Procórdoba, la historia de una disolución interminable

La cesión de activos de la sociedad municipal, que se iba a llevar hoy a Pleno, se retira del orden de urgencias por los errores detectados por Intervención en el expediente

Casi un año después de que el Pleno aprobase la disolución de Procórdoba la empresa municipal es lo más parecido a un zombi administrativamente hablando. Oficialmente está cerrada, sus instalaciones están a la venta, su media docena de empleados siguen en el limbo, se especula que pasarán a la Gerencia, pero sigue sin estar cerrado (la pasada semana hubo reuniones con el comité de empresa), y sus activos, que iban a traspasarse al Ayuntamiento en el Pleno de hoy, finalmente se quedarán donde quiera que estén porque se ha decidido retrasar el tema, debido a los errores en el expediente detectados por los servicios de Intervención tanto del Ayuntamiento, como de la propia Gerencia de Urbanismo.

Así lo han reconocido fuentes municipales que, sin embargo, le han quitado hierro al asunto señalando que los errores detectados “son subsanables” y que es mejor esperar y arreglar el expediente, que previsiblemente irá al próximo Pleno ordinario, el de septiembre. El informe de Intervención es una sucesión de fallos: para empezar, la funcionaria estatal se queja de que no se le han remitido los informes previos sobre Procórdoba, y no son pocos: seis en total.

Entrando en el fondo de la cuestión, Intervención indica que, para empezar, se confunden dos acuerdos totalmente distintos jurídicamente: por un lado la forma de gestión local del proceso de disolución y del otro, todo lo referido a la cesión de los activos de la extinta, pero aún viva, empresa municipal. En lo que se refiere a la gestión se toma como base un informe del interventor de la Gerencia de Urbanismo en el cual se detalla que la GMU no tiene prevista ninguna aplicación presupuestaria para hacer frente a los gastos de explotación de Procórdoba. Además, el informe señala que “por imperativo legal” los ingresos previstos en Urbanismo no servirían para financiar el gasto corriente ni el impacto que produciría esta decisión.

Junto a esto, se indica de forma expresa que se incumplirían los principios del plan de ajuste del organismo autónomo a lo que añade que “esta Intervención no tiene un conocimiento exacto, ni tampoco cree que le competa, sobre cómo se integrarían los activos de Procórdoba en el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo”. Es decir, falta otro informe.

Acerca de la cesión de los activos que iba a ir hoy a Pleno, el informe de la Intervención municipal pone de manifiesto en primer lugar el incumplimiento de los plazos previstos, ya que la disolución se aprobó en el pleno de septiembre de 2013 y se fijó un tope de seis meses para concretarla, algo que no ha ocurrido. En el fondo de la cuestión la valoración de la interventora destaca “la improcedencia de la fórmula elegida que no tiene cabida en el ámbito subjetivo de la Ley de Modificaciones Estructurales”, motivo por el que se debería optar por la normativa de la Ley de Sociedades de Capital.

Junto a esto sigue sin concretarse cuál va a ser el destino de los empleados, si se incorporarán a la plantilla municipal o si, como se especula, se integrarán en la Gerencia de Urbanismo, tampoco se ha realizado, o al menos no se aporta, una valoración del efecto fiscal que supondría esta operación, así como un aspecto que  la interventora define como fundamental: “no se ha acreditado la existencia de crédito suficiente, dando traslado al presupuesto de las cantidades que aseguren la cesión de los activos”