Trabajadores de centros de menores, de participación activa y valoradoras denuncian que la Junta no los han vacunado aún siendo esenciales

Trabajadores de los centros de menores y de participación activa, así como valoradoras, se han concentrado este martes ante la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para protestar ante el “agravio comparativo” que supone que estos empleados “no hayan sido vacunados” en Córdoba mientras que en la mayoría de las provincias de Andalucía “sí ha comenzado”. Cabe recordar que estos trabajadores están incluidos en el grupo 3 de la Estrategia de vacunación contra la covid del Ministerio de Sanidad.

El secretario de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de la FeSP UGT Córdoba, Manuel Jiménez, ha recriminado los hechos a la delegación y a la Consejería de Salud y ha asegurado que ningún responsable responde a las preguntas planteadas y atiende presencialmente a los sindicatos. “No sabemos el motivo” por el que la vacunación de estos trabajadores aún no se ha producido “y los trabajadores están preocupados y se sienten molestos e indiscriminados porque no saben, cuando llegan al centro, si se van a encontrar con positivos” de covid, ha explicado Jiménez.

En este sentido, ha recordado que durante la pandemia ha habido brotes de coronavirus en los centros de menores y que la Junta sólo optó por hacer pruebas PCR a los trabajadores que habían mantenido un contacto más estrecho con estos positivos. Sin embargo, para Jiménez, todos los empleados “son directos” ya que los menores interrelacionan con todos los trabajadores.

Esta falta de vacunación, según datos de Pilar Marín -de la Sección Sindical de Igualdad de UGT-, afecta a entre 300 y 400 trabajadores entre los que se encuentran “200 empleados directos en los centros de menores, otros 80 en participación activa y medio centenar de valoradoras del Programa Individual de Atención (PIA) de la Junta. A todos ellos hay que añadir ”los trabajadores indirectos que vienen de otras empresas pero que prestan también su servicio en estos centros“.

Para los responsables sindicales, “es incomprensible la falta de respeto y responsabilidad que se observa hacia estos colectivos”, todo ello sin tener en cuenta que “han prestado sus servicios durante todo el período de la pandemia con la máxima diligencia y responsabilidad”. Así, Marín ha enumerado que se están produciendo “tres graves incongruencias”. “En primer lugar, estos trabajadores están calificados como servicios públicos sociosanitarios esenciales según la Resolución de 28 de enero de 2021 por la que se modifica la orden del 15 de marzo de 2020 en la que se declaran los servicios esenciales de la Administración de la Junta”.

En segundo lugar, ha enfatizado Marín, estos trabajadore “han tenido que prestar sus servicios” en los momentos más duros de la pandemia “sin las debidas medidas de seguridad”. Y, en tercer lugar, ha recordado que estos empleados públicos forman parte de los colectivos 3B y 3C de la Estrageia de vacunación, así como en el Programa de Vacunación COVI-19 de la Junta.

Por último, la representante sindical ha señalado “que no tiene sentido que se hayan vacunado a los docentes y no a los educadores de los centros de menores” al igual que no entiende que se hayan inoculado a las trabajadores de ayuda a domicilio “pero a los que integran los centros de participación activa, a donde asiste una cantidad increíble de mayores”.