Vecinos de Parque Azahara critican el estado de abandono de sus pistas de pádel

La polémica vuelve a surgir en torno al mal estado de unas instalaciones deportivas en la ciudad. En este caso, los afectados son los vecinos de Parque Azahara. En concreto, han sido miembros de la Peña Cordobesista Parque Azahara los que han mostrado públicamente la situación en la que se encuentran las pistas de pádel pertenecientes al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba en dicha barriada de la ciudad. Los mismos han denunciado mediante vídeos y fotos publicados en sus redes sociales, el estado de abandono que sufre la instalación, que lleva cerrada desde 2018, tras haberse inaugurado en 2009. En este sentido, José Antonio Murillo, presidente de dicha peña, ha expuesto a CORDÓPOLIS que, desde la clausura de la misma, “la gente saltaba y utilizaba las pistas”, aunque el problema real llegó cuando “empezaron a entrar y a producirse vandalismos”, tales como llevarse el cobre, las tuberías o los aires acondicionados.

Es por ello que los vecinos se encuentran “indignados”, y más aún, en palabras de Murillo, tras publicarse los vídeos, ya que “desde fuera no se ve el estado en el que se encuentran y la gente no sabía que estaban así”. Además, reconoce que están “preocupados porque se meta gente”, ya que “no podemos dejar que eso se saqueé, que es lo que ha estado ocurriendo. Eso está hecho con nuestros impuestos, es de todos, y por estamos indignados”, señala.

Según expone el dirigente de la asociación cordobesista de dicha barriada, los vídeos se hicieron ya que “hace unos días rompieron la puerta y se podía entrar”, entonces, los vecinos se pusieron en contacto con los servicios municipales y se soldó, aunque “al día siguiente volvieron a reventarla y la tuvieron que soldarla de nuevo”.

En este sentido, según una información publicada por Cope Córdoba, en el mes de marzo se aprobó un estudio de viabilidad relativo a concesión de servicios en dicha instalación, en un proyecto para el que sería necesaria una inversión cercana a los 285.000 euros, con el fin de “recuperar la estructura, la salubridad, la funcionalidad y la seguridad”.