Los sindicatos estudian medidas judiciales por el concurso de Pérez Giménez

Los representantes de los trabajadores se reúnen el viernes con los concursales para comenzar la extinción de 147 empleos del laboratorio

Hace ya mucho que los sindicatos UGT y CTA muestran señales de hartazgo por el interminable concurso de acreedores de los laboratorios Pérez Giménez. Y por ello, estudian emprender acciones legales por una gestión que consideran un desastre. Después de tres años de control por parte de los administradores concursales, la empresa se encuentra en un infinito punto muerto en el que ninguna de las firmas interesadas en obtener los activos de esta compañía -famosa por su calmante vitaminado- ha cumplido los requisitos exigidos por el juez de lo Mercantil. Y mientras la situación se ha ido encallando, a los trabajadores se les adeuda hasta 30 nóminas. Todo este cúmulo de circunstancias invita a pensar a los abogados de los sindicatos “que se puede estar produciendo un delito contra el derecho de los trabajadores”, señala el presidente del comité de empresa y miembro de UGT, José Ruiz.

“No se ha hecho más que entorpecer. Cuando hemos pedido información se ha tardado mucho en facilitarla y solo aquella que los administradores han accedido”, prosigue Ruiz. “Necesitamos todos los datos económicos de los laboratorios para ver qué está pasando y por qué los trabajadores han venido sufriendo todas estas calamidades”, se queja el representante sindical de UGT.

Los sindicatos no entienden cómo se ha dejado pudrir la situación hasta que los propios administradores concursales “ven más factible liquidar la firma, venderla por lotes y ejecutar el despido de los empleados, antes de intentar reflotarla por alguna empresa que se haga con ella”, señalaba Paco Moro, de CTA.

Por otro lado, los sindicatos han mantenido este martes una primera reunión con los administradores concursales dentro de las gestiones previas para despedir a los 147 empleados de la firma con sede en Almodóvar del Río. El viernes se reunirán de nuevo ya con la documentación que han requerido los sindicatos para calcular las indemnizaciones, los sueldos impagados y demás cuestiones económicas.