Un año de tormento en el Córdoba (II): la batalla y el horizonte

Aunque las aguas parezcan volver a su cauce el riesgo de anegación aún existe. Tras la tormenta viene la tempestad, como suele decirse y como se desea ocurra al fin por estos lares. Lo cierto es que todavía resta mucho por dilucidar. Ha de ser ya en 2020, después de un 2019 que es, sin género de duda, el año más convulso en la historia de un club hecho a los problemas. Impagos, una lucha por la propiedad, una operación de la Guardia Civil denominada Trapicheos y la detención del presidente (Jesús León), el nombramiento de una administración judicial, un conflicto jurídico con varios frentes... Todo eso -y más- da de sí el relato de los últimos doce meses sobre la entidad, que está en manos de un grupo de Baréin desde hace semanas después de un proceso de carácter legal pionero en España. Si bien el horizonte en este sentido aún tiene que aclararse, porque de aditivo las uvas llegan con el trámite de recusación de un juez.

La agitación comienza ya en enero

El año que termina tuvo un difícil comienzo, sólo ligeramente pero a modo de vaticinio de lo que estaba por venir. No en lo deportivo, que también, sino en lo institucional. En este plano, el Córdoba entró en 2019 con más de un problema de carácter económico por resolver. La primera atención se dirigió al propietario y presidente, Jesús León, que había de abonar 500.000 euros de la compraventa del club. Dicha cifra correspondía al penúltimo pago dispuesto entre el montoreño y Carlos González, anterior dueño de la entidad, de los 9,5 millones en los que ambos decidieron cerrar la operación hecha a principios de 2018. Si bien apenas hubo tiempo para ello, las dudas surgieron en torno al desembolso por parte del máximo accionista.

Aun con un leve retraso el pago de los 500.000 euros se efectuó. Pero entonces surgió la incógnita sobre la procedencia del dinero: se apuntaba a la incapacidad económica de Jesús León. El transcurso de los meses trajo consigo la constatación pues la citada cifra fue aportada por el entonces director general del club, Alfredo García Amado. El caso es que este asunto quedó zanjado y otros permanecían en el aire. Por un lado, la entidad debía saldar su deuda con el Osasuna por el traspaso de Jaime Romero en verano de 2017 si quería realizar fichajes en el mercado de invierno. Por otro, tocaba periclitar la incertidumbre sobre los pagos de nóminas. Tanto un tema como el otro se solucionaron en fecha y forma pero los interrogantes seguían abiertos. La agitación comenzó ya en enero.

Nóminas: una historia de impagos

Pero la delicada situación económica no mejoró a lo largo de la temporada. Ni siquiera los ingresos por traspasos en el mercado de invierno, que no fueron pocos, aliviaron la difícil realidad del Córdoba, que a partir de febrero sufrió para estar al día en el abono de las nóminas de sus empleados -tanto deportivos como no deportivos-. Arrancó de manera definitiva una historia de impagos que habría de prolongarse, con interrupción durante el verano, al inicio de la nueva campaña. La dificultad fue tal que incluso hubo temor por la continuidad en Segunda B tras el descenso. Con todo, el fantasma de la pérdida administrativa de categoría no anduvo realmente por El Arcángel.

El comienzo de la batalla

Superado el curso 2018-19 en todos los aspectos otro asunto tenía pendiente el dueño del Córdoba. Jesús León aún debía completar el último pago de la compraventa de la entidad. La cuantía era de 4,5 millones de euros y el cierre de la operación había de efectuarse el 31 de julio. Días antes de la fecha fijada Carlos González advertía de que el montoreño no gozaba de capacidad para validar el pagaré definitivo. Mientras, este último aseguraba la ausencia total de problemas. Llegado el momento, el traspaso del paquete mayoritario de las acciones quedó en el aire al no cumplirse la obligación del entonces presidente del conjunto blanquiverde. Ya en ese instante el tinerfeño anunció su intención de comenzar una batalla judicial cuya apertura hubo de esperar hasta el mes de septiembre al ser agosto inhábil en los tribunales. Al mismo tiempo, se supo que Luis Oliver y Joaquín Zulategui habían solicitado un embargo preventivo a través de Bitton Sport por deudas en relación a su período dentro del club -entre enero y junio de 2018-.

Con el conflicto a las puertas, el propietario del Córdoba trató de dar normalidad a una entidad que en realidad sólo disfrutó de semanas de cierta calma. Las nóminas de julio y agosto se abonaron antes de lo acostumbrado, el proyecto deportivo se configuró y la campaña de abonados se desarrolló sin más problema. Sin embargo, con el inicio de la temporada 2019-20 otro quebradero de cabeza surgió. Éste fue el bloqueo de los derechos federativos con motivo de diversas obligaciones con acreedores, entre los que se encontraban, sin ir más lejos, José Ramón Sandoval y Curro Torres, técnicos del cuadro califal el campeonato anterior. La situación se zanjó casi a última hora, de forma que el peligro de no inscribir al equipo -a todos los demás y no sólo al primero- fue mucho más que real.

Fuego cruzado y realidades duras

Quizá parecía difícil que ocurriera pero todo empeoró a partir de septiembre. Entonces arrancó un fuego cruzado con diversas batallas judiciales. Carlos González solicitó el embargo a Jesús León para recuperar la propiedad del club, con una administración judicial de tipo cautelar. Bitton Sport mantuvo su posición mientras Joaquín Zulategui dio un nuevo paso: presentó una querella por apropiación indebida contra el todavía presidente del conjunto blanquiverde. Por si fuera poco, Magdalena Entrenas negaba la entrega del Libro de Accionistas y atacaba duramente al montoreño, que poco antes había cesado a la abogada como asesora jurídica de la entidad y a Alfredo García Amado como director general.

Entre tanto, fue entonces cuando apareció José Enrique Rodríguez Zarza, que pasó a ser el nuevo abogado del Córdoba. El letrado granadino se encargó de presentar una querella por administración desleal contra Carlos González, que al tiempo sorteó la que en este sentido le había interpuesto Magdalena Entrenas. El lío iba en aumento y los disparos verbales entre unos y otros se intensificaron. La consecuencia directa de la problemática fue la situación que comenzaron a atravesar los empleados del club. De nuevo se produjeron impagos, que se sucedieron a partir de septiembre, y estos se elevaron hasta los tres meses. Así se dieron realidades duras para no pocos, sobre todo para los trabajadores no deportivos.

La Guardia Civil en El Arcángel: el estallido

Resultaba cada vez más complejo el panorama para el Córdoba, hecho que invitaba a pensar en una larga guerra judicial y un difícil tránsito deportivo. Pero en noviembre los acontecimientos se precipitaron y todo saltó por los aires. El miércoles 6 de ese mes los jugadores del primer equipo denunciaron la adversidad que suponían los impagos. Fue justo después de que Carlos González declarara como testigo por la querella de Joaquín Zulategui contra Jesús León. Un día después la Guardia Civil se personó en El Arcángel y en la vivienda del montoreño donde sus agentes, por orden del Juzgado de Instrucción número 5, llevaron exhaustivos registros. La jornada terminó con la detención del aún propietario de la entidad, acusado de cuatro presuntos delitos: administración desleal, apropiación indebida, corrupción y blanqueo de capitales.

El 7 de noviembre tuvo lugar el estallido, que estuvo seguido del nombramiento de dos administradores judiciales tras el cese del consejo de administración del club. Jesús León salió en libertad con cargos pero ya no era presidente. Sus contendientes en la batalla en los tribunales se congratularon pero la situación sufrió un nuevo giro alguna semana después. El Juzgado de lo Mercantil número 1 dictó autos de autorización de la venta de la unidad productiva del Córdoba y la apertura de un segundo concurso de acreedores. Ambas medidas estaban directamente ligadas, ya que con la primera se activaba la segunda. Y ahí apareció Infinity, grupo inversor con capital de Baréin que representaba Crowe en España…

Horizonte confuso tras un proceso pionero

Definitivamente el 5 de diciembre se produjo la adquisición del Córdoba por parte del fondo de Baréin, tras el cual está la familia real de dicho país. Se cerraba un proceso considerado pionero que tenía la desaprobación de la Real Federación Española de Fútbol. Con el ente deportivo llegó a un entendimiento Javier González Calvo, nuevo consejero delegado del club, según él mismo afirmó. Pero lo cierto es que las dudas se mantienen en el entorno del conjunto blanquiverde, ahora encuadrado en la Unión Futbolística Cordobesa. De momento, nada cambió excepto la crítica realidad económica: los impagos terminaron. Pero la incógnita es saber qué va a suceder a partir de junio.

Mientras, Carlos González sigue dispuesto a seguir con la anterior sociedad anónima deportiva, vacía de contenido tras la venta de la unidad productiva. Para ello convocó una junta extraordinaria de accionistas y aguarda la vista por su demanda de embargo contra Jesús León. También continúa la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5, donde las ramificaciones pueden ser varias. Y al mismo tiempo, Magdalena Entrenas logró la tramitación del incidente de recusación del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, un recurso al que se adhirieron otros como la propia Federación y cuyo desenlace se ha de conocer en enero.