Regresan a sus cárceles los miembros de 'La Manada' tras el juicio por abusos de Pozoblanco

Los cuatro miembros del grupo de WhatsApp de La Manada que han sido juzgados en Córdoba del 18 al 21 de noviembre por la supuesta comisión de abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco, con anterioridad al caso de los Sanfermines de 2016, por el que ya han sido condenados a 15 años de cárcel por violación junto a un quinto miembro más del grupo, ya han regresado a las cárceles donde cumplen dicha condena.

En este sentido, los últimos en volver a sus prisiones lo han hecho en esta semana, según han informado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, que han detallado que el primero en regresar ha sido el exagente de la Guardia Civil A.M.G.E. a la cárcel de Sevilla I el día 27 de noviembre.

Tras él, el día 5 de diciembre J.A.P.M. ingresó en la prisión de Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), mientras que los otros dos procesados en este caso, A.J.C.E. y J.E.D., se encuentran internos en los centros penitenciarios de Topas, en la provincia de Salamanca, y Huelva, desde los días 10 y 11 de diciembre, respectivamente, tras los ditintos traslados desde la cárcel de Alcolea de la capital cordobesa.

Al respecto, el caso de Pozoblanco está pendiente de sentencia por parte del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, en el que la Fiscalía rebajó de siete a seis años su solicitud de pena de cárcel.

Así, pide para los cuatro acusados penas de dos años de prisión por los tres que inicialmente pedía por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales hacia la joven, cuatro años más por otro delito contra la intimidad por la difusión del vídeo y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.

El Ministerio Público también pide para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados.

Mientras, la acusación particular elevó a definitivas sus conclusiones sin modificar, de manera que solicita dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por la supuesta comisión de delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama indemnización de 3.600 euros por las lesiones sufridas y 80.000 euros por el daño moral ocasionado.

La acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor, que solicitaba las mismas penas que la otra acusación, incrementó al final la pena para uno de los procesados, A.J.C., hasta los cinco años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual, en vez de los dos años y seis meses que pedía por abusos sexuales.

Y la defensa solicitó la absolución y como pena alternativa, en caso de no considerarse la anulación del vídeo que grabraron sobre los hechos, que J.A.P. cumpla dos años de cárcel, “con las accesorias previstas en la ley”, por un delito de maltrato de obra en concurso con un delito contra la intimidad; una multa de 180 euros para J.E. por un delito de maltrato de obra, y para los otros dos, A.M.G. y A.J.C., penas de seis meses de prisión por delitos contra la integridad moral.

De los cuatro procesados, J.A.P. dijo al final del juicio que grabó el vídeo y lo distribuyó “sin conocimiento” de los otros, quienes no intervinieron en el último turno de palabra, todo ello tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez el primer día de juicio y mantener que son “inocentes”.

Frente a ello, la joven que denunció se mostró “clara, concisa y coherente” en su declaración, en la que ratificó “lo fundamental” de la denuncia interpuesta tras conocer la existencia del vídeo por la Policía Foral.

Así lo confirmaron desde la acusación particular, al tiempo que aseveraron que la joven fue “contundente”, aunque admitió que en un primer momento no recordó lo ocurrido en el coche, pero posteriormente fue consciente de los hechos, respaldados por la grabación.

Durante su declaración, decenas de mujeres se concentraron en señal de apoyo en las puertas de la Ciudad de la Justicia, convocadas por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres.

Mientras tanto, el juez acordó demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo que grabaron los acusados sobre los hechos, ocurridos en la noche del 1 de mayo de 2016 y que se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa de Pamplona, por la que se encuentran en prisión junto a un quinto condenado más por la violación grupal a una joven.

El togado ha remarcado en el juicio que “no es la única prueba existente en el procedimiento” y ha aludido al “consentimiento” prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral inició investigación de esta causa, que ahora ha quedado vista para sentencia.