El año de apariencia infinita (II): decidida la gran batalla con otras abiertas

Alcanza su final un año histórico. Es el de la pandemia de Covid-19 y, por esta causa, la peor crisis sanitaria a nivel global del último siglo. Precisamente por este hecho, así como por las consecuencias -el confinamiento y la llamada nueva normalidad, por citar los más claros ejemplos-, tiene apariencia de infinito. Lógicamente, no es así pues al igual que todos los precedentes y los que han de venir encuentra su cierre en la noche de este jueves. Termina, en definitiva, un 2020 que va a ser recordado de manera muy negativa en este sentido pero que además depara una colección de acontecimientos dignos de ser narrados en un ámbito más concreto. No es otro que el del Córdoba, un club de nuevo agitado en el apartado institucional. Con la propiedad en disputa desde el último tramo de 2019, los últimos 12 meses son los de la multiplicidad de batallas en la esfera judicial. Sobre todo de la mayor de todas, que está cerrada y decidida de una vez por todas: la adquisición de la unidad productiva de la entidad por parte de Unión Futbolística Cordobesa (UFC) y, por ende, de Infinity. Mientras llega el saludo a 2021, corresponde un segundo balance en materia blanquiverde.

Carlos González toma el control político del Córdoba CF SAD

La convulsión de los meses finales de 2019 continuó en 2020 hasta septiembre. Ya en enero se adivinaba un período complejo en el plano institucional y jurídico en torno al Córdoba. Más especialmente alrededor de la sociedad anónima original (SAD), centro de los frentes que se abrieron en muy distintas direcciones. A los 15 días de arrancar el año la actividad comenzó a ser alta en este sentido con la celebración de una junta general extraordinaria de accionistas insólita. La asamblea fue impulsada por Carlos González -a través de su mercantil, Azaveco- y durante las fechas previas suscitó no pocas dudas sobre su desarrollo. El tinerfeño, que mantenía su litigio con Jesús León -y esto es con Aglomerados Córdoba- por la propiedad de la entidad, instaba a acudir al Hotel Córdoba Center. A la vez, Francisco Estepa, administrador judicial y concursal de la SAD, insistía en que la cita tendría lugar en El Arcángel.

El resultado de la disputa fue la división informativa en dos escenarios, los citados, y el desequilibrio de la balanza a favor de Carlos González. Porque el canario consiguió su meta y fue proclamado presidente del Córdoba CF SAD en la junta del Hotel Córdoba Center, que probablemente fue la más rápida de la historia. La presencia notarial fue el respaldo que necesitaba el empresario, que tomó de esta forma el control político de la sociedad. Eso sí, no fue hasta julio cuando el Registro Mercantil dio validez al nuevo consejo de administración, que no tenía capacidad de actuación debido a la situación de administración judicial en que se encontraba el club. Al mismo tiempo, durante el primer mes de 2020 seguían abiertos distintos procesos judiciales, entre ellos el de la mencionada pugna por la propiedad del tinerfeño con Jesús León o el de Luis Oliver y Joaquín Zulategui -a través de Bitton Sport- por la reclamación de una deuda.

Incertidumbre por el futuro con la recusación del juez Fuentes

Pese a ser tantísimos y todos de interés, el principal frente abierto en materia judicial e institucional fue la definitiva aprobación de la compra de la famosa unidad productiva del Córdoba CF SAD. En este sentido, en febrero se produjo un hecho que determinó el devenir del resto del año hasta septiembre. El 20 de febrero tuvo lugar la recusación del juez Antonio Fuentes, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 y firmante de los autos relativos a la venta de la entidad a Unión Futbolística Cordobesa (UFC) -y esto es a Infinity-. La Audiencia Provincial aceptaba así el incidente elevado por Magdalena Entrenas, ex consejera y asesora legal del conjunto blanquiverde, y suscrito por otras partes como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Arrancaba el tiempo de mayor incertidumbre jamás recordado en torno a El Arcángel. El futuro estaba otra vez en el aire, aun cuando los nuevos gestores mantenían la calma. Dada la circunstancia, correspondía que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizara el traspaso del procedimiento a otro magistrado -lo que no ocurrió hasta agosto-. Esto hizo que la batalla se recrudeciera e incluso sumara más protagonistas. Por otro lado, González obtuvo medidas cautelares contra Jesús León para el embargo de sus bienes hasta la cifra de 4,5 millones de euros. Dicha decisión perdió efecto en mayo al recuperar el tinerfeño el millón que había de abonar a modo de fianza.

Querellas y acusaciones con la pandemia de por medio

Ya en marzo los focos comenzaron a dirigirse a Granada -sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- y a Madrid -en relación al CGPJ-. Primero, debido a la sustitución de Antonio Fuentes, que a su vez debía significar el desenlace en una u otra dirección del proceso de segundo concurso de acreedores y venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD. Después por otros muchos asuntos, como múltiples querellas en un mismo sentido: contra los administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, y los jueces Antonio Rodríguez y Antonio Fuentes. Así, Luis Oliver y Joaquín Zulategui -representantes de Bitton Sport- cargaron en el TSJA contra los magistrados de Instrucción número 5 -donde se lleva la causa penal abierta tras la detención de Jesús León en noviembre de 2019- y Mercantil número 1. Por cierto, los navarros obtuvieron auto favorable en febrero en su litigio por la deuda contraída hacia ellos por la entidad.

Las querellas y otras denuncias se sucedieron especialmente a partir de junio, ya que el 14 de marzo, por si alguien lo olvidó, el Gobierno declaró el estado de alarma en el país por la pandemia de Covid-19. Por este motivo solicitó González la devolución de la fianza en relación a las medidas cautelares contra Jesús León. El período de total confinamiento paralizó la actividad judicial más allá de la esencial y del mismo modo se convirtió en otro escollo, éste completamente inesperado, para UFC e Infinity a la hora de certificar la adquisición de la unidad productiva del Córdoba CF SAD. Durante unos meses existió cierta calma en torno al club, si bien se conocían cada mes nuevos detalles del trabajo de los administradores judiciales -por sus informes ante Instrucción número 5- y no cesaban las acusaciones entre las distintas partes.

Desaprobación histórica a las cuentas del Córdoba CF SAD

Durante el mes de agosto un hecho tuvo lugar y sobresalió. Éste fue la desaprobación de las cuentas de la SAD por primera vez desde su creación -allá en 2000-. La junta general ordinaria de accionistas fue convocada por Francisco Estepa en su función de administrador judicial y concursal. Tal cita la acogió, como sucedía normalmente, el salón de actos de El Arcángel, que el día 26 se preparó para la revisión de unas cifras difíciles de analizar con certeza y que no contaron con el visto bueno de los auditores externos. Así ocurrió al tratarse de los informes correspondientes a la etapa de Jesús León en la propiedad y la presidencia, de forma que estaban atrasados y su puesta al día resultaba casi imposible al 100%. El caso es que la asamblea supuso el regreso de Carlos González al estadio para ejercer su derecho político sobre el club, lo cual tuvo como consecuencia el rechazo total a los resultados presentados.

Fin de la gran batalla: UFC asegura la propiedad del club

Curiosamente, pero sin relación entre un asunto y otro, siete días antes de la junta general ordinaria de accionistas el CGPJ confirmó el nombre del sustituto de Antonio Fuentes. El máximo órgano judicial de España aprobó la designación solicitada antes por el TSJA, que había propuesto a Fernando Caballero. El magistrado de lo Mercantil de la Audiencia Provincial y encargado de supervisar el primer proceso concursal del Córdoba CF SAD entre 2011 y 2012 tenía la última palabra sobre el procedimiento de venta de la unidad productiva. Aun así, UFC encaraba semanas en forma de una dura contrarreloj pues debía formalizar su inscripción en la RFEF, que no estaba demasiado por la labor. En ese momento ya existía una negociación entre los nuevos gestores de la entidad, Carlos González y Bitton Sport -esto es Luis Oliver y Joaquín Zulategui- para el traspaso del paquete accionarial de la sociedad original. A lo largo de semanas el acuerdo pareció tan cercano como lejano según las versiones. Lo cierto es que, y así se pudo saber y comprobar con posterioridad, al final de la extraña y prolongada situación que Unión Futbolística Cordobesa nunca tuvo intención de activar el llamado plan B. Porque la intención única era seguir adelante con la hoja de ruta comenzada entre noviembre y diciembre de 2019. Con las cartas sobre la mesa a nivel interno, y con presión todavía de diferentes actores, hubo que esperar al último momento para determinar el futuro del conjunto blanquiverde.

Aunque la RFEF había determinado un primer plazo para la inscripción de los clubes con límite el 17 de agosto, el período para certificar la participación de los equipos en sus diferentes competiciones estatales se amplió. De esta forma, el Córdoba obtuvo un tiempo muy valioso a la hora de recibir la firmeza jurídica del proceso iniciado por el juez Antonio Fuentes. Sin ella, el órgano federativo no parecía muy dispuesto a validar la documentación de la entidad. Otro tema es el cúmulo de gestiones que pudieran haberse efectuado en silencio. Sea como fuere, el 15 de septiembre se conoció que Fernando Caballero había resuelto un día antes por vía de urgencia y sin posibilidad de apelación. Rechazó los recursos contra el segundo concurso de acreedores y la venta de la unidad productiva de la SAD original y certificó los derechos de UFC. Su actuación tuvo como consecuencia directa la entrada del cuadro califal en los distintos campeonatos organizados por la Federación, que, por cierto, poco después modificó su normativa para cerrar la puerta a operaciones como la gestada en la ciudad.

Y sin embargo muchas batallas siguen abiertas

La mencionada tantas veces firmeza jurídica para UFC y la inscripción del Córdoba en la RFEF otorgaron al fin una anhelada tranquilidad institucional no sólo a la entidad sino a su entorno. El club se ocupó desde ese instante, únicamente, en oficializar todo el trabajo que había adelantado en materia deportiva. Sin embargo, y a pesar de que la más grande de todas terminó, muchas batallas seguían abiertas. Carlos González mantiene aún hoy su litigio por la propiedad de la SAD original, las salas de Instrucción número 5 y 3 siguen con sus casos penales contra Jesús León y el tinerfeño, de modo respectivo. También hay otros muchos procedimientos en curso, mientras el canario inició un último intento de invalidar la venta de la unidad productiva.

Por otro lado, el 29 de noviembre se tuvo constancia de un nuevo frente: Aceites García de la Cruz, acreedor de Aglomerados Córdoba -esto es Jesús León-, vio admitida en el número 7 del Juzgado de Instrucción una denuncia contra los administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu -que dejaron de serlo el 11 de septiembre-, y el primer concursal, Daniel Pastor, del Córdoba CF SAD. Están llamados a declarar el 29 de enero. La demanda fue interpuesta bastantes meses antes pero hasta esta fecha no quiso hacerse cargo ninguna sala de la Audiencia Provincial.