Piden hasta 27 años de cárcel a dos acusados de continuas violaciones y abusos a una discapacitada

La Fiscalía pide penas de entre 27 años y seis meses y ocho años y seis meses de cárcel para dos hombres acusados el primero de ellos por delitos continuados de agresión sexual y abusos sexuales, descubrimiento y revelación de secretos y relativo a la prostitución y corrupción de menores, mientras que el segundo por un delito continuado de abuso sexual, todo ello cometido fundamentalmente sobre una mujer con discapacidad y en dos ocasiones con una menor. El juicio se prevé celebrar el día 2 de mayo en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los procesados, con unos 39 años y de nacionalidad marroquí, entabló contacto con la mujer aprovechando que regentaba un bazar comercial que frecuentaba ella, que padece “un retraso mental de carácter moderado que merma de manera importante su capacidad para otorgar consentimiento para la práctica de relaciones sexuales”.

Además, el fiscal explica que “es evidente este trastorno deficitario, en virtud del cual se le ha reconocido un grado de minusvalía del 67% por la Junta de Andalucía”.

De este modo, dicho acusado, “teniendo pleno y cabal conocimiento de la circunstancia personal relatada y movido por el ánimo de satisfacer sus deseos lúbricos”, se ganó la confianza de ella con “promesas de tener una relación sentimental de noviazgo”. Así, una vez que consolidó dicha relación de confianza, éste comenzó durante 2012 a “mantener relaciones sexuales, obteniendo inicialmente el consentimiento de ella, que evidentemente estaba mermado por su patología”.

Dichas relaciones sexuales se llevaban a cabo principalmente en un almacén anexo a la tienda, aunque también las mantuvieron en el vehículo del hombre.

Pasados unos meses, y al menos hasta abril de 2013, ella comenzó a mostrar al procesado sus “reticencias” a seguir manteniendo relaciones sexuales, por lo que éste “prevaliéndose de su posición de ventaja en relación de ella comenzó a doblegar la ya de por sí mermada voluntad para accediera a sus ansias libidinosas, empleando métodos coercitivos que incluían enfados, exigencias reiteradas y llamadas constantes para que acudiera a su tienda, a veces bajo engaño”.

Ante ello, el Ministerio Público detalla que con estos métodos “lograba su objetivo, llegando incluso en una ocasión en 2013, ante la negativa de ella a acceder sus deseos, a propinarle dos bofetadas para lograr que accediera a practicarle una felación, colocando a ella en una situación de temor que todavía anulaba más su capacidad de negarse a realizar prácticas sexuales”.

Asimismo, el acusado, “con la finalidad de menoscabar la intimidad y colocarla en una situación aún más humillante”, presuntamente aprovechó para realizar fotografías a la mujer cuando practicaban relaciones sexuales, “a pesar de su negativa explícita”, a la vez que supuestamente enseñaba estas fotografías a terceras personas, entre las que se encontraba el otro procesado.

En una de las ocasiones, a principios de 2013, la mujer acudió a la tienda acompañada de una amiga, una menor de unos 13 años en el momento de los hechos, quien sorprendió a ambos en el almacén tras tardar en salir su amiga y él presuntamente se dirigió a la menor y le “pidió que le hiciera una felación a cambio de dos euros”, si bien abandonó el lugar.

En otra ocasión, también en 2013, el procesado aprovechó que dicha menor estaba en su tienda y le “ofreció 20 euros a cambio de mantener relaciones sexuales” con el segundo acusado, de unos 26 años de edad, llegando el primero a besarla en el cuello y a hacerle tocamientos, “todo ello con evidente ánimo libidinoso”.

Por otro lado, en dos ocasiones en 2013, el procesado invitó a su tienda al segundo acusado y, según el fiscal, le propuso sumarse a las prácticas sexuales que llevaba a cabo con la mujer, algo que llevó a cabo “con plena conciencia del déficit de capacidad que padecía ella para prestar un consentimiento válido”.

Todos estos episodios provocados por los acusados han supuesto para la mujer “un estado de temor, humillación y desasosiego que ha menoscabado gravemente su dignidad”, según la Fiscalía, que considera que “aunque en menor medida, la dignidad de la menor también fue menoscabada”.