La Policía Local impuso sanciones de tráfico por valor de 382.993 euros | Hasta junio, la media diaria era de 10.587 euros | El balance anual es de 2.299.414 euros, muy similar al del último año con el presupuesto del PP en Capitulares

La temperatura no es lo único que subió en Córdoba el pasado mes de julio. Las multas de tráfico que impuso la Policía Local también se dispararon y cerraron con un balance de 382.993 euros en los últimos 31 días, según consta en el Sistema Integrado de Recaudación Municipal (SIRM) en el que, con los números en la mano, se pone de manifiesto este importante incremento: los derechos reconocidos en favor del Ayuntamiento por sanciones de tráfico pasan de 1.916.421 en junio a los 2.299.414 con los que se cerró julio.

Que la subida es importante lo demuestra la media de sanciones que hasta ahora había llevado el gobierno local en materia de tráfico; siempre con los datos del SIRM en la mano, en el primer semestre la cuantía diaria de las sanciones fue de 10.587 euros que en julio pasa a ser de 12.354 euros en multas diarias, cerca de 2.000 euros más al día que sitúan al pasado mes en lo más alto del podio: 382.993 euros por los 319.403 euros que hasta junio era la media mensual.

Con estos datos encima de la mesa se produce una 'convergencia' entre el registro de sanciones del actual gobierno local con el del Partido Popular. A fecha 31 de julio del pasado año, con el PP fuera del poder en Capitulares, pero con su gestión y su presupuesto todavía operativos, la cifra acumulada de sanciones era de 2.370.056 euros, prácticamente la misma que se registró el pasado mes con el presupuesto y la gestión del nuevo gobierno local.

En este sentido, otra prueba de que julio ha sido un mes de récord en multas se obtiene cruzando los datos del SIRM del actual gobierno con el anterior. En junio de 2016 1,9 millones de derechos reconocidos frente a los 2,1 millones del PP (2015). Un mes después: 2.299.414 millones por los 2.370.056 de julio de 2015. La diferencia se estrecha en casi 145.000 euros en solo 31 días. En este sentido, hay que recordar que la previsión de multas de ambos gobiernos es idéntica: 4,4 millones.

Lo que tampoco cambia es la tendencia al alza de los pagos pendientes. Julio cerró con algo más de 7,2 millones en multas pendientes de cobro, unos 100.000 euros más que en junio y 600.000 más que hace un año. Suma y sigue.

La Policía Local notificó a los miembros de la junta directiva la reclamación por los dos carruajes extraviados | En una reunión en Capitulares reiteraron que no saben nada de las piezas ni del presidente | No se descartan acciones penales

Pinta mal la búsqueda de los carruajes cedidos a la Asociación Cordobesa de Coches de Punto y de los que no sabe nada desde hace más de un año y medio desde que expirase el convenio de cesión por un año. Tras el anuncio oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado, que expiró sin respuesta, el Ayuntamiento, a instancias de la Asesoría Jurídica, envió a la Policía Local a los domicilios de los miembros de la junta directiva de esta asociación. Resultado: todos localizados menos el presidente, que fue quien firmó el acuerdo de cesión (noviembre de 2013) con el ex responsable del Área de Turismo, Rafael Navas (PP).

Tras ser notificados, esta misma semana se ha producido una reunión entre responsables municipales y los miembros de la citada asociación. El encuentro ha sido breve, ya que la actual junta directiva de Coches de Punto ha reiterado que no saben nada ni del paradero de los carruajes, cuyo valor supera los 100.000 euros y que indican que nunca han visto, ni del de su presidente, el firmante del convenio con Rafael Navas. Ante esta respuesta, la del Ayuntamiento es muy clara: “Búsquense un abogado”.

El consejo de asistencia legal no es baladí. Cuando los propietarios de los carruajes, los empresarios catalanes Ferrando y Marín, reclamen al Ayuntamiento el valor de las piezas, el Consistorio tendrá que explicarles el problema y asumir responsabilidades, tal y como figura en el convenio oficial, suscrito en mayo de 2013, en el que se especifica que ante cualquier desperfecto paga el Ayuntamiento (se suscribió un seguro por unos 7.000 euros). Pero es que estas responsabilidades se van a derivar contra la Asociación Cordobesa de Coches de Punto, sepan o no sepan nada de un convenio suscrito en precario, a la que le queda poco más de una semana para tratar de localizar las piezas o a su presidente, ambas tareas difíciles visto el tiempo transcurrido.

Según las fuentes consultadas, una vez que finalice este periodo todo el expediente se remitirá a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que preparará una reclamación administrativa en la que se reclamará el valor de los carruajes a los miembros de la junta directiva. Pero la cosa no queda ahí y, tal y como adelantó este medio, nos se descartan acciones penales -aún por definir si contra la asociación o contra el presidente- por un presunto delito de apropiación indebida, dado que estamos hablando de un bien cedido que había la obligación de devolver.

El Ayuntamiento, Mercasa y un inversor privado prevén sellar en septiembre un nuevo proyecto que incluye un centro de interpretación, mercado y sala de exposiciones | Se estudia la opción de instalar una zona de restauración en la parte alta

¿Recuerdan el proyecto del mercado gourmet presentado por el PP para el Pósito de la Corredera y que fue rechazado por los comerciantes del Sánchez Peña? Un año y medio después, el Gobierno local tiene un plan, al menos en mente, para el histórico enclave que, según ha podido saber este medio, va mucho más allá de un espacio gourmet y cuya resolución está marcada como prioritaria con una reunión prevista para la vuelta de vacaciones.

A esta reunión están convocados responsables de Mercasa, representantes municipales, así como un inversor privado que también participaría en la puesta en marcha del proyecto. Las reuniones y “tomas de contacto” se han ido produciendo desde el primer trimestre del año y septiembre es ahora mismo el mes en el que se espera un impulso importante para esta actuación, que persigue revitalizar la zona de la Axerquía con la Plaza de la Corredera como puerta de entrada.

¿Qué se prevé hacer en el Pósito? Según las fuentes consultadas, se aspira a un proyecto que contenga una zona de mercado dedicada a la promoción de la gastronomía local y muy vinculado y complementario a la actividad del Sánchez Peña. En este mercado se promocionarían el valor y la calidad de los productos cordobeses y de las diferentes denominaciones de origen de la provincia para potenciar el turismo gastronómico.

El nuevo proyecto mira también hacia el patrimonio de la ciudad y la promoción de la cultura, ya que diseña la implantación de otra zona en la que se prevé la creación de un centro de interpretación. Su función sería destacar el valor histórico del Pósito, cuya construcción data del siglo XVI y es todavía un gran desconocido para la ciudadanía al estar cerrado desde los años 80.

Junto al mercado y al Centro de Interpretación, la apuesta del equipo de gobierno pasa por la puesta en marcha de una tercera zona en el inmueble en la que se proyecta la creación un gran espacio expositivo que sirva para la promoción de la cultura en un entorno singular.

En este estado de definición del proyecto no se descarta la opción de una cuarta zona que abriría al público un espacio insólito: la parte superior del Pósito en la que se contempla la opción de una zona de restauración. Esta posibilidad, por el momento, solo se estudia y depende tanto de cuestiones técnicas, como de la inversión que sería necesaria para una importante reforma. La zona ya de por sí está cargada de condicionantes. Desde el primer momento, se prevé compleja porque estamos hablando de un Bien de Interés Cultural (BIC). Sea como fuere, se prevén años de obra y a lo que se aspira es a dejar encarrillado el proyecto en este mandato.

A esto hay que unirle que para que este proyecto llegara a consolidarse, y siempre según las fuentes consultadas, la superficie se tendría que ampliar y en este punto entran dos parcelas dentro del Pósito que pertenecen a la empresa municipal Vimcorsa y a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). En caso de que el proyecto se concretara, ambas tendrían que estudiar fórmulas de cesión a un proyecto en el que también se integra la entidad estatal Mercasa (que planteó una inversión en el proyecto del PP de 4 millones y que este año contempla inversión para el proyecto).

¿Qué se pretende con este proyecto? La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya lo indicó en su día aunque centró la mirada en un turismo gastronómico. En caso de que este proyecto se concrete, la aspiración va más allá y contempla darle un importante giro a todo el entorno de La Corredera, en la que además está prevista la presencia de la Universidad de Córdoba en el antiguo inmueble de Procórdoba. Esto añade interés y un nuevo enfoque, marcadamente turístico, a esta zona del Casco Histórico. Tal y como avanzó este periódico, la antigua sede de Procórdoba acogerá un Cicus.

Que este proyecto salga o no ya es harina de otro costal y depende de un complejo proceso administrativo y un no menos complicado trabajo técnico. También se quieren revisar cuáles serían los aprovechamientos económicos tanto para los inversores como para el Ayuntamiento. Fórmulas en estudio y que, en todo caso, distan mucho de las planteadas por el PP en su malogrado proyecto de mercado gourmet.

El consejo de administración tiene previsto aprobar el pliego en su reunión de mañana | El plazo para recibir ofertas finaliza el próximo 30 de septiembre | Estarán operativos a comienzos del próximo año

El consejo de administración de la empresa municipal Aucorsa prevé aprobar este miércoles el pliego de condiciones para la adquisición de “un mínimo de seis nuevos autobuses” de 12 metros de largo por un importe global de dos millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio. En la misma, se indica que el plazo de recepción de ofertas estará abierto hasta el próximo día 30 de septiembre, mediante el procedimiento de concurso abierto. Ésta es la segunda renovación de la flota de Aucorsa tras la registrada el pasado año (encargada por el gobierno del PP) que trajo diez nuevos vehículos.

Una vez que finalice el plazo de presentación de ofertas, el pliego indica que el día 3 de octubre se producirá la primera reunión de la mesa de contratación para analizar la documentación presentada y realizar una primera criba entre aquellas ofertas que no reúnan los requisitos técnicos para la licitación. Tras ésta, el 18 de octubre se convocará de nuevo la mesa de contratación, en la que se abrirán las ofertas económicas y se solicitarán las aclaraciones para que, en el plazo inexcusable de seis meses (se contemplan sanciones por demora), los nuevos vehículos se integren en la flota de Aucorsa, hecho que se producirá en el primer trimestre de 2017.

Acerca de las características técnicas que se prevén para los nuevos vehículos, el pliego de condiciones especifica, como novedad, que deben contemplar mampara de seguridad para los conductores y preinstalación de cámaras de vigilancia (dos de las exigencias tras las polémicas del pasado mes de mayo). Junto a esto, deberán contar con piso bajo, conexión wifi, doble rampa, cargadores de USB, sistema de extinción de incendios para el motor, preinstalación para el sistema de billetaje y con un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En la oferta se contempla igualmente que la empresa adjudicataria se comprometerá a diez años de mantenimiento de los vehículos en el que se contempla la sustitución de piezas, así como las revisiones de los autobuses.

Un estudio de la Asociación Empresarial de Aseguradoras señala a Córdoba como la tercera provincia andaluza en número de robos en viviendas | La media de lo robado, 316 euros | Baena, La Carlota y Bujalance, localidades más problemáticas

¿Dónde es más probable que se produzca un robo en vivienda en la provincia de Córdoba? ¿De cuánto? ¿En qué fechas? Un estudio de la Asociación Empresarial de Aseguradoras, Unespa, en la que se agrupan más de 200 empresas del sector, señala a la provincia cordobesa como la tercera en número de casas visitadas por los ladrones en el conjunto andaluz, aunque también como la menos rentable para los asaltantes, ya que la media de lo robado solo es de 316 euros, muy por debajo de la media andaluza: 419 euros.

El estudio, presentado a comienzos de esta semana en Sevilla, toma como base el parque de viviendas aseguradas en la comunidad, 1,7 millones, y analiza los partes al seguro del año 2014 para realizar una radiografía de la incidencia y concentración de los robos en casas. La primera conclusión es que, pese a la creencia popular, el verano no es la época más probable para la visita de los ladrones; al menos en la comunidad andaluza, en la que el mayor número de incidentes se concentra en el primer trimestre del año. De la misma manera, los viernes y los lunes son los peores días de la semana, indica el estudio.

En el ránking provincial, Sevilla encabeza el número de asaltos con un 10,3% de los robos, seguida de Málaga, con un 6,2% y Córdoba, con un 3,3%, cifra similar a la de Almería y Granada. ¿Dónde se concentran estos robos en la provincia cordobesa? Según el estudio de Unespa, si hablamos de número de incidentes, la capital acumula el 55,5% de los partes por robo, seguida de Puente Genil, con un 5,4%, Baena, con un 5,3% y Lucena, con un 4,5%.

¿Dónde es más probable que se produzca un robo en vivienda en Córdoba? Para obtener esta cifra se han cruzado los datos del número de viviendas aseguradas con los de los robos denunciados y Baena es la localidad más problemática de la provincia. Según el estudio, se coloca un 173% por encima de la media de la provincia. Le siguen La Carlota y Bujalance, con un 77,2% y un 74,5%, respectivamente. En la capital la tasa de probabilidad es de un 14% por encima de la media, mientras que las localidades más seguras son Villa del Río, Priego de Córdoba y Cabra, con valores negativos.

¿Cuánto se llevan los ladrones en los asaltos denunciados? La media de la provincia es la más baja del conjunto andaluz: 316 euros sobre el total del capital asegurado, aunque el análisis de los robos también señala los incidentes más graves, en donde la primera plaza del podio lo ocupa Almodóvar del Río con 2.669 euros, seguido por Castro del Río, con 1.598 euros y Montilla, con 1.000 euros. La media en la capital se cifra en 300 euros, por debajo de la media, mientras el municipio donde menos rentable fue la visita para los ladrones es Santaella, con solo 96 euros, seguido por Encinas Reales (118 euros) y Peñarroya (173 euros).

El Consultivo da vía libre a la nulidad, solicitada por el Ayuntamiento de Lucena | La mujer aún estaba casada y lo había hecho por conveniencia para que su marido obtuviera la residencia

El Consejo Consultivo ha dado luz verde al Ayuntamiento de Lucena para anular la inscripción como pareja de hecho de una mujer de nacionalidad española y de un ciudadano colombiano. El motivo: ella aún estaba casada y además todo apunta a que, en esta ocasión, iba a repetir una unión de conveniencia. Además, se han abierto diligencias judiciales contra esta mujer y su aún marido, también colombiano, al que en el tiempo en el que ha durado el matrimonio (nueve años) apenas ha visto poco más de seis meses.

Según el escrito, los hechos comenzaron en el mes de junio del pasado año cuando esta mujer y su actual compañero se inscribieron como pareja de hecho en el Ayuntamiento de Lucena. En ese mismo mes, el Consistorio remitió la documentación a la Consejería de Salud y Bienestar Social, que cuatro meses después le comunica que, una vez analizada la documentación, el servicio de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno de Córdoba ha denegado el permiso de residencia al hombre y ha abierto una investigación porque ha descubierto que la mujer aún estaba casada, como consta en el Registro Civil de la localidad onubense de Mazagón.

El engaño le duró muy poco a la mujer, que un mes después de inscribirse en el registro de parejas de hecho recibió la llamada de la Policía Nacional. La mujer reconoció a los agentes que aún estaba casada con otro ciudadano colombiano, del que no se había separado “por problemas económicos” y del que no sabía nada “desde hacía años”. Tal era su desconocimiento que ni siquiera recordaba el año de su boda; a los agentes les dijo que fue en 2004 cuando en realidad fue en 2007.

Ante esta declaración se remitieron los hechos al juzgado de Instrucción número seis en donde, según el fallo del Consultivo, se instruyen diligencias contra la mujer por presuntos delitos contra las relaciones familiares (bigamia), así como contra el derecho de los trabajadores y falsificación de documentos. De la misma manera, su aún marido, que obtuvo permiso de residencia hasta 2022 con este matrimonio, también se enfrenta a una acusación por presunta falsificación de documentos.

El dictamen del Consultivo señala que “queda más que demostrado que el único objetivo del primer matrimonio es el de obtener la autorización de residencia de familiar comunitario, como así la obtuvo, dado que al parecer según manifestaciones de la mujer solo convivieron seis meses, al principio de casarse, desconociendo su paradero”. Con estos hechos, el Consultivo da luz verde al alcalde de Lucena para que anule la inscripción en el registro de pareja de hecho y evitar que, nueve años después, la historia se repita.

Un informe del secretario del Pleno señala que la cesión de activos debe aprobarse con un mínimo de 19 votos | Los populares decidirán en la polémica entre PSOE e IU por la integración de la plantilla del organismo en Capitulares

¿Qué va a votar en el Pleno el PP sobre la cesión de activos del Consorcio de Turismo? La pregunta es importante porque de su posición dependerá el futuro del organismo y la integración (o no) de sus 21 trabajadores en la estructura municipal. Paradojas de la vida municipal, el principal partido de la oposición es quien tiene la sartén por el mango y será él quien decida, no el gobierno local ni sus socios.

Así lo indica el último informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, que, ante la solicitud del responsable del Área de Turismo, Pedro García (IU), de que incluya la liquidación de activos en el orden del día del Pleno de la próxima semana, responde con un informe técnico en el que se indica que “conforme establece el artículo 14.4 de los estatutos del Consorcio de Turismo es necesario el voto favorable de los 2/3 de los miembros de la Junta General para la adopción del acuerdo favorable sobre la aprobación de la referida disolución del Consorcio de Turismo”.

¿Qué significa esto? Según Lavela, que legalmente “cabría interpretar que el quorum mínimo necesario habría de ser de 2/3 de los 29 miembros que componen la corporación municipal, es decir, que serían necesarios 19 votos favorables”. Esto es, con el actual reparto de fuerzas en el Pleno municipal, compuesto por 29 miembros, todo pasa por lo que decidan los once ediles del Partido Popular. Sin ellos no hay el quorum que, según Lavela, exige la norma.

¿Qué va a pasar con la plantilla del Consorcio?

La decisión está en manos del Partido Popular y, muy probablemente, no va a dejar contento a uno de los socios de gobierno (PSOE e IU) que, pese a que la liquidación del Consorcio se votó por unanimidad, han discrepado posteriormente en la cuestión referida a la plantilla en la estructura municipal. Y esto es lo que ha retrasado que el asunto se lleve a Pleno y ha provocado incluso la advertencia de Lavela sobre las posibles responsabilidades jurídicas de esta dilación.

Para IU la posición está y ha estado clara siempre: la plantilla del Consorcio se integrará, sí o sí, en el Ayuntamiento. Para ello se apoyan en los informes de la secretaria del Consorcio y Oficial Mayor del Ayuntamiento, del propio Lavela y de la Intervención municipal, que no ven problemas en el paso de los trabajadores a la estructura municipal.

En el otro extremo está la posición del PSOE, y más concretamente del Área de Personal, que ha expresado sus dudas tanto desde el punto de vista presupuestario (incremento del capítulo 1 de Personal) como en el terreno legal, con un informe de la asesoría jurídica en el que se pone abiertamente en duda la integración del personal del Consorcio.

Las dos posiciones son excluyentes, y entre ellas va a tener que decidir el PP, que desde su papel de oposición va a ser clave para una decisión de gobierno. Paradojas de la vida municipal.

El juzgado de lo Contencioso número 1 da la razón a la Fundación del Córdoba CF, casi un año después de la polémica | Pese a ello, no atiende sus pretensiones de indemnización

¿Recuerdan esta imagen? Hace casi un año, las vallas publicitarias de la Fundación del Córdoba CF aparecían en las naves del Área de Infraestructuras después de que, cumpliendo órdenes de la Gerencia de Urbanismo, fueran retiradas de los terrenos, entonces cedidos, del parque del Canal y que, en aquel momento, estaban inmersos en la polémica por la decisión, ya anunciada, de la marcha atrás del Consistorio en la cesión de los terrenos para la ciudad deportiva.

La aparición de las vallas publicitarias en las dependencias municipales se produjo un 13 de agosto, un día después de que la Fundación del Córdoba CF decidiese denunciar los hechos ante la Policía por un presunto delito de robo. De ahí se fueron al juzgado (el 29 de septiembre) que, 11 meses después, les ha dado la razón en lo que se refiere al procedimiento ordenado por la Gerencia de Urbanismo y ejecutado por Infraestructuras. El juez considera que este acto fue “contrario a Derecho”, según la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, en la que, sin embargo, no se atienden las pretensiones económicas del Córdoba CF.

El texto de esta sentencia, de fecha 6 de julio, considera que el Ayuntamiento, y más concretamente la Gerencia de Urbanismo, tiró por la “vía del hecho” y se “excedió” en sus funciones en esta polémica retirada. Para ello se realiza una reconstrucción de los pasos dados, que se inicia el 24 de julio de 2015 cuando se produce la primera notificación al club para que retire unas vallas que, en aquel momento, estaban fuera de los terrenos inicialmente cedidos (esto es, fuera de la parcela cedida).

Esta orden daba tres días al Córdoba para que retirase los carteles anunciadores. Diez días después, el 5 de agosto, la Policía Local comprueba que las vallas publicitarias se han movido, pero al interior de los terrenos que en aquel momento eran, al menos de nombre, del Córdoba CF, lo que “para el juzgador no le estaba jurídicamente permitido”.

El juez señala que el camino legal hubiese sido una nueva notificación de advertencia y seguir el procedimiento desde el terreno administrativo y no por la vía de la ejecución de los hechos amparándose en una resolución, la del 24 de julio, que se refería a unas vallas ubicadas en otros terrenos de titularidad pública y no cedidos. Es por ello que el fallo estima este punto de la reclamación de la Fundación del Córdoba y señala que la retirada fue “contraria a Derecho”.

En lo que el juez no da la razón al Córdoba CF es en sus pretensiones de indemnización por la retirada de los carteles, por la que pedía algo más de 7.500 euros. En la sentencia, el juez indica que, dada la evolución de los hechos, de todos conocida, estos carteles no pueden reubicarse en unos terrenos que ya no están cedidos a la entidad ni que tampoco han sido destruidos y, por tanto, pueden reclamarse al Ayuntamiento. Por lo tanto, victoria moral del Córdoba CF.

El Consistorio se une a la fiebre de esta aplicación y organiza un evento para la noche de este sábado, a través de la Casa de la Juventud | Crecen en Córdoba los grupos y foros en redes sociales dedicados al juego

La cita es este sábado a partir de las 22:00. El lugar, el Ayuntamiento de Posadas, en donde están citados todos aquellos que quieran participar en esta quedada que tiene un solo objetivo: cazar pokémons. Así se anuncia en el perfil oficial en Facebook del Consistorio maleno que, de esta manera, se une a la fiebre del juego virtual. Si la participación y los servidores de descarga no lo impiden, puede convertirse en el primer ayuntamiento de la provincia en organizar una quedada Pokémon.

El anuncio del Consistorio de Posadas en Facebook se colgó este lunes y ya ha generado opiniones diversas. Desde aquellos que critican que se organice una actividad como ésta por parte de un Ayuntamiento -más concretamente, desde la Casa de la Juventud-, hasta los que les contestan que la descarga es gratuita y se trata de una simple actividad de convivencia, o los que los definen de frikis o, simplemente, los que piden que cada uno haga con su tiempo lo que quiera.

Sea como fuere, la cita está programada y prevé la búsqueda del pokémons durante la noche del sábado desde el Consistorio maleno hasta la plaza del Lavadero deteniéndose en las diferentes pokeparadas situadas en la localidad cordobesa que, con poco más de 7.500 habitantes, puede convertirse en el primer municipio de la provincia cuyo ayuntamiento organiza un evento Pokémon. Lo que es innegable es que la fiebre Pokémon se extiende de forma imparable. En Córdoba ya se pueden encontrar decenas de jugadores que se organizan e intercambian información a través de grupos de Facebook, de Whatsapp, de Telegram, en foros o a través de vídeos en Youtube. En estos se informa sobre la localización de pokemons, se invita a quedadas, se solicita la incorporación en equipos de búsqueda o se da cuenta de cómo van las diferentes competiciones a lo largo y ancho de la capital cordobesa. Esta locura se ha extendido al resto de municipios españoles en apenas una semana desde que la aplicación puede descargarse oficialmente en España.

La demanda se presentó el viernes y pide la suspensión cautelar de los decretos que las avalan hasta que se produzca el juicio | Denuncia que el Ayuntamiento está cargando el peso de la falta de personal en los trabajadores del SEIS

CTA ha presentado un escrito de demanda ante el Juzgado de lo Contencioso de la capital cordobesa en el que denuncia los decretos que obligan a la realización de guardias extras en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento. En su escrito, presentado el pasado viernes, el sindicato, mayoritario en el Ayuntamiento, reclama medidas cautelares al juez y, más concretamente, la suspensión de los decretos que avalan estas horas extras “obligatorias” por entender que “vulneran los derechos de los trabajadores”.

Una vez más, CTA se muestra muy crítico con la gestión del actual equipo de gobierno al que, pese a no responsabilizar en su totalidad del problema de falta de personal en especialidades como bomberos conductores, que achacan a las políticas del PP en el ámbito del empleo local, sí le señalan porque “un año después seguimos igual o peor”. CTA añade que, en el caso de las guardias extras obligatorias, creen que la medida es “inconcebible” y “causa gran sorpresa al ser propiciada por un partido político que se dice obrero o al menos en sus siglas”.

Con todo esto, el sindicato vuelve a reiterar que las carencias en el Parque de Bomberos están llevando a situaciones como que “con frecuencia” el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) se haya quedado por debajo de los mínimos que marca el Plan de Emergencias Municipal, ya que, por ejemplo, en las pasadas elecciones municipales solo hubo un conductor cuando lo que marca la normativa es que haya dos.

Siempre según el comunicado de CTA, esto está provocando que “no se cumplan los protocolos de actuación del SEIS, al tiempo que consideran ”injusto“ que los trabajadores sean los que tengan que cargar con el peso de una situación que a quien corresponde solucionar es al equipo de Gobierno que, con los decretos aprobados, ”les está obligando a realizar guardias extras forzosas. Guardias que no se compensan en metálico si no en descanso, descanso que precisamente por la falta de personal no se puede hacer efectivo“. Lo que lleva a que ”algunos efectivos acumulen hasta 400 horas de exceso de jornada“, indica el comunicado del sindicato en el que se reclaman soluciones urgentes al Consistorio.

Se pone fin a la rocambolesca historia que comenzó por un error burocrático en el departamento de Personal del Ayuntamiento | La sentencia, de 7 de julio, confirma la del Contencioso número 1 y tumba el recurso del agente

Un año y nueve meses después, fin de la historia del policía local condenado por tráfico de drogas. El TSJA ha rechazado el recurso del agente, que pedía su reincorporación a su puesto y la nulidad del segundo expediente disciplinario, con una sentencia en la que, aparte de condenarle en costas, le indica que contra ella no cabe recurso.

Acaba así un caso que dejó al descubierto los graves problemas de organización en el departamento de Personal, que no notificó al interesado que la condena penal por tráfico de drogas, de fecha 2009, implicaba su separación inmediata del servicio. Y el susto llegó a finales de 2014 cuando el juzgado de lo Contencioso dio la razón al agente, declaró la caducidad del expediente y señaló que el Ayuntamiento debía pagarle cuatro años de sueldos (los que estuvo apartado y cumpliendo pena de prisión) y reincorporarle al servicio activo.

Ante la gravedad de los hechos, el Consistorio abrió una investigación interna. Los funcionarios se pusieron a trabajar, con los plazos contando, para recurrir el fallo ante el TSJA. De esta manera trataban de frenar tanto la indemnización, de algo más de 180.000 euros, como la vuelta al servicio activo del policía. Y todo ello, reconociendo el error que derivó en la caducidad del expediente por falta de notificación, pero apelando a los conceptos de enriquecimiento ilícito y de justicia social.

Meses después, el Tribunal Superior de Justicia, en abril de 2015, dio un respiro al Ayuntamiento y negó los atrasos que reclamaba el agente, aunque sí reconoció la caducidad del expediente y, por tanto, la reincorporación del policía. Eso sí, dada la gravedad de los hechos, dio pistas al Consistorio para que la vuelta del condenado no se produjera. De esta forma, en la sentencia indicaba abiertamente que el Ayuntamiento debería iniciar otro expediente sancionador “como es su deber”.

Polémica por el segundo expediente

Para evitar la reincorporación del agente, el Ayuntamiento ya había iniciado este segundo expediente y éste ha sido el objeto de la polémica en los últimos meses. Primero, el abogado del agente reclamó medidas cautelares contra el procedimiento y solicitó la ejecución de la sentencia del TSJA, esto es, la reincorporación inmediata en un plazo de diez días. Nuevo recurso del Ayuntamiento, que vuelve a ganar, y comienza la batalla por la nulidad del segundo expediente.

La tesis que defendía el letrado del policía se apoyaba en el principio non bis in idem, esto es, que no se puede condenar a alguien dos veces por los mismos hechos y con las mismas se inició otro procedimiento judicial, esta vez en el Contencioso número 1, que a finales del pasado año falló a favor del Consistorio y dio validez al segundo expediente sancionador. ¿Resultado? Nuevo recurso del agente al TSJA contra este fallo y por presunta vulneración del derecho de defensa por parte del juez del Contencioso.

Y un año y nueve meses después, el pasado 7 de julio, el Alto Tribunal de Justicia de Andalucía pone fin a la historia con una sentencia contra la que no cabe recurso y confirma en todos sus extremos la sentencia que da validez a la separación del servicio por falta muy grave.

Todo ello después de cuatro juicios, los correspondientes recursos por ambas partes, los trámites burocráticos, las notificaciones y los recursos en vía administrativa... En definitiva, un sinfín de gastos por un error administrativo que, en caso de haberse perdido, podría haber salido mucho más caro.

El Consejo Consultivo señala que el Consistorio es corresponsable de la caída y las lesiones de un motorista en la glorieta de las Tres Culturas | La Administración rechazó la reclamación | El herido pide casi 50.000 euros

Al Ayuntamiento le va a tocar pagar. La cantidad está aún por determinar, pero no va a ser barato porque el reclamante solicita casi 50.000 euros de indemnización y el Consejo Consultivo ha emitido un dictamen preceptivo por el que el Consistorio tendrá que hacerse cargo de la mitad. Y todo por un bache de sesenta centímetros que causó la caída de un motorista en el mes de febrero de 2014.

Los hechos se produjeron a las 20:30 en el entorno de la glorieta de las Tres Culturas cuando, según el atestado de la Policía Local en el que se apoya el dictamen del Consultivo, el motorista frenó y, a causa de de la gravilla desprendida de un bache de 60 centímetros, perdió el control de la moto y cayó produciéndose lesiones por las que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario. En este atestado policial, sustentado por el testimonio de un testigo, se indica que el motorista “no iba a una velocidad excesiva” y que la situación del firme y la gravilla “representaban un riesgo claro para la circulación de vehículos de dos ruedas”.

¿Qué dijo el Ayuntamiento para rechazar la reclamación del herido? Básicamente le responsabilizó de todo, ya que el siniestro, según su razonamiento, se produjo por “circunstancias totalmente ajenas al funcionamiento del servicio público y debidas exclusivamente a la acción del reclamante”, añadiendo que “la causa del daño fue la actitud del conductor, ya que pudo haber evitado la colisión maniobrando con la diligencia propia y adecuada y prestando la atención debida que se exige a cualquier conductor que circula por la vía pública” y poniendo como guinda que, en caso de estimar el pago de la indemnización, “la Administración se convertiría en aseguradora universal”.

¿Qué le responde el Consultivo? En su dictamen se indica que “no comparte la solución desestimatoria, en la que se realiza un análisis excesivamente teórico, y no se valora debidamente el atestado policial ni la eficacia causal que se atribuye al bache y a la gravilla suelta, sobre la que pasó la motocicleta después de que su conductor accionara los frenos reaccionando al cambio de la señal del semáforo”, al tiempo que deja claro que “se aprecia un funcionamiento anormal del servicio público que opera como causa del accidente” indicando, una vez más la importancia del atestado de la Policía Local en el que se señala a la gravilla del bache como causa del siniestro.

Es por esto que se indica que el Ayuntamiento es corresponsable de los daños que sufrió el motorista, consistentes en varias lesiones y secuelas en mano y muñeca, así como una artrosis postraumática en el antebrazo por las que estuvo dos días hospitalizado y 80 de baja por las que reclama 49.648 euros. El Consejo Consultivo considera proporcionada esta cantidad, según la calificación de las lesiones, pero, al no conocer la propuesta del Ayuntamiento, no entra a valorar la indemnización. Eso sí, le indica al Consistorio que, sea cual fuere, deberá hacerse cargo de la mitad.

Tras la inspección de los técnicos de Infraestructuras y de la GMU, las grietas advertidas por el PP se achacan a vicios en la construcción y al comportamiento de los materiales | Se remitirán los resultados a la Junta para que les dé solución

“No hay daños estructurales, aunque sí se han detectado problemas (posibles vicios) en la construcción y, más concretamente, en el comportamiento de algunos materiales”. Ésta es la primera valoración de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Área de Infraestructuras (encargada del mantenimiento de los edificios municipales) tras la aparición de grietas en el Centro de Recepción de Visitantes que denunció este miércoles el Partido Popular en rueda de prensa. Los populares indicaron que el edificio tuvo que ser desalojado el pasado sábado.

Esta primera valoración de los técnicos se comunicó a los representantes políticos en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Según las fuentes consultadas por este medio, los problemas que están detrás de la aparición de las grietas verticales estarían relacionados con el revestimiento de ladrillos sobre una estructura metálica y las “diferencias entre los contrastes térmicos”. Por su parte, las grietas horizontales son causa de “la flexión de una viga metálica” que es la que probablemente provoque el descuelgue de ladrillos.

Con esta primera valoración, está previsto que se realice un informe más detallado en el que se indiquen pormenorizadamente las causas y el impacto de los daños en el deterioro del edificio. El PP ha solicitado estos informes y ha reclamado máxima transparencia en las comunicaciones sobre este asunto, y que éstas se remitan a la Junta, que fue quien encargó la construcción del edificio, para que las ponga en conocimiento de la constructora (Sacyr) y se encuentre remedio.

Casi un año después del inicio irregular de la obras, siguen sin solucionarse las deficiencias detectadas por la Gerencia | El proyecto aún no tiene certificado medioambiental, ni energético, ni informe de movilidad | No es probable que abra este año

Comenzar la casa por el tejado. De esta manera se puede definir el proyecto para la construcción de un restaurante de la cadena KFC (Kentucky Fried Chicken) en Córdoba. Casi un año después de la noticia sobre el inicio de las obras en el antiguo edificio de Cajasur, en la Avenida del Brillante, y de las previsiones de apertura en “un par de meses”, los amantes del pollo frito siguen a la espera... y va para rato.

Después de todo este tiempo los promotores siguen sin solucionar los múltiples problemas que han detectado los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en un proyecto que, urbanísticamente hablando, comenzó al estilo Rafael Gómez: sin licencia. Esto provocó que, poco después del inicio de los trabajos, se decretase la paralización de las obras tras la visita de la Policía Local y la propuesta del correspondiente expediente sancionador.

Según las fuentes consultadas en la Gerencia Municipal de Urbanismo,  tras la paralización de las obras, los promotores del proyecto comienzan a entregar la documentación que tenían que haber depositado desde el primer momento. A partir de aquí comienzan los problemas para dar vía libre a unas obras que, según las fuentes consultadas, es muy difícil que puedan reanudarse en las próximas semanas.

¿Qué problemas hay? El primero, una autorización de Movilidad para el servicio Easy Auto. Los promotores no plantearon proyecto alguno para la entrada y salida de los coches del restaurante desde una avenida tan concurrida como la del Brillante; ni tampoco sobre cómo afectarían las incorporaciones de los vehículos al carril bici que invadirían, señalan desde Urbanismo. Este informe y su aprobación siguen sin concretarse.

Segundo, faltan aclaraciones sobre la edificabilidad y el uso de los espacios libres en el solar del antiguo inmueble de Cajasur y se detectan problemas de insonorización en una zona tan sensible como esta avenida, en donde ya ha habido muchos conflictos con los vecinos con negocios como la discoteca Palazzio. No es es que se trate del mismo caso, pero sin papeles no hay visto bueno.

Tercero, toda obra debe contar con la autorización de la Junta sobre el impacto medioambiental y eso sigue sin producirse en el proyecto del KFC, señalan desde la GMU, en donde también han puesto pegas a los promotores sobre los certificados de consumo energético y de agua que, evidentemente, no pueden ser los mismos para una oficina bancaria que para un restaurante de comida rápida. Y siguen sin entregarse.

¿Cuándo abrirá el KFC de la Avenida del Brillante? Con estos requisitos aún por cumplimentar desde hace meses, en la Gerencia Municipal de Urbanismo creen “muy improbable” que la apertura pueda producirse a lo largo de este año; primero porque las deficiencias que hay que solucionar exigen un procedimiento administrativo que tiene sus plazos y, en algunos casos, periodos de exposición pública para la presentación de alegaciones. Y segundo porque el comportamiento de los promotores en estos meses no invita a pensar que lo que no se ha hecho en casi un año se vaya a agilizar en las próximas semanas. Malas noticias para los amantes del pollo frito.

Su Fundación presenta demanda contra la decisión de la Gerencia de Urbanismo de anular la cesión de suelo para la Ciudad Deportiva | El escrito se formalizó el pasado miércoles ante el Contencioso-Administrativo número 1

El último día de plazo para hacerlo. La Fundación del Córdoba CF formalizó el pasado miércoles el escrito de demanda contra el Ayuntamiento, y más concretamente contra la decisión del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), de fecha 17 de febrero. Ese día se estimó el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y, de esta forma, se anuló la cesión de suelo en el Parque del Canal para la construcción de la Ciudad Deportiva que se concretó, vía decreto, una semana después.

Así lo han confirmado las fuentes consultadas, que han añadido que la demanda la presentó el letrado Antonio Benítez Ostos, del despacho de abogados de la capital cordobesa Martínez Echeverría. Ahora le toca mover ficha al Ayuntamiento, que aún está a la espera de recibir el escrito de demanda.

Esta polémica se inició hace ahora un año cuando, nada más llegar al poder, el nuevo equipo de gobierno anunció su intención de revisar esta cesión de terrenos, concretada durante la etapa del PP. A partir de ese momento, comenzó un duro enfrentamiento entre el Córdoba CF y el Consistorio en el que se sucedieron los acontecimientos: paralización del vallado de los terrenos que se había iniciado por cuenta de la entidad y presencia de la Policía Local para evitar que se repita, retirada del cartel de las obras con denuncia del Córdoba por robo y petición de dictamen al Consultivo, que resuelve pero que no entra en el fondo de la cuestión...

Todo ello en un mes de julio frenético de cuyo fuego aún quedan ascuas. Y es que, pese al intento de retomar el diálogo por parte del Ayuntamiento y el Córdoba CF de las últimas semanas, los plazos son los plazos y, mientras no haya acuerdo, los procedimientos siguen su curso. En el caso de la Ciudad Deportiva, ya ha acabado en los tribunales.

El Ayuntamiento deberá entregar las justificaciones de obra a finales del año que viene | Las aportaciones previstas para este año pasan al siguiente | La puesta en valor del Templo Romano o el convento Regina, entre los proyectos

Se daba por hecho, pero ayer se concretó. El Ayuntamiento ya cuenta con el documento por el que la Junta establece un nuevo plazo para la finalización de los proyectos vinculados al Plan Turístico de Grandes Ciudades. El nuevo margen fue solicitado por el Consistorio ante el escaso grado de ejecución de los proyectos que componen este plan, que tiene que justificar tres millones de inversión por parte de la Administración Regional. Sin esta prórroga no hubiese cumplido ninguno de los plazos marcados, tal y como ya avanzó el pasado año el responsable del Área de Turismo, Pedro García (IU) .

Según este documento, al que ha tenido acceso este medio, la Junta amplía en 13 meses y medio el plazo de finalización de los proyectos y los lleva hasta finales de octubre del próximo año, en concreto al 20 de octubre. En esa fecha, todos los proyectos deben estar concluidos para iniciar las justificaciones de las obras que, según el nuevo cronograma, deben estar entregadas un mes y medio después, en diciembre del próximo año. De la misma manera, en el documento se prevé que el convenio entre ambas administraciones se prorrogue hasta marzo de 2018, por lo que pasa a tener una duración de 45 meses.

Con respecto a las aportaciones de la Junta, el acuerdo de prórroga prevé que las cantidades previstas para este año -en el que inicialmente acababa el convenio- pasen al próximo ejercicio económico, en el que se pondrán en marcha gran parte de los proyectos contemplados en este plan. La aportación que se modifica es de casi 750.000 euros, señala el documento.

Así, el Ayuntamiento ya tiene tiempo, aunque justo, para poner en marcha un intenso cronograma de obras que se iniciarán en breve con la peatonalización del entorno de Capitulares y la puesta en valor del Templo Romano, previstas en este plan, y que comenzarán este mismo verano. Le seguirán otras obras como la reforma del convento de Regina o la de la Torre de la Inquisición en el Alcázar de los Reyes Cristianos, entre otras.

El establecimiento, ubicado en la Avenida de Libia, concluye las obras, previstas para un año, en poco más de tres meses | El miércoles recibirá la licencia de funcionamiento | Esperan abrir al público esta misma semana

Tres meses y medio después de recibir el permiso de obras, el McDonald’s de la Avenida de Libia ya está listo para abrir sus puertas al público. La comisión de licencias de este miércoles contempla en su orden del día concederle el permiso para su funcionamiento y se espera que, una vez que se solvente el trámite administrativo, el sexto local de la cadena de comida rápida en la capital cordobesa se ponga en marcha de forma inminente, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

En las instalaciones del restaurante ya cuelga el cartel de “Próxima apertura” y se espera que ésta se produzca el jueves, señalaron las fuentes consultadas. Los trabajos han sido un visto y no visto y se han realizado en tiempo récord. El 30 de marzo la comisión de licencias de la GMU autorizó unas obras para las que se tenía un plazo de ejecución de un año y un presupuesto de 400.000 euros. Poco más de tres meses después, ya está todo concluido.

Lo que viene ahora es el permiso de funcionamiento, previsto ya en el orden del día de la citada comisión, y vía libre para la apertura de unas instalaciones con capacidad para algo más de 150 personas en las que también se contempla un servicio para encargar comida desde el coche (McAuto), con un aparcamiento con capacidad para nueve vehículos en espera, así como cinco plazas para bicicletas.

Con este nuevo establecimiento, McDonald’s sigue su expansión en la capital cordobesa, en donde ya cuenta con locales en zonas como el centro comercial El Arcángel, la avenida del Brillante, el Zoco, en el barrio de Guadalquivir y en la carretera de Palma del Río.

Un año después la deuda pendiente con el Ayuntamiento se incrementa en 173.000 euros, un 32% más | De los 338.921 euros girados en este primer semestre solo se han abonado 32.278 euros

El buen entendimiento entre el Ayuntamiento y los responsables de la hostelería cordobesa para la reubicación de los veladores no parece trasladarse (o sí) a la hora del pago de las tasas por la ocupación de las mesas y sillas en la vía pública. El mensaje de “aquellos hosteleros que cumplen con la normativa y pagan sus impuestos” contrasta con los datos que aporta el Sistema Integrado de Recaudación Municipal (SIRM), que con fecha de 4 de julio refleja una deuda acumulada de 713.730 euros por la tasa de mesas y sillas.

Según los datos oficiales de la contabilidad municipal, en este primer semestre del año se han generado derechos de cobro (tasas) por valor de 338.921 euros, de los que solo se han satisfecho 32.278 euros, algo menos del 10%. La situación no es nueva. De hecho va a más si tenemos en cuenta que el pasado año y en el mismo periodo la deuda ya ascendía a 540.702 euros. En un año, un 32% más de deuda pendiente y con una cadencia de cobro muy similar: de los 306.000 euros de facturas de ese primer semestre solo se habían hecho efectivos 21.000.

Acerca de la deuda actual, que al ritmo que va dentro de poco alcanzará las seis cifras, 222.509 euros aún están pendientes del año 2015. A estos hay que sumar otros 77.670 euros de 2014, 69.418 euros de 2013 y algo más de 25.000 euros de 2012, cuatro años en los que se acumula el grueso de una tasa que, en años anteriores, apenas llega a los 5.000 euros, según los datos oficiales de la contabilidad municipal por un concepto, el de los veladores, que, en lo que se refiere a derechos de cobro, no ha parado de crecer, aunque con una muy baja tasa de cobro.

Multas de tráfico

En lo que se refiere a las multas de tráfico, éstas siguen la senda de años anteriores en lo que se refiere a porcentaje de cobro, aunque este año con algo menos de derechos reconocidos: 1,9 millones por los 2,1 millones del primer semestre de 2015, con una total de 1,1 millones en sanciones cobradas. Pese a ello, la cifra pendiente sigue por encima de los siete millones de euros.

La fecha se ha comunicado en Mesa de Negociación | Los exámenes se realizarán en Rababales para cerca de 8.000 aspirantes | Los sindicatos mantienen su postura de que habría que esperar al recurso en el TSJA

La fecha elegida es el 8 de octubre. Ese sábado se realizará el primer examen para las muy esperadas (y demoradas) oposiciones para 62 plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Córdoba. Así se ha comunicado este viernes a los sindicatos en Mesa de Negociación, han confirmado fuentes del gobierno local y sindicales. Las fuentes han señalado que este primer examen, al que están llamados cerca de 8.000 aspirantes, se celebrará en las instalaciones del Campus de Rabanales.

Acerca de la fecha de examen, las fuentes sindicales consultadas han indicado que siguen con sus reticencias a convocar unas oposiciones en las que está pendiente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Anadalucía (TSJA), aunque la postura del gobierno local, apoyada en la tesis de la asesoría jurídica, es la de que los motivos por los que se desestimaron estas reclamaciones en el Contencioso (se consideró que la reclamación no era admisible y estaba fuera de plazo) son suficientemente contundentes para que el recurso no prospere. Ya se anunció que no se iban a paralizar.

De esta manera, casi un año después del anuncio de paralización por la primera reclamación de sus bases, que a comienzos de este año fue desestimada por el Contencioso, el Ayuntamiento vuelve a activar una convocatoria de empleo público por la que, a lo largo de este año, se han sucedido las declaraciones políticas (la última el jueves por parte de Ciudadanos que también pide que se paralice hasta que no haya seguridad jurídica) y sindicales, aparte de las quejas de los opositores que protestaban por la suspensión del proceso.

La Entidad Local solicita al Ayuntamiento de Córdoba que ratifique un préstamo de 105.000 euros para pagar a la empresa a la que se encargó la obra de la Torre Mirador, por la que el exalcalde Martínez Múrez fue condenado

16 años después, en el Ayuntamiento de Encinarejo se siguen acordando de la gestión de Miguel Martínez Múrez (PA). La Entidad Local ha presentado al Ayuntamiento de Córdoba la documentación necesaria para endeudarse por un importe de 105.000 euros y de esta manera abonar los gastos a la empresa constructora del proyecto de Torre Mirador, un caso que acabó en los tribunales y por el que el exalcalde fue condenado a tres años por la Audiencia Provincial, aunque luego el Supremo rebajó la pena por el tiempo durante el que se dilató el proceso.

La cuantía por la que se endeudará Encinarejo puede parecer baladí, pero supone cerca de un 10% de su presupuesto para todo 2016, confirmó a este medio el alcalde de la ELA, Miguel Ruiz Madruga (PP) que lamentó que “años después seguimos pagando la mala gestión de corporaciones anteriores que nos impiden dedicar ese dinero a proyectos que se necesitan en este momento”.

Acerca del proceso que ha llevado a solicitar este préstamo, Ruiz Madruga, señaló que “pese a que se demostró que la empresa emitió facturas falsas por este proyecto no fue condenada porque el tema, en lo que a su responsabilidad se refiere, se demostró prescrito. Posteriormente nos llevó al Contencioso para cobrar sus trabajos y obtuvo una indemnización de algo más de 30.000 euros con la que tampoco estuvo conforme y lo llevó al TSJA que, finalmente, le ha dado la razón y ha elevado el pago a los 105.000 euros para los que tenemos que endeudarnos”.

Un proyecto cargado de irregularidades

Los hechos se remontan al año 2000 para la que solicita una subvención a la Junta. Para ello, tras la adjudicación de la obra a una empresa, el exalcalde solicitó a su representante legal una factura, a modo de “anticipo a cuenta” y destinado a la adquisición de materiales, y “sin que esté acreditado que el citado representante legal tuviera conocimientos de que esa factura, de noviembre de 2001, iba a ser incorporada al expediente de solicitud de subvención”, indicó el fallo de la Audiencia Provincial en su día.

La subvención de 41.481,86 euros se concedió e ingresó en las arcas de la entidad local. Pese a que la empresa comenzó la ejecución de la obra, “al parecer debido a su complejidad técnica”, cesó en los trabajos, “sin haber cobrado cantidad alguna”. Cuando esto sucede, Martínez Múrez, “con inobservancia de las más elementales normas del procedimiento reglamentario de contratación y por un importe muy superior al que en su día le fuera adjudicado a la primera empresa”, adjudicó la obra a otra empresa, la que ahora ha ganado la indemnización, e ideó solicitar una nueva subvención cambiando el objeto de los trabajos.

Para ello, solicitó fondos para la ejecución de un sendero Cicloturista, pese a que ya se había ejecutado en su totalidad por trabajadores del PER. Para ello, y siempre según la sentencia, el acusado se dirigió a la empresa a la que solicitó la elaboración de una factura, en la que expresamente el acusado “exige que vaya referida la obra Sendero Cicloturista”.

El engaño resultó y la factura fue aportada al expediente de subvención que fue concedida por la Delegación de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta por importe de 26.057,51 euros. El objetivo, según la sentencia, era obtener liquidez para la ejecución de la obras del mirador.