Juana Ruiz, la cooperante que lleva 20 días detenida sin cargos en una cárcel de Israel

Eran las 5:45 del pasado 13 de abril cuando una veintena de soldados israelíes armados entró en la vivienda de Juana Ruiz, la cooperante que en 1985 se asentó en Gaza. Desde hace más de 35 años trabaja como Coordinadora de Proyectos en la organización sanitaria palestina Health Work Committees y en estos momentos se encontraba colaborando con la vacunación contra la covid a ciudadanos palestinos. Por el momento, su entorno y la justicia desconoce los motivos de su detención, de la que ya hacen 20 días, y su familia pide mediación internacional.

Tras sus primeros años, Juana, su marido y sus dos hijos llegaron en 1991 a Cisjordania, aunque estos últimos se encuentran actualmente viviendo en España, desde donde siguen con preocupación todo el caso que rodea a su madre, que nunca antes se había visto envuelta en asuntos de esta índole. Tal y como explica a CORDÓPOLIS la abogada y portavoz de la familia, Begoña Lalana, el trabajo de Ruiz en Palestina es “mejorar las condiciones de salud y sanidad” de los palestinos “y nunca ha tenido ningún problema ni en España ni en Palestina”, por lo que nadie se explica su detención, que puede prorrogarse hasta 75 días.

Una vez detenida, la cooperante ha declarado hasta en cinco ocasiones ante un juez militar, aplicando la ley marcial de ocupación israelí. Es decir, mientras que a los palestinos de Cisjordania son juzgados por una corte militar, los israelíes asentados en esta región lo son mediante la jurisdicción civil. Según explica Lalana, en ninguno de los interrogatorios “se ha expuesto los motivos de la detención, a pesar de que el juez apremia a hacerlo”. Al contrario. En cada vista, “la acusación pide más tiempo”. En esos interrogatorios, además, Ruiz no está contando con abogado.

Oficialmente, apunta la abogada, no hay ninguna acusación en firme “aunque las autoridades israelíes sí la filtran a la prensa local”; un hecho que podría responder más a una estratagema que a comunicar los motivos reales de su arresto. Entre las causas filtradas es que su detención responde a la sospecha de presunto lavado de dinero en un caso que involucraría al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización política considerada terrorista por Israel.

Después de su detención, ha estado en dos prisiones. En una de ellas, principalmente de hombres, no podía salir al patio y sólo contaba con la compañía de otras dos mujeres: una joven de 20 años y una niña de 15. Ahora es encuentra en una cárcel en la que sí puede salir al patio, en la de HaSharón,aunque la abogada relata episodios de claras vulneraciones de derechos humanos. Todavía no ha podido hablar con sus hijos y su marido sólo ha podido hacer una videollamada para conocer cómo se encontraba. A pesar de la pantalla, Lalana asegura que Ruiz se encuentra “mal” e incluso no le fue suministrada comida durante un día.

Otra muestra de la situación que está atravesando, cuenta la abogada, “es que hasta el pasado jueves estuvo sin sus efectos personales”, entre los que se encuentran sus gafas. A la familia le consta que el Consulado de España en Jerusalén recibido dichos objetos aunque tampoco tiene constancia de que Ruiz los tenga. “Es una incertidumbre y una arbitrariedad total”.

Previamente a la detención de la cooperante, en la madrugada del pasado 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de Health Work Committees (HWC), la organización sanitaria en la que trabaja Juana, en la ciudad de Al Bireh, deteniendo al Responsable del Departamento de Contabilidad de HWC, Tayseer Abu Sharbak, que continúa en prisión, y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que HWC realiza en colaboración con organizaciones internacionales, entre ellas varias ONGs del Estado Español, y con fondos de donantes españoles. También está detenido Saeed Abbad, que, en la actualidad, no mantiene relación laboral con HWC, pero que fue Responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace 2 años.

Más de 5.500 personas han firmado un manifiesto de apoyo a Ruiz exigiendo, además, que el Gobierno de España tome cartas en el asunto y reclame su liberación. A finales del mes de abril, la ministra de Asuntos Exteriores,  Arancha González Laya, exigió al gobierno israelí la mejora de las condiciones de alimentación e higiene de la cooperante. Europarlamentarios de La Izquierda y Verdes también han enviado una carta al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, solicitando la mediación de Bruselas para liberar a la cooperante. La portavoz de la familia recuerda que Europa tiene herramientas para combatir la situación “ya que hay firmado un convenio de cooperación preferente con Israel que exige el respeto escrupuloso de los derechos humanos”.

El próximo jueves, Ruiz declarará de nuevo ante la corte militar israelí, momento en que la familia espera que pueda conocer los cargos que se le imputan tras llevar 20 días sin libertad.