ese lugar pueda desarrollar su labor divulgativa de la música cordobesa”.

Por otro lado, el gobierno local ha aprobado la modificación del contrato referido a la rehabilitación de la Torre del Homenaje del Alcázar de los Rayos de Cristianos, al determinarse que se “requería más inversión y más tiempo” para “culminar los trabajos inicialmente previstos” y se ha aprobado “una modificación presupuestaria de 154.669,86 euros para continuar esos trabajos”, estimando que, “para el mes de noviembre de este año”, se pueda “reabrir ya de forma definitiva el Alcázar a las visitas turísticas”, según ha avanzado Torrico.

Junto a ello y según ha informado Lourdes Morales, se ha aprobado en junta de gobierno local “la encomienda de gestión que el Ayuntamiento hace a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para, de esta forma, poner en marcha e impulsar proyectos relacionados con la conservación y con la protección de distintas zonas del coste histórico” de la ciudad.

Por otro lado, Miguel Ángel Torrico ha señalado que, en el marco de la junta de portavoces, también celebrada este lunes, el gobierno local del PP ha avanzado que va a llevar al Pleno municipal del próximo jueves “una moción instando a la Cofederación Hidrográfica del Guadalquivir a que cumpla los compromisos con Córdoba y su provincia”, siendo necesarias actuaciones, especialmente tras el último tren de borrascas, que tienen que ver con “la seguridad de los vecinos”.

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogerá el 17 de abril, a las 20,00, dentro del ciclo 'Existe un río' y con entrada libre hasta completar aforo, la puesta en escena de la danza-performance 'Simbi en aguas astronómicas', a cargo de la artista Inés Sybille.

Según informa el C3A en su web, consultada por Europa Press, Simbi es una familia de divinidades de los puntos de agua y los manantiales. Sus arroyos y corrientes (o su 'stream') sumergen a Inés Sybille en la hiper humedad de una memoria híbrida digital, analógica y coreográfica. Una de las facetas de Simbi tiene una debilidad por las criaturas 'mulatas'. Si se acercan a sus aguas sin compañía, posiblemente las capture y, con suerte, las devuelva con una sabiduría prodigiosa al cabo de unos años.

La polisemia del 'stream' arrastra consigo la idea de un archivo complejo que marca la percepción del territorio, un 'Haitian connection network' que repta como una memoria motriz que sobrevive cualquier desplazamiento. A través de los movimientos del ritmo vudú del Yanvalou, Inés se desliza en aquello que es divertido y peligroso en este querer acercarse a los secretos y los misterios.

Al finalizar la pieza, tendrá lugar un breve encuentro de la artista y la comisaria, Marisa Lull, con el público, en el compartirán las claves del proyecto y abrirán un turno de preguntas.

Nacida en Barcelona de padre haitiano y madre catalana, Inés Sybille es bailarina, investigadora y profesora. Las filosofías intrínsecas al vudú de Haití, al Kuduro de Angola y al Coupé Décalé de Costa de Marfil la incitan a existir en un juego de relaciones y mutaciones. La bailarina se desliza en los saberes de estas tecnopoéticas negras con sus piezas 'Santa de sustrato autónomo', 'Simbi en aguas astronómicas', y la co-creada con Malvin Montero, 'Cadencias criollas, diez mil veces desdobladas'.

En 'Simbi en aguas astronómicas', coproducción del Festival TNT y del Teatro do Bairro Alto, la bailarina se acerca al 'stream' de Simbi, una divinidad de los puntos de agua y los manantiales que une las humedades de archivos digitales, familiares y coreográficos.

Cabe recordar que el C3A se inauguró en diciembre de 2016 con intención de convertirse en un centro de referencia para la creación y producción artística. Adscrito al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y sede en Córdoba del CAAC desde ese momento, ha llevado a cabo en estos años una completa programación conformada por exposiciones, actividades, cursos, talleres, performances, conciertos y residencias artísticas de producción, que han posibilitado que se vaya forjando como lugar de encuentro y desarrollo de las distintas disciplinas artísticas.

A diferencia de otros museos o centros de arte contemporáneo, el C3A se dedica fundamentalmente en la producción, creación y experimentación, siendo una de sus características diferenciadoras el poner el acento no solo en las obras acabadas, sino también en el proceso creativo, para posteriormente acercar su resultado al público. Por ello tienen gran relevancia en su programación las residencias artísticas y las artes en vivo.