El suicidio vuelve a ser la primera causa de muerte violenta en Córdoba

El suicidio vuelve a ser en Córdoba la principal causa de muerte violenta. Según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Córdoba ha llevado a cabo durante 2022 un total de 312 autopsias (a 237 hombres y a 75 mujeres) que determinaron 168 muertes naturales y 134 violentas, mientras que en otros diez casos no fue posible concretarlo. Entre las muertes violentas, más de la mitad fueron por suicidio, un total de 70, frente a las 61 accidentales y los tres casos de homicidios. Además, los profesionales realizaron cinco análisis de restos óseos.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha realizado 6.581 actuaciones desde sus diferentes servicios a lo largo de 2022, un 5% más que el año anterior, la gran mayoría de ellos por orden judicial con el objetivo de valorar y determinar el daño corporal producido, según recoge el balance anual de este servicio.

En concreto, los profesionales realizaron 3.603 informes por lesiones, 2.190 psiquiátricos, 99 por delitos contra la libertad sexual, 54 de capacidad laboral, 246 valoraciones genéricas del estado físico, 35 recogidas de muestras, 7 por mala praxis médica, 63 valoraciones psicológicos, 113 estudios psicosociales de los equipos de familia y 171 estudios psicosociales de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) .

En el apartado de lesiones las más habituales fueron por agresión (2.424), seguidas de las provocadas por violencia de género (576), accidentes de tráfico (282), violencia doméstica (137), distintos tipos de accidentes (99) y siniestros menores de tráfico (85.

En el área de Psiquiatría, los informes más solicitados fueron los destinados a determinar el internamiento de una persona (1.739) seguidos de los de incapacidad (223), imputabilidad (206) y consumo de sustancias (22).

 Asimismo, los médicos forenses participaron en 345 diligencias de levantamientos de cadáveres y acudieron a 441 citaciones en juicios, para lo cual cada vez más se solicita la declaración por videoconferencia que se realizó en 66 ocasiones. A ello hay que sumar también su actividad formativa e investigadora.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, Raquel López, ha destacado “la gran labor que realizan estos profesionales, que trabajan directamente para los órganos de la Administración de Justicia y para los que estos informes que elaboran son fundamentales para conocer y evaluar los casos”.

 El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispone, por un lado, de un servicio de Clínica Forense, donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los órganos judiciales en la esfera Civil, Penal y Social. Además, cuenta con un servicio de Patología Forense, en el que se lleva a cabo la investigación sobre las causas y circunstancias de la muerte en los casos de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas de tener un origen criminal.

Actuaciones en violencia de género

Por otro lado, dentro de este organismo se encuentra la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), que se encarga de informar a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en esta materia sobre la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, además de los efectos que sufren los menores a cargo de las mismas y la peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del denunciado.

La delegada también ha recordado que la UVIVG se ha reforzado recientemente con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Durante 2022, la UVIVG recibió 171 peticiones de valoración, un 11,76% más que el año anterior. En total, se elaboraron 138 informes: 62 de valoración integral, 24 de valoración de lesiones, cinco por delitos contra la libertad sexual, 8 sobre imputabilidad del denunciado, dos de valoración de riesgo, 29 para la adopción de medidas civiles de guardia y custodia y ocho de otro tipo.