Andalucía se convierte en la segunda comunidad con potestad para personarse como acusación ante los delitos de odio

Andalucía ha dado un paso más en la defensa de la diversidad y los derechos humanos al convertirse en la segunda comunidad de España con potestad para personarse de oficio como acusación en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha detallado en comisión parlamentaria que la disposición adicional décima incluida en la Ley de Infancia y Adolescencia, en vigor desde comienzos de septiembre, “es la herramienta legal que permite a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía perseguir ya estos delitos y discursos de odio basados en la intolerancia hacia diversos colectivos por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad”, según ha detallado la Junta de Andalucía en un comunicado.

La consejera ha apuntado que “los ataques y discursos contra el colectivo Lgtbi no solo afectan a la víctima, sino que suponen un daño a toda la sociedad porque se lanza un mensaje de miedo, por eso hay que pararlos”, y ha insistido en que “la escalada de delitos de odio y violencia contra estos colectivos debe avergonzarnos como sociedad Y ha lamentado que se trate de unos delitos infradenunciados, ya que solo una de cada diez víctimas denuncia, ”según constatan los diversos informes“.

Así, ha señalado que “la falta de denuncia invisibiliza y normaliza esas agresiones, y por eso los poderes públicos hay que actuar con contundencia y acciones concretas para erradicar estas conductas, que no venza el odio y esos delitos queden impunes”.

Ruiz ha resaltado que los últimos datos regionales disponibles, relativos a 2020, reflejan que Andalucía es una de las comunidades con menos delitos de odio de España: 1,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de tres casos. No obstante, la consejera ha puesto el acento en que aunque durante el pasado ejercicio se constata una reducción media del 17,9% en el número de denuncias presentadas en 2020 respecto a 2019, motivada sobre todo por el confinamiento, los casos por delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género apenas se redujeron un 0,4%, pasando de 278 a 277, e incluso aumentaron las denuncias contra personas con discapacidad o por antigitanismo.

Para la responsable de políticas sociales, “entendemos que es nuestra obligación actuar ante esta realidad; y los andaluces deben saber que su Gobierno los defenderá siempre y en todo lugar”, al tiempo que ha pedido “unidad de las distintas administraciones e instituciones y alejar estas agresiones de debates partidistas”.

Deber de personarse en casos graves

La Disposición adicional décima de la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia, en vigor desde el pasado 27 de julio, establece que la Administración de la Junta de Andalucía “deberá personarse” en los procedimientos sobre delitos de odio a los que se refiere el artículo 510 y el 510 bis del Código Penal, cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte a personas por razón de su pertenencia a uno de los grupos previstos en este precepto legal, o en los procedimientos de especial gravedad o con gran repercusión social, de forma debidamente justificada.

Asimismo, apunta a que la administración regional “podrá personarse” en el resto de procedimientos sobre delitos de odio una vez que se formule la denuncia y los servicios jurídicos analicen y justifiquen esa actuación.

La comunidad andaluza, tras Madrid, se convierte pues en la segunda región en perseguir de oficio este tipo de agresiones y delitos. La norma andaluza incluye además como novedad que la propia Junta “garantizará la formación y apoyo técnico adecuado, en materia de delitos de odio, a los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a fin de asegurar la calidad en la atención, y fomentará la formación en esta materia a los profesionales directamente relacionados con la atención a las víctimas”.

Educación como prevención

Durante su intervención, Ruiz ha apuntado a la educación en igualdad y respeto a la diversidad como “la mejor vacuna contra este tipo de actuaciones y discursos de odio”. “Es la clave para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y más libre”, ha señalado.

En este sentido, la consejera de Igualdad, ha resaltado que no ha sido hasta esta legislatura cuando se ha creado en el organigrama de la Junta una área específica para Igualdad de Trato y Diversidad, “fruto de ese compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanos andaluces”.

Asimismo, se han puesto en marcha diversas medidas para promover el respeto a la diversidad, como el primer Consejo Andaluz LGTBI o el primer protocolo interadministrativo para implicar a las distintas consejerías de la Junta en favor de los derechos del colectivo.

También se ha reeditado la Guía de Delitos de Odio Lgtbi, acompañada de diversas campañas de sensibilización y divulgación sobre la realidad del colectivo y sus derechos frente a discursos de odio (editadas en varios idiomas). Además, se han multiplicado los fondos para las asociaciones de mujeres, se han impulsado líneas de subvenciones en apoyo del asociacionismo gitano .

“El aumento de las agresiones y los discursos de odio demuestran que somos capaces de desandar un camino que nos ha costado muchos años edificar”, ha remarcado, añadiendo que “se trata de vulneraciones muy graves contra los derechos humanos que atentan contra la dignidad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades ante las que como administraciones públicas no podemos permanecer impasibles”, ha señalado, “una sociedad sana, una sociedad del siglo XXI, tiene que estar al lado de las víctimas y señalar a quienes las agreden”, ha concluido.