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Unos vecinos 'ocupan' sus casas a medio hacer porque la constructora se niega a abandonar la obra

Dos de los propietarios preparan un colchón para pasar la noche

Alfonso Alba

9 de julio de 2021 06:00 h

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Hace justo dos años, 25 familias cordobesas firmaron un contrato con la empresa cordobesa Magtel para la construcción de otras tantas viviendas en una parcela del plan parcial O-1. Muchas de estas familias iniciaban así uno de sus sueños: una autopromoción con la que diseñar sus propias viviendas unifamiliares en una de las zonas más exclusivas y con mejores vistas de toda la ciudad. Desde hace un par de semanas, estas 25 familias se turnan para defender su propiedad y lo que hay construido, más o menos la mitad, según calculan, a días de una intensa ola de calor, con noches ruidosas y con muy pocas comodidades.

Este grupo de familias, constituido como la comunidad de propietarios El Brillante-La Arruzafilla, ha optado por esta medida después de no conseguir, según relatan y han denunciado, que Magtel abandone la obra para poder continuarla con otra empresa. De hecho, lo hacen por que se han topado con la presencia de un guardia de seguridad de Securitas que les impedía el paso, primero, y que solo tras la llegada de la Policía Nacional se lo ha permitido. Pero siguen allí, ocupando el lugar durante las 24 horas, por que de lo contrario no podrían volver a entrar.

Según el relato de uno de los abogados de estas familias, la historia arranca hace justo dos años, el 6 de julio de 2019. Entonces se contrató con Magtel la construcción de estas 25 viviendas unifamiliares. El plazo de ejecución era de 14 meses. No obstante, “el año pasado”, relata, ya se sabía que la constructora iba tarde y “llegado el vencimiento” la obra no está acabada en plazo. “Nos metemos en meses en los que no hay obreros, pero en marzo la situación se torna delicada cuando el arquitecto del proyecto se marcha”, explica. 

Entonces, estas familias se ponen en contacto con Magtel, empieza un cruce de comunicaciones y en junio los propietarios optan por rescindir el contrato. El convenio dispone de una cláusula, la número 31, que habilitaría a estos propietarios a ordenar el desalojo de la obra si no se cumple el plazo. El objetivo, insisten, era poder continuar con los trabajos con otra constructora “sin perjuicio de que se judicialice el asunto” y en su caso solicitar “daños y perjuicios” posteriormente.

Sin embargo, cuando los promotores acudieron el pasado 28 de junio con un notario a la obra se encontraron con que el vigilante de seguridad “no les permite el paso”, relata uno de los abogados de los vecinos. Ya entonces se llamó a la Policía Nacional, pero los propietarios se retiraron. El 30 de junio los vecinos regresan al lugar con un notario y se vuelven a topar con la seguridad de la obra. Al no haber acuerdo, los vecinos llaman a la Policía Local, que “no se atribuye competencias” y se marcha, y aparece de nuevo la Nacional. Los agentes, entonces, median entre los propietarios y la seguridad. A la llegada de los agentes los vecinos ya estaban dentro. Es entonces cuando toman posesión y deciden establecer turnos.

“Los vecinos tienen que estar en la obra físicamente, turnándose, en unas condiciones nefastas”, detalla el abogado, “por miedo a que la constructora pueda realizar cualquier tipo de actuación en contra de sus intereses”. Sin agua, sin luz, sin paredes, los vecinos habitan unas casas que, aseguran, están al 50% de construcción, cuando la constructora, que ha declinado hacer declaraciones a este periódico, asegura que al 70 o al 80%. Por eso, según la versión de los vecinos, no entrega la obra, por un problema con una certificación de obra.

“El drama es que hay personas y propietarios que han volcado allí sus ahorros y están viviendo en hormigón, en sillas de playa y durmiendo al raso por miedo a que Magtel les saque de la obra”, explica el abogado.

Mientras siga habiendo seguridad en la obra los propietarios no pueden entrar con una nueva constructora, que perite lo que hay hecho y lo que queda por acabar. Por eso, los vecinos han requerido a la constructora a que despeje la zona y que en un posterior litigio o acuerdo se puedan poner de acuerdo sobre lo que se les debe o no.

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