La Junta regulará las medidas de ahorro energético en sedes judiciales según las características de cada provincia

Imagen de archivo del nuevo juzgado de lo Penal número 16 en Sevilla

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía está ultimando las “instrucciones” para “regular la aplicación del Real Decreto de medidas de ahorro energético, que entró en vigor el pasado 10 de agosto, en las sedes judiciales. En virtud de este Real Decreto, la temperatura máxima del aire acondicionado debe ser 27 grados.

Fuentes del departamento que dirige José Antonio Nieto han explicado a Europa Press que esas pautas “tendrán en cuenta las especiales características climáticas de cada provincia y la idiosincrasia del trabajo que realizan los funcionarios para garantizar las adecuadas condiciones de trabajo”, una tarea en la que se cuenta con los servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde la Consejería se ha remarcado que la intención es “agilizar lo máximo posible estas instrucciones”, que, además, se están realizando en coordinación con la Dirección General de Patrimonio de la Junta, que “también está elaborando unas para las sedes administrativas” a fin de que estén “listas” para la vuelta de las vacaciones de la mayoría del personal de los juzgados.

Desde Justicia, se ha señalado que “la necesidad de regular” la aplicación del Real Decreto es “reflejo de que no ha estado bien planificado por parte del Ministerio de Justicia”. “No en vano, fue tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado --BOE-- el 2 de agosto, y apenas un día antes de su entrada en virgor, cuando la ministra Teresa Ribera reconoció la posibilidad de flexibilizar su aplicación antes las disfunciones advertidas por los sectores afectados”.

Sobre la aplicación del Real Decreto de medidas de ahorro energético se ha pronunciado el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) de Sevilla, que ha remitido a la Delegación territorial de Justicia en la provincia un escrito en el que destacan que “la merma en las condiciones ambientales que ha generado la aplicación rigorista de la medida hace prever que empeore en los próximos días, cuando las plantillas de los juzgados se completen a la vuelta de las vacaciones y se produzca el considerable aumento de profesionales y público que acude diariamente a los edificios judiciales”.

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