Córdoba registra 114 agresiones a profesionales de la sanidad en lo que va de año

Córdoba ha registrado en lo que va de año 114 agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz de las que el 5,26 por ciento han sido físicas. Así lo ha señalado este miércoles la Delegada Territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, tras presidir la reunión de la Comisión provincial de agresiones a profesionales de la salud de la provincia de Córdoba, que es el órgano constituido para seguir y coordinar las incidencias en este ámbito y en el que están presentes los interlocutores de la policía nacional y de la Guardia Civil, los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y EPES y los letrados de la administración sanitaria.

María Jesús Botella ha agradecido “el esfuerzo de los profesionales que día a día trabajan para en el marco del Plan de Prevención y Atención frente a agresiones del SAS implementando medidas formativas, de planificación e instrumentales para tratar de reducirlas”. Así, la provincia de Córdoba cuenta en sus centros sanitarios con 694 cámaras de seguridad, 206 gps en ambulancias; 134 interfonos; 1349 salidas alternativas; 1562 software antipánico; 995 teléfonos; 206 timbres en ambulancias; 488 timbres en consultas; 27 alarmas individuales y 44 tarjetas magnéticas, entre otras.

En este ámbito, la delegada territorial ha destacado la importancia de la labor preventiva y también la posterior a una agresión, en las que es determinante la actuación y labor conjuntas de Guardia Civil y Policía Nacional “que diariamente trabajan para mantener y garantizar la seguridad en los centros sanitarios” ha explicado la delegada y volvió a reiterar que “es necesario que nos concienciemos de que no se puede justificar bajo ningún concepto que un profesional del sistema sanitario público sufra un acto violento por desarrollar su labor”.

El Plan contempla la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar. De esta manera, la Asesoría Jurídica del SAS de la provincia de Córdoba ha tramitado 9 expedientes de agresiones a profesionales del sistema sanitario público en lo que va de año y ha insistido la máxima responsable de Salud en la provincia que “es importante que un profesional denuncie las agresiones que sufre porque ante este tipo de hecho debemos mostrar tolerancia cero”.

Profesional guía

Todos los profesionales han coincidido en que los datos que se están registrando en este año se asemejan a los registrados antes de la pandemia de Covid y han puesto el valor el profesional guía.

El Plan de agresiones, aprobado hace dos años, incorporó como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas.

Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

Canales ágiles y rápidos

A los efectos de aplicación de este plan se considera agresión “la violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario, ejercida por pacientes, acompañantes o usuarios, sufrida en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de estas” ha explicado la delegada.

El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y ha venido a reforzar además las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán.

El Plan integró las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo y en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.