Una trabajadora social pide al Ayuntamiento que aprenda de Diputación a abonar las ayudas de emergencia

Entrega de comida en el colegio Alcalde Jiménez Ruiz de la Fuensanta | ÁLEX GALLEGOS

Encarna Lozano, trabajadora Social y directora de la Zona de Trabajo Social Norte-Sierra ha publicado una carta en la que pide a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba que “aprenda” de la Diputación Provincial cómo abonar las ayudas de emergencia, ya que ésta lo hace “a los 5 días, mediante anticipo de caja”, mientras que a nivel local se están pagando en algunos casos “a 32 días”.

En la carta, titulada Respuesta ágil y digna a las necesidades básicas de la ciudadanía, Lozano critica que los responsables del Ayuntamiento hayan afirmado en conferencia de prensa de que el plazo de abono de las ayudas económicas “se había reducido, situándose su pago, en una media de 12,5 días”.

A su juicio, “la realidad transcurre por dimensiones paralelas y no es posible ni informar a las familias respecto del pago de las ayudas comprometidas”. Para ello pone como ejemplo que el 5 de mayo se abonó una Ayuda de Emergencia Social “tramitada con fecha 3 de abril”. “Es decir, habían transcurrido 32 días”. También asegura que el 4 de mayo ella misma firmó, en condición de trabajadora social, “distintas ayudas que había tramitado con fecha 6, 7 y 8 de abril” y que, posteriormente, “deben ser firmadas por el Departamento, la propia Delegada del Área Social para, acto seguido, pasar trámite por Intervención Municipal”.

“Como se ha señalado en anteriores ocasiones, la presión la sostienen los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, pues es allí donde se atiende la desesperación de las familias, también la tardanza en la percepción de las ayudas tramitadas en la segunda semana del mes de abril y siguientes. Conviene no olvidar que estamos a día 10 de mayo. Y las familias aún esperan”, afirma la directora de zona en la carta, que recuerda que la plantilla de este área informó al Ayuntamiento los días 30 de marzo y 22 de abril “de la falta de mecanismos para atender a las familias”.

Además, ha indicado que el programa de ayuda alimentaria ha caducado -“cerca de 800 familias se quedaron sin el soporte vital recibido, exclusivamente, durante dos semanas”, afirma- y el pasado viernes se trasladó “la prórroga de este programa pero sólo por una sola semana y para un número máximo de 750 familias de toda Córdoba”. “Las Ayudas Económicas Familiares siguen abonándose a mes vencido y, ahí, hablamos de la necesidad de menores”, añade a continuación, precisando que las ayudas tramitadas en abril, “con suerte se cobraran a primeros del mes de junio”.

“En esta situación cualquier intervención social es de emergencia, pero parecen no entenderlo. Aprendan de la Administración vecina: La Diputación Provincial que abona a los 5 días, mediante anticipo de caja, las ayudas económicas tramitadas”, se despide la trabajadora social en una carta.

Eva Timoteo recuerda que esas ayudas “no las paga Servicios Sociales”, sino la Delegación de Hacienda

Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha señalado a este periódico que desde el principio han sido conscientes de que “evidentemente había un atasco en la tramitación de las ayudas, provocado por la acuciante falta de personal que había en la delegación”, y que ella misma “ha peleado hasta conseguir que se refuerce el personal”.

“Una vez que el refuerzo ha llegado a Servicios Sociales, las ayudas han empezado a tramitarse a ritmo, con el esfuerzo de los trabajadores”, ha indicado Timoteo, que recuerda que esas ayudas “no las paga Servicios Sociales”, sino la Delegación de Hacienda, donde también había “un atasco importante porque tampoco había personal”.

Además, ha señalado que se ha firmado convenios con cinco entidades porque eran conscientes de que las ayudas iban a tardar, y, “para no dejar a la gente desasistida, para que las necesidades estuvieran cubiertas hasta que se empezaran a tramitar en tiempo las ayudas”.

Finalmente, aclaran que el programa de ayuda alimentaria no se ha prorrogado para una semana, sino para dos semanas, a razón de 750 personas cada semana.

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