La Policía investigó de oficio al cura condenado tras una confesión involuntaria de una víctima

Cuando Clara (nombre ficticio) decidió denunciar los abusos sexuales que había sufrido por parte de su profesor de Religión y cura ya habían pasado cinco años. Lo hizo formalmente en una Comisaría de la Policía Nacional después de haberlo confesado de manera involuntaria ante agentes de la Policía Local. Una vez dado este primer paso, las cinco víctimas restantes se unieron a esta denuncia dado que ellas habían pasado por circunstancias parecidas. Ahora, la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a este hombre a 20 años de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de cuatro de ellas. De los otros dos abusos, el tribunal lo ha absuelto tras no quedar acreditado que los tocamientos que hizo fueran “de significación sexual”.

Este caso ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la primera confesión en el caso de los abusos múltiples dado que las víctimas dejan de encontrarse solas. Cabe recordar que cuando ocurrieron estos hechos, las menores tenían entre ocho y 12 años. El modus operandi principal del condenado consistía en sentar a sus víctimas en sus piernas, ya fuera en clase o en el despacho. Para acudir a esta estancia, el acusado utilizaba el señuelo de “ir a por chuches”, a lo que las menores acababan accediendo, según ha quedado acreditado en la sentencia, contra la que cabe recurso.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, el acusado negó haber cometido los delitos, pero sí matizó que era “muy cariñoso”, que le “gustaba que le abrazasen” y que las niñas eran “más sensibles” que los niños y, por eso, las subía más a menudo en sus piernas. Por su parte, las seis víctimas declararon episodios de abusos aunque el acusado tan sólo ha sido condenado por cuatro de ellos. En el caso de Clara, ademas, la joven relató los abusos que sufrió durante unos campamentos en 2014, también con la excusa de ir a por golosinas. En ese momento tenía 11 años. Tras regresar a casa, la menor contó a sus padres todo lo que había ocurrido. El 2 de diciembre de ese año, los progenitores decidieron enviar una carta al director del centro instándole a tomar una decisión. “La reacción nuestra fue la lógica de unos padres que, conociendo personalmente al sacerdote, no daban crédito a lo que escuchaban de boca de su hija, pero no dudando en ningún momento de su palabra”, apuntaron los padres.

Una vez puestos estos hechos en conocimiento del director, el profesor fue cesado de su puesto, aunque ni el centro ni los padres decidieron denunciar. En este punto, el magistrado deja constancia del “grado de profunda desprotección en que las menores se hallaban” ya que “hasta sus propios padres estaban tentados de conceder más fiabilidad al adulto que de ellas estaba abusando, incluso cuando una se lo revelaba”. La inutilidad de esta primera confesión, continúa el juez, llevó a que Clara “tuviera más interés en olvidar, algo harto difícil”.

Cabe señalar que esta joven fue derivada a la Unidad de Salud Mental por la “profunda repercusión” que los abusos habían tenido en ella, “reflejando los efectos en su comportamiento, consistentes en un sentimiento de angustia respecto al lugar, miedo a los hombres, bajada de rendimiento y un trastorno de adaptación en seguimiento, que acaba remitiendo y desaparece cuando el centro toma medidas”.

Sin embargo, la Feria de Córdoba de 2019 provocó el inicio del procedimiento que ha acabado con la condena de este párroco. En aquella fecha, Clara y su clase se encontraban organizado su fiesta de graduación. Sus compañeros barajaron la posibilidad de invitar al cura, que por entonces ya no era su profesor. Esto provocó de nuevo el sentimiento de angustia que ya había diagnosticado la Unidad de Salud Mental al inicio de su tratamiento. El hecho de encontrarse aquel día con el que había sido su abusador -aunque la dirección del centro le aseguró que eso no iba a suceder- provocó en ella una ansiedad que le llevó a un gran estado de embriaguez durante un día de Feria. Cuando fue asistida por agentes de la Policía Local, les reveló los hechos, lo que llevó a la Policía a iniciar de oficio la investigación, según se detalla en el fallo judicial.

Más tarde, la menor y sus padres formularon la denuncia a la que posteriormente se unieron las otras cinco chicas. Ninguno de los progenitores de las seis víctimas se personaron en el juicio, cuya única acusación ha sido la ejercida por el Ministerio Fiscal.