Por Andalucía pide que el Gobierno “deje de almacenar basura nuclear” en El Cabril

Una de las celdas de almacenamiento de El Cabril.

La portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez, ha informado este jueves sobre las enmiendas que su grupo ha elevado al Pleno de la Cámara autonómica, entre las que destaca la petición al Gobierno andaluz de que, a su vez, exija al Gobierno de España que “deje de almacenar basura nuclear en El Cabril”, el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad que gestiona la empresa pública Enresa en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

Según ha explicado en una nota la también presidenta de Más País Andalucía, se trata de “instar a la Junta de Andalucía a que, a su vez, exija al Gobierno de España que no utilice El Cabril como almacén de basura radioactiva de las centrales nucleares del Estado, porque hasta el levantamiento de un nuevo cementerio definitivo esos residuos deben mantenerse en las propias centrales de forma temporal”.

A juicio de Gómez, “la prioridad del Gobierno debe ser abrir un almacén definitivo para residuos de baja y media actividad en una ubicación idónea, en cuanto a sus condiciones sísmicas, geológicas y de transporte, y mientras, en el menor tiempo posible, esos residuos deben ubicarse temporalmente en las propias centrales, como marca la norma”.

Respecto a ese almacén definitivo, Gómez ha señalado que “la ubicación debe encuadrarse, en términos históricos y territoriales, en algún espacio que permita el reparto de gravámenes nucleares de forma justa dentro del territorio del Estado, porque Andalucía soporta la carga de un basurero nuclear sin que albergue ninguna central o proceso energético derivado de esa actividad”. Posteriormente, según ha subrayado, “El Cabril debe desmantelarse”.

La enmienda también incluye una propuesta para “constituir el Consejo de Participación sobre El Cabril, cuyas funciones serían las de velar por el cumplimiento de las normas que afecten a la instalación, fiscalizar el cumplimiento de los planes de inversión, tomar conocimiento de los informes que realice el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) u otros organismos concernidos o vigilar la trazabilidad, origen y tipología de los residuos recibidos en la instalación, entre otras”.

Este Consejo “estaría conformado por, al menos, representantes de las administraciones central y autonómica, de la Diputación de Córdoba, de los ayuntamientos cuyos términos municipales estén comprendidos en el ámbito geográfico del cementerio nuclear, de las universidades públicas andaluzas y de las organizaciones no gubernamentales más representativas que tengan como finalidad primordial la defensa y conservación de la naturaleza, así como representantes de los consumidores, organizaciones empresariales y agrarias y de los sindicatos más representativos”.

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