Ustea denuncia que el cierre de unidades recae “en exclusiva en centros públicos”

El sindicato Ustea Córdoba ha denunciado en un comunicado “la cara desventaja” con la que partirán los centros públicos durante el próximo curso en relación a los privado-concertados, “sumado esto al blindaje de estos colegios y a su inclusión en las zonas educativas”.

En relación a las unidades pérdidas en los centros públicos, la cifra asciende a 325 plazas, “una cifra motivada según la Delegación Territorial de Educación por el descenso de la natalidad que es soportada en exclusiva” por estos colegios “impidiendo, de facto, que las familias que deseen elegir ese centro público para escolarizar a su hijo o hija de tres años no puedan hacerlo ya que no habrá matrícula para ellos, siendo abocadas a la opción concertada o a otro centro público más lejano a su domicilio o lugar de trabajo”.

“Asistimos otro curso más al desmantelamiento descarado de la Escuela Pública en la que la subsidiariedad de los centros privado-concertados ha pasado a ser una quimera, concepto que fue eliminado ya con los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía y que el actual equipo de gobierno andaluz ni se plantea recuperar”, continúa el comunicado.

Así, según ha enumerado el sindicato, las supresiones de unidades para el próximo curso será en los CEIP Concepción Arenal, Al Ándalus, Los Califas y Hernán Ruiz en la capital. La Escuela Infantil Vicente Nacarino (Palma del Río), CEIP Ramón Medina (La Ventilla, Fuente Palmera), Camacho Melendo y Niceto Alcalá-Zamora (Priego de Córdoba) y Nuestra Señora de Araceli (Lucena) en la provincia, a lo que se suman los cierres totales del CEIP Lucano (Córdoba) y el Colegio Público Rural Quercus (Venta del Charco, Cardeña), obligando a su alumnado a buscar nuevas opciones de escolarización en el primer caso y condenando al desplazamiento de varios kilómetros en el segundo.

Desde Ustea han mostrado su apoyo “a todas las movilizaciones que se realicen contra el recorte de unidades en la Escuela Pública ya que el derecho de las familias a matricular a sus hijos e hijas en centros públicos no puede verse sesgado, de manera unilateral por parte de la administración”.

Por ello, la organización ha instado a la sociedad andaluza a defender la escuela pública, “la única garante de la inclusión educativa, la diversidad, la cohesión y la igualdad social oponiéndose a las políticas mercantilizadoras y destructoras de los servicios públicos de la administración andaluza”.