Toca pagar a los trabajadores de Procórdoba

El juzgado de lo Social da la razón a los exempleados a los que el anterior gobierno local pasó al convenio de la Construcción en 2014 | Deberán cobrar según el de GMU | La diferencia roza el 40% en el salario, según las fuentes

Cuatro años después, el cadáver de Procórdoba sigue apareciendo habitualmente, en forma de auto o resolución judicial, en los despachos de Capitulares. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento ayer de la sentencia del juzgado de lo Social número 4 en la que se les da la razón a los seis trabajadores de la antigua empresa municipal y se ordena que se les compense salarialmente por haberles aplicado el convenio de la Construcción entre enero y diciembre de 2014, decisión que adoptó el anterior equipo de gobierno en Capitulares (PP).

Así lo pusieron de manifiesto Alba Doblas (IU) y Emilio Aumente (PSOE) en una rueda de prensa en la que el socialista recordó: “Nosotros ya dijimos en su momento que era un error que nos iba a salir caro”. Y el tiempo le ha dado la razón porque el juzgado de lo Social reconoce la reclamación de los exempleados de la extinta sociedad municipal, ahora en la Gerencia de Urbanismo, e indica que sus salarios durante ese año deben ser los que marcaba el convenio 2012-2016 de la GMU.

¿A cuánto asciende la diferencia? Por el momento no está cuantificada, pero según las fuentes consultadas por este medio, la rebaja que sufrieron por la decisión del PP de pasarlos al convenio de la Construcción suponía, en algunos casos, un recorte cercano al 40% de su nómina. Multipliquen por doces meses, añadan las pagas extras y vuelvan a multiplicar por seis trabajadores para obtener un resultado de miles de euros en compensación que ahora debe abonar el Ayuntamiento.

Así lo establece la sentencia, en la que se detalla que tras la extinción de la sociedad municipal, a finales de 2012, a los empleados de Procórdoba se les remuneró en función del convenio de los empleados municipales durante 2013, pero que a comienzos de 2014, en una decisión “unilateral”, se consideró que el convenio aplicable era el de Construcción y Obras Públicas. Ahora toca pagar.