La Policía halla fraude en el 90% de los cursos que investiga

La UDEF concluye los interrogatorios a los alumnos, unos 500, que han recibido los cursos en la provincia y en los próximos días comenzarán la toma de declaración a los profesores

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investiga los cursos de formación en la provincia de Córdoba, a través de la operación Edu, ha encontrado fraude en, al menos, el 90% de los expedientes que ya ha examinado, después de interrogar en la provincia a unos 500 alumnos. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este periódico que los agentes desplazados a la comisaría de Campo Madre de Dios han concluido ya el interrogatorio de los alumnos y que en unos días iniciarán el de los profesores, según avanza en su edición de hoy el diario Vózpopuli.

Las fuentes detallan que finalmente los agentes han interrogado al 80% de los alumnos que tenían previsto y que en su testimonio han descubierto fraude en el 90%. Los agentes le han preguntado a los alumnos sobre los cursos y si finalmente recibieron el material y los conocimientos que esperaban, y si incluso detectaron que pudiese haber fraude. En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación que según fuentes policiales casi nunca se cumplía.

En Córdoba, la Policía Nacional examina un expediente de concesión de cursos de formación de hace tan solo dos años y que afecta a varias empresas que impartían este tipo de contenido en la provincia.  El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy metódico y sigue el mismo esquema que el que comenzó a desarrollar en Málaga. Así, primero han sido los interrogatorios a los alumnos, para continuar posteriormente con los profesores y acabar finalmente con los responsables de las empresas que impartían los cursos de formación, los funcionarios y los responsables de la Delegación Provincial de Empleo.

Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta. En el caso de Córdoba, la investigación está siendo instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 8.

TRABAJANDO PESE AL AUTO DE ALAYA

Los agentes han seguido con su investigación, a pesar de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido al Ministerio del Interior que aparte a la Policía Nacional de un caso que considera que es exclusivamente de la Guardia Civil. El Ministerio ya ha contestado a la jueza que el caso que investiga la Policía es distinto al que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La respuesta a Alaya se se sostiene en dos pilares fundamentales: el primero, que su investigación ya está judicializada, es decir, que está siendo dirigida por otros ocho jueces de instrucción en otras tantas provincias de Andalucía, algo que ya conocía la juez. Y lo segundo, que el sistema de control interno del Ministerio del Interior para no 'pisar' investigaciones no alertó de que la Guardia Civil también investigaba al exconsejero Ángel Ojeda, al que detuvo la Policía este verano.

En concreto, el Ministerio asegura que el equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que inició hace dos años la bautizada operación Edu ya se puso en contacto en su día con las altas instancias judiciales para ver qué administración de justicia era la competente para dirigir sus operaciones. Así, los policías se llegaron a sentar con la Fiscalía Anticorrupción, que determinó que lo mejor para la causa era trocearla en cada una de las ocho provincias de Andalucía. Así, se empezó por Málaga, que fue el lugar del que procedió la primera denuncia sobre el supuesto fraude en los cursos de formación. Desde Málaga, y al observar un proceso de defraudación de fondos públicos similar en toda Andalucía, los agentes extendieron la causa al resto de Andalucía. Anticorrupción no entendió procedente elevar la causa a la Audiencia Nacional.

Antes de hacerlo, el equipo de la UDEF entregó, tras previa consulta con la Fiscalía Anticorrupción, una copia de las diligencias que desarrollaba en cada uno de los ocho juzgados decanos de Andalucía. Estos juzgados, a su vez, designaron a los magistrados que por turno iban a dirigir las investigaciones. De hecho, ahora los policías siguen las instrucciones de los jueces, según argumentarán en su respuesta a la juez Alaya.

Pero hay más. Alaya defiende en su escrito que la Policía detuvo a Ángel Ojeda cuando la Unidad de Delincuencia Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya lo estaba investigando. Según publica hoy Vozpópuli, los agentes defienden que cuando comunicaron que estaban tras los pasos del exconsejero andaluz Ojeda al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO, el órgano del Ministerio del Interior encargado de coordinar las pesquisas de los diferentes cuerpos policiales para que no se produzcan, precisamente, situaciones como la actual), en ningún momento se les comunicó que también lo estuviera haciendo la Guardia Civil.

Los agentes también defienden que su investigación no choca con la desarrollada hasta ahora por la Guardia Civil ya que la Policía está investigando de abajo a arriba y el instituto armado de arriba a abajo. Es decir, la Policía primero interroga a alumnos, posteriormente a profesores y finalmente exige responsabilidades a los encargados de conceder estos fondos públicos una vez que ha detectado que ha habido fraude. La Guardia Civil, de momento, centra sus pesquisas en este primer eslabon de la cadena.

CAMBIO DE ACTITUD DE LA JUNTA

La investigación policial y judicial sobre los cursos de formación en Andalucía acaba de dar un inesperado giro de 180 grados. Según han confirmado fuentes policiales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que instruye la causa de los cursos de formación por orden de la juez Mercedes Alaya citó a declarar el pasado 4 de julio al actual director general de Formación Profesional para el Empleo, el malagueño Carlos Cañavate. Los agentes que dirigen la investigación se sorprendieron ante la absoluta colaboración que mostró Cañavate desde primera hora, lo que ha aligerado la nueva ‘macrocausa’ que dirige Alaya.

El papel de Cañavate está siendo un antes y un después para la investigación policial. Las fuentes consultadas aseguran que no se trata de un caso aislado, del testimonio concreto de un director general, sino que lo achacan a un cambio de actitud de todo el Gobierno andaluz que relacionan con órdenes al más alto nivel. En este sentido estaría la sorprendente publicación, por parte de la Junta, de una lista completa de las empresas que han recibido fondos para cursos de formación y que han sido exoneradas de justificar los gastos. El Gobierno andaluz también está reclamando el dinero percibido allá donde ha detectado irregularidades, como en la concesión de fondos, por ejemplo, al sindicato UGT.

Carlos Cañavate (nacido en Málaga en 1980) es director general de Formación Profesional desde octubre del año pasado. Su nombramiento se produjo poco después de que Susana Díaz alcanzara la presidencia del Gobierno andaluz. En su declaración, voluntaria aunque fue llamado a declarar por la Guardia Civil, Cañavate ha descrito la situación que encontró en la Consejería de Educación sobre la gestión de los fondos europeos de los cursos de formación. Según ha trascendido, Cañavate aseguró que la gestión de los mismos era “desastrosa”.

La opinión ante la Guardia Civil de este director general no difiere mucho de la tesis que han defendido hasta ahora los investigadores, tanto los del instituto armado como los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que otra investigación independiente a esta, pero cruzada. Esta hipótesis, confirmada por el director general Carlos Cañavate, sostiene que hubo un fraude generalizado debido a la ingente cantidad de dinero que llegó y que no fue justificado. Según Cañavate, la situación era tan “desastrosa” que la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad de revisar uno a uno miles de expedientes, optó por exonerar a las empresas que impartían cursos de formación ante el riesgo de que el sistema colapsase.

SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA

¿Significa esto que hubiese fraude en todos los cursos? No. Según la tesis de los investigadores y de la propia Junta de Andalucía, significa que hubo empresas que aprovecharon este “descontrol” y otras que hicieron los deberes. El trabajo está en separar ahora el grano de la paja, una tarea que ya ha iniciado la Junta de Andalucía, con la reclamación de la devolución de ayudas y a la que se va a poner manos a la obra la juez Mercedes Alaya. La propia magistrada sostiene que la documentación que ha solicitado a la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación (todos los que se impartieron desde 2001 hasta 2012, aunque los anteriores a 2008 hayan prescrito) supera los dos millones de folios.

Los agentes, sorprendidos por el cambio de actitud de la Junta de Andalucía, aseguran que a partir de ahora el trabajo es titánico. Mientras tanto, sigue avanzando la investigación de la UDEF, de forma paralela aunque no coordinada. Los agentes de la Policía Nacional han comenzado a investigar un segundo expediente en la provincia de Málaga, trabajan en Granada y han iniciado también pesquisas en otras provincias, como Córdoba. No obstante, muchos asumen que las diligencias acabarán en manos de la juez Alaya. El juez de Cádiz que instruyó y dirigió la detención del exconsejero Ángel Ojeda ha acabado inhibiéndose en favor de Alaya.