IU lleva al Pleno de Diputación “las prácticas de entidades antiabortistas que acosan a las mujeres”

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al Pleno de septiembre de la Diputación de Córdoba dos proposiciones para su debate, que van encaminadas, por un lado, a solicitar al Gobierno andaluz más recursos para la Escuela Pública, y por otro, medidas que garanticen la protección para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, evitando la intromisión en su intimidad y el ejercicio de coacciones sobre ellas. Desde IU han alertado sobre la “deriva” de la Junta de Andalucía, que está “legitimando e incluso financiando” prácticas de coacción contra las mujeres a las puertas de los centros de atención sexual y reproductiva.

En un comunicado, el portavoz de IU en la institución provincial, Ramón Hernández, ha recordado que el curso escolar ha comenzado en Andalucía con “recortes incomprensibles teniendo en cuenta el contexto actual, atravesado aún por una pandemia, y los fondos que ha recibido la Junta del Gobierno de España para invertir en Educación Pública”. De esta manera, el Gobierno andaluz está desperdiciando “una oportunidad histórica para reducir ratios y mejorar así la calidad educativa y la convivencia en las aulas”.

A los recortes de plantilla en los centros públicos, que contarán este año con más de 2.700 docentes menos y perderán 4.000 aulas, se suma “el deficiente estado de las infraestructuras educativas, fruto de un déficit de inversión histórico por parte de la Junta que acaban pagando los ayuntamientos, muy limitados tanto en competencias como en recursos para garantizar la seguridad del alumnado en las aulas”. Un ejemplo es el CEIP Monte Albo de Montalbán, donde “el curso ha arrancado con obras sufragadas por su ayuntamiento ante la desidia de la Junta, que rehúsa acometer las reformas estructurales que necesita el edificio”.

Por todo ello, el grupo de IU propondrá al Pleno que la Diputación que “proceda a una disminución de ratio y dote a los centros públicos de recursos suficientes humanos y materiales para la prevención de riesgos”. Así, pide a Educación que se aseguren los recursos económicos suficientes a los ayuntamientos para afrontar las nuevas necesidades de limpieza y desinfección, así como a acometer las obras estructurales en los colegios públicos en los que sean necesarias, que son de su competencia.

Con la segunda de las proposiciones, IU quiere “alertar sobre la deriva contraria a los derechos y libertades sexuales y reproductivas de las mujeres emprendida por el Gobierno andaluz”, a cuyos representantes públicos “hemos escuchado recientemente legitimar prácticas que acosan y hostigan a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo”. En concreto, el grupo se ha referido a las declaraciones realizadas por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en las que amparaba bajo la “libertad de expresión” las “coacciones que ejercen grupos antiabortistas a las puertas de centros de atención sexual y reproductiva”.

A este respecto, el portavoz de IU ha subrayado que “la connivencia con estas prácticas no se queda en el discurso, ya que el Gobierno andaluz está financiando con dinero público a estas asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito”. Es por ello que, a través de esta proposición, se pretende “acabar con esa financiación” al tiempo que se articulan medidas de seguridad para proteger a las usuarias de centros de atención sexual y reproductiva.

Además, en la moción se insta al Gobierno de la Junta al desarrollo completo de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando “una atención integral, pública y gratuita a las mujeres que decidan libremente abortar”, y acabar con “la discriminación que sufren las mujeres que se ven obligadas a desplazarse fuera de su provincia para poder ejercer sus derechos”. Al mismo tiempo, pide al Gobierno cental que impulse “una reforma legislativa para crear zonas seguras en torno a las clínicas y centros sanitarios, así como castigar aquellas conductas relacionadas con el acoso, insulto y vulneración de los derechos y libertades de las mujeres que quieran ejercer su derecho a abortar”.