UGT advierte que las limpiadoras de la Audiencia pueden quedarse sin trabajo

UGT ha emitido un comunicado de prensa en el que advierte de la problemática que puede surgir a las trabajadoras de la Empresa Limcamar, que actualmente tiene la concesión por parte de la Administración de los servicios de limpieza de las diferentes oficinas adscritas al ámbito de Justicia en Córdoba.

Juan Martínez, responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT – Córdoba, señala que ante la inminente puesta en servicio de la Ciudad de la Justicia, desde la Administración se ha sacado a concurso el pliego correspondiente al servicio de limpieza de estas oficinas, adjudicando la concesión a una UTE diferente a la empresa concesionaria de este mismo servicio de limpieza en las instalaciones en las que hasta ahora se desarrollaba la actividad por parte de la propia Administración.

“Nuestra preocupación”, continúa Martínez, “es que, aunque en el Convenio de aplicación se recoge expresamente la obligación de subrogación del personal al producirse el cambio de la empresa concesionaria de un contrato de este tipo, en este caso se pretenda actuar como si de un nuevo servicio se tratase, contratando a trabajadoras ajenas y dejando en el desempleo a las que ahora están limpiando las oficinas de Justicia, tras producirse el traslado de estas”.

UGT considera inaceptable esta posibilidad, que implicaría cambiar a las trabajadoras que han venido prestando sus servicios con unos derechos consolidados por otras de nuevo ingreso. Martínez apunta que “realmente no se trata de un nuevo servicio, sino de unas nuevas oficinas en las que la Administración Pública prestará a los ciudadanos los mismos servicios de Justicia que antes proporcionaba en diferentes locales; de la misma manera que ante este cambio de local el personal de la Junta mantiene sus condiciones laborales sin ningún cuestionamiento, el personal de los servicios auxiliares, como son la Limpieza o la Seguridad, debe de disfrutar de la misma consideración, independientemente de la empresa que explote la concesión del servicio”.

Martínez termina informando que “desde la UGT estamos pendientes de concretar una reunión con la Delegación de la Administración para exponer esta situación, con la pretensión de que la nueva concesionaria del servicio subrogue a las trabajadoras afectadas. Al margen de la interpretación legal que cada uno pueda hacer, en la UGT consideramos esta reivindicación como un derecho fundamental de las trabajadoras.”