Educación desplegará un proyecto piloto contra el fracaso y el absentismo escolar en zonas desfavorecidas

La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha suscrito un convenio con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para la realización de un proyecto de inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, que persigue “desarrollar estrategias y acciones para la lucha contra el fracaso escolar y el absentismo en familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión social en zonas desfavorecidas de Andalucía”.

Así se detalla en el convenio, suscrito el pasado 24 de octubre y consultado por Europa Press tras su publicación, esta semana, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de una resolución de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

Para este proyecto, el Ministerio concederá una subvención directa enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la comunidad autónoma de Andalucía por un importe máximo de 15 millones de euros “con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

El acuerdo suscrito por el Ministerio y la Junta de Andalucía parte de la idea de que el absentismo escolar es “un fenómeno cuya etiología va unida a determinados procesos de exclusión social y vulnerabilidad de las unidades familiares de menores absentistas, de manera que el abordaje de aquel requiere de la conjunción de medidas integrales que incida tanto sobre las problemáticas académicas como sobre las sociales”.

Las zonas desfavorecidas de Andalucía, determinadas en el Acuerdo de 28 de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 'Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social', son “espacios donde concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que son significativamente apreciables problemas en materia de vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y servicios públicos, elevados índices de absentismo y fracaso escolar, altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales, significativas deficiencias higiénico sanitarias y destacados fenómenos de desintegración social”.

Familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima

En este proyecto se pretende “trabajar con unidades familiares perceptoras de ingreso mínimo vital (IMV) o de renta mínima de inserción social de Andalucía residentes en esas zonas desfavorecidas y que cuenten con menores que presenten un grado de absentismo escolar constatado por sus centros escolares”.

Con las familias seleccionadas se desarrollarán “estrategias y acciones desde una perspectiva holística”. Algunas estarán integradas en “grupos de tratamiento”, que contarán con un itinerario individualizado e integrado de inclusión sociofamiliar que será elaborado, coordinado y acompañado por un Equipo de Acompañamiento Familiar, que estará compuesto por un grupo interdisciplinar de profesionales que se ubicarán en los servicios sociales comunitarios de cada zona desfavorecida, y contará con una cartera de actuaciones que ofrecerá una entidad del tercer sector en cada zona desfavorecida.

Otras familias estarán asignadas a un “grupo de control”, en el que estarán atendidas “sólo por un Técnico Referente del Itinerario en lugar de un Equipo de Acompañamiento Familiar” como ocurre con el grupo de tratamiento.

Casi 3.000 menores

Está previsto que, del universo poblacional que podría ser objeto de este proyecto, estimado en torno a 146.094 menores con edades comprendidas entre los seis y los 16 años de las zonas desfavorecidas de Andalucía, con este proyecto se llegue a una muestra estimada de 2.850 menores, que se repartirán “de forma uniforme entre los grupos de tratamiento y de control”, alcanzando unos 1.425 menores cada uno.

La muestra estará formada por menores que presenten un “significativo grado de absentismo en las etapas de educación primaria y secundaria obligatoria, pertenecientes a unidades familiares residentes en las zonas desfavorecidas de las entidades locales participantes, perceptoras del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción de Andalucía, o que cumplan el perfil para ser beneficiarias de estas prestaciones y, por lo tanto, se encuentren en situación de vulnerabilidad o de exclusión social”.

Se medirán “diferentes variables en las distintas áreas de actuación que se abordarán en los itinerarios con las familias y los menores”, según continúa el convenio, que avanza que, en relación al alumnado absentista, podrían analizarse parámetros como la reducción del absentismo escolar y la mejora de los resultados académicos, en los hábitos de higiene y alimentación saludable y en la inclusión en el curso.

El coste previsto por participante, teniendo en cuenta el coste total del proyecto, para el grupo de tratamiento es de 9.006 euros, mientras que para el grupo de control asciende a 1.520 euros.

Abierto a entidades locales

El convenio explica además que “se ha ofrecido la participación en el proyecto a las entidades locales que cuentan con zonas desfavorecidas en Andalucía en su término (...), a excepción del Ayuntamiento de Sevilla, que ha resultado beneficiario de una subvención otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para fines similares”, según puntualiza.

El “instrumento jurídico” que va a utilizarse para la financiación de las entidades locales que van a participar en el “proyecto piloto” es la “subvención excepcional”, dado que, según exponen el Gobierno y la Junta, “concurren razones de interés público y social”.

La concesión de las subvenciones se realizará “mediante resolución acompañada de un convenio de la persona titular de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad como órgano competente para su concesión, previa solicitud por parte de las entidades locales beneficiarias”, las cuales “concertarán hasta el 40% de la subvención otorgada con entidades del tercer sector” para llevar a cabo tareas complementarias de esta iniciativa.

La “asignación aleatoria de los participantes” a un “grupo de tratamiento y de control se realizará previsiblemente en el mes de enero de 2023”, mientras que la ejecución de los itinerarios “está prevista que se realice entre los meses de febrero y octubre de 2023”, y “entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 está previsto que se realice la evaluación”, según abunda el convenio entre el Gobierno y la Junta, cuyo plazo de vigencia se extiende, de este modo, “hasta el 31 de marzo de 2024”.

El plazo de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social objeto de las subvenciones previstas en el convenio “no deberá exceder la fecha límite del 30 de noviembre de 2023, mientras que la evaluación de los mismos, objeto de la subvención, no se extenderá del plazo del 31 de marzo de 2024, con la finalidad de cumplir con los hitos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de política de inclusión”.