El Córdoba, la SAD y los juzgados: una historia cada vez más compleja

Aunque el club trata de mantener la normalidad ésta parece ser una idea utópica hace meses. La tranquilidad es imposible, o como mínimo sólo probable por excesivamente breves períodos de tiempo, aun después de la adquisición de Infinity. El fondo inversor de Baréin, ligado -y en realidad comandado- a la familia real del país del Golfo Pérsico, tiene en su poder la unidad productiva de la entidad desde el pasado 5 de diciembre y no la sociedad anónima deportiva (SAD) en su totalidad. Ahora son dos las empresas que poseen el nombre del Córdoba Club de Fútbol -la segunda es Unión Futbolística Cordobesa (UFC)-. Y sin embargo no se sabe con una exactitud aproximada quién es el dueño de aquel equipo de fútbol que naciera en 1954 tras, quizá fuera un vaticinio, la absorción de uno -RCD Córdoba- por parte de otro -CD San Álvaro-. La razón, pese a la continuidad deportiva del conjunto blanquiverde, es la contienda societaria, jurídica e institucional abierta a finales de julio de 2019 y -no poco recrudecida en los primeros tiempos del presente año...

Los antecedentes de la situación actual: ¿Tuyo, mío o suyo?

La situación actual del Córdoba tiene su origen el 31 de julio de 2019. Su entonces propietario y presidente, Jesús León, incumplió el último pago de la compraventa que acordó apenas un año y medio antes con su antecesor, Carlos González. La operación entre Aglomerados Córdoba -del primero- y Azaveco -del segundo- no se cerró, por lo que desde el primer momento y vistas las posturas se vislumbró una guerra judicial de primer orden. El motivo, aquellos 4,5 millones de euros que no abonó el montoreño y que dejaban en duda la posesión del paquete mayoritario de las acciones de la SAD. Una SAD que además fue embargada de manera preventiva por la reclamación de una deuda de 1,2 millones -más costas- por parte de Bitton Sport, o Luis Oliver y Joaquín Zulategui para el caso, a raíz de sus servicios al club entre enero y junio de 2018.

En sólo unos días, el panorama se tornó complejo para el Córdoba -la SAD- y aún más para su todavía dueño, Jesús León. Los frentes se acumularon con más deudas y un bloqueo federativo que derivó en la inscripción de plantillas a última hora gracias al contrato de un préstamo con el Lugo -y la venta que fue más regalo de Sebas Moyano- y una tormenta institucional que acabó con, por ejemplo, Magdalena Entrenas fuera y abierta a dar batalla. La abogada fue cesada aunque no como consejera, al igual que sucedió con Alfredo García Amado -él dejó de ser director general y ya no se supo más-. Justo en ese momento apareció en escena Enrique Rodríguez Zarza como asesor jurídico de la entidad. Las denuncias -y las acusaciones públicas- se cruzaron como balas con denuncias por presuntos delitos como administración desleal o apropiación indebida.

Todo saltó por los aires definitivamente el 7 de noviembre de 2019, cuando la Guardia Civil efectuó un amplio operativo en El Arcángel y la vivienda de Jesús León. Horas de registro después, el montoreño fue detenido con cuatro cargos. La intervención estuvo ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5, que tras dos días dictó el cese del consejo de administración de la SAD y una administración judicial. Entraron en escena Francisco Estepa (abogado) y Javier Bernabéu (economista), que tomaron las riendas de la situación. Fue el primero quien solicitó al Juzgado de lo Mercantil número 1, cuyo titular es -todavía lo es- Antonio Fuentes, un segundo concurso de acreedores del club y la venta de su unidad productiva -derechos de marca, identidad y los elementos que producen-. En un proceso no exento de polémica, que persiste, se autorizó la compra de la entidad -aquella de 1954- a Infinity. La familia real de Baréin era la nueva dueña del Córdoba.

Frente primero: González contra León

La responsabilidad de regir el Córdoba CF SAD, ya con el club en otra sociedad -UFC-, fue para los administradores judiciales. Estos vivieron un desencuentro casi inmediato con otras partes, como Carlos González o Luis Oliver y Joaquín Zulategui. El caso es que el primero de estos últimos decidió continuar adelante en su lucha por la propiedad de la anterior empresa. En este sentido, el 15 de enero consiguió su nombramiento como presidente de la anterior SAD -vacía de contenido- en una junta general extraordinaria de accionistas que impulsó a través de Azaveco y aprobó el Registro Mercantil. Y 13 días después vivió al fin la vista oral por las medidas cautelares que pidió contra Jesús León -aplazada ésta del 13 de diciembre-. El miércoles (4 de febrero) recibió un auto favorable del Juzgado de Primera Instancia número 102 de Madrid por el que el montoreño era embargado, por valor por los conocidos 4,5 millones, de sus bienes. Eso sí, con opción a recurso de apelación y previo pago en fianza de un millón. El juicio espera.

Frente segundo: Bitton Sport contra el Córdoba (CF SAD)

Sólo un día después de la junta general extraordinaria de accionistas del Córdoba CF SAD tuvo lugar la vista por el proceso cambiario que iniciaron Luis Oliver y Joaquín Zulategui. Bitton Sport mantenía su reclamación de 1,2 millones más 600.000 euros de costas, suspendida tras declararse el segundo concurso de acreedores. La solución al caso, tampoco en firme pues también cabe apelación, la dictó el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba el jueves (6 de febrero) fue positiva para los intereses de los navarros. La anterior SAD fue condenada a responder ante la deuda, pagar los gastos extra y abonar otros 150.000 euros. En total, la cifra era -y es- de unos casi dos millones. Lo positivo dentro de la problemática situación es que desde Bitton se instó a protocolizar -llevar a efecto- la capitalización de dicha cantidad. Este hecho lo precedió un acuerdo anterior con Carlos González.

Frente tercero: muchos contra el juez Fuentesmuchos

Pero antes se sucedieron otros acontecimientos, por supuesto en los Juzgados, en relación a la ya nacionalmente famosa venta de la unidad productiva del club. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se posicionó en contra de esta medida judicial, si bien acordó un período transitorio a nivel competitivo hasta junio de 2020 -registrado en el contrato de compraventa con Infinity-. Otras voces discordantes surgieron, no en relación tanto a ese hecho sino al juez que lo dictaminó, Antonio Fuentes. Magdalena Entrenas fue quien encontró la grieta: presentó un incidente de recusación que terminó por ser admitido en la Audiencia Provincial y al que se sumaron la propia RFEF y otras personas o entidades. Si el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 es apartado o no aún ha de decidirse. Por el momento se aguarda el informe fiscal al respecto pero el futuro más inmediato del Córdoba -el club y a la vez la SAD- está en el aire.

Frente cuarto: batalla en los juzgados de Instrucción 3 y 5

En realidad, el origen de la situación actual del Córdoba y la SAD, separadas desde el 5 de diciembre de 2019, lo marcó otro suceso antes mencionado. Éste fue la detención de Jesús León, que lógicamente abrió un proceso de investigación judicial que asumió -y asume- el Juzgado de Instrucción número 5. La Guardia Civil sigue con su labor de investigación sobre la gestión del Córdoba CF SAD por parte del montoreño, libre con cuatro cargos y embargado preventivamente desde Madrid. La citada sala mantiene la administración judicial de la anterior sociedad, que también apunta indicios de actos de dudosa legalidad sobre otras personas como Joaquín Zulategui o Carlos González. El procedimiento tiende a alargarse dada su dificultad. Por si fuera poco, el Juzgado de Instrucción número 3 trabaja en la denuncia por administración desleal contra Carlos González que en su día presentó, como abogado blanquiverde, Enrique Rodríguez Zarza.

Y más frentes: a vueltas con los servicios médicos

Más allá de lo descrito, que no es poco pero sí incompleto -en el tintero quedan unos cuantos apuntes-, otros frentes tiene abiertos el Córdoba. Tanto el club -en manos de Infinitiy- como la SAD -sin dueño definido y bajo administración judicial-. El reaparecido y aumentado más recientemente es el concerniente a los servicios médicos. De inicio, el doctor Javier Bejarano, que fue jefe del departamento hasta enero de 2018 -a través de Cordobesa Terapia Avanzada- reclama más de 1,5 millones por despido en la corta pero intensa etapa de Jesús León como presidente -y propietario ahora en duda-. Fue el martes cuando tuvo lugar la vista esencial en este sentido. Y ese día precisamente se vislumbró otro litigio, también desde el sector sanitario: Clínicas Beiman se plantea comenzar un contencioso para exigir en torno a 500.000 euros -en total- por la ruptura de su contrato por parte de la entidad. Lo primero corresponde a la anterior sociedad y lo segundo a la nueva -UFC-.

Demasiadas preguntas, ¿cuáles son las respuestas?

Los últimos meses y todo lo que ocurrió durante los mismos dieron inicio al capítulo de grandes incógnitas en el entorno del Córdoba, la SAD e incluso los Juzgados -hasta los protagonistas empiezan a no tener clara la situación-. ¿De quién es el Córdoba? El club, aquel de 1954, está bajo control de Infinity. Pero es necesario estar pendiente de la recusación del juez Fuentes y las posibles consecuencias si se da. La SAD está al cargo de la administración judicial. Entonces, ¿por qué pugnan León y González? La disputa es por la propiedad de la anterior SAD, desposeída del contenido -Córdoba CF, sin SAD- y en concurso de acreedores. Pero sólo por el momento: de nuevo, ojo a la recusación del juez Fuentes.

¿A quién corresponde pagar las deudas?

Los impagos corresponden a la anterior sociedad, que está concursada por ahora, por lo que sobre ésta recae la obligación de los pagos. Aun así, Infinity no cesa de abonar cantidades desde que adquirió la unidad productiva de la entidad. ¿Si recusan al juez Fuentes, qué ocurre? Depende de las decisiones del sustituto del magistrado: puede cambiar todo, haber alguna variación o seguir todo tal y como está, ya sea en relación al club o la SAD. ¿Y la situación con la RFEF? En caso de que Infinity continúe al frente del Córdoba -en que puede invertir entre siete y ocho millones hasta junio- es difícil que la RFEF relegue al cuadro califal a la menor categoría regional. Pesan en ese sentido los antecedentes con casos como el del Lleida o el Orihuela. Ahora bien: el futuro no está escrito, por lo que no se lee.