El secretario abre la puerta a la consulta sobre el cambio de calles pero dice que hay que cumplir la ley

El secretario del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha abierto la puerta al planteamiento del PP para realizar una consulta popular en la que se consulte a la ciudadanía sobre el cambio de las calles de la ciudad, como Cruz Conde, Cañero o Vallellano, pero advierte que el Consistorio tiene que cumplir la ley de la Memoria Histórica aprobada en marzo por el Parlamento de Andalucía.

En un extenso informe de 12 folios elaborado a petición del PP, el secretario Valeriano Lavela asegura que la consulta popular es posible, pero a la vez concluye que el Ayuntamiento tiene que acabar cumpliendo el mandato de la ley andaluza sobre la retirada de vestigios y calles franquistas de la ciudad.

En concreto, y según consta en la conclusión final de un exhaustivo informe, el secretario del Pleno sostiene que la competencia para aprobar la consulta es del Pleno y que si finalmente la Corporación opta por convocarla hay que tener en cuenta “las previsiones normativas de obligado cumplimiento contenidas en el precitado artículo 32 de la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía” en la que “se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”.

En el documento, Lavela reconoce el trabajo de la comisión municipal de la memoria histórica, que considera “riguroso”, pero insiste en que el cambio de nombre de calles como la avenida de Vallellano, la plaza de Cañero o Cruz Conde tiene la suficiente importancia para la ciudad y su memoria colectiva como para ser sometido a una consulta popular.

A la hora de convocar la consulta, el secretario del Pleno le señala al PP el camino. Los populares, con sus 11 concejales, tienen un porcentaje suficiente como para instar al Pleno a convocar la consulta. La consulta, a su vez, tendría que ser tramitada por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que tendría que pedir permiso al Gobierno de la Nación. Una vez concedida la autorización, ésta tendría que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ya se le podría preguntar a la ciudadanía si quiere o no cambiar el nombre de las calles.

Eso sí, Lavela advierte que la última palabra la tendría la Junta de Andalucía. Según la ley andaluza, el gobierno regional podría actuar de oficio si considera que en Córdoba permanecen calles con vestigios franquistas.