Mordidas, Juventudes Socialistas, donativos obligatorios y virus informáticos

El caso de la Fundación Guadalquivir de Córdoba va camino de convertirse en uno de los más mediáticos de la provincia de los últimos años. Tiene todos los ingredientes: mordidas a dinero público, trabajadores obligados a donar parte de su sueldo, agresiones y presiones a periodistas por parte de los imputados, vinculaciones con el PSOE y las Juventudes Socialistas y, por último, un supuesto hackeo o virus informático que ha acabado destrozando para siempre la contabilidad de la entidad investigada. El caso mantiene imputadas a cinco personas en un juzgado de Córdoba: al exsecretario de las Juventudes Socialistas en Córdoba (ya expulsado), Cristian Menacho, a su madre (también militante del PSOE y candidata en la lista en las últimas municipales) Ángeles Muñoz, a Alejandra Pérez (exnúmero dos de las Juventudes Socialistas), a un asesor fiscal (el que ha dicho que sufrió un ataque informático) y a otro antiguo cargo de esta fundación ampliamente regada con dinero de la Junta de Andalucía.

Este verano los trabajadores de la Fundación Guadalquivir, Jóvenes para el Futuro y también algunos miembros de la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir decidieron romper su silencio y comunicar a la Junta lo que consideraban que era un escándalo. Los trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo y también ante la Consejería de Empleo que eran obligados a dar parte de su sueldo en concepto de donativos que no se sabía muy bien a dónde iban.

Estas tres organizaciones, que recibían importantes cantidades de subvenciones públicas, estaban controladas por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, madre e hijo, dos caras muy conocidas dentro del PSOE de Córdoba. La madre fue en la lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. A su cargo, y a través de estas tres entidades, tenían un importante número de trabajadores (casi todos mujeres) y participaban en distintos talleres sociales, atención a mayores a través de cáterings, limpiadoras…

En junio, un grupo de trabajadoras dijo basta. Una empleada se negó a aportar donativos de su sueldo y fue despedida, según consta en una de las denuncias ante la Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso este periódico. Pero fue dada de baja sin saberlo, según denunció. El resto de denuncias, aunque casi siempre anónimas, llegaron en cascada hasta que se abrió una investigación que acaba de descubrir, siempre según apuntan todos los informes consultados por este medio, que los empleados eran obligados a aportar parte de su sueldo. Algunos apuntan que los donativos a este conglomerado llegaban a alcanzar los 500 euros al mes.

La Junta, a través de sus informes, considera probado que al menos desde 2014 se están produciendo estas prácticas. De hecho, ha abierto una información reservada por la denuncia de otro trabajador en la entidad Jóvenes para el Futuro, también controlada por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho.

La investigación de la Consejería ha descubierto que no solo se aportaban donativos por parte de los trabajadores. También se detectó otra práctica: el cobro de dinero a los asistentes a los talleres que impartía la Fundación Guadalquivir en las clases de apoyo. Según la información, a cada niño se le cobraba un euro por hora de clase, tal y como ha denunciado uno de los antiguos trabajadores de esta entidad.

En sede parlamentaria, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades y tendrán, además, que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron. Durante su comparecencia, Sánchez Maldonado recordó que la Inspección de Trabajo inició una investigación a raíz de la denuncia de algunos trabajadores contratados en base a ayudas recogidas en el Decreto Ley 2/2015, que incluye ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de empleo.

Además, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE también inició un expediente de información reservada para clarificar la ejecución de estas ayudas. Según el informe de la Inspección de Trabajo se considera que los hechos constituyen “una infracción laboral muy grave en materia de empleo”, que lleva aparejada la sanción a las entidades, la pérdida automática de las ayudas y la devolución de las subvenciones recibidas.

EN LOS JUZGADOS

Ahora, Podemos ha ampliado las denuncias. Su portavoz en el Parlamento Teresa Rodríguez ha anunciado que serán acusación particular, después de ir tirando de un hilo que, aseguran, le llevará a “altos cargos” del PSOE en Córdoba. De hecho, el parlamentario de Podemos por Córdoba David Moscoso ha aportado al tribunal “un audio de 45 minutos donde los trabajadores señalan a determinadas personas con cierta vinculación con el PSOE de Córdoba”. Este audio aún no ha trascendido.

También, han puesto a disposición de la juez “un resumen y la demanda para que se ponga en contacto con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para investigar distintas actas de la Inspección de Trabajo, donde se prueba de forma tangible que ha habido mordidas de los salarios de los trabajadores y se han desviado los fondos destinados a la contratación de personal”.

AGRESIONES Y PRESIONES A LA PRENS

El propio Moscoso sufrió en sus carnes la presión de los antiguos trabajadores y defensores de Cristian Menacho (que en una comparecencia se desmayó). A Moscoso lo persiguieron, entre una nube de periodistas, hasta que tuvo que refugiarse en un edificio público, acusándolo de haber denunciado a Menacho. En otra declaración de Menacho, sus defensores llegaron a hacer un corro para protegerlo de las cámaras, empujaron a una periodista que tiraron al suelo e insultaron a los medios de comunicación.

El caso sigue su lenta instrucción en los juzgados de Córdoba, donde cada dos semanas se llama a declarar a alguien. El PSOE ya ha expulsado a Menacho y a su madre del partido, y la Junta ha asegurado que la Fundación Guadalquivir tendrá que devolver todas las subvenciones. Pero en la avenida del Aeropuerto, sede del PSOE cordobés, se mira de reojo el desarrollo del caso.