La Junta de Personal Docente insta a Educación a recuperar las unidades suprimidas en colegios públicos

La Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba ha celebrado este miércoles un pleno ordinario en el que, por unanimidad, se ha acordado instar a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a que se recuperen todas las unidades escolares suprimidas en los centros de titularidad pública de la capital y de la provincia.

En un comunicado, este órgano, representativo del conjunto de los docentes cordobeses, rechaza el elevado número de unidades suprimidas en varios centros educativos, que se siguen perdiendo cada curso, acumulando en los últimos tres años hasta 148 eliminadas en ese periodo. Ante esta situación, la Junta de Personal Docente aboga por la reducción de las ratios en los distintos niveles educativos.

El pleno, formado por 41 integrantes, también ha decidido aprobar otra propuesta que afecta directamente al profesorado de atención a la diversidad, promoviendo la regulación normativa que afecta al desarrollo de la labor de dichos docentes y a sus derechos laborales. De este modo, se reclama que se establezca una ratio máxima de alumnado por profesional que permita ser atendido adecuadamente, al mismo tiempo que se considera necesario que el personal funcionario preste servicios exclusivamente en los centros de titularidad pública.

Igualmente, se ha acordado instar a la Delegación Territorial a que convoque a las organizaciones sindicales que conforman la Junta Personal Docente a las comisiones técnicas de puestos específicos en cumplimiento de la normativa, ya que, hasta el momento, no hay transparencia en el proceso de baremación y selección del personal para estos puestos.

Por último, se ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que realice las modificaciones pertinentes en la normativa vigente a fin de que aquel profesorado que cubre cargos directivos, jefaturas de departamento o coordinación de ciclos de forma ocasional se le reconozca las funciones desarrolladas con una retribución adecuada, todo ello sin menoscabo de los derechos del personal que se encuentre en incapacidad temporal o permiso.