Una sentencia obliga a hacer indefinidos a 17 trabajadores sociales

El juez obliga al Ayuntamiento a reconocer la antigüedad del personal que contrata año a año como refuerzo a la Ley de la Dependencia

Estas navidades, 17 trabajadores sociales del Ayuntamiento de Córdoba, contratados como refuerzo para la aplicación de la Ley de la Dependencia, se las vieron y se las desearon para volver a ser empleados este año. Sus contratos dependían de una subvención de la Junta de Andalucía que tardaba en llegar y que llegó sobre la bocina, en el último Consejo de Gobierno del año 2012. Las próximas navidades no van a tener que pasar por lo mismo ya que una sentencia judicial ha obligado al Ayuntamiento a hacer indefinidos (que no fijos) a estos 17 trabajadores sociales.

La sentencia, sobre la que cabe recurso y que ha sido conocida hoy por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, ha sido dictada por el titular del Juzgado de lo Social número 1, Juan de Dios Camacho Ortega. En el fallo, el juez declara que estos 17 trabajadores (15 son mujeres) “son trabajadores indefinidos (que no fijos) y al servicio del Ayuntamiento de Córdoba”.  Estos empleados interpusieron una demanda ante este juzgado en junio del año pasado contra el Consistorio. Denunciaban que aunque su contrato era por obra y servicio llevaban contratados desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia. Sus contratos le son renovados año a año, como ha vuelto a ocurrir en el presente ejercicio.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que “la relación laboral que une a cada uno de los actores con el Ayuntamiento de Córdoba debe calificarse, por fraudulenta, de indefinida”. En el escrito, el magistrado asegura que “incluso admitiendo la tesis empresarial de que lo único que hace el Ayuntamiento es la gestión de un servicio público de titularidad ajena (por autonómica) de lo que no cabe duda es de que se trata, en todo caso, de un servicio permanente en el marco productivo de la Consejería del ramo”.

El juez ordena también que se reconozca la antigüedad de estos 17 trabajadores. Nueve de estos empleados son trabajadoras sociales (todas mujeres), mientras que ocho son auxiliares administrativos (dos son hombres).