Los parcelistas creen que el decreto de la Junta “no responde a la inmensa mayoría”

Un grupo de parcelistas en el corte de una carretera | MADERO CUBERO

La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que representa a colectivos de asociaciones de vecinos, federaciones y unidad de gestión vecinales, entre otros, considera que el decreto de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad “no da respuesta a la inmensa mayoría de edificaciones” en dicha situación.

Según han manifestado a Europa Press desde la coordinadora, reunida en Córdoba recientemente para abordar la tramitación de dicho decreto en el Parlamento, los representantes de colectivos de todas las provincias andaluzas con parcelas y urbanizaciones no legalizadas han defendido que dicho decreto ley se tramite como “proyecto de ley para incluir las demandas vecinales”.

Al respecto, han calificado como “insuficiente” dicho decreto, porque “no aporta soluciones reales para la dotación de servicios básicos, ni para la regularización urbanística”.

Para CALU, “el decreto ley se ha realizado sin contar con las demandas vecinales y de los colectivos de parcelistas”, de ahí que hayan reclamado se tramite como proyecto de ley, “al permitir su modificación”, y a tal efecto han subrayado que en ese proceso “es fundamental que se dé participación a los colectivos afectados, que transmitirán cuál es la realidad de las viviendas irregulares y las soluciones que plantean para acceder a servicios o a su regularización”.

En este sentido, han señalado que “cualquier norma legal debe partir de la realidad existente y permitir el acceso a servicios básicos a todas las viviendas, independientemente de su calificación urbanística, y con un proceso rápido y a costes razonables”.

Igualmente, consideran que “debe flexibilizar los procesos de regularización para que sean posibles en plazos cortos y que no se demoren 'sine die', 20 o 30 años”. Además, los parcelistas recuerdan que “el agua potable es un derecho humano reconocido por la ONU, que no se puede condicionar a un proceso urbanístico farragoso”.

Asimismo, han resaltado que “salvaguardar los acuíferos pasa por evitar vertidos en el subsuelo a través de procesos de saneamientos legalizados”, al tiempo que han mantenido que “la electricidad es una necesidad básica para la vida digna”.

Ante todo ello, desde la coordinadora han exigido una reunión “inmediata” a la Consejería de Fomento de la Junta y a los grupos parlamentarios andaluces para que “se comprometan a incorporar al decreto ley el adelantamiento de servicios, la flexibilización de los procedimientos de urbanización y el acceso a los servicios en suelo de especial protección habitados”.

También, van a solicitar que se revisen los mapas de supuesta inundabilidad, que “se trate la realidad de los suelos en proindiviso y que se paralicen los procesos de derribo o de sanciones coercitivas mientras se acuerda una nueva legislación”.

De igual modo, han avanzado que se dirigirán a la judicatura y a la Ficalía para que “se priorice el derecho al agua y al resto de servicios básicos, por encima de los derechos urbanísticos”.

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